El lavado de activos en el financiamiento de las campañas electorales Colombianas

Resumen

Uno de los aspectos de la crisis de los partidos políticos es sin duda la necesidad de recaudar importantes sumas de dinero para poder encarar las campañas electorales, menoscabando, muchas veces, los fines y las funciones legítimas que están llamados a cumplir dentro del sistema democrático, y afectando seriamente su credibilidad. Los crecientes casos de corrupción y de dineros ilícitos en las campañas, nos alerta sobre la necesidad de controlar el ingreso del dinero a las mismas, especialmente si de campañas presidenciales se trata.

De esta preocupación han nacido los intentos legales en muchos países, para evitar la distorsión de los procesos electorales. En Colombia existe un marco legal que reglamenta el financiamiento de las campañas políticas: la Ley 58 de 1985, el Decreto 1926 de 1990, los artículos 109 y 265 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 130 de 1994, Ley de Partidos, y más recientemente la Resolución 067 de enero de 2.008 del CNE.

La Ley Penal Colombiana tipifica y sanciona algunas conductas que pueden presentarse en el financiamiento de las campañas electorales como el enriquecimiento ilícito, la receptación, los delitos contra el sufragio (perturbación electoral, violencia y fraudes electorales, voto fraudulento, alteración de resultados electorales, etc.) También se ha tipificado como delito el lavado de activos.

De acuerdo al marco legal establecido por la Ley 130 de 1994, se establecieron dos clases de financiación estatal: la directa, que hace relación a los montos que los candidatos tienen derecho a percibir por concepto de reposición por voto obtenido, y la indirecta que se refiere al acceso a los medios de comunicación social del Estado y a la franquicia postal. El control estatal sobre los recursos de origen público audita la forma en que los partidos gastan el dinero de los ciudadanos, mientras que el control sobre los ingresos o financiamiento privado, pretende evitar la influencia indebida del dinero en la política.

La mayoría de las legislaciones propende por fijar límites máximos al costo total de las campañas electorales, pero también hay que tener en cuenta el origen de los dineros que ingresan en ellas, con el objeto de prohibir las contribuciones anónimas, y castigar la receptación y el lavado de activos.

El sistema colombiano, en lo que hace a la rendición sobre financiamiento privado, incluye informes sobre donaciones en especie, préstamos, bienes del partido político, recaudación de fondos en eventos realizados para tal fin, y autofinanciamiento en general; los informes también deben incluir información sobre la identificación del donante. Sin embargo, y a pesar del aparente avance del sistema, existen importantes niveles de desconfianza respecto a la confiabilidad de estos datos. Por otra parte el órgano de control no posee mucha credibilidad, ya que carece de independencia y de recursos materiales y humanos suficientes para emprender con éxito su tarea. Carece también del poder de sancionar las violaciones a las leyes que reglamentan el tema. Por otra parte los datos presentados por los partidos y candidatos a órganos estatales, son de difícil o nulo acceso para los actores del control social, a saber, los periodistas, los ciudadanos, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos y los aspirantes a cargos públicos, lo cual dificulta en grado sumo el control social.

Para lograr la transparencia en el manejo de dineros de las campañas políticas es necesario integrar los procesos que pretenden regular el financiamiento, con el control que ejerce el órgano estatal: el control social es ejercido por los ciudadanos siempre y cuando puedan tener acceso a los informes sobre el financiamiento. A su vez éstos deben reflejar fielmente la rendición de cuentas de los actores políticos, y la rendición se fundamenta en el sistema de contabilidad interna de los partidos. Toda la maquinaria descrita debe estar, a su vez, sujeta al control de un órgano estatal bien dotado e independiente de los demás ramas del poder estatal. De igual manera, la sana competencia política es una herramienta poderosa en la lucha contra la corrupción al interior de las campañas políticas.

Una de las posibles soluciones al problema de la corrupción sería la adopción de un fideicomiso ciego: como los candidatos desconocen la identidad de los donantes, éstos no están en condiciones de exigir que se les retribuyan los favores. Por otra parte la extorsión se haría difícil porque el candidato no podría saber si aquellos que pretenden presionarle realmente han aportado dinero a su campaña.

Conocer el origen de los recursos que financian las campañas electorales también se constituye en elemento importante para evitar la corrupción, en la medida en que permite a la ciudadanía identificar los intereses económicos que apoyan a los distintos candidatos. De esta manera, los ciudadanos están mejor preparados para ejercer su propio voto y para monitorear las actividades de los representantes una vez electos.