Inmigrantes extranjeros en España: ¿Reconfigurando la Sociedad?

Colectivo Ioé1

Este artículo pretende abordar las características de la inmigración extranjera y sus consecuencias sobre la configuración de la sociedad española. Este tipo de abordaje produce un recorte sobre el campo global en el que se producen las migraciones, puesto que deja de lado las circunstancias de las sociedades de origen, la inserción de estas en el concierto mundial, así como los crecientes vínculos que los migrantes establecen entre distintos países, comportándose a veces como verdaderas comunidades trasnacionales. Conscientes de que dejamos en el tintero algunas claves de la cuestión, intentemos ver qué es lo que ocurre dentro de las fronteras españolas.

1. El cambio de tendencia

Desde mediados de la década de los ?80 España se inscribió como miembro de pleno derecho de la Unión Europea (entonces Comunidad Económica Europea). Uno de los requisitos para formular su ingreso como miembro pleno fue la promulgación de una legislación que se ocupara de regular la entrada de inmigrantes extranjeros; así nació ? en 1985- la primera "ley de extranjería" en nuestro país. Esta norma, y la incipiente estructura administrativa que se fue desarrollando a continuación ¿respondían a la existencia de procesos migratorios significativos? La respuesta a esta cuestión podría ser un "sí, pero no". Sí, porque desde los primeros años ?70 se estaba produciendo la llegada de personas procedentes de Marruecos (muchas de ellas retenidas en las fronteras pirenaicas debido a las restricciones a la inmigración que pusieron en marcha varios países del norte, afectados por la llamada primera crisis del petróleo) y de Portugal (hacia varias provincias norteñas y Madrid); posteriormente se añadieron distintos flujos originados en los exilios de las dictaduras sudamericanas (Chile, Uruguay y Argentina). No, porque por aquellas fechas el conjunto de la población extranjera (incluyendo a residentes regulares, nacionalizados e irregulares) no llegaba al 1% de la población del país. En realidad, la "preocupación por la inmigración" no respondía a las dinámicas sociales existentes en el país, sino a las prioridades de los principales miembros de la U.E., antiguos receptores de inmigración, inmersos en la crisis de un de modelo de crecimiento que estaba dejando de demandar grandes cantidades de mano de obra para sus industrias. Desde entonces, y por bastantes años, las declaraciones políticas y los enfoques mediáticos en torno a la inmigración se encargaron más de reproducir las cuestiones suscitadas en otros países que de interrogarse acerca de lo que estaba sucediendo en nuestro entorno próximo.

Según las cifras oficiales, en 1985 había algo menos de 250.000 extranjeros registrados en el país; la mayor parte de ellos (59%) procedía de países de la Comunidad Europea. Diez años más tarde, en 1995, la cifra se había duplicado hasta alcanzar el medio millón de residentes; además del aumento cuantitativo se estaba produciendo un cambio en la composición de esta población: por entonces los europeos comunitarios ya eran menos de la mitad del total (47%). En el ínterin las administraciones públicas, principalmente la de rango estatal, fue desarrollando diversas normas, estructuras administrativas y políticas. Sin embargo, el acento de las actuaciones seguía puesto antes en la emigración española fuera de nuestras fronteras que en la inmigración de origen extranjero radicada en nuestras ciudades y pueblos.

Podría decirse que las cifras aún daban sentido a dicha opción: aunque en los ?70 se detuvo el flujo emigratorio y en los primeros ?80 se registró el retorno de cerca de medio millón de españoles emigrados, la cifra de emigrados superaba ampliamente a la de inmigrantes2. A mediados de los ?90 los españoles emigrados triplicaban o cuatriplicaban el número de extranjeros afincados en España. Sin embargo, esa foto fija estaba ocultando las dinámicas en marcha: la emigración se había detenido hacía más de una década mientras que la inmigración se incrementaba lenta pero continuamente. En todo caso, pocos estaban preparados para prever lo que sucedería en la década siguiente.

2. La España de la última década

Como veremos, la última década, especialmente a partir de 1997, registró un crecimiento sin precedente de los flujos de inmigración. Para contextualizar la magnitud y significación de este proceso conviene mencionar algunos rasgos clave de la situación del país en este período.

En cuanto a la dinámica poblacional, la situación se ha caracterizado por una tendencia al estancamiento y envejecimiento, que sólo en los últimos años parecen experimentar alguna variación. Entre los años 1950 y 1981 la población española se incrementó al ritmo promedio del 1% anual. En cambio, entre 1981 y 2001 la dinámica demográfica se contrajo de forma rápida: desde entonces el incremento anual medio se redujo al 0,4%. Así, en la década de los ?60 y ?70 la población creció por encima de los tres millones de personas, mientras que en los ?80 y ?90 los aumentos se situaron alrededor del millón y medio de habitantes. Es sabido que las variaciones poblacionales se deben a dos grandes rubros: el crecimiento vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) y el saldo migratorio (diferencia entre población emigrada e inmigrada).

En la mayor parte del periodo el mayor impacto se debió a un descenso continuo del crecimiento vegetativo, originado en la caída de las tasas de natalidad. En 1975 el número medio de hijos por mujer era de 2,8; desde entonces se ha producido un descenso continuo hasta alcanzar la cifra de 1,2 hijos en 1994, fecha a partir de la cual se ha mantenido casi sin variaciones. Por su parte, la tasa bruta de natalidad (número de nacidos por cada 1.000 habitantes) se redujo a la mitad entre 1975 y 1995 (de 18,8 a 9,3) y sólo ha registrado una ligera recuperación entre 1996 y 2001. En síntesis, a mediados de los ?90 la población española crecía por debajo del nivel de reemplazo generacional (establecido en 2,1 hijos por mujer), circunstancia que, unida a la prolongación de la esperanza de vida, produjo un continuo envejecimiento de la población (los mayores de 65 años eran el 13,8% en 1991 y el 17% en 2001).

En cambio, la situación económica durante el periodo comprendido entre 1995 y 2004 se caracterizó por un significativo crecimiento: en esta década el Producto Interior Bruto aumentó un 33% en términos reales, con un incremento anual medio de 3,3%.

Este indicador, puramente "económico", adquiere mayor significación si lo ponemos en relación con la población del país: el PIB per cápita experimentó un aumento mucho mayor (6,4% de incremento medio anual), debido a la débil dinámica demográfica. Este crecimiento, mayor que el experimentado por la media de la Unión Europea, facilitó un acortamiento del secular diferencial negativo que separa a España de los países europeos más prósperos. A finales de 2003 el PIB per cápita expresado en paridad de poder adquisitivo (adjudicando el valor 100 a la media de la UE-25) se situó casi en la media comunitaria (97,6), cifra que fue superada en siete comunidades autónomas (Madrid, Navarra, País Vasco, Baleares, Cataluña, La Rioja y Aragón). Desde el punto de vista del empleo, durante el mismo periodo se produjo un notable incremento: las personas ocupadas pasaron de 12 a 15,9 millones, lo que supone un crecimiento del 49%.

Por tanto, la última década ?la del despegue de la inmigración- ha sido un período de expansión económica y de aumento de las oportunidades de empleo, en un contexto de baja natalidad y de envejecimiento poblacional. Aunque esta caracterización genérica encuentra importantes matices, en función de las diferencias territoriales o sociales, nos será de utilidad para contextualizar el proceso de reciente inmigración.

3. El despegue y consolidación de los flujos de inmigración

El concepto inmigración se refiere a la población que ha llegado a España procedente de otros países: se trata de una condición social. En cambio, el hecho de ser extranjero o español es una cuestión de índole administrativo-jurídico: se puede ser español habiendo nacido en otro país (y se es inmigrante al radicarse en España) o extranjero nacido en España (sin haber emigrado nunca). Los registros estadísticos oficiales no siempre permiten matizar estas cuestiones, y obligan a veces a considerar ? de forma abusiva- como sinónimos ambos términos (con frecuencia se nos ofrece información respecto a los "extranjeros", excluyendo a quienes han adoptado la nacionalidad española tras emigrar, e incluyendo a los hijos de inmigrantes que han nacido en este país y no acceden a la nacionalidad). Las cifras de la Tabla 1 intentan recoger, y aclarar, la complejidad de la cuestión.

El volumen de población total nos sirve de referencia para valorar la magnitud relativa de la inmigración. El concepto inmigrados es nuestra forma de designar a los residentes en España (empadronados o censados) nacidos en otro país. Los extranjeros, en cambio, son todos aquellos que poseen una nacionalidad distinta a la española, independientemente de cuál sea su experiencia migratoria. Las cifras de nacionalizados son la simple diferencia entre "inmigrados" y "extranjeros" (todos los que nacieron en otro país y no son extranjeros). En cambio, la categoría de residentes se refiere a los extranjeros que se encuentran en situación regular (con permiso de residencia o similar).

La columna de irregulares contiene la cifra de extranjeros que carecen de permiso de residencia.

Los datos consignados se inician en 1971, aunque nuestro interés específico se centra en el período 1997-2004. Entre 1971 y 1991 el volumen de inmigrados pasó de representar el 1,1% al 2,2% de la población total. Sin embargo, los extranjeros fueron apenas la mitad de ese flujo. En otras palabras: en esos veinte años aumentaron muy 3 rápidamente los nacionalizados, debido a un doble proceso: por un lado, el "retorno" de hijos de emigrantes españoles nacidos en el extranjero; por otro, la adquisición de nacionalidad de inmigrantes una vez cumplido el periodo de residencia requerido por las leyes. Es interesante señalar, siguiendo a Izquierdo y López de Lera, que a lo largo de esas dos décadas el porcentaje de "irregulares" (extranjeros sin permiso de residencia) se mantuvo en torno al 20%. Agregando, por nuestra parte, que la "alarma social" respecto al incremento de inmigración irregular se produjo sólo a partir de la aplicación de la primera "ley de extranjería" y se centraba únicamente en los extranjeros de cierta procedencia (extra comunitarios, preferentemente africanos) ignorando el significativo volumen de europeos que residían de forma irregular en el país.

Durante ese período se sentaron las bases de los primeros núcleos inmigrantes, que hoy se encuentran cercanos al período de jubilación y con hijos en edad adulta. Sin embargo el gran crecimiento de la inmigración se produjo con posterioridad: entre finales de 1997 y 2004 el número de extranjeros se multiplicó por 4,8 (de 637.000 a cerca de 3,7 millones)3. En cambio, los residentes (extranjeros "con papeles") aumentaron sólo 2,2 veces; como consecuencia, las personas en situación irregular experimentaron el mayor incremento (5,5). Expresado en otros términos: el período 1997-2004 es el de mayor crecimiento de la inmigración extranjera en España: en 1997, los extranjeros representaban el 1,6% de la población mientras que a comienzos de 2005 son el 8,4%. En estos siete años, de manera vertiginosa, España se ha situado a la par de tradicionales países de inmigración, como Francia o Alemania. Pero gran parte de estos nuevos flujos se han incorporado como "irregulares": en enero de 2002 había casi tantos residentes con papeles como irregulares; aunque en 2005 el porcentaje de "sin papeles" ha descendido (desde el 50,3% al 46,4%) afecta a un número mayor de personas (más de 1,7 millones).

Esta constatación obliga a interrogarse acerca de las causas de la situación. En cuanto al crecimiento de los flujos inmigratorios podemos encontrar respuestas en el incremento de las desigualdades internacionales, en las crisis vividas en diversos países de origen, en las oportunidades que ofrece la economía globalizada y en el crecimiento económico y del empleo registrados en España. Pero respecto al altísimo índice de irregularidad la respuesta no admite demasiados matices: frente a la variedad de factores que estimulan los flujos inmigratorios, las políticas oficiales se han caracterizado durante este período por establecer dificultades crecientes para la regularización de los inmigrantes.

4. Política migratoria: la pretensión de regular las entradas a partir de una demanda con altos componentes de irregularidad

La política de inmigración española se inauguró en 1985, desde entonces, la entrada regular de trabajadores extra-comunitarios queda subordinada a la "situación nacional de empleo". Según esta fórmula, sólo se otorgarán permisos de trabajo para empleos que no puedan ser cubiertos por la mano de obra autóctona o, en su defecto, por los extranjeros ya radicados legalmente en el país. En resumen, las leyes sólo contemplan la llegada de inmigrantes en la medida en que sean necesarios para cubrir los "huecos" que deje la fuerza de trabajo residente en el país; los ciudadanos de países terceros son contemplados como un ejército de reserva laboral, movilizable sólo en la medida y en el momento que se lo requiera. Sin embargo, una cosa son las pretensiones reguladoras de la norma y otra, a veces muy distinta, los procesos sociales reales.

Desde 1993, con la puesta en marcha de los contingentes laborales anuales, se inició la pretensión de contratar a los trabajadores directamente en los países de origen, con el fin de desincentivar los desplazamientos irregulares, e indicar que la única vía de acceso al empleo regular (y a "los papeles") pasaba por realizar los oportunos trámites ante los consulados españoles. En la práctica la utilización de este método como canalización de nuevos flujos migratorios ha sido poco utilizada: el grueso de los inmigrantes sigue llegando por su cuenta y riesgo. Además, desde el año 1997 quedó prácticamente cerrada la posibilidad de obtener permisos de trabajo a través del llamado "régimen general", según el cual los inmigrantes irregulares con una oferta laboral podían obtener un permiso de trabajo. Así, en la práctica las vías de inmigración laboral regular quedaron drásticamente limitadas; la consecuencia fue que la continua llegada de nuevos flujos migratorios se tradujera en un incremento sin precedentes de inmigrantes "sin papeles".

Con la asunción del nuevo gobierno en 2004 se anunció una reorientación de la política migratoria, apoyada en la consulta y el apoyo de una serie de agentes sociales, entre ellos las cámaras empresariales y los sindicatos mayoritarios. ¿En qué consiste la novedad de esta política? Más allá del método, más abierto al diálogo con interlocutores sociales, los contenidos básicos no se modifican: permanece sin cambios la ley de extranjería de 2003 y el nuevo reglamento mantiene la "situación nacional de empleo" como criterio básico de admisión de nuevos trabajadores inmigrantes, para los que se diseñan dos grandes líneas de actuación. Por una parte, la gestión de las nuevas entradas sigue encomendada a los contingentes laborales y permisos de temporada, aunque se anuncia la reapertura de la vía del régimen general. Por otra, para los trabajadores en situación irregular que ya se encuentran en España se ofrecen dos procedimientos, uno coyuntural (la "normalización" laboral, realizada entre febrero y mayo de 2005) y otro de carácter permanente (el arraigo laboral4). De esta manera, las autoridades parecen reconocer que no es posible canalizar enteramente los flujos de inmigración laboral a través de mecanismos de entrada regularizados, que continuarán existiendo flujos irregulares y para éstos deben establecerse mecanismos de regularización. Pero todo el edificio se construye a partir de la existencia de puestos de trabajo formales: sin contrato no hay regularización. El problema es que buena parte de los inmigrantes trabajan en empleos sumergidos que, por definición, no permiten acceder a un contrato de trabajo (instrumento imprescindible para la regularización de los ya afincados en España) ni a la formulación de una demanda de trabajo formal (que pudiera ser canalizada a través de los contingentes anuales).

En definitiva, entre 1997 y 2004 la política migratoria impulsada por el gobierno del PP redujo las opciones para contratar legalmente a inmigrantes mientras que en los mercados de empleo ha crecido la demanda, tanto para empleos regulares como para otros en la economía sumergida. La "apertura" anunciada en 2004, por el gobierno PSOE, mantiene importantes restricciones, tomando como punto de partida una concepción utilitarista: la inmigración reducida a su papel de suministrador, más o menos eventual, de mano de obra, en función de las "necesidades del mercado". En estas circunstancias es previsible una reducción importante de los índices de irregularidad (centrada en los empleos que permanecían sumergidos debido a las trabas administrativas existentes) pero no su erradicación (tanto por la subsistencia de zonas de economía irregular, como por las dificultades que encuentran para obtener los papeles los subempleados, los trabajadores por cuenta propia, o los que se encuentran, momentánea o duraderamente, parados o "inactivos").

5. Principales características de las poblaciones inmigradas

Hecha esta primera observación de la dinámica global de las migraciones de sus contextos sociales e institucionales, intentemos aproximarnos a las principales características de este nuevo segmento de población. Para ello describiremos los principales rasgos de la población extranjera residente en España, toda vez que el estudio de los nacidos en otro país (inmigrantes) presenta mayores problemas respecto a las fuentes de datos disponibles. En enero de 2005 había 3.691.547 extranjeros registrados en los padrones municipales. El 20,8% procede de alguno de los restantes 24 miembros actuales de la Unión Europea y alrededor del 2% de otras naciones desarrolladas (América del Norte, Japón). Por tanto, casi el 80% (2,9 millones de personas) son originarios del mundo "menos desarrollado". Estas cifras muestran un vuelco total en la composición de la población extranjera respecto a la existente diez años atrás, cuando casi la mitad eran originarios de la Unión Europea integrada entonces sólo por 12 naciones. El gran crecimiento reciente de la inmigración procede de fuera de la Unión Europea, especialmente de América Latina y de la antigua Europa del Este.

Aún así, entre las quince nacionalidades más numerosas todavía figuran cinco comunitarias: británicos (el 5º grupo), alemanes e italianos5 (7º y 9º), franceses y portugueses (13º y 14º) (ver Tabla 2). Pero los primeros y destacados puestos los ocupan los originarios de Ecuador y Marruecos; cada uno suma casi medio millón de personas, y juntos reúnen al 27% del total de extranjeros. Con más de 300.000 efectivos siguen los procedentes de Rumania y por encima de los 260.000 los de Colombia. Los argentinos superan los 150.000; con algo menos de 100.000 figuran los colectivos bolivianos, búlgaros, chinos y peruanos; con más de 50.000 ucranianos y dominicanos.

En resumen, se configuran tres grandes grupos extra-comunitarios en función de la zona de origen: por un lado los latinoamericanos, por otro los llegados de la Europa del Este y por último los marroquíes; más allá, en solitario la inmigración china. Durante el periodo reciente se produjo un significativo crecimiento de los dos primeros flujos, mucho mayor que el experimentado por el procedente de la orilla sur del Mediterráneo6.

Y esta circunstancia ha marcado un cambio de la configuración de la población inmigrante: hace una década estaba dominada por la presencia de europeos comunitarios y marroquíes, acompañados por algunos latinoamericanos (dominicanos y peruanos). A partir de 1997 las mayores entradas fueron las de ecuatorianos, colombianos, bolivianos, argentinos, rumanos, búlgaros y ucranianos, acompañados por los chinos.

Comparando las cifras de empadronados en enero de 2005 con las de quienes tenían permiso de residencia a finales de 2004, el índice de irregularidad total sería del 46,4% (1.714.000 personas). Pero estas cifras son ampliamente superadas en algunos colectivos nacionales: el 88% de los bolivianos, el 74% de los rumanos, más del 60% de argentinos, búlgaros o brasileños, más del 50% de ecuatorianos y ucranianos y más del 40% de británicos y alemanes. Con toda seguridad, el proceso de "normalización" actualmente en marcha reducirá algunos de estos porcentajes, aunque no los eliminará completamente. Mientras tanto, importantes franjas de los grupos migrantes se encuentran abocados a una situación de máxima precariedad jurídica y, debido a ello, con importantes trabas para acceder a una integración "normalizada" en la sociedad española7.

En cuanto a la composición por sexo existe un relativo equilibrio con un moderado predominio masculino: el 53% de los extranjeros son hombres (1,97 millones y 1,7 millones de mujeres). Sin embargo, tras estos valores medios, referidos al conjunto de los extranjeros, existen situaciones diversas en función de la nacionalidad.

Entre las más numerosas algunas presentan un claro predominio masculino, especialmente los marroquíes, pero también italianos, portugueses, búlgaros, rumanos y chinos. En cambio, la migración es más femenina en el caso de colombianas, bolivianas, peruanas y, especialmente, dominicanas. El resto de los colectivos mencionados en la Tabla 2 muestran un mayor equilibrio entre sexos. Las explicaciones a estas pautas diferenciadas son diversas: tienen que ver con los sistemas de relaciones familiares y las oportunidades económicas en los países de origen, con el tipo de redes migratorias establecidas entre aquéllos y España y con las demandas/oportunidades de inserción en este país. En todo caso, los datos muestran que una parte significativa de la migración femenina no sólo no viaja "detrás" de un hombre sino que son las impulsoras, cuando no las únicas agentes, del proceso migratorio. Por otra parte, junto a la presencia de grupos familiares completos, nos encontramos con importantes segmentos de personas solas (sean solteras o casadas con la pareja en el país de origen). Estas situaciones generan, en un caso, un importante desgaste por las dificultades de reunificar o formar un núcleo familiar en España y, en otros, abren la oportunidad para el establecimiento de vínculos personales con personas de otras nacionalidades, españoles o migrantes de otras procedencias.

Si atendemos a la edad de los extranjeros encontramos también grupos diferenciados. Por una lado, hay 516.500 menores de 15 años, es decir, población en edad escolar que no puede ingresar al mercado de trabajo. Este 14% de los extranjeros es un indicador de la presencia significativa de familias, lo que supone una intención de asentamiento a medio o largo plazo puesto que traen a sus hijos o deciden tenerlos en España. Por otra parte, esta población genera demandas específicas a los sistemas educativo y asistencial del país: se necesitan plazas escolares, cobertura sanitaria, recursos para las familias en situación precaria, etc. Los mayores porcentajes de población infantojuvenil corresponden a los grupos procedentes de Marruecos, Ecuador, China y R. Dominicana. En el otro extremo de la pirámide de edades nos encontramos con 270.000 personas (el 7,3% del total) que tienen 60 o más años, por tanto, se encuentran fuera del mercado laboral o a punto de retirarse y más expuestos a ser demandantes frecuentes de servicios sanitarios. Los colectivos más envejecidos proceden del Reino Unido y Alemania (la mitad de los empadronados supera los 50 años), seguidos a distancia por las otras nacionalidades comunitarias. Más de la mitad de la población extranjera (52%) tiene entre 20 y 39 años, la mayor parte ya ha completado su formación y muchos cuentan con experiencia ocupacional; se trata de una población volcada a la actividad laboral y escasamente demandante de prestaciones sociales (salvo el desempleo, al que de momento no tienen mucho acceso debido al tipo de empleos desempeñados). La mayor concentración de personas en este segmento de edad se registra entre rumanos, bolivianos y brasileños (en torno a dos tercios de cada nacionalidad), seguidos por ecuatorianos, marroquíes, búlgaros, peruanos y colombianos. En resumen, el grueso de la inmigración es en estos momentos joven, más que la población autóctona, aunque en su seno existen situaciones diferenciadas. En algunos casos encontramos una generación de abuelos (aunque sin hijos ni nietos residentes en España), en otros predominan los jóvenes solteros y en un tercer grupo encontramos familias completas en las que conviven dos generaciones, con hijos en edad escolar.

6. Menores, escolarización y natalidad

La recesión demográfica española se constata al observar la evolución descendente de la matrícula de alumnado autóctono en el sistema educativo no universitario. Entre el curso 1991-1992 y el 2003-2004 el número de alumnos se redujo en 1,7 millones. En cambio, las plazas ocupadas por chicos y chicas de origen extranjero se incrementaron en 350.000. Estamos, pues, ante tendencias inversas pero de muy diferente orden de magnitud: la llegada de hijos de inmigrantes está lejos de contrarrestar la caída demográfica del alumnado español. El proceso contiene dos dimensiones significativas: por un lado, hay un incremento constante del porcentaje de alumnado extranjero; por otro, el sistema acoge cada curso un número menor de alumnos. En síntesis, hay mayor diversidad pero menos población con la que trabajar.

Por tanto, recursos ociosos para dedicar a una tarea más compleja.

Hasta 1996-1997 se incorporaban cada año en torno a unos 5.000 alumnos extranjeros al conjunto del sistema. En los dos cursos siguientes fueron algo menos de 10.000, en los dos posteriores más de 20.000 y a partir de 2001-02 se superan los 70.000 en cada año (el mayor incremento se registró en 2003-04 con 95.000 incorporaciones). Por tanto, aunque hay antecedentes desde hace tres lustros, el crecimiento más fuerte se concentra a comienzos del siglo: en 2000-01 el alumnado extranjero representaba el 1,9% del total, mientras que en 2003-04 alcanzaba ya el 5,7%8. Esta última cifra era claramente superada en Madrid y Baleares (10%), La Rioja, Navarra, Murcia, la Comunidad Valenciana y Cataluña (entre 7,5% y 8%). En cambio, en Extremadura y Galicia no se llegaba al 2% de la matrícula total. La mitad de este alumnado (50,5%) es hijo de padres procedentes de países de América Latina (por tanto, de países castellanohablantes), el 25% de alguna nación europea y el 19% de África.

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¿Qué proporción de esta "segunda generación" es migrante (ha nacido en otro país y es trasladado a España por su familia) y cuántos han nacido aquí (por tanto, son hijos de extranjeros pero no migrantes)? No es posible responder con exactitud a la cuestión, aunque sí afirmar que por el momento la mayoría procede de la inmigración.

Durante los seis años comprendidos entre 1998 y 2003 nacieron en España 190.000 niños de madre extranjera. Casi 100.000 lo hicieron en los dos últimos años, por tanto no están aún en edad escolar (a partir de los tres años). No conocemos con precisión el volumen de nacimientos producidos antes de 1998, pero teniendo en cuenta la evolución de las cifras conocidas es seguro que entre 1990 y 1997 el total no superará los 50.000. Por tanto, de los casi 400.000 hijos de extranjeros matriculados en el sistema educativo en 2003-2004 puede que alrededor de la cuarta parte haya nacido en España y el resto proceda de la inmigración. Puesto que estamos ante una estimación de trazos gruesos habrá que considerarla con muchas precauciones, pero al menos nos ofrece una primera aproximación al asunto. El hecho es que tenemos hijos de inmigrantes venidos de fuera y otros nacidos en España. Ambos grupos son un indicador de la voluntad de sus padres por afincarse, al menos a medio plazo, en este país. Más, si cabe, los del segundo caso, puesto que las madres deciden tener descendencia ya instaladas en el contexto de la migración.

Mucho se ha hablado, casi siempre fuera de los medios académicos, del impacto positivo de la inmigración sobre el impulso a los alicaídos índices de natalidad autóctonos. ¿Qué hay de cierto en ello? En primer lugar, la creciente presencia de jóvenes mujeres inmigrantes ha supuesto un incremento del número de nacimientos en el país, de forma que su aportación pasó de ser el 4,2% en 1998 hasta el 12,1% en 2003.

En otros términos: en la actualidad más del 10% de los nacimientos son de madres extranjeras. Pero, en segundo lugar, este continuo incremento no va parejo con el de mujeres migrantes en edad fértil; por el contrario, la proporción nacimientos/mujeres no deja de bajar desde el año 2000. La explicación parece evidente: el gran número de inmigrantes recentísimas contribuye a moderar las tasas de nacimientos, puesto que en la primera etapa sus prioridades se centran en procurar su inserción laboral y social.

Habrá que esperar un tiempo para confirmar si su presencia supone un nuevo impulso a la natalidad, si con la "integración" en la sociedad española se modera su aportación, o si se establecen diferentes combinaciones entre estas posibilidades. Por el momento, está claro que entre las mujeres comprendidas entre los 15 y los 49 años, la tasa de nacimientos de las extranjeras es mayor que la de las españolas, aunque la diferencia ha disminuido de 2,4 veces en 2000 a 1,6 en 2003.

La procedencia nacional de las madres ha cambiado paralelamente a la incorporación de nuevos flujos migratorios. En 1998, las mujeres marroquíes aportaban el 26% de los nacimientos de las extranjeras, seguidas a muy larga distancia por francesas, portuguesas, alemanas, dominicanas y peruanas (entre 3-4% cada grupo). A partir de entonces se reduce la importancia relativa (no la absoluta) de las madres marroquíes que en 2003 siguen siendo mayoritarias pero aportan sólo el 19,7% de los nacimientos. En cambio, las ecuatorianas aparecen en 1999 con el 4,9% y muestran un crecimiento vertiginoso que en cinco años las sitúa casi a la par que las marroquíes (19,5%). Además, en la actualidad destacan también las madres colombianas (9%) y las rumanas (6,6%), seguidas por chinas y argentinas (3%).

En la Tabla 4 se recoge el número total de nacimientos en función de la nacionalidad materna. Podemos constatar que de madres marroquíes y ecuatorianas nacieron algo más de 10.000 niños a lo largo de 2003; casi 5.000 de colombianas, más de 3.000 de rumanas y por encima de 1.000 de argentinas, chinas, británicas, o peruanas. Más allá del volumen total de nacidos, resulta de interés comparar estas cifras con el conjunto de mujeres en edad fértil (entre 15 y 49 años); al hacerlo obtenemos una tasa de fecundidad especial9, que nos indica el porcentaje de nacimientos por cada cien mujeres en edad de procrear. El resultado obtenido se recoge en la última columna de la Tabla 4. Comprobamos que los volúmenes más elevados de fecundidad corresponden a las mujeres marroquíes (que duplican la media de todas las extranjeras) y a las chinas.

Apenas por encima de la media se sitúan las ecuatorianas. En el extremo contrario, las tasas más bajas corresponden a alemanas y búlgaras. Esta es sólo una de las posibles indicaciones que nos muestran como el concepto "extranjeras" incluye una amplia diversidad de comportamientos sociales.

Estas aportaciones de la inmigración al crecimiento vegetativo de la sociedad española tienen incidencia desigual desde el punto de vista espacial. Como veremos a continuación, existe una fuerte pauta de concentración de los migrantes en determinadas zonas de la geografía española. Además, en cada una de ellas difiere la composición por sexo, edades y orígenes nacionales. Por tanto, la incidencia de la natalidad es también diversificada. Desde el punto de vista de la cantidad de alumbramientos destacan las regiones que acogen más número de personas inmigradas: casi la mitad se registra en Madrid y Cataluña (el 23% en cada una), seguidas a gran distancia por la Comunidad Valenciana (12%) y Andalucía (10%). Pero si comparamos el volumen de nacimientos de las inmigrantes con el de las madres españolas obtenemos una visión más clara del aporte demográfico de las primeras en cada región. El impacto más fuerte se registra en Melilla (en 48 de cada 100 alumbramientos la madre era extranjera) y Ceuta (27,5%); a continuación aparecen Baleares, Madrid, Murcia, Cataluña y La Rioja (17 a 20,5%). En Aragón, la Comunidad Valenciana y Navarra se supera por poco la media nacional (12%). En cambio, en Extremadura y Galicia las madres extranjeras aportan menos del 5% de los nacimientos y en Asturias, País Vasco y Cantabria apenas se supera esa cifra.

Conviene, además, tener en cuenta que existe otro aporte a la natalidad que no hemos considerado por falta de mayores datos, pero que es importante consignar.

Tomando como referencia las cifras de 2003 vemos que un 9% de los nacimientos fueron de madre extranjera unida a un padre también extranjero; otro 3% de madre inmigrante con padre español, pero existe un tercer grupo que aporta otro 2% (9.300 nacimientos): son madres españolas unidas a padres extranjeros. Por tanto, los progenitores inmigrantes de ambos sexos aportaron un 14% de los nacimientos: el 9% fueron parejas extranjeras y el 5% parejas mixtas (entre autóctonos y extranjeros de ambos sexos). He aquí otro signo de diversidad social: la procedencia extranjera no implica necesariamente que la convivencia y la reproducción se realice en un medio familiar constituido sólo por inmigrantes.

7. La distribución territorial: concentración territorial y composición diversa

Cuatro de las provincias españolas (Madrid, Barcelona, Alicante y Valencia) acogen al 50% de la población extranjera; en esos mismos territorios reside sólo el 35% de la población total del país. Incluyendo las siguientes siete provincias con mayor volumen de extranjeros (Málaga, Murcia, Baleares, Tenerife, Las Palmas, Girona y Almería) nos encontramos con el 75% de los extranjeros y el 50% de la población total del país. Por tanto, los inmigrantes están especialmente concentrados en algunas zonas, concretamente Madrid, los dos archipiélagos y varias provincias del arco mediterráneo, desde Girona a Málaga. Esta pauta de concentración se ve fomentada por la existencia de tres tipos diferenciados de polos de atracción: las grandes ciudades de servicios (Madrid, Barcelona, Valencia), las comarcas con agricultura intensiva de regadío (Murcia y Almería) y algunas zonas costeras con gran oferta turística y auge de la construcción.

El conjunto de los extranjeros suponía a comienzos de 2005 el 8,4% de la población total. Pero este valor promedio esconde situaciones muy diversas. En un extremo, la mayor proporción de extranjeros se encuentra en Alicante (18,5% de su población), Baleares, Almería y Girona (más del 15%) que doblan ?o casi- la media nacional. Les siguen Madrid, Málaga, Murcia, Castellón, Tarragona y Tenerife y (en torno al 12%). Cabe señalar que estos altos índices de "densidad migratoria" tienen composiciones diferenciadas: por ejemplo, en Alicante, Tenerife y Málaga algo más de la mitad de los extranjeros proceden del Espacio Económico Europeo o de Norteamérica10, en Baleares son el 43% y en Las Palmas más de la tercera parte de los empadronados. En cambio, en Madrid, Murcia o Barcelona la gran mayoría (en torno al 90%) es originaria de países no comunitarios. Por tanto, el primer grupo se caracteriza por una fuerte presencia de "residentes privilegiados" (por su estatuto jurídico, en tanto nacionales comunitarios, como por la posición económica de la mayoría: rentistas, propietarios de negocios o profesionales liberales) y el último por un claro predominio de los "inmigrantes económicos". Queda claro que la inmigración tiene diferente importancia y rostros distintos según la zona del mapa en la que focalicemos nuestra atención.

Si ponemos nuestra atención no en el conjunto de la población extranjera sino en las principales nacionalidades encontramos pautas de asentamiento diversificadas, en función de cuáles son las provincias donde se ubican preferentemente. Las cinco más significativas, que presentan variaciones específicas según el colectivo nacional, son las siguientes: Pauta costera: Reino Unido: Alicante (35%) y Málaga (19%); resto de provincias (46%).

Alemania: Alicante (22%), Baleares (17%) y Tenerife (13%); resto (48%).
Pauta grandes ciudades y costa:
Francia: Barcelona (18%), Madrid (13%), Alicante (10%); resto (59%).
Italia11: Barcelona (22%), Madrid (13%), Tenerife (10%) y Baleares (9%); resto (46%).
Argentina: Barcelona (18%), Madrid (14%), Málaga (10%), Baleares y Alicante (8%); resto (50%).
Grandes ciudades:
China: Barcelona (28%), Madrid (27%); resto (45%).
Grandes ciudades y zonas rurales:
Marruecos: Barcelona (22%), seguida por Madrid (13%), más Murcia (9%), Girona y Almería (6% cada una).
Predominio de Madrid:
Ecuador: 34%, más Barcelona (16%) y Murcia (11%); resto (39%).
R. Dominicana: 41%, más Barcelona (22%); resto (37%) Perú: 46%, más Barcelona (30%); resto (24%).
Colombia: 27%, y Barcelona (11%); resto (62%).
Rumania: 30%, más Castellón (9%) y Valencia (6%); resto (55%).
Bulgaria: 24%, más Valencia (14%) y Alicante (7%); resto (55%).

8. Inserción laboral: ¿nichos o movilidad?

El empleo es uno de los objetivos principales de gran parte de los inmigrantes.

Lamentablemente, hasta la fecha no contamos con instrumentos adecuados para conocer la situación. El habitualmente utilizado para analizar el mercado de trabajo es la Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE, pero en el caso de la población inmigrante su cobertura ha sido hasta la fecha claramente deficitaria. A comienzos de 2005 el INE ha procedido a la revisión de las series trimestrales entre 1996 y 2004, aplicando nuevas cifras de población total, tomando en cuenta la incidencia de los recientes flujos de inmigración. Según esta revisión, a finales de 2004 había, 1.809.000 extranjeros ocupados, 272.000 desempleados y 646.000 inactivos con 16 o más años12.

El afloramiento de casi un millón de ocupados extranjeros (la mitad de los que hasta entonces se contabilizaban) muestra las dificultades que ha tenido hasta la fecha la EPA para cubrir a este segmento de trabajadores y señala la poca utilidad de esta herramienta para analizar lo ocurrido en los últimos años. Al parecer las cosas mejorarán a partir del primer trimestre de 2005.

Utilizando el último dato de esta fuente podemos confirmar que la tasa de actividad de los inmigrantes (76,2%) es considerablemente más alta que la de los españoles (55,2%). Esta circunstancia se explica por la gran concentración de extranjeros en los grupos de edad activa, así como por su proyecto vital centrado en la emigración como medio para mejorar su situación económica. Las tasas de desempleo son también más elevadas, pero en este caso las diferencias son menores (14% y 9,8%, respectivamente). Por tanto, el grueso de los inmigrantes en edad laboral está presente en los mercados de trabajo locales.

Las altas laborales en la Seguridad Social tienen, en principio, mayores limitaciones que la EPA pues sólo incluyen los empleos regularizados. Sin embargo, en la práctica hasta ahora han contabilizado volúmenes similares de empleo de los extranjeros; además los datos disponibles presentan hasta la fecha mayor grado de desagregación en función de la nacionalidad de los trabajadores. No obstante, hay que tener en cuenta que las cifras se refieren a poco más de la mitad de los realmente ocupados: el resto permanece hasta la fecha en las sombras de los empleos sumergidos.

Entre 1999 y 2004, apenas cinco años, el número total de extranjeros con alta laboral en la Seguridad Social pasó de 335.000 a 1.048.000 (ver Tabla 4)13. En 1999 42 de cada cien residentes (los únicos que pueden aspirar a un puesto de trabajo regularizado) estaban dados de alta; en 2004 el porcentaje ascendió al 57%. El carácter "económico" de la inmigración reciente se así hace evidente. En todo este periodo la proporción entre sexos se ha mantenido con escasas variaciones: el 64% son hombres y el 36% mujeres.

El 85% de esta población tiene entre 25 y 54 años de edad (grupo que sólo reúne al 78% de los trabajadores autóctonos), el 11% entre 16 y 24 años, y apenas un 4% supera los 55 años (el 11% de los autóctonos). Por tanto, en conjunto, se trata de una mano de obra más joven, que se concentra especialmente en la franja de edad comprendida entre los 20 y 40 años.

En este período se ha modificado la composición de esta mano de obra en función de su origen. En 1999 el 38% procedía del Espacio Económico Europeo, el 31% de África y el 19% de América Latina. En cambio, en 2004 el principal contingente era el latinoamericano (35%), seguido por europeos occidentales y africanos (23% cada uno). También se incrementó la importancia de los originarios del resto de Europa (de 4,5% a 11%) y disminuyó levemente la de los trabajadores asiáticos (de 9% a 7%). Casi la tercera parte procede de sólo dos países: Marruecos y Ecuador.

Otro 26% es originario de Colombia, Rumania, Reino Unido, Perú e Italia. El 43% restante se distribuye entre una amplia lista de nacionalidades.

La evolución de los trabajadores de alta muestran una progresión constante de los inscritos en el Régimen General (asalariados no agrícolas, excepto servicio doméstico), que ha pasado de incluir el 50% de los trabajadores en 1999 al 71% en 2004. En cambio, han perdido importancia los demás regímenes, principalmente los de trabajadores autónomos (de 18% a 11%) y de empleados de hogar (de 13% a 7%) y en menor medida el de trabajadores agrarios (de 13% a 11%). En otros términos: la incorporación del reciente flujo de trabajadores que ocupan puestos en el marcado de trabajo regular se ha realizado en trabajos asalariados ajenos a la agricultura y el servicio doméstico. ¿En qué ramas de actividad? Básicamente en construcción, hostelería, "otras actividades empresariales" y comercio. Las ramas en las que más ha crecido el empleo son: construcción, transporte, saneamiento público y varias actividades industriales. Estos datos sugieren que en ese mercado formal existe una cierta tendencia a la movilidad laboral de los extranjeros desde ciertos nichos iniciales (jornalero agrícola, empleada doméstica) y un mantenimiento de otros (construcción y hostelería), hacia una mayor variedad de empleos en los servicios y la industria. Esta relativa tendencia a una "normalización" de los ámbitos de empleo tropieza con importantes escollos. Por un lado, sólo nos estamos refiriendo a los empleos menos sumergidos, y es altamente probable que la gran masa de irregulares presente elevados índices de ocupación en la agricultura y el servicio doméstico. Por otro, los nuevos ámbitos de empleo se caracterizan ?por lo general- por condiciones de trabajo precarias y retribuciones bajas.

Dada la recentísima llegada del grueso de la inmigración y la falta de cobertura de las principales fuentes destinadas a medir las tendencias sociolaborales, no estamos en condiciones aún de prever hacia dónde conducen las actuales tendencias. ¿La inserción laboral en empleos "de baja calidad" es propia de una fase inicial del asentamiento migratorio? ¿Existen cauces para una movilidad generalizada o más bien trabas para incluir a la mayoría de los inmigrantes en "nichos" más o menos cerrados? Más aún, ¿estamos ante una dinámica de segmentación(es) étnica(s) de la mano de obra, que reserva los mejores puestos a la población autóctona ?y a los europeos comunitarios- y los peores a una gradación jerarquizada de inmigrantes de diversas procedencias? ¿O más bien las actuales condiciones de trabajo de la mayor parte de los inmigrantes son un preanuncio de las tendencias que acabarán afectando al conjunto de la mano de obra, inmigrada o autóctona? A falta de respuestas definitivas, cabe señalar que en las últimas décadas el importante crecimiento económico español ha estado acompañado por ciertas características del mercado de trabajo que no apuntan a superar desigualdades y mecanismos de precarización y exclusión. Baste citar aquí las elevadas tasas de empleo temporal (más del 30% de los asalariados), de empleo sumergido (que algunos han estimado en torno al 30% de los ocupados), las importantes cifras de desempleo estructural (20% en épocas de crisis, 11% en momentos de bonanza) o la significativa polarización de los salarios14.

9. ¿Qué balance?: extranjeros, trabajadores, cotizantes, consumidores? ¿ciudadanos?

Esta apretada síntesis no puede dar cuenta de todos los "impactos" de estos fenómenos migratorios sobre su entorno social inmediato (en España) ni, mucho menos, en el más alejado (los países de origen), pero podemos abordar algunas de las cuestiones que más se suscitan en las opiniones públicas.

¿Los trabajadores migrantes "quitan empleos" a los autóctonos? ¿o realizan los que estos ya no quieren ocupar?. Si atendemos a los datos recientemente actualizados de la EPA comprobamos que desde comienzos de 1997 hasta finales de 2004 las personas ocupadas aumentaron en 4,6 millones. Suponiendo generosamente que en ese período se hayan incorporado 1,5 millones de inmigrantes restan más de 3 millones de empleos a ser cubiertos por la mano de obra autóctona. En el mismo periodo el conjunto de la población en edad de trabajar (la demanda potencial) aumentó en 3,2 millones; si de esta cifra descontamos a los y a los españoles que no ingresan al mercado de trabajo (estudiantes, incapacitados, etc.) los demandantes autóctonos fueron bastante menos de 2 millones. Por tanto, parece claro que ?al menos durante el último ciclo expansivo- la inmigración no "quita" empleos en el conjunto de la sociedad, puesto que los españoles que entraron al mercado laboral son menos que el número de empleos creados y no ocupados por extranjeros15. Otra cosa es lo que pueda ocurrir en ciertas ramas de actividad y en algunos mercados de trabajo locales. En todo caso, lo que interesa es mostrar que los trabajadores extranjeros se incorporan a una sociedad en movimiento, no a un stock fijo de empleos en el que la ocupación de unos significa necesariamente el desplazamiento de otros. La pregunta inicial, por tanto, debería reconducirse hacia otra de este tenor: ¿qué tipos de empleo son los que se están generando en este período de crecimiento, aprovechando la llegada de una nueva oferta de mano de obra?.

Por otro lado, ¿qué "aportan" y qué "quitan" los inmigrantes a la sociedad de destino? La cuestión no tiene respuestas unívocas y depende de los aspectos (económicos, demográficos, de convivencialidad, etc.) y de las dimensiones (macro o micro sociales) analizadas. Pero algunas pistas tenemos para orientarnos al respecto. Por una parte, España (y toda sociedad que recibe inmigrantes) "gana" cuando llegan personas ya socializadas (escolarizadas y/o con experiencia laboral) para incorporarse directamente a los mercados de empleo. También cuando se trata de población en su mayor parte joven y sana, que aporta ?vía cotizaciones sociales y consumo– más de lo que consume ?vía prestaciones sociales o sanitarias-16. Esto en cuanto a los flujos entre las administraciones y los nuevos residentes. Respecto a los intercambios privados es evidente que los inmigrantes consumen en distintos rubros (vivienda, alimentación, transporte, vestido, etc., pero también abren cuentas bancarias, compran vehículos, material escolar, etc.); por tanto, revierten en su ámbito próximo una parte importante de sus ingresos y, no pocas veces, contribuyen a relanzar las expectativas de sectores alicaídos de la oferta.

No obstante, suele argumentarse que no consumen todo lo que pudieran puesto que "detraen" una parte de sus ingresos enviándolos al exterior, a sus familiares en los países de origen. Topamos aquí con el importante asunto de las remesas. Estas han experimentado, junto con el volumen de inmigrantes, un incremento espectacular: en 1993 fueron 253 millones de euros, en 1997 llegaron a 520 millones, en 2003 a 2.895 millones y en 2004 3.436 millones (sólo entre 1997 y 2004 el crecimiento fue del 560% y el número agencias especializadas en el envío de remesas se quintuplicó entre 1999 y 200317). El Banco de España, el ente que elabora estas estadísticas, estima que las remesas "potenciales" ?las que efectivamente se envían- pueden doblar la magnitud de las controladas por los circuitos financieros, debido a los mecanismos informales y no declarados. El volumen real podría haber alcanzado los 6.500 millones de euros en 2003, aunque que entre el 10% y el 15% de esta suma queda en manos de las entidades intermediadoras. Esta cifra supera con holgura el total de fondos destinados por el estado español a la llamada "ayuda al desarrollo", lo que da una idea de su magnitud así como del impacto positivo que pueden tener para las economías de los países de origen.

Si estuvieran canalizadas hacia inversiones productivas en beneficio de los sectores sociales de los que proceden los emigrantes, podrían convertirse en "palanca de desarrollo" e, indirectamente, en un mecanismo que debilite las urgencias migratorias de una parte de la población. Esta posibilidad nos permite visualizar las remesas como un instrumento que pudiera beneficiar a ambas sociedades (la de origen y la de destino) en lugar de ser percibida sólo como un déficit para la de destino. Conviene también tener en cuenta que la casi olvidada emigración española en el extranjero actualmente sigue aportando más a la economía nacional que lo que sale por remesas de los extranjeros aquí radicados (4.171 millones frente a 2.895 millones, MORÉ, op. cit.), al menos según las estadísticas oficiales.

En definitiva, la inmigración de origen extranjero está aportando diversas novedades a la estructura social española. Puesto que se trata de un proceso en marcha, y de carácter reciente, no siempre es posible hacer balances precisos acerca de su significación. Lo que sí resulta claro es que buena parte de estos nuevos vecinos han llegado para quedarse, incluso aquellos que vienen con un proyecto de corto plazo van encontrando alicientes para permanecer y/o dificultades para regresar; en todo caso hay que contar con ellos como una parte integrante de la sociedad española. De hecho lo son en diversos ámbitos: trabajan, aunque no siempre cómo y dónde quisieran, consumen, pagan impuestos, dinamizan barrios y sectores productivos, algunos se casan con personas autóctonas? Son, en definitiva, vecinos y conciudadanos. Aunque no del todo: por un lado, una franja importante queda condenada ?aunque "sólo" sea por unos años- a la irregularidad; por otro, los que tienen papeles quedan al margen -salvo los que optan por la nacionalidad española- de uno de los derechos constitutivos de la ciudadanía moderna: no pueden votar ni, menos aún, ser elegidos. Incluso si cuentan con un permiso de residencia permanente. Pueden quedarse aquí toda su vida, tener descendencia, trabajar, percibir prestaciones sociales, jubilarse? pero no ser parte activa de la comunidad que puede decidir hacia dónde deben orientarse las prioridades de esta sociedad. Así, casi el 10% de la población del país está privada de los derechos plenos de ciudadanía; a pesar de ello, esta sociedad no parece albergar dudas acerca de su carácter plenamente democrático. Quizás, a través de la pregunta por la inmigración, deberíamos acabar interrogándonos por el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Notas

*Publicado en Panorama Social, Nº 1, junio 2005, págs. 32-47.

1. Correo electrónico: ioe[arroba]colectivoioe.org Sitio en Internet: www.colectivoioe.org

2. Existe cierta imprecisión en los datos disponibles: a finales de 1992 el gobierno contabilizaba algo más de 1,6 millones de españoles en el exterior mientras que en 1997 y 1998 los situaba en torno a los 2 millones. Este incremento no se debe a un nuevo impulso emigratorio sino a cambios en las modalidades de registro, reemplazando los censos de los países de destinos por los registros consulares españoles (ver los distintos Anuarios de Migraciones editados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales).

3. Los españoles nacidos en otro país (inmigrantes nacionalizados y descendientes de españoles) se multiplicaron apenas un 22%. No es fácil discernir en este grupo entre quienes llegaron ya con pasaporte español y quienes se nacionalizaron después de ser residentes. Sabemos que de los 660.000 españoles nacidos en el extranjero al menos 360.000 pertenecen al segundo grupo.

4. Esta figura permitirá regularizar a los trabajadores que acrediten al menos dos años de estancia continuada en el país y un año de relación laboral demostrable. Es decir, los inmigrantes deberán denunciar a sus empleadores para poder justificar la existencia del vínculo laboral? poniéndolo en riesgo a través de un enfrentamiento con los patronos. Aquí, como en el caso de la "normalización" se parte del supuesto de que el empleo irregular ?una vez puestas en marcha estas medidas- se explica sólo por la "mala voluntad" de la parte contratante (nunca por causas estructurales que hacen poco viables cierta clase de empleos y empresas regularizados). Una vez detectados, y sancionados, estos "fallos", se supone que los empleos serán regularizados automáticamente. Como si no existiese el riesgo, más que cierto, del despido, la desaparición y transformación de la empresa, o la amortización del puesto de trabajo.

5. Con seguridad los "verdaderos" italianos son bastantes menos, ya que sólo el 47% nació en Italia. El resto son descendientes de emigrantes italianos procedentes casi siempre de América Latina (en esta situación destacan algo más de 31.000 nacidos en Argentina).

6. Por nacionalidades, entre enero de 2001 y 2005 los incrementos mayores correspondieron a los inmigrantes de Bolivia (1.363%), Rumania (894%), Bulgaria (659%), Ucrania (531%) y Uruguay (516%). El incremento medio del conjunto de extranjeros fue, en el mismo periodo, de 169%.

7. Conviene matizar que casi 300.000 de estos "sin papeles" son ciudadanos de alguno de los 24 miembros actuales de la Unión Europea. Estos no necesitan un permiso de trabajo para emplearse en España y el trámite de residencia no ofrece mayores dificultades. Por tanto, su situación obedece, para la mayoría, a un desinterés por la obtención de un permiso de residencia y, para la minoría, a la situación de los comunitarios "sobrevenidos": inmigrantes de los estados que acaban de ingresar a la U.E. y aún no han tenido tiempo de actualizar su situación administrativa.

8. Aunque no existen cifras para el curso 2004-05 el ministerio de Educación estima que "el alumnado extranjero se aproximará al medio millón en los niveles no universitarios" (MEC, Datos y cifras. Curso escolar 2004/2005, pág. 14). Esta cifra supondría un incremento de unos 150.000 nuevos alumnos, y la elevación del porcentaje de extranjeros hasta el 7,2% de la matrícula total.

9. "Especial" porque la tasa de fecundidad se obtiene habitualmente relacionando el número de niños menores de 15 años con el total de mujeres en edad fértil.

10 Los datos de avance del padrón Municipal de 2005 no distinguen todas las nacionalidades de los extranjeros, y agrupa entre el "resto de europeos" a originarios de países occidentales y prósperos con algunos de la Europa oriental. Por ello, en nuestro mapa las magnitudes designadas como "primer mundo" incluyen sólo a los nacionales de países de la U.E. más Noruega, Estados Unidos y Canadá. El resto ha sido catalogado como extranjeros del "tercer mundo".

11. Conviene recordar que un tercio de los extranjeros con nacionalidad italiana ha nacido en Argentina.

12. En definitiva, la EPA detecta 2,7 millones de extranjeros mayores de 15 años a finales de 2004, cifra que se aproxima a los 3,1 millones mayores de 15 años empadronados en enero de 2005.

13. En el primer trimestre de 2005 sumaban 1.124.000. Mientras tanto, la EPA contabilizaba casi 1,9 millones de extranjeros ocupados; la diferencia indicaría la existencia de al menos 700.000 empleos sumergidos (no dados de alta ante la Seguridad Social).

14. Según la última estadística de salarios del Instituto de Estudios Fiscales ?que sólo incluye los salarios declarados-, correspondiente al año 2003, el 27,9% de los asalariados cobró menos que el salario mínimo (el SMI) percibiendo unos ingresos medios mensuales de 220 euros por persona; en tanto que el 3% con salarios más elevados ganó una media mensual de 6.100 euros. La masa salarial de este último grupo (medio millón de personas) fue tres veces mayor que la del primer grupo (de casi cinco millones de trabajadores). La diferencia de salario medio entre ambos extremos fue de 1 a 28. Ver INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (2005).

15. Esta circunstancia se refuerza al comprobar que durante el periodo el número total de desempleados disminuyó en 1,25 millones de personas.

16. Contamos en nuestro país ya con algún estudio que lo demuestra, aunque sus cifras hayan quedado algo desactualizadas por la magnitud de las llegadas más recientes Ver Aparicio y Tornos, 2001.

17. Pasaron de 10 a 55, y cuentan con 6.700 locales en todo el país (MORÉ, 2005). Por tanto, también generan cierto número de empleos y de consumo (alquiler de locales, de líneas telefónicas, etc.).

Bibliografía citada

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COLECTIVO IOÉ (2002): Inmigración, escuela y mercado de trabajo. Una radiografía actualizada, Fundació "La Caixa", Col. Estudios Sociales, Nº 11, Barcelona (texto completo en http://www.colectivoioe.org).

COLECTIVO IOÉ (1999): Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos. Patronato Sud/Nord, Universidad de Valencia (texto completo en http://www.colectivoioe.org) IZQUIERDO, A. y LÓPEZ DE LERA, D. (2003): "El rastro demográfico de la inmigración en España: 1996-2002", en Papeles de Economía Española, Nº 98, págs. 68-93.

MORÉ, I. (2005): Las remesas de los emigrantes en España: una oportunidad para la acción exterior, Documento de Trabajo 3/2005, Real Instituto Elcano, Madrid.http://www.realinstitutoelcano.com/documentos/167/Mor%E9%20pdf.pdf

Fuentes estadísticas

INSTITUTO DE ESTUDIOS FISCALES (2005): Mercado de trabajo y pensiones en las fuentes tributarias: 2003, en http://www.aeat.es.

DIRECCIÓN GENERAL DE LAS MIGRACIONES, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (http://www.mtas.es/migraciones/anumigra/default.htm) Anuario de migraciones.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (http://www.ine.es/inebase) Censo de Población y Viviendas (1971, 1981, 1991) Padrón Municipal de Habitantes Encuesta de Población Activa

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA (http://wwwn.mec.es/mecd/jsp/plantilla.jsp?id=35&area=estadisticas).

Estadísticas de la educación en España. Datos y cifras. Curso escolar 2004-2005.

OBSERVATORIO PERMANENTE DE LA INMIGRACIÓN, Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (http://extranjeros.mtas.es/es/general/DatosEstadisticos_index.html).

Anuario Estadístico de Extranjería. Extranjeros con autorización permiso de residencia en vigor. Boletín Estadístico de Extranjería e Inmigración.

Colectivo Ioé(Miguel Ángel de Prada, Walter Actis y Carlos Pereda) URL: http://www.nodo50.org/ioe/

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