Experiencias significativas en infancia en inclusión

Introducción

El programa de Licenciatura en Educación Preescolar del Tecnológico de Antioquia se ha caracterizado por su compromiso social con la niñez, puesto que su interés es el de aportar a la construcción de una cultura que valore y respete a los niños y las niñas, extensivo a las familias y demás agentes educativos, tales como docentes, líderes comunitarios, entre otros.

Para cumplir con dicho compromiso, desde la Licenciatura se forman maestros con una sólida fundamentación en su objeto de conocimiento, como es la "Formación de los niños y niñas desde la gestación hasta los 7 años, hacia la promoción de la educación inicial y habilidades para la vida"; esto, en articulación con unos objetos de formación, definidos en el proyecto del programa, como: "Herramientas educativas, pedagógicas, didácticas e investigativas, que habilitan a los docentes para movilizar el desarrollo infantil, los aprendizajes y habilidades para la vida en el ámbito de la educación inicial, en contextos convencionales y diversificados" (Proyecto Educativo del Programa de la Licenciatrua en Educación Preescolar, 2010).

Producto de la acción educativa, pedagógica e investigativa, surgen experiencias a las que es necesario extraerles las lecciones aprendidas para difundirlas y revertirlas en soporte de actualización y generación de conocimiento. La experiencia se entiende como una práctica concreta y sistemática de la gestión del conocimiento, que por su fundamentación, aplicación, seguimiento metódico y resultados sostenidos en el tiempo, consigue solucionar problemas y necesidades o innovar para apuntar a nuevos desarrollos en el marco de los procesos misionales del programa en docencia, investigación y proyección social, además se visibiliza a partir de diferentes productos académicos.

En la Licenciatura se resaltan varias experiencias que son pertinentes a los objetos de estudio, a los procesos formativos, al empoderamiento de los estudiantes en diversos aspectos del programa, así como de los agentes educativos. Esto aspectos, relacionados con lo conceptual, evidencian resultados, impactos en el contexto e innovaciones, a partir de la forma como se vivencian y fortalecen su sostenibilidad en el tiempo. Estas experiencias se refieren a lo siguiente:

• Experiencia significativa en la primera infancia.

• Formación inicial y continua de docentes para atender la población en situación de discapacidad o de vulnerabilidad en la educación inicial.

• Aporte a la política de inclusión educativa de la diversidad poblacional en el país.

CAPÍTULO 1

Experiencia significativa en la primera infancia

Beatriz Elena Zapata Ospina1* María Elena Madrid Vélez2**

Presentación

En las últimas dos décadas, en América Latina el estudio de la atención integral de la primera infancia ha tenido especial significación y se ha convertido en referente investigativo de organizaciones cuyo objeto de trabajo es la niñez, así como también de diferentes disciplinas y programas académicos en universidades.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Organización de Estados Iberoamericanos (OIE), la Organización Mundial para la Educación Preescolar (OMEP), la Asociación Mundial de Educadores Infantiles (AMEI), entre otros, han establecido alianzas con otras entidades o consultores, para la investigación y producción académica en torno a la temática, específicamente con relación al estado de la atención en los países, el avance en la formulación y gestión de políticas públicas en la perspectiva de los derechos, y la consolidación de la educación inicial como factor de desarrollo y equidad, siendo los niños3 hasta los 5 años los beneficiarios.

Es innegable el consenso que existe a nivel mundial sobre el cuidado y atención a los niños durante sus primeros años de vida4; múltiples investigaciones han demostrado que las bases para el desarrollo humano se fundan en la primera infancia, postulado al cual se le otorga significado en nuestro país, en la Ley 1098 de 2006 en el artículo 29, al definir la primera infancia como:

La etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis años de edad (…) Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial (MEN, 2006).

Publicaciones como: Bases sólidas: atención y educación de la primera infancia (UNESCO, 2007), Informes del estado de la infancia (UNICEF, UNESCO), La atención integral de la primera infancia en América Latina: ejes centrales y los desafíos para el siglo XXI (Peralta y Fojimoto, 1998), Atención Integral a la primera infancia (Siverio, 2008), Eficacia y efectividad en la atención a niños entre 0 y 4 años (Bedregal, 2005), Red del Grupo Consultivo para la Primera Infancia en América Latina, y las publicaciones e investigaciones que presentan el panorama actual de la primera infancia en diferentes países, son algunos de los referentes internacionales que sustentan la temática. Específicamente, en Colombia se cuenta con el referente del Conpes Social 109, la Guía No. 35, Ruta operativa para la prestación del servicio de la atención integral a la primera infancia y la Guía No. 10, Desarrollo infantil y competencias (MEN, 2009).

Dada esta magna responsabilidad que se le asigna a los educadores, y las consecuencias que se derivan de sus prácticas, es importante reflexionar sobre el perfil y rol que han de asumir para la primera infancia, los propósitos del proceso de formación y la capacitación de quienes hacen parte de este, de manera que se esté dando respuesta a los desarrollos e intereses de los niños y niñas en esta etapa del ciclo vital, con base en las políticas sobre la infancia y las particularidades de cada contexto.

La concepción de infancia actual se constituye en un llamado de atención para repensar el rol que los educadores de educación inicial han asumido hasta ahora, pues dicha concepción pretende reconocer los derechos de los niños, la diversidad y la necesidad de un mayor compromiso para su aplicación.

Desde esta perspectiva, para poder brindarle un sentido completo al rol del educador en el ámbito de la educación infantil y contextualizarlo desde los marcos de referencia de las políticas de infancia, se considera pertinente asumir la docencia como una práctica intercultural y social, como una acción educativa integral en donde se articulan aspectos políticos, pedagógicos, sociales y culturales, que requieren fundamentación teórica de carácter pedagógico y que tiene como propósito el desarrollo integral de los niños, en una relación afectiva y su reconocimiento como sujetos sociales que están inmersos en una cultura.

Como se ha podido evidenciar, la responsabilidad y el rol que asume el educador, en el desarrollo de las políticas educativas para la primera infancia, no sólo es importante, sino que se constituye en un factor de calidad por cuanto el desempeño de su función determina en gran medida la gestión e impacto de dichas políticas.

Consciente de tal responsabilidad se asume el compromiso en la formación de docentes para realizar un acompañamiento pedagógico, afectuoso e inteligente del crecimiento, desarrollo y educación de los niños, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad, motivo por el cual se presentan las experiencias que al interior del programa de Licenciatura en Educación Preescolar se han llevado a cabo en el Tecnológico de Antioquia, entre los años 2006-2010. (Ver documento anexo Experiencias significativas).

Contexto de la experiencia

La promulgación de la Ley 1098 de 2006 correspondiente al Código de infancia y adolescencia, consolida, desde lo legislativo, el cambio de paradigma frente a la concepción de infancia, abriendo un nuevo panorama para los niños de nuestro país, pues se les reconoce como sujetos de derecho, concediéndoles el estatus de persona y de ciudadano; y se empodera a la familia, al Estado y la sociedad, para su protección integral desde el principio de corresponsabilidad, "…pensar en los niños como ciudadanos es reconocer igualmente los derechos y obligaciones de todos los actores sociales" (ACOSTA AYARSE, 1998).

Este paradigma le plantea un reto a las facultades de educación desde sus programas de preescolar o pedagogía infantil, los cuales han centrado la formación de formadores en el conocimiento del desarrollo integral del niño y las pedagogías pertinentes para estimularlo, haciendo énfasis en contenidos de formación relacionados con los niños del nivel preescolar, "La construcción de conocimiento pedagógico que funda la formación de educadores se ha elaborado hasta el momento y primordialmente con conocimiento que proviene del niño escolarizado…"5 razón por la cual, además de las demandas de las instituciones y las familias con relación a los aprendizajes de los niños, los educadores del nivel inicial proyectan su rol, prioritariamente, dentro del aula en instituciones educativas de carácter oficial o privado.

Una mirada más amplia de la infancia, desde la concepción del ciclo vital, ha llevado al Tecnológico de Antioquia, Facultad de Educación y Ciencias Sociales en su programa de Licenciatura en Educación Preescolar, a reorientar su actividad en la formación de docentes, para realizar un acompañamiento pedagógico, afectuoso e inteligente del crecimiento, desarrollo y educación de los niños, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad; para ello se articulan los procesos de docencia, investigación y extensión en torno al área de conocimiento de la educación inicial.

Una de las estrategias para lograr la articulación de los procesos académicos antes mencionados, al interior de la Licenciatura, se genera desde el desarrollo de procesos investigativos enmarcados en la Línea de Infancia, la cual orienta sus acciones en torno a la comprensión de los fenómenos educativos, sociales y culturales relacionados con la educación inicial, desde una perspectiva de derechos y atención integral para poder aportar al mejoramiento de las posibilidades de desarrollo y aprendizaje de los niños desde la gestación hasta los 7 años.

De allí que, "La diferencia en el desarrollo deseado de un niño la hacen la educación y la atención integral" (CASTAÑO, 2008), por tanto, la atención integral se constituye en uno de los pilares fundamentales sobre el cual se debe impulsar la política social para el país y los proyectos, programas y acciones en favor de la infancia; no solo para la consolidación de la equidad, sino también para el fortalecimiento de la relación estado- sociedad. Este compromiso con el niño hace partícipes de manera activa a la familia, los educadores, los agentes educativos, la comunidad y la sociedad en su conjunto; ya que asegurar la satisfacción de sus necesidades (afectivas, físicas, sociales, cognitivas, expresivas, de salud y nutrición), es un deber social, desde lo participativo, para la construcción de una verdadera política pública en la perspectiva de derechos.

Las reflexiones y aprendizajes construidos al interior de la Licenciatura, específicamente en lo relacionado con la primera infancia, han permitido la realimentación del plan de estudios y los procesos formativos, la actualización permanente de los integrantes de la comunidad educativa, la consolidación de saberes y conocimientos científicos relacionados con la infancia y la formulación de proyectos de investigación formativa para ser articulados a la práctica pedagógica profesional en los ejes que propone la Política Educativa: protección, vida y supervivencia, desarrollo y educación inicial, participación y gestión institucional.

Como estrategia de proyección social hacia los ámbitos educativos y sociales que se preocupan por la educación y atención integral de los niños, se realizan proyectos de extensión que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida, el desarrollo de los niños, la calidad de la educación y la formación y capacitación de agentes educativos.

Dichas acciones y las construcciones de saberes elaborados en torno a la educación inicial y la primera infancia, tanto desde el componente pedagógico como social, han posibilitado que diferentes estamentos gubernamentales del orden local, regional y nacional, convoquen a la Institución para participar en la construcción y consolidación de las políticas públicas para la infancia.

En el ámbito nacional, por invitación del Ministerio de Educación Nacional (MEN), se participa en la construcción de los lineamientos y orientaciones pedagógicas para la operación e implementación de la política educativa para la primera infancia, a partir de la capacitación, validación y evaluación de la aplicación de la ruta operativa para la prestación del servicio de atención integral, en las modalidades de entorno familiar, comunitario e institucional, dirigida a agentes educativos de 44 entidades territoriales del país.

La participación en el Programa Familia a tu lado aprendo, liderado por la Secretaría de Educación y Cultura de la Gobernación de Antioquia, se constituye en el escenario desde el cual el programa de Licenciatura en Educación Preescolar, se vincula y aporta desde lo pedagógico a la consolidación de la política educativa para la primera infancia en el contexto regional, a través del diseño y validación de orientaciones pedagógicas por ciclo de vida, modalidad y escenario formativo del programa de educación para la primera infancia.

Desde lo local, en convenio establecido con la Alcaldía de Medellín, se asume la coordinación del Aula Taller de Primera Infancia del programa Buen comienzo, y se operan los Laboratorios Pedagógicos de Articulación Educativa y de Desarrollo Infantil y Competencias, como aporte al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia, la cualificación de la formación de los agentes educativos y la consolidación del componente investigativo en el programa.

Fundamento conceptual

A continuación se presenta una serie de conceptos clave para el abordaje de las experiencias significativas que se relacionan en este documento.

Educación inicial: de acuerdo con la Política Pública Nacional de Primera Infancia:

La educación inicial busca proporcionar a niños y niñas experiencias significativas en su desarrollo presente y no solamente para su futuro inmediato. Así, lo propio de la educación inicial es el "cuidado y acompañamiento" del crecimiento y desarrollo de los niños y niñas mediante la creación de ambientes de socialización seguros y sanos (…) Así, se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y seguros para que logren aprendizajes de calidad (MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL, 2007)

Políticas públicas: la construcción de la política pública para la primera infancia, surge como respuesta a un proceso de movilización social, generado a partir de la necesidad de retomar y dar un nuevo significado a la temática de oportunidades efectivas de desarrollo de la primera infancia en Colombia.

La suscripción de acuerdos internacionales relacionados con las adecuaciones legislativas y jurídicas necesarias para el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas, desde la gestación hasta los 6 años, ha sido determinante para que el esfuerzo de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, universidades, centros de investigación y el Sistema de Naciones Unidas, entre otros, se haya traducido en una mayor conciencia sobre la importancia de la población menor de seis años y de las madres gestantes y lactantes.

La movilización por la primera infancia tuvo origen en el 2002, en la alianza por la política pública de infancia y adolescencia en Colombia, a través de un grupo de trabajo integrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), el Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE), Save the Children y UNICEF. En el 2004 este grupo de trabajo se amplía a 19 instituciones bajo la coordinación del ICBF.

La preocupación por la orientación de la política para la primera infancia impulsó la realización en el 2003 de un primer foro internacional: Primera infancia y desarrollo: el desafío de la década. Dos años más tarde se da inicio al Programa de apoyo para la formulación de la política de primera infancia en Colombia, con el objetivo de definir un marco institucional y un sistema de gestión local, regional y nacional, que permitiera garantizar los derechos de la primera infancia, ampliar coberturas, mejorar la calidad del programa y buscar estrategias para empoderar a las familias y a la comunidad. En el 2005, en el marco del mencionado programa, se realizó el segundo foro internacional: Movilización por la primera infancia.

El Programa de apoyo para la formulación de la política de primera infancia en Colombia, cuyo eje es la perspectiva de derechos como enfoque más cercano al desarrollo humano, conformó siete comisiones o mesas de trabajo, con objetivos y líneas de acción delimitadas, a saber:

• Mapeo de investigaciones, para realizar un registro de estudios pertinentes a la política, producidos durante la última década, y para consolidar la red de acuerdo

al artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia, y atendiendo lo señalado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-804 de 2006 MP, Dr. Humberto Antonio Sierra Porto, es preciso desde la perspectiva y equidad de género hacer la distinción entre niño y niña.

• En la primera infancia se incluyen los niños y las niñas desde la gestación hasta llegar a los 5 años, pero sin haber alcanzado los 6 años.

• Las instituciones que conforman el Comité Técnico del programa para la política de primera infancia son:

Banco Interamericano de Desarrolla (BID), Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC), Centro Internacional de Educación y Desarrollo (CINDE), Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS), Departamento Nacional de Planeación (DNP), Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Protección Social, Organización Panamericana de la Salud (OPS), Plan Internacional, Pontificia Universidad Javeriana, Save the Children, Universidad de Manizales, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica Nacional, UNICEF, Visión Mundial, Grupos Universitarios y de Investigación, relacionados con el tema de la niñez.

• Expedición por la primera infancia, para otorgar a la política la perspectiva de los saberes, construidos a partir de la experiencia de los actores sociales de base, relacionados directamente con la primera infancia, con el fin de visibilizar los procesos locales y regionales de atención integral, formación, participación y movilización social.

• Formación de talento humano para promover la formación de los actores que intervienen en el cuidado, la educación y la crianza de los niños y niñas menores de 6 años, para mejorar la cobertura y calidad en la atención y educación inicial.

• Lectura en la primera infancia, que promueve acciones para garantizar el derecho de los niños y las niñas a formarse como usuarios plenos del lenguaje, el juego, el arte y los símbolos de la cultura.

• Comunicación y movilización para la construcción de la política de primera infancia y la divulgación de sus resultados, identificando escenarios públicos, así como las herramientas necesarias para cada uno de éstos.

• Gestión y desarrollo local, para diseñar y desarrollar estrategias que permitan acciones de ejecución de la responsabilidad e iniciativa locales y regionales, en la protección integral de la población infantil menor de 6 años.

• Sistema de seguimiento y evaluación, para diseñar la metodología de gestión y seguimiento al proceso de aplicación de la política.

Garantizar el ejercicio de los derechos de los niños y las niñas menores de 6 años constituye el objetivo de la política pública orientada a la primera infancia. La garantía de los derechos es indispensable para el desarrollo de la primera infancia y fundamental para elevar su calidad de vida. En el proceso hacia la universalización del ejercicio de los derechos, bajo los ideales de equidad e inclusión social, es condición indispensable respetar la diversidad étnica y cultural del país. La dinámica a través de la cual se viene construyendo la Política de Primera Infancia, con la participación en su construcción de estamentos del gobierno y de la sociedad civil, le da el carácter de política pública.

De la misma forma, sitúa el tema de la primera infancia en el ámbito de lo público, tema antes ubicado en el terreno de lo privado. En este orden de ideas se entiende por política pública "una coproducción de Estado y sociedad, para la definición de un problema y la identificación de las acciones para su resolución" (MEN, 2006).

Desde esta perspectiva, el cumplimiento de los derechos de la primera infancia, si bien es un asunto que no le atañe solo al Estado, sino también a la familia y la sociedad, es el Estado el directamente responsable de garantizar las condiciones materiales, jurídicas e institucionales para respetar, promover, cumplir y proteger los derechos de los niños y niñas en su conjunto, como prevalentes sobre los derechos de los demás, a través de mecanismos expeditos, construidos con criterios de accesibilidad, disponibilidad, permanencia y aceptabilidad social y cultural (Colombia por la Primera Infancia, 2006).

Primera infancia: específicamente, para la educación inicial, el Compromiso Hemisférico por la Primera infancia, entre los Ministros de Educación de los estados Miembros de la OEA, reconoce "la educación de la primera infancia como fundamental en el proceso de desarrollo integral del niño o la niña desde el nacimiento hasta los ocho años, la cual debe incluir el esfuerzo conjunto de la familia, la escuela y la comunidad para el desarrollo de políticas públicas efectivas, así como la contribución de los distintos sectores de la sociedad"; subrayando la "importancia para los Estados de promover y desarrollar la investigación y evaluación sobre la educación de la primera infancia, y difundir los resultados, para generar nuevos conocimientos e indicadores que permitan la toma de mejores decisiones basadas en la evidencia empírica" (CIDI, 2007).

Igualmente, la Ley 1098 visibiliza a los niños y niñas menores de 6 años, al definir en su Artículo 29 la Primera Infancia como:

La etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis años de edad. Desde la primera infancia, los niños y niñas son sujetos titulares de derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera infancia, la atención en salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial

Protección integral: es el reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos sociales de derecho que pueden disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren el respeto de su dignidad y el derecho a ser cuidados y protegidos frente a conductas que atenten contra su desarrollo integral como seres humanos, dicha protección se debe materializar en un conjunto de políticas, planes, programas y proyectos en todos los contextos y con los recursos requeridos para tal fin.

Calidad de vida: es el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a contar con las condiciones que garanticen desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, educación, recreación y vivienda segura, con los servicios públicos dentro de un ambiente sano.

Vida y supervivencia: es el derecho a la vida, que se entiende como el bienestar físico, psíquico y social, como ejercicio pleno del proceso vital en armonía consigo mismo, con los demás y con el mundo.

Nutrición: es el proceso biológico en el que se provee al organismo de la energía y nutrientes necesarios para mantener un buen estado de salud y promover el crecimiento, desempeño y el mantenimiento de sus funciones vitales.

Una alimentación adecuada para un niño o niña es aquella que le permite mantener un buen estado de salud, libre de enfermedad, conservando la composición de los tejidos corporales, permitiendo el buen funcionamiento de los órganos, con una sensación de bienestar que le impulse a realizar actividad.

Salud: las condiciones para un óptimo estado de salud hacen referencia al bienestar integral de los seres humanos con relación al equilibrio biosicosocial y en armonía con el medio ambiente. La Organización Mundial de la Salud (OMS)6, en su Constitución de 1946, define salud como el estado de completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. La salud implica que todas las necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, nutricionales, sociales y culturales; esta concepción de salud no debe ser distinta a la que se debe hacer referencia y asumir desde la primera infancia, teniendo en cuenta algunas premisas que vale la pena mencionar.

Participación: en el Código de la Infancia y la Adolescencia se reconoce y protege el derecho de los niños, niñas y adolescentes, Ley 1098 de 2006, derecho a la participación, a través de sus distintas formas: libertad de expresión, de pensamiento, conciencia, religión, de reunión, derecho a la libre asociación, a la intimidad e información.

Al reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, es decir, como seres humanos con derechos que les pertenecen y por lo tanto, como ciudadanos, no sólo se quiere asegurar su vida, salud, educación y protección, sino que se abre la posibilidad de ver en ellos y ellas su capacidad de aportar, desde el presente, en la vida familiar, comunitaria, escolar y en general, en la orientación de la sociedad.

El Artículo 31 de la Ley 1098 dice que los derechos a la participación de los niños, las niñas y los adolescentes, se basa en el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en el código, los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés.

Seguridad: son todas las acciones que se generan con el fin de ofrecerles a los niños y niñas determinadas condiciones que impiden amenazas y garanticen el sano esparcimiento y desarrollo de este grupo poblacional.

Igualmente la seguridad permite promover espacios adecuados y libres de peligro que proporcionen confianza consigo mismo y con el entorno en el que interactúan. Brindar seguridad tiene que ver con la dotación de espacios adecuados, infraestructura física confiable, ambientes sanos y agradables, acordes con las condiciones climáticas de cada región.

Identidad: el derecho de los niños y las niñas a la identidad abarca los derechos al nombre, a la nacionalidad y a la familia. El derecho al nombre se formaliza a través del registro de nacimiento. Este registro permite a los niños acceder a las políticas y programas públicos que promueven la supervivencia, el desarrollo y la protección integral. El registro civil al nacimiento es de vital importancia porque, además de formalizar su derecho al nombre, le permite a los niños y niñas acceder a los servicios sociales básicos que el Estado colombiano está obligado a proporcionar.

Familia: en el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia de 1991 la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

El Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia. La ley podrá determinar el patrimonio familiar inalienable e inembargable. La honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables.

Las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley.

Los hijos habidos en el matrimonio o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura responsable. La pareja tiene derecho a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos, y deberá sostenerlos y educarlos mientras sean menores o impedidos.

Las formas del matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los deberes y derechos de los cónyuges, su separación y la disolución del vínculo, se rigen por la ley civil. Los matrimonios religiosos tendrán efectos civiles en los términos que establezca la ley. Los efectos civiles de todo matrimonio cesarán por divorcio con arreglo a la ley civil.

Primera infancia y familia: la política de primera infancia parte de reconocer que uno de sus ejes fundamentales de formulación es la familia, porque la Constitución Nacional y la tradición social consideran a la familia como la unidad básica de la sociedad. El Estado y la sociedad han delegado en ella la responsabilidad de satisfacer los derechos básicos de los individuos.

El Estado y la sociedad admiten su corresponsabilidad en la garantía de tales derechos y, en esa medida, se supone que hay entre ellos relaciones complementarias y de cooperación. La familia es el contexto más propicio para generar vínculos significativos, favorecer la socialización y estimular el desarrollo humano y, desde el punto de vista del Estado y de la sociedad, la familia es su capital social (Artículo 17, parágrafo 29, Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia. Artículo 42 y 44 Constitución Política; 7 y 9 Convención sobre los Derechos del Niño; Código del Menor; 14, 22, 23, 38, 39, Ley 1098 de 2006, Código del la Infancia y la Adolescencia).

Como capital social, la familia es un bien de la humanidad que coevoluciona con todos los sistemas presentes en el amplio contexto de la sociedad, sobre todo si en esas relaciones se le considera como una unidad activa en el interjuego social, se respeta su autonomía y se le concede el reconocimiento pleno de sus saberes y potencialidades, en función de la conservación de los individuos y de la sociedad. (ICBF, OIM & Sinapsis 2006) (Conpes 109, 2007).

Las constantes tensiones en la relación familia, sociedad y Estado marcan una ruta accidentada y poco equilibrada y se ubican en el centro de la dinámica social. Los lugares de abordaje de esta pueden ser múltiples y determinan miradas que, aunque a veces parecen contradictorias, en la mayoría de ocasiones son complementarias. Por tanto, no se puede eliminar ningún enfoque, so pena de simplificar y trivializar estas relaciones. Es necesario abordar el tema desde miradas históricas, sociales, económicas, laborales, éticas, religiosas, psicológicas, educativas y culturales.

La relación entre familia y Estado se ha ido modificando, en tanto aparecen múltiples instancias mediadoras como la escuela, los programas de bienestar social, las instituciones culturales, recreativas y de salud, y los medios de comunicación. Esto, en alguna medida, ha debilitado la institución familiar y la coloca en situación de indefensión, sin recibir apoyo para cumplir las pocas funciones que todavía se le asignan, paradojas todas ellas relacionadas con la política.

El Estado tiene la obligación de proteger a la familia y generar condiciones para garantizar sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales. En este sentido, proponer una política de primera infancia exige, el cumplimiento de dicha obligación por parte del Estado, que debe proveer las condiciones materiales, jurídicas, legales y la modificación de las relaciones entre las instituciones mediadoras y la familia, dado que es ella el escenario relacional donde se construyen el niño y la niña como sujetos. No obstante la dificultad que reviste aproximarse a un concepto de familia, como categoría analítica, esta es considerada como una construcción histórica y cultural, por tanto cambiante, dinámica, heterogénea y flexible, de acuerdo con la realidad social donde se inscribe. De allí que no sea posible obtener una única definición de familia, ni hablar de la familia, más bien es oportuno referirse a las familias, dado que existen múltiples arreglos familiares en la sociedad.

Teniendo en cuenta los señalamientos anteriores, un acercamiento a la definición de familia es el postulado por Ares F. (2002), el cual expresa que la familia es "La unión de personas que comparten un proyecto vital de existencia común, en el que se generan fuertes sentimientos de pertenencia a dicho grupo, existe un compromiso personal entre sus miembros y se establecen intensas relaciones de intimidad, reciprocidad y dependencia".

De igual manera, elementos como la consanguinidad, el parentesco, la convivencia, la unidad doméstica, la solidaridad, los intereses comunes y las relaciones afectivas, deben ser consideradas como características de la familia.

Asumir una política de primera infancia implica contar con una política pública de familia que incluya su diversidad, realice un análisis multidimensional de sus problemáticas; así se desprende de los predicados normativos de los artículos 5, 13, 15, 42, 43, 44, 45, 46, 47 de la Constitución Política, y en similar sentido a la familia se le protege en varios tratados de Derechos Humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN).

El Artículo 42 Superior, entre otros mandatos, establece que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, que se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad garantizarán la protección integral de la familia.

Muchos de los problemas que afectan a la familia se originan en el medio social, político y económico circundante. Sus soluciones requieren de la intervención del Estado, que puede y debe regular el impacto que la sociedad ejerce sobre ella. No se puede soslayar el hecho de que las políticas sociales, tradicionalmente, han tendido a privilegiar un enfoque sobre la familia, en el que se la considera más una suma de individuos que una unidad básica relacional y de convivencia. Las políticas suelen dirigirse a los miembros de la familia, individualmente considerados, sin tomar en cuenta sus efectos sobre la estructura y funciones de la misma, (Kaluf & Mauras, 1998). Es un aspecto que debe relevarse en la definición de metas y objetivos de la política de primera infancia.

La relevancia de la familia, en el marco de la política pública de primera infancia, radica en que ella constituye el espacio donde se estructuran las formas de vinculación del niño con el mundo, aspecto fundamental en su desarrollo como sujeto (Política pública para la primera infancia, 2006).

Plan de atención integral para la primera infancia (PAIPI): permite estructurar los objetivos, las acciones y las estrategias que va a desarrollar el prestador del servicio con su equipo de trabajo y con los Centros Zonales del ICBF y las secretarías de educación municipal o departamental. Dado que el Plan indica la ruta que se va a seguir, debe contar con la participación activa de los niños, las niñas, sus familias y los agentes educativos comunitarios. El PAI implica la organización sistemática del proceso de atención integral a la primera infancia. Para todo esto, debe existir coordinación con Red JUNTOS, la Mesa Municipal de Primera Infancia o los comités que operen para la primera infancia en el marco del Consejo de Política Social.

Acciones básicas para la prestación del servicio por atención integral: se entiende el conjunto de acciones coordinadas con el fin de satisfacer, tanto las necesidades esenciales para preservar la vida, como aquellas relacionadas con el desarrollo y aprendizaje humano, acorde con sus características, necesidades e intereses.

El Plan de Atención Integral requiere la organización sistemática del proceso de atención a los niños, las niñas y sus familias (la comunidad y las instituciones); este define los objetivos y las acciones que se van a desarrollar a partir de la caracterización de cada uno de ellos.

El PAI señala la ruta de trabajo para seguir y, en tal sentido, debe ser elaborado con la participación de las familias y los docentes; debe responder al contexto y ser flexible, de manera que permita revisiones y ajustes, de acuerdo con los avances y cambios que se den durante el proceso.

El PAI reconoce la importancia de los primeros años de vida para el adecuado desarrollo humano, y como factor de progreso de los pueblos debe:

• Promocionar la nutrición, la salud y los ambientes sanos desde la gestación hasta los 5 años, entre las familias, la comunidad y los centros infantiles; así como la prevención y atención a la enfermedad y el impulso de prácticas de vida saludable y condiciones de saneamiento básico ambiental.

• Fomentar prácticas socioculturales y educativas que potencien el desarrollo integral de los niños y niñas menores de 5 años.

• Velar por la restitución de los derechos vulnerados a los niños y las niñas, por parte de los organismos responsables.

• Orientar la participación de niños y niñas menores de 5 años en la toma de decisiones que afectan sus vidas en los espacios de desarrollo familiar, social e institucional.

• Impulsar la creación de canales de participación ciudadana para la formulación, ejecución y evaluación de políticas locales de primera infancia.

• Garantizar el derecho a la identidad de todos los niños y las niñas, desde los primeros días de su nacimiento, realizando las gestiones necesarias. Este derecho es la base para que sea posible acceder a todos los demás servicios.

Guías operativas: las guías operativas son herramientas metodológicas que definen las rutas y procedimientos generales y específicos que deberán ser apropiados por todos los actores responsables de la prestación del servicio, de tal manera que se generen procesos de atención con calidad y eficiencia, en correspondencia con los mandatos de la política pública de primera infancia.

Las guías operativas para la atención integral a la primera infancia desde las modalidades consideradas por la política de educación inicial, son un instrumento que posibilitará el conocimiento de las estrategias, metodologías, marcos conceptuales y propósitos de las diferentes acciones que se enmarcan en el desarrollo del servicio educativo. Donde se ubican antecedentes, estado actual de la infancia, descripción del entorno y metodología para la realización de las diferentes actividades en el marco del proceso.