Indice1. Introducción. 2. Punto Fijo y Sistema de Partidos. 4. Puntofijismo. 5. Las Fuerzas Armadas Nacionales. 6. La Revolución Democrática.7. Cambios constitucionales. 8. Percepción de la Coyuntura. 9. Conclusión. 10. Bibliografía.
El problema que nos congrega sobre estas líneas se refiere a la situación por la que actualmente transita la Democracia en Venezuela, ya que luego de 40 años de estabilidad, forjada con instituciones de representación extendidas y consolidadas, está hoy atravesando por una situación de incertidumbre, temor y desconcierto. Nuestro análisis comprenderá la coyuntura que ha dado paso a la fundación de la V República, coyuntura con raíces en un giro en la situación económica, en una ola de revueltas y en un golpe frustrado, hecho éste último que ha desencadenado con celeridad la total revolución del Estado. A partir del discurso dado por Hugo Chávez para comunicar a sus compañeros de armas el fracaso del golpe, la ola de descontento y crítica se generalizó, la idea de reunir a la Asamblea Nacional Constituyente empezó lentamente a dar esperanzas de un cambio en la conducción de los agudos problemas económicos y sociales.
Los hechos que analizaremos están en pleno desarrollo, puesto que estamos en vísperas de la primera etapa del proceso eleccionario que permitirá poner en práctica la nueva constitución que la Nación venezolana se ha dado. Esto implica elegir al total de las "autoridades" que conformarán los poderes del Estado. El domingo 30 de Julio se efectuará la elección presidencial y parlamentarias, dejando para el 1 de Octubre las municipales. Asistimos a los primeros pasos que la sociedad venezolana da en el camino hacia la institucionalización de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en la que se busca la transparencia de las Instituciones Públicas, las que habían caído en descrédito producto de la gran Corrupción advertida en el sistema.
Durante toda la década de los noventa se observaron esfuerzos por cambiar el sistema de Punto Fijo, se agudizó la necesidad de reducir las desigualdades y estas tensiones fueron haciendo insoportable la brecha entre las dos Venezuela. Una, desesperanzada e indignada por la frustración que conlleva el caos; preocupada por el futuro, trabajo, esfuerzo; con angustia existencial, por el robo, por la ineficiencia, por la impunidad, por la falta de justicia, de moral y de ética. Otra, negativa y perniciosa, que ha causado tanto daño al país; una gran capa de venezolanos indolentes, irresponsables, flojos, que corrían tras la riqueza fácil, o que simplemente esperan que el Estado se lo dé todo, como antaño; que buscaban y conspiraban dentro de las entidades públicas y los partidos políticos, para obtener el negocio fácil, el contrato para su empresa; que ejercen un liderazgo negativo; que hoy destruyen la moral con su descarada defensa del puntofijismo; que no aportan nada, y que sólo dilapidaban el futuro de la Nación.
A partir de la definición que Samuel Huntington da respecto de Revolución, y a la luz del proceso coyuntural que ha convulsionado a Venezuela en los últimos 3 años, se ha decidido plantear una hipótesis de investigación que problematiza con dicha pauta de análisis, pues al aplicarla en el estudio del caso surgió la necesidad de replantearse el concepto. Este autor sostiene que una Revolución es un proceso de cambio rápido, fundamental y violento, que afecta a los valores y mitos dominantes en una sociedad, sus instituciones políticas, su estructura social, sus liderazgos y la actividad y normas de su gobierno.
En su definición, Huntington reconoce las fases y condiciones que han de estar presentes en las coyunturas revolucionarias que para él resultan paradigmáticas y que se diferencian de otras coyunturas que no representarían una Revolución propiamente tal, como insurrecciones, rebeliones, alzamientos y golpes. Una Revolución comenzaría a manifestarse con la emergencia de nuevas fuerzas sociales, cuyas demandas van a ser canalizadas por las nuevas élites políticas recientemente constituídas, las que liderarán la lucha por revertir la ausencia de instituciones que sirvan de canales de expresión para los nuevos actores políticos. Estas van a evidenciar el desgaste en que se encuentran las estructuras del régimen, promoviendo la movilización en aras de las nuevas demandas de participación. Estas demandas llegarán a un punto de saturación, después del cual tenderán a producir una "explosión" de violencia con el objetivo de eliminar todo vestigio de las desgastadas instituciones. Mas, como dice el autor, "la medida del éxito de una revolución es la autoridad y estabilidad de las instituciones a que da nacimiento".
A partir de lo expuesto por Huntington, se podría establecer que hay Revolución donde no hay Democracia. Esto nos indica que en la práctica estas realidades se oponen, porque en la Democracia las demandas de participación son canalizadas por las vías de participación y representación que la permiten, como elecciones, partidos políticos y libertad de expresión, evitando la explosión de violencia. En una Revolución, la coyuntura se ha desatado por la necesidad de Democracia, la urgencia de una participación mayor, a través de la violencia.
La realidad del caso de Venezuela nos revela la necesidad de precisar el concepto, por cuanto el proceso coyuntural que observamos nos plantea la posibilidad de una Revolución para Democratizar. No hablemos de Reforma, porque eso significa mantener las instituciones y normas del régimen cuestionado, hablemos de Revolución Pacifica o Revolución Democrática, porque se cumple la teorización dada por el autor acerca de Revolución, pero sin violencia, es decir, Democratizar desde la Democracia, a partir de la conciencia política generalizada de los actores, respecto de la caducidad de la realidad. No hay un verdadero cambio sin nueva institucionalización.
2. Punto Fijo y Sistema de Partidos.
Para poder comprender la real dimensión de las transformaciones ocurridas en la coyuntura por la que Venezuela atraviesa, será necesario establecer el contexto en el cual se desenvolvió la Democracia venezolana, remitiéndonos en este capítulo a revisar su Origen y analizar su Evolución. Dejaremos para el próximo capítulo el análisis que nos permitirá determinar las causas inmediatas de su Crisis.
Para desarrollar este propósito, relacionaremos el diagnóstico con el aparato conceptual entregado por Mainwaring y Scully respecto de los sistemas de partidos. Para los autores, el caso de Venezuela representaba el paradigma de su teorización. Estos autores señalan que para la consolidación de una democracia es fundamental contar con un Sistema de Partidos Institucionalizado (SPI), lo que implica que los partidos políticos son, dentro de ese esquema, los instrumentos básicos de movilización y acción políticas; serán los agentes principales para la organización y canalización de los conflictos políticos. En la política moderna, llegarán a ser centrales el consentimiento y los votos movilizados. Y para que exista un SPI fuerte, se requerirá que los partidos tengan cierto grado de institucionalización y coherencia con el estado de la Sociedad Civil, que den cabida a sectores amplios de la población y que los grupos económicamente dominantes se consideren representados en el sistema de partidos, ya sea mediante un partido conservador o dentro de los demás partidos, más heterogéneos. Será necesaria la celebración de elecciones competitivas, regulares, libres, limpias y abiertas.
Los partidos políticos han estado presentes en la Democracia venezolana moderna desde el comienzo. Durante el siglo XIX los "partidos políticos" no pasaban de ser bandas armadas al mando de un caudillo, prestando un vital servicio a los intereses de las elites económicas de la región andina, donde se encontraban los estados más ricos y poderosos de Venezuela. Pero avanzado el siglo XX, surgen y obtienen su fuerza de los cambios sociales masivos acarreados por el petróleo. Podemos afirmar que ellos mediaron y portaron toda forma de acción política desde el principio, siendo fundamental su rol en la creación de la Democracia en 1945 y en su renacimiento en 1958.
No deja de ser sugerente la semejanza entre el proceso mediante el cual Venezuela se desembarazó de la dictadura de los vástagos del general Gómez, y la actual coyuntura por la que pasa nuestro país hermano.
Juan Vicente Gómez habría sido uno más de los tantos caudillos venezolanos, pero tuvo la fortuna de estar en el poder cuando la industria del petróleo llegó a Venezuela. Utilizó hábilmente esos inmensos recursos para estabilizar el país y destruir a sus enemigos. Durante su dictadura se produjo el desarrollo de la industria petrolera (desde 1920 en adelante), lo que conllevó discontinuidades radicales con el pasado; se produjo el fin de la economía agraria, se crearon ejércitos y burocracias nacionales permanentes; se construyeron caminos y se produjo una intensa migración interna. Junto con estos procesos, surgen nuevos grupos y fuerzas sociales, portando la necesidad de una expresión organizativa legítima: se trata de los movimientos universitarios y sindicales. Estas demandas no fueron consideradas sino hasta después de la muerte del dictador.
La vida moderna venezolana comenzó con la muerte de Gómez, la que se produjo el 17 de diciembre de 1935. Al día siguiente asume el general Eleazar López Contreras, en calidad de encargado de terminar el período del mandatario fallecido. Para el siguiente período (1936-1943), el Congreso eligió al mismo López, pero reduciendo el período a 5 años. A pesar de su pasado como Ministro de Guerra del dictador, su gobierno se realizó con el mayor respeto a las normas cívicas. El nuevo régimen inició la difícil tarea de realizar la transición de la dictadura a la democracia. Este proceso fue favorecido por el compromiso asumido por su sucesor, Isaías Medina Angarita, de respetar la estricta alternabilidad en el ejercicio de las funciones públicas. A poco de comenzar su gestión el general Medina Angarita se ganó la voluntad popular, impulsándola a una idea de libertad que el pueblo siempre ambicionó. Comenzó por entonces una gradual liberalización del régimen, facilitando la organización sindical y política.
En este contexto surge el primer partido político reconocido legalmente: Acción Democrática (AD) en 1941. Sus líderes y activistas se propusieron construir un tipo de estructura política desconocido hasta entonces en Venezuela: un partido que fuera permanente, con presencia en todos los niveles de la vida nacional y local, capaz de integrar muchos intereses y grupos en su vida organizada. Ellos presenciaron la creación de la sociedad civil, incluyendo sindicatos, grupos campesinos, organizaciones de profesores, sociedades de estudiantes y profesionales, etc., e integraron a esos grupos desde un comienzo, produciendo una sólida alianza con las masas. Se observa como desde un principio los partidos políticos en Venezuela han sido socialmente heterogéneos.
El poder continuaba firme en las manos de las elites militares y estatales andinas, de un tradicionalismo a ultranza. Había organización masiva, pero no poder real; las elecciones seguían siendo indirectas y con un sufragio limitado. El 18 de octubre de 1945 marcará el inicio de la política de masas en Venezuela. Seis meses antes de terminar el período constitucional, y en plena discusión política para candidatos a las elecciones de presidente para el nuevo período, un golpe militar, con el apoyo del partido AD, derribó el régimen. Al día siguiente, una junta revolucionaria de gobierno tomó el poder; fue integrada por dos oficiales del ejército, cuatro dirigentes de AD (Rómulo Betancourt como presidente) y un independiente. En un discurso a la Nación comunicaron que su misión inmediata sería la de "convocar al país a elecciones generales, para que mediante el sistema de sufragio directo, universal y secreto, puedan los venezolanos elegir a sus representantes, darse la Constitución que anhelan y escoger el futuro presidente de la república". El 17 de diciembre de 1946 se reunió la Asamblea Nacional Constituyente, la que aprobó una nueva Constitución en 1947 y un nuevo estatuto Electoral, realizándose las elecciones para presidente en medio de grandes disturbios. Se inscribieron 1.621. 607 sufragantes mayores de 18 años. Los resultados fueron favorables para Rómulo Gallegos (AD), quien recibió el poder de manos de la junta de gobierno el 4 de febrero de 1948. El régimen de partidos nació muerto, por cuanto la excesiva polítización de los ciudadanos impulsó a elementos reaccionarios de las Fuerzas Armadas a derrocarlo, produciéndose un golpe militar el 24 de noviembre de 1948. En realidad, los temores habían sido despertados entre la antigua élite, pues AD controlaba las organizaciones populares como garantía de su poder; en cambio, las élites económicas y sociales, confiaban en el ejército y el control de la administración para perpetuar sus privilegios.
Durante este período, conocido como el trienio, se formaron nuevos partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), inspirados en la doctrina social de la iglesia católica; y la Unión Radical Democrática (URD), representando a la izquierda no comunista. También se extendieron los sevicios a la población, recibiendo Educación (el analfabetismo superaba el 50%), Salud, Agua y acceso a los medios de comunicaciones.
Luego del derrocamiento del primer gobierno propiamente democrático de Venezuela, vinieron 10 años de dictadura militar, a cargo del coronel Marcos Pérez Jiménez, quien se hizo notar por la crueldad en la persecución de los enemigos políticos y por el enriquecimiento ilícito por el cual el dictador y todo un sector de la burguesía se enriquecieron visible e ilegalmente. Bajo su mandato, todos los partidos políticos desaparecieron, aunque de todos modos subsistió una red clandestina de resistencia, la que fue aumentando notoriamente desde 1957. Ese mismo año, Pérez Jiménez se burlaría del pueblo venezolano, causando su propio derrocamiento. Confiado, llamó a elecciones en diciembre. De pronto, y sin mediar consulta alguna, canceló la elección y la sustituyó por un plebiscito: habría un solo candidato por cada cargo. El pueblo tomó estos hechos como una afrenta, lo que unió y estimuló a la oposición. Se encendió la lucha callejera y una ola de manifestaciones, por parte de fuerzas políticas clandestinas, las que se unirían a un movimiento militar. Esta situación alcanzó su punto culminante el 23 de enero de 1958.
Una junta militar se hizo cargo del gobierno, para luego ceder el poder a una junta de gobierno integrada por los líderes políticos que regresaron del exilio. Ambas dirigieron el país durante una breve transición a la democracia representativa. Ésta se inició cuando el fundador de AD, Rómulo Betancourt, asumió la presidencia después de su triunfo en las elecciones. El carácter específico de la transición a la democracia en 1958 reside en que se trató de una empresa construída sobre coaliciones, que integraron a los partidos políticos, a grupos de empresarios y profesionales, a organizaciones populares y a sectores claves entre los militares.
Antes de las elecciones de 1958, los principales partidos no comunistas (AD, COPEI, URD) firmaron 2 acuerdos: el Pacto de Punto Fijo, que obligaba a los firmantes a respetar los resultados de las elecciones, a mantener la tregua política, despersonalizando el debate y asegurando mecanismos de consulta entre los partidos para la toma de decisiones de trascendencia; y el Programa Mínimo de Gobierno, que corresponde a un modelo de desarrollo basado en capital privado, extranjero y nacional, subsidios al sector privado y un enfoque cauteloso respecto a las reformas económicas y sociales. Se procuró desincentivar la oposición potencial: a los militares se les destinaron jugosos presupuestos, la Iglesia obtuvo un status mejor y fue permanentemente consultada en materia de educación y en lo social, se llevó a cabo la baja de la oficialidad opositora en el Ejército y se derrotó a la Izquierda guerrillera. Así Venezuela, de ser el país menos democrático de América Latina antes de 1958, pasó a ser una de las democracias más estables después.
Punto Fijo estableció la necesaria solidaridad política sobre la estabilidad del poder civil, poniéndole límites al canibalismo político y salvaguardando el régimen democrático que se estaba fundando. La democracia no habría sido posible en Venezuela sin un pacto para moderar las controversias y las pugnas por el poder. Es por esto que se considera que la viabilidad de la consolidación de la democracia comenzó sobre la base de este pacto, firmado el 31 de octubre de 1958. El día antes de los comicios, los tres candidatos firmaron, en la sede del Consejo Supremo Electoral, una Declaración de principios y el Programa Mínimo. En las elecciones del 7 de diciembre de ese año fue electo presidente Rómulo Betancourt. Quedando demostrado así como la organización de los partidos decidió las elecciones y, en los años posteriores, decidirán las siguientes elecciones y la vida de la Nación en su conjunto.
En 1961 se puso en vigencia una nueva Constitución, y en 1963 se dio el primer traspaso de mando legítimo, cuando triunfa en las urnas Raúl Leoni (AD) el 1 de diciembre. Durante la década de los 60, el juego político irá cambiando, aunque se mantendrá el espíritu de cautela y compromiso, de dedicación a la competencia y a la democracia, que seguirá marcando el proceso de consolidación. En esa década se superó la fragmentación y surgió un sistema de partidos dominado por la competencia bipartidista. Esto, debido a la declinación constante de AD y al crecimiento sostenido de COPEI, que gana las elecciones de 1968, que marca la cota más alta de dispersión electoral en la historia política de Venezuela, marcando un hito, pues posteriormente se producirá una alta concentración de los votos por parte de AD-COPEI. El nuevo presidente fue el doctor Rafael Caldera (COPEI), quien ganó por un escaso margen de 30 mil votos. Durante su presidencia, en el marco del proceso de "pacificación" que emprendió, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) se reintegró al debate político pacífico y legal (había apoyado al movimiento guerrillero procastrista que pretendió tomarse el poder unos años antes).
Desde los 70, la competencia entre los dos partidos "grandes" ha dominado el escenario político. En las elecciones de 1973 se consolidó el sistema bipartidista, resultando electo para presidente Carlos Andrés Pérez (AD). El nuevo residente del palacio de Miraflores, apoyado en su gran popularidad y en la abrumadora mayoría parlamentaria, promovió la nacionalización de la industria petrolera en 1975. Esto coincidió con un aumento notable de los precios del petróleo, lo que llevó al país a una especie de euforia y distensión por la riqueza fácil. Asimismo, el Estado se fue haciendo cargo de una serie de compromisos que después le pasarían la cuenta, solicitando créditos para la construcción de monumentales obras públicas y subvencionando los artículos de primera necesidad hasta en un 50%.
En las elecciones de 1978 volvió al poder el partido democratacristiano COPEI, eligiendo a Luis Herrera Campins. Con esos resultados, los venezolanos dieron un notable ejemplo de la viabilidad de la alternancia pacífica en el poder, robusteciendo sus instituciones democráticas. Al comenzar el nuevo período presidencial, la bonanza económica se estimuló por una nueva alza en los precios internacionales del petróleo, hasta caer estrepitosamente hacia el final del mandato. Esto provocó la devaluación del bolívar y una inédita inflación, la que se agregó a la generalización de la corrupción administrativa, a manejos inescrupulosos en las entidades bancarias y a la intensificación del escándalo político; elementos de descomposición social y política de esos años.
Al promediar la década de los 80, encontraremos los orígenes de la Crisis del sistema de partidos, tema que abordaremos en el próximo apartado.
3. La Crisis de los tres febreros.
En este capítulo deseamos abordar la urgencia de reforma fundamental que se comenzó a sentir en el régimen de partidos en Venezuela durante la década de los 80 y comienzos de los 90. Esta tomó sentido de Crisis luego de tres hechos ocurridos en febrero y que afectarán a los pilares sobre los cuales se sostenía la democracia de Punto Fijo.
El 18 de febrero de 1983 se produjo el llamado "Viernes Negro", que debilitó la fuerte economía, iniciando un inusitado período de inflación. Tras todos los problemas económicos y sociales que esto suscitó, el sistema político fue siendo objeto de una creciente crítica, ante lo que se veía como la incapacidad del sistema para garantizar un mejor estándar de vida a una población mal acostumbrada a la opulencia de los años de oro del "oro negro"; incapacidad para canalizar las nuevas demandas por mayor participación política y socioeconómica. El debate se centró en la necesidad de efectuar reformas electorales, pues se cayó en cuenta que el sistema electoral vigente hasta entonces favorecía la oligopolización del juego político, lo que se conoce por "partidocracia". Esto se debe a que se votaba por lista cerrada, adquiriendo una desmesurada relevancia la competencia interna de los partidos por la selección de los candidatos, donde los líderes decidían más, entre sus cuatro paredes, que el pueblo con sus votos.
En este contexto, AD vuelve al poder por las elecciones del 4 de diciembre de 1983, resultando presidente Jaime Lusinchi, para el período 1984-1989. El nuevo presidente, escuchando a la opinión pública, creó la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), el 17 de diciembre de 1984, debido a la insuficiente complejidad de las instituciones políticas en comparación con la complejidad alcanzada por la sociedad venezolana. Las propuestas de reformas tuvieron tres objetivos: procurar la democratización interna de los partidos, establecer condiciones de "juego justo" en la competencia entre partidos, y la mencionada reforma institucional para el fomento de una mayor calidad en el proceso electoral. Como resultado se pudo apreciar por primera vez el nombre de los candidatos en el voto, dejando atrás el método de lista cerrada.
Se introdujo la separación de las elecciones municipales, es decir, un voto para alcalde y otro para concejal, lo que dio mayor relevancia política e identidad al gobierno local, permitiendo a los partidos y grupos pequeños competir en política y obtener una representación para sus minorías. También se instauró la elección directa de los gobernadores estatales, creando un nuevo espacio de participación y de paso reforzando la tendencia a la descentralización del poder. En general, la puesta en práctica de dichas reformas generó nuevas dinámicas en el sistema de partidos venezolano, pero, como lo prueban los hechos posteriores, fueron reformas más de forma que de fondo.
Durante el gobierno de Lusinchi, las complicaciones económicas y sociales fueron agravándose, afectando la credibilidad y legitimidad de la que gozaban los partidos políticos y deteriorando seriamente la calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, se ponía en entredicho la capacidad de la democracia y de los partidos para hacer frente a esas complicaciones y resolverlas. La crisis económica hizo dudar sobre la capacidad del sistema de operar en circunstancias tan adversas y tan distintas a los inicios de la democracia. Al finalizar su período, Venezuela está inmersa en una crisis global. Situación que será aprovechada por el ex presidente Carlos Andrés Pérez (quien solo podía presentarse a la reelección tras dos períodos, es decir 10 años), para presentarse a las elecciones del 4 de diciembre de 1988, en las que obtuvo un rotundo triunfo.
Su gobierno comenzó con grandes expectativas, pero casi de inmediato debió afrontar una inesperada oleada de varios días de protestas populares acompañadas de saqueos y violencia, lo que constituirá el segundo febrero.
Las sangrientas manifestaciones urbanas (saqueos) que estallaron el 27 de febrero de 1989, se produjeron en respuesta al ajuste estructural del gobierno, cuando el pueblo se negó a pagar los precios que exigían los transportistas. Esta manifestación espontánea minó la capacidad de los partidos de canalizar y controlar la participación. En respuesta a la furia popular, que en corto tiempo desbordó a la policía, el presidente Pérez envió al ejército a controlar la situación en Caracas y decretó la suspensión de las garantías constitucionales y la vigencia del toque de queda. Estas fueron las repercusiones sociales a los ajustes del tipo venezolano, esos en los que "ustedes se aprietan el cinturón pero nosotros seguimos haciéndonos de mansiones, cuentas bancarias y lujosos viajes".
El 27 de febrero de 1989 representa el inicio de la noción de Crisis del régimen democrático venezolano, y al inicio de las demandas por "democratizar la democracia", solicitando nuevos canales de participación ciudadana, ante la emergencia de nuevos grupos y/o movimientos, más allá de las redes controladas por los partidos. Esa jornada, triste por las tres centenas de muertos, por los saqueos y los casi 200 incendios provocados por la turba, fue señalada como "el 23 de enero social", por los historiadores venezolanos, significando con esto el arranque de una lucha por una nueva sociedad. En marzo de ese año, fue restituída la libertad de expresión, las garantías constitucionales y el presidente anunció vastos programas sociales.
En lo sucesivo la abstención irá creciendo a ritmo sostenido, hasta llegar a niveles impensables en 1958. Diversos actores afloran en la escena política y hacen suya la demanda por una reforma completa del sistema institucional del gobierno, incluso de los partidos políticos y del Poder Judicial, acusados de ser cómplices y culpables de la dilapidación de la rica Venezuela.
Durante el mandato de Pérez, un grupo de militares jóvenes encabezó un levantamiento armado, que pretendía aniquilar al presidente, y que fracasó. Eso si, el intento de golpe militar del 4 de febrero de 1992, derribó la superioridad obtenida por los partidos en el equilibrio de fuerzas con los militares. Después de la intentona liderada por Hugo Chávez Frías, nuevas organizaciones comenzaron a consolidarse como organizaciones políticas alternativas y los líderes de los partidos vieron con horror el eco favorable que las intentonas golpistas tenían en la opinión pública.
Luego de la deposición de las armas vino el encarcelamiento de los rebeldes, castigo que duró hasta que, tras la destitución por corrupción de Carlos Andrés Pérez en 1993, el nuevo presidente Rafael Caldera los liberara en 1994. En todo caso esos meses sirvieron para generar la convicción de que el mejor camino para acabar con los corruptos era la vía de los votos, no la de la violencia. El descontento económico y social comenzó a hacerse oír, dejando la sensación de que los partidos eran dirigidos por camarillas corruptas que se habían distanciado irreversiblemente de las masas y que habían creado un sistema de gobierno de los partidos, más que del pueblo. La crítica se hizo despiadada y arreciaron las acusaciones de corrupción, amiguismo y apoyo mutuo e interesado entre los dos partidos principales. Así surgió el concepto de "puntofijismo", que sirvió a los nuevos portadores de demandas de participación, para designar al sistema de partidos originado en el Pacto de Punto Fijo de 1958, y que tiene una connotación negativa.
Entre los nuevos actores políticos destacan el Movimiento al Socialismo (MAS) y el Movimiento V República (MVR), que apoyaron la candidatura de Hugo Chávez y su programa de profunda y radical reforma del Estado, materia que será analizada en el próximo capítulo.
El "puntofijismo" se ha convertido en un calificativo denigrante de tono claramente peyorativo dentro del lenguaje empleado en la realidad que se está viviendo en Venezuela. Para algunos esto resulta vergonzoso puesto que sin un Pacto de Punto Fijo para moderar las controversias y las pugnas por el poder la democracia no habría sido posible en Venezuela. Un venezolano, quien participó en la política en aquellos días, solía decir que "si los venezolanos fuéramos tan pacientes con la democracia como lo éramos con las dictaduras, otra sería la situación". Durante los primeros años de la democracia abundaron los intentos de golpe militar, como el encabezado por el general Castro León. Las raíces de la dictadura mostraban resistencia al cambio. Si la alianza de los partidos para defender el régimen democrático de estos coletazos dictatoriales, este no hubiese sobrevivido, pese al respaldo masivo con que contaba la democracia. Quienes concertaron el cambio, los jefes de AD, COPEI y URD, interpretaron inteligentemente lo que era una prioridad de carácter histórico. Cometieron un error: discriminaron al Partido Comunista, quizás por el temor que éste suscitaba entre los militares, lo que generó malestar en el tiempo.
Punto fijo tuvo vigencia, así, para preservar, ante todo, el poder civil. Hubo coaliciones de partidos para ejercer el poder, en unas ocasiones de los tres partidos, en otras de dos partidos y finalmente, el pacto se redujo al Parlamento. Punto Fijo se fue ocultando en el pasado, mientras en los partidos se pensaba que la democracia estaba garantizada de una vez y para siempre. Craso error, porque la democracia es una batalla cotidiana.
De esa concepción de Punto Fijo a la utilización de la palabra "puntofijismo" para condenar todo lo que es condenable del pasado, y confundirlo con lo que no es condenable, no le rinde ningún tributo a una interpretación equilibrada de la política. Se tuvo éxito por que los partidos se comprometieron también a no monopolizar el poder, como había ocurrido en el período 1945-1948.
Ahora están frente al renacimiento de los dos males políticos que se trató de evitar entonces: el canibalismo y el monopolio del poder. El debate ha degenerado en pugnas personales. Se dividieron los generales del 4 de febrero, y se pusieron de manifiesto discrepancias y enconos que pocos imaginaban. Civiles y militares del MVR no parecen estar conformes unos con otro, y se ha abierto entre ellos un duelo impredecible. En una palabra, que el poder concentrado a sido inmanejable, y que quienes lo controlan parecen haber perdido la perspectiva del enorme compromiso adquirido con el país. De modo que todo aquello que se condena indiscriminadamente con la palabra puntofijismo no desaparece de la escena.
El país se encuentra envuelto en una alarma generalizada. Ha pasado de la incertidumbre al desconcierto y al temor. Venezuela deberá enfrentar el complejo proceso de relegitimación de los poderes, en un clima de inusitada "violencia verbal". Se necesitan medios que garanticen la transparencia en los asuntos del Estado, y como en las peores prácticas de la tradición venezolana, antes de Punto Fijo, y con Punto Fijo, los factores políticos se obstinan en mantener como secretos de Estado todo lo que legítimamente concierne a los dominios de la opinión pública.
Dentro de los argumentos que esgrime Hugo Chávez para ganar las elecciones podría sintetizarse de la siguiente manera: en las elecciones de 1998 su eslogan electoral fue "hay que acabar con esto", y a la inmensa mayoría de los venezolanos, hastiados de ese régimen corrupto, compartió esa necesidad. A partir de 1999 cambia el discurso electoral, ahora es "la culpa de tu pobreza la tiene los ricos, y yo voy a quitarles a ellos para darte a ti". Ya no son los corruptos de la Cuarta República, son los ricos. Una apelación directa al sentimiento más ruin de los que tiene enraizado la mente humana desde tiempo inmemorial: la envidia generadora del odio social. Según la estrategia chavista al envidioso en realidad no le importa si por su voto él permanece igual o si incluso empeora. Lo que le importa es que le quiten algo al envidiado. La segunda parte de la oferta, que después se lo den a él, le importa menos. En otras palabras ya no es el puntofijismo y su corrupción que desaparecieron, el enemigo responsable de la pobreza, ni siquiera los nuevos corruptos de la quinta república, sino que los responsables desde tiempos de la Independencia, son los oligarcas.
5. Las Fuerzas Armadas Nacionales.
La Constitución de 1961 establece que las FAN son una institución profesional, impersonal y apolítico al servicio exclusivo de la Nación, y tiene por objeto fundamental su defensa, el mantenimiento de la estabilidad interna y el cumplimiento de la Constitución y de las leyes; sus miembros no pueden ejercer el derecho de sufragio, pertenecer a agrupaciones políticas ni tomar parte en las actividades de éstas, mientras permanezcan en servicio activo.
Durante la época de Betancourt se hicieron esfuerzos en el sector militar por definir de manera clara las funciones de las Fuerzas Armadas en un país democrático. Al efecto, las FAN fueron definidas como instrumento político, se adoptó la separación del poder civil y el poder militar, y se estableció su carácter de institución profesional, impersonal y apolítica.
A finales del gobierno de Leoni se alcanzó un modelo de articulación civil-militar caracterizable en su definición de resguardadora de la integridad del sistema, un papel político dado formalmente por unas normas legales complementadas sustitutivamente por unas reglas no escritas y un proceso de socialización política, y por garantizar su desarrollo profesional y su estabilidad socioeconómica.
El presidente Chávez por su parte ha conducido a las FAN a jugar un papel político convirtiéndolas en centro de su Gobierno, el Plan Bolívar 2000y las utiliza en toda la sociedad venezolana para enfrentar la crisis social, buscando una simbiosis cívico-militar, a esto hay que agregar que el Partido de gobierno es constituido de una manera importante en su junta directiva por los oficiales que estuvieron involucrados en el 4 de febrero y el 27 de noviembre; esto, a la vista de especialistas puede resultar muy peligroso y delicado, comprometiendo al régimen político existente en el país. Agregan que por lo menos lo venezolanos han interpretado que por lo menos las FAN están jugando un papel por encima de lo que establece la Constitución.
En general los militares han considerado que no deben votar, porque consideran que el voto puede dividir las FAN, que el país no está suficientemente maduro y que hay demasiada pasión por la política.
Asamblea Nacional Constituyente.
Es la forma como el pueblo ejerce el poder constituyente. El poder constituyente es la voluntad primaria y soberana del pueblo que se manifiesta en la creación de una Constitución, mediante la cual se organiza como República o Estado y regula su convivencia en comunidad. Es, por tanto, la soberanía misma, que se ejerce para estructurar el sistema político. Consiste, por ende, en la suprema capacidad y dominio del pueblo sobre sí mismo, al darse por su propia voluntad una organización política y un ordenamiento jurídico. Es el inicio de la coyuntura concreta que abordamos en este trabajo.
El vocablo "constituyente" fue creado por al Abate Sieyes como adjetivo calificativo de aquel poder específico que constituye la expresión de la soberanía. A partir de ese momento quedó el término e incorporado al derecho público moderno, desde la publicación de su famoso libro "¿Qué es el Tercer Estado?" (1788).
La importancia del poder constituyente se percibe en los momentos de cambio de la Constitución, "pacíficos o revolucionarios", cuando surge de un "clima constituyente" que sensibiliza a la opinión pública. Aunque la mayoría de los ciudadanos ignora los argumentos y términos jurídicos, este clima constituyente les atrae y obliga a seguir los debates en torno al nuevo texto constitucional.
Es soberano o supremo, porque el poder constituyente está por encima de todos los demás poderes y órganos. No se encuentra subordinado a ningún poder externo o interno. Las bases fundamentales de la organización y funcionamiento de la comunidad han de proceder de la voluntad soberana del pueblo, ya que afectan su existencia y continuidad.
Es primario u originario, porque el poder constituyente no deriva de la Constitución sino del pueblo integrado en Nación. El poder constituyente es distinto a los poderes fundados en la Constitución (ejecutivo, legislativo y judicial). El poder lo ejerce el pueblo a través de representantes suyos extraordinarios.
Mediante el ejercicio de su poder soberano, el pueblo puede romper "revolucionariamente" con el régimen jurídico, político o socioeconómico que no se adecue a sus aspiraciones o que sea obstáculo para su progreso. De allí que el poder constituyente tenga, en primer lugar, un fin destructivo, en cuanto rompe con el sistema anterior. Y, en segundo lugar, un fin constructivo, porque persigue construir un nuevo sistema jurídico-político en el cual se plasmen los designios del pueblo, se apunten las soluciones a los grandes problemas que lo afectan y se indique las medidas para satisfacer las necesidades y carencias colectivas.
El sujeto originario sobre el que descansa el poder constituyente es el Pueblo, en cuanto colectividad orgánica y unitaria. Encuentra su justificación en las exigencias imperiosas del bien común.
Si la soberanía reside en el Pueblo, el Poder Constituyente sólo a él pertenece. Es, por tanto, la actividad que el pueblo despliega para realizar una determinada finalidad que el mismo se propone, consistente en darse una constitución positiva en la que se conviertan en normas jurídicas los elementos que constituyen la "constitución real"; es decir, el ser, el modo de ser y el querer ser populares. El ser de un pueblo es su existencia misma; el modo de ser, sus atributos; y el querer ser entraña sus designios, aspiraciones e ideales.
El pueblo no puede ejercer por sí mismos el poder constituyente. Es imposible que todo el pueblo participe en la elaboración de la Constitución. Esta tarea es obra de la inteligencia y de la voluntad y su producción requiere la acción del entendimiento manifestada en varias operaciones sucesivas tales como la redacción de un proyecto, su estudio y discusión, y finalmente su aprobación. Estas operaciones no son susceptibles de realizarse por el mismo pueblo directamente. Por esta razón el ejercicio del poder constituyente se delega en un cuerpo integrado por representantes del pueblo que se denomina Asamblea Constituyente.
Este es el órgano al cual se le confía o entrega el ejercicio del poder constituyente. Por este motivo los títulos de legitimidad de dicha asamblea y de su obra derivan de la relación directa que exista entre ella y el pueblo, o sea, de la auténtica representación popular que ostente. Sin esa relación directa o faltando la representación, la obra constitucional, por más perfecta que se suponga, tendrá un vicio de origen: su carácter espúreo o ilegítimo.
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