4.- El enfrentamiento con Sendero Luminoso
Las primeras reacciones de la izquierda ante el PCP-SL fueron del asombro y menosprecio inicial a una tímida condena de sus acciones. De manera general le criticaron el uso del terrorismo, en tanto no era "un método de lucha revolucionaria" (Bernales 1980: 10), y su "vanguardismo". Es decir, se les objetaba que la ejecución de sus acciones no fueran acompañadas de una masiva y amplia movilización de los sectores populares. Al respecto, el recién elegido Senador de la República, Rolando Breña Pantoja, integrante del UNIR y dirigente del PCP– Patria Roja, señalaba lo siguiente:
No estamos de acuerdo con la utilización de métodos terroristas, porque en este momento solamente contribuirán a incitar a la represión, a aislar a la izquierda del pueblo y a darle argumentos a la derecha y al gobierno para reducir nuestros márgenes de acción. Nosotros no tenemos participación en ninguna maquinación, preparación e implementación de actos terroristas, subversivos o desestabilizadores. Para nosotros lo fundamental no es estabilizar o desestabilizar a un gobierno, lo fundamental es luchar por el programa bajo el cual fuimos elegidos en el proceso electoral. (Breña 1980: 16).
Una opinión similar era compartida por Gustavo Espinoza, dirigente del PCP Unidad:
[…] lo primero que debe quedar bien claro es que la lucha de los comunistas es una lucha de masas; para nosotros los actos aislados, las acciones individuales, los métodos putchistas no solamente no son revolucionarios sino que objetivamente benefician a los grupos contrarrevolucionarios porque facilitan sus planes represivos. En estos actos están involucrados los grupos derechistas empeñados en reprimir al pueblo e imponer en el país una dictadura. Ningún grupo de izquierda por luminoso que sea tiene capacidad organizativa ni poder de fuego suficiente para implementar una campaña de esa magnitud y ninguna organización seria de la izquierda tiene interés en deslizarse ahora por el sendero de las formas armadas de lucha que no empleara tampoco contra la dictadura castrense de Morales Bermudez. Lo de campaña terrorista resulta cortina de humo. (1980: 10).
La condena al PCP-SL se mantuvo en esos términos durante un tiempo más. Aunque la izquierda fue variando su percepción y sus críticas conforme las acciones subversivas tomaban otro cariz y se iban expandiendo en el país durante los ochenta.
En su interpretación del conflicto, la izquierda consideraba que la subversión tenía una causa fundamental en la postración y explotación social de los sectores populares que la "democracia burguesa" era incapaz de enfrentar y acabar. En ese sentido, el uso de la violencia para cambiar aquel "orden injusto" se legitimaba en la medida que la ejercieran "las masas" y no una "vanguardia iluminada" en su nombre y más aún empleando el terrorismo en forma indiscriminada. "El derecho a la violencia es legítimo y lo encontramos cuando Cristo echa a los mercaderes del templo e insurge contra el orden mercantilista, cuando Espartaco se rebela con los esclavos, en el mismo Santo Tomás… lo vamos a encontrar siempre que los elementos fundamentales de la vida humana sean violados por sistemas de opresión y explotación del hombre. El terrorismo nada tiene que ver con esta violencia…" (Bernales 1981).
La ambigüedad de la izquierda se evidenciaba mucho más cuando sus dirigentes trataban de diferenciar la lucha armada real que llevaba a cabo Sendero Luminoso, de un proceso ideal que se imaginaba como de insurgencia democrática y al que no habían renunciado. Así Rolando Breña, senador y dirigente del PCP-Patria Roja afirmaba que la sola acción terrorista no podía desequilibrar una "situación política y económica" desembocando en una situación revolucionaria. Mientras que, Javier Diez Canseco, diputado y dirigente de VR, sostenía que "la transformación social se conquista a través de un proceso de lucha de masas, masas organizadas que ven enfrentados sus derechos contra la violencia de la reacción" (1981: 10). Ante tal situación, no quedaba otra alternativa que la "violencia revolucionaria que es una acción de masas" (Breña 1981: 10). Al ser considerada inevitable, una de las tareas de la izquierda consiste entonces en "decirle al pueblo (…) que no sea ingenuo y que sepa qué clase de enfrentamiento vendrá en el momento en que vaya avanzando en la conquista de sus derechos y quiera hacerlos respetar (Diez Canseco 1981: 10). Lo que se cuestionaba no era, en principio, la posibilidad de la violencia como parte de la acción política; sino la forma y oportunidad con que Sendero Luminoso imponía su particular levantamiento.
En esta situación algunos sectores del gobierno de Acción Popular acusaron a IU de ser "fachada del terrorismo"33. En ese contexto de acusaciones se promulgó el Decreto Ley 046, conocido como "Ley Antiterrorista". Tal medida desató una cerrada oposición de la IU que la entendió como una maniobra del gobierno para "debilitar y destruir las organizaciones populares y de izquierda y poder aplicar sin mayores obstáculos su política económica sujeta a las directivas del Fondo Monetario Internacional" (Herrera 2002: 305). La oposición izquierdista y aprista en el parlamento la consideró inconstitucional, un "atentado contra la libertad de prensa".
Según Gorriti, por un lado, dicha ley consideraba como acciones terroristas "la destrucción o deterioro de edificios públicos o privados, vías de comunicación o transporte o de conducción de fluidos o fuerzas motrices", y que "en años siguientes, algunos dirigentes gremiales provincianos, cuyas acciones de protesta habían incluido el bloqueo de carreteras, por ejemplo, fueron detenidos y procesados mediante la aplicación, en forma arbitraria, de aquel artículo" (1990: 146). Muchos de esos dirigentes gremiales militaban en partidos de IU y purgaron prisión durante varios años acusados de "terroristas". En 1984, el número de militantes de IU presos y recluidos en el penal de Lurigancho (departamento de Lima) sumaba 14234. Y por otro, el articulado sobre la prensa y la "apología" del terrorismo, criticado en forma vehemente por la izquierda, nunca se aplicó, "ni siquiera años después, cuando 'El Diario' pasó a encontrarse bajo el control real de Sendero" (Gorriti 1990: 147).
Aquella indefinición frente a la lucha armada y las acciones del PCP-SL se mantuvo, aunque se empezaba a notar ciertos matices en las declaraciones de sus máximos dirigentes. Así con ocasión de una romería a la tumba de José Carlos Mariátegui, en abril de 1982, Alfonso Barrantes, presidente de IU respondió de la siguiente manera a un grupo de exaltados militantes izquierdistas radicales: "deseo un buen viaje a los compañeros que han escogido el camino de las armas, pero este hecho de ninguna manera alterará el camino y el cronograma que nos hemos trazado en IU"35. Y a propósito del asalto al penal de Huamanga (departamento de Ayacucho) en marzo de ese año, un pronunciamiento de IU destacó: "el valor de la entrega de la vida en defensa de sus ideales de los militantes de Sendero Luminoso, señalamos nuestras discrepancias con ellos, ya que en política no valen las buenas intenciones sino las repercusiones y proyecciones concretas de una determinada acción" por lo que no se discutía la opción armada sino su oportunidad. Por entonces, el PCP-SL era para IU un grupo "llevado por su fanatismo dogmático" que daba argumentos a la "derecha reaccionaria" para incrementar los abusos "y la opresión contra el pueblo". En realidad, se percibía el carácter provocador de Sendero Luminoso, pero aún no existía una objeción de fondo a la violencia como parte de la acción política.
El incremento de las acciones del PCP-SL en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, durante los dos primeros años del gobierno de Acción Popular, trató de ser contrarrestada con el ingreso de las Fuerzas Armadas a fines de 198236, con lo cual se fue configurando uno de los primeros escenarios del conflicto armado interno. Sin embargo, a pesar de que las acciones subversivas disminuyeron, su persistencia le fue restando legitimidad a la democracia recién instalada. Para Gonzales "lo significativo, dentro del problema de la consolidación de la democracia en el Perú, es que ésta fue tempranamente jaqueada por la acción armada senderista (…) la democracia entendida como reglas de juego en torno al poder, no sólo no se había consolidado sino que incluso, desde su origen, encontraba grandes obstáculos para su legitimación en tanto régimen político" (1999: 144).
Al igual que la democracia, la mayoría de los partidos integrantes de IU fueron cuestionados primero por la acción del PCP-SL y tiempo después por la del MRTA. Cada uno a su manera, llevaron a la práctica lo que la izquierda pregonó con vehemencia durante la década de los setenta, es decir, que el poder político se conquista mediante la lucha armada y que la revolución era inevitable. Al compartir una matriz ideológica similar, dichos partidos no pudieron asumir una posición clara frente al tema de la "violencia revolucionaria", ni deslindaron claramente con el pensamiento y la acción del PCP-SL y del MRTA. Esta indefinición junto a la ambigüedad frente a la democracia fueron los gérmenes de futuras tensiones al interior de IU que a la postre los llevó a su ruptura cuando sus partidos integrantes se animaron a encararlas.
Hacia 1983, la izquierda había logrado ganar audiencia entre diversos sectores del país. Esto quedó particularmente demostrando en noviembre de 1983 cuando IU ganó las elecciones municipales para la Alcaldía de Lima. Alfonso Barrantes resultó elegido como alcalde. La izquierda obtuvo el 29% del total de votos emitidos en todo el país. IU triunfó en siete capitales departamentales y 30 capitales provinciales.
Sin embargo, el auspicioso resultado electoral no modificó sustancialmente las arraigadas interpretaciones y valoraciones de la democracia. La mayoría de los integrantes de IU siguió contemplando un horizonte de enfrentamientos en su camino hacia la construcción de un "poder popular" y una auténtica "democracia popular". Aunque, en el corto plazo, IU en tanto tal no dejó de contemplar con mucha expectativa la posibilidad de acceder electoralmente al gobierno en 1985 y llamaba la atención sobre la posible respuestas de la "derecha civil y militar" en caso de ocurrir efectivamente una victoria de IU. Agustín Haya de la Torre, diputado y dirigente de la UDP, señala en ese sentido:
Hay que saber bien que las clases dominantes sólo admiten las libertades democráticas cuando éstas no atentan contra sus privilegios; pienso que hacemos bien al buscar un consenso popular favorable a la izquierda, pero sería suicida creer que la derecha militar y civil va a respetar la Constitución en el caso de un triunfo izquierdista. No podemos caminar sólo sobre el carril electoral, hay que organizarse de manera que el pueblo esté en capacidad de contestar con la violencia revolucionaria a la violencia de los opresores (1983).
En cuanto a Alfonso Barrantes, si bien su deslinde con el PCP-SL fue público y notorio tras su encumbramiento electoral, su liderazgo no tuvo consenso en cuanto a dirimir cuál era la posición de la IU frente a la lucha armada. En lo personal su postura era opuesta a ella, aunque compartía, cada vez menos, con el resto de integrantes del frente izquierdista la ilusión por una insurrección popular donde se combinaran "todas las formas de lucha"; en tanto, su opción por la integración definitiva al régimen democrático fue cobrando mayor fuerza37. Pero con el objetivo de unir al frente, Barrantes, y su entorno, no terminaron de confrontar definitivamente los campos ideológicos en IU, sino hasta varios años después. Eso sí, reforzó la oportunidad de aunar nuevos aliados, especialmente en el caso del PCP Unidad, que había conseguido colocar 129 regidores, 39 alcaldes distritales y 6 alcaldes provinciales en las elecciones municipales de noviembre.
Las expectativas generadas por el éxito electoral de 1983 postergaron la resolución de los problemas que se originaron con la fundación de IU, los que tenían que ver con la autonomía de los partidos y la naturaleza del frente, la relación con las organizaciones gremiales y populares, la aplicación del programa de IU, su posición frente a la política económica y a la contrainsurgente del gobierno de Acción Popular, entre otros (Sanborn 1991: 315). Esta situación motivó la pérdida de iniciativa de IU en la escena política nacional y mantuvo su precaria institucionalización, según Gonzales:
la inestabilidad interior de IU y la ausencia de una propuesta hegemónica dentro de ella coadyuvaron para el agudizamiento de las contradicciones que ya la caracterizaban. De este modo, el frente se convirtió en un ámbito de disputas de todo tipo: tácticas, estratégicas, programáticas y personales. La IU hacía cada vez menos favor a su nombre y las contradicciones la paralizaban. El temor que se repitiera la experiencia chilena38 presionaba fuertemente sobre el ala reformista, que buscaba desprenderse del ala radical para así evitar el veto de los militares (1999: 222).
Sin una propuesta ideológica y política que se convirtiera en hegemónica, la ambigüedad discursiva y de acción política se mantuvo en IU. Esta situación se vio reflejada en las conclusiones del III Comité Directivo Nacional Ampliado del frente izquierdista, realizado el 28 y 29 de abril de 1984. "IU no renuncia por principio a ningún medio de lucha, ni forma de organización. Combina todas y cada una de ellas, sean legales o ilegales, abiertas o secretas, según las circunstancias", empleando para ello "los medios menos dolorosos posibles pues esto coincide con la aspiración de las masas" (IU 1984: 15). En sus Lineamientos Estratégico Generales, la IU se definió:
Como un frente revolucionario de orientación socialista para hacer la revolución, alcanzar la liberación nacional y establecer un estado democrático popular, en lucha por el socialismo; que emerge como factor político aglutinador del conjunto de fuerzas sociales que integran la clase obrera, el campesinado, el semiproletariado, la pequeña burguesía y los sectores medios, entre ellos los medianos productores y comerciantes; y asume que el componente fundamental de su estrategia está relacionado con la cuestión del Poder y con las formas y los medios para conquistarlos y debe basarse en la movilización, organización y lucha revolucionaria de masas.
Más precisamente, sobre la participación en la democracia "formal", el Informe Político del V Congreso Nacional del PCP-Patria Roja, en abril de 1984, declaró que: "Si es indispensable y necesario participar en ellas [en el parlamento y los municipios], lo es también reconocer sus límites y admitir que nuestro propósito no consiste en fortalecerlo, sino más bien socavarlo haciendo evidentes sus subterfugios" (Parodi 1993: 136). Ese mismo año, el primer congreso del Partido Unificado Mariateguista (PUM)39 afirmó que: "la lucha electoral y la que se desarrolla en los espacios parlamentarios o municipales conquistados, por convertirnos en alternativa de gobierno dentro del Estado reaccionario son parte de la lucha política de masas y de la forja del poder popular, preparando fuerzas para la confrontación a que la reacción empuja con la defensa intransigente de sus privilegios" (1984).
En los meses siguientes, el gobierno de AP enfrentó, en su etapa final, una grave crisis económica y un agitado panorama social debido, entre otras razones, a las movilizaciones de los gremios y las organizaciones populares en defensa de sus condiciones de vida; y, por otro, de la agudización del conflicto armado interno con la incorporación a la "lucha armada" del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), desde enero de 1984, y el incremento del número de víctimas como consecuencia de la respuestas contrainsurgente de las Fuerzas Armadas en las zonas declaradas en estado de emergencia40. En estas circunstancias, los rumores de un probable golpe de estado militar circularon con intensidad en los medios políticos y de la opinión pública.
El balance de IU acerca de esta última etapa consideraba "previsible una creciente agudización de las contradicciones sociales, el resquebrajamiento de los soportes políticos ideológicos y morales de las instituciones en las que se asienta el poder de las clases dominantes y la expoliación y opresión del imperialismo norteamericano; y simultáneamente, una etapa de polarización social, de crisis política, de descomposición moral, imposible de encontrar salida a través de modelos neoliberales o reformistas" (Herrera 2002: 224). Por lo tanto, ante el probable cierre de los espacios democráticos y la cancelación de las libertades democráticas, IU y las organizaciones políticas que la integraban, tenían que asumir una postura clara, o bien en defensa de la democracia y por ende de sus instituciones y reglas; o bien preparar las condiciones organizativas y materiales para enfrentar una ofensiva de un probable gobierno militar o cívico – militar, antesala de un hipotético desenlace revolucionario. La forma en que intentó resolver el PCP-Patria Roja este dilema permite constatar la existencia de posiciones "radicales" y "reformistas" incluso al interior de cada uno de los partidos integrantes de IU. El testimonio de Jorge Hurtado, entonces dirigente del PCP– Patria Roja es revelador al respecto:
En 1984, año en que se lleva a efecto el V Congreso Nacional de nuestro partido culmina al interior de Patria Roja una importantísima discusión en cuanto a dónde debíamos concentrar la atención del trabajo político revolucionario. El resultado de ese debate fue afirmar el punto de vista de que el trabajo del Partido, por las condiciones concretas que atravesaba el país, debía concentrarse de manera prioritaria en preparar las condiciones materiales y subjetivas [es decir, organizativas] para el desarrollo de la lucha armada, por cierto sin dejar de lado la importancia del trabajo político de masas expresado entre otras cosas en la consolidación de la unión de Izquierda Unida, en el desarrollo y consolidación de la Unión de Izquierda Revolucionaria -UNIR-41 y en avanzar en el trabajo en las organizaciones de masas, etc. Sin embargo, esta apreciación de carácter general, de carácter estratégico quedó, hasta cierto punto, congelada por el acuerdo táctico que se da en el V Congreso en donde a la hora de abordar el problema táctico se señala que la tarea principal del partido era el trabajo para organizar la participación en la lucha política electoral [es decir, en las elecciones generales de 1985 y en las municipales de 1986] (Herrera 2002: 208).
Otra organización que vislumbraba una inevitable "agudización de las contradicciones sociales" fue el PUM. Según este partido, las condiciones del nuevo periodo de crisis del "sistema de dominación" se verificaban en "el afianzamiento profesional de las FFAA", en el alcance de la lucha de clases, en las formas de autodefensa popular, la presencia del PCP-SL y el MRTA, la aplicación por vez primera de la "guerra sucia", la violencia generalizada y el clima de inestabilidad. Entonces, ante tal coyuntura, su propuesta de guerra revolucionaria implicaba "la forma de una guerra de todo el pueblo, después de una vasta y prolongada acción política de masas con una dirección centralizada y poderosos movimientos regionales armados, que incluyen guerrillas campesinas, y que se despliegan paralelamente y en unidad con el levantamiento y el proceso de insurgencia democrática y nacional de los obreros y todo el pueblo del país" (PUM :28).
Hasta entonces, un conjunto de organizaciones, integrantes de IU, pudo jugar con los márgenes legales que la democracia proponía, y afirmarse paradójicamente en las libertades liberales para alimentar un proyecto insurreccional contra el sistema que le daba pie. De hecho, el PUM se afirmó en una estrategia de masas organizadas que constituirían, en su proceso de enfrentamiento con el "orden burgués", un "poder popular" alternativo, superando sus marcos, pugnando permanentemente por hacerse del "gobierno y el poder", "defendiendo y ampliando permanentemente los espacios democráticos conquistados por el pueblo", y en perspectiva de construir un partido revolucionario de masas (PUM: 21). A pesar del radicalismo formal de sus integrantes, PUM y UNIR, la IU se preparó para participar en las elecciones generales de abril de 1985 y las municipales de noviembre del mismo año.
Hasta entonces, en el seno de IU, se habían perfilado dos corrientes. De un lado, se fue distinguiendo una tendencia radical constituida principalmente por las organizaciones maoístas y de la nueva izquierda: UNIR, PUM y el FOCEP. Este bloque, ni monolítico, ni exento de contradicciones, continuó con los estilos previos a la democracia. Sus integrantes se empeñaron en la denuncia de los gobiernos de turno, en los que veía la continuación y el reflejo de las clases dominantes. Además compartieron una íntima desconfianza hacia las instituciones de la democracia, pero que no impidió que participaran en ellas para demostrar sus límites y deficiencias, y se apoyaron fervientemente en la movilización social para mantener una identidad y una vigencia política opositora al gobierno de Fernando Belaunde (1980 – 1985) primero y después al de Alan García (1985 – 1990), por lo que fue permanente un rechazo a cualquier posibilidad de acercamiento.
Además presentaron un estilo de oposición que se apoyó en una constante movilización social, centrado en la crítica de la política económica, la denuncia de la corrupción, la denuncia de la estrategia contrasubversiva y una creciente defensa de los derechos humanos. Y por último, tuvo como planteamiento máximo "hacer la revolución".
De otro lado, se hallaban un conjunto de organizaciones -en particular, el PCR y el PSR-que atenuaban el enfrentamiento con el régimen democrático y valoraban positivamente su participación bajo sus reglas, con una manifiesta atracción a un APRA socialdemócrata hacia mediados de los ochenta. A la cabeza de este sector se colocó Alfonso Barrantes, cuya distancia con los sectores radicales del frente izquierdista se consolidó al paso de su éxito como figura pública representativa de IU, y tras ganar la alcaldía de Lima en 1983. Esta tendencia, tanto en el discurso como en su acción política concreta, había deslindado con el PCP– SL; aunque fue un sector minoritario en el frente izquierdista, y fue calificada por el otro grupo como "reformista".
El desarrollo de ambas posiciones fue paulatino y marchó en forma paralela al despliegue de las experiencias municipales y parlamentarias de IU durante de los ochenta. Con el curso de los años un tercer agrupamiento fue conformándose con los partidos y grupos (PCP Unidad, Acción Política Socialista, Movimiento de Afirmación al Socialismo) que se alinearon detrás de un proyecto que incluyera a radicales y reformistas.
Las divergencias de estilo de conducta política de la izquierda fueron el correlato de las ambigüedades frente a la democracia y su indefinición ante la lucha armada. Según Pásara, las izquierdas "efectuaron la mudanza sin haber liquidado cuentas con su herencia ideológica; de allí las ambigüedades y contradicciones con las cuales se mueven en este terreno" (1988: 121).
Para las elecciones generales de 1985 se presentaban con claridad dos tendencias en IU. Una, liderada por Alfonso Barrantes y secundada por el PSR, el PCR y un sector de izquierdistas que no militaba en ninguno de los partidos que formaba parte de IU, que valoraba positivamente el desempeño izquierdista en las instituciones democráticas y no se oponía al manejo político que implicaba concesiones, acercamientos y probables consensos con adversarios como el APRA. Y, otra tendencia radical, representada por el PUM y el UNIR, que concentrada en la cuestión del poder no admitía concesiones a los "enemigos de clase" y pretendía la creación de un poder popular contrapuesto a la "democracia burguesa". Entre ambas tendencias, el PCP Unidad y otras organizaciones menores, trataban de mantener una postura equidistante.
La forma como encararon ambas tendencias la coyuntura electoral de 1985 puso de manifiesto las diferencias existentes en el seno de IU. Alfonso Barrantes, conforme su aceptación en la opinión pública aumentaba, viró hacia posiciones abiertamente contrarias a la opción armada para llegar al poder, lo que para la tendencia radical implicaba un acercamiento a la derecha y por ende un abandono de los principios y postulados revolucionarios que animaron la creación de IU. Cuando Barrantes aceptó su candidatura a la presidencia marcó distancia con los dirigentes izquierdaunidistas que sugerían un diálogo con los senderistas, declarando: "yo no concilio con el terrorismo y el que lo haga dentro de IU tiene las puertas abiertas para irse" (El Comercio 1985).
Asimismo, respecto a las ambigüedades discursivas de los dirigentes izquierdistas señaló que: "si Sendero [Luminoso] se convierte en la raya que obliga a una definición, ya está tomada. No conciliaremos jamás con el terrorismo, cualquiera sea su nombre o naturaleza. Si los otros quieren buscar el diálogo o acercarse a Sendero, tienen todo el derecho a hacerlo, pero esa no es la posición oficial de IU"42. En suma, la exacerbación de las contradicciones entre las tendencias existentes en IU impidió encarar la campaña electoral de mejor manera. Así por ejemplo, el PUM privilegió la promoción de sus candidatos al parlamento en desmedro del candidato presidencial (Herrera 2002: 281).
Derrotado en la primera vuelta, Alfonso Barrantes declinó presentarse a una segunda vuelta electoral. Con ello, el Comité Directivo Nacional de IU se dividió. De un lado estaban quienes aprobaban ir a la segunda vuelta para definir una oposición al futuro gobierno aprista; de esta opinión eran el PUM, el PCP Unidad y de manera menos clara el PSR y el PCR. De otro, apoyaban el retiro de la segunda vuelta el UNIR43, Acción Política Socialista (APS)44 y el Partido de Integración Nacional (PADIN)45. Finalmente Barrantes se abstuvo de participar, pretextando el atentado ejecutado por militantes del PCP-SL contra el Dr. Domingo García Rada, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Así, Alan García, candidato del APRA, asumió la presidencia.
La victoria del APRA inauguró un nuevo escenario político. Por primera vez un partido político con arraigo popular accedía al poder, además de contar con una eficiente y eficaz organización partidaria en todo el país. Alan García había prometido durante su campaña una serie de medidas que cambiarían la sociedad y redundarían en beneficio de las grandes mayorías nacionales que, hacia mediados de los ochenta, parecían virar a opciones representadas políticamente por el APRA e IU.
El hecho de que el Partido Aprista accediera al gobierno mediante las elecciones contribuyó a la legitimación del régimen democrático. Sin embargo, esa legitimidad se fue erosionando gradualmente ante la incapacidad de los gobiernos democráticamente elegidos de contrarrestar el crecimiento y expansión del PCP-SL y el MRTA, a lo largo de los ochenta y de los primeros años de la década siguiente. Hasta 1985, la acción del PCP-SL se había circunscrito principalmente a los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac46, mientras que la del MRTA a la ciudad de Lima y de Huancayo (departamento de Junín)47.
Durante los primeros meses de gobierno, la gestión de García consiguió ganar las expectativas de los sectores moderados de IU, aunque no significó un acuerdo o compromiso formal o público con las intenciones reformistas del gobierno aprista, sobre todo en cuanto a estrategia de lucha contrasubversiva. El empeño por diferenciarse del APRA gobernante no alejó del todo la evidente atracción que ejercía el liderazgo de Alan García sobre algunos sectores de IU, reflejado notoriamente por la publicitada amistad de aquel con Barrantes, quien señaló que dicho frente no iba a caer en el antiaprismo pero tampoco en el "seguidismo cortesano".
De ese modo, los aspectos de política económica, donde el discurso del presidente García ponía el énfasis en el desarrollo de las zonas más pauperizadas del país, especialmente en el sur andino, como parte de su estrategia contrainsurgente, ganaron cierta anuencia entre sectores de la dirigencia izquierdista. También causó un gran impacto la decisión del Presidente de investigar a fondo los sucesos de Pucayacu y Accomarca, en agosto de 1985; así como, la destitución de altos mandos de las Fuerzas Armadas que no dieron debida cuenta de esos hechos. Al respecto, Barrantes manifestó: "ahora estamos seguros que se va a sancionar enérgicamente a los oficiales y jefes responsables de la matanza de Accomarca", y que "los excesos48 que se han producido por un grupo de malos elementos no pueden manchar a toda la Fuerza Armada"49. Esta evaluación positiva de los primeros meses del gobierno aprista contrastaba con la lectura que tenían los sectores radicales de IU acerca de la naturaleza del APRA y las perspectivas de su gobierno.
En el mes de noviembre de 1985 apareció un comunicado de IU en la prensa escrita que sostenía que el APRA es "una alternativa de modernización con propósitos caudillistas y autoritarios, y sin el menor ánimo de modificar la estructura capitalista de nuestra sociedad"50. En cuanto a materia contrainsurgente reprochó la ausencia de cambios sustanciales en la estrategia "antiterrorista", evidente en la impunidad con que se trataron los casos de Umaru y Bellavista, y el retroceso del poder civil en las zonas de emergencia. El gobierno aprista fue caracterizado como limitado por su identificación con "el gran capital industrial y la burguesía agraria"; "su estrategia basada en la teoría de la pirámide social (…) encubre y deforma las verdaderas contradicciones que se dan en nuestra patria". Entonces, en esas circunstancias sólo se presentan dos opciones: la del APRA y "la que representa IU como expresión organizada del movimiento social, democrático, popular y antiimperialista"51.
Con tal declaración, IU intentó colocarse a la izquierda del APRA, tratando de mantener un perfil diferenciado, evitando en lo posible que su identidad se diluyera ante la acción gubernamental aprista. Como plantea Gonzales, cuando el APRA, bajo la conducción de Alan García "asume un lenguaje que entroncaba con el sentimiento popular y, más aún, se apropia de banderas esgrimidas por la izquierda (como revolución, cambio social, antiimperialismo, lucha contra los poderes económicos) y que habían identificado también al APRA auroral", la IU se veía obligada a "redefinir sus conceptos. Entre ellos (…) el de la democracia" (1999: 203)52.
Ante el conflicto armado interno, las posiciones divergentes respecto al sentido de la democracia y su participación en ella, imposibilitaron que IU produjera "una propuesta integral para combatir el terrorismo –incluyendo el terrorismo de estado-" (Herrera 2002: 307). De hecho, las ambigüedades declarativas frente a la subversión, en particular la del PCP-SL, contribuyeron, en primer lugar, a que los adversarios políticos de IU colocaran a todos sus partidos integrantes dentro de una misma postura afín al empleo de la violencia, lo que hizo prácticamente difícil alejar de la opinión pública la asociación de sectores de IU con la subversión.
En segundo lugar, paradójicamente, aquella indefinición había alimentado y reforzado en los sectores populares (sindicales, campesinos y estudiantiles en particular), la idea de que el poder se conquista mediante la lucha armada, convertida en sentido común en esos sectores gracias al trabajo político desenvuelto por la izquierda desde la década de los setenta. La existencia de este sentido común facilitó el trabajo de reclutamiento del PCP-SL y el MRTA entre los simpatizantes y militantes radicalizados de los partidos integrantes de IU, sobre todo, en el último tercio de la década de los ochenta cuando la situación del país parecía colapsar. Y, por último, aquella ambigüedad motivó el paulatino retiro del apoyo de la población que iba en busca de opciones políticas más moderadas.
Hasta entonces, IU venía actuando en tres espacios diferenciados: el parlamento, los municipios y las organizaciones populares. En cada uno de ellos, la pugna entre las tendencias existentes era evidente. Así, en el parlamento, el PUM en particular y el UNIR, protagonizaron las investigaciones más importantes sobre violaciones de los derechos humanos, con énfasis en el caso de las denuncias contra las fuerzas del orden. Ello obedeció a consignas partidarias a favor de presionar y forzar una crisis dentro del gobierno aprista. De otro lado, algunos congresistas sin militancia partidaria y parlamentarios del PSR encabezaron comisiones sobre eventos del conflicto armado interno e indagaron sobre sus causas, elaborando y proponiendo propuestas alternativas a la política contrasubversiva en curso. Pero estos esfuerzos no encontraron apoyo ni en IU, ni en el gobierno, a pesar del reconocimiento público de lo trabajado.
En los municipios, la izquierda encontró la oportunidad de impulsar la creación de espacios de participación popular en el nivel local, que prefigurarían instancias de decisión y poder paralelas al municipio, por lo que se fomentó la creación de asambleas vecinales y la organización de la población alrededor de sus demandas inmediatas. Tales experiencias pusieron serios límites a la perspectiva política (espacios de "autogobierno de masas" contrapuestos al municipio en tanto instancia de la democracia formal) que pretendieron atribuirle los dirigentes del PUM y del UNIR. Conflictos entre alcaldes y regidores de IU, entre éstos y sus organizaciones políticas, y la priorización de las necesidades inmediatas de los pobladores frustraron una serie de experiencias de participación comunitaria en curso53.
En cambio, en el ámbito de la organización, movilización y lucha de los sectores populares, la tendencia radical desplegó con cierta eficacia sus planteamientos políticos. De hecho los años del gobierno de Alan García fueron igualmente agitados en cuanto a huelgas y paralizaciones, incluso en mayor medida que en el gobierno de Fernando Belaunde. Sin embargo, el ala radical tuvo que enfrentar las pugnas reiteradas con los otros partidos integrantes de IU por la influencia y el control de las dirigencias de las más representativas organizaciones populares, lo que implicaba el debilitamiento de las mismas. De otro lado, la creciente presencia y acción de los militantes del PCP-SL en esas mismas organizaciones, pugnando por controlarlas y utilizando métodos coercitivos y violentos, que contemplaba incluso el "aniquilamiento selectivo" de sus competidores izquierdistas, paralizaba la acción de las organizaciones políticas de IU. ¿Cómo enfrentar a "los compañeros equivocados", como solía llamárseles en los predios de la tendencia radical, probables compañeros de ruta?. Hasta entonces, no había una respuesta clara al respecto.
El 18 de junio de 1986, presos acusados de pertenecer al PCP-SL se amotinaron y tomaron algunos rehenes en tres cárceles de Lima: Santa Bárbara -penal de mujeres-, Lurigancho y El Frontón tratando de evitar ser trasladados al penal Miguel Castro Castro. El gobierno delegó en las fuerzas del orden la restitución del principio de autoridad. El saldo fue la muerte de 244 personas54.
Ocurrido el debelamiento del motín, el Comité Directivo Nacional de IU emitió un comunicado en el que condenó y rechazó la provocación de los militantes del PCP-SL y criticó la acción militar y policial que se realizó "sin que agotaran los recursos disuasivos normales" (Herrera 2002: 314). El 21 de junio, Alfonso Barrantes declaró acerca de la necesidad de restablecer el orden en los penales, pero que debía "hacerse sin violar las normas legales"55. Al día siguiente, señaló que "el Perú está de duelo por todas las víctimas sin distinción alguna"56. Por último, el 29 de junio, apareció un nuevo comunicado del Comité Directivo Nacional en el cual se demandaba el esclarecimiento de los hechos y la sanción de todo aquel que resultase responsable de los "luctuosos hechos"57.
En tal coyuntura, la izquierda se encuentra
enfrentada, como todo el país, ante hechos consumados, corre ahora el riesgo de quedar aislada de importantes segmentos de la ciudadanía y del pueblo en general al no avalar las acciones del Estado y a la vez no tener una estrategia para enfrentar, desde el pueblo y por cuenta propia, el desafío terrorista. Lastrada por ciertas mitologías mal digeridas, confunde la violencia con la revolución, la parte con el todo, el medio con el fin. Una cosa es afirmar que no puede haber revolución sin violencia, y otra es atribuir un carácter revolucionario a cualquier violencia contra el orden establecido" (1986: 9).
Hasta entonces, la disyuntiva, utilizando la terminología izquierdista de la época, entre "reforma" o "revolución" no había encontrado su resolución al interior de IU. Por el contrario, esa indefinida situación, que se agudizaba con la presencia del PCP– SL y el MRTA, repercutía enormemente en su desempeño político. Sin embargo, los dirigentes y los partidos que se adscribían a ambas tendencias eran conscientes de los réditos que les traía la unidad en un mismo frente político electoral. El PUM y el UNIR contaban con una considerable presencia e influencia en el movimiento campesino, barrial, magisterial y estudiantil. En suma, una importante base social organizada con la que no contaban sus oponentes. En tanto, Alfonso Barrantes, que tras su paso por la Alcaldía de Lima se había convertido en una figura central de la política nacional, era el candidato presidencial izquierdista con mayores posibilidades de ganar en las elecciones de 1990. En estas circunstancias ninguna de las tendencias podía prescindir de la otra.
Poco antes de las fiestas patrias de 1986, se supo por declaraciones de un diputado aprista, que el presidente de IU sostenía reuniones con el Secretario General del PAP, Armando Villanueva, con el propósito de ventilar la posibilidad de presentar un candidato común a las elecciones municipales de noviembre de ese año. Tal noticia causó desconcierto en el frente izquierdista, hasta que Barrantes mismo confirmó tales reuniones a través de un mensaje televisado, donde reiteró una vez más su llamado a un "gran acuerdo nacional" para detener el proceso de violencia y hacer viable la democracia. En la misma presentación deslindó duramente con el PCP-SL, aclarando que era objetivo central de IU combatir a la subversión, señalando finalmente que "hay algunas pocas cosas que merecen ser apoyadas de la acción del gobierno y muchas otras que requieren un necesario cuestionamiento. No hemos caído ni caeremos en la mezquindad de negar lo primero, ni mucho menos en la conciliación de callar lo segundo"58.
Sin embargo, las "pocas cosas" que debían ser apoyadas no configuraban un consenso en el frente de IU. Las opiniones estaban divididas entre los radicales y su insistencia en instrumentalizar la democracia en una perspectiva de insurrección popular, considerando los logros políticos del gobierno, en cuanto consenso y apoyo popular, como derrotas políticas para la izquierda; y, los sectores moderados, que aunque señalaban la falta de una política contrasubversiva coherente, encontraban en el empeño renovador del presidente, una voluntad con la que era posible establecer algún consenso hacia la pacificación, el freno de la militarización y el cambio hacia políticas que protegieran la economía popular. En éste último sentido la propuesta de un "gran acuerdo nacional" formulada por Alfonso Barrantes retomaba una disposición propicia al diálogo que venía desde tiempo atrás.
En esas circunstancias, IU participó en las elecciones municipales del 9 de noviembre de 1986. Barrantes fue el candidato en busca de la reelección para la Alcaldía de Lima. Confiando en la popularidad que le había deparado su gestión, no se comprometió de lleno en la campaña electoral. En tanto, Jorge del Castillo, candidato del APRA, desplegó una intensa campaña electoral que contando con el evidente apoyo presidencial le facilitó el triunfo en las elecciones por un estrecho margen de votos. A pesar de haber incrementado su caudal electoral con relación al obtenido en la contienda electoral de 1983, IU perdió en numerosas provincias de los departamentos de Cuzco, Puno y Arequipa (Tuesta 2001). A fines de año, IU concluía un periodo de gobierno municipal, con desempeños dispares en las gestiones ediles, con muy poca coordinación con los dirigentes nacionales de IU, y con muy poca o nula estructuración con las organizaciones partidarias. Las sucesivas derrotas electorales de 1985 y de 1986, agudizaron los conflictos dentro del frente izquierdista que, como señalaban voceros del PCP Unidad, poco tenían que ver con horizontes ideológicos, sino con diferencias personales y estilos políticos que oponían especialmente a Javier Diez Canseco, secretario general del PUM, y al mismo Alfonso Barrantes. Tal oposición subordinó la dinámica de IU a la búsqueda de un equilibrio mínimo que no precipitara una ruptura, donde la figura de Barrantes hacia las veces de fiel de la balanza y carta de presentación de la legitimidad izquierdista en la "democracia burguesa".
De ese modo, la percepción pública de una izquierda cada vez más comprometida con la democracia se apoyó en el liderazgo de Barrantes, con el apoyo del PCR y del PSR, entre otros grupos menores. Analistas de la época expresaron que lejos de apreciar en IU a un potencial enemigo de la democracia, había que ubicarlo como un eventual defensor de la misma, y quizás como un combatiente más decidido debido a sus extendidos lazos sociales:
En resumen, el periodo que va desde 1980 a 1986 es, a pesar de los desencantos y frustraciones, una etapa en la que las clases populares y los partidos de izquierda se van adaptando a la democracia, asumiendo actitudes más pragmáticas y ganando confianza en las posibilidades de obtener cambios sociales dentro de las reglas básicas del sistema" (Rospigliosi: 124).
Sin embargo, las críticas al liderazgo de Alfonso Barrantes motivaron su renuncia a la presidencia de IU en 1987. Renuncia, que fue el síntoma de un malestar más profundo en la izquierda legal. La figura de Barrantes, y el tipo de vínculo que se estableció con él, habían compensado la falta de consistencia de los partidos de IU para levantar por sobre sus proyectos particulares, uno común y sostenible en el tiempo. Jorge del Prado presentó en el X Congreso Nacional del PCP, realizado en 1991, una apreciación que ya acumulaba años de un vínculo agobiante:
La renuncia de Barrantes a la presidencia de IU en 1987 cerró un ciclo de la crisis como una válvula de escape para una situación ya insostenible. Pero la crisis continuó al no resolverse su causa fundamental: la ausencia de una auténtica unidad programática, estratégica y táctica y de un proyecto nacional claro" (Herrera 2002: 373).
En ese contexto, los militantes, en particular, los jóvenes, exigieron a sus dirigentes una actitud más consecuente con los postulados revolucionarios enarbolados hasta entonces. La percepción de la distancia entre los acuerdos partidarios y el cumplimiento de los mismos provocó, en el caso del PCP– Patria Roja por ejemplo, la separación de un importante contingente de sus militantes y dirigentes.
En diciembre de 1986, apareció una Carta al Partido, firmado por 11 dirigentes del PCP– Patria Roja, dirigida a Alberto Moreno entonces Secretario General de dicho partido. En ella, bajo un lenguaje partidario, se criticaba a los máximos dirigentes por su alejamiento de la Línea General, es decir de "preparar al partido para la guerra", aprobada en su V Congreso, y las desviaciones reformistas en las que habrían incurrido.
Existe también, a nuestro modo de ver, cierta incomprensión y/ o inconsecuencia con la Línea General del Partido, así como una peligrosa distorsión de algunos aspectos medulares de la doctrina del proletariado y del Partido particularmente en los referidos al Estado, a la democracia burguesa, al problema del poder, a la concepción de la táctica y la estrategia revolucionaria, a la concepción dialéctica del desarrollo objetivo, entre otros, que han conducido a una sobrevaloración de la legalidad, a la subestimación del trabajo de masas; a la renuncia de la agitación y propaganda revolucionarias, a la absolutización de la lucha por las reformas –de acuerdo a una visión evolucionista de la lucha de clases, a la subestimación y hasta negación del papel de clase dirigente del proletariado, a la virtual liquidación del aparato ilegal del partido, y al abandono de los preparativos de la lucha armada por el poder, más concretamente, para afrontar consecuentemente la situación revolucionaria y la guerra civil que el V Congreso y los posteriores plenos del CC [Comité Central] prevén" (1986: 3).
El contingente de militantes y dirigentes que abandonaron el PCP-Patria Roja dio origen al UNIR– Bolchevique, que tiempo después se disolvió. Algunos de sus integrantes se incorporaron a las filas del PCP– SL y el MRTA. Estas rupturas ocurrieron también en el PUM y en el PCP-Unidad, cada una tuvo sus particularidades, pero tuvieron en común la lectura de que el país transitaba aceleradamente a una "situación revolucionaria".
Tras los dos primeros años de gobierno, la gestión aprista comenzó a dar muestras de estar llegando a los límites de su propuesta de reactivación económica. No obstante, el gobierno desplegó una política redistributiva en el campo, especialmente en el llamado Trapecio Andino. Pero los límites de su propuesta motivó finalmente la movilización del campesinado, particularmente en Puno, en medio del incremento de las acciones del PCP-SL59. En ese departamento, el PUM estableció la avanzada de su propuesta, cada vez más radicalizada y orientada hacia una acción armada60.
A ello se sumó la considerable presencia que el PCP– SL había logrado en el país y el paso del MRTA a una siguiente etapa de su guerra con la apertura del Frente Nororiental en noviembre de 198761, aumentando así el nivel de enfrentamiento con las fuerzas del orden.
En este contexto, las posiciones radicales se acrecentaban no sólo en IU, sino también en otros sectores de la izquierda. Un evento donde se percibió claramente este aspecto fue la Asamblea Nacional Popular (ANP) organizada con especial empeño por el PUM, el PCP Unidad y la UDP62, en Villa El Salvador, en noviembre de 1987. Este evento resulta ejemplar para ilustrar los empeños izquierdistas por operativizar una estrategia de "poder popular" en la gestación de un nuevo estado. La ANP se proponía "el diseño, aunque fuera inicial, de un régimen democrático alternativo", y a pesar de su gran presencia de "masas" terminó, quizás justamente por eso, proponiendo la convocatoria a un paro nacional, negociando la forma de aquel entre el PUM y el PCP Unidad, cada uno colocando a la ANP y a la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) como la llamada a dirigir el paro.
En dicho evento se enfrentaron con particular publicidad las opciones más extremas de la izquierda. A ello contribuyó el desempeño de la UDP, que se acercó al PUM para sostener un punto de vista que contemplaba la inevitabilidad de una confrontación armada como fin del periodo de gobierno aprista. Un informe del Comité Central del PCP Unidad analizaba el rol del PUM en este sentido:
Como sabíamos de antemano, el PUM tiene una concepción subjetiva sobre la situación actual, considera que nuestro país vive ya una situación revolucionaria -a veces la llama prerrevolucionaria-que está a punto de hacer crisis y, por tanto, urge tomar el control total del movimiento obrero para realizar acciones de gran envergadura tendientes a derrocar al gobierno aprista para posibilitar el inmediato acceso del movimiento popular al poder" (Herrera 2002: 426).
Pero el PCP-Unidad dudaba de estas intenciones "en apariencia radicales" del PUM, y las interpretaba mas bien como "electoreras", efectuadas con el afán de ganar hegemonía en el escenario de una ANP con "aproximadamente 1200 organizaciones sindicales, sociales, políticas, etc.", colmada de dirigentes proclives a ese discurso. Una reunión posterior de delegados de la ANP hizo mención a la urgencia de la autodefensa de masas como "cuestión actual, central, vital, que de no ser atendida en concreto como una tarea cotidiana sería el más grave error" (Herrera 2002: 429).
En el difícil proceso seguido por IU para sostener en un sólo frente a las opciones moderadas y radicales, la ANP contribuyó paradójicamente a separar aún más a las tendencias en conflicto. Si bien los moderados no se opusieron ni atacaron el evento, lo dejaron pasar y a la postre, pudieron contemplar su disolución en el curso de su propia y cada vez más exigua dinámica. Para Lynch "lo más significativo de este intento de desarrollo de la representación corporativa fue que se presentaba como radicalmente opuesta al 'parlamento burgués', y no como una propuesta de ampliación o apertura de la democracia representativa existente" (1999: 206).
Pero aquella no fue la única experiencia de expresión práctica del radicalismo beligerante que ya había comenzado a evidenciar sectores mayoritarios de la izquierda, en particular el UNIR, el PUM y el PCP-Unidad, interpelados permanentemente en su naturaleza "revolucionaria" por la acción del PCP– SL y el MRTA, quienes en un clima social convulso como el de fines de los ochenta se convirtieron en importantes focos de atracción de una militancia izquierdista cada vez más radicalizada, para la que era necesario encontrar respuestas frente al crecimiento de Sendero Luminoso y la militarización, que victimaban a numerosos dirigentes y militantes de la izquierda legal. Así, en el segundo congreso del PUM, realizado en octubre en 1988, se diagnóstico que el país se dirigía inexorablemente a una quiebra del régimen democrático y a la militarización, por lo que su "propuesta estratégica y táctica" fue la de establecer un "viraje global" del partido "y del conjunto de la IU y demás fuerzas de izquierda, para enfrentar victoriosamente la confrontación que se vislumbra como desenlace del actual periodo táctico" (PUM 1988).
Tal proposición implicó el desenlace de las propias tensiones dentro del PUM, donde un sector significativo de dirigentes -varios de ellos autoridades políticas locales y parlamentarios-intentó revisar las conclusiones a las que la mayoría del congreso iba llegando respecto a la necesidad de organizar una estrategia insurreccional en perspectiva de un desenlace militar hacia el año 1990. Santiago Pedraglio, dirigente nacional del PUM del sector moderado afirmaba:
¿Qué significa proponer la insurrección, aquí y ahora?. En primer lugar renunciar al objetivo de que el movimiento popular cree un nuevo escenario político en el Perú, derrotando a la estrategia antisubversiva y a Sendero Luminoso, partícipes de la guerra sucia. Significa precisamente someterse a la lógica de los hacedores de la actual violencia, minoritaria y antipopular. ¿Acaso porque hay más caos, más terrorismo, más represión indiscriminada y un mayor deterioro del régimen parlamentario, se generan las condiciones para una situación revolucionaria?. Quienes en el PUM nos oponemos a esta posición, creemos, por el contrario, que esta violencia es un factor de derrota del movimiento popular y de las fuerzas políticas que aspiran a representarlo" (1988).
La aparición de un ala moderada dentro del PUM implicó la emergencia de opciones que, sin renunciar a las propuestas fundacionales acerca del rol decisivo de las masas organizadas en la lucha política, argumentaban que la admisión de la crisis del régimen no conllevaba necesariamente a una crisis del país y el tránsito a una "situación revolucionaria", justamente por la persistencia y dinamismo de las luchas sociales y la organización popular. Los moderados, conocidos como los "zorros", en polémica con los radicales (llamados "libios"), contemplaron la importancia y necesidad de reunir en un acuerdo nacional a los sectores políticos más dispuestos a frenar, dentro de los marcos democráticos, la crisis y la guerra subversiva.
Esta propuesta los aproximaba en cierto modo a las propuestas de los partidos afines a Barrantes en IU (que se habían reunido en la Convergencia Socialista), aunque ese acercamiento no se dio del todo. Sin embargo, las diferencias precipitaron la ruptura con el partido a fines de 1988, surgiendo de ella dos nuevos grupos políticos que señalaron por su parte las germinales intenciones insurreccionales del PUM63.
Los aprestos insurreccionales del PUM, que en la jerga partidaria se expresaban en el "viraje" aprobado en el segundo congreso, tuvieron un escenario privilegiado en Puno, donde la posibilidad de abrir una "tercera vía" entre el camino del senderismo y la arremetida de la militarización (Rénique 2002), se nutrió mucho de las peculiaridades de las redes sociales e institucionales que alcanzó la izquierda en ese departamento. Al final, los esfuerzos de desarrollar formas de autodefensa cada vez más similares a una acción insurreccional fueron abandonados.
Y por otro lado, el UNIR vivió también el conflicto entre radicales y "electoreros" en su VIII y IX Plenos de su Comité Central realizados en 1989 cuando, como recuerda Hurtado, "con el nombre del 'gran viraje', se aprobó la resolución de 'preparar al partido para la guerra' (' preparar al partido y al pueblo para la revolución' fue la consigna pública)", pero ya entonces, según Hurtado, "ni el Partido, ni su dirigencia, ni su militancia estábamos preparados ideológica, política, organizativa y materialmente para llevarla a la práctica" (Herrera 2002: 671). De hecho, hubo diversas situaciones en las que los dirigentes de UNIR intentaron distinguirse de los subversivos, con quienes se les asociaba64. Sin embargo no lograron evitar la generación de fracciones que simpatizaban decididamente con la lucha armada, las que promovieron escisiones y nuevas adhesiones a los grupos subversivos.
Por último, en marzo de 1990, algunos sectores de militantes radicalizados del PCP-Unidad, encabezados por Andrés Sosa Chanamé, abandonaron sus filas y se integraron al Bloque Popular Revolucionario, otros, en tanto, se organizaron en el clandestino Frente Patriótico de Liberación (FPL), que luego se incorporaría al MRTA65.
| Página siguiente |