Estado y movimientos étnicos en Ecuador

Contemporáneamente con las debacles de las economías de América Latina, visibilizadas en la llamada crisis de la deuda en 1982, son observables un conjunto de demandas y acciones públicas que defienden derechos étnicos al mismo tiempo que promueven la igualdad y la eliminación de toda forma de racismo. Muchas de estas movilizaciones y manifestaciones son observables ya hacia finales de la década del setenta, en la que, al igual que en la del sesenta, predominaron los movimientos campesinos en lucha por la Reforma Agraria.

La década perdida, según la CEPAL, con la que se potentiza la inducción de la región en una globalización no deseada, y por lo tanto forzada, constituye también el momento de quiebra de modelos de transnacionalización y/o acumulaciones nacionales de capital, lo cual pone en situaciones de debilidad, en muchos casos estructural, a los actores inherentes a tales procesos: las incipientes burguesías nacionales, pero sobre todo a la clase trabajadora. Se produce una crisis de representación política.

Es en este espacio que emergen nuevos actores sociales y políticos, como es el caso de los indígenas que lograron resistir con éxito a la destrucción de su ethos cultural que trató de imponerles la dominación colonial, la cual se prolongará en el nuevo régimen de las repúblicas independientes. Estos nuevos actores, que las democracias existentes no fueron capaces de incorporar, manteniendo por el contrario prácticas e ideologías racistas y segregacionistas, exigen a la vez que demandas específicas, desde su condición de marginalizados-oprimidos, nuevas formas de reconocimiento y de representación.

La audiencia y espacio de opinión logrados por los movimientos étnicos se han visto favorecidos por la acción de organismos y la opinión pública internacionales, que han provisto tanto apoyo financiero como presencia en foros internacionales en los que se han legitimado, presionando desde esos espacios a los poderes de sus países en pos de la solución de sus demandas.

Estas demandas, con algunas variaciones, se condensan en dos proyectos: el desarrollo y las reformas políticas. Así, se cuestionan las ventajas que sobre ellos han tenido los no indígenas, su marginalización, y desde estas demandas de políticas sociales se jerarquizan demandas de políticas sociales, se jerarquizan demandas hacia los derechos políticos y civiles que suponen sustanciales transformaciones en los sistemas político-institucionales para la realización de sociedades multiculturales y sobre todo plurinacionales.

En este sentido, como lo señala Hernán Ibarra (2002), "Se puede entender que las demandas étnicas tienen un componente de ‘reformismo radical’; la de impulsar reformas dentro de la institucionalidad para cuestionarla".

En palabras de Marcelo Córdoba, dirigente indígena, presidente del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (CODENPE), organismo del estado ecuatoriano: "el movimiento indígena ecuatoriano es un elemento importante en cuanto a la construcción de la ciudadanía porque desde el levantamiento de 1990 los dos grandes temas reivindicados por los indígenas son los derechos y el desarrollo" (1).

En resumen, los movimientos étnicos, y particularmente el ecuatoriano, aparecen en una coyuntura histórica particular signada por la crisis económica y política. Confluyen demandas por acciones de desarrollo, principalmente hacia el desarrollo rural, tenencia y acceso a la tierra, oportunidades en el mercado, con propuestas políticas de reorganización y democratización del Estado, en el marco de los programas de ajuste estructural implementados en la región, cuyos resultados, según datos y expresiones de la CEPAL, son magros y decepcionantes.

Para el caso de los indígenas ecuatorianos, una población estimada entre el 11 y el 13% de la población nacional, de doce millones de habitantes según el último censo de 2001 (lamentablemente, por razones inexplicables, no se cuenta con datos precisos), el 75% de ésta se halla en situación de pobreza. En el Ecuador la pobreza tiene rostro indígena, la crisis y los sucesivos programas de ajuste estructural han significado tanto el deterioro de su tradicional pobreza como el transparentamiento de que es la sociedad la que los empobrece. Como señala Andrés Guerrero (2001[b]): "Las políticas neoliberales transgreden los principios de la legitimidad del sistema político ciudadano; el Estado mata en forma arbitraria y sin justicia al ‘dejar morir’ a los indígenas".

LA RELACIÓN INDÍGENAS-ESTADO

Como es sabido, la dominación y explotación colonial se afincaron básicamente en la extracción de renta, en especies o dinero, y en el uso de la fuerza de trabajo para la producción hacendaria. Esta institucionalidad de antiguo régimen prosiguió durante más de ciento treinta años en la fundada república del Ecuador. En 1857 se elimina el tributo indígena como una obligación fiscal, al mismo tiempo que se desvirtúa el concepto legal del ‘protector’, asumido por el Estado. Sin embargo, la noción de raza prevaleciente establecerá la diferencia tanto entre los distintos grupos étnicos nativos como con el conjunto de los blancos y mestizos. De hecho, si bien la eliminación del tributo y del protectorado implicaría una igualdad de ciudadanos, la distinción de raza se opondrá a cualquier forma igualitaria, negando por lo tanto la condición de ciudadanos a los indígenas, y fortaleciendo a la vez la jerarquía de dominación.

Hacia 1920, con la aparición de un discurso indigenista, se reivindica al indio como el sustento de la nacionalidad ecuatoriana, impulsándose políticas que privilegiaban la educación. Con la expedición de la ley de comunas en 1937 se origina una actitud protectora desde el Estado a la organización comunal, incorporándose a éstas al ordenamiento jurídico administrativo del Estado. Para estos pensadores y las políticas desarrolladas, el problema indígena es ante todo un problema de falta de integración a la sociedad nacional. Con la constitución de 1979, al reconocerse el voto a los analfabetos, cuya población mayoritaria era indígena, se abre un amplio espacio para la participación electoral de los indígenas, proceso que será importante en la constitución posterior del partido Pachacutik y de sus éxitos electorales, sobre todo a nivel local. Otro hecho trascendental en la misma época será el reconocimiento, en el Plan Nacional de Alfabetización, de la lengua quichua. Este reconocimiento inicial será posteriormente afirmado con la creación, hacia 1994, de la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, y el reconocimiento en la constitución de 1998 de las lenguas nativas.

DESARROLLO DEL MOVIMIENTO INDÍGENA

El surgimiento de las organizaciones étnicas, entre las que se destaca la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), en la década del ochenta, propondrá una nueva definición del indio. Una autodefinición que, además de los elementos culturales, la lengua, los rituales, incluirá la participación organizada, el sentido de pertenencia a una comunidad, así como los derechos sociales, particularmente respecto al agro, de los que son sujetos. Las iglesias -particularmente la católica- apoyaron este proceso organizativo.

Las luchas indígenas, así como los procesos de modernización del agro, propiciaron la reforma agraria de 1964 y la posterior de 1973. Tales reformas, sin embargo, más allá de eliminar las relaciones precarias, particularmente el huasipungaje (2), si bien implicaron un importante avance para la organización del campesinado indígena, no supusieron una redistribución de la tierra. Se trata entonces de reformas agrarias frustradas e inconclusas, asunto sobre el que volverán los levantamientos indígenas de la década del noventa. El levantamiento indígena de junio de 1990 es el momento fundacional del movimiento étnico ecuatoriano. Las acciones de bloqueos de carreteras, manifestaciones en ciudades, tomas de iglesias y otros actos impactaron en el conjunto de la sociedad. Los indígenas emitieron una propuesta contenida en dieciséis puntos, entre los que están la declaración del Ecuador como Estado plurinacional, la solución de los conflictos de tierras, las condonaciones de deudas con la Banca de Fomento y la dirección del proceso de educación bilingüe. También se hicieron extensivas demandas específicas sobre maltrato y discriminación en las oficinas públicas. Este levantamiento coincide con el gobierno de la Izquierda Democrática, un partido de centroizquierda cuya opción y propuesta política se vieron sobrepasadas por el carácter de las demandas. Una cuestión observable en este proceso es la transformación de los campesinos genéricos, que es como el Estado había identificado a los indígenas tradicionalmente, en indios con identidades específicas.

El levantamiento indígena de 1990 tiene como trasfondo un conflicto étnico al mismo tiempo que un conflicto agrario. Es un momento en el cual se produce un avance cualitativo de los indígenas hacia la búsqueda de sus derechos. Las demandas y pliegos petitorios implicarán por un lado un reconocimiento al Estado como interlocutor, al mismo tiempo que se afirman los indígenas como colectividad. El poner sobre la mesa la temática étnica pone en cuestión al Estado nación en medio de una crisis de la ideología oficial del mestizaje. En 1994 se produce un nuevo levantamiento con énfasis en la cuestión agraria, pues se trataba de la defensa de los derechos a las tierras comunales, que concluye con un acuerdo patentado en el código agrario, el cual, si bien establece el respeto a las tierras de comunidad, elimina totalmente cualquier posibilidad de reforma agraria.

Hechos más recientes, como el levantamiento -para algunos, alzamiento- de los indígenas el 21 de enero de 2000 que culminaría con la destitución del presidente Mahuad, volverían a mostrar la fuerza y cohesión del movimiento indígena, así como su convocatoria a otros sectores sociales, particularmente los pobres urbanos. La demanda central, en contra del modelo de dolarización a imponerse, no tendrá éxito, como tampoco el intento de lograr una apertura al sistema de poder existente. Un nuevo alzamiento o levantamiento, en febrero de 2001, concluirá con el establecimiento de una serie de mesas de negociación que no han tenido mayor éxito ni resonancia. En todo caso, el pronunciamiento de los indígenas para negociar políticas de orden general bajo el lema "nada sólo para los indios" no logrará el aporte y participación efectiva de otros sectores, como los obreros por ejemplo, de manera que este "nada sólo para los indios", más que un grito convocante, sonará a un eco auto-escuchado, en tanto se produce en la ausencia de propuestas de la otra parte de la sociedad.

Como resultado de una larga negociación en la Asamblea Nacional Constituyente que elaboró la nueva constitución en junio de 1998, se introdujeron algunas reformas correspondientes a las demandas del movimiento indígena alrededor de la temática de las nacionalidades, aunque de un modo muy parcial. En el Art. 1 se reconoce que el Estado es pluricultural y pluriétnico, aunque en el Art. 83 se enuncia muy ambiguamente el concepto de nacionalidad: "los pueblos indígenas que se autodefinen como nacionalidades ancestrales y los pueblos negros o afroecuatorianos, forman parte del Estado ecuatoriano, único e indivisible".

LAS GRANDES CUESTIONES

Los ejes concentradores de la movilización y propuestas indígenas, el desarrollo y la reforma política del estado, han tenido diversos momentos, como valor de cambio en las negociaciones con el Estado, de paso el único interlocutor, así como de controversia, incluso de divergencias notables al interior de las organizaciones y del movimiento indígena.

Como se mencionó, la versión más generalizada del Estado en su relación con los indígenas es la de concebirlos como campesinos. El mismo discurso indígena, de vuelta a la pachamama y revalorización de las culturas ancestrales, abre espacios de negociación, cooptados y asumidos por el Estado. En 1995 se crea, con apoyo del Banco Mundial, el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE), diseñado para apoyar financieramente a pequeños proyectos productivos y al fortalecimiento de organizaciones de base entre los indígenas y negros del país. El proyecto, que se halla en ejecución en su segunda fase, obliga a la conformación de las llamadas organizaciones de segundo grado, muchas de éstas distintas a las que conforman las bases de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE). La Unidad Ejecutora es un espacio independiente de las organizaciones y actúa con parámetros técnicos según los acuerdos con el Banco Mundial.

Este interesante programa, que parte de diagnósticos participativos, enfrenta sin embargo dos problemas fundamentales. El primero, una fuerte oposición de la intelectualidad indígena y de los más importantes dirigentes, por considerar que las acciones y los montos de los recursos, así como el organismo financiador, no se corresponden con el discurso y el debate político de la organización. Textualmente, en el Boletín ICCI-RIMAY (2001) del Instituto Científico de Culturas Indígenas, que aglutina una parte de la intelectualidad y de la dirigencia indígena, se dice lo siguiente: "La enorme cantidad de recursos que posee esta institución la convierten en una amenaza permanente para el movimiento indígena ecuatoriano. La visión modernizante y apegada a los parámetros neoliberales de la cual son portadores los tecno-burócratas de esta institución se convierten en un riesgo cotidiano para el proyecto político de las organizaciones indígenas y en una fuente de conflictos permanentes. Pero, no se trata del choque entre dos visiones distintas de la realidad, sino de la confrontación entre dos proyectos históricos distintos".

Otro problema que confronta la propuesta agrarista de desarrollo indígena tiene que ver con el proceso de descomunalización de las comunidades andinas, donde es observable un vaciamiento de la comuna tradicional como espacio de hábitat y reproducción social, ampliándose los espacios de reproducción hacia ámbitos locales, incluyendo áreas urbanas. Un mayor relacionamiento de la comunidad indígena con la sociedad capitalista, con la que se asienta y retroalimenta la noción de propiedad e individualidad, así como la pérdida de fertilidad de los suelos y el crecimiento demográfico que imposibilitan asegurar, en términos de Claude Meillassoux, "la restitución de la energía humana", son las causas principales de este proceso de descomunalización, aunque al mismo tiempo la conciencia sobre la pérdida del valor simbólico de la ancestral comunidad motiva la repuesta política indígena alrededor de demandas más amplias. La descomunalización, junto con la desarticulación de la familia indígena y las fugas migratorias, son una expresión y efecto locales de los procesos de exclusión y desarticulación globales.

En lo que respecta a la reforma política, en 1994 la CONAIE presentó una propuesta de reforma constitucional para que se legisle respecto de que el Ecuador es un "estado plurinacional, pluricultural y plurilingüe, que reconoce, protege, respeta y desarrolla su diversidad cultural".

La misma propuesta incluía otros asuntos, como el hecho de declarar a la educación oficial como "laica, intercultural, bilingüe", proponiéndose también que en las jurisdicciones territoriales de los pueblos indígenas de entre sus miembros, se elegirá un representante ante el Congreso Nacional y gobiernos seccionales, a través de un proceso eleccionario interno y exclusivo para los pueblos indígenas; el Estado debería garantizar una representación indígena, ante el Congreso y los gobiernos locales, equivalente a un 30% del total de la representación. Este planteamiento tiene implícita la profunda reforma política concebida dentro del esquema de una democracia participativa. La autonomía étnica, el hecho de que las comunidades indígenas son autónomas y sus autoridades ejercen funciones de administración y tienen jurisdicción tanto normativa como procesal, era otra de las reformas propuestas por la CONAIE que supone la institucionalización de la legalidad del derecho étnico consuetudinario. La cuestión de los territorios étnicos es altamente controversial, tanto para los intelectuales y dirigentes indígenas como para los sectores de poder. Para estos, la sola mención del territorio étnico es asimilada como la creación de estados paralelos.

La territorialidad que bien puede ser operativa en los territorios étnicos de la amazonía y la costa, donde existen grandes extensiones de dominio territorial de los grupos étnicos, confronta problemas en la región andino-serrana, en donde el dominio territorial está atravesado y es compartido con otros grupos sociales así como estructurado en múltiples formas de propiedad y gestión de los recursos. Esta problemática es reconocida por la intelectualidad y dirigencia indígena en el siguiente texto: "Las nacionalidades de la amazonía más que una pertenencia a la tierra bajo dimensiones económicas, vislumbran a su entorno como un territorio que debe estar bajo su control. Su noción básica será justamente la noción de territorio, un concepto cultural fundamental para definir una nación". Párrafos antes, en el mismo documento, se señala que para los indígenas serranos "la lucha por la tierra elemento central de su cosmovisión, era sobre todo una reivindicación de tipo económico".

Este reconocimiento de dos historicidades les lleva a afirmar: "ahora bien, el encuentro de estos dos procesos históricos, implica una serie de rupturas y transformaciones; de estas rupturas pueden desprenderse dos de las categorías políticas más importantes que se han generado en el Ecuador contemporáneo, aquella de la pluriculturalidad y la interculturalidad" (ICCI-RIMAY, 2002).

Como se observa a partir de lo expuesto, si bien se reconoce la presencia de dos concepciones societales sobre la tierra y los territorios, no se define lo que se entendería por territorialidades en la región serrana, y por ende acerca de la existencia de nacionalidades en esta área geográfica. La cuestión parece estar en que la definición y la temática de la plurinacionalidad conllevan a una confusión sobre el uso del concepto de nacionalidad. Como señala Ibarra, "las organizaciones indígenas han venido utilizando la denominación de nacionalidad indígena para referirse al conjunto de los pueblos indígenas agrupados en la CONAIE" (Ibarra, 2002).

La definición usada por la CONAIE se corresponde más con la versión occidental de la constitución de los estados nación, que alude a una sociedad unida por vínculos de lengua, cultura y territorio. En esta concepción, la nacionalidad constituye el fundamento del Estado nación. Sin embargo, como se ha mencionado, la geografía y la ocupación territorial de las comunidades y etnias indígenas son variadas y diversas, siendo la territorialidad más visible en la amazonía y difícilmente definida en la región serrana, que es la que concentra la mayor parte de la población indígena del país.

La complejidad de estas definiciones de territorialidades es reconocida en el Boletín del ICCI-RIMAY (2002: 4), en los siguientes términos: "Para poder organizar a la CONAIE desde la noción de nacionalidad y pueblo, es necesario un proceso de reconstrucción de esas nacionalidades y pueblos".

Tanto en Ecuador como en otros países de América Latina, la discusión de la autonomía étnica conlleva el reconocimiento de esa autonomía con un estatuto específico y su institucionalización en las constituciones políticas de los estados. Además, como lo señala Ibarra (2002): "El principio básico que se halla en juego es el de la autodeterminación, entendido como la capacidad de los grupos étnicos por decidir sobre sus asuntos".

A MANERA DE CONCLUSIONES

Una de las cuestiones interesantes de las organizaciones étnicas en el Ecuador es el hecho de haber conformado una amplia red organizativa a nivel local que alcanza grados de centralización tanto regional como nacional y que tiene en la CONAIE a su portavoz unificador, aunque esto tiene el riesgo de monopolizar la representación. Otro aspecto de interés que no es sólo particular a las organizaciones étnicas ecuatorianas, sino que se presenta en otros países como México y Bolivia, por ejemplo, es la formación de una intelectualidad indígena y de nuevas formas de liderazgo capaces de articular un discurso, de potencializar la subjetividad identitaria, así como de liderar organizaciones, muchas de las cuales en el sentido técnico se pueden considerar como modernas. Es evidente que el movimiento indígena ha jugado un importante rol en la oposición al ajuste estructural, en la articulación a otros actores demandantes y opuestos al neoliberalismo: una situación en la que empatan las demandas étnicas con el cuestionamiento a la estructura social y un interés propositivo en redefiniciones del carácter del sistema y del funcionamiento mismo de la democracia.

Los temas pendientes y de mayor y álgido debate, como es el caso de las autonomías y/o constitución de un Estado plurinacional, se enmarcan y tienen relación con el grado de profundidad y amplitud de las reformas políticas, particularmente de las reformas constitucionales, en las que se reconozca plenamente la diferencia a partir de un Estatuto de los Pueblos Indígenas en tanto sujetos de derechos colectivos. Como se ha visto en el plano declarativo, la constitución ecuatoriana de 1998 reconoce la multiculturalidad.

Dada la condición de campesinos de la gran parte de la población indígena, la cuestión agraria del desarrollo rural seguirá siendo el enlace entre las demandas locales y las propuestas nacionales, así como también materia, como lo ha sido, de acuerdos y manejo político. En todo caso, la cuestión de acceso a la tierra es un asunto pendiente. Algo a tomar en cuenta es el hecho de que una cultura nacional ya no puede ser vista ni como la sumatoria de diversidades ni como hechos que se explican en una cultura nacional. Como bien señala José Sánchez Parga (1998), "El imperativo tanto como la tarea es hoy no ya pensar las culturas particulares regionales desde la cultura nacional sino a la inversa ésta desde aquellas".

Todo esto porque preocupa la necesidad de dotar a la plurinacionalidad de un contenido conceptual que sobrepase su valor instrumental-coyuntural. A saber, la reivindicación de las nacionalidades, entendida en la ecuación cultura-territorios, cobra fuerza en las luchas anticoloniales y de liberación nacional. Es en ese contexto que se explican y adquieren valor, y es por ello que el planteamiento provoca equívocos, tendencias y suspicacias.

En la actual coyuntura histórica, y más allá, en el ánimo y conciencia de los sujetos-actores, ¿están presentes luchas anticoloniales y/o de liberación nacional? De ser así, no hay mucho que discernir, aunque sí que debatir, sobre cómo acumular fuerzas y ganar la batalla, en el campo que la correlación de fuerzas establezca y que define, también, los actores y los contrincantes.

De no ser así, cobra valor lo conceptual, que definimos por nación-nacionalidad, y cuál es el ámbito en el que este ejerce sus derechos y en última instancia su soberanía. Bien puede explicitarse que no se trata de soberanías sino de autonomías, pero esto también debe ser definido y explicado.

¿Serán esas culturas regionales, en constante proceso de cambio interno y de encuentro con otras, la base de tales naciones o autonomías? Quizás, en el entendido de que crean, fortalecen y reproducen identidades. Es evidente que lo identitario es la base para avanzar en propuestas de desarrollo, si no me identifico, cómo y por qué participo, aporto, someto mi individualidad al bien colectivo.

En un país como el nuestro, en el que las culturas y las identidades se mezclan, se tensionan, conviven, el problema de la territorialidad es algo complejo. Habrá que definirlo, establecer los límites, si se habla de territorios físicos, así como el tipo de institucionalidad que los soporta. En este entorno se puede caer en peligrosos esquematismos de autoritarismo cultural –cultocratismos- que conllevan a situaciones fascistas.

Parece entonces que la entrada desde la categoría interculturalidad puede aportar en mucho a definir sobre el concepto de plurinacionalidad, urgiendo su estudio y debate.

Dado que el tema y la aplicación de la categoría suponen un espacio universo analítico, será necesario definir teórica y operacionalmente tal espacio. Varios hechos y/o escenarios deben ser considerados.

Más allá de si la globalización es o no algo reciente y de aplicabilidad a la mundialización de la economía de mercado, el hecho cierto es que nos encontramos ante una impresionante circulación, de inusitada rapidez y volatilidad, de la información y las imágenes, y de acumulación de saberes tecnológicos, que influyen en las percepciones, conocimientos y valores; que se interponen a las decisiones de los estados naciones, restándoles capacidad de definir el destino de sus economías. Esto es ya un dato, como también lo es el que las reivindicaciones democráticas tienden más a resolverse en lo local que en lo nacional. Tienen la gran ventaja de volver más plástica, visible y operativa a la democracia. Tienen o podrían tener la desventaja de concitar toda la atención y energía en lo particular-local, abstrayendo las interrelaciones y hegemonizaciones del capitalismo mundializado. Tal peligro de abstracción conlleva una perversión suicida para las culturas y las economías. Hay algo de ello en lo small is beautiful.

Otro escenario tiene que ver con la construcción de la democracia en el actual estado ecuatoriano, y en la constitución de ciudadanos –en plural– en la que tal democracia debe fundarse para desbloquear la actual situación, definida por Julio Echeverría (1997). El pasaje de comunero a ciudadano sin perder pertenencia étnica es un tema crucial, como lo es, en la perspectiva de las nacionalidades, el establecer la relación entre los derechos individuales, que caracterizan a los ciudadanos, con los derechos colectivos. Hay tela para cortar en algunos trabajos como el de Jorge León (1994).

Otro escenario se relaciona con los procesos de descentralización. Bien entendidos, se trataría de potenciar acumulaciones locales -de capitales, capital social, capital humano– significativas, capaces de tener un efecto de locomotora sobre las otras formas de economía, en pos de permitir su desarrollo y por ende el desarrollo local. Aquí, las potencialidades de las culturas local-regional tienen mucho que decir, y es posible que en última instancia sean las identidades las que definan, como en el caso catalán en España, la construcción de esos ámbitos para una descentralización real y efectiva. Hay que recordar, sin embargo, que lo catalán fue posible en tanto estuvo acompañado de un importante poder económico en manos catalanas –capitalista, por cierto. Es en este escenario en el que se plantean las autonomías o las circunscripciones étnicas. Estas últimas, más que hacer énfasis en la geografía física de los límites territoriales, proponen ámbitos de reproducción cultural, económica –de mercados– que sobrepasan las divisiones político-administrativas de los estados. En esta perspectiva lo local bien podría ser lo regional. Hay mucho trabajo por hacer en esta línea.

Por último, está el escenario propuesto por las tecnoburocracias, no necesariamente peyorativo, de los organismos multilaterales como la OIT y el Banco Mundial. Imprimiendo una reforma desde arriba, ofrecen ventajas en tanto abren espacios y concitan al debate. Sin embargo, entre otros problemas, llevan implícitos relativismos conceptuales que pueden diluir asuntos de fondo, como los requerimientos hacia un nuevo orden económico mundial.

Las posibilidades del movimiento indígena, así como de los proyectos alternativos, se complejizan ante una sociedad en la que el capital simbólico se ha erosionado, perdiendo valor identitario como nación, con lo que se abre un interrogante sobre a quién se interpreta. Como señala Teodoro Bustamante (2001): "Hoy en día sospecho que seguimos buscando mitos que nos expliquen la realidad sino que simplemente se acomoden a nuestras necesidades subjetivas".

Preciso es advertir que, ese discurso sobre el otro, en el sentido de Levy Strauss, opta, desde los analistas, a tomar distancias hacia un costado, con el consiguiente riesgo, como señala Andrés Guerrero (2001[a]), de que: "En los análisis se esfumará la historia que nos constituye: el hecho de que, como individuos, somos productos de destinos relacionales (N. Elías) en una sociedad a la vez colonial y republicana, de indios y ciudadanos".

NOTAS

1. Tomado de la entrevista realizada en noviembre de 2001 por Nieves Zúñiga García (2002).

2. N. de la E.: el huasipungaje es un tipo de hacienda de forma semi-feudales, en donde el campesino (huasipungero) trabajaba para el hacendado a cambio del usufructo de un pequeño terreno (huasipungo).

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FUENTES

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Francisco Rhon Dávila (*)

(*) Director Ejecutivo del Centro Andino de Acción Popular (CAAP) Quito, Ecuador.