Medidas Estatales para prevenir el uso de drogas

Marco Metodológico

Según el PNUD los beneficios generados por el razonable nivel de crecimiento de la economía guatemalteca no son distribuidos equitativamente entre los distintos estratos sociales, en este aspecto Guatemala es uno de los países más desiguales de América Latina lo cual combinado con los altos niveles de pobreza, provoca un grave ambiente de tensión social. "Decenas de miles de jóvenes se integran cada año a la población económicamente activa, pero el mercado de trabajo no genera suficientes puestos para absorber el aumento de la oferta. Una pequeña fracción de esta población –afectada además por condiciones sociales negativas como débiles mecanismos de integración social familiares, discriminación y victimización– puede tender hacia acciones transgresoras de la ley."[1]

En el informe estadístico sobre la violencia, el PNUD[2]sostiene que: "…la violencia estuvo principalmente asociada con las dinámicas del conflicto armado interno produciéndose en los enfrentamientos entre las fuerzas beligerantes y principalmente a través de las acciones de represión llevadas a cabo en contra de la población civil, primariamente del área rural. La violencia que sufre la sociedad guatemalteca hoy en día, sin embargo, ya no responde a la misma configuración histórica." (El resaltado es propio).

A lo anterior, se suma la opinión de Reyes, quien sostiene que: "…sin duda la criminalidad y la violencia en sus distintas manifestaciones de seguridad e inseguridad está asociada a factores de más larga data que trascienden las situaciones y los actores de los últimos años y de la coyuntura inmediata…"[3]; Por su lado, Urgell citado por Reyes, argumenta: "La mayoría de expertos coinciden en señalar que las causas de la actual violencia en Centroamérica son enormemente complejas y están estrechamente vinculadas a los modelos de desarrollo excluyentes, al gran impacto de los longevos conflictos armados en las sociedades centroamericanas, a la gran proliferación de armas entre la población civil, o incluso a la violencia que emana del Estado, sea de sus cuerpos de seguridad o de los aparatos clandestinos vinculados al mismo."[4]

En ese orden de ideas, la firma de los Acuerdos de Paz en 1996 creó esperanzas en Guatemala de avanzar hacia una sociedad más justa en que las personas pudieran desarrollar su vida con tranquilidad. Sin embargo, el establecimiento formal de la paz no ha permitido a Guatemala alcanzar niveles significativamente mayores de desarrollo humano y la situación de inseguridad en que vive la población se ha visto agravada luego de una mejoría inicial

En términos generales es factible proponer que los altos índices de violencia e inseguridad que padece Guatemala están relacionados con dos grandes líneas causales: la exclusión social y la falta de aplicación de la ley. Estas dimensiones se relacionan y se refuerzan entre sí.[5] Dentro de estas causales, tiene asidero la lucha entre grupos por el control territorial para el comercio, tráfico y consumo de estupefacientes. "…la narcoactividad es un problema de raíces muy profundas, ya que entran en juego no sólo factores personales sino económicos y sociales; situación que genera inestabilidad principalmente en los ámbitos de seguridad, economía y salud… …es una epidemia que avanza silenciosamente, propiciando la desvalorización individual, social y cultural."[6]

Guatemala, por su ubicación geográfica, sus características geomorfológicas, situación socioeconómica y cultural, ha sido blanco de las acciones de narcoactividad internacional. La producción, transporte, tráfico, distribución y consumo de drogas en el país ha generado serios problemas de índole personal, familiar, social y económica.

Para aplacar esta problemática social, en el año 2000, se realizó la Investigación de Riesgos Macrosociales de Drogodependencia a Nivel Departamental; revelando el estudio, que los departamentos con nivel de riesgo extremo eran: Petén y Guatemala; con riesgo muy alto: Izabal, Alta Verapaz y Quiché, con riesgo alto, San Marcos, Sololá, Escuintla, Huehuetenango, Chiquimula, Baja Verapaz, Suchitepéquez, Zacapa, Retalhuleu y Jutiapa; y con riesgo medio, el resto de departamentos del país.

El estudio antes indicado, revela que el Estado guatemalteco se encuentra en una situación de grave debilidad institucional para hacer frente a esta problemática. Existen en Guatemala grupos clandestinos que operan violentamente respondiendo a los intereses de redes de individuos poderosos que se enriquecen por medio de actividades ilícitas como contrabando de bienes; secuestros; tráfico de personas, de armas y municiones; y tráfico de narcóticos.

Si bien es cierto, la situación de inseguridad actual es sumamente compleja de caracterizar, es preciso dejar anotado que no existe una causa o razón única que explique los altos niveles de violencia imperantes; por ello este documento no pretende hacer un estudio de las causas que originan la violencia y los parámetros para disminuirla, sino que únicamente hará un estudio crítico de los mecanismos de control social, que ha establecido el Estado mediante la implementación de medidas de prevención y otras actividades análogas para prevenir el uso y comercio de drogas que incidan en la disminución de la violencia y por ende tienda a mejorar la seguridad ciudadana.

Es por lo anterior, que el presente seminario–laboratorio, está encaminado a establecer qué medidas de prevención y qué actividades ha llevado a cabo el Estado para prevenir el uso y comercio de drogas; para lo cual el tema se centra en establecer las funciones de control del Derecho y la situación actual del sistema seguridad en Guatemala, poniendo especial atención a los derechos humanos, al derecho penal, constitucional e internacional.

Marco Teórico

En Guatemala se han desarrollado diversas acciones encaminadas a contrarrestar las adicciones y tráfico ilícito de drogas, legislando, sancionando, creando formas de cooperación bilateral y multilateral, a la vez se ha buscado la ampliación y profesionalización de las instituciones relacionadas con la temática. En ese sentido debe tomarse en cuenta, que el tratadista Felipe Fucito[7]realiza un estudio de las teorías sociológicas de criminalidad y desviación en la que aborda teorías que presuponen y aceptan los repartos y las valorizaciones sociales, describiendo, las teorías que se inclinan hacia el estudio del delincuente, mientras que, otras tendencias se ocupan de los tipos delictivos, e indica que aunque estas dos teorías hayan sido superadas, estos patrones básicos no pueden dejar de coexistir en un sistema de control, debido a la cultura, más no son universales en sentido sociológico. En ese sentido, la drogadicción es considerada como una conducta desviada, desde el estudio de la sociología criminal.

Dentro de las acciones de tipo preventivo, se encuentra El Plan Nacional Antidrogas, que consistió en una Estrategia Nacional contra el problema de las drogas en los ámbitos de investigación, reducción de la demanda, reducción de la oferta y delitos conexos con el objeto de reducir las consecuencias personales, familiares y sociales que el mismo conlleva[8]

Por su lado, el planteamiento del Consejo Nacional de Prevención del Alcoholismo y la Drogadicción –CONAPAD–, entidad fundamentalmente académica y multisectorial, que diseñó y propuso campañas y estrategias relacionadas con la prevención del uso y abuso de sustancias adictivas en el país. Asimismo, impulsó el Plan Maestro para prevención y control del abuso de sustancias adictivas en 1994[9]Pese a las acciones indicadas, los mismos tuvieron la característica de no ser sistemáticos y cohesionados, fue a partir de 1996, que la Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas –CCATID– estableció políticas y estrategias nacionales delegando la coordinación de la ejecución de las mismas a la -SECCATID-, fundamentalmente las relacionadas a la reducción de la oferta y la demanda.

El objetivo fundamental de la Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas, se planteaba el establecimiento de una red de coordinación e información que fuera sostenible y que conjugara la participación de todos los sectores que iban desde instancias de gobierno y organizaciones no gubernamentales a Organismos de Cooperación Nacionales e Internacionales, para focalizar y canalizar los recursos disponibles, en la perspectiva de la prevención, rehabilitación, control de las adicciones y el tráfico ilícito, así como, la disminución de los índices de producción, transporte y consumo de sustancias psicotrópicas en el país.[10]

Las medidas de prevención utilizadas por el Estado de Guatemala para prevenir el uso y comercio de drogas, consisten en: "…acciones que contribuyeran a reducir el consumo de sustancias adictivas, desarrollando programas de prevención integral, con el objeto de incidir en la base poblacional susceptible de ser afectada por el consumo indebido de drogas, como lo son: A) Programa Nacional de Educación Preventiva Integral –PRONEPI– que capacita a educadores y miembros de la comunidad (estudiantes y padres de familia) educativa para que se conviertan en elementos multiplicadores dentro del ámbito escolar; B) Programa de Educación para la Resistencia al Abuso de Drogas –DARE–, en coordinación con los Ministerios de Educación y Gobernación, para prevenir el uso y abuso de drogas en estudiantes del nivel primario de las escuelas públicas; C) Programa "Segundo Paso", dirigido a niños del nivel preprimario, para que aprendan desde temprana edad a controlar sus emociones, utilizando el juego que promueve socialización, empatía, resolución de problemas y manejo de emociones; D) Programa de Comunicación Social, que contempla una serie de acciones de sensibilización y prevención del consumo de drogas, utilizando diferentes medios escritos, distribución de materiales educativos, souvenirs, banners, vallas publicitarias y campañas, como son las de verano y fin de año. Mientras que en lo referente al tratamiento y rehabilitación, las acciones se dirigieron a la coordinación, a poner en marcha el Centro de Tratamiento Ambulatorio, a la participación en actividades de la región centroamericana y acatamiento de la normativa vigente. En el ámbito de la coordinación se realizaron acciones integradas de tratamiento y rehabilitación con organizaciones no gubernamentales y entidades de gobierno. Con el centro de tratamiento ambulatorio, se llevaron a cabo actividades terapéuticas, individuales y grupales con los usuarios. Asimismo, actividades dirigidas a familiares y a la recuperación del drogodependiente, contribuyendo con ello a la reducción de la desintegración familiar en nuestro país. En el ámbito regional el Centro de Tratamiento se convirtió en el Centro de Enlace con la Red Centroamericana de Instituciones de Tratamiento…"[11]

No obstante lo anterior, es de hacer notar que las medidas de prevención y actividades que ha llevado a cabo el Estado para prevenir el uso y comercio de drogas han sido ineficaces.

La luz al final del túnel: el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia

El Foro Guatemala[12]como parte de la sociedad organizada, ante el clima de violencia e inseguridad, ha demandado acciones concretas para la erradicación de la violencia, entre ellos en un comunicado de prensa, publicado el 18 de febrero de 2009 manifestó: "La situación nacional ha llegado a tal extremo que hay pérdida de gobernabilidad y de estabilidad en el ámbito de esas instituciones, principalmente en las de justicia y seguridad, que se encuentran debilitadas por prácticas corruptas, negligencia y falta de vocación de servicio, bajo el influjo de la criminalidad…"[13]

En ese contexto, es de hacer notar que en la publicación del Diario de Centroamérica del 6 de marzo de 2009[14]se difundió la noticia de que el Estado a través de fuerzas combinadas, lanzó una ofensiva contra el narcotráfico en siete departamentos, que según la ex directora General de la Policía Nacional Civil (PNC), Marlene Blanco, son "zonas tomadas por el narcotráfico" y que están dispuestos a recuperarlas. Parte de las acciones emprendidas por las fuerzas de seguridad para lograr ese propósito fueron los allanamientos a once viviendas, donde las autoridades pretendían encontrar evidencias que podrían aportar a la investigación. Sin embargo, personal de la Secretaría de Análisis e Información Antinarcótica (SAIA) del Ejército y Ministerio Público, que participó en los operativos, detallaron que luego de finalizar las acciones, no se reportaron resultados positivos.

Ante el compromiso social de contribuir con iniciativas que contribuyan a erradicar los altos índices de criminalidad e impunidad, el Procurador de los Derechos Humanos (PDH), la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), el Arzobispado de Guatemala y la Alianza Evangélica de Guatemala –en adelante Grupo Garante o G4–, el 23 de abril de 2009, presentó para discusión y análisis una propuesta básica para ser tomados en cuenta en el ANASJ; dentro de las proposiciones se encuentra: "Implementar una campaña nacional permanente contra el uso de drogas y alcohol."[15]

Derivado de múltiples acuerdos y negociaciones, y ante la imperante necesidad de implementar prácticas coherentes para erradicar la violencia en Guatemala, el 15 de abril de 2009, los representantes del Congreso de la República, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Ejecutivo suscribieron el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia (ANASJ). El ANASJ consta de 101 compromisos, divididos en diez ejes, los cuales abarcan temas como las políticas y el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de seguridad, la reforma policial, el sistema penitenciario, las políticas e institucionalidad para la investigación criminal y la lucha contra la impunidad, el mejoramiento de la administración de justicia y la aprobación de una serie de leyes para el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y justicia, entre otros.

Siendo que el alcohol y tabaco son las drogas que con mayor frecuencia consume la población comprendida entre los 12 y 18 años de edad. Los individuos de sexo masculino son los que presentan el mayor porcentaje de consumo para todas las drogas estudiadas. En el sexo femenino, las drogas con mayor índice de consumo son los tranquilizantes, seguido de los estimulantes y el alcohol. Para los hombres lo es la marihuana, seguidos del tabaco y cocaína. Las edades predominantes de inicio de consumo para todas las drogas se encuentran entre los 15 y 18 años. Para los grupos de 11 a 14 años, las drogas de primer consumo con mayores porcentajes son los estimulantes, el tabaco y el alcohol, seguido por los inhalables, tranquilizantes, marihuana y cocaína. Para los grupos de 15 a los 18 años las drogas de primer consumo con mayores porcentajes, son la marihuana, la cocaína y el alcohol, seguidos por los tranquilizantes, estimulantes, tabaco e inhalables.

Es por lo anterior que el que la propuesta del Grupo Garante, en cuanto a la implementación de una campaña nacional permanente contra el uso de drogas y alcohol, pese a la constante petición del G4, no forma parte del ANASJ, pero sí forma parte de la hoja de ruta presentada el 16 de junio de 2009[16]presentada por el Consejo Nacional de Seguridad, la cual quedó de la siguiente manera:

"Implementar una campaña nacional permanente contra el uso de drogas y alcohol."

Ante la propuesta anterior, en reunión sostenida el 18 de junio, que sostuviera el Grupo Garante con el Presidente de la República, hizo los siguientes planteamientos y propuestas: "La Hoja de Ruta fue presentada en tiempo pero es inevitable la impresión que buena parte de ella fue elaborada para cumplir con el plazo establecido, descuidando el desarrollo del Acuerdo Nacional. Lo que se esperaba de la Hoja de Ruta era precisamente que fuera más allá de los enunciados de cada punto del ANASJ y los enriqueciera con la identificación, lo más detallada posible, de las actividades que deben cumplirse en cada uno. En aspectos trascendentes, no se logra el enriquecimiento del Acuerdo sino, por el contrario, se le resta fuerza y se le empobrece. Desde esta perspectiva, el Acuerdo Nacional es el piso y no el techo para impulsar el avance en materia de seguridad y justicia." [17]

En ese orden de ideas, el Grupo Garante estima que la Hoja de Ruta debe superar el cumplimiento formal de los compromisos del Acuerdo, y para el efecto debe hacerse una revisión exhaustiva del documento presentado. "El Grupo Garante desea saber si el Presidente de la República y los otros firmantes del ANASJ están dispuestos a esa revisión profunda, que debería desarrollarse en dos momentos complementarios entre sí, particularmente sobre Elaborar un diagnóstico para determinar las necesidades de comunicación en estas temáticas, por lo que los comentarios a este tema son: Las actividades propuestas plantean que no existe información necesaria para implementar una campaña de esta naturaleza, debiendo partir de la consulta principalmente a la SECATTID, de material que utilicen para este fin, evitando iniciar los procesos de cero, lo que retrasa su puesta en marcha. Este acuerdo no requiere de ser implementado de manera inmediata, en la medida que la problemática a la que se dirigen estas acciones no reportan una correlación directa con la cultura de violencia que vive el país."[18]

Así también el G4 emitió las siguientes propuestas: "A. Implementar una campaña mediática de difusión masiva, dirigida principalmente a adolescentes y jóvenes dirigida a la lucha contra el uso de drogas y alcohol, así como contra la comercialización y los efectos secundarios producidos; y B. Como se plantea que sea una estrategia permanente se podría iniciar con un proceso de concientización sobre la correlación entre uso de drogas y alcohol y la violencia, por lo menos un spot de radio y televisión para el segundo semestre del año."[19]

Lamentablemente, el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, ha restado importancia al ANASJ y con ello, han quedado en los archivos importantes conceptos que con voluntad política podrían resolver en parte la problemática nacional, relativa a la seguridad y justicia, entre ellas una política pública que incluya adecuadas y eficaces medidas de prevención sobre el uso y comercio de drogas.

Fines del Derecho y relación con el tema investigado

Según Soriano: "El derecho es probablemente el instrumento más importante de control social: el que aparece claramente como tal y se provee de una serie de elementos adecuados para dirigir y orientar el comportamiento social."[20] Según la teoría funcionalista Renato Treves[21]se entiende que el derecho resuelve conflictos, como subsistema de la sociedad global en relación con otros subsistemas de coordinación social (normas de conducta, religiosas, etc.) así, el control social es el conjunto de prácticas, actitudes y valores destinados a mantener el orden establecido en las sociedades.

Sobre esta temática, Bourdieu[22]anota que: "…la eficacia del derecho tiene de particular que se ejerce más allá del círculo de aquellos que ya están convertidos de antemano, debido a los intereses que los une y a los valores inscritos en los textos jurídicos, en las disposiciones éticas y políticas de quienes están encargados de aplicarlos."

Es por lo anterior, que el control social aparece en todas las sociedades como un medio de fortalecimiento y supervivencia del grupo y sus normas. Las normas menores y las leyes son las que ordenan el comportamiento de los grupos. Por ello es inobjetable la relevancia del derecho como un medio de control social, si tomamos en cuenta la obra de Michel Foucault[23]quien describe los diferentes mecanismos de averiguación de la verdad y medios de control social; Soriano plantea las características que singularizan al derecho en su incidencia social, se caracterizan por ser un orden normativo cierto, exigible, general, expansivo y uniforme, de los cuales se desprende la eficacia y operatividad del derecho como medio de orientación del comportamiento social.

Es meritorio reconocer la voluntad de las autoridades en la estrategia para la prevención del uso y comercio de drogas, pero también debe ponerse sobre la mesa, que tales esfuerzos son insuficientes; es imperativo proyectar la política nacional hacia reformar, equilibrar y renovar dicha política abordando los retos presentados por la salud pública y la seguridad pública del Siglo XXI. Aplicando las lecturas asignadas durante el curso, es imperativo evitar que las sanciones penales sentencias injustas e injustificadas por delitos de consumo y comercio en mínimas cantidades; que en lugar de ser penas privativas de libertad, los tribunales apliquen sanciones encaminadas al tratamiento de las adicciones, con ello, romper el ciclo del consumo de drogas y encarcelamiento, promoviendo sanciones rápidas, certeras pero razonables combinadas con tratamiento, en aquellos casos en que dichas personas lo soliciten o cuando se haya determinado un éxito poco probable en el programa sin el tratamiento.

El Estado de Guatemala, se ha limitado ha reconocer que el problema de consumo de drogas tanto lícitas como ilícitas representa un problema serio, que está presente en todo el territorio nacional. La población adolescente, en edad escolar, está definida como la más afectada, lo que amerita el establecimiento de proyectos y programas de tipo preventivo, tomando como base las conclusiones de los diagnósticos que se han realizado y estén por llevarse a cabo. También ha reconocido que el impacto que el narcotráfico tiene sobre el consumo de drogas está claramente relacionado, al evidenciarse los altos índices de consumo en las áreas fronterizas, mismas que han sido identificadas como las más utilizadas por los narcotraficantes[24]

Siendo que el derecho constituye un mecanismo de control social mediante el cual se pretende reglar la vida social a fin de alcanzar la justicia y la seguridad jurídica, actualmente existe disyuntiva, ya que el sistema jurídico podría entrar en retracción debido a la despenalización de ciertas conductas (ejemplo consumo drogas), a la que debería realizarse o un estudio de la realidad social y cultural que permita una propuesta congruente con dicha realidad, y con ello evitar que la legislación realice un intento fallido de promover un cambio social, generando contracciones en el sistema punitivo. Del Libro de Ramón Soriano respecto a la coercibilidad del derecho, y de Alessandro Baratta respecto a las indicaciones estratégicas para una política criminal, resalto que la estrategia de despenalización podría acarrear mayores espacios de aceptación social de la desviación social, en la que la coerción será solo un elemento exánime del derecho, así la despenalización de ciertas conductas y actividades podría conllevar a la pérdida de control social, generando mayor criminalidad.

Es plenamente justificado el diseño e implementación de programas de prevención de consumo y comercio de drogas, pero el mismo debe ser permanente y orientado no solo a la reducción de la demanda de este tipo de substancias y a la disminución del impacto personal, social y familiar que este fenómeno conlleva, sino que también debe desarrollarse programas que detecte los factores de riesgo y el fortalecimiento de programas de prevención, lo cual debe realizarse desde el derecho como mecanismo de control social.

Bibliografía

• 1. Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases Sociales, traducción de Andrés García Inda, 2da. Edición, España, 2001.

• 2. Diario de Centroamérica, Guatemala, Edición del 6 de marzo de 2009.

• 3. Diario Prensa Libre, Guatemala, Edición del 18 de febrero de 2009.

• 4. Dirección General de la Policía Nacional Civil, Informe preliminar, muertes violentas 2012 actualizada al 31 de mayo de 2012.

• 5. Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Traducción de Enrique Lynch. Barcelona. Gedisa, 1996.

• 6. Fucito, Felipe. Sociología del derecho. El orden jurídico y sus condicionantes sociales. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1999.

• 7. Grupo Garante (G4). Memorando del Grupo Garante para el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia de fecha 18 de junio de 2009.

• 8. Grupo Garante (G4). Propuesta básica para abordar los problemas de seguridad pública y justicia, 23 de enero de 2009.

• 9. Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano: La cooperación internacional en una encrucijada. New York, Sin datos de editorial, 2005.

• 10. Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia del PNUD Guatemala. Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Guatemala, Magna Terra Editores, 2007

• 11. Reyes Illescas, Miguel Ángel. Agenda estratégica de Seguridad. Informe Final. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, sin datos de editorial, 2009.

• 12. Soriano Ramón. Sociología del Derecho. Barcelona, Editorial Ariel, 1997.

• 13. Treves, Renato. La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones, problemas. Barcelona, Editorial Ariel, 1988.

• 14. Vicepresidencia de la República de Guatemala. Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Guatemala, sin datos de editorial, enero 2009.

Autor:

Córdova Guzmán, Jorge Luis

[1] Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Informe de Desarrollo Humano: La cooperación internacional en una encrucijada. New York, Sin datos de editorial, 2005, Página 14.

[2] PNUD Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de la Violencia. Guatemala. Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Guatemala, Magna Terra Editores, 2007, Página 10.

[3] Reyes Illescas, Miguel Ángel. Agenda estratégica de Seguridad. Informe Final. Universidad de San Carlos de Guatemala, Guatemala, sin datos de editorial, 2009, Página 13.

[4] Loc. Cit.

[5] PNUD. Informe estadístico de la violencia en Guatemala. Op. Cit. Página 11.

[6] Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional Antidrogas 1999-2003. Sin datos de editorial, disponible en: http://www.cicad.oas.org/Fortalecimiento_Institucional/esp/planes_nacionales/Guatemala.PDF fecha de consulta 4 de junio de 2012.

[7] Fucito, Felipe. Sociología del derecho. El orden jurídico y sus condicionantes sociales. Buenos Aires, Editorial Universidad, 1999, Página 356.

[8] Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional Antidrogas 1999-2003. Op. Cit. Página 9

[9] Vicepresidencia de la República de Guatemala. Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Política Nacional Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Guatemala, sin datos de editorial, enero 2009, Página 14

[10] Ibíd. Página 16.

[11] Ibíd. Página 17-23.

[12] Integrado por las siguientes organizaciones: CACIF, Madres Angustiadas, CGTG, Asíes, Alianza Evangélica de Guatemala, Foro Maya, FADS, Fundación Myrna Mack, GAM, USAC, UGT, Convergencia Cívico política de Mujeres, ICCPG, entre otras organizaciones de la sociedad civil.

[13] Diario Prensa Libre, Guatemala, Edición del 18 de febrero de 2009, Página 19.

[14] Diario de Centroamérica, Guatemala, Edición del 6 de marzo de 2009, Página 3.

[15] Grupo Garante (G4). Propuesta básica para abordar los problemas de seguridad pública y justicia, 23 de enero de 2009.

[16] En reunión sostenida el 16 de junio de 2009, representantes de los Organismos del Estado y del Ministerio Público, presentaron al Grupo Garante (G4) la hoja de ruta para la implementación del Acuerdo, en el cual se incluyó las actividades que debían realizarse, el responsable de las mismas, plazo para su ejecución, presupuesto estimado, e indicadores de avance y final.

[17] Grupo Garante. Memorando del Grupo Garante para el Acuerdo Nacional para el Avance de la Seguridad y la Justicia de fecha 18 de junio de 2009.

[18] Ibíd.

[19] Ibíd.

[20] Soriano Ramón. Sociología del Derecho. Barcelona, Editorial Ariel, 1997, Página 339.

[21] Treves, Renato. La sociología del Derecho. Orígenes, investigaciones, problemas. Barcelona, Editorial Ariel, 1988, Página 209.

[22] Bourdieu, Pierre. Poder, Derecho y Clases Sociales, traducción de Andrés García Inda, 2da. Edición, España, 2001, Página 209.

[23] Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. Traducción de Enrique Lynch. Barcelona. Gedisa, 1996, Página 107

[24] Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas. Plan Nacional Antidrogas 1999-2003. Op. Cit. Página 23