3. Aumento de la productividad real y diversificación de las exportaciones, exportadores y destinos mundiales;
4. Inserción estratégica y soberana en el mundo e integración latinoamericana;
5. Transformación de la educación superior y transferencia de conocimiento en ciencia, tecnología e innovación;
6. Conectividad y telecomunicaciones para construir la sociedad de la información;
7. Cambio de la matriz energética;
8. Inversión para el Buen Vivir, en el marco de una macroeconomía sostenible;
9. Inclusión, protección social solidaria y garantía de derechos en el marco del Estado Constitucional de Derechos y Justicia;
10. Sostenibilidad, conservación, conocimiento del patrimonio natural y fomento al turismo comunitario;
11. Desarrollo y ordenamiento territorial, desconcentración y descentralización; y,
12. Poder ciudadano y protagonismo social.
A partir del análisis del debate de las políticas de fomento productivo y en línea con nuestro PNBV; la Presidencia de la República y el Consejo de la Producción aprobaron los ejes para el diseño de una Agenda de Transformación Productiva (ATP), basada en políticas sectoriales, transversales y programas, que provoque una verdadera transformación económica, que se aleje del modelo primario exportador para pasar a una economía de conocimiento, de exportaciones de alto valor agregado, y en total sintonía con la protección de la naturaleza. Para ello se utilizarán políticas industriales activas, integrando las políticas de fomento productivo, con las comerciales, empleo y las de promoción de exportaciones. Así también las políticas ambientales y de innovación, capacitación, calidad, desarrollo empresarial, financiamiento al sector privado, laboral, compras públicas, como instrumentos de desarrollo productivo; entre otras, fomentarán prioritariamente los sectores que desde una óptica de sustitución estratégica de importaciones, potencial exportador y de soberanía alimentaria, presenten las mayores potenciales para la diversificación productiva y la generación de empleo. La Agenda integra también todas las políticas sectoriales ya aprobadas por el Ejecutivo y debidamente consensuadas con los actores relevantes, como son la de agricultura familiar, agricultura empresarial, ganadera, pesquera, soberanía alimentaria, turismo, servicios e industrial. Hemos empezado ya con una lista de sectores que hemos denominado Apuestas Productivas, pero sin desconocer que este es un proceso de construcción permanente y en conjunto con el sector privado.
La Agenda descansa en una política y estrategia de competitividad o productividad sistémica, la misma que abarca todos los esfuerzos del gabinete por mejorar la infraestructura con un enfoque integral logístico, nuevos patrones de producción y consumo sustentables, la matriz energética, la reforma educativa y salud fundamentales para el desarrollo del talento humano; y la estrategia y programa "Sin Trámites" orientado a reducir los costos de transacción en toda la tramitología empresarial y que comprende también la iniciativa de ventanilla única electrónica, que busca hacer eficiente los procesos de todas las instituciones involucradas en el comercio exterior. Esta estrategia del Consejo de la Producción se complementa con las iniciativas que desde la Secretaria Nacional de la Administración Pública y otros entes se implementan para llegar a tener un gobierno electrónico mediante la simplificación y puesta en línea de los principales trámites que la ciudadanía tiene que realizar con el Gobierno Central.
El proceso de construcción de la Agenda de Transformación Productiva (ATP) es un proceso permanente y nos encontramos en el proceso de afinamiento de las siete agendas regionales, las que serán complementadas con el diseño e implementación de planes de mejora competitiva y de logística. Así también, la Agenda Nacional y las de las 7 regionales contarán con acciones específicas para cumplir con cuatro ejes transversales:
Fomento de la equidad y democratización del acceso a los medios de producción;
· Inclusión de la dimensión ambiental;
· Equidad regional; y,
· Competitividad Sistémica
En la actualidad, la Constitución de la República y el Plan Nacional del Buen Vivir establecen los principios que deben regir la política comercial, y que en lo fundamental se orientan a una articulación inteligente del país a nivel internacional, privilegiando la integración latinoamericana, promoviendo la inclusión económica de las pequeñas unidades productivas y propiciando la diversificación productiva; en última instancia, se busca modificar el patrón de especialización productiva del país, caracterizado por la múltiple concentración (productos, mercados, empresas, propietarios) y un enfoque extractivista primario.
La Constitución marca las pautas para la definición de política comercial y la administración del comercio: diversificación de los mercados y la gama de productos exportados, atendiendo a los ciclos físicos y materiales de reproducción de la naturaleza y fomentando a nivel internacional una gestión responsable en temas de producción y medio ambiente. Es decir, la política comercial es un instrumento de la política de fomento productivo y del cambio del modelo extractivista para pasar a uno incluyente y de transformación basado en el conocimiento y en actividades de alto valor agregado. La política comercial también debe propiciar un intercambio justo y mercados transparentes, deben impulsar el comercio justo y la promoción del consumo y producción de bienes ambientalmente responsables.
Las relaciones Internacionales, en lo que se refiere a la política comercial, se impulsan, entre otros, los siguientes principios:
Independencia e igualdad jurídica de los Estados, la convivencia pacífica y la autodeterminación de los pueblos, así como la cooperación, la integración y la solidaridad.
Promueve la conformación de un orden global multipolar con la participación activa de bloques económicos y políticos regionales, y el fortalecimiento de las relaciones horizontales para la construcción de un mundo justo, democrático, solidario, diverso e intercultural.
Impulsa prioritariamente la integración política, cultural y económica de la región andina, de América del Sur y de Latinoamérica.
Fomenta un nuevo sistema de comercio e inversión entre los Estados que se sustente en la justicia, la solidaridad, la complementariedad, la creación de mecanismos de control internacional a las corporaciones multinacionales y el establecimiento de un sistema financiero internacional, justo, transparente y equitativo. Rechaza que controversias con empresas privadas extranjeras se conviertan en conflictos entre Estados.
Además, la Constitución promueve el impulso, la creación, ratificación y vigencia de instrumentos internacionales para la conservación y regeneración de los ciclos vitales del planeta y la biosfera.
En suma, la Constitución en materia de política comercial establece la necesidad de que las acciones se orienten a propiciar la articulación internacional bajo principios de equidad y solidaridad, para propiciar el desarrollo equilibrado de la economía, la sociedad y el ambiente; propicia la integración de bloques, principalmente en América Latina y promueve la diversificación de destinos, de productos y de exportadores; además privilegia la constitución de cadenas productivas que relacionen a pequeños y medianos productores con los mercados internacionales.
Por otro lado, la legislación nacional vigente en materia de fomento productivo y de facilitación a las actividades productivas se encuentra caduca. Así como todo este marco regulatorio vigente no es adecuado para el fomento de actividades de servicios e intensivas en conocimiento, que justamente el Plan Nacional del Buen Vivir y la Agenda de Transformación Productiva buscan impulsar. La institucionalidad creada en las distintas leyes que se buscan derogar o reformar con este código, necesita una reestructuración integral, que agilite la promoción, facilitación y control de los incentivos en las actividades productivas.
Así, por citar varios ejemplos, la Ley de Comercio Exterior e Inversiones vigente está basada en una política aperturista, pero no contiene los instrumentos de política comercial y de administración de comercio, necesarias no sólo para implementar una política de fomento productivo integral, sino para manejar shocks externos, sobre todo cuando el esquema monetario actual no permite la implementación de una política monetaria nacional. La ley actual ha relegado la ejecución de la política comercial a las generalidades de las regulaciones establecidas en los tratados internacionales, lo cual ha demostrado no ser eficiente a la hora de aplicar estos mecanismos a la realidad ecuatoriana, lo que, a su vez, ha generado cuestionamientos legales que se reflejan en procesos administrativos y judiciales que muchas veces han afectado la actividad del Estado.
De igual manera, la misma ley mantiene un capítulo sobre la regulación de inversiones en el Ecuador, que en la práctica no ha fomentado el incremento e interés de inversiones productivas, nacionales o extranjeras, en nuestro país. Más aún, en sectores estratégicos para el Estado, las regulaciones actuales no dejan espacio a establecer mecanismos de incentivos de acorde a la planificación nacional y sectorial.
Por su parte, la actual Ley Orgánica de Aduanas no permite, en algunos aspectos, que el accionar en los procesos de comercio exterior sea el adecuado, con la consecuente afectación a la competitividad de la producción nacional. Esta legislación en particular promovió una serie de procesos administrativos y de tramitología engorrosa en las importaciones y exportaciones, que al intentar modernizarse se han encontrado con la traba de una reforma legal de difícil viabilidad. De esta manera, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador debe estar acorde a la realidad del comercio exterior, para lo cual resulta indispensable una reforma integral que cambie sustancialmente la operación aduanera. Está Institución se debe volver facilitadora y ágil, pero con un adecuado equilibrio en el aspecto sancionador, debido a que si bien una mayor apertura permite ser más eficientes, esto debe ser compensado con un régimen sancionatorio práctico, drástico y fácil aplicación.
En el presente proyecto se procura reducir las normas reglamentarias contenidas en la ley, remitiendo al reglamento un sinnúmero de aspectos operativos, lo que permitirá una normativa dinámica, que pueda ser actualizada permanentemente conforme a los cambios producidos en la realidad comercial de nuestro país. Los aspectos reservados a la ley son aquellos que forman el marco fundamental que garantice la seguridad jurídica para las inversiones, que establezca con claridad los instrumentos de política comercial, que actualice los regímenes aduaneros de fomento productivo y garantice las competencias administrativas de control aduanero, tributario y régimen sancionatorio.
Así también, se busca cubrir los vacíos legales que existen en la actividad tanto pública como privada, relacionada con el fomento e incentivos a las micro, pequeñas y medias empresas, que deben ser el motor del crecimiento productivo de la economía nacional.
Por su parte, los sectores estratégicos de la economía, reconocidos en la Constitución de la República vigente, se caracterizan por integrar un conjunto de actividades que requieren de inversiones intensivas, a veces en sectores de riesgo como minería, hidrocarburos, etc. Considerando entonces que se trata de sectores en los que tanto la inversión, cuanto su recuperación, se hacen a largo plazo, es necesario establecer parámetros que permitan a los inversionistas definir con claridad las reglas que se aplicarán a sus actividades en un determinado periodo, otorgando estabilidad en cuanto a la imposición de cargas tributarias y obligaciones jurídicas, que generalmente son las que mayor impacto tienen al momento de tomar la decisión de invertir en estos sectores.
Además de los aspectos generales, esta propuesta sugiere el establecimiento de una alternativa impositiva para los inversionistas, en el sentido de que ellos puedan acogerse a un régimen tributario diferenciado, según el sector de la economía donde inviertan y los parámetros de la inversión que realicen; todo lo cual puede complementarse con las medidas adicionales, de carácter general, para todo tipo de inversiones que se plantean en esta propuesta.
En lo que respecta a la estabilidad para el inversionista en megaproyectos estratégicos, los contratos de inversión serían una alternativa válida para su desarrollo, siempre que se establezcan los límites adecuados para su duración y ejecución. Adicionalmente, este contrato debería concebirse como una herramienta inicial para fomento de la inversión, sin perjuicio de la obtención de los títulos habilitantes (concesiones, licencias, permisos, etc.), que deben otorgarse en cada sector; y, evidentemente, sin que el contrato de inversión implique una limitación o anulación en el ejercicio de las atribuciones de regulación y control sectorial específico del Estado, que puede ejercerlas cuando lo considere conveniente.
Respecto de las propuestas específicas que se plantean para el sector eléctrico, cabe indicar que éstas buscan resolver dos aspectos puntuales vigentes en la actualidad. Primero, si bien la ley tiene prevista una garantía de pago de la energía vendida, ésta, en la práctica, no es aplicada. La propuesta busca que la generación eléctrica nacional tenga las mismas garantías y condiciones de pago que las que se aplican a las transacciones internacionales de energía, de manera que los nuevos inversionistas tengan definido el mecanismo de pago de la energía vendida, y no se generen los déficits que han sido característicos en el sector. Esta medida deberá ir acompañada de una mejora en la gestión de las empresas distribuidoras públicas, de manera que la recuperación de la facturación y la reducción de pérdidas sea cada día menor.
Finalmente, la reforma a la Ley de Régimen del Sector Eléctrico busca resolver la limitante actual que existiría de otorgar concesiones o permisos al sector privado, para desarrollar actividades de generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica.
Revista Judicial 26-10-2010
Código de la Producción de Ecuador será enviado este lunes a la Asamblea Nacional para su tratamiento en 30 días.
El Ejecutivo enviará este lunes el proyecto de Código Orgánico de la Producción para su tratamiento en la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente. El documento contempla reformas en materia tributarias, aduanera, incentivos para las inversiones como la reducción de tres puntos en el pago del Impuesto a la Renta (IR) a todas las inversiones progresivamente hasta el 2013.
Así mismo, establece incentivos para nuevas inversiones sobre todo en zonas deprimidas que no estén en las zonas urbanas de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. La ministra coordinadora de la Producción, Nathalie Cely, informó que su objetivo es generar equidad territorial. "No es que estas ciudades no se merezcan sino que son las ciudades de más desarrollo y queremos estimular el desarrollo en otras regiones", señaló.
Cely también explicó que el incentivo especial sobre el no cobro del Impuesto a la Renta y del Impuesto mínimo por los cinco primeros años para la nueva inversión "es justamente eso, para la nueva inversión. No estamos hablando de nuevas empresas estamos hablando de nuevas inversiones. Puede ser que una empresa que ya está establecida en el país traiga nuevos recursos para destinar a la actividad productiva", aclaró.
El cuerpo legal, que deberá tramitarse en 30 días, incorpora también el concepto de salario digno, que deben pagar todos los empresarios a sus trabajadores.
Ese salario está finado en $360, según un cálculo basado en la brecha que existe entre la canasta básica y el salario básico. Esta compensación regirá temporalmente (mientras el ingreso mínimo llegue a ese valor) y no será un derecho adquirido.
De acuerdo con la norma, ningún empresario podrá declarar utilidades mientras sus trabajadores no accedan a una remuneración de $ 360. En este caso, el presidente aclaró que se buscarán compensaciones para las empresas que por cumplir este requisito ven afectadas sus utilidades.
El Código de la Producción tiene cinco ejes: Facilitar el financiamiento a todos los actores productivos y en particular a las micro y medianas empresas. La finalidad es que estos sectores tengan acceso al crédito con lo cual se fortalecerá el sistema de finanzas populares.
Cely señaló que el país ha avanzado en el acceso al financiamiento, el mismo que pasó de 25% del PIB en el 2006 al 28% en la actualidad. "Hay participación de la banca privada, pero de la pública que se ha triplicado".
El segundo eje tiene que ver con los incentivos: disminución de impuestos y la creación de una zona económica de desarrollo especial, que son territorios donde se podrán realizar transferencia tecnológica. En estos sectores, también se reducirán los aranceles, se exonerará el valor agregado y se reducirá en cinco puntos el Impuesto a la Renta.
Cely explicó que serán incentivos específicos para las pequeñas y medianas empresas orientadas a mejorar su productividad y su oferta exportable. "Queremos duplicar la inversión productiva en nuestro país", dijo.
El tercer objetivo es mejorar el talento humano, es decir, perfeccionar la capacitación profesional por medio de los Sistemas de capacitación. Según datos del MCPEC, antes, solo el 1% de la población económicamente activa se capacitaba en programas públicos, mientras que ahora, llega al 7,7%. "Las capacitación tiene que ser basada en competencias laborales", mencionó la secretaria de Estado.
El cuarto eje se refiere a la reforma integral en lo referente a la transferencia de tecnología. La idea es crear un sistema nacional que articule los institutos públicos y privados para convertir la tecnología en un instrumento de uso público, ya que los sectores privados cuando realizan descubrimientos tecnológicos lo patentan y, por tanto, se debe pagar por su uso.
El Cógido de la Producción también busca la competitividad sistémica, con lo que pretende contar con sistemas de inversión para financiar obras de infraestructura.
Este código fue consensuado a los sectores productivos del país, quienes presentaron 960 observaciones que fueron acogidas.
Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayas, manifestó que con la aplicación del Código se prevé un escenario en el cual la microempresa puede crecer, ya que la gran industria tiene autogestión y puede obtener préstamos fuera del país.
Explicó que cerca de 260 mil microempresarios del país, se estarían beneficiando del código, "de los cuales 200 mil son pequeños y medianos empresarios, 20 mil están dentro de los gremios y 40 mil fuera de los gremios".
"Nosotros no pedimos ningún subsidio, de lo que se trata es de establecer incentivos para mejorar la producción. Hay que pensar en función país, se tiene que pensar en los sectores que necesitan crecer", enfatizó Carló.
EL NUEVO EMPRESARIO lunes 18 de octubre del 2010
Ecuador alista código de producción para desarrollo y "empleo de calidad"
20/10/2010
Quito | Efe – El Gobierno de Ecuador anunció que esta semana enviará a la Asamblea Nacional un Código de la Producción, que busca fomentar el desarrollo industrial y el "empleo de calidad" en el país.
La ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, explicó en rueda de prensa que el proyecto será entregado al órgano parlamentario este jueves para su análisis.
Indicó que el Código ha sido discutido durante meses con representantes de todo los sectores productivos del país, para consensuar la medida que, según dijo, no ha sido elaborada "a la medida de algún sector productivo" sino como un "nuevo modelo" de desarrollo para el país.
El Código busca fomentar la producción y generar el "empleo de calidad", que supere las remuneraciones básicas y suponga una capacitación permanente de los trabajadores.
La nueva política productiva del Gobierno busca también alcanzar, de forma sostenida y permanente, tasas del crecimiento económico en el orden del 8 por ciento anual, que es la que alcanzó en 2008.
La ministra explicó que uno de los capítulos más importantes del Código de la Producción es el que se refiere a las Zonas Especiales de Desarrollo (zedes), que serán lugares específicos en el país donde se concentrarán inversiones productivas.
En esas zonas se podrán instalar empresas que cumplan con la función de transferencia e incorporación de tecnología, que se instalen industrias dirigidas a la exportación o que provea de servicios logísticos fundamentales.
Las zedes serán distintas a las denominadas zonas francas, aunque en ellas también se aplicarán incentivos económicos como la anulación del impuesto a la salida de capitales o el establecimiento de un tributo a la renta permanente del 17 por ciento.
Esta iniciativa demuestra que "el Estado no está para suplantar a la empresa", sino para controlar, regular y fomentar las iniciativas privadas, subrayó Cely.
Además, agregó que el Código promoverá incentivos a la producción ecológica y al uso de energías renovables y limpias y será una "herramienta muy importante" para el desarrollo de la "Economía social y solidaria" que adelanta el Gobierno.
De su lado, el viceministro de la Producción, Patricio Peña, indicó que el código irá acompañado de un reglamento, que regulará el funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo propuesto.
Por ejemplo, precisó Peña, las zedes serán zonas de "alta concentración de inversión" y de "alto impacto tecnológico", que implique también mejorar las condiciones de empleo.
MIS FINANZAS 20/10/2010
Ecuador: Correa cree necesario que "Código de Producción" esté listo este mismo año
19/09/2010
(EFE) – El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó este sábado la necesidad de que el llamado "Código de la Producción" esté listo este mismo año para impulsar el desarrollo del país.
En su informe semanal de labores, Correa anunció que ya está listo el "Código de la Producción" para ser enviado a la Asamblea Nacional como proyecto urgente, por lo que deberá ser despachado por el organismo en un máximo de 30 días.
"Es necesario tenerlo antes de diciembre, porque se dan algunas excepciones tributarias que tienen que acordarse para que rijan desde el próximo año", indicó el gobernante al hablar sobre ese nuevo marco de la producción.
Entre las excepciones tributarias, destaca la exoneración del impuesto a la renta por 5 años para nuevas inversiones, en cantones que no sean Guayaquil, Quito y Cuenca.
El marco de la producción plantea incentivos para la inversión nacional e internacional, reconoce zonas especiales de desarrollo industrial, técnicas de simplificación, "dignificación" del salario, entre otros, dijo.
"El código tiene una visión de largo plazo para transformar el aparato productivo, poniendo énfasis en los sectores donde tenemos mayores capacidades, mejoras sensibles a las condiciones del trabajador", entre otros, agregó.
En su reciente viaje a Japón, Correa comentó que el Código de la Producción "establecerá de manera general las reglas del juego para inversión privada nacional y extranjera".
Esa ley permitirá el desarrollo de Zonas Especiales de Desarrollo Económico centradas en los sectores logístico e industrial para fortalecer la posición de Ecuador como centro exportador en el Pacífico.
Ecuador alista código de producción para desarrollo y "empleo de calidad"
20/10/2010
Quito | Efe – El Gobierno de Ecuador anunció que esta semana enviará a la Asamblea Nacional un Código de la Producción, que busca fomentar el desarrollo industrial y el "empleo de calidad" en el país.
La ministra coordinadora de la Producción, Empleo y Competitividad, Nathalie Cely, explicó en rueda de prensa que el proyecto será entregado al órgano parlamentario este jueves para su análisis.
Indicó que el Código ha sido discutido durante meses con representantes de todo los sectores productivos del país, para consensuar la medida que, según dijo, no ha sido elaborada "a la medida de algún sector productivo" sino como un "nuevo modelo" de desarrollo para el país.
El Código busca fomentar la producción y generar el "empleo de calidad", que supere las remuneraciones básicas y suponga una capacitación permanente de los trabajadores.
La nueva política productiva del Gobierno busca también alcanzar, de forma sostenida y permanente, tasas del crecimiento económico en el orden del 8 por ciento anual, que es la que alcanzó en 2008.
La ministra explicó que uno de los capítulos más importantes del Código de la Producción es el que se refiere a las Zonas Especiales de Desarrollo (zedes), que serán lugares específicos en el país donde se concentrarán inversiones productivas.
En esas zonas se podrán instalar empresas que cumplan con la función de transferencia e incorporación de tecnología, que se instalen industrias dirigidas a la exportación o que provea de servicios logísticos fundamentales.
Las zedes serán distintas a las denominadas zonas francas, aunque en ellas también se aplicarán incentivos económicos como la anulación del impuesto a la salida de capitales o el establecimiento de un tributo a la renta permanente del 17 por ciento.
Esta iniciativa demuestra que "el Estado no está para suplantar a la empresa", sino para controlar, regular y fomentar las iniciativas privadas, subrayó Cely.
Además, agregó que el Código promoverá incentivos a la producción ecológica y al uso de energías renovables y limpias y será una "herramienta muy importante" para el desarrollo de la "Economía social y solidaria" que adelanta el Gobierno.
De su lado, el viceministro de la Producción, Patricio Peña, indicó que el código irá acompañado de un reglamento, que regulará el funcionamiento del nuevo modelo de desarrollo propuesto.
Por ejemplo, precisó Peña, las zedes serán zonas de "alta concentración de inversión" y de "alto impacto tecnológico", que implique también mejorar las condiciones de empleo.
EL COMERCIO
Código de producción
| MARTES 19/10/2010
Los países pobres producen pocas cosas y de tecnología sencilla, mientras que los países ricos producen muchas cosas principalmente de tecnología compleja. En esta frase simplificada está la clave del desarrollo, por lo que, en la medida que sigamos produciendo solo bienes y servicios de tecnología sencilla o elemental seguiremos siendo pobres. En consecuencia, la política de producción debe perseguir primordialmente la diversificación de base tecnológica, para que marque un punto de inflexión en el desarrollo del país. El economista Ricardo Hausmann advierte que los países poco desarrollados deben producir algo de lo que hacen los países de tecnología avanzada, para aprovechar el desnivel del coste de la mano de obra, radicando en este factor su capacidad competitiva y que no debemos entrar en la competencia con los demás países del tercer mundo en bienes de tecnología sencilla, porque no habría aquella ventaja competitiva. El proyecto de Código de la Producción pretendería dar ventajas tributarias a las inversiones nuevas como incentivo para atraerlas y aplicar exenciones del impuesto a la renta a las empresas situadas fuera de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ambas medidas ya se aplicaron en los años sesenta y setenta cuando regía la Ley de Fomento Industrial para sustituir importaciones y el desarrollo productivo fue interesante pero limitado por la debilidad tecnológica del recurso humano ecuatoriano y por la pequeñez del mercado nacional. Ahora puede ser interesante volver a otorgar esos incentivos, pero en forma eficiente para aumentar y diversificar exportaciones, porque la inversión privada nacional y extranjera se ha detenido en la última década. Tanto es así, que no hemos podido generar ningún producto nuevo e importante, que empuje la modernización productiva, no obstante contar con oportunidades en la agricultura, la pesca y la minería.Ahora es esencial cambiar el clima de la política productiva del Ecuador para atraer inversiones a base de medidas inteligentes como la preparación del recurso humano para la producción de bienes con fuerte base tecnológica.Una buena medida en este sentido es que los profesionales graduados en el exterior, en universidades prestigiosas, puedan trabajar inmediatamente y sin trabas para aplicar sus conocimientos de última generación en producciones modernas. Con el mismo espíritu el Estado debe implantar Parques Tecnológicos alrededor de las universidades con el apoyo de la empresa privada, en donde los egresados de carreras técnicas, que muestren excelencia académica, reciban el apoyo financiero para trabajar en la creación y en la innovación de nuevas capacidades productivas. Estado, Academia y empresa privada pueden cambiar la calidad de nuestra producción.
Junio 2, 2010
Código de la Producción promueve la inversión en productividad
A mediados de junio, el Gobierno enviará la normativa para su discusión en la Asamblea. La Ministra asegura que el objetivo es tener un marco jurídico moderno que proporcione seguridad jurídica e incentivos claros.
Cinco políticas para el fomento de la inversión, de incentivos y de la seguridad jurídica en el país son los componentes del Código de la Producción, Inversión y Comercio que será presentado a la Asamblea a mediados de junio.
Este conjunto de normas está en proceso de consulta y consenso entre el Ministerio Coordinador de la Producción y el sector privado. La semana pasada, en Guayaquil, se dio el primer taller. La ministra Nathalie Celi explicó a unos 20 representantes empresariales el contenido del Código, que irá de la mano al Poder Legislativo con la Ley de Economía Popular y Solidaria a fin de que sus incentivos se apliquen desde el año fiscal 2011.
El Código tiene cinco tipos de incentivos, explicó Cely, generales, sectoriales, de acuerdo al actor productivo, por zonas económicas y para las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas). En cuanto a los incentivos generales se incluyen normas para todas las inversiones sin importar el sector o la procedencia.
Básicamente están recogidas en las leyes tributarias actuales, como por ejemplo la exoneración del 10% del Impuesto a la Renta para la reinversión. Entre los incentivos sectoriales se incluye un tributario adicional que es la reducción del Impuesto a la Renta de hasta un 5% para los sectores priorizados en el Código.
En cuanto al tamaño del actor productivo, son incentivos de orden fiscal y de cofinanciamiento de programas relacionados con la productividad e innovación especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes). Entre los incentivos adicionales se plantea la deducción del Impuesto a la Renta del gasto relacionado con la mejora de productividad. "Hasta cierto porcentaje que sería decreciente, mas para las micro y menos para las medianas y será determinado por el reglamento", explicó la Ministra durante el diálogo desarrollado en el Hotel Ramada.
Los incentivos por zona económica de desarrollo especial contemplan cero aranceles e impuestos de importaciones, arreglos laborales especiales para contratación de extranjeros y las deducciones sectoriales y territoriales. "No queremos dejar de lado las zonas rezagadas o de menor desarrollo relativo para las cuales el código contempla un incentivo de exoneración por el costo del empleo para la nueva inversión por los cinco primeros años".
Cely mencionó que se están haciendo reformas a la Ley de Instituciones Financieras, sobre todo en el artículo 72, el cual es muy restrictivo en torno a las garantías. "En ese artículo se pide al menos el 140% de garantías y es una ley antigua que no toma en consideración otras garantías sobre todo de las Mipymes como son las facturas o las patentes. Es un régimen mas moderno que permite el financiamiento mas ágil sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas".
Para todas las actividades productivas que se financien con recursos provenientes del extranjero, sean de inversionistas extranjeros o de bancos autorizados, se está eliminando el Impuesto a la Salida de Capitales. "El objetivo es contar con un marco jurídico moderno que permita fomentar la inversión privada -que cumpla con las cuatro éticas empresariales- y que proporcione seguridad jurídica e incentivos claros. También implementar un política industrial para fomentar de manera específica sectores priorizados para la transformación productiva", señaló Cely.
Las cuatro éticas a las que se refiere la ministra son las promocionadas por el Presidente de la República: Ética con el medio ambiente, cuidar la naturaleza; ética con los trabajadores, pagar bien lo justo; ética con el Estado, pagar los impuestos; y la ética con los consumidores y la comunidad, servir de calidad sin abusar de posiciones del mercado.
Mantener compromisos
Eduardo Egas, ex viceministro de Comercio Exterior, asegura que el Código define un modelo de desarrollo productivo en base a una política de Estado en el cual se identificaron y conformaron instrumentos que el Estado pondría a disposición de los empresarios. "Contribuye a la seguridad jurídica saber que hay una orientación hacia dónde se quiere llevar los sistemas de producción del país, los tipos de estímulos y las reglas en los que se desenvolverán esos sectores".
Pero advierte que la seguridad también va más allá, pues es necesaria la seguridad de las inversiones y de los compromisos que el empresario tiene con el Estado. "Por ejemplo, si las normas tributarias están continuamente cambiando genera incertidumbre. Falta que el Gobierno acometa todos los demás elementos que el empresario necesita para invertir y generar empleo".
Egas señala que en Gobiernos anteriores se hicieron pocos esfuerzos por diseñar un modelo productivo y básicamente lo que se hizo es seguir con los modelos tal como están. De ahí que aplaude la propuesta para generar mayor valor a los recursos y para dar un salto tecnológico y desarrollar ciertos sectores multiplicadores (como la biotecnología).
Renato Carló, presidente de la Cámara de la Pequeña Industria de Guayaquil, considera importante la implementación del código, sin embargo, señala, no existe un límite de tiempo para ejecutar las políticas que ahí se plantean. "Nosotros como industriales si necesitamos que las cosas sean claras, pero para ayer. Es interesante que exista una planificación, pero es importante que exista un ejecución inmediata y que se vayan implementando las cosas poco a poco".
Conclusión
Gran parte de las 960 observaciones recibidas del sector productivo han sido consideradas en la nueva versión del Código de la Producción
El Código de la Producción, Comercio e Inversiones es la herramienta clave que el Gobierno Nacional ha definido para apuntalar la reactivación económica y, con la fijación de reglas claras, potenciar la inversión productiva en el país, con las derivaciones positivas que tiene una inversión respetuosa de las cuatro éticas planteadas por el Gobierno.
Las observaciones que buscaban reñir con la estrategia de transformación productiva del Gobierno o prejuzgaban de la importancia de los pequeños productores, de la innovación y la equidad para que el aparato productivo ecuatoriano pueda dar el salto cualitativo que el país espera, no han sido acogidas
Recomendaciones
El Código de la Producción no busca competir con el Código del Trabajo. Sin embargo, el Gobierno Nacional analiza en diálogo con los actores interesados la posibilidad de incluir en el Código disposiciones que contribuyan a mejorar las condiciones del trabajador, pues la política nacional de producción ubica al ser humano en el centro de todo el proceso productivo, por encima del capital.
En el Código deberían quedar establecidos todos los valores correspondientes a incentivos, sea nominalmente o por rangos, para evitar que esa definición quede para reglamentación. Además los incentivos han sido agrupados en un capítulo específico para el efecto.
Bibliografía
WEB: www.senagua.gov.ec | e-MAIL: [email protected] | TIC's: [email protected] | Webmaster: [email protected] – Ecuado.
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Vistazo.com
Autor:
Ivan Matias Panchana
Maria Barzola Jara
Enviado por:
Ab. Arturo Clery
UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA
FACULTAD CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
CARRERA INGENIERIA EN MARKETING
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