Afectación humanitaria, proceso de desterritorialización en el departamento de Nariño

Las comunidades y sus formas de desplazamiento forzado están mediadas principalmente por actores gubernamentales y las diferentes instituciones estatales que han actuado históricamente en función de una producción capitalista elitista y no social. Estas elites lograron consolidar procesos productivos permitiéndoles ganar su respectivo sitio en la historia del país, para así recibir un reconocimiento especial a través del ejercicio de la dimensión política a nivel nacional hasta la actualidad.

privilegios que se ponen en marcha a través del gobierno con proyectos legislativos[1]para favorecer intereses políticos y económicos elitistas en cada región, si bien los discursos que hablan sobre las diferentes transformaciones del Estado y de sus instituciones burocráticas en los diferentes periodos gubernamentales con el propósito de hacer posible un proyecto de construcción de nación incluyente; en la realidad solamente han significado la diversidad con exclusión, acentuando la discriminación regional (centro-periferia), de clase y étnica, principalmente en la consolidación de un Estado jurídico-político centralista y homogenizante, y con ello la emergencia de múltiples conflictos, como en la concentración de tierra en pocas manos, los monocultivos, cultivos ilícitos, el monopolio comercial y productivo, etc.

En Colombia este proceso político que históricamente se ha manifestado principalmente por las vías del conflicto, puede concebirse según Foucault como el enfrentamiento de fuerzas entre fuertes y débiles, o mejor aún, como "biopolítica", la forma política que determina la vida de los individuos, bajo el control disciplinar y jurídico mediante relaciones poder-saber (Foucault 2010). Cuyo objetivo material ha sido la disputa por la apropiación de los recursos territoriales en las diferentes regiones del país (geopolítica); en cuya gobernabilidad centralista para el caso nariñense, fue y es excluyente invisibilizando el conflicto armado que data desde 1960, desconociendo la realidad diversa de las poblaciones que la habitan.

Sobre esta reflexión se presenta una perspectiva introductoria que "justifica" el problema de la afectación humanitaria con la desterritorialización de la población civil en el departamento de Nariño, consecuencia última de la presencia de cultivos ilícitos en la región y su disputa por el poder "por ausencia del Estado".

Debido a que para Nariño y Colombia en general su desarrollo histórico tuvo muchos acontecimientos políticos y militares que fluctuaron sobre el conflicto en varios periodos entre elites sociales influenciando construcciones e instauraciones de gobiernos hegemónicos legitimados, como el frente nacional, mediados a través de un "modelo jurídico de poder" (William González 2011), formando la racionalidad política del Estado colombiano; configuración que surgió a partir de 1840 en adelante, donde las alternaciones del cargo presidencial se dieron mediante golpes militares como el del militar José M Melo en 1853 y a éste por militares y partículas de partidos políticos tras una guerra civil, que permite la reforma Liberal de 1857 dividiendo el país en Estados con autonomía legislativa, permitiendo el empoderamiento regional de las elites como la del Cauca con el general Cipriano de Mosquera, que da origen a la guerra de 1858 para que en 1863 con la Constituyente de Rio Negro Antioquia se configuren los Estados Unidos de Colombia.

En esta época se negó con violencia todo derecho "democrático", consagrados en la constitución a través del ejercicio político de los liberales a los individuos de otros grupos; esto explica según Gonzales la sustentación de la política a través de la guerra, en donde el régimen liberal surgido de la guerra civil de 1861 logra mantener el control suficiente sobre los conservadores y la iglesia en donde el poder político "es el resultado de la guerra sangrienta y no el producto del acuerdo entre gobernados y gobernantes". (William C González 2010).

Así vemos como se fundamentan los derechos con orientación y fines económicos haciendo que las elites regionales se consoliden, según (Jorge Melo 1995) el país se hizo de una constitución política federalista y ultra liberal. "el sistema mismo del derecho es una manera de ejercer la violencia, de anexarlo en provecho de algunos, y de hacer funcionar bajo la apariencia de la ley general, las asimetrías e injusticias de una dominación." (Foucault. 2000).

Fueron décadas de inseguridad política en las cuales hubo dos guerras civiles más en 1876 y 1885 y numerosos levantamientos armados; después Rafael Núñez desconoce la reforma de 1863, y emite reformas como la centralización del poder ejecutivo, creación de un banco nacional, e industrias, políticas de orden económico que solo vinculaban intereses de clase, comerciantes, terratenientes, financieros primando derechos sectarios, de comercio, de propiedad y contractuales sin límites.

Constitución centralista de 1886 que se redacto como pacto nuevo "Rousseau", de esta forma el ejecutivo se revistió de una autoridad administrativa totalitaria con el poder de expedir decretos legislativos facultados de control social, según lo anterior (Foucault 2010) analiza: la dominación política "no empieza cuando termina la guerra, por el contrario las estructuras jurídicas de la organización del poder y de las leyes son formas de continuación de la guerra, permanente y perpetua en la cual se fundamenta el mando y la obediencia", del subalterno.

Esto evidencia en el Estado la relación entre el concepto del derecho y el concepto de lo político mediados a través de normas y leyes que ordenan y contralan la población; disciplinan y someten; y que además legitiman la violencia en Colombia[2]

Con esto vemos que la Constitución, y con ella, decretos y leyes no se construye a partir de la "Democracia racional", sino que proviene de quienes detentan el poder mediado por la acción conflictiva; de tal forma el poder es el que se caracteriza como un tipo de relación social constituido por una dominación Jurídico-político, que permite la explotación capitalista con el trabajo asalariado, el monopolio comercial, productivo, disputas territoriales, violencia, y desplazamiento. Como lo sucedido en Nariño, con una de las familias más prominentes del entonces, los Escruceria con influencia en la costa pacífica desde mediados de 1900 (Ricardo Oviedo 2009).

Familia tradicional que manejaba gran parte del monopolio comercial de combustibles, alimentos, y de textiles principalmente entre Cali. Pasto, Popayán y Tumaco, fueron representantes de compañías extranjeras como los Dodge Brothers, Navíos Green Line, con otras familias que conformaban estos grupos incluyentes como Luis Avelino Pérez, padre de Luis Eladio Pérez exsenador, la familia Rosero, familiares del ex gobernador de Nariño Jesús Rosero Ruano. (Ricardo Oviedo 2009).

Estas familias estructuran una organización económica y política del poder en la región, lo cual implico el empoderamiento de cargos públicos y políticos como diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, y senadores. Logrado según Bourdieu, por la acumulación de un capital cultural, (de distinción, prestigio, tierras, educación, titulaciones), fijando su feudo regional en Nariño. (Ricardo Oviedo 2009).

Son elites que dominan la política regional, nacional y la participación comunitaria sometida a ser víctimas del reclutamiento forzado por el bipartidismo en las guerras civiles (Melo, 1995) y hoy por grupos armados legales e ilegales. Y con la constitución de 1991 como masa electoral.

El desplazamiento rural en Nariño deja en su mayor parte la existencia de un reducido número de grandes terratenientes como Eduardo Benavides en el municipio de Tuquerres; que explotan sus extensas propiedades con la utilización de trabajadores en calidad de jornaleros; y con la existencia de una reducida población de pequeños propietarios campesinos, que se dedican a una agricultura "de colcha de retazos" destinada al auto consumo y mercado local.

Como bien lo afirma (Melo 1995) la liberalidad política de tierras baldías, y la comercialización de tierras indígenas, permite el fortalecimiento del latifundio; en manos de comerciantes, capitalistas y grupos ilegales, que invierten en el campo.

El gobierno en la colonia recompensó con oro a los conquistadores por colonizar territorios y reducir la población indígena de la Costa Pacífica, luego a oficiales del ejército como el coronel Roberto Payan y el General De Cross con la isla de Gorgona y el municipio de El Charco por sus servicios en las guerras civiles del siglo XIX, territorios colectivos que habitaban comunidades étnicas sin título de propiedad, estimadas por el Estado como terrenos baldíos. Luego con concesiones el bosque del Pacifico a las 35 madereras como Chapas de Nariño. (Ricardo O Arévalo 2009).

Hasta hoy el gobierno reconoce derechos de elites y no grupos de base; Como lo expone (Melo, 1995) "la constitución, el gobierno, el derecho y el sistema electoral, se limitan y controlan para conservar el poder en una restringida clase dirigente"

Desde el periodo de 1914 hasta hoy, es la expansión de la frontera agrícola principalmente con la ganadería, la palma de aceite, cultivos ilícitos, que amenazan la estabilidad agraria étnica y del campesino, la significación de su identidad, su folclor, e imaginarios como en la Ex Provincia de Obando, la Costa Pacífica; en resguardos como Cumbal, Males, Malllama, Mayasquer, en Samaniego y Barbacoas por recursos energéticos como azufre, oro, madera, etc.

En Tumaco la palma africana se perfila como monocultivo a comienzos de1960, este tipo de producción agraria junto con la silvicultura en Bocas de Satinga; y la "droga" en 1980[3]ocuparon territorios étnicos y sus principales vías fluviales, los ríos Satinga y San Quianga, no solo afectando el medio ambiente, sino que también a la población que la habita, cambia su paisaje, en este sentido estos cultivos absorben su mano de obra y sustituyen los cultivos de cacao, arroz, cambiando el consumo alimentario de la población, sus costumbres e imaginarios, en general sus "formas culturales especificas" (Fals Borda, 1979); monopolizando la tenencia de tierra.

En Tumaco, por ser la mayoría tierras de propiedad colectiva sin titulación unas se compraron y otras se expropiaron, esto creó flujos de personas sin tierra a los cascos urbanos y hacia las mismas plantaciones en calidad de jornaleros para el corte de palma y madera; en 1980 empresarios y terratenientes del Valle, Bogotá y Antioquia, arribaron a las costas expropiando tierras en complicidad con el alcalde de entonces Gerardo Gonzales Pelarza quien vendió 2114 hectáreas de manglar a un cartel de la droga Eduardo Rocha Calderón. (Ricardo Oviedo 2009.)

En su análisis Álvaro Mejía expone "(…) las reformas propuestas por los liberales… respondían a intereses económicos específicos así: la abolición de los resguardos estaba dentro del interés de los comerciantes en la medida en que agrandaba el mercado de la fuerza de trabajo y el de la tierra (….)".

Con la constitución del 91 según Espinoza, las redefiniciones referentes a los nuevos límites territoriales entre afrocolombianos e indígenas con los artículos (at55) y la reglamentación de la ley 70 de 1993 referido a negritudes, el INCORA causó violentos enfrentamientos territoriales entre etnias del municipio de Olaya Herrera en Bocas de Satinga perjudicando sus relaciones comerciales y de compadrazgo creando una problemática social (Espinoza, 2011).

Las reformas constitucionales sirven para el reacomodamiento entre fuerzas hegemónicas a través del Estado debido a que éste, primer sujeto de derecho internacional, puede regular, controlar por medio de leyes a las comunidades y personas particularmente bajo la premisa de la protección del derecho y del derecho internacional enmarcado en el ejercicio del ser ciudadano dentro de un territorio.

Protección orientada principalmente hacia la propiedad privada como la ley 5 de 1905 en donde el ocupante de una tierra debía sustentar su derecho de propiedad con un titulo o contrato escrito; del cual carecían la mayoría de las comunidades étnicas por ser propiedades colectivas, o contratos hechos de forma verbal para los campesinos. De ésta forma las autoridades tenían el derecho de desalojarlos.

Como lo expone Mario Arrubla, "se funda una jerarquía económica con el control jurídico-político de la tierra (propiedad privada), bajo relaciones de terraje, arrendatario y expansión continua de la frontera agrícola, dado que la institución estatal funciona como una herramienta fundamental de los terratenientes para percibir rentas y controlar las palancas del Estado del que dependen la legalidad de sus títulos y la fuerza para imponer su respeto sobre los campesinos".

Así, la modernidad en Colombia permite a los grupos hegemónicos encontrar en la teoría política de Hobbes, Rousseau, Locke, las bases políticas sobre las que se apoyan para construir una sociedad a su conveniencia; exigiendo al Estado, seguridad, protección de su propiedad y el libre desarrollo económico (Hannah Arendt), así el Estado incorporó progresivamente a través de un proceso histórico una serie de derechos como parte del conjunto jurídico y constitucional del país; por lo tanto el poder es el que se caracteriza como un tipo de relación social constituido por la relación de dominación Jurídico-político y violenta.

Esto "justifica" que las elites en Colombia y Nariño puedan hasta hoy vulnerar la ley, producir violencia y ejercer a conveniencia los derechos constitucionales, porque son "dueños" de regiones, y gobernantes con todas sus implicaciones institucionales.[4]

Hechos significativos de desplazamiento que fueron mediados por el conflicto y la violencia en Nariño, son los acontecimientos de resistencias civiles en la costa Pacífica con las revueltas de 1988 "el Tumacazo"; en las cuales según relatos de sus actores contados en el libro "Relatos, Revueltas y Desventuras de la Gente Entintada del Pacifico Sur", se evidencia el desplazamiento forzado del líder cívico del entonces Lico Biojó, por amenazas de agentes estatales, o como Miguel Orozco en 2007[5]Con el propósito de infundir terror para desarticular la acción sociopolítica de base, de las redes comunitarias y vecinales.

De esta forma tanto el Estado, grupos ilegales, para mantener control territorial y dominio poblacional a través de la guerra lo hacen con hechos de violencia como amenazas, extorciones, asesinatos selectivos, falsos positivos y enfrentamientos militares entre guerrilla y ejército, que se incrementan para Nariño en el año 2000 producto de las políticas militares del plan de gobierno "Seguridad Democrática", sin importar la presencia de población dentro del territorio en conflicto. [6]

Por otro lado las condiciones de retorno a la tierra que el gobierno da a las victimas desplazadas por violencia se hacen en medio de la misma, revictimizándolas, fenómeno que complejiza su situación y la estructura jurídica en cuanto a la tenencia de tierra, por un lado las victimas que desean regresar a sus propiedades no las pueden reclamar legalmente por carecer de escrituras, debido a que grupos ilegales los persuaden con cuantiosas sumas de dinero por sus tierras, les dan un anticipo para el traspaso de escrituras y una vez adquiridas legalmente son asesinados y otros desplazados; y por otro lado las victimas que ingresan a los programas de gobierno como Agro Ingreso Seguro, ley de Reparación de Victimas, Restitución de Tierras, acceden a estas en mínimas cantidades lo cual como punto central del problema es la atomización de la tierra que comprende tan solo un lugar de habitación y un espacio mínimo de cultivos "pan coger".

Como conclusión, la afectación humanitaria por desplazamiento forzado y de desterritorialización en Nariño de comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinos pobres ubicadas en zonas de difícil acceso y alejadas de los cascos urbanos, es una constante independientemente de cualquier gobierno y periodo histórico en Colombia, son periodos de cruentas guerras para esta población envueltas en luchas de poder ligados al dominio directo o indirectos de la tierra, que se sostienen con reclutamientos forzados, expropiaciones de bienes, tierras, y numerosas víctimas de violencia; teniendo en Nariño como consecuencias:

La pérdida del valor de la vida, de territorios, cultura e identidad, ruptura del tejido comunitario, aumento del desempleo, alto índice de pobreza urbana y sobrepoblación, aumento de población no capacitada para ingresar al mercado laboral urbano, incremento en índices de mendicidad, descomposición familiar, aumento de mujeres madres cabeza de hogar por muertes del compañero, baja producción agrícola, incremento en índices de desnutrición infantil, escaza participación comunitaria, incremento en la informalidad laboral, proliferación de barrios de invasión, alto índice de menores de edad trabajando en zonas urbanas.

La realidad concreta del Estado colombiano a diferencia del planteamiento teórico de la racionalidad formal de un estado manejado bajo una organización jurídico-administrativa y burocrática, a cargo de funcionarios especializados, planteada por Weber, ésta, está contenida por factores como la conformación del sistema político y jurídico que tienen como base un carácter tradicional, patrimonial, carismático, y sostenido bajo una administración formada por individuos ligados a quienes ostentan el poder (familias, políticos, empresarios, etc.) por relaciones personales de clientelismo, soborno, amistad, de parentesco, entre otras, mas no por relaciones profesionales y especializadas como las mencionadas por la división social del trabajo; careciendo del ordenamiento objetivo de lo administrativo y lo jurídico.

Por lo tanto el Estado nación formado en Colombia se dio y se mantiene en medio de múltiples conflictos violentos en donde los derechos constitucionales, leyes y normas se instauran a través de la fuerza y unilateralmente; para Colombia la guerra no es la extensión de la política por otros medios, por el contrario la guerra en cualquiera de sus matices, partidista, de grupos armados, etc. Es el elemento material para ejercer como Rousseau afirma "pactos sociales", pero de control y de sumisión a la población, en donde derechos y leyes no se distinguen de las normas (pautas culturales) ni mucho menos el sistema jurídico puede distar entre lo legal y lo ilegal. Con lo cual la población civil se ve obligada a actuar entre los bordes de la legalidad y de la ilegalidad, con una moralidad laxa, amorfa y con miedo.

Bibliografía

• Cerón, González. William. La Filosofía Política De Michel Foucault. Una Obra Para Repensar La Política. Medellín Ediciones, Unaula, 2010.

• Espinoza, Pérez. Milton, Jairo. Relaciones Interetnicas Entre Afrodecendientes e Indígenas Eperara Siapaadara. En La Costa Pacífica Nariñense. Memorias Preliminares Decimo Congreso Nacional De Sociología U. Del Valle, U ICESI, U Del Pacifico 2011.

• Fals, Borda. Orlando. Mompox y Loba, Historia Doble de la Costa – 1 Carlos Valencia Editores. Bogotá, 1979.

• Foucault. Michel. Historia De La Sexualidad. 1ª La Voluntad Del Saber Siglo XXI Editores, SA. 2000.

• Garzón, Almeida. Oscar, Fernando. Migración Forzada en la Zona Sur-Occidente: El Caso Del Pueblo Indígena De "Los Pastos" Memorias Preliminares Decimo Congreso Nacional de Sociología U. Del Valle, U ICESI, U Del Pacifico 2011.

• Melo. Orlando, Jorge. Colombia Hoy – Perspectivas Hacia El Siglo XXI TM Editores. 1995.

• Oviedo, Arévalo. Ricardo. Relatos, Revueltas y Desventuras De La Gente Entintada Del Pacifico Sur. Ed. Graficolor Pasto Nariño 2009.

• Oficina De Las Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito. Monitoreo De Cultivos Ilícitos 2009. Bogotá, pp. 13-14.

• Revista Historia y Sociedad No 5. Los Procesos de Formación Del Estado y De Construcción De Nación.

• www.cholonautas.edu.pe/. Biblioteca Virtual de Ciencias Sociales. Citado 10 de noviembre 2011.

• www.dane.gov.co. citado 10 de noviembre 2011.

• www.codhes.org. citado 10 de noviembre 2011.

Autor:

Johnny A. Figueroa

[1] Entre tanto la canasta familiar se graba con el IVA en su totalidad, la reforma tributaria de 2002, LEY 788/2002 – art 31: excluyo del IVA al alcohol carburante, monopolio del grupo ingenio del cauca S:A. Y el artículo 88: lo exoneró del impuesto global y de la sobretasa.

[2] www.codhes.Org. “por causa del conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social, en 2010 hubo alrededor de280.041 desplazados, y 56.000 hogares; en donde paradójicamente, el 32.7% se da en zonas en donde se desarrolla el (plan nacional de consolidación territorial) programa del gobierno desde 2007 eje de la política de (seguridad democrática de A Uribe) ”

[3] Según datos de la oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito en su informe hasta el 2009, Nariño se presenta como el primer productor y exportador de drogas alucinógenas con un 24 % de este cultivo a nivel de país.

[4] En sus 20 años, la Constitución “democrática” de 1991. se ha reformado 35 veces. Como la reelección presidencial.

[5] www.codhes.Org. Boletín Informativo de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento No 77, Bogotá 15.02.2011.

[6] Según el observatorio para la paz, en 2005 Nariño registró, 9000 desplazados con incremento en 2007 de 24.695 casos