La economía del Derecho: un análisis económico de los delitos de narcotráfico, contra la propiedad privada y contra las personas (página 4)

4.3.4. El dilema entre las multas y la prisión.-

Otra consecuencia inmediata de la combinación entre certeza y castigo, es el dilema existente entre las multas y la prisión. En las gráficas 13 y 14, que se presentan a continuación, se coloca la severidad de la prisión en el eje horizontal y la severidad de la multa en el eje vertical. La isocuanta de la disuación designada D0 en las gráficas conecta las combinaciones de multas y penas de prisión que disuaden iguales cantidades de delitos, En otras palabras, D0 indica la cantidad en que las multas deben aumentar para contrarrestar una disminución de la prisión a fin de mantener constante la cantidad de delitos. Se podría suponer a priori, que la prisión es más costosa que la recolección de multas para el Estado.

La línea Sa representa la restricción de la solvencia financiera del delincuente: este no puede pagar una multa mayor que Sa. La multa óptima de y* en el gráfico 13, se encuentra por debajo de Sa, lo que indica que el delincuente puede pagar la multa.

Suponiendo que el delincuente no puede pagar la multa completa. En la grafica 14, las curvas son las mismas que en la gráfica 13, pero ahora la restricción de la solvencia de este delincuente Sb, se encuentra considerablemente por debajo de la del delincuente representado en la gráfica 13. En consecuencia, no se puede alcanzar la disuación D0 sin combinar una multa con una prisión; específicamente, mediante una multa de Sb y una sentencia de prisión igual a x*.

Gráfico 13. El dilema entre las multas y la prisión cuando la severidad óptima es menor que la restricción de la solvencia del delincuente

Fuente: Cooter y Ullen, Derecho y Economía.

Elaboración: El autor.

De la gráfica 14, se deducen dos hechos importantes acerca del óptimo. Primero, el castigo óptimo incluye la multa máxima que el delincuente puede pagar. En general,

la eficiencia requiere que se agote la capacidad de castigar a los delincuentes en forma barata, con multas, antes de recurrir al costo castigo de la prisión. Segundo, el Estado debe gastar mucho más para disuadir a los individuos que no pueden pagar multas que para disuadir a los individuos que no pueden pagar multas. Este hecho impulsa a los encargados de elaborar las políticas a buscar procedimientos para incrementar la capacidad de los delincuentes para multas.

Gráfico 14. El dilema entre las multas y la prisión cuando la restricción de la solvencia del delincuente limita el uso de las multas como un instrumento de disuación

Fuente: Cooter y Ullen, Derecho y Economía.

Elaboración: El autor.

5. Evaluación del marco teórico.

El marco teórico evaluado anteriormente es útil para establecer que el desarrollo histórico del capitalismo ha permitido dar a luz al hombre económico, el cual al maximizar beneficios y minimizar costos determina un tipo de comportamiento que se lo puede trasladar a todo ámbito de la realidad social, en el cual se incluye el comportamiento delincuencial. Luego, si el delincuente determina su actuar por motivaciones económicas, es posible medir y predecir su comportamiento.

El motivo para analizar económicamente fenómenos sociales como la criminalidad es el diseñar políticas públicas que busquen minimizar el cometimiento de ilícitos, sea con un adecuado gasto público, sea con una correcta interpretación legal, sea con métodos de disuación para con el delincuente.

Con los argumentos antes expuestos se puede concluir que, si se estudia el Análisis Económico del Derecho aplicado al ámbito penal deben relacionarse tanto función judicial, policía, comportamiento delincuencial y el Estado.

CAPÍTULO IV

MARCO EMPÍRICO

1. EL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL DERECHO APLICADO A LA RELIDAD PENAL DEL ECUADOR

1.1. Políticas públicas sobre criminalidad en el Ecuador: Severidad como sistema de implementación de la seguridad en el Ecuador

Los modelos anteriormente analizados no son alejados de la realidad del sistema de seguridad pública ecuatoriano, la tradicional seguridad ciudadana se sustenta en tres instituciones: cárcel (severidad en la implementación de la pena) y policía, justicia, etc (certeza en la implementación del castigo), donde cada una cumple una función específica. Si una falla, el sistema falla; si la justicia pierde eficiencia, la policía y la cárcel se afectan, siendo causa y efecto de más violencia.

1.1.1. La crisis del sistema carcelario

Según los datos de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, en 2002 el número de internos/as era de 8 723 y en 2004, 9 426, lo cual muestra un incremento del 89% anual. En 20 años, la población carcelaria se duplicó y la tasa de homicidios pasó de 6,4 a 14,8 homicidios por cada cien mil habitantes. Es decir, la violencia sigue aumentando rápidamente a pesar del incremento de las detenciones. Por otro lado, las ofertas, especialmente electorales populistas, de aumentar las penas carcelarias, hace demandar nuevas cárceles.

La situación legal de las personas detenidas revela otro ángulo de la ineficiencia en el diseño de políticas carcelarias y de seguridad en el Ecuador. En entrevista hecha al Director de asesoramiento legal de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, los principales problemas que enfrenta el sistema penitenciario con respecto al procesamiento de las personas detenidas es el marco legal que rige el cumplimiento de condenas es muy rígido, ajeno a nuestra idiosincrasia, pues las últimas reformas hechas al Código de penal y de ejecución de penas el 28 de septiembre de 2001, endurecieron las penas, sin tomar en consideración que existiría sobrepoblación carcelaria que se ha duplicado en un 100% hasta la fecha, propiciando un gran hacinamiento. Entre las reformas consta el sistema de acumulación de penas que hace que existan condenas de hasta 35 años, además la justicia es muy lenta y ha autoprotegido su lentitud generando figuras anticonstitucionales como la detención en firme. Él manifiesta que los procesos tienen una cantidad de obstáculos, de apelaciones, de recursos de corte legal que tienden a demorar el proceso.

En 2003, más del 64% de presos/as se encontraban en espera de juicio, de los cuales el 10% no tuvo asistencia legal debido a que los funcionarios judiciales son limitados en logística y en número de abogados (32 defensores públicos para todo el país). La alimentación es inadecuada, ya que se asignan 75 centavos de dólar por preso diariamente y por las condiciones de preparación.

La Penitenciaria del Litoral es un caso crítico, pues fue diseñada para 1200 internos y hoy cuenta con 4000 internos, hacinamiento que ha causado la muerte a 25 internos en los dos últimos años.

En el Ecuador hay 35 cárceles en 17 provincias, diez son de varones, cuatro de mujeres, 20 mixtas y una de detención provisional. De acuerdo a la región, están distribuidas así: 14 en la Costa, 19 en la Sierra y dos en el Oriente. El 53% de las personas privadas de libertad se encuentran en la Sierra, 45% en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. El 60% de las internas y el 77% de extranjeros/as presos/as están en la Sierra. La cárcel más grande es la de varones de Guayaquil, con 3106 personas, equivalente al 31% de la población total.

La estructura del sistema penitenciario está compuesta por el Consejo Nacional de Rehabilitación Social (CNRS) y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS). La primera institución está encargada de definir las políticas de Estado en materia de rehabilitación social, la segunda funciona como organismo dependiente del Consejo Nacional y constituye la unidad ejecutiva superior de la política penitenciaria.

Durante los últimos diez años, las políticas de Estado en materia de cárceles en el Ecuador se han orientado principalmente al ámbito jurídico, en particular al tema de los mecanismos legales, se produjo un aumento acelerado de la población penitenciaria.

Por otra parte, la sobrepoblación es un fenómeno que aparece con la implementación de las políticas antidrogas, de comienzos de los años 90, cuando el Estado ecuatoriano asumió la estrategia antinarcóticos definida por Estados Unidos a inicios de los años 80. Cabe señalar que la institucionalización de esta política antidroga es un fenómeno generalizado en América Latina y afecta principalmente a los países andinos.

1.1.2. Gestión financiera del sistema de cárceles en el Ecuador.-

En los últimos años, el sistema penitenciario (CNRS y DNR) incrementó su presupuesto 4,03 veces; pasó de USD 6,73 millones en 2001 a USD 27,15 millones en 2004. La mayor asignación se registró en 2004, y en promedio se destinó a las cárceles cerca de USD 20 millones anuales.

Los gastos del sistema penitenciario crecieron a una tasa promedio anual de 57,5%, en el período de análisis, registrándose un mayor aumento entre los años 2000 y 2001, donde el total de gastos pasó de USD 6,73 a USD 19,27 millones. Por otro lado, al considerar la composición del gasto se observa que, en los cinco años, los egresos más significativos fueron los corrientes que representaron el 75,6% mientras que, los gastos de inversión representaron el 18,1% y los de capital el 6,1%.

En la entrevista hecha por la revista Ciudad Segura a Lennin Monroy, Director Financiero de la DNRS, las transferencias de recursos desde la DNRS hacia las distintas cárceles del país están en función, básicamente, del número de internos/as y de variables como la cantidad de personal penitenciario y los servicios básicos entre otras.

Estos criterios no son inadecuados, pero sí insuficientes, especialmente si se analiza la estructura del presupuesto del sistema penitenciario en el cuadro (1); en ella se observa que el monto grueso de las asignaciones se destina a gastos corrientes.

Según Carla Calero, la ineficiente administración de las prisiones en el Ecuador, definen la situación de las personas encarceladas de la siguiente manera: primero, la corrupción del sistema penitenciario; segundo, la dependencia económica del preso/a de su familia para poder sobrevivir y, tercero, el encierro y la violación sistemática de los derechos humanos de las personas recluidas.

Desde el punto de vista de la eficiencia según el AED, es menester que las normas, mediante una reforma del código penal, permitan que el gasto en el sistema penitenciario sea enfocado no únicamente en el número de reos como principal factor de

Fuente: Subsecretaria de Presupuestos, Ministerio de Economía y Finanzas, presupuesto codificado.

Elaboración: El autor

asignación, sino en la inversión basado en un plan estratégico que permita cumplir ciertas metas, cuyo objetivo principal sea la eficaz reivindicación del reo, todo aquello coordinado desde las instituciones penitenciarias con la CNRS y DNR.

2. Certeza como sistema de implementación de la seguridad en el Ecuador.

La seguridad ciudadana se ha convertido, desde hace varios años, en una prioridad para los Estados. De hecho, los altos índices de violencia delictiva, la creciente percepción ciudadana de inseguridad y la consecuente conflictividad social han llevado a los gobiernos a emprender una serie de políticas orientadas tanto a prevenir como a reprimir la violencia.

En Ecuador las acciones han sido tomadas desde tres frentes de la institucionalidad pública: el sector jurisdiccional (Cortes de Justicia), el sector de asuntos internos (Ministerio de Gobierno y Policía, Dirección de Seguridad, Dirección Nacional de Rehabilitación Social, Dirección de Tránsito y Dirección de Migración) y el sector defensa nacional (Ministerio de Defensa y Consejo de Seguridad Nacional).

2.1. El presupuesto de la seguridad.

La prioridad que ha dado el Estado ecuatoriano al tema de la seguridad se refleja al estudiar las cifras del presupuesto. Durante el período 1995-2005, a pesar de ciertas caídas derivadas de la crisis económica, se observa una tendencia global al aumento de las asignaciones a seguridad, con un promedio anual de 8% de crecimiento de los recursos destinados a este tema. En cifras, el presupuesto destinado a la seguridad ha subido de alrededor de 800 millones de dólares, en 1995, a cerca de 1300 millones en 2006, lo que denota un incremento de 60% acumulado en 10 años (ver gráfico 12). En la misma línea, el gasto por habitante realizado por el Estado para la provisión de servicios de seguridad ha subido de 79 dólares a cerca de 100 dólares anuales durante el mismo tiempo de referencia.

Este es un crecimiento importante en términos nominales. Sin embargo, si analizamos la participación de esos recursos dentro del Presupuesto del Gobierno Central se observa que durante el período de análisis la prioridad fiscal del gasto en seguridad baja de 19% a 15%, y el promedio anual es de 16%. Complementariamente, la prioridad macroeconómica del gasto en seguridad, medida como la relación entre el gasto en seguridad y el PIB, mantiene una trayectoria estable alrededor de 3,5% promedio durante el período de análisis.

Estas cifras son bastante cercanas al total del gasto social (salud, educación, vivienda), que registra una prioridad macroeconómica de 4,5%. No obstante, la tendencia del gasto social en términos de su participación dentro del Presupuesto del Gobierno Central (la prioridad fiscal del gasto) ha sido inversa a la mostrada por el sector seguridad, es decir se ha mostrado creciente. Así, en 1995 se destinaba el 21% del presupuesto del Estado a fines sociales, mientras que para el 2006 la relación se ubicó en 24%. El gasto social por habitante por su parte pasó de 78% a 155 dólares entre los años 1995 y 2006.

Es importante realizar esta comparación pues en la práctica existe un trade off entre los distintos tipos de gasto. El hecho de gastar recursos similares en gasto social y en gasto de seguridad refleja una tendencia subóptima. La evidencia empírica muestra que si se invierten mayores recursos en el sector social, esto redunda en beneficios como educación, salud, empleo y generación de oportunidades para la población, que a mediano y largo plazo han mostrado tener una relación positiva con la disminución de la inseguridad. En otras palabras, sería más eficiente invertir mayores recursos en lo social, como medida preventiva, antes que en seguridad en sí misma, como medida de control.

Para el año 2006, los recursos que están presupuestados para los tres sectores vinculados a la seguridad alcanzan los 1283 millones de dólares. Esto corresponde al 3,3% del PIB (1,6% defensa, 1,3% asuntos internos y 0,4% sector judicial) y al 15% del presupuesto del gobierno central. Esto significa que anualmente el Estado destina 96 dólares por habitante para cubrir necesidades de seguridad.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

En términos de estructura, como se observa en el gráfico 16, el 49% de estos recursos se dirige hacia el sector defensa, el 40% se destina a asuntos internos y sólo la décima parte se orienta al sistema judicial. Bajo esta estructura, la mayor parte de los recursos son asignados a nivel nacional, pues rige un principio de rectoría central de la seguridad ciudadana. De hecho, del total del presupuesto, apenas 32 millones se distribuyen entre las distintas provincias del país. No obstante, es importante destacar que también los gobiernos seccionales destinan parte de sus recursos a funciones orientadas a garantizar la seguridad pública. Del mismo modo, el gasto privado en seguridad es cada vez más común, ya que constituye una estrategia que está adoptando la población con el fin de protegerse de la delincuencia. Una estimación total del gasto en seguridad debería considerar estos elementos. Para ello sería necesario unificar las categorías de gasto realizado por las distintas instituciones o sectores.

En Quito, por ejemplo, el Municipio dispone de una tasa de seguridad que está orientada al fortalecimiento policial para prevención de la delincuencia. De hecho, según información provista por Corposeguridad, ente que administra dicha tasa, se han destinado 11,3 millones de dólares a estos fines, durante los años 2004, 2005 y 2006, es decir el 83% del total consolidado del período. Estos recursos se destinan en su mayoría a gastos operativos y de logística, como sistemas de video vigilancia, construcción de cuarteles y "centrales de atención ciudadana".

Por otro lado, en Guayaquil, la policía privada ha ganado peso relativo debido a que los últimos indicadores señalan que más del 50% de la población han sido sujeta a algún hecho de violencia durante los últimos tres años, más del 60% se siente vulnerable a la inseguridad y un 40% ha registrado victimización familiar.

Dentro del gasto realizado por el Estado, el presupuesto desagregado por instituciones muestra que el sector judicial dirige un 98% de su gasto a la Corte Suprema de Justicia, que es la corte de casación en todo el territorio nacional. En el sector asuntos internos, son cuatro las instituciones con mayor peso en la distribución de recursos: la Policía Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad, el Consejo Nacional de Rehabilitación Social y el Ministerio de Gobierno. De estás la Policía Nacional absorbe el 80% de los recursos, es decir 411 millones de dólares. Finalmente, el Ministerio de Defensa es el que abarca la mayor parte del presupuesto institucional del Sector Defensa, con 628 millones de dólares (ver cuadro 2).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

Esta distribución de los recursos refleja una clara tendencia en el sistema de seguridad en Ecuador: está fuertemente orientada hacia el control, pues es justamente en la Policía y en defensa donde se concentran las acciones más importantes de lucha contra la inseguridad. Lo anterior justifica una alta inversión en recursos humanos de las tres ramas que componen la seguridad.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas.

De hecho, al analizar los usos del gasto se observa que a nivel global el 73% de las asignaciones se dirigen al pago de personal y en total el 91% del gasto es corriente. Apenas el 6% es gasto de inversión, que principalmente se dirige a obras de infraestructura. El sector que mayor concentración tiene en gasto de personal es el jurisdiccional con un 75% y finalmente está asuntos internos, donde se ubica el presupuesto de la Policía Nacional, con un 63% (ver gráfico 17). Según información del "Justice Studies Center of America", para el 2004 existía un total de 31 550 efectivos policiales, o el equivalente a 233 policías por cada 100.000 habitantes. Para el año 2006, la Comandancia de la Policía Nacional reporta un total de 32 654 policías, mientras que las estadísticas de personal del gobierno registran 36 907 miembros, lo que supone una tasa de 275 policías por cada 100.000 habitantes. Lo importante de subrayar aquí es la trayectoria creciente del personal policial. En el ámbito judicial, en el 2003 había 831 jueces, es decir 6,1 jueces por cada 100.000 habitantes, y en el 2004 se registraron 2,4 fiscales por 100.000 habitantes.

Es importante también destacar la participación del rubro bienes y servicios de consumo, que a nivel agregado representa el 17% pero tiene un mayor peso relativo para el sector asuntos internos, en el que constituye el 22%, pues es ahí donde se carga mayor parte los gastos correspondientes a la adquisición de equipamiento policial. En el sector defensa el aporte de bienes y servicios de consumo es 16%.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

En lo que se refiere a fuentes de financiamiento, la mayor parte del presupuesto de la seguridad proviene directamente de las arcas fiscales. Los recursos de autogestión tienen una participación relativa menor, sobre todo en la Policía Nacional y en el Ministerio de Defensa. Para el sector policial, la autogestión representa el 9% y para la defensa este monto alcanza el 18%. Es aún menor la participación de las preasignaciones: en el Consejo Nacional de Rehabilitación Social se registran 17,89 millones y en la Policía se encuentran asignados 9,54 millones. Es mínimo también el aporte de recursos externos. En la policía se registran 3,13 millones de crédito externo y en defensa otros 10,5 millones, y para el 2007 solo el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) tiene presupuestado 80 mil dólares de asistencia técnica no reembolsable.

No obstante, al desagregar la información por grupo de gasto se observan importantes diferencias entre los rubros de gasto corriente y los de inversión. En efecto, la ejecución de gastos corriente es siempre superior al 93% y llega hasta el 100% mientras que para la inversión presenta una baja ejecución 68% de obras públicas y 55% de bienes de larga duración (gráfico 18).

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

2.2. Calidad del Gasto en seguridad por parte del Estado.

De los indicadores presentados, se puede concluir que en el país la seguridad ciudadana tiene una alta prioridad por la cantidad de recursos que el Estado emplea en los distintos sectores. No obstante, se ha visto que los fondos se orientan fundamentalmente a cubrir gastos corrientes y, en particular, a gastos en personal. Esto permite caracterizar al aparato de seguridad del Ecuador como un sistema enfocado principalmente en el control. Esto tiene una clara implicación, no se dispone de suficiencia de recursos para dotar los y las funcionarios/as de insumos de trabajo que garanticen un servicio de mayor calidad y que abastezcan las necesidades de la población frente al crecimiento de la violencia y la inseguridad.

De los gastos administrativos de la seguridad, son las fuerzas armadas, la Policía y el sistema judicial los que demandan más del 92% de los recursos (las Fuerzas Armadas utilizan el 50% de las asignaciones, la policía el 30% y el sistema judicial el 12% respectivamente), estadística que es absolutamente coherente con la distribución presupuestaria global donde se observaba que el mayor peso presupuestario lo tienen los sectores de defensa y asuntos internos. Una prioridad claramente inferior tiene la rehabilitación social (5%) (Ver gráfico 19)

Con esta distribución de recursos no sorprende un indicador revelado por "Justice Studies Center of America": durante el año 2003 se registraron 72,7 personas detenidas por cada 100.000 habitantes y la sobrepoblación del sistema alcanzaba el 69,2%. Además, del total de detenidos, el 65,2% no tenía condena. Así mismo, se revela que durante el año 2003 cada juez del sistema tenía una total de 4.033 causas y la resolución promedio anual de dichos procesos fue de apenas 16%.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: El autor.

Empero en América Latina se han estudiado varias opciones para generar mayor seguridad ciudadana y lograr una mayor calidad en el uso de recursos. Estas opciones se orientan a una integridad de políticas, focalizadas en la prevención delictiva, medidas de control policial y medidas preventivas de seguridad policial.

En cuanto a las medidas preventivas, las propuestas incluyen programas educacionales, organización comunitaria, control de la venta de alcohol, tráfico de drogas y porte de armas, el combate de la pobreza y la desigualdad, entre otros. Las medidas de control por su parte están vinculadas a reformas de control por su parte están vinculadas a reformas de los sistemas judicial, policial y penitenciario.

Es entonces de fundamental importancia trabajar integralmente el tema de la seguridad con el fin de minimizar, no sólo los costos económicos, sino también los costos para el desarrollo social y humano. Es decir, medir el trade off factores sociales-seguridad, y buscar un equilibrio que minimice los costos asociados y maximice los beneficios esperados sobre la población. Siguiendo esta línea la equidad en el acceso a la seguridad debe ser una meta a través de la cual se busque atender a los sectores más vulnerables de la población.

3. Análisis de la eficiencia de la reforma procesal penal.

Cuando se analiza la eficiencia de la reforma procesal penal, se debe establecer el funcionamiento específico del Ministerio Público, Sistema Judicial y Policía, y con ello conocer la aplicación del derecho a la realidad, aplicación que se da por medio de un sistema institucional que tiene como actores principales a jueces, fiscales y policías. Esto no significa negar la importancia que tienen las reglas contenidas en el Código Penal y las consideraciones de los jueces al aplicar una norma a determinado caso, pero estas tienen una importancia mucho menor que las acciones cotidianas de policías y jueces de primera instancia, que son las que definen lo que es delito en la práctica y cómo se trata a quienes se imputa un delito o quienes han sido definidos como delincuentes; es decir con esto se está vinculando al Derecho Penal con el Procesal Penal.

Con la reforma del año 2000, se anunció la puesta en vigencia del sistema acusatorio en el país, es decir, los jueces dejaron de ser quienes investigaban los delitos, asumiendo esta responsabilidad el Ministerio Público (en coordinación con la Policía) en nombre de la sociedad y, a su vez, los jueces penales asumieron el papel de garantes del respeto de los derechos en todo el proceso penal, así como de ser los responsables de examinar los méritos para que una persona sea llevada a juicio. Los tribunales penales, por su parte, deciden respecto de la culpabilidad o inocencia de las personas enjuiciadas, de acuerdo a los méritos aportados por las partes –el Ministerio Público y la defensa- garantizando, al menos funcionalmente, la independencia e imparcialidad de la justicia, y distribuyendo el poder de persecución del delito entre varias agencias para evitar los abusos y arbitrariedades; la reforma buscó siempre contribuir al incremento de la efectividad y celeridad del sistema; por tanto, sería un aporte para mejorar de la persecución penal.

Sin embargo, las evaluaciones realizadas a la aplicación del nuevo sistema procesal penal han dado cuenta de los graves problemas que ésta presenta. Algunos de los problemas detectados son: el resultado de una serie de limitaciones normativas (por vacíos y contradicciones en el Código de Procedimiento Penal, por inadecuadas reglas de manejo de audiencias, por las normas sobre valoración de las prueba incompatibles con el sistema acusatorio, por las limitadas disposiciones de salidas anticipadas a los procesos, etc.); por problemas de implementación (equivocada distribución de recursos, inexistencia de una verdadera defensa pública, reducidos procesos de capacitación en la oralidad, limitados recursos de manejo de audiencias, casi inexistentes sistemas de protección de víctimas y testigos, etc.); por problemas de coordinación y acción institucional (especialmente entre el Ministerio Público y Policía, inadecuada asignación de recursos, métodos de trabajo incompatibles con las nuevas normas procesales, etc. ); por la resistencia cultural a los cambios (una mentalidad inquisitiva y de la formalidad que pone por delante el cumplimiento de "ritos" por sobre el descubrimiento de la "verdad", etc.).

A su vez, esas evaluaciones dan cuenta que pese a los problemas, el sistema actual tiene ventajas frente al reemplazado por las reformas, al menos en dos rubros: celeridad y publicidad. La comparación en el tiempo de duración de los casos penales antes y después de la reforma da cuenta de la notable reducción del tiempo entre el momento en que se comete la infracción y el juicio. En promedio antes de la reforma era entre 600 y 700 días, después de la reforma 268 días (Gráfico No.21).

El número de denuncias recibidas por el Ministerio Público a partir del año 2002 ha crecido en un promedio de 13% anual, frente al presupuesto que ha tenido un incremento promedio del 14,31% desde el año 2003, ascendiendo en el 2005 a US$34’529.128,59.

Fuente: Fundación ESQUEL.

Elaboración: El autor.

La manera en que el Ministerio Público procesa las denuncias es uno de los temas de mayor preocupación, ya que en la práctica existe una muy baja respuesta a las denuncias que recibe. De las denuncias recibidas en 2005, un total de 120.291 se encontraban en la fase de indagación, es decir 67,35 %. Este es un porcentaje similar a los años anteriores: 69,41% en 2004; 71,51% en 2003, y el 65,68% en 2002.

De la información disponible se puede verificar que el sistema procesal penal ha mejorado su capacidad de "respuesta" de año en año. Cuando hablamos de respuesta, nos referimos a las denuncias que se consideran cerradas, sea porque llegaron a una sentencia, fueron desestimados, se arreglaron por una salida alterna (procedimiento abreviado, conversión) o, porque el caso fue sobreseído. Así en el año 2002, el porcentaje de respuestas alcanzó un 4,18%; en 2003 ascendió a 9,98%; en 2004 al 12,60%, y en 2005 a un 15,06%. En esta mejora del rendimiento del Ministerio Público juega un papel muy importante el incremento significativo de las denuncias desestimadas ya que en el año 2001 representaban 1,59% del total de las denuncias recibidas; en el 2002, 1,90%; en el 2003: 6,52%; en 2004: 9,31%, y en el 2005 ascendieron a 12,78%.

Sí consideramos exclusivamente las denuncias que no fueron rechazadas por el sistema, el resultado es alarmante: las respuestas que el sistema da efectivamente a las denuncias que recibe alcanzaron únicamente 2,61 % en el año 2005. De este porcentaje, un 0,37% termina por conversión; un 0,03% debido al procedimiento abreviado; un 1,36% por sobreseimiento, y únicamente un 0,85% por sentencia. De este último rubro, 0,69% por sentencia condenatoria y un 0,16% por sentencia absolutoria.

Los sistemas procesales penales más consolidados sólo llevan a juicio una pequeña porción de los casos que reciben, pero tienen una diversidad de respuestas; por tanto, éstas son mucho mayores, pero en nuestro país el porcentaje de casos resueltos por medio de verdaderas salidas alternativas apenas alcanzó un 0,39% en 2005, es decir, si le sumamos a este porcentaje las desestimaciones el porcentaje llega al 12 %.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

Del total de las sentencias dictadas en el año 2005 (1326 que representa el 0,85% del total de denuncias recibidas), el 26,62% corresponde a infracciones vinculadas al control de sustancias estupefacientes, a pesar de que éstas apenas representan un 0,66% del universo de denuncias. En contraste, los delitos contra la propiedad que son estadísticamente los más denunciados (61,10%) solamente representan un 0,33% del total de las sentencias. En el cuadro No. 3, se compara este porcentaje con cinco clases de delitos en el año 2005:

Por otro lado, la Función Judicial en el Ecuador tiene una asignación presupuestaria per cápita de 10,5 dólares por habitante. Puerto Rico es el país con el mejor índice: 68,3; seguido por Costa Rica con 44,1. Las peores asignaciones son las de República Dominicana 3,9 y Guatemala 4,2.

Es notable el incremento del presupuesto de la Función Judicial en el país. Entre los años 2002 y 2005 se dio un aumento del 42,27%, pasando del 0,74% del presupuesto nacional a un 1,92%. En el año 2002, el presupuesto era de $81’551.664,56 dólares mientras que en el año 2005, de $141’279.510,86 dólares Un incremento en términos absolutos de $59’727.846,30 dólares, sin embargo la justicia ecuatoriana es una de las de menor productividad en América Latina, conjuntamente con Nicaragua, ya que solamente es capaz de resolver menos de 20% de los casos ingresados en todas las materias. De los datos disponibles podemos observar (Cuadro No.4) que en todos los rubros existe una disminución del rendimiento de la justicia en materia penal.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas.

Elaboración: Ministerio de Economía y Finanzas

En el caso de los tribunales penales, el número de sentencias emitidas en el año 2005 disminuyó 36,55% en relación con el año 2004. Sí se toman en cuenta los sobreseimientos y los llamados a juicio de parte de los juzgados penales a escala nacional en el año 2005, tenemos un promedio de 29 casos por juez, es decir 2,43 casos por mes, no obstante hay que considerar que los jueces penales tienen otras tareas a su cargo, por ejemplo resolver los pedidos de medidas cautelares, autorizar la práctica de ciertas pruebas, etc.

4. Privatización de la seguridad pública.

De lo anotado anteriormente, se puede observar que en el Ecuador en los últimos años se ha enfrentado a una crisis general del sistema de seguridad ciudadana. En efecto, si evaluamos los resultados de algunas encuestas como la Latinobarómetro (2002), vemos que tanto el Poder Judicial como la Policía Nacional del Ecuador, son dos de las tres instituciones responsables de la seguridad pública que tienen la más baja credibilidad por parte de la ciudadanía. Esto puede ser corroborado por la encuesta de la ENACPOL 2005, la cuál nos dice que el 72,5 % de la ciudadanía confía poco o nada en la Policía Nacional.

Mucho se ha hablado respecto a las causas de esta crisis; sin embargo, existe concordancia en diagnosticar que este problema nos está llevando paulatinamente a una transformación de la forma de ver el manejo de la seguridad, lo cual consecuentemente pone en entre dicho este concepto como bien público, no obstante existe consenso de que de que en las sociedades democráticas actuales, es poco común que la seguridad ciudadana sea únicamente materia de la policía.

En América Latina, la expansión de la seguridad privada es un asunto que ha recibido poca atención tanto en lo académico como en lo público, mientras en el Ecuador, el interés ha sido prácticamente nulo. Pese a ello, es una realidad que el despunte de esta actividad está cambiando prácticas y represtaciones sociales, las cuales se han traducido en nuevas formas de resolver problemas cotidianos, nuevas formas de consumo y acumulación, nuevas formas de reordenamiento y apropiación del espacio público y privado, y sobre todo en un cambio en la relación con el manejo de la seguridad ciudadana en la actualidad.

Si bien la seguridad privada es vista como un tipo de negocio a nivel general, ésta involucra una infinidad de segmentos, tales como vigilancia o guardianías físicas, dispositivos de seguridad (alarmas, rejas, cámaras de televisión, blindajes, seguridad electrónica), transporte de fondos, investigaciones, entre muchas más. A continuación nos centraremos principalmente en el análisis del tema de las guardianías privadas, por cuanto es el aspecto más relevante en el aumento de la seguridad como servicio particular. Para ello analizaremos tres ejes en los cuales se sustentará este trabajo: el crecimiento de esta actividad y los posibles factores que la propician, el comportamiento del mercado, y, por último, en la coyuntura donde se discute el impacto de las guardianías privadas en el manejo de la seguridad ciudadana ecuatoriana de los últimos cinco años. La expansión y sus posibles factores.

La expansión del sector de las guardianías privadas en el Ecuador es un fenómeno social que debe ser tomado muy en cuenta. El número de vigilantes registrados oficialmente en el año 2005 fue de 40.368, el cuál ya supera considerablemente a los 36.907 policías nacionales existentes en este mismo año (no se toma en cuenta con esto el sector informal del cuál no se tiene datos cuantificables, aunque según algunas estimaciones el número llega a 80.000 efectivos).

Por otro lado, la tasa de crecimiento de empresas de seguridad privada ha tenido una variación considerable desde el año 1995. El número acumulado de entidades

registradas en la Superintendencia de Compañías en el año 1990 fue de 54, cifra que corresponde a una tasa de 0,56 empresas por cada cien mil habitantes.

Para el año 1995 el número creció a 163 compañías y la tasa prácticamente se triplicó llegando a 1,52. Entre los años 1995 y 2000 la medida se duplicó a 3.28, y a partir de ese período, el número de empresas creció en un 117% por los siguientes seis años, hasta llegar a 849 empresas registradas en lo que va del 2006. La tasa a su vez ha crecido de 3,28 compañías en el 2000 a 6,29 en el 2006. (Ver gráfico 21)

Fuente: Superintendencia de Compañías

Elaboración: El autor.

Del número total de compañías de seguridad privada registradas hasta el año 2006, el 51, 70% están en Pichincha y el 28, 26% en Guayas. Esto quiere decir que casi el 80 % del total de empresas están en las provincias más pobladas del país, donde se destacan las ciudades de Quito y Guayaquil respectivamente, lo cual muestra que la expansión de la seguridad privada es un fenómeno predominantemente urbano. Pichincha es la provincia donde ha existido mayor proliferación de compañías en el tiempo, ubicándose nueve puntos por encima de la tasa nacional en el año 2006.4 Guayas, a su vez, supera ligeramente el promedio del país, mientras que el resto del Ecuador se encuentra muy por debajo del mismo; aunque la tasa presenta una tendencia al alza en los últimos 15 años.

Los factores que contribuyen a explicar este crecimiento pueden ser múltiples, el mismo desprestigio de las instituciones de control puede ser una razón para ello; sin embargo, en los últimos diez años, dos han sido los aspectos que más han contribuido a la crisis del manejo de la seguridad pública: el incremento de la delincuencia y el crecimiento de la inseguridad ciudadana.

El primer escenario es el más dominante en la creencia de la opinión pública, éste nos remite a una realidad más objetiva, la cual explica que el aumento de la seguridad privada en el Ecuador, puede deberse a una falla en la provisión pública de este bien por parte de las instituciones de control. Situación que nos está llevando a una privatización cada vez más elevada del servicio; es decir, que la seguridad privada empieza paulatinamente a remplazar a la seguridad pública. Este escenario parece ser correcto si tomamos en cuenta que la tasa de denuncias de delitos contra la propiedad5, en general, desde el año 1995 hasta 1999 creció en un 47,7 %.

De esta tasa, los delitos por asaltos comerciales se elevaron de 0,9 a 17, 5 por cada cien mil habitantes, mientras que los robos a domicilio se duplicaron en términos brutos en este lapso; una tendencia que fue más elevada tanto en Pichincha como en Guayas. Esto quiere decir que a medida que crecen los delitos en el país, aumenta la tendencia de conformación de compañías de seguridad privada; en otras palabras, el crecimiento del delito incide sobre el crecimiento de compañías de seguridad.

El otro escenario se explicaría, como una brecha entre las expectativas del nivel de seguridad demandado por ciudadanos/as, y el nivel de seguridad que perciben que es capaz de proveer la fuerza policial. Esto implicaría una explicación culturalista más afín a las sociedades del riesgo, descrita por algunos sociólogos, y a las sociedades del miedo y el control. En el Ecuador, esto parece ser evidente en la publicación de algunas encuestas de victimización, donde se puede notar claramente que la probabilidad de que un individuo o familia se sientan inseguros, duplica o triplica a la probabilidad de ser victimizado en un año. Es decir, no existe una relación proporcional entre delitos e inseguridad. Esta explicación causaría una distorsión en la demanda de seguridad ciudadana, ya que no estaría remitida a cuestiones netamente objetivas, sino más bien a fuertes sentimientos de inseguridad, construidas socialmente, sobre la cuál la gente percibe y decide sus estrategias de seguridad.

Fuente: Superintendencia de Compañías y Dirección Nacional de Policía.

Elaboración: El autor.

El gráfico 22, muestra cómo a medida que crecen los delitos contra la propiedad, entre 1995 y 1999, la tendencia a formar compañías de seguridad también asciende. En el año 2000 la tasa de delitos contra la propiedad tuvo un descenso, y a partir del año 2002 ésta ha mantenido una tendencia estable; sin embargo, la tasa de compañías de seguridad privada por cada cien mil habitantes aumentó considerablemente. Esto confirmaría la hipótesis segunda, pues la evolución de ambas tasas no guarda relación alguna en los últimos cinco años. Por lo tanto, la explicación del crecimiento de esa actividad se relaciona más con factores culturales que estructurales. Si bien es arbitrario emitir juicios de causalidad de una actividad como las guardianías privadas, se podría afirmar que ésta se debió en un primer momento a factores objetivos o cuantificables, como el aumento de actos delictivos; y más tarde, se enraizó en la representación simbólica de la sociedad ecuatoriana, como una solución o alternativa al manejo de la seguridad individual y pública, debido a los altos niveles de inseguridad percibidos.

4.1. El mercado de la seguridad privada

A nivel mundial y de América Latina el mercado de la seguridad privada es un sector de gran expansión. Según Dammert esta actividad registró movimientos en el año 2002 por 85,000 millones de dólares, con una tasa de crecimiento de 7 a 8 % anual. En lo que respeta a América Latina, según este mismo autor, el mercado ascendió a 4000 millones dólares; esta cifra corresponde al 4,70% del mercado total, con una tasa de crecimiento anual entre el 9% y el 11%, la cual llega a ser la más alta a nivel mundial. Dentro de este rubro, las guardianías privadas son la fuente más importante de este mercado con alrededor del 50% de participación (no se cuantifica el sector informal que se encuentra fuera de los registros).

En el Ecuador, el rápido crecimiento de las compañías de seguridad y guardianía privada de los últimos diez años, nos muestra a su vez el gran desarrollo de este sector como actividad comercial. No se dispone información sobre el tamaño económico real del mercado de la seguridad privada en el Ecuador; sin embargo, según datos del Servicios de Rentas Internas (SRI), esta actividad registró recaudaciones de impuestos directos e indirectos por 3.274.485 dólares en el año 2000, mientras que en el 2006, el monto subió a 11.440.415.5 Esto implica un incremento del 249,38% en cinco años y una tasa de crecimiento anual del 28,4 % (Ver gráfico 23).

Fuente: SRI.

Elaboración: El autor.

En una encuesta publicada por Cedatos en el año 2005, de 130 empresas indagadas en Quito y Guayaquil, se encontró que el 60% de ellas invierte de 1.000 a 25.000 dólares anuales en seguridad; el 10% gasta entre 26.000 y 50.000 dólares; y, el 20% restante destina más de un millón de dólares a este tema.

Cuando la encuesta preguntó ¿Qué porcentaje representa el gasto en seguridad dentro de su presupuesto total del año? El 80% respondió que menos del 10% y el restante 20% de las empresas, respondió que del 10% al 30%. Esto nos da una idea de la importancia de esta actividad comercial dentro de la cadena productiva de las empresas, la cual ha dejado de ser vista como un servicio o gasto adicional, para ser considerada una inversión que se encuentra dentro de la cadena productiva o valor agregado del producto o servicio final.

En un principio muchas de estas compañías se iniciaron de modo semejante; es decir, empezaron como negocios familiares a partir de que uno o más funcionarios provenientes de las fuerzas públicas de seguridad (Fuerzas Armadas y Policía Nacional) se acogieron a su retiro (en ocasiones antes de esto), e iniciaron su empresa. Si bien no existe datos que ratifiquen esta afirmación en el caso ecuatoriano, en el Reglamento de Organizaciones de Seguridad Privada emitido en el año de 1998, está prescrito que en el acta constitutiva de las compañías, debe constar al menos un ex miembro de las fuerzas del orden público entre los socios/as fundadores. Por otro lado, este mismo reglamento establecía que el 25% del personal contratado por estas compañías, debían ser ex integrantes de la fuerza pública. Es difícil también corroborar cuantitativamente esta afirmación, sin embargo, dentro de los requisitos indispensables para la contratación del personal, está el haber cumplido con el servicio militar obligatorio. Este requerimiento, sin duda alguna, más allá de garantizar la presencia de personal más preparado en las compañías (en manejo y uso de armas, conocimiento de estrategias de disuasión, etc.), es un factor que reduce los costos de capacitación que inciden en el precio final del producto. Por lo tanto, los ex miembros de la fuerza pública son un personal apetecido por el grueso de las compañías de seguridad para brindar sus servicios. La oferta que cubre la prestación de resguardos particulares no está restringida a una sola actividad específica. El sector cubre del sector una gran variedad y complejidad en los servicios ofrecidos donde se destacan entre otros la vigilancia a personas naturales y jurídicas, vigilancia, custodia y trasporte de bines, monitoreos y muchas actividades más. Si nos remitimos a analizar cualitativamente la oferta de seguridad privada, las diferencias de las compañías existentes pueden ser abismales. Frigo (2003) sostiene que el crecimiento del mercado ha exigido una mejor profesionalización y tecnificación del mismo, principalmente en los servicios proporcionados a clientes corporativos (bancos, fábricas, negocios o empresas comerciales, entre otros); esto a su vez ha incidido en la concentración y monopolización del servicio que se encuentra en capacidad de cubrir esta demanda.

En el Ecuador, esta afirmación parece ser problemática, debido principalmente al gran crecimiento de compañías de seguridad en la última década (Ver gráfico 21). Sin embargo, cuando nos remitimos a los datos del SRI se puede constatar que las 20 principales empresas de aportación al fisco, las cuales corresponden apenas al 2,24% del total de ellas, declaran más del 60% del total recaudado. En este sentido, se puede decir que la concentración no se encuentra por el lado del número de compañías, sino más bien por los ingresos que éstas reciben; lo cual se podría explicar, en parte, por el reducido número de empresas que están en condiciones de competir en el mercado, el mismo que se halla principalmente dirigido a captar el consumo de las grandes corporaciones, donde están los mayores estímulos económicos y financieros. Por su parte, los servicios profesionales demandados por este tipo de clientes son cada vez más exigentes, estos conllevan incluso su tercerización (compañías de entrenamiento de personal, monitoreo de armas, y ciertos dispositivos tecnológicos), con el objetivo de cumplir las exigencias. Por esta razón, únicamente las grandes compañías de seguridad transnacionales y algunas empresas nacionales fuertes están en condiciones de proveer y competir en este negocio, debido a la alta inversión necesaria para proporcionar tales servicios.

Debido a lo expuesto, este lucrativo mercado no puede ser cubierto por el grueso de compañías registradas. La plaza a la cual se dirigen las empresas más pequeñas, se encuentra desagregada en el gran abanico de actividades existentes, como pequeños negocios, guardianías de hogares, pequeñas urbanizaciones, entre otras. Mucho se habla de la fragmentación que promueven los servicios de seguridad privada a la sociedad en general, lo cual se debe principalmente a que todavía es considerado un servicio que solo pocos individuos pueden pagar, y por consiguiente, marca una implícita exclusión social entre consumidores y no consumidores. Si bien esto es un elemento importante de

considerar, pues proplematiza profundamente el concepto de seguridad como bien público, en el Ecuador la tendencia a una expansión masiva de utilización de estos servicios parece estar creciendo.

Las encuestas de victimización realizadas por FLACSO tanto en Quito, Guayaquil y Cuenca en el año 2003; revelan que el 8,7 % de los hogares poseen guardias privados. No se dispone de datos de los años subsiguientes, sin embargo, las 849 empresa registradas en la Superintendencia del Compañías en el año 2006, constituyen un dato que nos permite inferir la tendencia cada vez mayor de los estratos más populares de la sociedad ecuatoriana, a contratar guardianía privada (se incluye clase media y clase media baja); sectores en los que prima, por cuestiones adquisitivas, la ley del precio antes que la calidad del servicio en sí mismo. Ahora bien, la política de abaratamiento de costos, ha generado un repunte en el aparecimiento de compañías o personal no regularizado oficialmente. El SRI reporta hasta el año 2005, 2.310 RUC (Registro Único de Contribuyentes) abiertos por concepto de esta actividad, de los cuales 892 son empresas y 1418 son personas naturales que podrían ofrecer los servicios deliberadamente y sin control alguno. En este sentido, en el país son frecuentes las denuncias por los precarios equipos de utilizan muchas de las empresas (armas, chalecos antibalas, entre otros), así como son recurrentes las denuncias por negligencia en el uso de los mismos, las cuales se realizan por el cometimiento de abusos, complicidad con la delincuencia, entre otras.

Esto de cierta forma puede ser causado por la tendencia del abaratamiento de precios e informalidad del servicio existente.

4.2. Seguridad privada y seguridad ciudadana.

Mucho se ha hablado en el Ecuador sobre la pertinencia del uso de las guardianías privadas como una solución o alternativa al manejo de la desprestigiada seguridad pública. Gran parte de esta discusión se centra en el debate que destaca la importancia de la participación ciudadana en la planificación y manejo de la seguridad, como una alternativa para suplantar el viejo y vertical concepto de seguridad nacional, el cual se basa en atacar las grandes amenazas contra el estado.

Es algo difícil evaluar los alcances y logros de la seguridad privada en materia de seguridad ciudadana, principalmente por la complejidad en dictaminar qué es lo que se está entendiendo por este concepto; por la poca existencia y confiabilidad de la información; y, por el ámbito de responsabilidad de las guardianías privadas, la cuales no son contratadas específicamente para brindar un servicio público. Éste último está enfocado principalmente a velar por la disminución de los índices o niveles de delincuencia e inseguridad en general, mientras el servicio privado está más enfocado en brindar protección bajo objetivos particulares y sectorizados.

Para entrar a analizar los impactos de las guardianías privadas en el manejo integral de la seguridad ciudadana, es necesario partir del hecho que los delitos son la fuente principal de inseguridad ciudadana y asumir al concepto de seguridad dentro un esquema racional de elección de los actores por bienes y servicios. Las guardianías privadas son vistas como una opción pertinente a la cual recurren ciertos individuos para garantizar su protección individual, ésta implica un traslado de algunas competencias de la seguridad pública a la privada, como el porte de armas, la facultad y obligación de detener a delincuentes en delito flagrante, la prohibición de acceso a espacios, entre otras más. Para evaluar la incidencia de las guardianías privadas en el manejo integral de la seguridad ciudadana, ésta debe ser entendida como una serie de esfuerzos individuales, que sumados en su conjunto, deberían repercutir en la disminución de los delitos en los cuales tienen racionalmente competencia y responsabilidad.

Fuente: Dirección Nacional de Tránsito

Elaboración: El autor.

Si tomamos en cuenta que el manejo de la seguridad pública está enfocado en reducir la inseguridad ciudadana con respecto al aumento delictivo, el sector privado que proporciona este servicio debe ser evaluado en su real incidencia sobre el control y la disminución del número de delitos sobre los que tiene responsabilidad; es decir, robos a domicilios, robos a carros, asalto a bancos, asalto en carreteras, asaltos comerciales, asalto y robo de vehículos, y asaltos en general. En los datos proporcionados por la Policía Judicial, entre los años 2000 y 2004, vemos que los delitos arriba mencionados sumados en total por año, mantienen una tendencia decreciente a nivel de país en este periodo (Ver cuadro 5).

Pichincha por su parte, presenta mejoras considerables en números brutos en los delitos arriba mencionados, pues de los 22.291 delitos denunciados en el 2000, pasó a 16.514 en el 2004. Guayas por otro lado, varía de 14.553 delitos denunciados en el año 2000, a 14.814 en el 2002 y 13.110 en el 2004.

Con estos resultados, se podría argumentar que la seguridad privada está teniendo éxitos en el control de estos delitos. Sin embargo, si analizamos en detalle el comportamiento de dos de los principales delitos sobre los que estas compañías tienen responsabilidad directa, como asaltos los comerciales y los asaltos a bancos, vemos que existe ambigüedad en los resultados. A nivel de país los asaltos mantienen un comportamiento irregular y los asaltos comerciales tienden a subir. En Quito y Guayaquil que son las ciudades donde mayor presencia de compañías de seguridad se registra por número de habitantes, los asaltos a bancos en el año 2004 también mantienen tendencias irregulares con un crecimiento en el año 2003 y un decrecimiento en el 2004. Por otro lado, los asaltos comerciales disminuyeron drásticamente en la provincia de Pichincha de 1785 en el año 2000 a 481 en el año 2004, mientras que en la provincia de Guayas éstos aumentaron de 138 en el 2000 a 1353 en el 2004. Lo dicho anteriormente no nos puede conducir a decir que los aportes de la vigilancia privada al manejo de la seguridad ciudadana no sean importantes. Hay que considerar que los números de denuncias por los delitos tipificados anteriormente no han mantenido los niveles de crecimiento que tuvieron en la década de los noventa. Sin embargo, se debe reconocer que el gasto público en la Policía Nacional ha crecido tres veces en los últimos cinco años, y que el número de efectivos policiales aumentó de 22.000 efectivos en el año 2000 a 36.907 en el año 2004; lo cual puede estar incidiendo también en el control de este tipo de delitos.