Los años 30 marcaron un punto culminante en la presión por democratizar el Estado con el ingreso de la clase media y los grupos populares a la política. El antiguo sector exportador, que ahora formaría un germen de burguesía empresarial, pareció estar mejor dispuesto a la apertura política, pero no vaciló en reprimir cualquier intento que pudiera poner en peligro su dominio. Por ello se apoyó en el poder a militares como Sánchez Cerro (1931-1933) o Benavides (1933-1939) para seguir controlando el país. A lo largo de estos años se recortaron las libertades públicas y sindicales y se persiguió a los partidos de izquierda. Esa fue la esencia de este tercer militarismo.
Las limitaciones del modelo exportador se hicieron evidentes con la crisis mundial. Entre 1929 y 1932, el precio del cobre se redujo en 69%, lanas en 50%, algodón en 42% y azúcar en 22%. Ahora se dejó sentir el endeudamiento dejado por Leguía. El país tuvo que reducir notoriamente sus gastos y la cobertura social. El presupuesto, que era de 50 millones de dólares en 1929, descendió a 16 millones en 1932. La libra peruana desapareció y se creó el sol de oro como nueva moneda en 1930. Hubo una continua devaluación monetaria y el costo de vida aumentó. Muchas empresas cerraron y el desempleo se extendió. Para los grupos medios y populares estos años significaron reducción de salarios, desocupación y auge de huelgas.
La crisis obligó a desarrollarse con autonomía respecto al mercado mundial e impulsar la industrialización. Ante la ausencia de créditos externos, el país debió autofinanciar su recuperación. En 1939 más del 40% de los ingresos públicos estaban cubiertos por impuestos directos. Este esfuerzo permitió construir una serie de carreteras: en 1934 había 19.867 kilómetros y en 1944 la cifra se elevó a 33.468.
El Estado tuvo que seguir creciendo para atender las demandas sociales. Aparecen los ministerios de Educación, Salud y Agricultura. La reforma del Banco de Reserva y la ampliación de la Banca de Fomento le dieron a los gobiernos mayor injerencia en la economía. La burocracia aumenta en un 100% entre 1938 y 1945. Por último, este crecimiento estatal estuvo acompañado de un peligroso centralismo. Las decisiones se tomaron cada vez más en Lima, pues nunca funcionaron los Congresos Departamentales contemplados en la Constitución de 1933. Tampoco hubo autonomía municipal.
Luego del tercer militarismo fue elegido por primera vez Manuel Prado (1939-1945); su victoria se debió también al tácito apoyo de los movimientos de izquierda pues veían en Prado al representante de una burguesía progresista interesada por democratizar el país. Se equivocaron. Prado reprimió la actividad sindical e implantó una política liberal para favorecer las exportaciones. En 1945 triunfó Bustamante y Rivero apoyado por el Frente Democrático Nacional. Su breve mandato (1945-1948) fue el primer esfuerzo por ofrecer una alternativa reformista distinta al Apra, aunque para llegar al poder requirió del apoyo de Haya de la Torre. Por ello el sector exportador conspiró con los militares para llevar a cabo un golpe de estado y restaurar una dictadura modernizadora con el general Manuel A. Odría (1948-1956). El régimen se benefició por un auge exportador, implementó una colosal política de obras públicas y le otorgó el voto a la mujer.
Los años 50 configuraron el rostro del Perú contemporáneo. La urbanización adquirió un fuerte papel y se hizo patente por la concentración de grandes contingentes de migrantes en las barriadas de Lima y otras ciudades de la costa. Surge así un nuevo grupo de propietarios, empresarios, obreros y subempleados. La cultura andina comienza a invadir las ciudades transformándolas de manera inexorable. De otro lado el crecimiento de las comunicaciones (radio y carreteras), la aceleración del movimiento comercial e industrial de Lima y el desarrollo de otros sectores de exportación (pesca en Chimbote), terminaron colocando a la agricultura en un segundo plano. En la sierra, la crisis del agro debilita a los terratenientes y empuja a más campesinos a las ciudades para buscar trabajo y alcanzar la cultura occidental. También hay un crecimiento explosivo de la educación popular con la multiplicación de colegios y universidades. El país entra en efervescencia y surgen nuevos partidos reformistas: Acción Popular y la Democracia Cristiana.
5. LOS AÑOS SESENTA Y EL PRIMER BELAUNDISMO
El descenso de los ingresos por las importaciones tras el término de la guerra de Corea puso fin al odriísmo. Reaparecieron el desempleo, las huelgas y la inflación El dictador tuvo que convocar a elecciones y retornó al poder Manuel Prado (1956-1962) quien trajo un período de estabilización política permitiendo la libre actuación del Apra y la izquierda. Al frente de la economía puso al liberal Pedro Beltrán para impulsar las exportaciones y la inversión externa. Se anunció un programa de "techo y tierra" en favor de los campesinos que tuvo poco éxito.
Las elecciones de 1962 parecían estar preparadas para el triunfo del Apra. Haya obtuvo el 33%, pero su escasa mayoría obligaba al Congreso elegir presidente. Siempre oportunista, Haya parecía llegar a un acuerdo con su antiguo rival: Odría. Pero las Fuerzas Armadas, enemigas históricas del Apra, se negaron a aceptar un escenario con un presidente aprista. Provocaron un golpe de estado y anunciaron nuevas elecciones. Estas se realizaron en 1963. Fernando Belaunde, líder de Acción Popular, resultó con el 39% e inició su primer mandato (1963-1968).
Belaunde se presentaba como un político atrayente. Con la habilidad de un estadista propuso construir una carretera transamazónica (Marginal de la Selva) para abrir al desarrollo a esa región del país. Invocó el recuerdo de los incas y alentó a la población aspirar nuevamente a la grandeza. Recorrió el territorio y habló con todos los sectores sociales para generar el consenso nacional. También reconoció la necesidad de modificar el Estado para ampliar sus servicios. Por último, quiso dar incentivos a la industria y realizar la tan ansiada reforma agraria.
Sus proyectos terminaron fracasando. Políticamente tuvo un Congreso opositor. El Apra se había aliado al odriísmo para formar mayoría parlamentaria. De esta manera bloqueaba cualquier intento de cambio. Desvirtuó, por ejemplo, un proyecto de reforma agraria que venía del Ejecutivo. Aprobó otro que ponía énfasis en la mejora técnica, y no en la redistribución de la tierra, con la esperanza de mejorar la producción para favorecer a los hacendados. Esto irritó a los campesinos quienes comenzaron a invadir haciendas. En la sierra sur aparecieron movimientos guerrilleros de inspiración cubana. Al gobierno no le quedó otro remedio que aplastarlos con la máxima dureza. Hubo 8 mil muertos y la experiencia fue traumática para los más de 300 mil campesinos alzados y para los soldados que tuvieron que reprimirlos.
En las ciudades, especialmente en Lima, la población migrante desarrollaba luchas paralelas. Proliferaban las invasiones dando lugar al crecimiento desmesurado de barriadas y asociaciones vecinales. Sus pobladores reclamaban viviendas, títulos de propiedad y servicios básicos. Los obreros, por su parte, buscaban otra dirección pues veían que los antiguos partidos se alejaban de fomentar un verdadero cambio. Al gobierno le faltó fuerza e imaginación para canalizar las demandas de estos sectores.
Otra frustración se anunciaba: la antigua disputa con la International Petroleum Company. Tras muchas negociaciones, en las que los Estados Unidos demostró una hostilidad continua ante una posible nacionalización, se llegó a un acuerdo. La IPC renunciaba a los ya agotados yacimientos de la Brea y Pariñas y el Perú aceptaba no reclamar los impuestos atrasados. La IPC, además, lograba el acceso a nuevos yacimientos en la selva y el gobierno aceptó venderle el crudo a un precio fijo para que la empresa lo refinara en su planta de Talara. El acuerdo tuvo apoyo multipartidario pero, antes que se empezara a aplicarse, se denunció la desaparición de la última página del contrato donde se habrían consignado las cifras de una elevada indemnización que el gobierno pagaría a la IPC. Esta patraña motivó un gran escándalo y favoreció la caída del belaundismo.
La economía abonó también la crisis. En 1967 el gobierno devaluó la moneda, controló la importación y bajó los impuestos a la exportación. La balanza de pagos mejoró, descendió la inflación pero también el crecimiento. El sueño de un Perú próspero y unido se hacía polvo para Belaunde. Los militares alistaban sus tanques contra Palacio de Gobierno, pero esta vez no para instalar un gobierno provisional. El golpe se dio el 3 de octubre de 1968. Belaunde fue exiliado y se suprimieron todas las garantías constitucionales. La dictadura volvía al Perú.
6. EL GOBIERNO REVOLUCIONARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
El golpe preparó el camino para uno de los gobiernos militares más ambiciosos de América Latina. La Junta Militar, presidida por Velasco (1968-1975), declaró de inmediato su intención de efectuar cambios de largo alcance en las bases de la sociedad y la economía. Este nuevo orden, "ni capitalista ni comunista", intentaba crear un sistema que aboliera las desigualdades y creara las condiciones necesarias para la armonía, la justicia y la dignidad. Toda una incoherencia, pues se intentaba realizar aquello desde el autoritarismo y, muchas veces, fomentando el odio entre el pueblo y los "privilegiados".
Una de las claves del proyecto fue la reforma agraria en 1969. Todos los grandes latifundios, sin tener en cuenta su productividad, fueron expropiados. La medida se sintió primero en las plantaciones de la costa norte y central, muy mecanizadas, que se colocaron bajo la administración de cooperativas de trabajadores. En la sierra la idea era crear granjas pequeñas o medianas, pero pronto el gobierno cedió a las demandas campesinas por organizar allí también cooperativas. Hacia 1975, las ¾ partes de la tierra productiva del país se encontraba gestionada por estas asociaciones.
En 1971 se creó el Sistema de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS) para vincular al régimen con las organizaciones campesinas y obreras. En realidad fue un método para manipular a las masas en beneficio de la dictadura. Una de sus tareas fue afrontar el problema de las barriadas que se extendían alrededor de Lima y otras ciudades. Sólo en la capital vivían 750 mil migrantes. La situación era explosiva y se decidió crear los pueblos jóvenes. Parte de la "solución" fue repartir títulos de propiedad a los recién llegados.
Este modelo de organización y movilización desde arriba pretendía establecer las bases de la industrialización y el desarrollo económico reduciendo el conflicto social. Una suerte de estado corporativo. Este principio se vio en el sector fabril al crearse la "comunidad industrial". La idea era convertir progresivamente a los trabajadores en copropietarios con los empresarios. En 1974 había 3.500 comunidades industriales con 200 mil obreros que controlaban el 13% de las acciones de sus empresas.
De otro lado se emprendió una serie de medidas para reducir el papel del capital extranjero que controlaba, en 1968, el 44% de la producción industrial. Esto era inaceptable para los militares. La primera medida fue la nacionalización de la IPC creándose Petroperú. Otras compañías, en su mayoría de capital norteamericano, también fueron expropiadas siendo reemplazadas por empresas estatales. En 1974 el régimen aceptó, ante la presión de Washington, pagar 150 millones de dólares a las empresas afectadas. Ahora Estados Unidos dejaría de oponerse a la concesión de créditos al Perú.
A pesar de su populismo, la dictadura velasquista encontró resistencia interna. Los gremios de trabajadores sintieron que las reformas no satisfacían sus demandas y empezaron a presionar. Los grupos despojados, a su vez, no ocultaron su horror ante las medidas. La respuesta de los militares fue controlar los medios de comunicación. Poco a poco se confiscaron los periódicos, la radio y la televisión. Sin libertad de prensa los adversarios del régimen fueron intimidados, encarcelados o exiliados.
La situación económica terminó derrumbando a Velasco. Cayeron las exportaciones (cobre, azúcar y harina de pescado) y no se descubrieron nuevos yacimientos de petróleo. Aumentaron el déficit presupuestal y la deuda externa. Al asomarse la inflación el descontento popular se manifestó: en 1975 hubo 779 huelgas, incluyendo el famoso saqueo en el centro de Lima el 5 de febrero favorecido por una huelga policial.
Un golpe al interior de las Fuerzas Armadas puso en la presidencia al general Francisco Morales Bermúdez (1975-1980). Su gobierno buscó corregir el experimento velasquista. SINAMOS casi desapareció y se negoció con el Fondo Monetario Internacional un programa de ajuste económico. Se promulgó el Plan Túpac Amaru que anunciaba el retorno a la democracia, el fomento a la inversión externa y la trasferencia de la prensa a sus legítimos dueños. Todo debía hacerse progresivamente. En 1978 se convocó a elecciones para instalar una Asamblea Constituyente. Presididos por Haya de la Torre, los constituyentes promulgaron en 1979 una nueva Constitución que debía entrar en vigencia a partir de 1980. Una de sus novedades fue otorgar el voto a los analfabetos.
7. LOS AÑOS OCHENTA Y EL REGRESO DE LA DEMOCRACIA
En las elecciones de 1980 Acción Popular, con Fernando Belaunde, obtuvo una mayoría del 42%. El Apra, luego de la muerte de Haya de la Torre, logró el 28%, sin duda un revés político muy serio. El PPC alcanzó un magro 11% y todos los grupos de izquierda sumaron el 16%. Era evidente que Belaunde había recibido votos de ambos. La escena política tenía algo de familiar. Belaunde era otra vez presidente pero sin la obstrucción del Apra en el Parlamento. Su reelección era también una suerte de reivindicación: los militares lo habían depuesto en 1968 y ahora le garantizaban su vuelta a la presidencia.
Belaunde se comportó como un político de la vieja escuela. Prometía el progreso mediante nuevas obras públicas: complejos habitacionales y la Carretera Marginal. También proponía reducir el papel del estado en la economía, fortalecer la empresa privada y garantizar la inversión externa, especialmente en el tema petrolero. Sus ideas en favor del libre mercado le permitieron refinanciar la deuda y su gobierno parecía bien encaminado al fomentar la diversificación de las exportaciones.
Todo sin embargo era un espejismo. En 1981 el crecimiento del PBI fue de 3,1% pero en 1982 cayó a menos del 1% y en 1983 se desplomó un 12%. El descalabro se debió a razones externas y a los efectos devastadores del Fenómeno del Niño que provocaron inundaciones en la costa norte y sequías en la sierra sur. El manejo económico ahora se hizo con criterios de emergencia. Se tuvo que volver a negociar la deuda externa y el régimen entró en un escenario de ingobernabilidad.
La situación se agravó, además, por el surgimiento del terrorismo. Sendero Luminoso, movimiento maoísta surgido en los años 70, inició su guerra contra el estado desde la sierra de Ayacucho proponiendo una utopía igualitaria. Asaltaba pueblos, asesinaba autoridades y mantenía un absoluto secreto acerca de su estructura interna. Tras lamentables titubeos, Belaunde ordenó una ofensiva militar que dejó una peligrosa huella de represión brutal. Sendero, por el contrario, no se amilanó y se extendió por otras provincias hasta Lima.
A pesar que en 1984 hubo un repunte en el crecimiento económico la inflación se reavivó. En 1985 llegó a un 130%. Belaunde, siempre respetuoso del orden constitucional, nuevamente demostraba poco éxito en gestión gubernamental. Con el terrorismo y la crisis económica a cuestas, y sin haber corregido los vicios legados por el gobierno militar, el camino estaba allanado al Apra. Alan García, un líder joven con grandes habilidades retóricas, se presentaba como el gran salvador de la nación. En 1985 obtuvo el 46% de los votos y la izquierda, unida por vez primera, alcanzó el 22%. El Apra se hizo con el control del Parlamento lo que le permitió a García tener un amplia base política. En castigo, Acción Popular casi desapareció del mapa electoral.
García terminó defraudando todas las expectativas. En un inicio su populismo lo empujó a elevar los salarios, recortar algunos impuestos y los tipos de interés, congelar los precios, ofrecer crédito agrícola y devaluar la moneda. Al aumentar la demanda su equipo económico esperaba reactivar la industria. Esto no sucedió. García no se dio cuenta que se enfrentaba a una economía mundial demasiado hostil. Para colmo desafió a los acreedores extranjeros al incumplir con los pagos de la deuda. El Fondo Monetario Internacional expulsó al país del mundo financiero. Internamente el déficit comercial, acentuado por el auge del consumo, agotó las escasas divisas.
Hacia 1987 el país se iba en picada. García intentó nacionalizar la banca y multiplicó su descrédito. Sendero seguía en auge y la represión del gobierno también. Las matanzas en la sierra y los apagones en Lima demostraban la fuerza creciente del terrorismo, ahora alimentado por la acción de otro movimiento subversivo, el MRTA. La población estaba agotada: más de 20 mil muertos y pérdidas materiales difíciles de calcular. Como si esto fuera poco el PBI se desplomó, la hiperinflación alcanzaba el 3.000% y los escándalos de corrupción saltaban a la luz. El país se encontraba en bancarrota, la más grave del continente. La pobreza y la frustración colectiva eran elocuentes. Nunca la población había asistido a tanta irresponsabilidad desde la gestión pública.
8. LOS AÑOS NOVENTA: EL COLAPSO DE LA DEMOCRACIA
En 1990 un nuevo salvador estaba dispuesto a rescatar al país. El famoso escritor Mario Vargas Llosa prometía reformas económicas neoliberales para reducir el Estado y promover la empresa privada. Pero su discurso fue desvirtuado por el Apra y la izquierda quienes, careciendo de cualquier posibilidad de triunfo, apoyaron la candidatura de un desconocido ingeniero agrónomo descendiente de inmigrantes japoneses, Alberto Fujimori.
Ya en el poder, Fujimori sorprendió a todos al imponer un plan radical de reestructuración de la economía: reducción de aranceles, fomento a la inversión externa y liberalización del mercado laboral. Anunció también la venta de empresas públicas para reducir el aparato estatal y generar nuevos ingresos. Se pudo controlar la hiperinflación y el país reasumió sus compromisos con la deuda externa. Pero este primer éxito económico pronto se ensombreció con el retroceso político. En abril de 1992, Fujimori disolvió el Congreso y anunció una reforma en el poder judicial. Se trataba de un autogolpe respaldado por un oscuro plan militar. La frágil democracia se derrumbaba bajo el pretexto del terrorismo, la injusticia social, la corrupción y el descrédito de los partidos políticos. Para el desconcierto de la opinión internacional, el golpe gozó de amplio apoyo popular.
Sendero vio que el golpe y el autoritarismo del régimen aceleraría su revolución. Sucedió todo lo contrario: Abimael Guzmán, fundador y líder del movimiento, fue capturado y exhibido teatralmente. Misteriosamente, Guzmán cooperó luego con el gobierno exhortando a sus seguidores que se rindieran. Hubo más arrestos de subversivos y el senderismo empezó a desintegrarse. Al dejarse el caso en manos del Ejército se empezó a producir todo un récord en violaciones en derechos humanos. No importaba: el gobierno exhibía el éxito de haber "derrotado" al terrorismo.
Presionado por los organismo internacionales, Fujimori tuvo que convocar a un Congreso Constituyente y dar una fachada más "democrática". La constitución de 1993 se diseñó a su medida y se convocaron elecciones. Controlados el terrorismo, la inflación y el aparato estatal, Fujimori pudo ganar cómodamente con un 64% su primera reelección en 1995 ante el embajador Pérez de Cuéllar.
De esta manera el régimen profundizó su autoritarismo y la corrupción a su interior. En esta etapa (1995-2000) las crisis financieras mundiales y la falta de respuesta del equipo económico hicieron que el país entrara en una recesión profunda desde 1997. El desempleo y el colapso de muchas empresas solo fueron matizados por el éxito en la venta de algunas empresas públicas. Un hecho positivo fue el arreglo fronterizo con Ecuador y Chile. Sin embargo el régimen demostraba cada vez más su voluntad de perpetuarse en el poder al aniquilar el estado de derecho (control del Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Sistema Electoral y la mayor parte de la prensa). En este contexto cualquier fiscalización no prosperaba. La cúpula militar, por su lado, era fiel cómplice del autoritarismo y la corrupción.
El objetivo era la ilegal segunda reelección de Fujimori. Se fraguó un proceso electoral donde el candidato-presidente contó con todos los recursos del Estado para no dejar el sillón presidencial. Nadie, ni dentro ni fuera del país, pudo ocultar el atropello cometido. El 28 de julio de 2000 Fujimori inauguraba un nuevo mandato que estaba condenado al fracaso. A la falta de credibilidad se sumó, en menos de 40 días de la juramentación, el escándalo de corrupción al difundirse un vídeo donde el principal asesor presidencial "compraba" a un congresista electo para asegurarle mayoría parlamentaria al régimen. Luego vendría un cúmulo de destapes sobre la corrupción organizada por el nefasto personaje desde el Servicio de Inteligencia Nacional en la que Fujimori resultaba seriamente comprometido, al menos políticamente. No pudo más y, aprovechando una invitación para asistir a una cita internacional de mandatarios, huyó al Japón para enviar su renuncia por fax.
Su lamentable deserción obligó al Parlamento declararlo moralmente incapaz y suspenderlo de cualquier responsabilidad pública por 10 años. El vacío político fue cubierto con la elección del Presidente del Congeso, Valentín Paniagua, como jefe de estado. En noviembre de 2000 Paniagua asumió un gobierno de transición cuyos objetivos fundamentales fueron convocar elecciones libres y corregir los vicios dejados por el fujimorismo. Tras dos rondas electorales, el economista Alejandro Toledo resultó elegido para el periodo 2001-2006.
Autor:
José M. Pilares Suca
Profesor: Hugo Yupanqui Taipe
Grado y Sección: 5ºB
Curso: Educación por el trabajo
Nuestra Señora del Carmen
2012
“año de la integracion nacional y el reconocimiento de nuestra diversidad“
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