Finanzas y el presupuesto público

Dada una distribución de la riqueza, los ingresos o renta de cada una de las economías domésticas dependerán de las cantidades de recursos que posean, de la fracción de éstos que se venda en el mercado y de los precios que alcancen.

La economía venezolana esta conformada por un conjunto de instituciones que pueden ser de carácter privado o público.  Existe tres componentes que conforman el sector público venezolano: el gobierno general, las empresas públicas no financieras y las instituciones públicas financieras. A su vez el gobierno general se subdivide en tres niveles: a) el gobierno central, b) el gobierno estatal o regional y c) el gobierno local o municipal. Estos niveles de gobierno a su vez poseen entes descentralizados dependientes a cada uno de ellos.

 Las empresas públicas no financieras son unidades propiedad del gobierno y/o controladas por éste que venden al público bienes y servicios industriales o comerciales en gran escala que suelen ser producidos por las empresas privadas.

 La propiedad y/o control de las empresas públicas puede darse a cualquier nivel de gobierno, central, estatal o local.

 El Gasto Público se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto publico para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

En el presente informe se analizarán los aspectos más resaltantes relacionados con las Finanzas y el Presupuesto Público, tales como: el Gasto Público, los Impuestos, las Deudas, la Planificación Fiscal, Tributaria y Monetaria y sus Impuestos Macroeconómicos, entre otros.

Finanzas públicas

La ciencia de las Finanzas Públicas atiende todo lo relacionado con la forma de satisfacer las necesidades que demande la comunidad de personas que integran un Estado, se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo, donde predomina el interés general.

Actividad Financiera del Estado:

• Finanzas públicas venezolanas; Función de las finanzas públicas en el proceso de desarrollo.

• Función de las finanzas públicas.

Elementos que la Integran:

• Las Necesidades Públicas

• Servicios Públicos

• Gasto Público

• Recursos Públicos

• Renta Nacional

GASTO PÚBLICO

En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Gasto Programable

Es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.

Gasto corriente

Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.

Gasto de Capital

El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.

Impuestos

La relación impositiva (estado-contribuyente) es, ante todo, una relación obligacional personal (no real) adaptable a los principios del código civil en materia privada. Sin embargo el derecho tributario pertenece al derecho público. La diferencia radica es que no hay causa del cobro de impuestos, es decir el estado no presta un servicio directo para que el particular le pague impuestos. El estado exige tributos por su poder de imperio (poder hacia las personas) exigiéndolos coercitivamente subordinándose a la ley, que garantiza el derecho del contribuyente en todo momento. Si hubo ley hubo un debate sobre la conveniencia de la creación del tributo, el debate fue hecho por los representantes del pueblo en el congreso. Por eso en cierta manera la gente, la población se "autoimpone" el tributo para que el gobernante los aplique a necesidades colectivas que no pueden solucionarse de otra manera.

El principio constitucional de equidad (art. 4 y 16 const. Nac.) es el que da sustento doctrinario a las teorías de la imposición. Con ellos se inicia la ardua tarea de determinas en que grado o en que medida cada persona debe contribuir, mediante el pago de tributos al logro del bienestar general que se conoce como objetivo último de la comunidad y de todo estado.

Esa difícil interrogante hallará la fácil respuesta del ciudadano común: cada persona debe contribuir con el pago de impuestos en una medida justa y equitativa. Y es que en general esta contestación lógica y natural se encuentra avalada por las normas constitucionales e prácticamente todos los países. El nudo del problema se circunscribe a conocer que significado debe atribuirse a los términos equidad o justicia tributaria.

Es consenso general que la equidad no significa impuestos exactamente iguales, es decir que cada uno deba tributar una misma cantidad (eso sería lo contrario a equitativo). Por lo tanto, y así lo ha interpretado la jurisprudencia, la equidad no es igualdad matemática, es decir que todos deban tributar la misma cantidad. Eso sería lo mas injusto imaginable. La equidad consiste en un trato igual para circunstancias iguales y en un trato desigual para circunstancias desiguales. Todas las personas sujetas a una legislación determinada dentro del territorio de la nación son tratadas igualmente siempre que se encuentren en idénticas situaciones. El legislador no puede cerrar los ojos ante la diversidad de situaciones, circunstancias y demás que se den en la población.

En base a esto debe determinarse qué son "circunstancias iguales", y establecer reglas de que es lo que significan "circunstancias desiguales". Para ello existen diversas teorías.

Teoría del Beneficio

La teoría del beneficio reconoce como fundamento a las doctrinas económico políticas concebidas en el siglo XVIII. El naturalismo de ese siglo creyó que la respuesta correcta a los problemas planteados por la equidad tributaria se hallaba en el beneficio recibido por cada contribuyente de parte del estado. Esta teoría, que además del beneficio, puede ser conceptuada como una idea de equivalencia, de trueque, de seguro o de interés en pertenecer a determinado estado, puede resumirse con los términos de MONTESQUIEU según los cuales "las rentas del estado son una porción que cada ciudadano da de sus bienes para tener seguridad de disfrutar del resto de sus rentas tranquilamente".

En consecuencia según esta teoría, el tributo es la retribución o el precio de los servicios prestados por el Estado. Esto adopta un criterio eminentemente económico o comercial, conforme al cual los contribuyentes que reciben mayor beneficio deberían pagar mas tributo mientras que aquellos que reciben menor beneficio pagan menos. Si el estado quiere recaudar mas deberá producir mas y mejores servicios, fomentando la eficiencia en la labor.

Sin embargo la actividad del estado no puede ser nunca asimilada a la de una empresa privada. En efecto, el estado cumple funciones y presta algunos servicios incompatibles con esta teoría. Actualmente, por ejemplo, las inversiones en las construcciones y las erogaciones propias del mantenimiento de un hospital benefician mucho más a los grupos de bajos ingresos que a aquellos con altos ingresos. Además es simplemente imposible medir el beneficio que recibe cada particular de la actividad estatal, especialmente cuando se trata de servicios indivisibles (seguridad por ejemplo). Las tasas, en su carácter de servicio divisible medible por usuario, podría responder a esta teoría.

La teoría del beneficio haría pagar la misma cantidad de impuestos a un millonario y a un mendigo si presta cierto servicio a la ciudad donde habitan ambos. No se contempla su capacidad económica, solo se busca contraprestación por servicios prestados.

Teoría de la Capacidad Contributiva

Esta segunda teoría (mas reciente) es conocida entre los anglosajones bajo la denominación de teoría de capacidad de pago (ability to pay).

En términos generales, se entiende por capacidad contributiva o capacidad de pago al nivel de vida o bienestar económico de cada persona, medida ésta básicamente por todos aceptada como la más equitativa para establecer el monto de la contribución particular para el logro del bienestar general. Es la aptitud o posibilidad de un individuo para pagar impuestos.

Ese nivel de vida o bienestar económico puede medirse a través de cualquiera de las siguientes tres manifestaciones:

• Rentas: se admite que existe una relación adecuada entre las rentas, réditos o ganancias obtenidas en un determinado período y el nivel de vida. A mayores rentas mejor nivel de vida y viceversa. Además, para hacer mas exactas las comparaciones se deben tener en cuenta las circunstancias especiales de cada contribuyente (si es casado, si tiene hijos, origen de sus rentas etc.). Por ello, cuando el nivel de vida se mide con el patrón de las rentas se entiende que éstas deben ser depuradas, o sea ganancias netas.

• Patrimonio: el patrimonio o capital, por ser fuente productora de rentas, también sirve para medir la capacidad contributiva de los contribuyentes. Dan una idea de lo que la ganancia del contribuyente puede llegar a ser.

• Consumos: este también es un buen índice de bienestar económico o capacidad contributiva, puesto que la realización de una mayor cantidad de gastos o consumos presupone un mayor nivel de vida. Esta forma de medir la capacidad contributiva es también utilizada por nuestra legislación para la aplicación de impuestos tales como los denominados "impuestos internos", e incluso, parcialmente para el impuesto a las ganancias.

• Circulación de riqueza: algunos autores consideran esta teoría y la basan en que ciertos actos de los particulares (por ejemplo la venta de sus propiedades) sacan a la luz esa capacidad o riqueza sobre la cual el estado puede pretender un tributo. El ejemplo típico en nuestra legislación es el impuesto a los sellos, donde ante toda transferencia onerosa de bienes se debe abonar un impuesto.

Teoría del Sacrificio

Sin embargo, una vez que hayamos establecido los diferentes niveles de vida, vale decir, las distintas categorías de contribuyentes según sus respectivas capacidades contributivas, nos queda todavía por determinar o por resolver cual es la justa proporción con que cada categoría debe contribuir al mantenimiento del estado.

Lo recién manifestado representa el último y el básico problema de la equidad. Por ello se ha tratado de resolverlo mediante la aplicación de las conclusiones de la teoría del sacrificio. Esta teoría se fundamenta en el conocido principio hedonístico y en los análisis económicos sobre la utilidad marginal de los ingresos. A raíz de contar con dicha fundamentación, la teoría del sacrificio se basa en dos postulados esenciales. El primero de ellos consiste en reconocer que la utilidad marginal (adicional) está en relación inversa con el monto de ingresos, vale decir, que a menos ingresos las utilidades marginales son mayores y que, a por el contrario, a mayor cantidad de ingresos la utilidad marginal será menor. Basta con pensar con el caso de una persona que destina su ingreso en comida. Los primeros bocados de suministrarán gran satisfacción o utilidad. A medida que va destinando su ingreso (numeroso por cierto) en más y más comida se va hartando de ella, hasta llegar el punto en que decide destinar su dinero en otros bienes, por la sencilla razón de que se siente satisfecho de comer. Esta persona acaudalada tendrá dinero ocioso que puede destinar al ahorro. Los pobres destinan su poco dinero a comer, es decir al consumo con poco margen para el ahorro.

El segundo postulado que fundamenta a esta teoría establece que todas las personas de iguales ingresos obtienen una igual utilidad marginal de los mismos. En consecuencia, las teorías del sacrificio consideran pues que la utilidad marginal de los ingresos es una ley verificable, de valor absoluto y, en consecuencia aplicable a todas las personas.

Si las premisas de las teorías del sacrificio son ciertas, de ellas pueden extraerse dos importantes conclusiones. La primera de ellas será que a mayores ingresos el sacrificio representado por el pago de un tributo será menor. A su vez, la segunda de las premisas será que la relación entre los ingresos y el sacrificio tiene una validez incuestionable y, en consecuencia, es aplicable a todas las personas. Las personas con altos ingresos podrán ahorrar menos y las personas con pocos ingresos podrán consumir menos. Estas últimas estarán dispuestas a trabajar mas para compensar la falta de ingresos.

Claro está que de las conclusiones que han sido expuestas surge de inmediato la justificación de las denominadas alícuotas progresivas dado que, si a los contribuyentes debe exigírseles un sacrificio mínimo esto requiere escalas progresivas, las cuales gravan con mas intensidad a las unidades menos útiles y de grandes ingresos y con menor intensidad a las unidades útiles de pequeños ingresos. Las teorías del sacrificio por supuesto han realizado un gran aporte a la ciencia de las finanzas públicas.

Los sociólogos y los economistas modernos, sin embargo han cuestionado los fundamentos de las teorías del sacrificio, señalando que los análisis de la utilidad marginal de los ingresos no son siempre verificables o, en todo caso, comprobables. Por otra parte estudios igualmente recientes llevados a cabo por los sicólogos también han puesto en tela de juicio los fundamentos de aquella teoría sosteniendo la ineficacia de las conclusiones resultantes de la aplicación del marginalismo en el campo personal. De acuerdo a ellos la utilidad marginal de los ingresos no guarda una relación matemática perfecta sino, por el contrario, depende de una serie de circunstancias personales o de factores especiales, los cuales necesariamente no son válidos en todos los casos.

Impuesto sobre los intereses pagados y el costo financiero del Endeudamiento Empresario

Este impuesto es un claro ejemplo de lo que NO se tiene que tomar como capacidad contributiva para el pago de tributos. Una buena técnica legislativa debe identificar aquellas demostraciones de los individuos de que poseen cierta riqueza y que pueden pagarle al estado un impuesto (sea por obtener ganancias, por consumir, o por ser propietario de cierto patrimonio). Sin embargo con esta ley no se identifica un hecho imponible de demuestre riqueza o capacidad para pagar impuestos. Sino que, sorprendentemente, se ataca con un impuesto un hecho que siempre es una forma de empobrecimiento de la empresa o de erosión de sus utilidades. A continuación se transcribirán textualmente los textos legales.

"Articulo 1 – Establécese por el término de 10 años en todo el territorio de la Nación, un impuesto que se aplicará sobre los intereses de las deudas y el costo financiero de las empresas que resulten deducibles en el impuesto a las ganancias……. "

"Articulo 3 – El hecho imponible se perfeccionará en el momento en que se produzca el pago de los intereses u otro componente del costo financiero de la operación…."

Presupuesto

Clasificación:

El sector público ejecuta una gran cantidad de operaciones de ingresos y gastos para desarrollar sus actividades, de modo que para estudiarlas y apreciar su significado es preciso darle forma a la multitud de datos estadísticos que reflejan su sentido y alcance. Para ordenar estas informaciones, existe un conjunto de métodos de clasificación presupuestaria única y universalmente aceptada, pues los enfoques del análisis fiscal pueden ser diversos y requerir distintas formas de distribución de los datos. Lo anterior significa que es posible preparar distintas cuentas gubernamentales en las que aparecen clasificados los ingresos y gastos de acuerdo con diversos criterios.

Conforme con los avances logrados en la contabilidad fiscal, las principales cuentas gubernamentales que pueden prepararse son:

• Las del presupuesto administrativo o convencional del gobierno

• La del gobierno general dentro del esquema de las cuentas de ingresos y producto nacionales

• Las del sector gobiernan dentro de la matriz de transacciones ínter industriales de insumo producto

• La del gobierno en el esquema de fuentes y usos de fondos

• La del sector gobierno dentro de los esquemas de la riqueza nacional.

La mayor parte de las transacciones gubernamentales se realiza a través de los presupuestos administrativos o convencionales anuales. Esos documentos contienen en su fase de presupuestos y de cuentas de ejercicios cerrados, toda la información acerca de las transacciones del gobierno, las cuales deben ser reclasificadas, ajustadas y consolidadas para preparar los datos necesarios para confeccionar las cuentas.

Es conveniente examinar a continuación cada uno de los esquemas de cuentas gubernamentales más significativos con el objeto de fijar sus características, su utilidad para el análisis y la formulación y ejecución de la política del gobierno.

Clasificación de las cuentas del presupuesto gubernamental

En realidad, el presupuesto gubernamental abarca a todo el sector público y debería presentarse en términos consolidados. Para su elaboración se tienen en cuenta los presupuestos parciales que formulan los distintos organismos del sector público, los cuales se preparan en términos combinados, es decir, incluyendo todas sus transacciones y transferencias intersectoriales.

A través de los presupuestos, los ministerios y los establecimientos públicos ejecutan la actividad gubernativa contenida en los programas que han sido elaborados para cumplir las funciones que las leyes les encomiendan. En consecuencia, las cuentas presupuestarias deben ordenarse con vistas a facilitar la formulación, ejecución y contabilización de los programas, para la cual deben ser lo suficientemente flexibles y numerosos a fin de facilitar dichas fases del ciclo presupuestario.

Para la planificación de las cuentas presupuestarias, deben considerarse los cuatros propósitos fundamentales de dichas cuentas. En primer lugar, deben estructurarse de manera que faciliten el análisis de los efectos económicos y sociales de las actividades del gobierno.

Como las decisiones gubernamentales alteran el curso de la vida económica y social de los países, es preciso que las autoridades puedan obtener la información requerida para medir los efectos que su gestión ha de producir. En consecuencia, la clasificación debe hacer posible el estudio de la influencia que los ingresos y los gastos gubernativos ejercen sobre el nivel y composición del producto nacional, sobre el empleo y sobre el ritmo de crecimiento económico, así como sobre la distribución del ingreso nacional entre la población.

En segundo lugar, las cuentas deben facilitar la formulación de los programas que elabora el gobierno para cumplir sus funciones. Una vez fijada la participación del gobierno en el ingreso nacional, debe calcularse la composición de los gastos entre gastos de consumo y de capital, ajustados los niveles de actividad con el sector privado. Las cuentas presupuestarias han de ordenarse de manera que muestren las decisiones programadas y los cambios recomendados de año en año.

De esta forma, el congreso y el Ejecutivo sabrán, al aprobar el presupuesto, qué se quiere hacer con los dineros públicos. Además ha de expresarse con claridad el programa de financiamiento, detallando los ingresos tributarios, las tasas, etc., y precisando a que sectores se está grabando.

En tercer lugar, las cuentas presupuestarias deben contribuir a una expedita ejecución del presupuesto. El administrador del programa debe conocer la suma de recursos financieros de que dispondrá y las responsabilidades que habrá que asumir. Es el responsable del manejo de los fondos puestos a su disposición, y el sistema de cuentas presupuestarias tiene que permitirle aplicar sus recursos, a lo largo del año fiscal, en forma inteligente y en función de las metas trazadas.

En cuarto lugar, las cuentas presupuestarias deben facilitar la contabilidad fiscal. El gobierno debe llevar registro completo de las operaciones fiscales y poder así establecer las responsabilidades que caben a los funcionarios en la recaudación de los impuestos, en la administración de los fondos y en la disposición de los gastos. Las cuentas fiscales deben permitir establecer con precisión la responsabilidad que pudiera asignarse a personas específicas, con el fin de evitar malversación de fondos, fraudes, o manejos ilegales, razón por la cual las cuentas presupuestarias, junto con hacer posible la contabilidad fiscal deben posibilitar la fiscalización efectiva por personas distintas de aquellas a quienes incumbe la responsabilidad legal de las operaciones, a través del trabajo de auditoria.

Planear una clasificación presupuestaria es, en consecuencia, una tarea difícil y compleja, que debe cumplir los requisitos anteriormente expuestos, procurando no sacrificar un objetivo en aras de otro.

La información puede ser clasificada atendiendo a cinco criterios principales:

• Por instituciones

• Por objeto de gastos

• Por renglones económicos

• Por funciones

• Por programas y actividades

Clasificación por instituciones

Para precisar los sujetos de las transacciones realizadas por entidades públicas es conveniente distinguir algunos conceptos básicos: gobierno, sector gubernamental, y sector público.

El gobierno es la organización ejecutiva o administrativa central encargada de los asuntos de un país y se reduce principalmente al poder ejecutivo y sus dependencias. Mientras que el sector gubernamental, comprende todos los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales del Estado, establecidos a través de los procesos políticos, y que comprende tanto los órganos del gobierno central que ejercen la autoridad y cuya jurisdicción se extiende a la superficie total del país, como a los órganos cuya jurisdicción abarca sólo una parte del territorio.

El sector gubernamental abarca, en suma, al gobierno nacional, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, así como los órganos dependientes que son responsables de sus actuaciones especialmente en lo referente al cobro y uso de sus fondos ante los organismos centrales.

El concepto de sector público es, a su vez, más amplio que el de sector gubernamental, pues abarca no solo los organismos gubernamentales ya definidos, sino que además los organismos públicos independientes. La diferencia entre uno y otro deriva del grado de control político que ejerce sobre las instituciones.

Lo que caracteriza al sector gubernamental es el hecho de poseer poderes coercitivos respectos de las personas que trabajan en las entidades que lo componen. Dentro del sector gubernamental se destacan, en primer lugar, los poderes públicos y dentro de estos el poder Ejecutivo con sus ministerios y departamentos administrativos. También se incluyen en él los gobiernos estatales, provinciales y locales. Las entidades que pertenecen al sector gubernamental pueden estar encargadas de la producción de servicios que no transan en el mercado, así como de entidades que producen bienes y servicios que son objetos de comercio, en el primer caso se llaman entidades gubernamentales propiamente tales, y en el segundo empresa.

Con el tiempo ha venido aumentando la complejidad del sector público, a consecuencia de la aparición de una gran multitud de instituciones nuevas. Por ello es difícil precisar sus limites y fijar la clase de instituciones que lo componen. El sector público está compuesto de gran número de entidades, cuyas transacciones ejercen una influencia de primera magnitud en la economía nacional.

Los organismos que pertenecen al sector gubernamental, deberían cumplir dos requisitos:

Actuar como instrumento de aplicación de las decisiones de una entidad política, careciendo por si mismos de facultades para decidir por su propia cuenta; reviste claramente este carácter, por ejemplo, un ministerio y una dirección general; en cambio no se puede considerar organismo gubernamental a un banco central, pues tiene, por lo general, independencia para adoptar sus decisiones, no obstante que coopera estrechamente con organismos gubernamentales, como son los ministerios de Haciendas.

Estar fiscalizados por órganos políticos y que sus recursos sean administrados con fines definidos por esos órganos. En algunos casos los recursos financieros deben incluirse en presupuestos aprobados por el órgano político y formar parte del presupuesto general, y en otros, especialmente en el caso de las empresas, se hace mediante autorización de las cuentas de las operaciones mercantiles que realizan y de la aprobación de su política de precios y de inversiones.

La estructura del sector gubernamental puede subdividirse desde dos puntos de vista principales: uno territorial y otro institucional. De acuerdo con el primer criterio, se distingue el gobierno central y los gobiernos descentralizados (estatal, provincial y municipal). Conforme con el segundo, el gobierno se compone de organismos del gobierno general, de organismos auxiliares y de empresas. Tanto los gobiernos centrales como los estatales, provinciales y municipales, tienen organismos del gobierno general, organismos auxiliares y de empresas.

Clasificación según el objeto del gasto

Los distintos organismos públicos necesitan adquirir diversos bienes y servicios para funcionar, tales como servicios personales, arrendamientos de edificios, compra de estantes, adquisición de escritorios, tinta, papel y demás materiales. Para comprar estas distintas cosas se establecen ciertas sumas de dinero, identificándolas con los objetos a que se han destinado. La clasificación por objeto del gasto ordena cada uno de los conceptos que se van a adquirir.Su propósito principal es permitir el control contable de los gastos. Los conceptos de gasto son uniformados para los distintos organismos públicos y el sistema de contabilidad fiscal controla que ese dinero se gaste efectivamente con los fines a que se destinó. En suma, centra su atención en los aspectos contables de las operaciones gubernativas procurando identificar el gasto incurrido en cada comprada.

La clasificación por objeto del gasto es la base del llamado presupuesto tradicional, o presupuesto enumerador del ítem. En este presupuesto los conceptos de gasto suelen desglosarse ampliamente, como una expresión de la desconfianza que prevaleció durante toda una época entre el Legislativo y el Ejecutivo y como una manera de hacer más completo el control contable de las operaciones fiscales. En verdad esta clasificación significó un avance en su época, por cuanto permitió un mayor control que hiciera posible evitar los desfalcos de fondos, las malversaciones, y en general el manejo deshonesto del presupuesto. Además este sirve para establecer la composición de los gastos públicos y determinar la estructura de la demanda gubernamental o del resto de la economía. Permite ordenar e identificar sistemáticamente los usos que se le darán al dinero asignado a cada programa y actividad. Por esto se debe identificar el tipo de bienes y servicios que se van a comprar para cumplir los programas.

La clasificación del presupuesto por objeto del gasto tiene los gastos clasificados por grupo los cuales son:

• Servicios personales

• Servicios no personales

• Materiales y suministros

• Maquinarias y equipo

• Adquisición de inmuebles

• Construcciones

• Transferencias corrientes

• Transferencias de capital

• Deuda pública

• Otros desembolsos financieros

• Asignaciones globales.

Clasificación económica de las transacciones del gobierno

Esta clasificación permite identificar cada renglón de gastos y de ingresos según su naturaleza económica, y en consecuencia hace posible investigar la influencia que ejercen las finanzas públicas sobre el resto de la economía nacional. La clasificación económica muestra la parte de los gastos que se destinan a operaciones corrientes del gobierno y la parte de los gastos que se destinan a la creación de bienes de capital que permiten ensanchar la capacidad instalada de producción de la economía.

También presenta el grado en que los servicios gubernamentales son prestados directamente mediante la utilización de fondos invertidos por el propio gobierno en bienes y servicios o indirectamente mediante subsidios y préstamos gubernamentales otorgados a otros órganos encargados de prestar el mismo servicio.

La clasificación económica hace posible determinar el impacto de los gastos públicos sobre el nivel de composición del producto nacional, así como sobre su distribución. En suma permite evaluar los efectos económicos de los gastos público sobre el desarrollo económico y social, en la medida en que está midiendo la inversión pública sobre la estabilidad monetaria, en la medida en que permite mostrar el financiamiento y la política de subsidios al nivel de los precios. Esta se interesa principalmente por ordenar las transacciones gubernamentales según la naturaleza económica de los efectos que produce sobre la vida nacional.

Clasificación por funciones

Esta clasificación agrupa las transacciones del gobierno según la finalidad particular a que se destinan. La finalidad se refiere a los distintos servicios prestados directamente o que sean financiados por el gobierno. Su objetivo es presentar una descripción que permita informar sobre la naturaleza de los servicios gubernamentales y la proporción de los gastos públicos que se destinan a cada tipo de servicio.

La clasificación por funciones, en consecuencia, presenta los gastos gubernamentales con arreglo a los objetivos inmediatos o a corto plazo a que se destinan, o sea, que no se consideran el impacto que puedan tener a largo plazo y su incidencia en el crecimiento económico que puedan alcanzar. El manual la define como un plan en el que se incluyen todas las clases de gastos establecidas por los órganos políticos y que se relacionan en forma definida, con finalidades completas.

La clasificación por funciones cumple con la tarea de proveer al programador y al preparador presupuestario de una visión acerca de los propósitos que el gobierno tiene en cada una de las áreas de actividad.

POLÍTICA FISCAL

Se entiende por Política fiscal como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, gasto publico, endeudamiento interno-externo del Estado, y a las operaciones y situación financiera de las entidades y organismos autónomos o paraestatales, por medio de los cuales se determina monto y distribución de la inversión y consumo públicos como componentes del gasto nacional.

Depende de lo que se considere en cada país deba ser la función del estado. En la medida que se acepte que el estado asuma la responsabilidad de crear infraestructura de desarrollo mediante inversiones en el campo económico y social, actividades agrícolas, industriales o distributivas la influencia de la política fiscal puede ser muy grande. El sector público absorbe ingresos privados por medio de impuestos, los traslada a otras manos, crea inversiones y gastos.

Propósito fundamental

• Crear el ahorro público suficiente para hacer frente al volumen de inversiones planeadas y adquirir recursos adicionales mediante endeudamiento interno y externo.

• Absorber de la economía privada, ingresos necesarios para la provisión de servicios públicos necesarios.

• Manipular instrumentos tributarios, de gasto, cambiarios, de fijación de precios, tarifas, de forma que se creen los suficientes incentivos para el sector privado genere ahorros requeridos para desarrollo económico y cree inversiones.

POLÍTICA MONETARIA

Conjunto de acciones llevadas por el Banco Central, cuyo fin es influir en el crecimiento económico mediante manejo de variables monetarias de la economía. Por medio de la aplicación de esta, se prevé el manejo de variables como la inflación, emisión monetaria, funcionamiento del banco Central, regulación de bancos comerciales, tipo de interés, protección a reservas de oro y dólares.

Objetivos de la política monetaria:

• Luchar contra la inflación: El papel de la política monetaria consiste en mantener una adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económico con el objeto de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios.

• Contribuye al crecimiento económico: En la medida en que la política monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y crediticias favorables a la estabilidad de los precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en inversión y consumo que aceleran el ritmo de actividad económica. La compatibilidad entre este mayor ritmo de actividad con baja inflación es requisito fundamental para un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

• Ayuda a la estabilidad del tipo de cambio: Con estas medidas, la política monetaria contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la producción doméstica. Para ello es necesario contar con un nivel de reservas internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de bienes y servicios indispensables al desempeño normal de la economía, además de ofrecer las divisas suficientes a su debido costo de oportunidad para el pago de los sectores público y privado a sus acreedores externos.

• Contribuye a la estabilidad del sistema financiero y de pagos de la economía.

Instrumentos que se utilizan en la política monetaria

Para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, el banco central emplea instrumentos que influyen directa e indirectamente sobre las reservas bancarias, las tasas de interés y las decisiones que toma la población en el manejo de sus medios de pagos, tales como monedas, billetes, depósitos a la vista y otros.

Los instrumentos de política monetaria son utilizados por el banco central de acuerdo con la naturaleza y nivel de desequilibrio prevaleciente en el mercado, y su incidencia puede ser de carácter general o específico. Las operaciones de Mercado Abierto (OMA), el redescuento, la fijación del encaje legal y la persuasión moral constituyen los instrumentos de acción más general a disposición del banco central.

POLÍTICA TRIBUTARIA

Conjunto de directrices, orientaciones, criterios y lineamientos para determinar la carga impositiva.

Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE)

La Oficina Nacional de Presupuesto es el órgano rector del Sistema Presupuestario Público, creado con la finalidad de cumplir las atribuciones que le confiere el artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP, Gaceta Oficial N° 37.029, del 5 de septiembre de 2000).

Fue creada el 1 de enero de 1978, por mandato expreso del artículo 65 de la Ley Orgánica de Régimen Presupuestario (LORP); la Ley Orgánica de Administración Central la designa Oficina Central de Presupuesto, adscrita al Ministerio de la Secretaría de la Presidencia; absorbiendo las funciones de la anterior Dirección Nacional de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda. El 29 de septiembre de 1992, la OCEPRE quedó adscrita al Ministerio de Hacienda, según Gaceta Oficial No. 4718 de esta misma fecha.

Con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), artículo 20, Gaceta Oficial N° 37.029 del 5 de septiembre de 2000, se denomina Oficina Nacional de Presupuesto.

Misión

Evaluar la ejecución del presupuesto y asesorar a la Presidencia de la República y a los Organismos sujetos a la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (LOAFSP), en el sistema presupuestario, en su formulación, seguimiento, liquidación y en la evaluación de su ejecución física y financiera, así como en su consolidación anual.

Visión

La ONAPRE busca proyectarse como una Oficina que integre a su función de control de legalidad presupuestaria, la de seguimiento de la productividad y/o eficiencia del gasto público, y al mismo tiempo la excelencia en su servicio de asesoría mediante la innovación de sus procesos y el énfasis en la calidad de su recurso humano

Estructura Organizativa

Atribuciones de la Oficina

• Participar en la formulación de los aspectos presupuestarios de la política financiera que, para el sector público nacional, elabore el Ministerio de Finanzas.

• Participar en la elaboración del plan operativo anual y preparar el presupuesto consolidado del sector público

• Participar en la preparación del proyecto de ley del marco plurianual del presupuesto del sector público nacional bajo los lineamientos de política económica y fiscal que elaboren, coordinadamente, el Ministerio de Planificación y Desarrollo, el Ministerio de Finanzas y el Banco Central de Venezuela, de conformidad con la ley.

• Preparar el proyecto de ley de presupuesto y todos los informes que sean requeridos por las autoridades competentes

• Analizar los proyectos de presupuesto que deban ser sometidos a su consideración y, cuando corresponda, proponer las correcciones que considere necesarias

• Aprobar, conjuntamente con la Oficina Nacional del Tesoro, la programación de la ejecución de la ley de presupuesto.

• Preparar y dictar las normas e instrucciones técnicas relativas al desarrollo de las diferentes etapas del proceso presupuestario

• Asesorar en materia presupuestaria a los entes u órganos regidos por esta Ley.

• Analizar las solicitudes de modificaciones presupuestarias que deban ser sometidas a su consideración y emitir opinión al respecto.

• Evaluar la ejecución de los presupuestos aplicando las normas y criterios establecidos por esta Ley, su reglamento y las normas técnicas respectivas.

• Informar al Ministro de Finanzas, con la periodicidad que éste lo requiera, acerca de la gestión presupuestaria del sector público.

• Las demás que le confiera la Ley.

Ministerio de Planificación y Desarrollo

Funciones

Son competencias del Ministerio de Planificación y Desarrollo:

• La regulación, formulación y seguimiento de las políticas de planificación y desarrollo institucional;

• La formulación de estrategias de desarrollo económico y social de la Nación, y la preparación de las proyecciones y alternativas;

Partes: 1, 2