El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales Colombianas (página 5)

Pero también se requieren condiciones "internas" relacionadas con el desarrollo específico del control, donde estén establecidas las reglas para promover y desarrollar un debate que garantice información adecuada para quien ejerce el control como garantías de defensa para el controlado. Hoy, cuando se identifican simultáneamente avances y amenazas a la democracia, el control político es una responsabilidad del Congreso de la República que debe recibir todo el apoyo de la ciudadanía

14 López Montaño, Cecilia, el valor del control político, abril 8 de 2008

• Capacitaciones.

Finalmente y presentada como parte de la solución, se encuentra la necesidad de capacitar al ciudadano en el conocimiento de la financiación de los partidos políticos, tanto normativa como contablemente. Sólo de ésta manera se logrará un real control social sobre la corrupción en las campañas electorales.

Pero también es necesaria la capacitación al interior de los órganos de control, en la contabilidad interna de los partidos, respecto al conocimiento generalizado del régimen de sanciones penales e implicaciones políticas y sociales que generan estas conductas lesivas, y sobre todo, para que se entienda que el libre juego de la política no es en sí mismo el generador de la corrupción, sino la ambición de poder y dinero del ser humano.

Capítulo III. La confianza de la opinión pública

• Importancia.

Abordemos primero el concepto de opinión pública para con posterioridad encauzar su estudio dentro del tema que nos interesa, esto es, la fuerza crítica de la opinión pública dentro de una democracia.

El modelo de Haberlas, o la opinión pública como proceso racional, es un proceso de acuerdos al interior de la sociedad, que otorga legitimidad al régimen democrático. Es el garante de la democracia.

Habermas construye una tipología de la acción. De ahí deviene la comprensión de la acción a través de dos formas, como acción estratégica y como acción comunicativa. La acción estratégica es aquella que se orienta a la consecución de fines y la acción comunicativa está orientada a la comprensión.

Es esta visión dual de la sociedad la que establece entonces dos niveles de acción: mundo de la vida y sistema. El sistema es el campo propio de la acción estratégica y, por tanto, de las acciones orientadas al éxito. La acción comunicativa es propia del mundo de la vida. Y es éste el espacio de las acciones orientadas al entendimiento. El espacio en el que los individuos reconocen, a través del lenguaje, las pretensiones de validez del otro. El ámbito en el que opera la opinión pública. 15

El segundo modelo es el elaborado por Noelle-Newman, más conocido como la opinión pública como control social. Este modelo ha sido desarrollado por la autora en su hipótesis de la Espiral del Silencio. Para ella, "la opinión pública es definida como esa especie de censura que se observa a través del control social que de manera natural todos los individuos de una sociedad tienden a reconocer intuitivamente.

15 Maricela Portillo Sánchez, Razón y palabra, n°18, 2000.

De esta manera, la hipótesis de la Espiral del Silencio se basa en la idea del miedo al aislamiento social. La principal preocupación de Noelle-Neumann es identificar cómo se forma la opinión pública en el marco de una sociedad que castiga a los individuos que no piensan como la mayoría. El supuesto de fondo es que las personas suelen reaccionar ante el conjunto del que forman parte, lo cual indica que "es probable que teniendo que decidir dónde ubicarse respecto a un problema de importancia pública, muchas personas no se basen en su propia opinión sino en sus propias lealtades sociales para decidir (…) no eligen dónde posicionarse, sino con quién estar" (Wolf, 1992: 66). La hipótesis de la Espiral del Silencio señala que los individuos realizan una constante supervisión del entorno, de tal suerte que son plenamente conscientes acerca de cuáles opiniones son "políticamente correctas" o van "ganando terreno". (Portillo, Maricela, 2000, p.1)

Esta supervisión del entorno se da de manera natural y permite al individuo adherirse a la opinión de las "mayorías". Así, se inicia un proceso en espiral, en el cual, los individuos tienden a responder bien sea con el consentimiento o bien con el silencio. De esta manera

Quienes se sienten portadores de opiniones discrepantes de las mayorías tenderán, por la presión social del miedo, a sentirse aislados o en choque con lo mayoritario bien visto, a silenciar sus verdaderas opiniones, favoreciendo así la impresión de los que opinan en mayoría, de que su preponderancia social es incluso más extensa de la existente en realidad. (Portillo, Maricela, 2000, p.3)

Recordemos en este punto el pensamiento de Rousseau: en esta negociación que se da entre el consenso social y las convicciones individuales, se refleja la opinión pública.

Dicho de otra manera, la opinión pública refleja la lucha entre el nivel individual y el social. Podemos decir entonces, de acuerdo a la autora, que la opinión pública es el conjunto de presiones sociales básicas sentidas en una comunidad.

La visión de Habermas es una reflexión teórica que sin duda requiere del ingrediente del deber ser. A Noelle-Neumann puede criticársele el hecho de que reduce el concepto de opinión pública al de la tiranía de la mayoría. Pero bajo cualquier concepto, la importancia de la opinión pública en los sistemas políticos actuales, es innegable.

Un sistema político que ha caído en la corrupción pierde la lealtad y el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Lo importante no es en sí misma la corrupción sino "la percepción generalizada de que todo el sistema y las garantías que supuestamente proporciona a sus leales ciudadanos, han sido envilecidas por el dinero." (Johnston Michael, Votos, dinero y buena política en los Estados Unidos, P.84).

No es entonces, y como conclusión, el comportamiento transparente el que necesariamente mantiene la lealtad de la ciudadanía, es la lealtad de ésta la que disuade la corrupción. La importancia de la opinión pública es sin duda incuestionable.

• Desconfianza como castigo al infractor.

La preocupación por los sistemas electorales corruptos en donde el lavado de activos es el protagonista, es válida. Sin embargo no es sólo previniendo la corrupción como se limpiará el camino. Debe, como dijimos en aparte anterior, fomentarse además una política competitiva y abierta y la existencia de un Estado eficaz. Adicionemos también la confianza de la opinión pública en sus gobernantes y en las políticas públicas. Todo esto hará accesible a todos las ventajas de la democracia, y este será el remedio contra la corrupción.

Podríamos incluso pensar en una especie de voto de castigo de la opinión pública contra el político infractor. El voto es en general una afirmación positiva de la voluntad individual, un pronunciamiento a favor de algo o de alguien. El voto castigo por otra parte consiste en negar el apoyo electoral a quien se apoyó antes, para castigarlo por el descontento que ha producido su gestión, tratando de impedirle el acceso a una nueva representación política. Puede manifestarse como voto en blanco (que también expresa una disconformidad general con el sistema) o votando al adversario. 16

De esta manera el partido o candidato a quien la opinión pública le retire sus afectos por consideraciones de corrupción, tendrá que someterse al ostracismo político, sin que pueda serle posible acceder nuevamente a la vida política. Así tendríamos un arma eficaz de disuasión, el castigo de la opinión al corrupto.

16 www.eumed.net/dices/definicion.php?dic=3&def=541 – 30k

Capítulo IV. Contribuciones y gastos

• Límites a las contribuciones.

Como se dijo en capítulo anterior, se tienen que adoptar medidas para prevenir el lavado de activos, relacionadas con el origen, cantidad y volumen de las contribuciones. 17 La primera tarea sería establecer qué es una contribución, de acuerdo a las normas que rigen su cantidad, origen y equidad. En este sentido el Consejo Permanente de la OEA, manifiesta en sus recomendaciones: "En cuanto a la cantidad, en la mayoría de las legislaciones se fijan límites máximos al costo total de las campañas electorales y algunas, incluso, determinan límites individuales a lo que cada persona natural o jurídica puede contribuir a un candidato o partido político en una determinada campaña electoral. En cuanto al tema del origen, el problema suele plantearse en términos de prohibir las contribuciones anónimas y exigir, por el contrario, un registro minucioso de los contribuyentes. Por último, el tema de la equidad se plantea en términos de los porcentajes que debe aportar el Estado a cada candidato de acuerdo a las votaciones recibidas por los correspondientes partidos políticos en las elecciones inmediatamente anteriores así como en función de garantizar a todos un mínimo de espacio en los medios de comunicación social para que tengan la oportunidad de presentar sus ideas ante el electorado. La equidad también se persigue a través del establecimiento de límites de duración a las campañas electorales, de manera que aquellos candidatos con mayores recursos no tengan demasiadas ventajas con respecto a los candidatos con menor capacidad de recaudar fondos. Cuando se analizan cuidadosamente estas tres perspectivas, surge, sin embargo, una serie de dificultades que complican el tema significativamente."

17. Olano García, Hernán, Derecho Electoral: la financiación de campañas electorales, legislación desconocida, p. 18.

Abordemos un aspecto poco o nada tratado en el país y es el que se relaciona con la responsabilidad del sector empresarial en la financiación de campañas y candidatos políticos. Este sector debería alertar al país sobre la procedencia y el volumen de los recursos que se están invirtiendo en las campañas, asumiendo compromisos concretos en relación con la financiación de la política.

En ausencia de condiciones que garanticen que los ciudadanos puedan acceder a información sobre la financiación de las campañas, tema que se trató anteriormente, las contribuciones de los empresarios también pueden tergiversar las elecciones, en tanto que por este medio busquen obtener retribuciones de los elegidos por cuenta de los aportes recibidos.18

"Como no existen en la normatividad límites a las contribuciones privadas para financiar las campañas a gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL, puede suceder que los empresarios aporten grandes sumas de dinero y con ello comprometan fácilmente la independencia y autonomía de las decisiones de los candidatos que resulten elegidos, que tenderán a "pagar el favor" con nombramientos en cargos públicos, contrataciones con recursos estatales a favor de la empresa financiadora, o con la adopción de políticas públicas que beneficien los intereses del gran contribuyente. Todo lo anterior en detrimento de la gobernabilidad y la estabilidad democrática." Afirma Paola Zúñiga Valcárcel en su artículo publicado en la revista Transparencia por Colombia.

18 Zúñiga Valcárcel Paola, 2007, ¿Puede el sector empresarial contribuir a transparentar el financiamiento de la política?, "Transparencia por Colombia", p.1.

Dados estos riesgos, el sector empresarial debe mostrar un alto grado de compromiso con la financiación de la política, asumiendo posturas éticas que apoyen al ciudadano común en la consecución de una verdadera democracia participativa.