- Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva
- Sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva
- Sobre la banca y los medios de comunicación
- Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura
- Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura
- Preguntas para consulta
- Preocupa posible politización de poder judicial
- Agrava imagen del país ante comunidad internacional
- La hoja de ruta legislativa se altera por la consulta de Correa
- Conclusión
- Recomendaciones
Sobre los plazos para la caducidad de la prisión preventiva
Con la finalidad de mejorar la seguridad ciudadana, ¿está usted de acuerdo en que la correspondiente ley cambie los plazos razonables para la caducidad de la prisión preventiva, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 1?
Lo que busca
Que las personas detenidas y que no tienen sentencia permanezcan tras las rejas por un tiempo superior al establecido como límite por la Constitución.
La actual Constitución establece que si una persona es detenida por algún delitopenado con prisión (menos graves) no podrá estar presa sin sentencia más de seis meses.
También estableció que las personas detenidas por un delito penado con reclusión (más graves) no podrán estar detenidas sin sentencia por más de un año.
Esta pregunta surge ante la idea de que la ola delictiva se debe a la gran cantidad de reos que salen libres sin que hayan sido juzgados.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa sostiene que los plazos de caducidad de la prisión no concuerdan con la "realidad procesal", es decir con el procedimiento de investigacióny juzgamiento de los detenidos. Esta situación, según Correa, "ha causado que, desde enero de 2007 a octubre de 2010, miles de personas privadas de libertad por orden judicial de medida cautelar hayan obtenido su libertad, sin que hayan sido juzgadas, dificultando la efectiva administración de la justicia, la sanción del delito y sus responsables y promoviendo el aumento de la inseguridad e impunidad".
Argumentos en contra
Quienes no están de acuerdo con esta propuesta sostienen que el problema no está en el plazo de caducidad de la prisión preventiva sino en las deficiencias del sistemajudicial. Aumentando el tiempo no se solucionará el problema. Lo que hay que hacer es diseñar un nuevo sistema más eficiente para que los jueces puedan sentenciar más rápido.
Sobre las medidas sustitutivas a la prisión preventiva
Con la finalidad de evitar la impunidad y garantizar la comparecencia a los juicios penales de las personas procesadas, ¿está usted de acuerdo que las medidas sustitutivas a la prisión preventiva se apliquen únicamente para los delitos menos graves, enmendando la Constitución de la República como lo establece el Anexo 2?
Lo que busca
Que los jueces no puedan ordenar que los detenidos reciban medidas sustitutivas a la prisión preventiva, es decir arresto domiciliario, presentaciones periódicas ante el juez o prohibición de salir del país sino únicamente en delitos penados con prisión (menos graves). No a delitos penados con reclusión como homicidio, narcotráfico o peculado.
La actual Constitución había introducido el conceptode las medidas sustitutivas a la prisión preventiva que consisten en medidas para que el sospechoso esté presente durante el proceso sin que esté necesariamente en la cárcel.
Argumentos a favor
Los jueces han abusado de estas medidas sustitutivas y han beneficiado a narcotraficantes y asesinos que logran burlar a la justicia. Se debe aplicar estas medidas únicamente a los sospechosos de delitos que se penan con prisión y no con reclusión porque son delitos más graves.
Argumentos en contra
Un Estadono debe tener presos sin sentencia. Las medidas sustitutivas a la prisión preventiva son parte de un proceso para evitar que las personas que aún no tienen sentencia estén en la cárcel. Es un tema de derechos humanos.
Sobre la banca y los medios de comunicación
Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el Anexo 3?
Lo que busca
La pregunta pretende evitar que los accionistas principales de los medios de comunicación tengan participación en empresas dedicadas a otras tareas distintas a la comunicación. Lo mismo con los accionistas principales de las instituciones financieras o bancos.
Argumentos a favor
Uno de los razonamientos para presentar esta pregunta es que los grupos financieros y de comunicación privados se dediquen exclusivamente a las funciones que como tales les corresponde, y no tomen parte en otro tipo de actividades ajenas a su objeto.
Argumentos en contra
Es una medida discriminatoria puesto que se apunta con dedicatoria a los accionistas de medios de comunicación. ¿Por qué a ellos y no a los dueños de hospitales privados por ejemplo? Se atenta al principio del tratamiento equitativo de las leyes. Además, se habla únicamente de los medios privados y no de los que están en manos del Gobiernodonde también hay conflictos de intereses. Con esta norma, el capital de los bancos se va a concentrar porque los pequeños accionistas no podrán tener otros negocios y venderán sus acciones a los más importantes.
Sobre la sustitución el Pleno del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de superar la crisis de la Función Judicial, ¿está usted de acuerdo en sustituir el Pleno del Consejo de la Judicatura por una Comisión Técnica compuesta por tres delegados designados, uno por el Presidente de la República, uno por la Asamblea Nacional y uno por la Función de Transparencia y ControlSocial, para que durante un período de 18 meses asuma todas y cada una de las funciones del Consejo de la Judicatura y pueda reestructurar el sistema judicial, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 4?
Lo que busca
Disolver el actual Consejo de la Judicatura para que una comisión ocasional tripartita se encargue, durante 18 meses, de reestructurar las cortes de justicia y los juzgados del país.
Se elimina el concepto de participación ciudadana en la administración de Justicia pues el Consejo de Participación ya no tendrá competencia para nombrar al nuevo Consejo de la Judicatura, proceso que estaba en marcha.
Argumentos a favor
El sistema previsto en la Constitución, según el cual el Consejo de la Judicatura debe administrar el servicio de justicia y nombrar, los jueces no funciona. Los actuales jueces son los responsables del crecimiento de la ola delictiva y es necesario de inmediato reestructurar todo el sistema judicial.
Argumentos en contra
Se contradice uno de los pilares de la nueva Constitución que establecía la figura de la participación ciudadana para el nombramiento y relevo de los jueces. Se trata de un desenfadado intento del Ejecutivo para controlar la Justicia ya que los sectores involucrados en la Comisión dependen de éste.
Sobre la modificación del Consejo de la Judicatura
Con la finalidad de tener una más eficiente administración del sistema de justicia, ¿está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como lo establece el anexo 5?
Lo que busca
La pregunta plantea la posibilidad de que en el Consejo de la Judicatura exista mayor presencia de los poderes del Estado y no vocales que, en el caso de la Constitución, salen de la ciudadanía luego de un proceso de selección hecho por el Consejo de Participación y Control Social.
El Consejo de la Judicatura propuesto se integrará por el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, quien lo presidirá; el Fiscal General del Estado; el Defensor Público; Un Delegado de la Función Ejecutiva; y un Delegado de la Asamblea Nacional.
Los Delegados de las funciones ejecutiva y legislativa, titular y suplente, serán ratificados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a través de un proceso público de escrutinio, con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana.
Argumentos a favor
El Consejo de la Judicatura no ha cumplido su rol, ya que en la práctica las funciones que le fueron encomendadas por el número de miembros que lo componen y por las pugnas internas que se suscitan. El proceso de un concurso de merecimientos y oposición por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para la designación de nueve Vocales del Consejo de la Judicatura se prevé que demorará excesivamente.
Argumentos en contra
Se está alterando el espíritu de la Constituyente de Montecristi. Habrá un manejo desembozado de la justicia por parte del poder Ejecutivo que domina los distintos poderes que estarán representados en ese organismo. Se vuelve a las antiguas prácticas de control político y partidista de la justicia. Otra "Pichicorte".
1.- Sobre el enriquecimiento privado no justificado
Con la finalidad de combatir la corrupción, ¿Está usted de acuerdo que sea delito el enriquecimiento privado no justificado?
Lo que busca
Con esta interrogante, el Régimen pretende que personas particulares sean sancionadas al igual que un funcionario público que haya cometido enriquecimiento ilícito. Este último delito recibe penas de hasta 5 años de prisión.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree necesaria la reforma debido a que el enriquecimiento fraudulento en el sector privado, pese a que es evidente, se mantiene impune. Y ello sucede porque una persona particular incumple con uno de los requisitos para ser procesado por este tipo de delitos, según lo establecido en el Código Penal: ser funcionario público.
Argumentos en contra
El catedrático Alfredo Negrete considera que en esta pregunta debió formularse un artículo concreto y que el planteamiento es muy abierto. Mientras que el banquero Fernando Vivero, en una entrevista a El Universo, afirmó que el enriquecimiento ilícito en el sector privado es algo "muy subjetivo" y se pregunta: "¿Cómo medir si una persona rica tiene una fortuna lícita o ilícita?". Dice que si alguien se enriquece a través del lavado de activos, narcotráfico o evasión de impuestos puede ser sancionado porque estos delitos ya están penados por la ley.
2.- Sobre la prohibición de los juegos de azar
Con la finalidad de evitar que los juegos de azar con fines de lucro se conviertan en un problema social, especialmente en los segmentos más vulnerables de la población, ¿Está usted de acuerdo en prohibir en su respectiva jurisdicción cantonal los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?
Lo que busca
El Gobierno pretende declarar al Ecuador en un Estado libre de empresas o negocios de juegos de azar. El presidente Rafael Correa había ya manifestado esta intención desde junio del año pasado después de restringir el consumo de bebidas alcohólicas.
Argumentos a favor
Para el Mandatario, los juegos de azar pueden llevar a vicios "como la ludopatía que corrompen al ser humano". También cree que son una fuente de corrupción en la que jueces y autoridades de instituciones estatales se han visto involucrados. El sector más afectado es la juventud, según el presidente Correa.
Argumentos en contra
Jorge Castro, vicepresidente de la Asociación de Casinos y Bingos del Ecuador, lamenta que en la pregunta no se haya hecho una distinción entre casinos legales e ilegales porque los primeros son "recursos turísticos". Por otro lado, si pasa esta pregunta será necesario llamar a otras consultas para definir el futuro de los juegos de azar y de los espectáculos donde se mate animales en cada jurisdiccional cantonal. "¿Qué pasaría si en Guayas deciden que sí haya juegos y en Quito no?, se pregunta.
6.- Sobre la prohibición de los espectáculos donde se mate animales
Con la finalidad de evitar la muerte de un animal por simple diversión, ¿Está usted de acuerdo en prohibir, en su respectiva jurisdicción cantonal, los espectáculos públicos donde se mate animales?
Lo que busca
El Régimen busca con esta pregunta declarar al Ecuador libre de espectáculos públicos en los que se mate a los animales por simple diversión.
Pretende eliminar este tipo de prácticas en las que, a su juicio, se tortura, desangra y agrede a los animales hasta causarles la muerte.
Argumentos a favor
El Gobierno considera necesario la eliminación de la violencia en todas sus formas, incluida aquella contra seres que no "gozan de racionalidad". Se apoya del artículo 71 de la Constitución en el que se eleva a categoría de derechos constitucionales, los derechos de la naturaleza.
Argumentos en contra
Para Santiago Aguilar, miembro de la Unión Nacional de Espectáculos Tradicionales del Ecuador, esta pregunta viola artículos de la Constitución referentes a los derechos individuales, diversidad, cultura, tradición y autodeterminación de las personas. Otras opiniones contrarias sostienen que la eliminación de estos espectáculos no va a disminuir la delincuencia, como dice el argumento oficial para incluir esta pregunta en la consulta.
7.- Sobre la creación de un Consejo de Regulación para los medios
Con la finalidad de evitar los excesos en los medios de comunicación, ¿Está usted de acuerdo que se dicte una ley de comunicación que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita, que contengan mensajes de violencia, explícitamente sexuales o discriminatorios; y que establezca los criterios de responsabilidad ulterior de los comunicadores o los medios emisores?
Lo que busca
El Régimen en esta pregunta plantea dos temas que ya se ha tratado en el proyecto de ley de Comunicación que está en trámite en la Asamblea.
El primero: la creación de un Consejo de Regulación (en el proyecto su denominación es Consejo de Comunicación) de contenidos en radio, TV y prensa en temas que tengan que ver con violencia, sexo y discriminación.
El segundo: que ese Consejo "establezca los criterios de responsabilidad ulterior", es decir, los criterios con los cuales se puede definir si una información publicada fue veraz y verificada.
Argumentos a favor
El Presidente cree que la regulación de contenidos violentos, sexuales y discriminatorios es una manera de mejorar las condiciones de vida. Afirma que la TV, al ser el medio masivo más importante, debe orientar de manera positiva en la sociedad. Este papel "muchas veces no cumple puesto que en la producción de mensajes se prioriza las ganancias de los grandes grupos de la industria del entretenimiento". El Mandatario, en su carta a la Corte Constitucional, no argumenta sobre el tema de responsabilidad ulterior.
Argumentos en contra
Esta es una pregunta innecesaria a decir de Alfredo Negrete, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de las Américas, por dos razones.
La primera: la creación del Consejo de Regulación ya fue consensuada por todos los bloques legislativos del 17 de diciembre del 2009.
La segunda: la responsabilidad ulterior consta en el articulo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la que está suscrito el Ecuador. "Es como preguntar si se está de acuerdo con que el sol siga saliendo por el oriente", dijo de su parte Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente. Y añadió: "Lo que interesa es, sobre todo, quién conforma el Consejo de Regulación y cuáles serán sus atribuciones".
Todo esto, enfatizó, debido a que los plazos de caducidad de las medidas cautelares privativas de libertades establecidas en la Constitución, no concuerdan con la realidad procesal, ya que establecen la diferenciación entre delitos sancionados con prisión y reclusión sin contemplar aspectos específicos de cada caso.
El Canciller Ricardo Patiño, también respaldó esta versión. En una rueda de prensa para la presentación del nuevo Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (Proecuador), el martes anterior, manifestó que son necesarias las consultas sobre la legislación y la función judicial. "…Cuando hablamos del Consejo de la Judicatura estamos hablando de hacer un cambio inmediato, radical, profundo para asegurar que ya no sigamos teniendo el nivel de corrupción, ineficiencia en los juzgados de la República.
Y él (el Presidente de la República) ha pedido 18 meses para que un equipo técnico pueda trabajar en ello, y luego la Judicatura en adelante designado siga ese tipo de trabajo manteniendo la autonomía…".
La inseguridad se ha convertido en la piedra en el zapato del gobierno, a criterio de Patiño, porque no se han logrado cambios significativos. "Hemos trabajado en la búsqueda de solucionar el tema de la inseguridad, el Presidente ha reconocido que no hemos logrado cambios fundamentales, se han puesto muchos recursos", dijo.
Patiño recordó incluso, que cuando fue ministro de Finanzas, en los primeros seis meses de gobierno, acudió a la Corporación Andina de Fomento (CAF) para conseguir un crédito por 300 millones de dólares por petición del Primer Mandatario.
Esos recursos fueron destinados a la compra de implementos como chalecos, armas, municiones. "El presidente preguntó: qué se necesita para atender el problema de la inseguridad, y esa fue la respuesta (los 300 millones de dólares para implementos)…Se han aportado los recursos, sin embargo, los resultados no son de quiebre, de ruptura como esperábamos. Esperábamos que disminuyera la inseguridad de manera sensible, no radical y esto no ha pasado…".
Por estos motivos, según Patiño, el Ejecutivo tomó la decisión de asumir personalmente el tema de la inseguridad con la consulta popular, y que planea seguir invirtiendo en este problema. "Incluso nos ha dicho en el gabinete: vamos a tener, si es que es necesario, recortar algunos presupuestos de otros ministerios para ponerles recursos a la seguridad…".
Pero el ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Gustavo Larrea, considera que no es necesario hacer un cambio constitucional para frenar la ola delictiva. Dijo que la dilatación de procesosy la acumulación de estos, también se deben a que en el país hay apenas un poco más de 200 jueces cuando la necesidad del país es al menos de 800, para que traten causas que superan las 2 mil por año. Y para ello el gobierno puede aplicar otras medidas.
Añadió también que hay que equipar a la Policía, profesionalizándola y volviéndola más científica y con tecnología de punta. "Considero que el tema delictivo es un tema grave en el país y requiere de respuesta de parte del Estado y distintas instituciones y de la ciudadana para enfrentarlo, sino que el Presidente empieza a hablar del tema y a responsabilizarse directamente él, en los últimos tres o cuatro meses".
Para Larrea ya existe un camino constitucional si se quiere nombrar a la Función Judicial, de lo contrario sería "meter mano" en este poder del Estado. "…Vamos a lograr lamentablemente mayor politización, por lo tanto creo que no debería, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo meterle mano a la Función Judicial sino seguir el proceso que el Consejo de Participación Ciudadana está llevando y que está en curso".
8.- Sobre el delito de no afiliar a un trabajador al IESS
Con la finalidad de evitar la explotación laboral, ¿Está usted de acuerdo que la no afiliación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de trabajadores en relación de dependencia sea considerada delito?
Lo que busca
El Ejecutivo busca sancionar por la vía penal a los empleadores que no afilien a sus trabajadores y por ello propone que esta figura se convierta en delito.
El fin: que los empleados accedan a los beneficios de la seguridad social tales como cobertura en salud y acceso a préstamos.
Argumentos a favor
El presidente Rafael Correa cree que la no afiliación de los trabajadores es una forma que tienen los empleadores para aprovecharse del dinero de sus empleados. Cree que los empleadores deben responder al igual que "un trabajador que dispone fraudulentamente de los fondos pertenecientes a la empresa en la que trabaja, bajo la figura punitiva de abuso de confianza".
Argumentos en contra
El jurista Manuel Terán considera que una consulta no es necesaria para este tema y que pudo ser tramitado por la Asamblea. Incluso en el artículo 327 de la actual Constitución ya se ampara al trabajador: "el incumplimiento de obligaciones, el fraude, la simulación, y el enriquecimiento injusto en materia laboral se penalizarán". Leyes como la de la Seguridad Social tienen previsto estas infracciones, según Terán. "Criminalizarlo sería un exceso".
Preocupa posible politización de poder judicial
Primo Díaz, ex presidente de la Corte Provincial del Guayas, indicó que de aceptarse la creación de una comisión técnica, compuesta por tres delegados designados por el Presidente de la República, otro de la Asamblea, y otro de la Función de Transparencia y Control Social, para que asuma en el periodo de 18 meses las funciones del Consejo de la Judicatura, eso sería una clara intromisión al poder judicial.
Consideró que la comisión va a estar dirigida por el Ejecutivo, y por tanto no cabe aceptar este tipo de reorganización judicial. ".. Está (la reorganización) detalladamente señalada en el régimen de transición, que está anexo a la Constitución y el proceso está en trámite en el Consejo de Participación Ciudadana. Y no creo que en los 18 meses que le dan a esta comisión sea tiempo menor del que se va a tomar el consejo en hacer lo mismo…".
Díaz señaló que aunque el proceso que sigue el Consejo de Participación Ciudadana es más lento es más transparente que el método propuesto por el Gobierno, mediante la consulta popular. "Los asambleístas en Montecristi sabían que esto (la reorganización judicial) no se iba a poder lograr en poco tiempo, pues mire que para elegir primero a los miembros de Participación Ciudadana hubo que hacer todos unos concursos".
Dijo que preocupa el hecho de que se intente imponer funcionarios judiciales afines al partido del gobierno. "Mucha gente está creyendo eso y vamos a ver si esto, la mayoría alcanza a comprender de esa manera la situación y de eso dependerán los resultados de la consulta popular".
María Leonor Jiménez, presidenta actual de la Corte del Guayas, también está en desacuerdo con las modificaciones que se proponen en la consulta popular. "Siete (miembros del Consejo de la Judicatura) fueron incapaces de hacer los cambios, y luego se convirtieron en nueve por la Asamblea de Montecristi, ahora el poder se reducirá a tres, o sea el poder está en menos manos", dijo en una estación televisiva.
El analista político, Teodoro Bustamante, se muestra en desacuerdo con la consulta porque manifestó que las autoridades del gobierno no hicieron las cosas bien, pues se preocuparon más de la publicidad, de mantener una imagen. "…Dijeron: haber qué medidas hacemos, vamos a separar delitos de contravención, que eran los delitos de 500 dólares… Todo eso que creían que iba subir la popularidad… Y como los tienen preocupados todo el tema penal, ahora no saben qué medidas tomar".
Agrava imagen del país ante comunidad internacional
La intervención del Ejecutivo en otros poderes del Estado es un total irrespeto al principio de la independencia de las funciones del mismo, a criterio del jurista internacionalista Carlos Estrellas.
Indicó que esto afecta la imagen internacional del Ecuador en el exterior porque no se refleja esa división de funciones estatales, "sino todo lo contrario, que se quiere acaparar todo el poder en una sola función. Entonces, lamentablemente la imagen no es positiva".
En ese sentido, se refirió al caso de Venezuela, país en donde el Primer Mandatario, Hugo Chávez, recibió poderes de la Asamblea, integrada totalmente por el partido de gobierno, la atribución de tomar dinero de cualquier presupuesto estatal para manejar la emergencia por las lluvias en esa nación. Esto fue cuando se posesionó la asamblea venezolana, el pasado 5 de enero.
"Copó (Chávez) todos los poderes, pero la situación de Venezuela es negativa, entonces mal sería seguir el ejemplo venezolano, en lugar de seguir otros ejemplos que son positivos. En Estados Unidos el Presidente de la Republica propone los nombres (de candidatos a la Corte), pero hay una selección muy fuerte sobre el candidato, y sobre ese nombre, pues se ve los valores de ese candidato y solo así se lo nombra en la Corte Suprema de Justicia… Solo se dan esas vacantes cuando muere un magistrado entonces hay un verdadero respeto a la Función Judicial, sumamente fuerte", dijo el internacionalista.
Añadió que por historia los dictadores siempre son los que han querido asumir todas las funciones en un Estado, como el caso de Alberto Fujimori, ex presidente de Perú, cuando se declaró dictador y asumió la Corte de Justicia de su país.
La hoja de ruta legislativa se altera por la consulta de Correa
Fuente: El comercio
Fecha: 24 De Enero Del 2011
El desarrollo de la consulta popular modifica parcialmente la agenda legislativa en dos proyectos de ley: Comunicación y Reforma penal. Por un lado, María Paula Romo, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructuradel Estado, ratificó ayer que "continuarán con el trámite regular" de las reformas penales. Dijo que la mesa mantendrá la tesisde que no se puede dar paso a ningún cambio en los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. El Ejecutivo plantea en preguntas entregadas a la Corte Constitucional, cambiar el límite de seis meses a un año establecido en la Carta Magna.
Sobre este punto, Fernando Cordero, presidente de la Asamblea, defendió la tesis de que se consulte al pueblo.
Aseguró que la propuesta de reforma para cambiar el plazo de caducidad de la prisión preventiva del PSC era "demagógica". "Proponen hacer una reforma penal en la Asamblea y se hacen respaldar por 46 000 firmas… Una ley nunca puede estar más allá de la Constitución", apuntó. Se refiere a la tesis de Cynthia Viteri y sus compañeros del PSC y Madera de Guerrero, que no pasó en la mesa.
Romo indicó que solo un punto de la reforma penal no será debatido dentro de la comisión que prepara el informe para segundo debate de reformas penales. Es la posibilidad de prohibir los negocios dedicados a los juegos de azar: casinos y salas de juego.
Es la segunda pregunta planteada por el Ejecutivo, en el paquete que iría a consulta popular.
"No vamos a tomar ninguna decisión al respecto", señaló la asambleísta de Alianza País, quien ayer viajó a EE.UU.
Otro de los proyectos de ley, que tramitaba el Legislativo, sí saldrá de la agenda de los próximos meses: Comunicación. Hasta el año pasado, Cordero sostuvo que permitiría que el Pleno lo analice en segundo debate durante este mes. Se comprometió a dialogar con los diferentes sectores para llegar a un acuerdo. Luego descartó la posibilidad de debatirlo porque en febrero la Asamblea tendrá su segundo receso y en la práctica preferían esperar a contar, por lo menos, con un texto borrador, del proyecto de Ley de Telecomunicaciones, que está por enviar el Ejecutivo.
Pero, el miércoles pasado, el bloque de A. País decidió esperar el resultado de la consulta popular. En la cuarta pregunta se plantea la creación de un Consejo de Regulación que norme la difusión de contenidos de los medios
Resolución de la Corte Constitucional sobre consulta popular será acatada por el Ejecutivo: A. Mera
Fuente: Confirmado.net
Fecha: 24 De Enero Del 2011
El Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Alexis Mera, puntualizó que la Corte Constitucional es el organismo independiente encargado de calificar las preguntas que se enviaron en tornoa la Consulta Popular, previo a una resolución e informe final, que será acatado por el Ejecutivo.
"Puede calificar por ejemplo si una pregunta es inductiva, si lo considera así, la podría cambiar", explicó, añadiendo que el Pleno del organismo emite resoluciones con la mayoría de votos de sus vocales.
En este sentido, explicó que si uno de los miembros de la Corte expresa su oposición a la consulta, ese informe no es vinculante y el Pleno puede resolver en contrario.
El sorteo del análisis del contenido de la propuesta se realizó el pasado 20 de enero en el Pleno de la Corte y la responsabilidad recayó en la jueza Nina Pacari, quien se encargará de analizar las cinco preguntas sobre enmiendas constitucionales; mientras que Roberto Brunis tendrá a su cargo las que se refieren a los temas de interés nacional.
Durante el pasado Enlace Ciudadano, el Presidente de la República, Rafael Correa, desvirtuó los argumentos expuestos por algunos sectores de la oposición que aseguran que las preguntas son inducidas para que los ciudadanos se pronuncien afirmativamente en el referéndum.
"Lo que hemos hecho es justificar la pregunta. No estamos manipulando. Los ciudadanos no son tontos (…) tendrán la posibilidad de votar por el no y si están de acuerdo, votarán por el sí", aclaró.
"Atento pueblo ecuatoriano, atentas también las comunidades, cuidado, por ahí hay una jugada política para boicotear la consulta, para evitar la transformación de la justicia y para evitar que el pueblo ecuatoriano se pronuncie en las urnas", alertó el Jefe de Estado.
Lea el documento completo en PDF de los fundamentos de la convocatoria al referendum y anexosEl mandatario Rafael Correa entregó ayer personalmente al presidente de la Corte Constitucional (CC), Patricio Pazmiño, su propuesta de referéndum constitucional y de consulta popular para su calificación. El jefe de Estado pidió a los nueve magistrados celeridad en el proceso de revisión.El cuestionario es mixto en su contenido, ya que incluye cinco preguntas para que se las evalúe por referéndum y cinco por consulta popular.
"Ejerciendo las atribuciones que me otorga la Constitución quiero hacer la entrega de las preguntas para la consulta popular; son parte para referéndum donde le consultamos al pueblo si quiere reformar normativas como la Constitución y la Ley Orgánica de la Función Judicial; y, otra parte es el plebiscito para consultar al pueblo sobre asuntos varios", dijo.
Según explicó se trata de la caducidad de la prisión preventiva, sobre la sustitución de las medidas cautelares alternativas y la posibilidad de reestructurar la Función Judicial, que "todos sabemos que está en crisis en estos momentos históricos".
En ese sentido pidió "la confianza del pueblo ecuatoriano en este Gobierno de manos limpias, que jamás va a buscar nada para sí mismo. Queremos que nos confíen la posibilidad de reestructurar ese sistema judicial sin el cual va a ser muy difícil lograr la tan ansiada seguridad ciudadana", aseguró.
El Jefe de Estado rechazó las críticas sobre la Constitución elaborada en el 2008. "Se nos dice que estamos reformando una Constitución que apenas tiene dos años. Somos gente honesta y pragmática y estamos aquí para satisfacer las necesidades del pueblo, no nuestras fijaciones ideológicas".Correa pidió celeridad a los magistrados en el tratamiento de este cuestionario. Patricio Pazmiño respondió que se tomarán 45 días para emitir un pronunciamiento oficial.
Y agregó: "Vamos a preocuparnos al máximo en poner nuestro empeño profesional para el país".Hernando Morales, vocal de la CC, dijo que las preguntas entrarán a un sorteo entre mañana y el jueves para que se designe el juez que definirá la viabilidad de las preguntas. Luego dijo que pasará a conocimiento del pleno y de no haber impugnaciones se remitirá al Ejecutivo con la aprobación final.
No nos olvidemos que no se puede legislar en contra de la constitución, no podemos retraer el sistema con eliminación de los derechos de la ciudadanía, la corte tiene que nombrarse en ese método y la reforma que no es reforma sino cambio de sistema no es valedero legalmente.
Esperemos que la Corte Constitucional responda al momento histórico y sus miembros estén consientes de la importancia de su verticalidad e independencia, piensen que por más que les ofrezcan toda la inmunidad para dictaminar de alguna forma, el juicio de la historia no acepta dichas inmunidades.
Los principios que se buscan son esenciales y más que nada como siempre ha manifestado el Presidente, nos podemos equivocar en este proceso, pero nunca traicionar los principios y los objetivos que persigue esta Consulta.
La consulta popular busca eliminar los juegos de azar y los espectáculos con animales vivos, como las corridas de toros
El mandatario planteó 10 preguntas, cinco de las cuales corresponden a temas que requerirán una reforma constitucional y que buscan transformar el sistema judicial, por lo que se realizarán bajo el concepto de "referendo".
Tratar de realizar los cambios necesarios en un área del Estado que aún demuestra muchas falencias en la función de la justicia judicial.
Analizar y cuestionar el débil contenido en relación a los temas fundamentales del país que deberían ser consultadas al soberano.
Modificar o disminuir derechos humanos y sociales de los ecuatorianos, comprometer la justicia bajo el pensamiento del gobierno para que le sea más fácil la condena de la lucha social, el reclamo justo y el derecho constitucional a la resistencia
Pronunciar temas de profundidad, si se debe o no seguir entregando el petróleo, los recursos naturales y riqueza a las empresas transnacionales, aspectos trascendentales como el respeto y profundización de los derechos recogidos en la Constitución.
Garantizar postulados en democracia como la libertad de expresión, el reclamo justo y la seguridad nacional.
Autor:
Franklin Franco Panchana