Venezuela: Gasto público y finanzas

Gasto público

En cuanto al gasto público, este se define como el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas. Un aumento en el gasto público producirá un aumento en el nivel de renta nacional, y una reducción tendrá el efecto contrario. Durante un periodo de inflación es necesario reducir el gasto público para manejar la curva de la demanda agregada hacia una estabilidad deseada. El manejo del gasto público representa un papel clave para dar cumplimiento a los objetivos de la política económica.

El gasto público se ejecuta a través de los Presupuestos o Programas Económicos establecidos por los distintos gobiernos, y se clasifica de distintos maneras pero básicamente se consideran el Gasto Neto que es la totalidad de las erogaciones del sector público menos las amortizaciones de deuda externa; y el Gasto Primario, el cual no toma en cuenta las erogaciones realizadas para pago de intereses y comisiones de deuda publica, este importante indicador económico mide la fortaleza de las finanzas públicas para cubrir con la operación e inversión gubernamental con los ingresos tributarios, los no tributarios y el producto de la venta de bienes y servicios, independientemente del saldo de la deuda y de su costo.

Gasto Programable: es el agregado que más se relaciona con la estrategia para conservar la política fiscal, requerida para contribuir al logro de los objetivos de la política económica. Por otro lado resume el uso de recursos públicos que se destinan a cumplir y atender funciones y responsabilidades gubernamentales, así como a producir bienes y prestar servicios.

La clasificación económica permite conocer los capítulos, conceptos y partidas específicas que registran las adquisiciones de bienes y servicios del sector público. Con base a esta clasificación, el gasto programable se divide en gasto corriente y gasto de capital. Estos componentes a su vez se desagregan en servicios personales, pensiones y otros gastos corrientes dentro del primer rubro, y en inversión física y financiera dentro del segundo.

Gasto corriente: Dada la naturaleza de las funciones gubernamentales, el gasto corriente es el principal rubro del gasto programable. En él se incluyen todas las erogaciones que los Poderes y Órganos Autónomos, la Administración Pública, así como las empresas del Estado, requieren para la operación de sus programas. En el caso de los primeros dos, estos recursos son para llevar a cabo las tareas de legislar, impartir justicia, organizar y vigilar los procesos electorales, principalmente. Por lo que respecta a las dependencias, los montos presupuestados son para cumplir con las funciones de: administración gubernamental; política y planeación económica y social; fomento y regulación; y desarrollo social.

Por su parte, en las empresas del Estado los egresos corrientes reflejan la adquisición de insumos necesarios para la producción de bienes y servicios. La venta de éstos es lo que permite obtener los ingresos que contribuyen a su viabilidad financiera y a ampliar su infraestructura.

Gasto de Capital: El gasto de capital comprende aquellas erogaciones que contribuyen a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Como gastos; gastos de Defensa Nacional, también se pueden mencionar la construcción de Hospitales, Escuelas, Universidades, Obras Civiles como carreteras, puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas etc.; que contribuyan al aumento de la productividad para promover el crecimiento que requiere la economía.

IMPUESTOS: Son prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hechos imponibles.

De esta definición surgen los siguientes caracteres distintivos:

• ? Una obligación de dar dinero o cosa (prestación)

• ? emanada del poder de imperio estatal, lo que supone su obligatoriedad y la compulsión para hacerse efectivo su cumplimiento

• ? establecida por ley

• ? aplicable a personas individuales o colectivas

• ? que se encuentren en distintas situaciones previsibles como puede ser determinada capacidad económica, realización de ciertos actos, etc.

Tradicionalmente los impuestos se dividen en directos e indirectos aunque no hay coincidencia en el criterio de atribución a cada categoría.

Según la concepción más aceptada son directos los impuestos que afectan manifestaciones inmediatas o mediatas de capacidad contributiva; sin embargo hay quien considera (Giannini, Ingrosso) que esas nociones deben completarse con la enunciación de las formas concretas en que se exterioriza la capacidad contributiva, lo cual conduce a reconsiderar la noción del objeto del impuesto y a decir que en los directos coinciden el objeto y la fuente.

Los impuestos directos se dividen a su vez en personales (subjetivos) y reales (objetivos) según tengan en cuenta la persona del contribuyente o la riqueza en sí misma sin atender a las circunstancias personales.

Estas divisiones han perdido nitidez ya que en la tributación contemporánea se combinan de tal modo el factor personal y el factor objetivo que carecen de validez antiguas atribuciones.

Por ejemplo el impuesto a la renta o a los réditos, típicamente personal ha evolucionado parcialmente en sentido objetivo (impuesto a las sociedades) y otros tradicionalmente reales como el inmobiliario han incorporado elementos de personalización (conjunto de riqueza).

Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

Política fiscal en Venezuela

Antecedentes.

Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.

Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto público a través del mejoramiento y simplificación del sector público y crear un Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.

Política Fiscal Actual.

El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

La Deuda Externa

Introducción

La Deuda externa es un fenómeno bastante reciente y, sin embargo, su papel en el marco político y económico internacional de este último cuarto de siglo ha sido fundamental. Su primera y más importante etapa es la del préstamo, en la década de los 70. En ella, los petrodólares (excedente de liquidez en dólares de los países exportadores de petróleo), la recesión en EEUU y Europa y, hasta fines de 1979, las bajas tasas internacionales de interés, ofrecen a los países económicamente subdesarrollados un marco idóneo para el acceso fácil a créditos abundantes y baratos. Los principales prestamistas, la banca comercial privada, ve en estos préstamos la mejor manera de rentabilizar el capital, y considera a los Estados clientes privilegiados (un Estado no puede declararse insolvente). El uso de este dinero varía en cada país, pero por lo general sirve para dotar de armamento moderno a los ejércitos estatales e impulsar empresas cercanas al gobierno (en el peor de los casos, para asegurar la permanencia de gobiernos dictatoriales y corruptos). En aquellos lugares donde se realizaron inversiones industriales no fue suficiente para frenar los impagos que a mediados de los 80 empezaron a hacerse insostenibles. A finales de los 70 y principios de los 80 las tasas de interés subieron de forma exorbitada, entre otras cosas como reacción a los problemas económicos por los que habían pasado los EEUU (balanza comercial negativa y grandes gastos en la guerra de Vietnam). El resultado fue un endeudamiento progresivo de éstos países, cuya señal de alarma fue la crisis de México en 1982. Los siguientes años se denominarán la "década pérdida", puesto que en ellos aún no se toma conciencia de la gravedad del problema y se aplican medidas con el fin de hacer sostenible la deuda. En realidad, la banca comercial gana tiempo mientras asumen el problema el Fondo Monetario Internacional (FMI), los Bancos de Desarrollo y otros organismos internacionales, pero la Deuda empieza a funcionar como un círculo vicioso, donde el pago de los intereses obliga a los países endeudados a obtener más prestamos (en peores condiciones) que supondrán a su vez nuevos intereses impagables. En 1996, los países latinoamericanos, africanos y asiáticos endeudados debían más de dos billones de dólares a Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales (en este orden de importancia), casi el doble que diez años antes. Cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan estos países son exclusivamente intereses de la Deuda.

¿Qué entendemos por deuda?

Muchas personas adquieren préstamos para comprar bienes de consumo o de equipo, o una vivienda. Los países también lo hacen. Toman dinero prestado en los mercados de capitales o lo piden a instituciones financieras internacionales para pagar infraestructuras: carreteras, servicios públicos y centros de salud. Al igual que las personas, los países tienen que devolver el principal y los intereses de los préstamos que reciben. No obstante, hay diferencias importantes. Si una persona contrae un préstamo, recibe el dinero directamente y cuando lo devuelve lo hace conforme a las condiciones de ese préstamo. Pero si es un país el que adquiere el préstamo, a los ciudadanos no se les informa acerca del uso del mismo ni de las condiciones de su devolución. En la práctica, muchos Gobiernos han utilizado préstamos para proyectos que no cumplen los requisitos mínimos de viabilidad social, ecológica o económica. Una segunda diferencia es que, cuando una empresa o persona no puede hacer frente a sus obligaciones financieras va a la quiebra. Entonces se nombra un tribunal encargado de evaluar la situación del deudor al que los bancos reconocen la incapacidad de pagar la totalidad de su deuda. Sin embargo, los países no pueden pedir que se les declare en quiebra: no existen procedimientos ni árbitros a tal efecto. En el ámbito internacional son los acreedores y no un tribunal, quienes deciden si pedirán o no al país deudor que pague su deuda. La crisis de la deuda y su impacto en el Sur.

La crisis como tal se pone de manifiesto en 1982, cuando México anuncia que no puede pagar su deuda externa, suscitando en la comunidad financiera internacional el temor a que otros países siguieran el mismo camino. No obstante, el antecedente más directo de esta crisis data de 1973, cuando los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cuadruplicaron el precio del petróleo e invirtieron su excedente de dinero en bancos comerciales. Los bancos, en su búsqueda de inversiones para sus nuevos fondos, hicieron préstamos a países en desarrollo, sin valorar debidamente las peticiones a tal efecto o sin vigilar el modo en que se utilizaban los préstamos. De hecho, debido a la irresponsabilidad, tanto de los acreedores como de los deudores, la mayor parte del dinero prestado se gastó en programas que no beneficiaban a los pobres: compra de armamento, proyectos de desarrollo a gran escala y/o proyectos privados que enriquecían a funcionarios públicos y a un reducido grupo de privilegiados. El impacto de la crisis de la deuda en el Sur no se hace esperar y sus costes son tanto sociales como financieros. Los países pobres altamente endeudados presentan tasas de mortalidad infantil, enfermedad, analfabetismo y malnutrición más altas que otros países en desarrollo, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Para seis de cada siete países pobres altamente endeudados de África, el pago del servicio de la deuda – se entiende, el principal más los intereses- representa más de la suma total de dinero necesario para aliviar esta situación. Si invirtieran ese dinero en desarrollo humano, tres millones de niños podrían superar los cinco años de edad y se evitarían un millón de casos de malnutrición (Informe sobre el desarrollo humano, 1997). En 1996, los países del Sur le debían al Norte más de dos billones de dólares, casi el doble que diez años antes.

Por orden de importancia, las deudas están contraídas con Estados, bancos comerciales e instituciones financieras multilaterales. Cerca del 50% de los pagos anuales que efectúan los países del Sur se corresponden con intereses de la deuda. Desde el punto de vista financiero, el fuerte endeudamiento implica un alto riesgo para la comunidad internacional a la hora de invertir en un país. De esta forma, los países pobres están prácticamente excluidos de los mercados financieros internacionales. El PNUD estima que en la década de 1980 los tipos de interés para los países pobres fueron cuatro veces más altos que para los países ricos, debido a su menor grado de solvencia y a las previsiones de una depreciación de la moneda nacional. Los países muy endeudados sufren enormes presiones para obtener divisas destinadas a pagar el servicio de su deuda y comprar productos esenciales de importación. Las Instituciones Financieras Internacionales ofrecen a menudo asistencia financiera a países que se encuentran en esta situación y utilizan su influencia para obligarlos a aceptar políticas de ajuste estructural y de estabilización. Aunque su fin es el de estabilizar las economías en crisis e impulsar su crecimiento, haciéndolas más competitivas, la auténtica realidad es que las políticas de ajuste provocan en su aplicación efectos muy negativos para la población de los países más endeudados: Recorte de los gastos sociales (salud, educación, bienestar, etc.) ya que se pretende reducir el déficit público. Cierre de numerosas empresas locales que no pueden competir con las multinacionales extranjeras. Reducción de las plantillas de las empresas públicas. Muchos de los trabajadores son despedidos como consecuencia del recorte presupuestario. Las inversiones llegan con cuentagotas de manera que el crecimiento del empleo se produce de manera más lenta de lo anunciado. También se ve perjudicado el medio ambiente ya que estas políticas llevan aparejada la necesidad de aumentar las exportaciones que en muchos países dependen de la explotación indiscriminada de recursos naturales como la madera, los minerales o un único producto agrícola.

La deuda externa es la manifestación más dramática de la situación de subordinación en la que viven las economías de los países del Sur dentro de la estructura económica internacional. Mientras el crecimiento macroeconómico de los países más ricos y de algunas naciones emergentes alcanza cotas muy elevadas, una buena parte del mundo en vías de desarrollo pasa por una situación humana catastrófica. Las injusticias que genera el sistema económico mundial, que maximiza el beneficio de los que más tienen, abren una gran brecha entre éstos y los que quedan excluidos de los procesos de crecimiento, las mejoras en el nivel de vida y el incremento de los ingresos. El sistema financiero internacional excluye de la inversión privada a decenas de países y millones de personas. La justificación reside en que no reúnen las condiciones idóneas que demandan los inversores. Las desigualdades también están creciendo al interior de los propios países empobrecidos. Quebrar esta tendencia depende, no sólo de la voluntad política de los máximos organismos de poder, sino también de la determinación de la ciudadanía para convertirse en protagonista del cambio.

Política monetaria

La política monetaria es el conjunto de acciones emprendidas por el Banco Central con el propósito de regular la circulación monetaria y, a través de ella, incidir sobre el costo del dinero y la disponibilidad de crédito para todos los sectores de la economía.

Existe una política monetaria de signo contractivo cuando las acciones del banco central tienden a reducir la circulación del dinero, lo cual eleva su consto mediante el incremento de las tasas de interés. Bajo estas condiciones, se restringen la demanda de crédito y en general el gasto de la población.

La política monetaria expansiva, por el contrario, se produce cuando el banco central aplica medidas orientadas a incrementar la circulación de dinero, con lo cual aminora su costo y facilita la disponibilidad de crédito, en cuyo caso se estimula la inversión privada y el gasto de la población.

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA MONETARIA:

Luchar contra la inflación: El papel de la política monetaria consiste en mantener una adecuada proporción entre la liquidez monetaria y el nivel de actividad económico con el objeto de impedir desequilibrios que puedan alentar procesos inflacionarios.

Contribuye al crecimiento económico: En la medida en que la política monetaria crea y mantiene condiciones monetarias y crediticias favorables a la estabilidad de los precios, motiva el desarrollo de iniciativas privadas en inversión y consumo que aceleran el ritmo de actividad económica. La compatibilidad entre este mayor ritmo de actividad con baja inflación es requisito fundamental para un crecimiento económico sostenido en el largo plazo.

Ayuda a la estabilidad del tipo de cambio: Con estas medidas, la política monetaria contribuye con el objetivo general de equilibrar la balanza de pagos, asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país y mantener la competitividad externa de la producción doméstica. Para ello es necesario contar con un nivel de reservas internacionales suficientes para cubrir las necesidades de importaciones de bienes y servicios indispensables al desempeño normal de la economía, además de ofrecer las divisas suficientes a su debido costo de oportunidad para el pago de los sectores público y privado a sus acreedores externos.

Contribuye a la estabilidad del sistema financiero y de pagos de la economía.

LOS INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZAN EN LA POLÍTICA MONETARIA:

Para lograr el equilibrio entre la oferta y la demanda de dinero, el banco central emplea instrumentos que influyen directa e indirectamente sobre las reservas bancarias, las tasas de interés y las decisiones que toma la población en el manejo de sus medios de pagos, tales como monedas, billetes, depósitos a la vista y otros.

Los instrumentos de política monetaria son utilizados por el banco central de acuerdo con la naturaleza y nivel de desequilibrio prevaleciente en el mercado, y su incidencia puede ser de carácter general o específico. Las operaciones de Mercado Abierto ( OMA ), el redescuento, la fijación del encaje legal y la persuasión moral constituyen los instrumentos de acción más general a disposición del banco central.

INSTRUMENTO DE CARÁCTER GENERAL:

La compra y venta de títulos públicos es el principal y más flexible mecanismo que tiene el banco central para ejercer el control monetario. Como estas transacciones se realizan en el mercado, se denominan Operaciones de Mercado Abierto. Cuando el banco central compra títulos a la banca entrega fondos que se agregan al dinero en circulación, aumentando así la capacidad de los bancos para otorgar préstamos. Si el banco central vende títulos, ocurre lo contrario, es decir, toma recursos del sistema financiero y limita su capacidad para ofrecer créditos.

Con la OMA el banco central incide de manera directa sobre el volumen de dinero en circulación y, de forma indirecta, sobre la tasa de interés que aplican los bancos a sus operaciones con el público. Mientras que los organismos públicos y privados emiten títulos para captar fondos destinados a financiar planes de inversión y gasto, el banco central cuando lo hace persigue absorber excedentes monetarios para garantizar el equilibrio entre la oferta y demanda de dinero. Asimismo, la racionalidad económica del sector privado conduce a ganar la menor tasa de interés posible en sus operaciones; en cambio, la racionalidad del banco central se guía por preceptos de política monetaria que van más allá de la rentabilidad de sus operaciones, aunque resguarda la eficiencia económica de su desempeño. Es admisible que el BCV incurra en pérdidas y afecte su patrimonio, si el cumplimiento de un objetivo mayor de política monetaria así lo exige. Cuando ello ocurre, le corresponde al Gobierno Nacional hacer los aportes necesarios para reponer el patrimonio del instituto emisor.

El más antiguo de los instrumentos de política monetaria es el denominado redescuento, el cual permite al banco central prestar fondos temporales a los bancos cuando presentan problemas de liquidez o no renovar los mismos cuando las condiciones económicas exigen restringir la masa monetaria. El término redescuento designa al préstamo que otorga el banco central a la banca a cambio de recibir papeles y documentos de créditos realizados por ésta a empresas públicas y privadas. La ley especifica las condiciones y características de los títulos que califican para las operaciones de redescuento. Cuando el banco central concede un préstamo, cobra una tasa de interés llamada de redescuento, la cual constituye el costo que implica para la banca solicitante pedir recursos al instituto.

Cuando los documentos que tienen los bancos no cumplen con los requisitos de calidad exigidos por el banco central para la entrega de préstamos a través del redescuento, las instituciones pueden acudir al anticipo. La operación es mucho más ágil, pero la tasa de interés aplicada es mayor, debido a la menor calidad de los documentos dados en garantía.

El otro mecanismo es el reporto, a través del cual el banco central concede asistencia financiera a un banco, a cambio de la venta temporal de títulos valores que el mismo banco solicitante del préstamo debe volver a comprar al banco central dentro de un plazo y aun precio predeterminado. Mientras el redescuento, anticipo y reporto y las operaciones de mercado abierto exigen la disposición de los bancos para ser uso de estos instrumentos, el encaje responde únicamente a la decisión del banco central. El encaje legal es el mecanismo más directo para regular las reservas monetarias de la banca. El encaje legal es una medida administrativa de la autoridad monetaria, que exige a los bancos mantener inmovilizados dentro del Banco Central una porción determinada de los depósitos del público.

Organizaciones

– BANCO CENTRAL:

El Banco Central de Venezuela en la Constitución Nacional en su Artículo Nro. 318. " Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela.

El objetivo fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar. En caso de que se instituya una moneda común en el marco de la integración latinoamericana y caribeña, podrá adoptarse la moneda que sea objeto de un tratado que suscriba la República.

El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones de coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.

Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de interés, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la ley".

El Banco Central de Venezuela es la institución pública que tiene a su cargo el diseño y la conducción de la política monetaria del país. En dicha política se resume el conjunto de decisiones que adoptan las autoridades del Instituto con el propósito de regular la circulación monetaria, el tipo de interés y la disponibilidad de crédito de la economía. El campo de acción del banco central va más allá de la acuñación de monedas, impresión de billetes y de suministro de un adecuado volumen de dinero para el normal desarrollo de las transacciones económicas del país. Además de servir como banco de emisión, el BCV tiene a su cargo importantes funciones que lo definen como banco de reserva, bancos de bancos, banco del Estado, asesor económico del Gobierno Nacional para la formulación de objetivos, metas y estrategias de la política económica, asesor nacional en materia de crédito público, promotor de la coordinación entre las políticas monetaria, cambiaria y fiscal, además de servir como agente recopilador y difusor de información estadística sobre el desempeño económico del país.

El banco central tiene en la política monetaria un instrumento de gran poder para contribuir al logro de los objetivos de la política económica global diseñada por el Gobierno Nacional, los cuales se pueden resumir en: crecimiento económico sostenido, elevado nivel de empleo, estabilidad de precios, balanza de pagos manejable y alto grado de bienestar de la población. Corresponde al banco central crear y mantener las condiciones monetarias, crediticias y cambiarias favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país.

Las acciones del banco central influyen sobre la masa monetaria en circulación, las reservas bancarias y la tasa de interés del mercado, las cuales son variables intermedias que afectan las decisiones de inversión, consumo, producción y la evolución de los niveles de precios, empleo y tipo de cambio. Es por esta vía que se transmite el impacto de la política monetaria sobre los principales agregados macroeconómicos.

Funciones Del Banco Central De Venezuela:

Corresponde al Banco Central de Venezuela crear y mantener condiciones monetarias, crediticias y cambiarías favorables a la estabilidad de la moneda, al equilibrio económico y al desarrollo ordenado de la economía, así como asegurar la continuidad de los pagos internacionales del país. A tal efecto, tiene a su cargo:

Regular el medio circulante y en general, promover la adecuada liquidez del sistema financiero con el fin de ajustarlo a las necesidades del país.

Procurar la estabilidad del valor interno y externo de la moneda.

Centralizar las reservas monetarias internacionales del país y vigilar y regular el comercio de oro y de divisas.

Ejercer, con carácter exclusivo, la facultad de emitir billetes y acuñar monedas.

Regular las actividades crediticias de los bancos y otras instituciones financieras públicas y privadas, a fin de armonizarlas con los propósitos de la política monetaria y fiscal, así como el necesario desarrollo regional y sectorial de la economía nacional para hacerla más independientes.

Ejercer los derechos y asumir las obligaciones de la República de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, en todo lo concerniente a la suscripción y pago de las cuotas que le corresponda, a las operaciones ordinarias con dicha institución y a los derechos especiales de giro.

Efectuar las demás operaciones y servicios compatibles con su naturaleza de Banco Central.

CORDIPLAN

SENIAT

Objeto:

Regular y desarrollar la organización y funcionamiento del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), como órgano de ejecución de la Administración Tributaria Nacional, sin perjuicio de lo establecido en otras Leyes.

Aspectos Fundamentales:

1.- El SENIAT es un servicio autónomo sin personalidad jurídica, con autonomía funcional, técnica y financiera, adscrito al Ministerio de Finanzas.

2.- El SENIAT definirá, establecerá y ejecutará, de forma autónoma, su organización, funcionamiento, su régimen de recursos humanos, procedimientos y sistemas vinculados al ejercicio de las competencias otorgadas por el Ordenamiento Jurídico. Asimismo, suscribirá contratos y dispondrá de los ingresos que le otorgue la Ley para ordenar los gastos inherentes a su gestión.

3.- Corresponde al SENIAT la aplicación de la Legislación Aduanera y Tributaria Nacional, así como el ejercicio, gestión y desarrollo de las competencias relativas a la ejecución integrada de las Políticas Aduanera y Tributaria fijadas por el Ejecutivo Nacional, dentro de una amplia esfera de facultades que le son conferidas.

4.- El SENIAT desarrollará sus funciones en un nivel directivo, un nivel normativo y un nivel operativo. La estructura organizativa y funcional del SENIAT la decide y establece el Superintendente del SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACION ADUANERA Y TRIBUTARIA.

5.- El SENIAT actuará bajo la dirección del Superintendente, quien dirigirá igualmente, a la Administración Aduanera y Tributaria, con las atribuciones que se le confieren. Sus decisiones agotan la Vía Administrativa, abriéndose la Jurisdiccional.

6.- El SENIAT tendrá un Directorio Ejecutivo integrado por el Superintendente, quien lo preside; un representante del Ministerio de Finanzas; un representante del Ministerio de Producción y Comercio; y dos miembros designados por el Superintendente del SENIAT y ejercerá las funciones que le son atribuidas.

7.- El SENIAT tendrá los siguientes ingresos:

7.1.- Un mínimo del 3%, hasta un máximo del 5%, de los ingresos generados por los Tributos que administra, con exclusión de los de Hidrocarburos y Actividades Conexas.

7.2.- Recursos asignados por Leyes Especiales.

7.3.- Recursos generados por autogestión.

7.4.- El 50% de las Tasas Aduaneras.

7.5.- Recursos Extraordinarios conferidos por Ejecutivo Nacional.

7.6.- Las transferencias e ingresos provenientes de Órganos de Cooperación Internacional, conforme a Normas vigentes al. Efecto.

7.7.- Los provenientes de donaciones y legados, destinados específicamente al cumplimiento de fines del SENIAT.

7.8.- Los intereses y demás productos resultantes de la administración de sus fondos.

7.9.- Cualesquiera otros que le sean asignados.

8.- Se crea la Carrera Aduanera y Tributaria, regida por Normas establecidas en la misma Ley.

9.- El SENIAT tendrá una Oficina de Auditoria Interna adscrita al Despacho del Superintendente, a objeto de ejercer el examen previo y posterior, objetivo, sistemático y profesional de las Actividades administrativas y financieras del SENIAT.

10.- En lapso 180 días a partir de publicación, El Superintendente dictará Normas de estructura organizativa, funcional y de recursos humanos del SENIAT.

11.- Vigencia: El día inmediato siguiente a su publicación (09-11-01).

MINISTERIO DE FINANZAS

La Ley Orgánica de Administración Central en el Capítulo II "Del Número, Denominación y Competencias de cada Ministerio", establece en su artículo 42, las atribuciones del Ministerio de Finanzas:"Corresponde al Ministerio de Finanzas la regulación, formulación y seguimiento de políticas, la planificación y realización de las actividades del Ejecutivo Nacional en materia financiera y fiscal, la participación en la formulación y aplicación de la política económica y monetaria; lo relativo al crédito público, interno y externo; el régimen presupuestario; la regulación, organización, fiscalización y control de la política bancaria y crediticia del Estado; la intervención y control de las actividades aseguradoras; la regulación y control de mercado de capitales; el régimen de registro, inspección y vigilancia de las cajas de ahorros, fondos de empleados y similares; la Tesorería Nacional; la recaudación, control y administración de todos los tributos nacionales y aduaneros; la política arancelaria; la contabilidad pública; así como las demás competencias que le atribuyan las Leyes."

Para el cumplimiento de estas atribuciones, además de las Dependencias que le son propias, de conformidad con el Reglamento Orgánico que lo rige, cuenta con un grupo de entes adscritos, bajo las figuras de Institutos Autónomos, Fundaciones, Fondos y Empresas del Estado; y Servicios Autónomos.

Los Institutos Autónomos constituyen entidades creadas por actos del Poder Público, dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propio, tutelados por el Ministerio de adscripción, el que ejerce sobre ellos las funciones de coordinación y control que le corresponde conforme a la Ley Orgánica de Administración Central y a las leyes especiales de creación. Las Fundaciones del Estado, que también están sometidas a la tutela del Estado ya que su patrimonio se encuentra formado en más de la mitad por los aportes hechos por la República, Institutos Autónomos y Empresas del Estado.Las Empresas del Estado que son compañías anónimas cuyas acciones pertenecen en todo o en parte al Estado, participando en proporción a la posición accionaria dentro de la misma.

Los Servicios Autónomos, entes sin personalidad jurídica pero que poseen patrimonio propio y autonomía financiera, son aquellos mediante los cuales el Estado presta determinados servicios públicos.

COMISIÓN PERMANENTE DE FINANZAS