Insurrecciones de 2002 en Venezuela. Causa e implicaciones

La sociedad venezolana vivió en 2002 uno de los años más convulsionados de su historia contemporánea. Fracturada en dos bloques poderosos que se enfrentaron continuamente a lo largo del año, en dos oportunidades el Estado hubo de afrontar una insurrección de grandes proporciones que puso en peligro el gobierno del presidente Chávez, elegido abrumadoramente en comicios democráticos de 1998 y 2000. El golpe de estado del 11 de abril y el paro general indefinido con parálisis de la industria petrolera de diciembre constituyen dos episodios estrechamente relacionados. En ambos una significativa porción de venezolanos militares y civiles se sublevaron contra el gobierno desconociendo su legalidad y legitimidad, mientras otra también significativa porción de venezolanos, igualmente civiles y militares, se movilizaron intensamente e incluso expusieron sus vidas para defenderlo. Por el momento, el gobierno de Chávez ha sobrevivido a estas poderosas insurrecciones.

Entender por qué un gobierno democráticamente electo y ratificado, que en sus primeros dos años cumplió con algunas de las demandas más exigidas por el electorado venezolano en la última década, es repudiado y desconocido por una parte de la población hasta el extremo de sentirse legítimamente autorizada a usar la violencia para deponerlo, mientras es respetado y amado por otra, es el objetivo del presente trabajo. Planteo que una explicación para esta situación debe necesariamente tomar en cuenta una causalidad compleja, de distintas temporalidades en su desarrollo. Considero que algunas de esas causas proceden de procesos propiamente nacionales, pero también hay otras más vinculadas a la dinámica actual del ámbito internacional. Estos factores se fueron acumulando, articulando y convergiendo hasta hacer estallar en Venezuela esta crisis, que pareció primeramente política pero ha terminado por afectar hasta los últimos resquicios de la vida social.

La crisis que padece Venezuela contiene importantes semejanzas y vínculos con problemas que se están desarrollando en diversas sociedades nacionales del Tercer Mundo. De allí la necesidad y utilidad de analizar la crisis venezolana con miras a iluminar aspectos que pueden contribuir a la comprensión de procesos de transformación más generales ocurriendo en sociedades sometidas a las mismas dinámicas de la globalización. La llegada de Chávez a la presidencia en 1998 tuvo una trayectoria, y representó una opción política, que guarda similitudes, por ejemplo, con el arribo de Lucio Gutiérrez a la presidencia de Ecuador. La crisis y colapso de los partidos políticos que Venezuela vive desde la década del noventa –y que explica en parte su inestabilidad política reciente– es compartida por varias naciones suramericanas: véase el caso dramático de Argentina. Las difíciles relaciones entre medios de comunicación y gobierno han sido también denunciadas en Perú y Ecuador. El debilitamiento del Estado nacional y su vulnerabilidad ante agencias y corporaciones internacionales es una característica compartida actualmente por la mayoría de las sociedades del continente.

El presente artículo está dividido en dos partes. En la primera haré una descripción analítica de cómo evolucionó entre octubre de 2001 y enero de 2003 la crisis política venezolana. Presentaré los episodios y elementos más reveladores de la extensión e intensidad de esta convulsión. Para ello he utilizado principalmente fuentes hemerográficas nacionales e internacionales. En la segunda, desarrollo una interpretación de las causas que concurrieron para impulsar la situación insurreccional, poniendo de relieve el problema de la legitimidad del gobierno de Chávez. Procuro responder una pregunta que en muchos momentos se me ha formulado: ¿por qué una parte de la sociedad odia tanto a Chávez, mientras otra lo ama con pasión?

LA EVOLUCIÓN DE LA CRISIS (2)

Entre fines de 2001 y enero de 2003 ocurrieron en la sociedad venezolana varias confrontaciones entre gobierno y oposición que pusieron de manifiesto la existencia de una polarización política extrema, así como su canalización hacia una situación insurreccional contra el gobierno legal y legítimamente constituido. Las condiciones propiciadoras de la polarización política venían desarrollándose en los años previos, pero se fueron ahondando en el último cuatrimestre de 2001, impulsadas por acusaciones de autoritarismo y agresión verbal que la oposición hacía de manera creciente contra el presidente y su gobierno a propósito de la aprobación de un conjunto de leyes, algunas medulares de su proyecto político. En diciembre de 2001 la confrontación desembocó en un paro cívico, el primero de cuatro, que fue respondido con un endurecimiento del discurso presidencial y amenazas de dirigentes del partido de gobierno al orden democrático. A partir de entonces la polarización y la confrontación se hicieron más intensas, desembocando en el segundo paro cívico, en abril de 2002, que sirvió de antesala al golpe de estado del día 11. Con este golpe de estado y el retorno de Chávez al poder 48 horas después, se reveló la hondura de la fractura sociopolítica venezolana y se entró en una crisis política. Las iniciativas de diálogo, negociación o acuerdos que se intentan en los meses siguientes no producen resultados significativos. Ese diciembre se arribó de nuevo a un impasse entre los dos bloques, que llevó a la oposición a organizar un cuarto paro cívico, el cual, al igual que en abril, desembocará en una situación insurreccional. Para fines de enero de 2003 se hace claro que el gobierno de Chávez ha logrado resistir. Veamos algunos de los aspectos más importantes de los tres picos de esta crisis.

EL PRIMER PARO CÍVICO

El paro cívico del 10 de diciembre de 2001, convocado por la máxima representación patronal del país, la Federación de Cámaras de Industria y Comercio (FEDECAMARAS), fue el resultado del creciente enfrentamiento de distintos grupos empresariales con el gobierno de Chávez. El descontento de empresarios y comerciantes se había venido manifestando prácticamente desde el inicio de la gestión gubernamental, pero fue en este año que se cohesionaría como fuerza política opositora por la forma -además de los contenidos- en que el Ejecutivo nacional aprobó cuarenta y nueve leyes. Éstas fueron aprobadas el 12 de noviembre a través del uso de facultades extraordinarias contempladas en la Constitución y concedidas al Ejecutivo por la Asamblea Nacional por medio de una ley habilitante. FEDECAMARAS argumentó que las mismas no habían sido suficientemente consultadas con la sociedad y lesionaban derechos constitucionales, como los de participación, propiedad privada, justicia, libertad, derechos humanos y pluralismo político. Entre las leyes más criticadas por los empresarios estaban las leyes de tierras, pesca e hidrocarburos, que sin duda afectan intereses de estos sectores. Propietarios de tierras rurales y empresarios de la pesca industrial venían movilizándose desde septiembre de ese año, y recibieron hacia octubre el respaldo de la máxima representación empresarial (López Maya, 2002).

El paro del 10 de diciembre no sólo paralizó de manera significativa las actividades comerciales del país urbano, sino que también cohesionó por primera vez a las distintas fuerzas organizadas de la oposición, incluyendo sectores gremiales, sectores medios de diversa naturaleza, pequeños partidos políticos emergentes, viejos partidos venidos a menos como Acción Democrática (AD) y COPEI, y algunos intereses sindicales tradicionales representados en la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), todos ellos descontentos por considerar afectados sus intereses y por un estilo autoritario y pugnaz del gobierno de Chávez. Este paro cívico fue el primer éxito que se anotó la oposición en su confrontación contra el gobierno de Chávez, y constituye el punto de partida de un endurecimiento de las posiciones de ambos bandos que desembocará en un segundo paro cívico en abril, esta vez como parte del desarrollo de un golpe de estado. Por su actuación durante ese paro, en los meses siguientes la oposición reconocería al presidente de FEDECAMARAS, Pedro Carmona Estanga, como cabeza de su movimiento.

El gobierno y las fuerzas que lo respaldan, agregadas en los partidos Movimiento Quinta República (MVR), Patria Para Todos (PPT) y otros, reaccionaron ante esta primera demostración de fuerza de la oposición acentuando el discurso belicoso y la acción confrontacional, y fortaleciéndose su liderazgo más intransigente. El mismo 10 de diciembre, por ejemplo, el gobierno resolvió trasladar a Caracas los actos conmemorativos del día de la aviación, que estaban pautados para realizarse en la ciudad de Maracay. Buscó con ello hacer sentir su fuerza exhibiendo en el cielo los aviones militares. Asimismo, organizó en Caracas una concentración campesina en la tarde para celebrar la promulgación de la ley de tierras. En ambos actos el presidente se presentó en traje militar, declaró que iba a acelerar la aplicación de las nuevas leyes, y amenazó con nuevas resoluciones oficiales para regular actividades privadas. En el MVR se emprendieron acciones contra aquellos de sus parlamentarios que habían propiciado el diálogo con la oposición, pasando sus expedientes al órgano disciplinario del partido. Este endurecimiento de las posiciones del gobierno y su partido tuvo su contraparte en FEDECAMARAS y la oposición en general, que en una actitud igualmente intransigente, y desde una posición fortalecida por el éxito del paro cívico, exigieron a partir de entonces la derogación de las cuarenta y nueve leyes sancionadas a través de la habilitante. Algunos ya solicitaban la renuncia del presidente. Estas posiciones extremas impedirían en los meses siguientes el diálogo y la negociación política entre las partes en pugna.

SEGUNDO PARO Y GOLPE DE ESTADO

La política de la calle, es decir, una continua movilización de lado y lado, es la característica de la dinámica sociopolítica de los primeros meses de 2002 ante la polarización y el bloqueo de salidas negociadas. Una parte de la oposición maneja desde fines de año la demanda de la renuncia del presidente; otros piden que se impulse a mediano plazo un referendo revocatorio. Corren también insistentemente rumores sobre el descontento en las fuerzas armadas, habiendo señas de que un sector radicalizado de la oposición juega al golpe de estado. En este contexto se produce en el mes de febrero el conflicto entre el Ejecutivo nacional y sectores de la gerencia de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), plataforma que impulsará el segundo paro cívico, que desembocará en el episodio del golpe de estado del 11 de abril.

El conflicto de sectores de la gerencia mayor y ejecutiva de PDVSA tuvo como motivo visible el nombramiento en febrero por parte del Ejecutivo de un nuevo presidente y una nueva junta directiva de la empresa. Con Gastón Parra como nuevo presidente de la compañía, eran ya cuatro los presidentes que había nombrado el gobierno, aparentemente sin lograr sus objetivos de alinear la empresa con la reforma petrolera que venía desarrollando como parte medular de su proyecto político. Sin embargo, el motivo hecho público para el paro no era ése, y no se cuestionó abiertamente el nombramiento de Parra sino el de miembros directivos internos de la compañía. La gerencia alegaba que estos nombramientos violaban reglas consuetudinarias de la empresa, que otorgaban esos cargos por "méritos". El argumento de la meritocracia para ascender o sentarse en la junta directiva de PDVSA era la reivindicación tras la cual se ocultaba la diferencia más honda entre el gobierno y sectores de la gerencia en torno a la política petrolera. En la década anterior, de implementación de orientaciones económicas gubernamentales de naturaleza neoliberal, la gerencia se había independizado de la supervisión estatal y había formulado y desarrollado una política de apertura petrolera. Con ella buscó distanciar al país de la OPEP, reducir el ingreso fiscal petrolero, propiciar el retorno de los capitales foráneos petroleros y eventualmente llevar a una privatización de la industria (3). Las leyes de hidrocarburos gaseosos de 1999 y de hidrocarburos de 2001 revirtieron estas tendencias y retomaron una política que podría grosso modo caracterizarse como una continuación, actualizada a los nuevos tiempos, de la política nacionalista que a lo largo del siglo XX había desarrollado el Estado venezolano con la industria petrolera.

El paro de actividades administrativas en PDVSA demandando la renuncia de los directores internos de la junta nombrados recibiría en abril el apoyo de la CTV, que tomó la iniciativa de convocar el día 9 a un segundo paro cívico de solidaridad, ampliamente respaldado e incluso impulsado por FEDECAMARAS, organizaciones sociales y políticas de oposición y el episcopado de la Iglesia católica, aunque menos exitoso que el del 10 de diciembre. El sindicalista Carlos Ortega prorrogó este paro por 24 horas más, y el 10 de abril, ante una poco concurrida concentración frente a la CTV, declaró un paro indefinido, que paradójicamente fue apoyado con entusiasmo por el empresariado y el resto de las fuerzas opositoras. Esa misma tarde convocaron también a una marcha para el día 11 que se movería del Parque del Este de Caracas hacia una de las sedes de PDVSA, también en el este, para mostrar su solidaridad con la gerencia. Como es sabido, esa marcha, ampliamente convocada por los medios de comunicación, fue multitudinaria, y una vez llegada a PDVSA-Chuao fue persuadida para seguir hacia el centro de Caracas, a la sede del Palacio Presidencial, para sacar de allí al presidente Chávez. Esta insurrección civil confrontó en el centro una situación de violencia, cuyo origen a la fecha no ha podido ser aclarado, que arrojó diecinueve muertos y más de un centenar de heridos. Estos sucesos sirvieron de justificación para la insurrección militar de un sector de oficiales de alto rango, produciéndose un golpe de estado que depuso por 48 horas al presidente (4).

El 13 de abril, instaurado ya el gobierno de facto presidido por el señor Carmona Estanca, de FEDECAMARAS, diversas y nutridas movilizaciones de los sectores populares que apoyaban al presidente derrocado, conjuntamente con una insurrección militar de signo contrario al del día 11 y el apoyo de organizaciones y medios internacionales, devolvió a Chávez al poder, retomándose el hilo constitucional roto por el golpe cívico-militar. A partir de entonces, y a diferencia del 10 de diciembre, el presidente prometió y se avino a bajar el tono de su discurso, pidió disculpas por errores y ofensas, prometió rectificaciones y tomó iniciativas para el diálogo y la negociación con sus adversarios políticos. En los meses siguientes los dirigentes y sectores más democráticos del gobierno se fortalecieron, y se hicieron manifiestas, en efecto, algunas rectificaciones importantes: cambios en el gabinete económico, colocándose funcionarios con mayor capacidad de comunicación con sectores empresariales; política de rectificación y reconciliación con la gerencia mayor de PDVSA; moderación del discurso presidencial; mayor respeto por los procedimientos institucionales. El presidente no volvió a usar el uniforme militar e invitó al país a personalidades y organismos internacionales que pudieran brindar sus apoyos para ayudar a salir de la crisis política que el golpe había abierto. El vicepresidente, por su parte, tomó la iniciativa de abrir mesas de diálogo con diversos sectores de la sociedad.

En contraste, la oposición se mantuvo renuente al diálogo o la negociación con el gobierno y siguió centrada en la política de la calle, pidiendo elecciones "ya", lo que no está contemplado en la Constitución, y/o la renuncia del presidente. Aunque en un primer momento se halló debilitada políticamente por el retorno del presidente, y dividida por desavenencias reveladas durante el golpe y el gobierno de facto entre partidarios y detractores de atajos violentos, no construyó en los meses siguientes una estrategia de clara vocación democrática que neutralizara a sus sectores más radicalizados. Recién en noviembre, tres semanas antes del inicio del cuarto paro cívico, bajo reiteradas presiones de personalidades y organismos internacionales, se avino a sentarse a la Mesa de Negociación y Acuerdos instaurada bajo la facilitación del secretario de la OEA, César Gaviria. Sin embargo, para ese momento, el predominio de los sectores radicalizados y antidemocráticos en la Coordinadora Democrática (CD) hacía improbable que un acuerdo político prosperara antes de la nueva medición de fuerzas que prometía el paro, donde la oposición se sentía confiada en salir victoriosa.

PARO PETROLERO

La segunda gran insurrección de este año comienza a fabricarse desde agosto. Una decisión del Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que no existían méritos para enjuiciar por rebelión militar a cuatro altos oficiales, responsables del golpe de estado del 11 de abril.

Fue ésta una clara decisión política y no jurídica del máximo tribunal, que abría la puerta para una nueva aventura militar. Para el mundo civil fue una señal de que en el país reinaba la impunidad. El 22 de octubre, catorce militares, entre ellos algunos de los absueltos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en agosto, tomaron la plaza Francia de Altamira, en el este de Caracas, pronunciándose en "desobediencia legítima" contra el gobierno y declarando la zona "territorio liberado". Anunciaron que sólo abandonarían la plaza cuando cayera Chávez, y llamaban a sus compañeros de armas a alzarse contra el gobierno.

En el mismo mes de octubre, luego de una marcha, la CD dio lo que según dijo era un ultimátum a Chávez: si no renunciaba y convocaba a elecciones, la oposición llamaría a un paro cívico. El presidente hizo caso omiso y la oposición convocó para el 21 de octubre su tercer paro cívico. Aunque este paro fue parcial y menos beligerante que los previos, comenzó allí la recta final para desembocar en el paro indefinido y petrolero de diciembre. A partir del paro de octubre se suceden sin cesar una serie de hechos que van cargando con violencia la atmósfera del país: la toma de la plaza Altamira por los militares, ya señalada, al día siguiente de este paro; a inicios de noviembre, un encuentro violento en el centro de Caracas entre allegados del gobierno y de la oposición motivado por la solicitud de un referendo consultivo por parte de la CD; en esos días se devela también una conspiración al allanar la casa de un ex canciller de AD donde se encuentra material preparatorio de un gobierno transitorio; una balacera se produce a mediados de noviembre en el centro de la ciudad motivada por un conflicto policial, donde mueren tres personas; poco después el Ejecutivo nacional interviene la Policía Metropolitana (PM) y ordena la salida de la Guardia Nacional (GN) a la calle para patrullar la ciudad de Caracas; finalmente estalla una crisis en el Consejo Nacional Electoral que pone de relieve la politización de esa institución.

El 2 de diciembre, con todo lo anterior a cuestas, comenzará el cuarto paro cívico en el lapso de un año.

Este paro mostró connotaciones distintas a los precedentes, al hacerse evidente que no sólo se sumaba al paro la gerencia administrativa de PDVSA, como en abril, sino también buena parte de la gerencia operativa y los capitanes de la Marina Mercante, procediendo a paralizar las actividades operativas de la compañía y prácticamente de la totalidad de la flota de tanqueros de PDV Marina (5). PDVSA es la compañía más grande de América Latina, y corazón de la actividad económica de Venezuela. La mitad del ingreso fiscal venezolano proviene del negocio petrolero. El lunes 9 de diciembre, día en que la oposición convirtió el paro en "indefinido" hasta que cayera Chávez, en cadena oficial trasmitida por todos los medios de comunicación audiovisual, el presidente de PDVSA reconoció que la compañía estaba virtualmente paralizada. Denunció el paro como una "sabotaje criminal". Convocó al pueblo a salir a la calle y rodear edificios, instalaciones y otros bienes de la empresa, a fin de apoyar al gobierno en su esfuerzo por presionar a la gerencia a levantar la paralización.

El conflicto petrolero se hizo central, y las demás acciones perdieron relevancia.

La paralización de la industria dio una dimensión profunda a la crisis. Más allá del gobierno de Chávez, el conflicto perseguía la quiebra financiera del Estado venezolano. En el caso de tener éxito la gerencia de PDVSA, manteniendo el control de la empresa y forzando la salida del presidente, se convertiría en un actor con poder de veto sobre los gobiernos electos, una empresa por encima del Estado nacional capaz de imponer su proyecto político a éste y a la sociedad en su conjunto. Pese a los muchos pronósticos que aseguraban que no había gobierno venezolano que aguantara un paro petrolero, hacia mediados de enero la evolución del conflicto tendía a favorecer al gobierno. Lentamente éste volvía a ganar control sobre la empresa, activaba diferentes operaciones, y anunciaba un proceso de reestructuración de la misma. Hacia principios de febrero más de 5 mil gerentes y trabajadores habían sido despedidos por abandono del trabajo y la empresa había logrado rescatar todos sus tanqueros, iniciar el proceso de arranque de sus refinerías, y exportar poco más de un millón de barriles diarios, un poco más de un tercio de su capacidad normal. En el mes de febrero esta tendencia se hizo franca: los despidos pasaban de 11 mil y se habían reiniciado la exportación de crudos y la producción de derivados.

EL GOBIERNO DE CHÁVEZ: ¿LEGÍTIMO?

En un libro clásico de la sociología de Barrington Moore Jr. publicado en 1978, que se titula La injusticia. Las bases sociales para la obediencia y la rebeldía, se explica cómo toda sociedad establece los límites permitidos para quienes gobiernan y quienes son gobernados en aras de la convivencia social. Estos límites pueden estar explícitos, como en la Constitución, o implícitos, como en costumbres y modos de comportamiento. Cuando alguna de las partes, autoridad o gobernado, viola esos límites, se producen indignación moral y sentimientos de injusticia que impulsan la rebeldía. En Venezuela se habían producido desde hacía al menos dos décadas estos sentimientos hacia el gobierno y el Estado, tanto por parte de sectores populares como, más recientemente, por parte de sectores empresariales, gerentes de PDVSA, grupos de clase media y sindicatos tradicionales. ¿Por qué? Las reglas de la convivencia social y los límites entre gobernantes y gobernados, cimentados en los pactos constitutivos del sistema democrático venezolano de 1958, permitieron relativa paz social en Venezuela por cerca de tres décadas. Pero desde la década del ochenta esas reglas han venido siendo violentadas por el creciente empobrecimiento y cierre de expectativas de mejora económica y ascenso social que padecen las grandes mayorías (Roberts, 2001; López Maya y Lander, 2001; Briceño León, 2000; entre otros). La exclusión y polarización social, que en nuestras sociedades constituyen un problema histórico, resultado del proceso de colonización, fueron poco superadas por la república nacida de las luchas emancipadoras del siglo XIX. Pero en las décadas del sesenta, setenta e incluso ochenta, la democracia resultante del pacto de Punto Fijo se legitimó con una promesa de inclusión y justicia social por la vía de la distribución de la renta petrolera y la construcción del orden democrático (Coronil y Skurski, 1991).

Esta promesa sería explícitamente rota por los gobiernos venezolanos después del Caracazo de 1989, con la aplicación explícita de programas de ajuste y reestructuración económica de naturaleza neoliberal, así como por la sustitución del discurso de inclusión, armonía y unión social del Estado nacional-populista por el del liberalismo individualista (id.). Por otra parte, ese episodio del Caracazo, con la masiva represión con la que fue resuelto, motivó una toma de conciencia colectiva sobre esa ruptura producida. Nunca más los partidos de Punto Fijo pudieron recuperar la legitimidad perdida.

A mediados de la década del noventa la creciente polarización social va a encontrar expresión política en actores y proyectos también polares, que hasta la fecha se muestran incapaces de reconocerse uno al otro, de respetarse entre sí y, consiguientemente, de moverse de acuerdo con reglas de juego transparentes en la lucha por alcanzar el predominio político en nuestra sociedad. La sociedad venezolana vive desde la década del noventa lo que Gramsci conceptuó como una lucha hegemónica, donde actores con proyectos distintos para la sociedad buscan predominar recurriendo a reglas institucionales pero también extra-institucionales (Laclau, 1985). En diferentes momentos de esta lucha hegemónica, en 1992, y dos veces durante 2002, los actores decidieron hacer caer el tablero del juego democrático para alcanzar el predominio político. Afortunadamente, hasta ahora, ninguno tuvo éxito.

En 1998, de acuerdo a reglas democráticas establecidas en elecciones transparentes, Chávez, y la alianza de fuerzas conocida como el Polo Patriótico, alcanzaron el predominio político para gobernar según su proyecto ofrecido en campaña electoral. Cristalizó entonces la hegemonía del proyecto político llamado bolivariano. Estos mismos actores y su proyecto fueron ratificados por la sociedad venezolana en el referendo constitucional de 1999 y las elecciones de 2000. Chávez y su alianza política representan principalmente, aunque no en forma exclusiva, los intereses de los pobres y empobrecidos del proceso sociopolítico venezolano que aspiran a la inclusión y justicia social. El proyecto bolivariano promete la refundación de la república, el desplazamiento de la vieja élite política, la permanencia de un Estado regulador de diversos aspectos de la vida económica y social, la propiedad estatal del petróleo y la universalidad de los derechos sociales.

Sus adversarios, con distintos matices e ideologías que se orientan principalmente por la doctrina del liberalismo, han recibido el respaldo mayoritario de los sectores medios y altos de la población. Ellos expresan el otro polo social, por el momento no hegemónico.

Si bien la polarización política actual tiene estas bases sociales reales y duras que nunca debemos perder de vista por los poderosos intereses que tras ellos se alinean, hay sin embargo factores adicionales que han llevado la confrontación legítima a un antagonismo extremo, que pone en peligro la posibilidad de una superación democrática de la confrontación. Por una parte, desde que asumiera el poder, pero de manera más aguda desde los últimos meses de 2001, el gobierno de Chávez alteró reglas de la convivencia social venezolana, en el sentido que le da Moore al término: aprobó leyes medulares a su proyecto político sin someterlas al necesario debate democrático, e hizo uso de símbolos de fuerza y amenazas para amedrentar a la oposición cuando ésta ha ejercido su derecho a la protesta, aunque es indispensable reconocer que en los tres primeros años de gobierno de Chávez la represión del Estado a estas movilizaciones fue notoriamente menor a la de gobiernos previos (López Maya, 2002). El presidente recurrió permanentemente, hasta el golpe de abril, a un discurso pugnaz, discriminatorio y ofensivo, descalificando a sus opositores y exponiéndolos al escarnio público. El oficialismo ha buscado penetrar organizaciones sociales como la CTV para cooptarlas o ahogarlas, incumpliendo su obligación de producir seguridad y protección y de mantener la paz social.

Muchos de los actores sociales y políticos de la oposición se radicalizaron ante esta conducta gubernamental, y convocaron a la insurrección del 11 de abril aduciendo que era legítima por las violaciones a la convivencia social realizadas por el gobierno y la alianza de fuerzas que lo respaldan. En medio de su resentimiento, estos sectores, respaldados por medios de comunicación también polarizados y radicalizados, por encuestas de opinión en su mayoría también polarizadas del lado de la oposición, identificaron su rechazo al gobierno y su proyecto político con un supuesto rechazo que tendría toda la sociedad venezolana. Desde su posición se trataba de una insurrección "popular" mayoritaria, por no decir unánime. Según estos grupos, el gobierno no tenía ya piso político.

Pero tal como se hizo patente el 13 de abril y luego a lo largo del resto del año, esto era y sigue siendo un craso error de diagnóstico.

¿Por qué la oposición no percibe al otro, a los sectores populares que siguen dándole un sólido respaldo a Chávez y su proyecto político? A mi modo de ver aquí juega un papel central la calidad de las organizaciones sociales y políticas de oposición. O quizás habría que decir con más propiedad la calidad de sus dirigentes. FEDECAMARAS, la CTV, los medios de comunicación privados, la alta gerencia de PDVSA, las diversas organizaciones que se autodenominan ‘sociedad civil’, inclusive los partidos emergentes como Primero Justicia, o tradicionales como COPEI, siguen concepciones doctrinarias liberales individualistas que exaltan las virtudes del ámbito privado mientras colocan todos los vicios de la vida en sociedad en el ámbito público, en el Estado. Estas organizaciones y medios de comunicación se han fortalecido y vienen llenando el espacio político en Venezuela como resultado del rechazo a la política, a los políticos y a los partidos que se convirtió en sentido común en las décadas del ochenta y noventa. El discurso democrático de estas organizaciones se agota rápidamente, como en efecto lo corroboramos en su respaldo inicial al golpe de Estado y al paro insurreccional de diciembre, toda vez que –salvo la CTV– son organizaciones conceptualmente concebidas para ejercer una ciudadanía que se relaciona, en la mejor tradición liberal conservadora, con derechos de propiedad y no con la solidaridad social. Son organizaciones concebidas, en palabras de Edgardo Lander, para la defensa y preservación de derechos de los que ya tienen y no para la inclusión de los que no tienen (1995: 135). De manera que les resultan irrelevantes, amenazadoras o incluso inexistentes las organizaciones populares, cuya concepción de ciudadanía no puede sino ser distinta, porque en ellas se trata de luchar por el cambio. Políticamente hablando, los sectores populares sólo pueden ser vistos por los otros, cuando los ven, como no ciudadanos y amenazas a la propiedad y a la seguridad. De allí el frecuente uso de calificativos despectivos como hordas, turbas, etc., para referirse a ellos. Este no es el caso de la CTV, procedente de otros orígenes doctrinarios y políticos. No obstante, su dirigencia, de dudosa legitimidad, pues el proceso eleccionario que la llevó a los máximos cargos de la Confederación estuvo lleno de vicios, se ha venido plegando a las concepciones de esta llamada sociedad civil y ha tenido responsabilidad mayor en estas insurrecciones. En el caso del partido AD, también de base doctrinaria socialdemócrata, el pragmatismo y la mediocridad de su dirigencia actual les impiden orientar, y al igual que la CTV, se dejan conducir por los intereses económicamente poderosos del momento.

La ceguera de esta oposición le ha estado haciendo el juego a poderosos intereses nacionales e internacionales que no creen ni se interesan en la democracia, llevando al quiebre institucional, y a salidas plutocráticas y autoritarias. Porque ni el 11 de abril ni en diciembre se estaba ante la presencia de una revuelta popular al estilo de las que derrocaron al socialismo realmente existente en algunos países de Europa Central, o más recientemente, la revuelta popular que condujo a la renuncia del presidente De La Rúa en Argentina a fines de 2001. Estos gobiernos y el Estado mismo que representaban habían perdido toda legitimidad, las insurrecciones allí reflejaban una carencia total de piso político. Ese no es el caso de Chávez y su alianza política. En este caso hemos presenciado gigantescas protestas de la oposición en rechazo a políticas de un gobierno que, si bien violaba tradicionales normas de convivencia social, seguía siendo legítimo para otra gigantesca porción de la sociedad. Para ese otro sector, la legitimación proviene precisamente de haber restablecido un discurso y un proyecto político de inclusión para los históricamente excluidos. Ello ha estado a la vista alrededor del Palacio de Miraflores el día 13 y en las incontables movilizaciones populares de diciembre y enero en defensa del gobierno y para presionar a la gerencia petrolera a levantar la paralización de la industria.

Pero no son percibidas, o son desestimadas, por quienes en el otro bando marchan y realizan sus actividades insurreccionales, la otra sociedad civil, por las carencias teóricas y prácticas de organizaciones inadecuadas para la representación y mediación política. Gobiernos impopulares elegidos democráticamente siempre ha habido, y gobiernos ilegítimos para ciertos sectores de la sociedad también. En democracia, los actores de vocación democrática los combaten dentro del estado de derecho. Es la única garantía para quienes no somos poderosos de que nuestros derechos e intereses serán respetados.

COMO CONCLUSIÓN: LOS DESAFÍOS PARA LA DEMOCRACIA VENEZOLANA DEL SIGLO XXI

La crisis política venezolana sigue abierta. Las tendencias conspirativas para una salida autoritaria por parte de ambos bandos siguen presentes. Distintas instituciones de los poderes públicos, como las instancias administradoras de la justicia, los cuerpos de seguridad del Estado, el Poder Electoral y el Poder Ciudadano (Fiscalía, Defensoría del Pueblo y Contraloría), se encuentran fuertemente averiadas por la politización y polarización que las han penetrado y las aventuras autoritarias que ha vivido la sociedad en 2002. Con el paro petrolero, además, las finanzas del Estado quedaron severamente golpeadas, y sólo una acción inteligente y sostenida en el tiempo por parte del gobierno podría recuperarlas en un lapso prudencial. Dados todos estos ingredientes, el panorama para la recomposición de la institucionalidad democrática venezolana luce hoy como un desafío gigantesco.

Los procesos insurreccionales que se han desarrollado y los resultados que de ellos se derivarán en el corto y mediano plazo tendrán una influencia decisiva en la pervivencia y la calidad de la democracia no sólo en Venezuela sino también en América Latina en el futuro inmediato. La crisis ha revelado varios desafíos a la democracia que amenazan a sociedades y Estados nacionales como el venezolano.

La relación entre el Estado nacional y las corporaciones transnacionales, ¿es de predominio o de subordinación? Durante esta crisis el enfrentamiento entre los proyectos políticos de PDVSA y del gobierno de Chávez ha sido epicentro de las dos insurrecciones y revela el inmenso poderío que manejan las empresas en el mundo globalizado. El Estado venezolano –y con él la democracia– ha sobrevivido por ahora a este ataque a sus bases económicas. Sin embargo, cabe preguntarse: un Estado no petrolero, o sin el sólido apoyo popular, ¿lo hubiera podido hacer? De haber sucumbido, ¿qué tipo de sistema político hubiese emergido? ¿Qué calidad tendría una democracia en un Estado nacional disminuido y en presencia de una corporación con poder real de veto frente al gobierno? El rechazo a la política y a los políticos, fenómeno generalizado de las últimas décadas, y la conversión del ciudadano en consumidor de bienes culturales influido decisivamente por medios de comunicación transnacionalizados, han incidido en dificultar la creación de condiciones y actores que promuevan con éxito espacios y acciones facilitadoras de procesos de negociación que eventualmente puedan llevar a la construcción de acuerdos entre los bandos en pugna. Los actores políticos de la actual coyuntura venezolana, faltos de formación y experiencia política, imbuidos en nociones individualistas y de anti-política, han mostrado reiteradamente su incapacidad para contribuir significativamente a la superación de la crisis en democracia.

El caso del rol político jugado por los medios de comunicación privados venezolanos en los procesos insurreccionales del año 2002, entre otras cosas, pone descarnadamente en evidencia el conflicto no resuelto entre el derecho a la libertad de expresión de los medios, defendido por sus dueños, y el derecho a la información veraz y oportuna defendido por el ciudadano común. En un mundo mediático globalizado, el poder de los medios con frecuencia supera al de los Estados nacionales, y no existen suficientes contra-balances sociales, internos o internacionales, para contenerlo.

La crisis política venezolana de estos años ha revelado con claridad el papel que puede seguir desempeñando el Estado nacional como mediador entre los intereses de las sociedades nacionales e instancias y actores transnacionalizados que detentan el poder mundial. En el contexto de la hegemonía de los procesos de globalización neoliberal, el Estado nacional puede representar un espacio desde donde se desarrollan estrategias de resistencia y se construyen alternativas para las grandes mayorías excluidas de nuestras sociedades. Con gobiernos de vocación popular posesionándose de gobiernos de la región, la experiencia del Estado y gobierno venezolano, con sus errores y aciertos, alimentará estrategias para las fuerzas que se resisten al neoliberalismo respecto de cómo moverse en un mundo cada vez más difícil y conflictivo.

BIBLIOGRAFÍA

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NOTAS

1. Preparado para su presentación en el encuentro 2003 de Latin American Studies Association, Dallas, Texas, 27-29, 2003.

2. La reconstrucción de eventos de este año se ha elaborado a partir de la información de varios diarios: El Nacional, que fue central en los primeros meses de 2002, y Últimas Noticias, central en lo relativo al paro petrolero de diciembre y enero, ya que El Nacional se sumó al paro. La información de estos dos diarios nacionales fue confrontada y complementada por El Universal, La Jornada (México), Clarín (Argentina) y páginas web de diversa procedencia.

3. Para estudiar la reforma petrolera del gobierno de Chávez y sus diferencias con la política de "apertura" desarrollada en la década pasada véase Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales (2002), cuyo tema central está dedicado a esta cuestión. También recomiendo Mommer (2002).

4. Sobre el golpe de estado del 11 de abril véase OSAL (2002), donde existen una cronología y varios análisis. También PROVEA (2002) y Rey (2002).

5. N de la E: PDV Marina es la filial de PDVSA encargada de trasladar el crudo desde Venezuela a los países importadores como EE.UU.

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Margarita López Maya*

* Universidad Central de Venezuela.