Fundamentación y orientaciones para la implementación de la política de inclusión y protección social (página 2)
Enviado por Yunior Andrés Castillo Silverio
Puente a las Oportunidades: Mientras el desarrollo de capacidades y la protección social corresponden con actividades directamente vinculadas con la institucionalidad social del Estado, la creación de oportunidades, principalmente relacionadas con la promoción del empleo y la producción incluyente y sostenible, corresponden a otros ámbitos de acción del Estado. No obstante es parte integral de la política pública de desarrollo social la promoción de actividades, políticas y programas que sirven de enlace entre capacidades y oportunidades. Herramientas específicas son además, la promoción y el incentivo de la micro y pequeña empresa, urbana y rural, y la puesta a punta de la Banca de Desarrollo como fundamento de una responsabilidad solidaria de apoyo a la producción y el empleo entre los grupos que no pueden acceder a las fuentes comerciales de financiamiento.
Desarrollo comunitario: El Estado debe ser coadyuvante de los esfuerzos municipales y comunitarios para el fortalecimiento de las dinámicas locales de desarrollo social. Especialmente por medio de la oferta de servicios de apoyo a la formación de infraestructura económica y cultural que coadyuve con la tareas de desarrollo de capacidades y los servicios de protección social. De este modo el Estado servirá de impulso al fortalecimiento de los vínculos asociativos y las relaciones comunitarias de cooperación horizontal que son fundamento del capital social y de dinámicas de cohesión social a escala local fundadas en la confianza, la cooperación y el intercambio de experiencias y conocimientos.
Para la consecución de los fines de la PIPS y responder a la multicausalidad y multidimensionalidad de las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, su esfera de competencias con respecto al ámbito de las respuestas públicas incluye:
Instituciones cuyo objetivo central es la atención de población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
Los programas sociales con carácter selectivo en razón de la atención de población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión, que hacen parte de instituciones públicas con políticas institucionales de carácter universal.
La priorización de poblaciones y territorios en el caso de otros programas que no tienen carácter selectivo pero cuyas prestaciones y servicios son críticos para el logro de los objetivos de protección, inclusión y movilidad social.
Medidas de política para erradicar las actitudes y prácticas discriminatorias por razones de género, discapacidad, origen étnico, raza, edad, y por portar el VIH–SIDA, que producen y acentúan las condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión de la población.
Medidas de acción afirmativa para garantizar la justicia y equidad para poblaciones objeto de discriminación, así como la cobertura universal de todos los derechos para estas poblaciones y su disfrute pleno.
Medidas de política para priorizar la atención de poblaciones en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión en los planes de desarrollo humano local, en lo que respecta a la participación de las instituciones y políticas del gobierno central y de las instituciones autónomas que integran el Sector.
En atención a su ámbito de competencias, corresponde asimismo a la Rectoría del Sector establecer y unificar los conceptos, parámetros, procedimientos y mecanismos para la identificación de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión y la selección de la población objetivo de cada uno de los programas sociales selectivos así como la priorización de poblaciones y territorios en el caso de otras instituciones y programas sociales.
Las definiciones conceptuales generales sobre los términos de pobreza, vulnerabilidad, inclusión-exclusión pueden ser consultados en el documento Pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Las definiciones operativas y los modelos econométricos para la identificación de la población objetivo y la selección de la población beneficiaria han sido definidos por la Rectoría del Sector y pueden ser consultados en: Variables e indicadores de pobreza, vulnerabilidad y exclusión para el Sistema de Información y Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos.
Para el logro de los objetivos de la Política, la Rectoria del sector ejercerá las siguientes funciones:
Diseñar, formular y proponer al Presidente de la República para su adopción por el Poder Ejecutivo la Política de Inclusión y Protección Social.
Diseñar, formular y proponer políticas, directrices y lineamientos en materia de financiamiento, planificación e intervención socio espacial en asentamientos humanos y territorios priorizados.
Asesorar y aprobar a las entidades y programas parte del Sector en la formulación de la planificación que concrete la Política de Inclusión y Protección Social así como evaluar y supervisar su cumplimiento.
Definir, de acuerdo a los lineamientos del Poder Ejecutivo contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo, las políticas, directrices, lineamientos orientadores y estrategias de intervención integrada según los cuales deberán elaborar sus planes anuales operativos y presupuestos las entidades y programas integrados al Sector.
Elaborar políticas, lineamientos y directrices tendientes a fortalecer la organización, gestión y participación activa de las comunidades en la realización de los objetivos de la Política de Inclusión y Protección Social.
Diseñar, formular y desarrollar un sistema de evaluación y seguimiento de los programas sociales selectivos y de su gestión integrada en función del mejoramiento constante de la calidad de la inversión social.
Vigilar el desempeño de los programas de carácter social selectivo, para lo cual las instituciones públicas que ejecuten programas sociales selectivos suministrarán la información requerida, así como permitir el acceso a los departamentos que se requiera a efecto de llevar a cabo el monitoreo y las auditorias de calidad.
Realizar auditorías de calidad de los programas sociales selectivos para la protección de los derechos de la población.
Diseñar e implementar un sistema de información unificado que permita optimizar la gerencia e inversión social.
Asegurar la calidad y formación de los recursos humanos que intervienen en la formulación ejecución y seguimiento de la Política de Inclusión y Protección Social.
Propiciar espacios y mecanismos de diálogo y negociación entre las instituciones públicas y la sociedad civil organizada en el campo de la planeación, ejecución, evaluación y supervisión de los programas de carácter social selectivo.
Orientar la asignación de los recursos que se destinan a las organizaciones privadas que coadyuvan en el desarrollo social, así como la evaluación de sus efectos e impactos.
Diseñar estrategias de articulación entre el sector académico y el Estado sobre investigación en temas relativos al desarrollo social, para implementar y evaluar las políticas públicas y programas sociales selectivos.
Desarrollar nuevas estrategias y metodologías de intervención integrada en materia social y búsqueda del bienestar, la inclusión y la movilidad social.
Establecer la oferta de programas sociales selectivos del Estado para el cumplimiento de los objetivos de la Política de Inclusión y Protección Social.
Normar y establecer los criterios para la identificación de la población objetivo y de la población beneficiaria de los programas sociales selectivos.
Corresponde a la persona titular del Sector:
Ejercer en conjunto con el Presidente de la República la rectoría del Sector. Dicha rectoría implica la potestad de dirección y la de coordinación imperativa sobre las entidades y programas del sector. A su vez será el responsable de conducir y supervisar la implementación y evaluación de las políticas nacionales correspondientes.
Orientar a las entidades y programas parte del Sector en la formulación de la planificación que concrete la Política de Inclusión y Protección Social.
Ordenar las acciones concretas de monitoreo, evaluación y la ejecución de auditorias de calidad a las diferentes entidades públicas que ejecuten programas sociales selectivos, así como recomendar al Poder Ejecutivo las acciones correctivas que la ley establece respecto del desvío e inobservancia de las directrices vigentes.
Solicitar con carácter vinculante a los responsables de los entes públicos y/o programas bajo la rectoría sectorial. la información y los documentos que considere oportuno
Definir ámbitos territoriales en los que por las condiciones de su población se requiera una acción integral y de coordinación especial de los programas sociales selectivos, y ejercer la conducción y seguimiento de estas acciones institucionales territoriales y sectoriales específicas.
Gestión intregada de los programas sociales, estrategias de abordaje y modelos de atención
El tránsito desde acciones particulares a enfoques más amplios e integrales se concreta por medio de abordajes que efectivamente permiten instrumentar la concurrencia de las acciones institucionales en el tiempo, el territorio y la población objetivo. Así, la integralidad se pone de manifiesto a través del abordaje con que se materializan las respuestas de política pública para enfrentar las múltiples dimensiones específicas y combinadas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión. Para los fines de la Política de Inclusión y Protección Social, estos abordajes son:
Individuo: enfoca las capacidades de la persona y su ubicación en el ciclo de vida como base donde la integralidad de las acciones públicas se concreta.
Familia/hogar: coloca a la familia/hogar en el centro de la perspectiva de la intervención integrada e integral, considera su ciclo de vida y heterogeneidad, así como las diferencias y desigualdades a su interior.
Grupos sociales: coloca a grupos sociales específicos en el centro de la implementación de las acciones articuladas e integradas para una atención integral.
Abordaje territorial: coloca el acento en el territorio como base concreta donde la integralidad de las acciones públicas pueden transitar desde la intención del diseño a la realidad de la implementación
Para concretar la implementación efectiva de acciones integradas e integrales que permitan abordar la multidimensionalidad y multicausalidad de la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión, los programas sociales selectivos deben adoptar estrategias de intervención basadas en la identificación y contacto domiciliar y comunal y la acción y coordinación proactiva, a diferencia de la atención exclusiva de la población por la "demanda en ventanilla".
Las gestiones de articulación y gestión integrada de la Política de Inclusión y Protección Social se ajustarán a las siguientes orientaciones y principios:
La integralidad comienza al interior de cada programa social selectivo, y afecta la planificación, la ejecución y la evaluación del mismo.
La integralidad va más allá del propio programa particular, y se vincula también con las interrelaciones entre los programas, estén estos bajo dependencia de un mismo organismo estatal u ubicados en diferentes instituciones estatales y, a veces, de la sociedad civil.
La integralidad constituye un enfoque destinado a atender la multidimensionalidad de los problemas sociales, particularmente en temas tan críticos como la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión.
La integralidad implica un tipo de respuestas que requiere la convergencia virtuosa de múltiples actores y sectores, que comparten un mismo ámbito de interdependencia, por ejemplo, el problema a enfrentar.
La integralidad se pone de manifiesto a través del abordaje con que se materializan las respuestas de política pública, destacándose en el caso de los programas sociales selectivos las opciones de ciclo de vida y territorialidad, los cuales pueden promover una mejor ciudadanía cuando se gestionan desde un enfoque de derechos.
La integralidad, desde un prisma de política pública, refiere tanto a la formulación de la política como a la implementación y evaluación de la misma.
La integralidad requiere del ejercicio activo de la intersectorialidad, tanto en su perspectiva sustantiva de cómo enfrentar problemas públicos complejos como en lo referido a sus instrumentos y mecanismos de gestión.
La intersectorialidad, para generar resultados exitosos, necesita de diagnósticos comunes y consensuados, del ejercicio de la co-responsabilidad y de la existencia de un actor con legitimidad y autoridad que catalice el esfuerzo de los múltiples involucrados.
La intersectorialidad se apoya fuertemente en la coordinación, la cual implica enfrentar el reto de la incoherencia de los objetivos de cada organización y/o programa involucrado, buscando avanzar hacia la definición de prioridades claras.
La coordinación constituye un mecanismo de gestión pública factible de ser entendido en términos de grados y niveles, con lo cual los tipos de acción que expresan cada grado y nivel de coordinación genera resultados diferentes que afecten a la intersectorialidad y a través de la misma, a la integralidad.
La intersectorialidad implica tanto una concepción de naturaleza sustantiva para comprender y analizar los problemas sociales como una estrategia de gestión que materializa esa perspectiva. Implica algo más que un simple agregado de sectores e implica transformaciones en la gestión pública que no son sólo instrumentales, formales u organizativas, sino también éticas y culturales. En síntesis, implica una articulación necesaria entre diversos actores y distintos sectores (gubernamental, privado, social o del "tercer sector") para la conformación de un gobierno que se adapte a la complejidad del ambiente de gestión social.
Un reto clave para avanzar en la intersectorialidad lo constituye, unir -en una acción conjunta- a instituciones con objetivos, dinámicas y culturas organizacionales distintas.
La integralidad supone, a) la elaboración de diagnósticos comunes y/o consensuados entre las instituciones involucradas; b)el avance hacia una perspectiva de co-responsabilidad respecto a los resultados que se obtengan de la acción conjunta y c) la existencia de un "agente catalítico" con la suficiente legitimidad o autoridad para convocar a todos los actores pertinentes.
La intersectorialidad, constituye un elemento de la integralidad y por tanto, un componente insustituible de aquellas políticas destinadas a enfrentar los principales problemas sociales. Ello implica tres consideraciones críticas: a) la intersectorialidad es definida como problema sobre todo cuando se produce la reconceptualización de un asunto social reconociéndose que su abordaje debe ser multidimensional; b) un factor clave en la eficacia de los entes de coordinación intersectorial es la existencia de un foco claro, significativo y amplio; y c) la flexibilidad y en general, la adecuada institucionalización de la coordinación intersectorial puede ayudar a la continuidad de las políticas que requieren abordajes integrales.
La coordinación emerge como un mecanismo de gestión pública acorde para fomentar la intersectorialidad, y avanzar hacia un enfoque y sistema integral. Se requiere coordinación cuando existe interdependencia, es decir, cuando dos organizaciones comparten un mismo entorno de trabajo, por ejemplo, atender los problemas de un mismo sector de la ciudadanía.
Hasta que dos o más unidades organizacionales no se reconozcan como mutuamente dependientes será difícil que acepten espontáneamente la necesidad de coordinarse entre sí. Este déficit de percepción es frecuente en organizaciones y unidades cuya introspección y aislamiento les dificulta visualizar la coincidencia con otras en un entorno de trabajo.
Para el diseño e implementación de estrategias de abordaje integradas e integrales, la Rectoría ha creado un Sistema de Inclusión y Protección Social. El desarrollo del Sistema consiste en el diseño e implementación de las estrategias y modelos de abordaje que efectivamente permiten instrumentar la concurrencia de las acciones institucionales en el tiempo, el territorio y la población objetivo. El objetivo es desarrollar un sistema de gestión integrado con modelos de servicios de atención integral.
La priorización de criterios para la identificación y adopción de estrategias y modelos de abordaje es facultad de la Rectoría del Sector, lo cual hará en coordinación con los cuerpos técnicos y las autoridades de las instituciones y programas del Sector.
El desarrollo del Sistema incluye diseñar, establecer y normar los arreglos, mecanismos y procedimientos institucionales concretos con que se van a materializar las respuestas de política pública integradas y articuladas para enfrentar con estrategias integrales las múltiples dimensiones específicas y combinadas de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
La prioridad del Sistema es "territorializar" la gestión integrada de las respuestas públicas con el fin de acercar de manera articulada las múltiples prestaciones y servicios sociales a la población en su lugar de trabajo o habitación. Incluye la planificación e intervención de la gestión integrada desde el nivel nacional, pasando por los niveles regionales, hasta llegar al nivel local-comunal, de manera que la articulación se exprese finalmente en la atención integral de personas, hogares, grupos y territorios. Ello implica necesariamente revisar los esquemas vigentes de administración y provisión de la oferta pública.
Este opera con la lógica de sistema, es decir, caracterizado por la interconexión e interacción coordinada y sinérgica de la red institucional y de programas existentes en función de objetivos comunes.
Como sistema presta especial atención al diseño del circuito que deberán seguir las personas dentro del sistema y establecerá mecanismos, procedimientos y dispositivos de para el acceso único (portal de entrada) para la población.
Organos de coordinación existentes
Un aspecto más de la problemática que señala la Contraloría General en su Informe DFOE-SOC-40-2006 del 15 de diciembre del 2006 es el hecho de que existe una pluralidad de consejos de coordinación a las que por ley se les asigna una rectoría en la materia de su competencia específica, así como ciertas leyes orgánicas de instituciones autónomas que le confieren rectoría en sus campos de acción y competencia, situación que favorece la dispersión y descoordinación de políticas y acciones. Como ejemplos de los primeros, se puede señalar el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) en materia de envejecimiento y vejez y el Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial (CNREE) en materia de discapacidad. Como ejemplo de las segundas tenemos el PANI y el Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven. Otras instituciones integrantes del Sector Social ostentan carácter de rectores en el ámbito de su competencia, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto Nacional de las Mujeres, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y la Comisión Nacional de Emergencias.
Estas rectorías, la Procuraduría General de la República en varios de sus dictámenes las ha conceptuado como rectorías técnicas diferentes de la rectoría política constitucionalmente propia del Poder Ejecutivo, cuyo núcleo consiste en la facultad de dictar las políticas nacionales sectoriales y dirigir y coordinar las diversas entidades y órganos que formen parte del sector, estableciéndoles metas y medios de realizarlas, mediante la emisión de directrices, cuyo cumplimiento debe vigilar y cuyo incumplimiento injustificado y reiterado puede sancionar con la remoción de los titulares de acuerdo con el artículo 98 de la Ley General de la Administración Pública.
La Contraloría General, indica que en su criterio la ausencia de un ente del Poder Ejecutivo que dicte políticas y coordina a las instituciones y programas sociales selectivos, aunado al hecho de que la atención a la pobreza y la exclusión social demanda un abordaje multisectorial, ha favorecido la creación por ley o decreto de nueve órganos- consejos, comisiones, patronatos- con funciones de coordinación interinstitucional en relación con la definición de políticas y programas, y la atención de grupos poblacionales vulnerables. Estos órganos se encuentran situados de forma diversa, adscritos a instituciones autónomas o al Poder Ejecutivo sin precisar a qué Ministerio o en otro caso, creación por Decreto sin definir la naturaleza jurídica.
Sobre la integración de estos órganos coordinadores y la participación de instituciones expresa el Órgano Contralor:
"Las instituciones que integran estos órganos se repiten en varios de éstos…, el IMAS integra siete de ellos, la CCSS y el INAMU integran cuatro, el PANI y el INA tres. En cuanto a los ministerios, el de Trabajo y Educación Pública integran siete, el de Salud seis y el de Cultura, tres.
Por otra parte, estos órganos de coordinación agrupan la participación de 83 integrantes, que son en dos de ellos el Presidente de la República, 15 Ministros de Gobierno y 9 son Presidentes Ejecutivos de entidades descentralizadas, o sea que, 26 del total de integrantes son las máximas autoridades de Gobierno, cuya participación no puede ser delegable pues las normas legales no lo permiten en forma expresa. También, existen otros integrantes no jerarcas, siendo 15 de ministerios y 13 de entes descentralizados. Por último, 29 integrantes son representantes de organizaciones de la sociedad civil.
Estas cifras evidencian que son muchos los órganos de coordinación creados, que tienden a generar demandas a las instituciones que deben participar en éstos, ocasionando que algunas comisiones dejen de operar a lo largo de un período de gobierno. Por otra parte, lo que ocurre es que cada órgano coordinador convoca a sus integrantes en función de una problemática particular y en consecuencia la política nacional opera en forma fragmentada, serio obstáculo para alcanzar el objetivo superior de articulación y coordinación de la política de atención y prevención de la pobreza y la exclusión social. (DFOE-SOC-40-2006 del 15 de diciembre del 2006, Contraloría General de la República paginas 7y 8 )
Los órganos existentes de coordinación interinstitucional para la atención de sectores de la población son los siguientes:
Patronato Nacional de Ciegos
Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad.
Consejo Nacional de Rehabilitación
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia
Comisión Nacional Interinstitucional para atender a las mujeres en condiciones de pobreza
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Consejo de Atención Integral
Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven
Consejo Nacional de Apoyo a las Familias
La dirección política de estos órganos existentes de coordinación interinstitucional para la atención de poblaciones específicas corresponderá a la o el Ministro Rector del Sector Social en conjunto con el Presidente de la República.
Optimización y armonización de los programas sociales (fichas técnicas)
La calidad y el éxito de la gestión integrada y la atención integral por parte de los programas sociales selectivos depende en buena medida de la calidad del diseño y la gestión de cada programa por separado. Desde ese punto de vista, corresponde a la Rectoría del Sector, en coordinación con las autoridades de las instituciones a las que pertenecen los programas sociales selectivos indicados, establecer las definiciones de política para cada programa, según los siguientes ítems:
Objetivos y metas: pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
Población objetivo y cobertura: objetivos y metas.
Población beneficiaria y cobertura: objetivos y metas.
Ampliación de la cobertura e inversión social: objetivos y metas.
Reglas de operación y protección del ciudadano.
Monitoreo, seguimiento y evaluación: variables e indicadores.
Temporalidad y estrategias de salidas.
Corresponsabilidades.
Para tales efectos, los programas sociales deben completar y mantener actualizada una Ficha Técnica, cuyo formato define la Rectoría La Rectoría, en coordinación y consenso con la autoridad superior de la institución a la que pertenece el programa social selectivo, establecerán las definiciones de política relativas a cada uno de los siguientes ítems de la Ficha Técnica. Consulte el Manual para las Fichas Técnicas de los Programas Sociales Selectivos.
I. Variables Intra- Programa
Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo. Objetivos estratégicos y metas institucionales y sectoriales del Plan Nacional de Desarrollo con los que tiene vinculación el programa.
Norma legal específica que sustenta la creación del programa: Refiere a la ley, norma, decreto u otra figura legal que respalda legalmente al programa y da origen a su creación.
Dependencia estatal de la cual depende el programa: Denominación que se da a los Ministerios y demás organismos del Estado en los cuales se inscribe cada programa social selectivo.
Unidad ejecutora del programa: Instancia que, en el marco de la estructura básica de una dependencia estatal, se responsabiliza de la ejecución del programa.
Autoridad responsable de la ejecución del programa: Máxima autoridad del organismo responsable políticamente del programa selectivo (más allá de su ejecución).
Fecha de inicio: Es el momento (mes y año) en que comenzaron las actividades propias del programa selectivo.
Objetivo general: Refiere a la situación u objetivo más amplio que se desea obtener al final del período de duración del programa, mediante la aplicación de los recursos y la realización de las acciones previstas.
Objetivos específicos: Refieren a acciones concretas para el logro del objetivo general que pueden ser evaluables, monitoreables y transformables (si es que se desvían del objetivo general).
Problemática social a atender: Situaciones sociales sobre las cuáles los programas selectivos buscan incidir y que se ligan a la pobreza, vulnerabilidad y exclusión en todas sus formas y manifestaciones
Cobertura geográfica: Refiere al alcance geográfico del programa y tiene relación directa con sus objetivos generales así como con las características de la población beneficiaria.
Características de la ejecución: Refiere al nivel administrativo que tiene la responsabilidad de la ejecución del programa y a los actores involucrados de modo directo en dicha ejecución.
Nivel administrativo de ejecución: Alude al nivel organizacional en el que funciona la unidad ejecutora de cada programa selectivo. Esta puede estar centralizada, descentralizada o desconcentrada.
Naturaleza jurídica del órgano ejecutor: Refiere a la instancia de la cual proviene el programa y cuál es su origen, pudiendo ser estatal, mixto o no estatal.
Corresponsabilidad: Alude al mutuo compromiso por parte de las familias en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión y del Estado en la implementación del programa.
Presupuesto: Recursos que componen el stock financiero que se ha previsto para la realización de una actividad, con la que se espera obtener determinados productos y alcanzar los objetivos de un proyecto. Indicar si hay diferencias entre el financiamiento de ley y el aporte presupuestario efectivo. Indicar el calendario de pagos hacia el programa.
Recurso humano involucrado en la gestión y ejecución: Es el personal involucrado en todo lo referido a la gestión y ejecución del mismo, pudiéndose clasificar en tres categorías: políticos, técnicos y administrativos.
Rasgos del sistema de monitoreo: Implica el seguimiento de la gestión y de los procesos de los aspectos claves del programa, así como de la ejecución presupuestaria, del cumplimiento de metas físicas y de la cobertura de la población seleccionada, entre otros aspectos.
Periodicidad y tipo de evaluación prevista: Alude a cada cuanto tiempo se realizará una apreciación sistemática y objetiva de un programa en curso o concluido, de su diseño, de su puesta en práctica y de sus resultados.
Temporalidad del programa: Refiere a la duración que tenga cada programa social selectivo en cuestión.
Existencia de reglas de operación y mecanismos para su revisión periódica: Alude a la existencia un documento de carácter operativo ("Manual" o "Reglamento") en el cuál se incluyen todas las dimensiones centrales del programa.
Contraloría de Servicios: Se refiere a la existencia dentro del programa de la contraloría de servicios como instrumentos para la interacción con los ciudadanos sean o no beneficiarios.
Población meta: Está conformada por aquel conjunto de personas al que se destinan los bienes y/o servicios ofrecidos por el programa de forma explícita y directa.
Población efectivamente atendida por el programa: Alude a cuánta de la población que se pretendía atender de la población meta cubre efectivamente.
Criterios de selectividad: Características que tiene que tener la población, la persona, familia o grupo para estar incluido como población beneficiaria del programa.
Criterios de graduación de la población atendida: Estos criterios refieren al momento temporal en que la población meta del programa social debería dejar de ser beneficiaria del programa.
Información pública sobre la población meta y la población atendida: Requiere la producción de la información pública sobre la población meta y atendida y la garantía del acceso a la misma.
Bienes y/o servicios que entrega el programa: Por ejemplo, transferencias de recursos monetarios, suministro de alimentos, etc.
Periodicidad de la entrega del bien y/o servicio o Calendario de entrega de los beneficios: Refiere tanto al momento temporal en que se entrega el bien y/o servicio como al período que se extiende entre una y otra provisión de servicios o bienes por parte del programa social selectivo.
Requisitos para acceder al beneficio: Trámites y procedimientos a realizar para que la persona/hogar/grupo seleccionado reciba el beneficio: Toda aquella información sobre los "circuitos administrativos" que se requieren para acceder al beneficio por parte de la población meta.
Situaciones que conducen a suspender o eliminar el beneficio: Se vincula a algún tipo de incumplimiento de la corresponsabilidad o, también, a errores posteriormente detectados o cualquier otra situación excepcional o crítica.
Temporalidad de los beneficios: Refiere al tiempo en que serán otorgados los beneficios.
II. Variables Inter-Programas:
SECCIÓN A:
Población meta: Apunta a identificar posibles convergencias de programas en un mismo grupo de ciudadanos.
SECCIÓN B:
Recursos: Alude a: 1) la información compartida entre programas (tipo, fuente, frecuencia y modo en que su cede el intercambio de información); 2) los procedimientos comparti dos; 3) el presupuesto y, 4) el poder de decisión.
SECCIÓN C:
Institucionalidad: Los mecanismos institucionales a través de los cuáles se produce ese "compartir los recursos". Específicamente, los ámbitos de coordinación de recursos entre programas (sean o no de una misma organización o sector).
Definiciones y desafíos de política sobre el Tercer Sector
Según el DFOE-SOC-30-2006 de Contraloría General de la República, en el año 2006, el 23% de la inversión social en programas sociales selectivos se ejecutó a través de 280 organizaciones de la sociedad civil. Un 43% de la inversión social de 6 entidades, que son las que les transfieren recursos, se ejecutó por medio de esas organizaciones. Algunas organizaciones reciben recursos de varias entidades estatales a la vez, por lo que la relación del Estado con estas organizaciones se realiza mediante varios programas.
La lista que aparece en el anexo del Informe de la Contraloría General pone en evidencia que se trata en la gran mayoría de los casos de organizaciones que han asumido de manera voluntaria y por iniciativa propia la atención de sectores de la población en condiciones de extrema pobreza, vulnerabilidad, exclusión y desprotección, con el apoyo subsidiario y discrecional de algunas instituciones públicas.
Esta información revela el peso significativo de la participación de organizaciones sociales en la atención de la atención y provisión de servicios a población adulta mayor en situación de abandono, el albergue y cuido de niños, niñas y adolescentes sin padre ni madre, así como de personas con discapacidad en abandono, la rehabilitación de población, especialmente de adolescentes y jóvenes víctimas de adicciones, entre otros sectores. Al conjunto de organizaciones sociales que cumplen estas funciones se les ha denominado el "tercer sector".
Se trata de la atención de las situaciones y de las poblaciones que más requieren de la protección del Estado y probablemente la que debe ser la principal razón de su accionar. Sin embargo, la responsabilidad y el aporte del Estado consiste en subsidios discrecionales que no garantizan la operación de estas organizaciones ni la sostenibilidad de los servicios, por lo que la atención de estas poblaciones y la protección de sus derechos depende fuertemente del trabajo voluntario de la comunidad y la gestión de fondos a través de rifas, ferias, bingos y otras iniciativas comunitarias.
Constituye así una función de la Política y de la Rectoría del Sector, definir las responsabilidades del Estado, orientar estratégicamente los objetivos, las áreas de atención y los términos de la interacción de la administración pública con las organizaciones del Tercer Sector como portadoras de servicios sociales.
Se entenderá por Tercer Sector al conjunto que abarca a todas aquellas organizaciones o entidades que reúnen los siguientes criterios:
Portadoras de servicios sociales para poblaciones en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión que reciben fondos públicos para su operación.
Estar organizada formalmente.
Ser privada, esto es, separada institucionalmente del Gobierno
Sin ánimo de lucro. Su fin principal no es generar beneficios, ni están guiadas primariamente por criterios comerciales. Pueden obtener beneficios, pero éstos se reinvierten en función de la misión corporativa de la organización.
Capacidad de autocontrol institucional de sus propias actividades.
Con un marcado grado de participación voluntaria, lo que quiere decir, por una parte, que la participación o no de sus miembros ha de depender de la libre voluntad de los mismos y no de imposiciones externas, y, por otra, que hay un grado significativo de participación de voluntarios (esto es, de personas que aportan tiempo no remunerado) en sus actividades.
La Rectoría del Sector, en ejercicio de sus funciones y facultades de dirección política, orientará estratégicamente los objetivos, las áreas de atención y los términos de la interacción de la administración pública con el conjunto de las organizaciones del Tercer Sector como portadoras de servicios sociales.
Planificación de la inversión en programas sociales
Es un objetivo de la Política establecer definiciones de política en relación con la asignación presupuestaria de los programas sociales selectivos de acuerdo con la planificación, estrategias y prioridades definidas en función del avance progresivo en la cobertura universal de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión y el cumplimiento de los objetivos de la Política de Inclusión y Protección Social.
En cumplimiento del enfoque de derechos de la Política y del principio de progresividad y no regresividad y bajo la facultad de dirección política, conducción y coordinación potestad de la Rectoría, los programas sociales selectivos planificarán con una visión de cinco años plazo, el aumento progresivo de la cobertura de la población objetivo hasta alcanzar la cobertura universal, así como la inversión anual y global de recursos requerida para alcanzar este meta.
La Rectoría del Sector, en coordinación y consenso con las autoridades de las instituciones y programas que desarrollan programas sociales selectivos y de los órganos de coordinación existentes, tendrá la facultad de definir la asignación presupuestaria que corresponderá a los programas o instituciones correspondientes, según sea el caso
Participación social y protección del ciudadano
El Informe DFOE-SOC-11-2007 de la Contraloría General de la República llama la atención sobre la cantidad y complejidad de los requisitos y trámites que exigen a los usuarios los programas sociales selectivos.
La Rectoría del Sector tendrá la función y la facultad de vigilar y obligar el cumplimiento fiel y efectivo por parte de las instituciones y programas que integran el Sector, de la Ley 8220 "Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites institucionales" y de su Reglamento y se ocupará de establecer la responsabilidad de la Administración y de los funcionarios públicos según la normativa existente. Esta función y facultad incluye la revisión y rediseño de los trámites y requisitos que solicitan las instituciones y programas sociales que integran el Sector.
Información.
La Rectoría del Sector desarrollará y mantendrá en operación un "Portal Social" (página Web) para ofrecer información y orientaciones a través de una ventanilla única virtual (objetivos, población meta, reglas de operación, requisitos, formularios, personas de contacto) a los y las usuarias de los programas sociales selectivos y al público en general sobre los programas sociales, con el propósito de simplificar los trámites y garantizar la mayor transparencia a la población sobre los procedimientos y criterios de atención y aprobación de las prestaciones y servicios sociales del Estado. Este Portal deberá brindar actualizada al día.
Las instituciones y programas que integran el Sector brindarán la información necesaria y requerida por la Rectoría del Sector para ofrecer esta garantía a la población, en el formato, las condiciones y periodicidad que se indique.
Auditorías ciudadanas
La Rectoría del Sector tendrá la facultad y función de promover auditorías ciudadanas a cargo de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión de los servicios y prestaciones sociales de las instituciones y programas que integran el Sector de Inclusión y Protección Social, como mecanismo de participación de la sociedad civil en la evaluación y dirección de la Política de Inclusión y Protección Social. Con el fin de garantizar la autonomía e independencia de criterios en la realización de las auditorías ciudadanas, la Defensoría de los Habitantes asumirá su orientación y organización.
En un plazo de cinco año a partir de la entrada en vigencia e inicio de la implementación de la Política de Inclusión y Protección Social, todos los programas sociales selectivos y de los órganos de coordinación existentes indicados en el artículo xx, deberán ser objeto de por lo menos una auditoría ciudadana.
La Rectoría deberá dictar una resolución relativa al resultado de cada una de las auditorías ciudadanas con el fin de garantizar la mejora continua de los programas sociales selectivos y la protección de los derechos de los y las ciudadanas.
Las auditorías ciudadanas y las resoluciones de la Rectoría deberán estar a la disposición del público en los lugares, los formatos y los medios que garanticen el acceso y comprensión real y efectiva de los resultados y disposiciones por parte de la población en condiciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión.
Formación y actualización profesional de los recursos humanos
Con el objetivo de garantizar una implementación y evaluación efectiva y eficaz de la Política de Inclusión y Protección Social se requiere la formación y actualización profesional permanente y sistemática del recurso humano institucional a su cargo. Con el objetivo indicado, se crea el Programa de Excelencia para la Actualización Profesional de los recursos humanos de las instituciones y programas sociales selectivos, así como de todos aquellos funcionarios públicos que se considere necesario por su vinculación o involucramiento en el cumplimiento de sus fines.
La Rectoría del Sector tendrá a su cargo la formulación, implementación y evaluación de estrategias de formación y actualización permanente de los recursos humanos, en coordinación con las universidades públicas y privadas, los organismos internacionales y las instituciones e instancias que brindan formación en áreas de especialización relativas a la gerencia social, el desarrollo y los derechos humanos.
La Política crea el Sistema de Información para la Gestión Integrada de los Programas Sociales Selectivos –SIGIPSS-. Se trata de un sistema de información sobre población objetivo y beneficiaria de los programas sociales que provea información ordenada, uniforme y pertinente para una mejor gerencia social de los programas selectivos y que sirva de instrumento para una gestión articulada y una atención integral de la población, así como para su seguimiento y evaluación.
Son componentes del SIGIPSS, como mínimo, los siguientes:
Padrón Único de Población Objetivo. En el Padrón Único de Población Objetivo se registrará el universo de la población meta de los programas sociales selectivos. El Padrón deberá ser utilizado por los programas sociales que integran el SIGIPSS para identificar su población objetivo de acuerdo con las políticas y competencias institucionales, pero siempre dentro del marco de referencia de conjunto.
Registro Único de Población Beneficiaria. En el Registro Único de Población Beneficiaria se registrará la población beneficiaria de todas las instituciones o programas que integran el Sector. Para ello la Rectoría determinará los criterios comunes y por programas para la selección y el registro de la población beneficiaria, según un instrumento de identificación, registro y selección de beneficiarios adecuado para los objetivos de las instituciones y programas sociales selectivos y los fines de la Rectoría del Sector de Inclusión y Protección Social.
Mecanismos y procedimientos de seguimiento, monitoreo y evaluación. El Sistema contemplará el desarrollo y aplicación de instrumentos de seguimiento y evaluación en la ejecución de los distintos programas sociales y de su gestión integrada con el fin de determinar y optimizar el cumplimiento de los fines y objetivos de los programas, así como los resultados o impacto en las condiciones de vida de la población beneficiaria de su gestión integrada.
Interconexión del sistema de información unificado con bases de datos y registros administrativos para la simplificación de trámites. Con el fin de dar cumplimiento efectivo a la ley que protege a la ciudadanía del exceso de requisitos y trámites administrativos, el SIGIPSS establecerá la interconexión de los sistemas de información de las instituciones del Sector con bases de datos y registros administrativos que permita la simplificación de trámites.
Planificación del análisis de la información y su traslado a la toma de decisiones. La Rectoría del Sector establecerá los criterios para la planificación del análisis de la información y su efectivo traslado y uso para la toma de decisiones relativas a las políticas y acciones de las instituciones y programas que integran el Sector.
El SIGIPSS estará integrado por las instituciones y programas que conforman el Sector, las cuales deben suministrar a la Rectoría, en el formato, condiciones y periodicidad que se les indique, la información requerida para el funcionamiento adecuado y el cumplimiento de los fines del SIGIPSS. La Rectoría del Sector tendrá a su cargo la gerencia, administración y dirección política del SIGIPSS.
La Rectoría del Sector dictó un reglamento por medio del cual se norma el funcionamiento del SIGIPSS. Ver documento.
Enviado por:
Ing.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®
www.monografias.com/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana,
2016.
"DIOS, JUAN PABLO DUARTE, JUAN BOSCH Y ANDRÉS CASTILLO DE LEÓN -POR SIEMPRE"®
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