El estudio de la economía campesina siempre se ha visto relegado a un segundo plano sin ver la importancia que este presenta en el desarrollo económico de nuestro país; se ha podido establecer la situación y el pensamiento del campesinado en Colombia durante la última década, donde se pudo analizar que existe la creencia general que a mayor desarrollo, menor importancia del sector agropecuario y menor población rural. Sin embargo, a diferencia del nuestro, otros países desarrollados tienen un sector agrario fuerte, que les asegura la provisión de alimentos y genera efectos multiplicadores importantes en otros sectores.
En Colombia, durante el periodo analizado ha habido una disminución de la población rural propiamente dicha, y a pesar del movimiento de la población hacia zonas urbanas, la población depende fundamentalmente de la actividad del sector agropecuario, a tal punto que el 72% de la población vive en municipios de menos de cincuenta mil habitantes, que en la actualidad son cerca de 900 municipios, el 55% de los habitantes vive en las zonas rurales.
Teniendo en cuenta estos y para observar la evolución que éstas han tenido durante los últimos diez años en sus diferentes aspectos como son:
- Tenencia y uso de suelo.
- Tipo de cultivos.
- Uso de mano de obra.
- Crédito.
- Orientación de la producción.
- Comercialización.
Aspectos los cuales en lo general se han visto afectados en deterioro, por ejemplo, durante la década de los 90s la producción agrícola mostró una disminución significativa en el área sembrada, debido a varios fenómenos como la violencia rural, la sustitución de cultivos por ganadería extensiva, de productos de pancoger por la droga, la revaluación de la moneda y por problemas de competitividad en productividad y costos, con el resultado de que la población crece a un ritmo superior a la producción de alimentos.
Pero para entender mejor estos asuntos es bueno tener claras algunas ideas que nos servirán como marco conceptual de la economía campesina. Hace un tiempo, la agricultura o todo lo que se relacionara con el campo, era de inmediato sacado del contexto de la industrialización, hoy nos damos cuenta que no solo forma parte de ella, sino que también es un sector que está en las condiciones de ayudar con lo que tiene que ver con el bienestar de la sociedad y de los países. Por esto la agricultura, ha pasado de ser simplemente la que proporcionaba los productos a los mercados, a ser parte activa en la economía.
Después de la segunda guerra mundial, era casi imposible hacer seguimiento a las sociedades agrícolas, debido a que las cuestiones de la agricultura, habían sido apocadas por la política económica que surgió en la postguerra y que recibió el nombre de Industrialización Forzada, por esto la agricultura fué puesta en un segundo lugar con respecto a la industrialización, pues la mano de obra fué desplazada por las grandes maquinarias. Todo esto se confirma con el hecho de que en aquella época el progreso económico era asociado con el pasar de una economía agrícola, a una industrial, por esto las personas preferían trabajar en las industrias que en el campo.
Fue así como empezó a haber una relación entre la industria y la agricultura, en la cual la agricultura siempre se veía en desventaja, pues sus productos eran para la acumulación de capital en el sector industrial.
El incremento en la producción y la productividad agrícola, pueden contribuir al desarrollo económico a través de la provisión de alimentos, vista esta de dos formas: se considera que el incremento en la oferta de alimentos mejoraría el nivel de vida de los pobres tanto rurales como urbanos, y si existe exportación de productos agrícolas, ésta podría ser fuente generadora de divisas, las cuales servirían para importar bienes de capital que se utilizarían en otros sectores. También el desarrollo económico se vería incrementado por el sector agrícola al haber transferencia de fuerza de trabajo de la agricultura a la industria, de la ampliación del mercado para los productos industriales al existir aumentos en los ingresos netos de la población agrícola.
Para nuestro caso colombiano específicamente, un país que era eminentemente agrícola, termino sufriendo un proceso de transformación debido a los modelos de desarrollo que han identificado al sector como uno secundario y han fortalecido principalmente al sector servicios, sin tener en cuenta una visión de conjunto, que considere al sector agropecuario como el motor del sector industrial y de servicios. Toda política macroeconómica debe considerar el efecto multiplicador del sector agropecuario en la industria y en los servicios, ya sea por insumos o por derivados agrícolas, y por las exportaciones generadas. Además, el bienestar del sector rural, la generación de empleo agrícola, y la seguridad alimentaria son los instrumentos estratégicos para mejorar la economía nacional; la miseria urbana puede verse disminuida al existir un sector agrícola fuerte que provea alimentos en forma permanente y a precios justos a las ciudades.
Aparte de esta conceptualización económica, es también propio realizar una conceptualización más social, ya que es importante entender que el campesinado no es solamente un agente económico, sino que esta inmerso en un grupo social que tiene su propia forma social, étnica y cultural. Esto quiere decir que el campesino al igual que otros grupos como los indígenas, posee unos conceptos y valores específicos al resto de la población, como lo son el arraigo por la tierra y el modo de producción esencialmente familiar que se encuentra enfocado hacia la supervivencia de esta más que a una acumulación de capital; lo que nos llevaría a hablar sobre la pobreza rural que no es el tema que nos atañe ahora.
La condición de marginalidad de la población rural no facilita el acceso a los recursos productivos, entre ellos el acceso a la tierra, a la información de mercado y a los instrumentos de política. Tampoco facilita el desarrollo de otros factores de producción como el capital humano, siendo importante crear las condiciones necesarias para aprovechar la capacidad empresarial del colombiano y, a través del interés individual y comunitario, formar empresarios a escala.
La gran migración del campo y el crecimiento desordenado de las grandes ciudades, requiere que el país deba decidir la prioridad a dar al sector rural y agrario, dentro de la política macroeconómica y social, para asegurar la alimentación de la población urbana, como estrategia de desarrollo y de bienestar.
Adicionalmente, cualquier acción que se promueva hoy en día, debe tener en cuenta la población involucrada y no sólo su actividad económica, el trabajo en y por la comunidad, la igualdad de oportunidades en el acceso a la información, la nueva orientación a la calidad de vida: trabajo y acceso a los servicios públicos; dinamizar la producción a través de una política de mercado y de producto, que conlleve transformación, industrialización y mayor valor agregado.
Es importante además el impulso y crecimiento de aldeas agrícolas, con enfoque de empresas agroindustriales generadoras de valor agregado y como núcleos de desarrollo rural y productivo. Empresas eficientes, con alta tecnología de producción y administración, con estructura de producto, transformación y comercialización, de planeación financiera, mercado, recursos. Empresas altamente competitivas en costos y productividad, y con volúmenes de producción capaces de intervenir el mercado.
Por esto valdría la pena proponerse un programa de desarrollo del sector rural y agrícola que implique no sólo la unión de esfuerzos del Estado y de todos los sectores, sino también un cambio de mentalidad con relación a la propiedad y explotación de la tierra. Dentro de los principales cuellos de botella del sector está el volumen de producción y los esfuerzos individuales que no permiten la inversión de recursos significativos ni una intervención agresiva en el mercado; se expone además la necesidad de desarrollar aldeas agrícolas vinculadas a grandes extensiones y con objetivos específicos de producción, transformación y para obtener un mayor valor agregado a los productos agrícolas, buscando no sólo el manejo empresarial del sector a todos los niveles, sino también los mercados internacionales. Aunque los resultados sólo se podrían ver en el largo plazo, es necesario que el país modificase su enfoque y sus instrumentos de política utilizados por varios lustros que, hasta el momento, no han podido crear un sector rural y agrícola fuerte y que sólo han llevado a la crisis estructural económica y social que se vive.
El objetivo es convertir al productor agrario, pequeño y mediano, en empresarios agrícolas a través de su participación activa en toda la cadena productiva, generar mayor valor agregado y obtener mayores retornos a su actividad. Además, proporcionar el acceso equitativo de los productores a los recursos de producción, y a los instrumentos de política para impulsar la producción y mejorar la calidad de vida de la población rural.
Lo que se debería buscar es que la política de desarrollo rural esté integrada al agropecuario, a través de aldeas agrícolas, donde la población rural tenga acceso a vivienda con servicios públicos y a tierras para su explotación, teniendo como objetivo la producción y transformación de un producto predeterminado por la necesidad del mercado y el potencial del suelo y con el manejo empresarial de dicha producción. Se busca que el productor se convierta en un pequeño empresario que, individualmente o a través de la asociación empresarial, produzca no sólo la cosecha, sino también productos agroindustriales y, por consiguiente, obtenga un mejor retorno a su actividad y a su calidad de vida. Es mirar al sector desde la demanda en contraposición a la oferta. Si se mira la producción desde el mercado, la población colombiana se alimenta principalmente de productos llamados de pancoger; además, la gran proporción del consumo se realiza en productos frescos sobre los procesados, debido a la facilidad de obtener cosechas todo el año, y al nivel de los ingresos de la población. El grueso de la producción de pancoger, o de la dieta alimenticia de la población, la realizan pequeños y medianos productores.
La política agraria, en su principio básico, debe conocer las características y composición de la demanda. El crecimiento de las ciudades crea cambios en las costumbres alimenticias de la población, segmenta el mercado y, por consiguiente, crea la necesidad de nuevas técnicas de producción, de transformación y de comercialización de los productos agropecuarios. El productor agropecuario debe tener acceso a estas tendencias con el fin de que su producción se adapte a estos cambios.
En general, se debe capacitar al productor pequeño y mediano, en forma individual y comunitaria, con el fin de crear empresarios a escala y, a través de asociación o individualmente, dinamizar la producción. Para esto, es necesario fomentar la transferencia de tecnología a nivel municipal y regional tanto en producción agropecuaria, como en el manejo de productos de cosecha, en la transformación primaria y en aspectos económicos y administrativos. Programas y proyectos que permitan el acceso a la información tecnológica y de lineamientos de política y otros programas del Estado, son fundamentales para la igualdad de oportunidades de la población rural.
Sólo a través de la capacitación en producción, en el manejo de postcosecha, en la transformación primaria, en aspectos económicos y administrativos, y del acceso a la información de mercado y de los instrumentos de política agropecuaria, la población rural podrá elevar su productividad y, por consiguiente, lograr competitividad de sus productos.
El problema del narcotráfico y del desplazamiento de los campesinos de las zonas rurales, debido a la guerrilla y a los paramilitares, ha producido un fenómeno de concentración de las tierras y de crecimiento de la ganadería extensiva que, a su vez, limita el acceso a las tierras de la población campesina y conlleva poca generación de empleo rural, incrementando la violencia y la migración.
Los beneficios de una aldea agrícola serían la asignación y distribución de la tierra con apoyo tecnológico, optimización del recurso, y reordenamiento territorial; creación de núcleos de desarrollo productivo, agroindustrial y rural y social; manejo empresarial de la producción campesina. Producción estratégica y optimización de las fortalezas agrícolas; generación de empleo directo agrario e indirecto en la transformación de los productos; volúmenes de producto con capacidad de intervención en el mercado; mayor ingreso de los productores a través de su participación en las utilidades de la empresa agrícola, de su propia producción, del empleo agroindustrial y del mayor valor agregado al producto; concentración de la población rural que facilita la provisión de los servicios públicos, de salud y de educación; reubicación de la población; mejor calidad de vida a través del acceso al trabajo, mejor ingreso, vivienda y servicios públicos; inversión rural en el desarrollo de las aldeas agrícolas, con los consiguientes beneficios, menor inversión per capita; efectos dinamizadores en otros sectores económicos, como servicios y comercio; desarrollo autosostenible de los recursos; disminución de la migración a las ciudades al mejorar la calidad de vida y los ingresos de la población rural.
Los productores beneficiarios de los proyectos de distribución de tierra serían propietarios de una acción o derecho de la empresa agroindustrial. Esta acción, le dará derecho al trabajo agrícola de una parcela de tamaño familiar o a través de la explotación comunitaria de las tierras.
Además, los beneficios al productor serían entre otros, el acceso a una parcela de tamaño familiar para ser explotada por el productor y su familia, acceso al trabajo en explotación agroindustrial, participación en las utilidades de la empresa, participación del excedente de mano de obra familiar en las actividades remuneradas de postcosecha, de transformación y de comercialización de los productos realizadas por la empresa de que es socio o copropietario, vivienda en el centro urbano desarrollado para tales fines, acceso a servicios públicos, educación y salud.
Aunque por su parte, el productor debería garantizar anualmente el volumen de producción que le sea asignado por la empresa. En el caso de producción comunitaria, el productor actuaría como trabajador de la empresa de la cual es socio o copropietario, y cuyas utilidades serían repartidas de acuerdo con el tiempo trabajado. Adicionalmente, el productor utilizaría la tecnología señalada por la empresa para la producción y para el manejo de la cosecha.
La empresa tendría que ser manejada con visión empresarial, de mercado, con estrategias de planeación de la producción, etc., y por personal especializado. Realizaría las labores de transformación primaria e industrial necesaria para dar un mayor valor agregado a la producción, y un mayor ingreso al productor.
La principal función del Estado sería facilitar la creación de estas empresas productivas, y garantizar continuidad en las políticas diseñadas para tal efecto. Por otro lado, realizar el análisis por producto a partir de la demanda. Estos estudios podrían ser desarrollados con al apoyo de universidades y para cada producto, de tal forma que identifiquen la demanda por segmentos de la población (tamaño, color, sabor, del producto primario y de sus derivados) y de aspectos técnicos, como identificación de esquejes, semillas, sistemas de multiplicación, y de tierras aptas para su producción del producto en cuestión. Además, de desarrollar la tecnología para la producción y diseños de técnicas de manejo de postcosecha de los productos identificados.
El Ministerio de Agricultura deberá identificar las zonas geográficas potenciales para la producción de cada uno de los productos que resulten prioritarios de los estudios anteriores, en cuanto competitividad a nivel nacional e internacional, estratégicos desde el punto de vista de seguridad alimentaria, y de potencial de mercado. Una vez seleccionados los productos y las zonas, el Ministerio de Agricultura procederá a la adquisición de las tierras (si fuera necesario) y a la formación de las empresas agroindustriales.
Las zonas seleccionadas deberían ser dotadas de la infraestructura necesaria para la organización de las aldeas agrícolas. Esto es, para la localización del número de familias y su vivienda, la provisión de servicios públicos (acueducto, alcantarillado, energía, salud y educación). Además, en las tierras seleccionadas, el Ministerio de Agricultura asegurará la estructura productiva en cuanto la adecuación de tierras en riego o en drenaje y de recuperación de las tierras para la conservación del ecosistema.
El programa de aldeas agrícolas tiene beneficios multiplicadores, en cuanto la inversión pública, en vías de acceso, la construcción de vivienda y de los servicios públicos.
Es importante que la entidad que vaya a manejar el programa tenga decisión sobre la ejecución de los recursos, con el fin de realizar las funciones que le corresponden en forma eficiente y efectiva. Así, en el caso de la investigación se recomienda que esta entidad pueda contratar su realización, y no a través del manejo presupuestal del Ministerio de Agricultura o a discreción de la institución investigadora. De forma similar se pueden realizar las obras de infraestructura, de adecuación de tierras y de construcción de las aldeas propiamente dichas.
Los beneficiarios de estos programas deberían ser productores sin tierra, desplazados por la violencia, inmigrantes que quieran regresar al campo y productores con tierras no aptas para la agricultura o necesarias para reservas ecológicas. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de la participación de pequeños y medianos productores (o profesionales del campo) que, a través de algún tipo de convenio para proveer su tierra, integren una empresa agrícola e industrial que les permita incrementar la productividad, los volúmenes de producción y la reducción de los costos. Además, las aldeas y sus empresas deben ser diseñadas jurídicamente, de tal forma que permitan, eventualmente, la asociación de productores vecinos que quieran incorporarse a la empresa agrícola e industrial como accionistas y en las mismas circunstancias de los beneficiarios iniciales.
El Plan de Acción para el cumplimiento de las metas propuestas sería el crear una entidad de carácter mixto, dependiente del Ministerio de Agricultura, para la ejecución del Programa de Aldeas Agrícolas. Inicialmente, se identifican las siguientes actividades de esta entidad; coordinar la realización de estudios de mercado de los productos; coordinar el desarrollo y la recopilación de tecnologías de producción y transformación y su divulgación; identificar las zonas estratégicas de acción del Programa; coordinar adquisición y adecuación de las tierras; diseñar una estrategia de planeación y diseño urbano para ser utilizada en el desarrollo de las aldeas, de igual forma, en cada una de ellas; realizar el seguimiento del desarrollo de las aldeas; estudiar y diseñar los aspectos jurídicos necesarios para la creación de las empresas, de tal forma que para todas el objeto social, el funcionamiento y otros reglamentos, sean iguales; facilitar la creación de empresas agrícolas e industriales por parte de los productores.
Ésta podrá hacerse con crédito externo y con la reasignación de los recursos de otros organismos del Estado que trabajan en los aspectos involucrados en los programas de aldeas agrícolas. El Estado provee a los beneficiarios del Programa de Aldeas Agrícolas con una acción o derecho en la empresa. Por consiguiente, la creación de la empresa, y sus activos, son la inversión del Estado.
En el corto plazo, la distribución de la tierra podrá basarse en la normatización de las leyes colombianas. Esta reglamentación, debe estar dirigida a proporcionar a los campesinos sin tierras y a los desplazados por la violencia de unidades de producción individuales o colectivas, sin excluir otro tipo de productor agrario. En el primer caso, se recomienda que los ingresos familiares provengan parcialmente de actividades colaterales para facilitar la compra de tierras a la población más pobre. Además, los recursos de financiación deberían cubrir el proyecto productivo, con el fin de asegurar la adecuada explotación de la tierra. Dentro del proceso de asignación de tierras, se deben fomentar proyectos de explotación comunitaria y/o asociativa, como un mecanismo de concentración de la población que facilite la provisión de servicios públicos, educación y salud, y de otros programas de fomento y producción, asimilándolos a las aldeas agrícolas.
El problema de tenencia y en el proceso de distribución de tierras, no se recomienda, como prioritaria, la titulación de tierras baldías, ya que fomenta la deforestación y deterioro de las laderas y de los recursos naturales. La reglamentación de la titulación debe tener en cuenta este aspecto.
Se realizarían análisis detallados por producto, o productos afines (substitutos o complementarios), con el fin de identificar las principales tecnologías y sus costos de producción, y, principalmente, cuáles son los puntos de la cadena productiva que evitan la competitividad nacional e internacional de cada uno de ellos. Este análisis, permitirá identificar las variables críticas en la competitividad de los productos colombianos, con el fin de establecer las medidas de política necesarias para corregir las desventajas de mercado y/o de productividad, o de costos encontrados (capacitación empresarial a productores, tecnologías, de insumos, etc.), y así poder mejorar la competitividad de nuestros productos para una economía de apertura y de libre comercio; como también, identificar cuáles son aquellos productos, las razones y circunstancias que podrían tener un tratamiento especial.
El análisis anterior, debe hacerse, adicionalmente, a los estudios de mercado de los productos mencionados, cuyos resultados servirían de base para el desarrollo de las aldeas agrícolas y de las políticas de fomento agropecuario.
Es importante crear incentivos para que el sector privado produzca semillas de la dieta alimenticia colombiana y para que fomente programas de distribución y comercialización acordes con las necesidades de los pequeños y medianos productores, incluyendo la tecnología de siembra, producción y manejo postcosecha.
Es indispensable que el pequeño y mediano productor tengan igual acceso al sistema crediticio y al incentivo de capitalización rural (ICR). Por otro lado, la actividad de la Caja de Crédito debe ser modificada, para que dedique los recursos de financiación sólo al sector agropecuario. Es decir, abolir el componente Industrial y Minero que, en la actualidad, sólo sirve para desviar los recursos a sectores con otras fuentes de financiación. Además, la banca privada debe destinar parte de su crédito para el desarrollo y fomento del sector y de las aldeas.
Es conocido que el desarrollo de infraestructura, especialmente redes viales secundarias y obras de riego, ha contribuido, significativamente, al desarrollo rural y al mejoramiento del ingreso y de la calidad de vida del campesino donde estas inversiones se han ejecutado. Por consiguiente, cualquier plan de mediano y largo plazo debe incluir estas obras y su mantenimiento, si se desea que otro tipo de esfuerzo en el desarrollo rural obtenga los beneficios económicos y sociales esperados. La actividad de adecuación de tierras, riego, drenaje y recuperación de suelos, deberá ser realizada por el Inat dentro de los planes de reordenamiento territorial y planeación regional. Además, el modelo propuesto indica que los volúmenes a manejar en el año 2030 serían tales, que un contenedor deberá salir de cada aldea agrícola por lo menos una vez a la semana; por lo cual, el desarrollo de la infraestructura vial adecuada, es importante.
La política agropecuaria fomentará la transformación primaria de los productos agrícolas para que la comercialización se realice teniendo en cuenta los diferentes segmentos y necesidades del mercado y que, por consiguiente, conlleve la disminución de las pérdidas de postcosecha. Lo anterior, será resultado de los estudios de mercado de los productos que permitirá identificar no sólo los productos con ventajas comparativas y competitividad, sino también las necesidades de manejo del proceso de cosecha, selección, transformación y empaque de los productos. El Ica enfocará su actividad al diseño y divulgación de tecnologías eficientes y económicamente viables.
Se recomienda, como estrategia de comercialización, el fomento de Bogotá como un gran centro de exportación, con el fin de evitar los fletes falsos que incrementan el costo del transporte tanto de los productos que entran, como de los que salen de la ciudad.
Por último, se debe crear la cultura del diseño para el manejo de la producción y de los productos agroindustriales, de tal forma que a través de empaques u otros sistemas se disminuyan las pérdidas, se agilice el proceso de carga-descarga, de transporte e, inclusive, el mercadeo de los productos finales.
Como se mencionó anteriormente, se desarrollarían tres tipos de investigaciones con el apoyo de las universidades y de las entidades del sector, a saber: a. Estudios para cada producto, de tal forma que identifiquen la demanda por segmentos de la población nacional e internacional, características (tamaño, color, sabor, del producto primario y de sus derivados), y de aspectos técnicos como identificación de esquejes, semillas, sistemas de multiplicación, y de tierras aptas para su producción del producto en cuestión; b. Para los productos que resulten aptos, se analizará la tecnología más competitiva en producción, en técnicas de manejo de postcosecha, transformación, así como la manera más eficiente para la divulgación de los resultados. Para los análisis anteriores, se deben tener en cuenta los archivos del Ica de las investigaciones realizadas a través de los años, para no duplicar esfuerzos; c. Estudios detallados por producto, con el fin de identificar las principales tecnologías y sus costos de producción, y, principalmente, cuáles son los puntos de la cadena productiva que evitan la competitividad nacional e internacional de cada uno de ellos, con el fin de establecer las medidas de política necesarias u otras acciones.
La política macroeconómica debe tener en cuenta el efecto que la revaluación tiene en el sector agropecuario. Tradicionalmente, esta política ha relegado a segundo plano al sector, sin considerar el impacto que tiene en la población rural, con su efecto multiplicador en otros sectores económicos y sociales, y en por lo menos 900 municipios que dependen de la dinámica agrícola. Se recomienda que el modelo de desarrollo escogido para el país tenga en cuenta la importancia del sector agropecuario, su multiplicador en la industria y en el sector servicios y, principalmente, su importancia como estrategia para la consolidación y permanencia de la paz y de la estabilidad política de la Nación.
El Ministerio de Agricultura y las instituciones adscritas del sector, deberían enfocar su actividad hacia: Facilitar la creación de empresas y de las aldeas agrícolas, investigador de mercado por producto, substitutos y complementarios, indicador de prioridades en el contexto de un mercado global, indicador de la importancia alimentaria en el contexto nacional, integrador de las universidades en la investigación de productos y de mercado, facilitador al acceso a la información, a recursos productivos, tierra, servicios públicos.
El problema agrario también debe ser abordado desde las regiones, donde los diferentes actores entren a mirar con una perspectiva integral especialmente los componentes de uso y de tenencia de la tierra, de infraestructura y de adecuación de tierras. Este análisis de desarrollo rural regional, tendrá como resultado una serie de acciones y actividades que conllevan lineamientos de política e inversión de nivel nacional, departamental y/o municipal. Así, la demanda por lineamientos, inversiones y servicios del Estado será generada por los protagonistas del sector. Es importante que se generen los mecanismos necesarios para la participación del sector privado en estas inversiones de infraestructura y en la prestación de servicios a las comunidades.
Bibliografia
- Bejarano, Jesús (1998) "Economía de la Agricultura. Universidad Nacional, Facultad de Ciencias Económicas. Santafé de Bogotá.
- Bustamante, Jorge (1987) "Seminario Internacional de Economía Camesina y Pobreza Rural". Fondo de desarrollo Rural Integrado. Paipa, Boyacá.
Fondo DRI (1996) "20 años de Desarrollo Rural en Colombia y sus perspectivas". Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Santafé de Bogotá.
El banco central, aparte de sus funciones tradicionales puede ser considerado como impulsor del sistema financiero y promotor del desarrollo económico. Dentro de sus objetivos generales están:
- Objetivos tácticos o coyunturales de la estabilización monetaria a corto o a mediano plazo
- Objetivos estratégicos o de desarrollo.
En los países en desarrollo, el banco además de su papel en la promoción del desarrollo del sector financiero, también ha tenido incidencia sobre el endeudamiento externo público y privado. Por otro lado debido al precario desarrollo de los sistemas financieros de países subdesarrollados, el banco debe tomar parte en el ejercicio de suplir las deficiencia que éste presenta. Por lo que en un país subdesarrollado debe lograrse primero un satisfactorio desenvolvimiento del sistema bancario para que así éste sirva de mecanismo eficiente de transmisión de la política monetaria.
El grado hasta donde un banco Central puede influir en la evolución monetaria de un país dependerá de manera muy significativa de la apertura de la economía y de la movilidad del capital, factores que se deberán tener en cuenta a la hora de diseñar una política monetaria. Otros factores que deben tenerse en cuenta a la hora de tomar decisiones de política monetaria son:
- La vulnerabilidad de una economía frente a conmociones externas: esto se presenta cuando la economía depende de uno o dos productos básicos de exportación.
- La condición de las instituciones financieras internas: La concepción de políticas monetarias es más compleja cuando las autoridades se ven enfrentados ante riesgos e insolvencia generalizados entre las instituciones financieras.
Mediante la política monetaria un banco central tiene un impacto más general sobre la economía (crecimiento, empleo, inflación, tipos de interés, tipos de cambio y balanza de pagos). Cuando el banco considera como su principal responsabilidad la estabilización de precios, puede conseguir equilibrio a largo plazo en los tipos de interés y tasa de cambio, al igual que se convierte en la herramienta principal para que se de un crecimiento económico, también en el largo plazo. Para lograr esto el Banco se enfrenta a una serie de contradicciones entre sus objetivos de corto y mediano plazo. Un ejemplo de esto es el hecho que el banco debe "… elegir entre acciones de política que establecerían una mejor base para la estabilidad de los precios a más largo plazo, y así pues perspectivas de crecimiento a más largo plazo, y los efectos negativos de estas acciones de política sobre el crecimiento económico a corto plazo."
Dichas inconsistencias serán descritas para el caso Colombiano, dentro de la nueva reglamentación para el Banco de la República, expedida por la ley 31 de 1992.
Previo a este desarrollo se retomaran aspectos que fueron relevantes en periodos anteriores: El banco de la República tenia como función primordial el manejo de la tasa de cambio -sin dejar de lado su objetivo básico, velar por el mantenimiento del poder adquisitivo de la moneda-, con el único criterio de evitar crisis en la balanza de pagos y estimular el crecimiento económico a través de las exportaciones. Desde 1967 y hasta 1991, el esquema de fijación de la tasa de cambio, se da por parte del banco de la República, apoyándose en la aplicación de un estricto control cambios y en la obligación de reintegrar al Emisor la totalidad de las divisas provenientes de las exportaciones de bienes y servicios y desembolsos de crédito externo. Adicionalmente a esto, se mantuvo un esquema de minidevaluaciones a lo que se le atribuye el éxito de política de diversificación de exportaciones y que el país no hubiere registrado durante los años ochenta una crisis en la balanza de pagos, al punto que no tuviera que reestructurar su deuda externa. Sin embargo, durante la bonanza cafetera (1984-1986), se presento una abrupta revaluación del tipo de cambio, que fue corregida acelerando el ritmo de minidevaluaciones, al igual que se da un severo ajuste fiscal lo que permitió incrementar el índice de la tasa de cambio real a niveles que se juzgaban como de equilibrio a largo plazo, lo que llevó a un fortalecimiento de las exportaciones y un aumento de las reservas internacionales; esta política de ajuste también tuvo repercusiones sobre el déficit fiscal que pasó de un 7% en 1984, a un equilibrio en 1986, sin traer consecuencias serias sobre la inflación.
Ya en 1989 con la crisis cafetera y en 1990 con el proceso de apertura, el gobierno se ve obligado a aumentar la devaluación nominal y con esto aumentar el ITCR, con lo que las presiones inflacionarias no se hicieron esperar debido al aumento del nivel de reservas internacionales. Dichas circunstancias, unidas con el mandato constitucional de control de la inflación conllevaron a una reforma de las políticas macroeconómicas en 1991, luego de un intento fallido por esterilizar la monetización de las divisas mediante OMA’s. Estas reformas fueron transcritas al Banco de la República, mediante la ley 31 de 1992. En estas reformas introdujeron un ajuste de la tasa de cambio mediante el método de entregar contra el reintegro de divisas un certificado de cambio con vencimiento a un año, lo que efectivamente conlleva a esterilizar la monetización de Reservas internacionales, a disminuir el precio de la divisa y las tasas de interés internas. Las consecuencias últimas de dicha política, fue disminuir el ritmo de devaluación nominal que tenía el banco de la República y disminuir el diferencial entre las tasas de interés internas y externas. Por otra parte se incluyo en la determinación de la Tasa de Cambio, un elemento de mercado implícito en el descuento del certificado de cambio, lo que permite una disminución del índice de tasa de cambio real.
Los objetivos de la política monetaria, cambiaria y crediticia del banco de la república, que presentan inconsistencias dentro del marco de la ley 31 de 1992 son:
- Art. 16, literal i: Disponer la intervención del Banco de la República en el mercado cambiario como comprador o vendedor de divisas, o la emisión y colocación de títulos representativos de las mismas. Igualmente, determinar la política de manejo de la tasa de cambio, de común acuerdo con el Ministro de Hacienda y Crédito Público.
- Art. 16, literal j: Emitir concepto previo favorable para la monetización de las divisas originadas en el pago de los excedentes transitorios.
- Art. 2: El Banco de la República a nombre del Estado velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda.
- Mantener tasas de interés internas que desestimulen la entrada de capitales especulativos, a la vez que suministrar a la economía una cuantía suficiente de crédito para que sea posible la aceleración de la inversión.
A partir de 1991 la nueva constitución promulga que el Banco central tome una serie de medidas conducentes a no permitir que variables como el déficit fiscal afecten el nivel de precios. A fin de esto el banco se compromete a sacrificar metas de tasa de cambio real e interés, dado que si el creciente déficit fiscal compromete la estabilidad de la moneda, el banco debe reacomodar sus políticas monetarias y cambiarias de modo que el ahorro privado se aumente.
En un principio el fin primordial del banco fue frenar el proceso de elevación de las tasas de interés, mediante una política basada en el reconocimiento de que con una mayor movilidad de capitales, el dinero se vuelve una variable determinada básicamente por la demanda, lo que hacía que si las tasas de interés internas eran altas, por una parte implicaba una entrada de capitales especulativos y por otra parte si éstas eran mayores que las tasas de interés externas, aumentaba la demanda de créditos externos. En ambos casos se ejerce una presión revaluacionista. Para esto se adoptó una política de expansión monetaria al igual que una política de diminución de encajes. Esta política de expansión monetaria consiste en emitir, con el fin de comprar las divisas que están entrando por los conceptos anteriormente señalados. Dicha política entra en contraposición con su objetivo de control de agregados monetarios, debido a que la emisión aumenta la cantidad de dinero en circulación y los precios. El banco debe participar a fin de evitar que la tasa de cambio termine siendo plenamente determinada por el mercado y consecuentemente, sujeta a las fluctuaciones que ello implica en una economía con un sector externo fácilmente afectado por la volatilidad en los precios de algunos productos de exportación. Dado que el objetivo último del banco es mantener la estabilidad en el nivel de precios, el banco debe contraer la base monetaria, ya sea mediante aumento de los encajes, aumento de las OMA’s, aumento de los cupos de importación ó aumento de las tasas de interés. Esto ocasiona que el banco de la república emita pasivos remunerados para evitar que los agregados monetarios rebasen su límite; por lo que el banco incurre en costos financieros, que en repetidas ocasiones conllevan a una situación deficitaria por parte del banco conocida como "déficit cuasi-fiscal"
Otra inconsistencia que encontramos entre funciones de la banca central es el control de los agregados monetarios, y el mantenimiento de un nivel bajo de las tasas de interés. Según la teoría monetaria, un aumento en la oferta monetaria, manteniendo la demanda constante implica una reducción de las tasas de interés, por lo que si el banco busca un control sobre el crecimiento de los medios de pago, con mucha dificultad logrará mantener un nivel bajo de tasas de interés, como se ha constatado en estos últimos años.
La política monetaria de los últimos años ha estado basada en metas intermedias de agregados monetarios, escogiendo a M1 como la variable que más relación tiene con el ingreso nominal. Sin embargo no se han cumplido las metas con respecto a este, por problemas asociados a la esterilización y monetización de los enormes flujos de capitales recibidos en los 90’s. Durante 1994-1995, el ajuste monetario hecho por el banco, efectivamente dio lugar a una sobre-reacción de las tasas de interés que tienden a adherirse a niveles distantes de su nivel de equilibrio durante un período largo de tiempo.
El hecho de que el banco adopte estas medidas de intervención monetaria, las hace incompatibles con el objetivo de estabilidad de precios, ya que la contracción de los agregados induce a cambios en los precios del dinero y de divisas, lo que influye en los costos financieros y los de producción de las empresas, y a su vez en el nivel general de precios de la economía. Este instrumento de control tiene su respuesta a largo plazo.
Un instrumento de acción inmediata y de impacto medible es el control de tasa a la vista, que sirve para suavizar las fluctuaciones de todas las tasas de interés y la tasa de cambio, al proveer o absorber temporalmente la liquidez requerida por los intermediarios y corregir así las fallas que pueda presentar la programación monetaria. Las otras tasas de interés se regularían más por el mercado y por las expectativas de los agentes.
Esta descripción, permite visualizar el hecho de que al parecer, las inconsistencias entre objetivos se presenta más frecuentemente en los países en vías de desarrollo. En América Latina el cambio institucional reciente más importante que se ha presentado, ha sido la creación de una banca central independiente, en aras de disminuir la inconsistencia descrita anteriormente. Países como chile y Colombia tienen como objetivo principal preservar el valor de la moneda, México además de este se encarga del fortalecimiento de la orientación del desarrollo nacional, además de promover un sistema financiero sano y el adecuado funcionamiento del sistema de pagos. Venezuela también se preocupa por la fortaleza el sector financiero, apoyar la estabilidad monetaria y promover las finanzas públicas saludables, al igual que buscar un equilibrio económico y un ordenado desarrollo de la economía introduciendo el crecimiento económico como función adicional de la banca. Brasil por el contrario, mediante un consejo monetario nacional, define políticas para promover el desarrollo económico ajustando los medios de pagos a las necesidades reales de la economía. Las juntas Directivas de los bancos centrales independientes, poseen la dirección de la política monetaria; países como Brasil y Ecuador manejan la política monetaria por intermedio de un consejo o junta Monetaria.
Respecto a la política Cambiaria el objetivo más generalizado es la regulación del sistema de cambios. Además países como Chile y Colombia tienen la facultad de ser los responsables de la formulación de la política de cambio. Argentina no tiene esta facultad, gracias a su ley de convertibilidad, que convierte a la tasa de cambio en un ancla.
En cuanto a política crediticia, se encuentra un punto en común entre todos los estatutos de los nuevos bancos: limitar los préstamos al gobierno y prohibir el otorgamiento de créditos al sector privado.
Dentro del grado de independencia en la que se encuentra el Banco de la República Colombiano, éste figura como el cuarto banco central de mayor independencia legal y dentro del 25% en términos de independencia efectiva.
Los aspectos que se deben tener en cuenta para la evaluación de la independencia efectiva son:
- Prioridad al control de la inflación.
- Operación de la política monetaria y cambiaria.
- Grado de restricción del banco a los créditos del gobierno.
Autor:
Luis Martinez lumaga[arroba]monteria.cetcol.net.co