Durante 71 años el PRI (Partido Revolucionario Institucional), se mantuvo en el poder, liderando a México, con diversos gobiernos de sucesión del mismo partido. En el año de 1994, se inició un movimiento en Chiapas, El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dirigido por el subcomandante Marcos, movimiento que salió a la luz justamente el día en que entraba en vigencia el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, como un sonoro golpe a la imagen oficial de un México en tren de prosperidad económica y pluralismo político.
En la primera transición pacífica hacia un gobierno de oposición en México, el Tribunal Electoral declaró ganador de las elecciones del 2 de julio del 2,000 a Vicente Fox.
Después de tantos años de gobierno de un solo partido, de una sola ideología aparece la figura de Vicente Fox, para dar un giro al destino de México.
Pues entonces ante su intensa labor de limpiar todos los poderes del estado, quienes estaban sus altos y pequeños cargos ocupados por integrantes del PRI. Desmantelando aquel poderío. Aparece la figura imponente de Vicente Fox.
Quien a su pueblo le promete con su presencia encontrar una serie de alternativas a todos los sucesos negativos que hasta ese momento se venían dando en el país de México. Entre ellas el de elevar una economía al 7%, un apoyo total a la pequeña empresa, una mejora a la política industrial. Así como también mejoras en la ciencia y en la tecnología, promover el turismo, dar una verdadera justicia social. Igualmente emprende el gran reto de liberar a la mujer mexicana del machismo ya propio de ellos, resaltarla y darle una oportunidad dentro de la sociedad. Defender el petróleo para los mexicanos, poner el fin al narcotráfico, apoyar la ecología y buscar un medio de pacificación.
Es así entonces que todos los Mexicanos, los países de Latinoamérica y el mismo EE.UU., se preguntaron: ¿Cuál será el destino más cercano de México?
El rezago en materia de política social es evidente frente a los grandes avances democráticos y económicos, al grado de poner en entredicho el cumplimiento de sus ofrecimientos para mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. El agravamiento de las cuestiones sociales constituye la debilidad interna del desarrollo nacional y el resultado de las deficiencias de la actual política económica, a pesar de la apertura política que el sistema ha demostrado. A menos que se vuelva a orientar la política económica actual, de tal forma que aliente el desarrollo y realmente produzca las ofertas de mejoramiento individual, familiar y colectivo.
Ante las presiones de la clase empresarial, los gobiernos han aprobado iniciativas cuyos efectos sólo han beneficiado a los intereses de sus promotores pero han sido perniciosos para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Con anterioridad, la clase empresarial se alió a los "gobiernos revolucionarios" para obtener grandes beneficios en materia de estímulos fiscales, medidas proteccionistas, permisos para importar, subsidios, etc. La clase empresarial se niega a pagar sus impuestos y su impunidad es protegida por el mismo Estado. Ahora que la clase empresarial responde más a los intereses hegemónicos de un capitalismo globalizador promovido por una elite de corporaciones transnacionales, el Estado es el peor enemigo para la obtención de muchos de sus beneficios.
El entorno del Estado-nación delimitado por los procesos de globalización, se fundamenta en una nueva normatividad para la regulación del comportamiento económico, político y social. Es en este sentido que la administración pública eficaz y eficiente se encuentra estrechamente vinculado con la sociedad mediante los procesos políticos. Esta regulación del comportamiento busca la transformación de las instituciones bajo una nueva cultura ciudadana y una nueva cultura de gestión empresarial que concreten en una agenda político-social el proyecto de gobernabilidad democrática. La imagen carismática de Fox es insuficiente para mantener el equilibrio institucional, por lo que se requiere del fortalecimiento de instituciones con sistemas de incentivos que eliminen las viejas prácticas autoritarias y corporativistas. Es necesario reforzar las instituciones democráticas para tener la capacidad de enfrentar los retos del crecimiento económico y la estabilidad política.
De acuerdo a Prats (2000) los factores clave de la gobernabilidad son los cambios en el sistema institucional, la cultura cívica y las capacidades del gobierno. Así, este autor sostiene que "el objeto fundamental del gobierno moderno no consiste en producir bienes y servicios para los ciudadanos (cosa que pueden hacer en gran parte las organizaciones privadas dentro del marco regulatorio y la supervisión estatal), sino en procurar mejor "governance", es decir, un sistema institucional y una cultura cívica que incentiven el comportamiento eficiente y responsable del conjunto de los actores sociales".
Las instituciones tradicionales del Estado mexicano están siendo rebasadas por los acelerados cambios basados en un nuevo paradigma. El paradigma de la administración burocrática weberiana fue la piedra angular del Estado Moderno (Crozier, 1996) y constituyó el principal instrumento para racionalizar las funciones estatales. La administración pública burocrática moderna y racional-legal, que separa lo público y lo privado, la política y la administración pública, sustituyó a la administración patrimonialista y surge por los requerimientos del desarrollo capitalista en el siglo XIX.
Este desarrollo capitalista exigió la separación de las funciones del mercado y el Estado. Para el caso de México, esta racionalización estuvo determinada en función de una estructura corporativa y una cultura autoritaria, hegemónica por un partido que concentró el poder por 71 años, a tal grado que la hicieron disfuncional, al eliminar todos los espacios democráticos que se consideraron herencia de la Revolución Mexicana que marca al Estado mexicano en el siglo XX.
Mientras imperó el partido de Estado, fue casi imposible para los partidos y asociaciones políticas definirse como de oposición. El sistema político mexicano funcionó en este contexto hegemónico en donde se otorgó representación a las minorías mediante mecanismos que posibilitaron el diálogo y la negociación y que mantienen activos a pequeños partidos. La Revolución Mexicana inicia y fortalece los valores del nacionalismo mexicano hasta alcanzar un desarrollo ideológico fuerte que perdura hasta los años setenta. Los valores de este nacionalismo revolucionario son preservados por la existencia de una "familia revolucionaria", integrada por la elite gobernante.
Los rasgos del Estado mexicano que surge de la Revolución Mexicana están caracterizados por un acentuado corporativismo y clientelismo centrado en la figura presidencialista de corte autoritario, y en un partido que monopoliza el poder político y sus relaciones con la economía. El autoritarismo permitió mantener un largo período de estabilidad política mediante la existencia de una estructura de poder concentrado en el Presidente quien decidía a su sucesor. Los gobiernos priístas son hegemónicos en el sentido de que emanan de un sistema político sin competencia, subordinado a la autoridad del Estado, a diferencia de la Unión Soviética donde el Estado se subordinó a un partido único. Todavía más, Fox es el primer presidente electo democráticamente y que surge de la oposición desde desde 1911, pero a pesar de que el PRI perdió las elecciones, el presidencialismo se mantiene, aunque debilitado, como parte de la cultura política mexicana
El corporativismo asimiló a las diversas fuerzas y movimientos sociales que de otra forma hubieran protestado y demandado al Estado por mejores servicios, para convertirlas en instancias de negociación y consenso dentro de los ámbitos institucionales del Estado. La decadencia de los valores nacionalistas de la revolución Mexicana se inician con el movimiento del 68 y finalmente se deterioran en la década de los ochenta. El autoritarismo de Zedillo cierra este periodo de gobierno de 71 años del partido de Estado caracterizado por un incremento en los niveles de corrupción, impunidad, represión, inseguridad, pobreza, desempleo, etc. Por otra parte, algunos analistas aseguran que este autoritarismo logró reprimir a los movimientos sociales que consideraba desestabilizadores.
En los términos de Fragoso Lugo (2001), "si bien la ideología nacionalista-revolucionaria mexicana nunca pasó por alto la heterogeneidad social?los mecanismos corporativistas y clientelares del gobierno surgido de la Revolución resultaban cada vez más ineficaces en la composición de un debate político incluyente". Las prácticas electorales posrevolucionarias generaron incertidumbre en los procedimientos y una certeza en los resultados, al contrario de lo que proponen los analistas. La era posrevolucionaria empieza a sufrir fuertes mutaciones en la década de los setenta, lo que la lleva a su liquidación en la década de los ochenta.
Schmidt (2000a) afirma que "la obsolescencia del paradigma revolucionario se ocultaba bajo la supuesta eficacia de un paradigma de articulación política hacia el Estado autoritario, sin prestar mayor eficacia a los grupos marginales que cada vez crecían mas hasta convertirse en masas para las que el sistema político solamente representaba imposición, corrupción, represión, desigualdad e injusticia". Hoy hay plena conciencia en que los fundamentos revolucionarios en que se apoyó el sistema político mexicano por más de 83 años, son obsoletos y que, además, centralizó las decisiones a tal grado, que se volvió inoperante.
Este modelo burocrático buscó la eficiencia mediante la aplicación de reglas universales, que dejaron una ética del servicio público deformada y las cuales terminaron en deficientes aplicaciones y comportamientos: corrupción, caciquismo, etc. La corrupción se institucionalizó y, por tanto, se volvió cínica, enquistándose en las mimas estructuras burocrático-administrativas. Actualmente, por ejemplo, las prácticas de corrupción cuestan alrededor del 8.5% del PIB en México. La búsqueda de la eficiencia como el fin principal de la racionalidad burocrática dominó en el modelo burocrático, pero también en la elite burocrática.
El papel del Estado ha cambiado de un Estado empresarial e intervencionista con amplias funciones de provisión a un nuevo diseño de Estado menos obeso y pequeño con funciones más de facilitador, mediador y de regulador o árbitro. El modelo de "desarrollo estabilizador" extendió los beneficios del Estado mexicano para proteger, impulsar y compensar a los empresarios. Ahora, a estos mismos empresarios les incomoda el modelo de Estado empresario. A pesar de todos los males que le aquejaron, corrupción, negocios ilícitos, etc., los beneficios que brindó a la sociedad mexicana son innegables. Este modelo de economía mixta cambió por la presión que resultó con la apertura política, cuando la sociedad acepta su pluralidad y se inicia en la democracia.
El Estado empresario abandona su impulso e intenta deshacerse de las empresas, siguiendo las tendencias de los procesos de globalización económica. Con los empresarios en el poder emerge el Estado empresarial bajo la forma de una república empresarial que gerencia y controla todos los beneficios de los factores de la producción a favor de los grandes intereses económicos capitalistas. En otras palabras, el Estado gerencial es antidemocrático porque es el vehículo del control económico, político y social en beneficio de los intereses de los empresarios. El Estado de los empresarios o Estado gerencial se orienta por comportamientos autoritarios e indiferentes a la participación, consulta y consenso, en forma similar a los que ejerció el régimen mexicano bajo un único partido en el poder por más de setenta años.
Lo que se requiere es el cambio a un Estado con una racionalidad reguladora que pretende que los diferentes actores direccionen su comportamiento hacia horizontes que no se alcanzan a visualizar bajo el enfoque meramente gerencial del Estado. Los nuevos procesos de toma de decisiones bajo formas de gobierno vertical se abandonan por formas de gobierno que requieren estructuras más horizontales y flexibles que propicien el trabajo profesional y de alta calidad en equipo, de tal forma que facilite una estrecha coordinación de actividades.
Sin embargo, en la mayoría de los países en desarrollo, como en el caso de México, el diseño del Estado burocrático Weberiano no se completó. Pero está siendo substituido por un nuevo diseño, el de Estado gerencial basado en una cultura empresarial que orienta el gobierno de los asuntos públicos la iniciativa individual como una expresión del ejercicio de la libertad, base del desarrollo social. Otros analistas, como Servan-Schreiber, argumentan que la tiranía del crecimiento económico sustituye eventual y gradualmente a los "modernos gobernantes a abdicar sus funciones políticas para atender supuestas prioridades económicas" (Camil, 2000) de tal forma que "si el poder político se convierte en el servidor de las grandes empresas, quién se ocupara de los hombres?" se cuestiona.
El modelo gerencial de Estado en el que el sector empresarial se convierte en el favorecido del sistema político mexicano y sustituye al modelo de Estado corporativo. Los empresarios están ahora en el poder mismo, sin la preocupación que tenían anteriormente por buscar y establecer buenas relaciones con el gobierno. En este modelo de estado corporativo, funcionarios de gobierno y empresarios comparten el poder político y se implican en los procesos de tomas de decisiones buscando el beneficio por sus propios intereses. El ejercicio de la libertad individual encuentra su máxima expresión en la vinculación que se hace a la libertad de iniciativa de las empresas, entendidas como el principal motor de desarrollo económico, político y social de la nación. Las fronteras que delimitan los intereses de los sectores público y privados se borran. El modelo de Estado corporativo de Fox, por el que los empresarios han arribado al poder, éstos comparten como objetivos asignar el mayor peso político a los intereses económicamente más poderosos.
Fox ha prometido el apoyo para que los ciudadanos establezcan sus propios changarros con un financiamiento de la banca social, para estimular la producción del auto-empleo con un enfoque de rentabilidad económica. Fox vendió la idea a los mexicanos de ser el hombre del cambio que requería el Estado mexicano. Por eso, quienes más votaron por Fox fueron los mexicanos jóvenes con más escolaridad y mayor nivel de ingresos, mientras que el PRD y el PRI se disputaron el voto de la población más pobre y de las zonas rurales.
Por eso, no basta tener antecedentes de haber sido un buen gobernante, sino que también se requiere de un excelente perfil de candidato, la forma en que se le selecciona, su campaña política y sus mensajes. Sin embargo, como en todo cambio, se presentan resistencias al cambio democrático, entre los que se mencionan repetidamente las acciones del crimen organizado, las viejas estructuras de los viciados cuerpos de seguridad y policiacos.
Bajo el principio de subsidiariedad con el Estado, las empresas deben ser privadas, aunque no queda claro como en el caso de los oligopolios. Algunos de los rasgos característicos de la mayor parte de los miembros de la elite gobernante en México, son los que provienen del sector privado, tienen poca experiencia en la administración pública, tienen antecedentes empresariales y comparten en común la cultura empresarial. Esta cultura empresarial se fundamenta en la consecución de eficiencia y eficacia, innovación y creatividad, espíritu emprendedor y una cultura de calidad proveedor-cliente
La empresa que antes era vista con desdén, por considerársele un "agente de meros intereses egoístas", se convierte en el protagonista del desarrollo (Prats, 2000) por y para sus propios intereses. La promoción de una cultura centrada en el egoísmo de los individuos como expresión máxima de su elección racional (rational choice) sólo busca obtener sus máximos beneficios, siempre en detrimento de los demás con quienes está en competencia. Resulta obvio que la clase empresarial en el ejercicio de las tareas del gobierno mexicano defienda sus propios intereses económicos, sociales y políticos.
De hecho, de acuerdo con Chomsky, entrevistado por Cason y Brooks, (2000), "sólo un sector muy reducido de la población definió la elección: los intereses empresariales que financian las campañas políticas". Así, la elección mexicana "transparente y justa", de acuerdo con este investigador, oculta la existencia de una "dictadura empresarial" que responde a los intereses principales de los centros globales del poder económico y lo que desean los poderosos son "formas de democracia controladas desde arriba, donde las estructuras tradicionales del poder permanecen intactas". La democracia mexicana sólo ha cambiado de caras y expresiones, pero en esencia sigue permaneciendo bajo las mismas estructuras.
Para el caso de México, concluye Chomsky: "Si eso es vestido de legitimidad formal, puede ser dañino". Quizás lo dice a sabiendas que en México el sistema democrático siempre estuvo limitado y acotado por un partido político en el poder, que aunque permitía la competencia interna y la incorporación de otros importantes actores políticos, la oposición difícilmente lograba una mayor participación en el sistema político. Sin embargo, a 100 días en el poder, y sin un proyecto alternativo, la legitimidad otorgada al foxista empieza a disminuir. Su afán por cambiar los comportamientos y formas autoritarias del poder presidencial, ha dado por resultado ciertos vacíos de poder que intenta llenar con actuaciones espectaculares de las que no siempre sale bien librado.
El modelo gerencial de funciones del Estado mexicano, se inspira en las transformaciones ocurridas en las organizaciones del sector privado (CLAD, 1998). El sector privado se involucra en la producción de bienes y servicios para el mercado, bajo el principio de subsidiariedad. Se propone que el Estado mexicano tenga la función de facilitador de la actividad económica desplegada por la empresa privada. En ninguna ocasión anterior, la iniciativa privada ha logrado una posición tan relevante en el Estado mexicano (de la Madrid, 2000) Así, el concepto de eficiencia empresarial es aplicado a las actividades y funciones del Estado.
Esta eficiencia se logra más por los empresarios que por los políticos y los tecnócratas. De alguna forma, Fox ha eliminado a los tecnócratas del poder, aunque está profundizando la aplicación de las políticas neoliberales. Sin embargo, hay que dejar bien claro que el modelo gerencial del Estado no busca la eficiencia necesariamente separada de la efectividad, en parte porque la optimización de los recursos públicos puede resultar incompatible con el ofrecimiento de servicios públicos de calidad. Además, los criterios racionales, como el de eficiencia, quedan subordinados al criterio democrático como expresión de la voluntad popular (CLAD, 1998)
Los recientes cambios del ejecutivo federal en México marca el principio de una era de redefinición y construcción de un nuevo régimen gubernamental. El Partido Acción Nacional, considerado por Wallerstein como un "partido neoliberal standard" (Cason y Brooks, 2000) permitió a Fox y al grupo de empresarios que lo apoyan, el acceso al poder de la presidencia y de los más altos centros. Fox es el arquetipo del estilo de hombre de negocios, empresario que habla con franqueza para decir que gobernará sin rencores y que, además, tiene la legitimidad democrática. Pero, además, Fox no tiene el soporte político en el Congreso de un partido "omnipresente", como sucedió con los presidentes priístas que siempre contaron con el apoyo incondicional del PRI que satisfacía todos sus caprichos.
Una descripción de la personalidad de Fox se acerca a la realizada por Tuñón de Lara (citado por Roitman y Rosenmann, 2001) para el ascenso al poder de una elite empresarial similar: " con una concepción calvinista del éxito mundano como prenda de la predestinación divina, su fuerza ya no procedía de su conexión con la jerarquía de la Iglesia, sino de la oportunidad de su proyecto, de la cohesión como grupo, de su presencia en el centro de las decisiones políticas y económicas, y de su capacidad para situar a sus leales en puestos de alta administración; en definitiva, de actuar, no como grupo de presión?sino como una especie de partido de notables capaz de controlar los centros de poder del Estado".
El nuevo presidente ganó la elección basado en una plataforma que sustenta la idea de un cambio estructural y moral del gobierno y del sistema político. Es en este sentido que la necesidad de cambio hace patente en lo que el documento del CLAD (1998) señala como: "La nueva etapa de reformas debe ser aprobada por sistemas políticos surgidos hacia el fin del ciclo autoritario, pero que, en su mayoría, no consolidaron inmediatamente la democracia".
No obstante, el simple reemplazo de grupos en el poder, el cual evita la perpetuación de un partido político, no necesariamente garantiza la alternancia democrática. Esto sólo representa una alternancia sin alternativa y es en gran parte una consecuencia inmediata de la concepción tecnócrata de la gestión y administración de lo público, entendida como la política alejada de toda participación ciudadana. La alternancia en el poder puede representar la oportunidad para consolidar un régimen democrático más transparente y sometido a la legalidad de instituciones legítimas. Para el caso de México, por el contrario, la alternancia en el poder desató muchos nudos de intereses y compromisos entre los diferentes grupos políticos y sociales tradicionalmente atados a expresiones corporativistas y clientelares, abriendo nuevos espacios de libertad y ámbitos de ejercicio del poder.
Se requiere, además, un cambio de régimen político, acompañados de cambios en el sistema social, de tal forma que permitan un mayor acceso y participación de los ciudadanos en las decisiones públicas y un mayor ejercicio del poder a la sociedad civil y al pueblo. Esto es imprescindible para el diseño e implementación de una política social integral más acorde a la justicia social y con una visión de largo alcance, capaz de combatir la pobreza y de reducir las brechas que genera la desigualdad. A pesar del propósito homogeneizador que tiene el sistema económico y político mexicano, la sociedad civil se vuelve más plural, aunque al afirmar sus espacios de libertad, mediante la coincidencia en la localización de las causas de los problemas, desorganiza los proyectos estandarizadores de los poderes hegemónicos. Uno de los retos actuales que enfrenta el sistema político posrevolucionario mexicano es la apertura para la aceptación de una sociedad más plural.
En México, los grandes fracasos para la superación de la pobreza, educación, salud, alimentación, vivienda, empleo y acceso a infraestructura básica, como elementos de una política social que reflejan un crecimiento inequitativo, necesitan de un replanteamiento. Un nuevo proyecto de política social tiene que partir del supuesto de una mayor flexibilización de las estructuras del poder político – económico y con base en nuevos esquemas de financiamiento y gasto que transparentes su aplicación y limiten el ejercicio corrupto e impune. La política social tiene que ser impulsada con la participación de todas las fuerzas políticas y sectores económicos, a fin de alcanzar logros por encima de intereses meramente partidistas.
Afortunadamente, el gobierno mexicano es consciente de que no será posible privatizar la política social en todas sus dimensiones y de que el Estado seguirá desempeñando la función principal para la formulación e implementación de esta política social dirigida a la atención de los grupos más vulnerables y marginados del desarrollo nacional. Habrá que ver si los empresarios tienen interés en incluirse en los programas y proyectos de desarrollo social y hasta donde es su interés por sustituir al Estado en esta función, o bien bajo nuevas formas de relación entre el Estado, empresas y la sociedad civil, sobretodo cuando anteriormente siempre se enfrentaban por la defensa de sus intereses.
Para que un programa de política social de combate a la pobreza funcione mejorando los niveles de vida de los implicados, se debe apoyar en el sustento para mejorar los niveles de sus propias capacidades y competencias productivas. Así mismo, en elevar su autosuficiencia a partir del desarrollo de esas competencias y capacidades productivas, más que en la mera orientación clientelista con fines partidarios. De hecho, el proyecto de Fox está encontrando muchas resistencias de muy diversa naturaleza, tales como el liderazgo de algunos capitalistas, medios de comunicación, líderes sindicales, etc. que ven agredidos sus intereses. Un gobierno de buenas intenciones pero pobre en resultados, encuentra resistencias que aniquilan las expectativas de la ciudadanía. Las expectativas de logros en crecimiento económico alto se cancelan antes de los cien primeros días de gobierno y se debilita la legitimidad del gobierno.
De acuerdo con Fazio (2000a) Fox asume el gobierno del Estado mexicano como parte de un grupo de banqueros y empresarios, financiado por grupos conservadores oligárquicos. De tal forma que, su llegada coincide con la consolidación de un proceso de concentración y oligopolización económica y centralización política en la toma de decisiones, y expresa que las formas anteriores de representación clientelar y corporativa fueron desplazadas por formas de representación directa que se habían venido manifestando de manera larvada. Efectivamente, el conservadurismo católico del siglo XIX y su poder económico tuvo una influencia decisiva en el triunfo de Fox. Los empresarios ahora son los que gobiernan, son miembros de los consejos de empresas estatales, establecen el salario mínimo, solicitan el diálogo con la sociedad civil y delimitan las condiciones para el establecimiento de la paz con los indígenas de Chiapas.
No hay duda que estos empresarios ascendieron a las cimas de los centros del poder por su propio talento y conexiones. Se acusa a Fox de querer gobernar México como se administra una sociedad anónima porque su gabinete fue conformado en su mayoría por individuos a los que se les reconoce una amplia trayectoria como empresarios. Se quebranta así un mito de la política mexicana que no consideraba a los empresarios como candidatos idóneos para ocupar puestos en el gabinete, porque consideraba que se presentaban conflictos de intereses entre los objetivos privados y los públicos, situación que se tendrá que demostrar. De hecho, es el gabinete que tiene la orientación más empresarial en la historia de México, con una visión gerencial de las actividades, aunque sin una clara identificación de la identidad y rumbo de un proyecto nacional. Los resultados que se obtengan con esta composición del gabinete, determinaran el éxito o fracaso de la concepción gerencial de la administración pública.
Como ejemplo de lo anteriormente dicho, hay que mencionar la inédita participación de cuatro empresarios en la operación de la paraestatal PEMEX bajo la denominada Nueva Estrategia, plantea un claro y serio conflicto de intereses. Las empresas en las que tienen representación los empresarios realizan negocios con la paraestatal. Esta Nueva Estrategia se complementará con un nuevo régimen fiscal que separa la renta petrolera de las principales actividades industriales de la empresa. Si los empresarios consejeros de PEMEX renunciaran a todo tipo de negocios con PEMEX y procedieran solo en el interés público, no sería necesario que la Comisión Permanente de las Cámaras de Diputados y Senadores, aprobara un punto de acuerdo que recomienda la reconsideración de los nombramientos de empresarios consejeros. Esto implica la revocación de los nombramientos, y se recomienda hacer nuevos nombramientos con apego a la Constitución.
Otro caso reciente, que encabezan los conflictos de intereses en el nuevo gobierno de Fox, es el caso en que el Ex presidente Zedillo entró al aceptar un nombramiento en la empresa estadounidense Union Pacific Corporation, que durante su gobierno resultó beneficiada con la compra de Ferrocarril del Pacífico. El nombramiento de Zedillo como parte de Procter and Gamble fue un reconocimiento como "un distinguido líder ?que condujo un crecimiento sin precedentes", pero que sin embargo, "no pudo revertir la desigual distribución del ingreso ni evitar que los indicadores de pobreza se deterioraran?" (Delgado, 2000). Esto demuestra cómo supeditó al país a la nueva división global del trabajo.
De esta manera, con la buena disposición de los empresarios, el sector privado se involucra en la reestructuración y en la administración de empresas estratégicas para el desarrollo nacional, mediante su incorporación en los consejos. Los artículos 25, 26, 27 y 28 constitucionales justifican el papel del Estado como rector del desarrollo con el dominio directo de la nación sobre los recursos naturales, aguas y áreas estratégicas. Se considera que en la recuperación de una política de desarrollo que implica modernización, integración y expansión de las actividades se aumenta el nivel de competitividad internacional de la paraestatal.
Sin embargo, la decisión de Fox de incorporar hombres de negocios violenta la legalidad, ya que los empresarios, además de estar interesados en la apertura del sector energético, poseen empresas que necesitan los insumos de producción de PEMEX. En el ánimo de muchos analistas es una avanzada para entrar por la puerta de atrás a la desnacionalización del último patrimonio de la nación mexicana mediante la privatización. Ha surgido un debate en donde el problema se reduce al tipo de condiciones, marco, contexto, supervisión y controles son necesarios para que los empresarios se hagan cargo de una función directiva en empresas y organismos del Estado.
No obstante, se cuestiona que la nación tenga la función rectora del desarrollo integral y el dominio directo de las aguas y los recursos naturales y la exclusividad en áreas estratégicas. Los empresarios piden participar más en política económica y apuestan a modificar el papel rector del Estado en la economía nacional y en el control de áreas estratégicas, a fin de intervenir más en las decisiones. Uno de sus líderes ha expresado lo anterior de la siguiente forma: "Somos nosotros, los empresarios, quienes podemos guiar al gobierno, de manera firme y decidida, en la ejecución de políticas públicas". En sexenios pasados no hubo las condiciones adecuadas para que el sector privado interviniera en la política económica. Ahora, ha llegado el momento de aprovechar esta oportunidad porque "tal vez no volvamos a tenerla en muchos años. No escatimemos recursos para lograr nuestros objetivos", dijo. (Zúñiga y Pérez, 2001).
Asistimos al comienzo de un proceso de regresión neoligárquica, en el sentido de que los grupos propietarios ejercerán directamente la dominación -aunque lo haga por medio del Estado- reemplazando a una parte de la burocracia gubernamental y eliminando a la antigua mediación conciliatoria representada por la 'clase política' priista. Para Moreno y Gandarilla Salgado (2000), el Estado mexicano es utilizado por las clases dirigentes y asumido como un botín, financia subvenciones inauditas que tienen por destino no las funciones sociales, sino el subsidio directo o discrecional al capital y a la oligarquía (como lo ilustra de modo vergonzante el Fobaproa- IPAB).
Hasta ahora, la política social compensatoria ha sido insuficiente. En el modelo neoliberal, la política social es la gran ausente y se abandonaron los programas de atención a los diferentes ámbitos sociales que requerían atención a la pobreza, para concentrar los recursos en programas de atención a la pobreza extrema solamente. Los alcances y logros de la política económica neoliberal en materia social son endebles y han polarizado a la sociedad mexicana con una alta concentración en la exclusión social, y un fuerte deterioro económico en más de 66 millones de mexicanos. Este es el primer reto en un futuro próximo en México. Pero, además, la sociedad civil tiene que ser construida a partir del concepto de organizaciones que formen redes y que se integren mediante alianzas sociales y políticas, es decir, que sean eficientes en las relaciones entre la sociedad civil y la política.
Efectivamente, como lo constata de la Madrid (2001), el modelo gerencial del Estado mexicano queda perfectamente identificado en un paradigma cuyos rasgos característicos son la definición de los "intereses empresariales, la visión religiosa de la sociedad, las causas y los orígenes de la actual coalición gobernante". Fox planteó un "gobierno incluyente, plural y de transición" (Sierra, 2000), aunque lo prioritario es lograr la eficiencia del gobierno con fundamento en un buen diseño de instituciones que obtengan los consensos de las mayorías y que sean el resultado de una ingeniería constitucional.
El principal reto del nuevo estado Mexicano es la reforma estructural e institucional del Estado y la construcción de uno nuevo. Hasta ahora, los diferentes actores políticos no han sido capaces de definir en términos operativos lo que entienden por reforma del Estado, ni tampoco han sido capaces de establecer las bases que sirvan de sustento político. A pesar de que se han instrumentado algunos cambios favorables a la reforma, sin embargo, los resultados no han sido los esperados, cada vez hay más pobreza y las desigualdades se profundizan.
Cuando los actores políticos pacten una agenda y los tiempos para su desahogo sería el primer paso para llegar a un acuerdo sobre la reforma del Estado. La reforma del Estado se refiere a los principios en los cuales operan las reformas y la política se desempeña. La reforma estructural se refiere al marco legal de la acción pública (Iglesias, 2000: 496). Las instituciones políticas han pasado por fuertes transformaciones. La reforma del Estado mexicano también implica consolidar la reforma política y las instituciones electorales como uno de los principales retos de los próximos años.
La reforma estructural del Estado cambia su participación en los sectores económicos y sociales para garantizar las condiciones macroeconómicas favorables a la inversión privada y al aumento de la competitividad. Pero como ya se ha dicho anteriormente, los resultados han sido negativos hasta ahora. Esta participación del Estado se concentra en actividades de regulación en lugar de una intervención directa en la producción. Además, en materia social, el Estado debe fortalecer su función en la formulación e implantación de las políticas públicas, ya que en esta materia el Estado mexicano ha tenido un retroceso en su responsabilidad para mejorar las condiciones de vida y de desarrollo humano de la población.
La Reforma Estructural del Estado en México está muy lejos de proponer un proyecto que no polarice las acciones entre el Estado, el mercado y la sociedad, sino que de acuerdo con Mangabeira (La Jornada, 2000), este proyecto se construya sobre las siguientes premisas: "crear un Estado actuante y solidario con las clases deprotegidas, que consiga un alto nivel de ingreso público sin traumatizar ni el empleo ni la inversión, a través de un sistema tributario rígido, y diseñar una política social no paternalista ni simplemente caritativa, sino capacitadora, que tenga como eje a la educación".
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Rafael Peña Rosas