Participación Ciudadana (página 2)

En el mundo antiguo el ciudadano era soberano en la asamblea popular, pero en la vida privada significaba no más que un esclavo de las decisiones colectivas. El hombre en su singularidad “… como porción del cuerpo colectivo, interrogaba, destituía, juzgaba, despojaba, exiliaba, condenaba a muerte a los magistrados o a sus superiores, como sometido al cuerpo colectivo, podía a su vez ser privado de su estado, despojado de sus dignidades, desterrado, condenado a muerte por la voluntad discrecional del conjunto del cual formaba parte”.1

En esta época la ciudadanía es un espacio diferenciador y se atribuye el carácter de ciudadanos solo a ciertos individuos, en un primer momento se utilizó la riqueza como criterio para determinar la ciudadanía. Manifiesta Richard Zapata Barrero que: “La riqueza servía para diferenciar entre tipos de ciudadanos y de acuerdo con ello se asignaban funciones en el ejército y en l a asignación de sus derechos y responsabilidades políticas”.

En época de la República y el Imperio, de Roma la ciudadanía operó como mecanismo político para conseguir la estabilidad de una sociedad cada vez más plural; sin embargo, conservaba la esclavitud.

En la época de la Edad Media el poder político se constituyó por sistemas feudales con reinados, en la cual el feudal posee el poder sobre los siervos que estaban bajo su dominio; la clase noble y el clero eran los que gozaban de derechos políticos y sociales. La participación en los asuntos públicos estaba reservada para unos cuantos y no para toda la población.

En la época de la Ilustración y la Revolución Francesa, se logran los derechos del hombre, vislumbran los conceptos de democracia y ciudadanía en las ideas liberales, que conciben al individuo como un ser capaz de gozar de libertad e igualdad como valores intrínsecos, que se anteponían a las instituciones públicas del Estado. Sin embargo, en la práctica cotidiana seguía existiendo desigualdad económica, las mujeres no son consideradas como ciudadanas, debido a que se pensaba que no eran capaces de tomar decisiones y tenían que estar a la sombra de su esposo.

El Estado liberal toma como elementos constitutivos de la democracia, la división de poderes para el ejercicio del poder supremo de gobierno, establece el principio de mayoría relativa y representación proporcional para desempeñar cargos públicos, el derecho al sufragio universal para elegir a sus representantes de los órganos de gobierno.

En la actualidad la democracia es concebida como: una forma de gobierno, un sistema jurídico, una forma de vida basada en el constante mejoramiento económico, político y cultural del Estado para lograr la independencia y la realización del hombre; es un instrumento producto de la cultura y de la inteligencia del hombre más que un derecho otorgado por los gobernantes a los gobernados. “Basta con echar una mirada a la historia del siglo veinte europeo para comprobar esta dificultad: el fascismo, el nazismo y el estalinismo estuvieron a punto de desterrar la democracia del planeta”.

Es de vital importancia que el voto de los ciudadanos para elegir a sus representantes del poder ejecutivo y legislativo, sea por medio de un voto razonado, más que otorgarlo embargado por la emoción del momento o por el aspecto de la apariencia del elegible, “aquellos que están llamados a decidir o elegir a quienes deberán decidir, se planteen alternativas reales y estén en condiciones de seleccionar entre una y otra”.

En este bosquejo histórico sobre la democracia y la ciudadanía, se desprende que la interrelación gobernantes y gobernados es desproporcionada en cuanto a su situación económica, educativa, social; en consecuencia la participación de la población en los asuntos públicos es conducida por la ideología más que por el raciocinio.

Democracia como marco teórico.

La democracia es un bien necesario para gobernar con legitimidad, es por ello que ha subsistido como medio para gobernar a pesar de los intentos por desaparecerla de gobernantes autoritarios, por que en su esencia encierra la validez de su aplicación, y brinda libertad y dignidad en los gobernados como valores supremos que contempla la esfera jurídica del mundo del derecho.

Un elemento de la democracia es la igualdad entre los integrantes de la sociedad humana que habita en un Estado. “La libertad y la igualdad seguían enfrentadas, pero bajo nuevas etiquetas: igualdad enemiga de la libertad se encontraba en el socialismo mientras que la igualdad en armonía con la libertad se hallaba en la democracia antisocialista”. “Quiero imaginar bajo qué rasgos nuevos del despotismo podría darse a conocer en el mundo: veo una multitud innumerable de hombres iguales y semejantes, que giran sin cesar sobres sí mismos para procurarse placeres ruines y vulgares, con los que llenan su alma”… “Sobre éstos se eleva un poder inmenso y tutelar que se encarga sólo de asegurar sus goces y vigilar su suerte. Absoluto, minucioso, regular, advertido y benigno”.

Un elementos importante es que en la democracia no debe imperar la violencia, la ejecución de las decisiones del gobierno y de la población de un pueblo tienen que ser sin violencia. Karl Popper establece: “Lo que esencialmente distingue a un gobierno democrático de uno no democrático es que solamente en el primero los ciudadanos se pueden deshacer de sus gobernantes sin derramamiento de sangre”.

La democracia es un proceso continúo y permanente, no podemos establecer de forma absoluta en donde comienza la democracia y cuando termina, debido a que sus elementos constitutivos son generales y abstractos; la democracia es la antitesis de la autocracia. “Conviene distinguir entre procesos de transición y procesos de consolidación democrática, pues se enfrentan a distintas prioridades de problemas. En el primer caso (Chile) la discusión sobre la democracia tiende a ser más paradigmática, buscando determinar y legitimar un orden alternativo al orden autoritario. La dificultad de la reflexión teórica resida en el hecho de que no tiene lugar una ruptura radical e integral entre dictaduras y democracia, sino situaciones de encuentro”.

La democracia requiere de un orden para su efectiva observancia, a las personas se les facilita el actuar correctamente, cuando se les otorgan normas que deben seguir en beneficio propio, de su familia o de su ciudad, evitando de tal forma prácticas sociales que generan la degradación de la sociedad humana. “Sus posibilidades y tendencias están condicionadas por los criterios de normalidad y naturalidad que se desarrolla la gente común en su vida cotidiana. Serán las experiencias concretas de violencia y miedo, de miseria y solidaridad, que hacen el sentido de la democratización y del socialismo”.

En la democracia el poder es distribuido en la pluralidad, el poder se vuelve flexible debido a que no lo detenta la singularidad humana, en tal virtud hay un mecanismo de diversas fuerzas que intervienen los elementos de participación y discusión dentro de una esfera de libertad. “.. para medir los grados de evolución o involución política propone dos criterios, vale decir, el debate y la participación. Establece, de una parte, lo que él llama la hegemonía (autoritarismo) y, de otra, la poliarquía (democracia pluralista). En la hegemonía la discusión de los asuntos públicos y la intervención popular en las decisiones colectivas son frenadas o desalentadas; en tanto que en la poliarquía el intercambio de puntos de vista sobre los tópicos públicos y la participación civil de las resoluciones son una práctica cotidiana. El paso de una situación a otra es, en síntesis, su proyecto de progreso político”.

Participación ciudadana como elemento esencial de la democracia.

La participación ciudadana es una prerrogativa que tienen los gobernados en lo siguiente: a) para elegir a sus representantes de dos órganos de gobierno que son, el titular, el poder ejecutivo y el poder legislativo, b) para ser sujeto pasivo o activo en el ejercicio de la administración del Estado.

La participación ciudadana es un derecho fundamental de los gobernados que sirve como apoyo a las actividades de gestión y administración de los órganos de gobierno, para efecto de hacer eficiente su ejercicio.

La idea de participación es una palabra que explica el funcionamiento de la democracia contemporánea. Participamos porque nuestros representantes formales no siempre cumplen su papel de enlace entre gobierno y los problemas puntuales de una porción de la sociedad, participamos para cuidar los intereses y los derechos particulares y de grupos de personas que se diluyen en el conjunto mucho más amplio de las naciones, participamos para corregir los defectos de la representación política que supone la democracia, participamos para influir en las decisiones de quienes nos representan y para asegurar que las mismas realmente obedezcan a las demandas y a las expectativas de los distintos grupos que integran una nación.

La participación no existe de manera perfecta para todos los individuos y para todos los casos posibles, la forma elemental de la participación ciudadana a través del sufragio universal (voto) constituye una parte de lo que es la democracia, a través del voto se hace posible la representación de los ciudadanos en los asuntos del Estado, bajo esta premisa la representatividad genuina es también un elemento de la democracia. Existen otras formas de participación ciudadana más allá de los votos, en las cuales los ciudadanos están dispuestos a defender sus intereses frente a los demás, es decir, la participación ciudadana es una forma de controlar y moderar el poder otorgado a los representantes políticos.

La democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos poseen el monopolio de la actividad democrática. El voto en la actualidad es el único medio que hace posible la representación, es preciso que en el régimen democrático existan otras formas de controlar el ejercicio del poder concedido a los gobernantes; es procedente que se observe la siguiente propuesta: que exista plena libertad de asociación de los ciudadanos para participar en los asuntos que fueran de su interés (artículo 9 Constitucional), más plena libertad de expresión (artículo 6 y 7 Constitucional), la selección de los servidores públicos con criterios de responsabilidad de sus actos ante la sociedad, a la diversidad de fuentes públicas de información, a las garantías institucionales para asegurar que las políticas del gobierno dependan de los votos y de las demás formas ciudadanas de expresar las preferencias. En las sociedades democráticas la participación ciudadana es el binomio indispensable de la representación política, ambas son necesarias para la democracia.

Existen diversas formas de participación ciudadana, por mencionar algunas tenemos las siguientes: el ejercicio del voto, las actividades que realizan los ciudadanos en las campañas políticas emprendidas por los partidos o a favor de algún candidato en particular, la práctica de actividades comunitarias o de acciones colectivas dirigidas a alcanzar un fin específico y las que derivan de algún conflicto en particular.

No es lo mismo participar para hacerse presente en la integración de los órganos de gobierno que hacerlo para influir en las decisiones tomadas por éstos, para tratar de orientar el sentido de sus acciones. Aunque la participación ciudadana se refiere a la intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, en tanto que portadores de determinados intereses sociales, nunca será lo mismo votar que dirigir una organización para la defensa de los derechos humanos, o asistir a las asamblea convocadas por un gobierno local que aceptar una candidatura pro alguno de los partidos políticos.

“La participación ciudadana supone, en cambio la combinación entre un ambiente político determinado y una voluntad individual de participar. De los matices entre estos dos elementos se derivan las múltiples formas y hasta la profundidad que puede adoptar la participación misma. Pero es preciso distinguirla de otras formas de acción política colectiva: quienes se rebelan abiertamente en contra de una forma de poder gubernamental no están haciendo uso de sus derechos reconocidos, sino luchando por alguna causa específica, contraria al estado de cosas en curso. Las revoluciones no son un ejemplo de participación ciudadana, sino de transformación delas leyes, de las instituciones y de las organizaciones que le dan forma a un Estado por métodos violentos. Pero tampoco lo son las movilizaciones ajenas a la voluntad de los individuos: las marchas que solían organizar los gobiernos dictatoriales” … “La participación ciudadana, en cambio, exige al mismo tiempo la aceptación de las reglas del juego democrático y la libre voluntad de los individuos que deciden participar: el Estado de derecho y la libertad de los individuos”.

En algunas entidades se ha regulado la participación ciudadana, de manera formal, a tal punto que se han implementado los mecanismos para hacer viable la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos, como son los siguientes: plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del titular de la entidad (municipal o local) y asamblea ciudadana.

1. Plebiscito: Es una consulta a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos o decisiones del gobierno, que a su juicio sean trascendentes para la vida pública.

2. Referéndum: Es un instrumento de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo sobre la creación, modificación, derogación o abrogación de leyes propias de la competencia del poder legislativo.

3. Iniciativa popular: Es un mecanismo mediante el cual los ciudadanos presentan al poder legislativo proyectos de creación, modificación, reforma, derogación o abrogación de leyes y decretos propios del ámbito de su competencia.

4. Consulta ciudadana: Es el instrumento a través del cual las iniciativas del poder ejecutivo y poder legislativo, someten a consideración de la ciudadanía por medio de preguntas directas, foros, o cualquier otro instrumento de consulta, cualquier tema que tenga impacto trascendental en los distintos ámbitos temáticos y territoriales de su competencia.

5. Colaboración ciudadana: Es la facultad de los ciudadanos para colaborar con los organismos de gobierno en la ejecución de obras o prestación de servicios públicos.

6. Rendición de cuentas: Es el derecho de la ciudadanía de recibir de las autoridades, informes generales y específicos acerca de la gestión y administración pública, y evaluar la actuación de los servidores públicos.

7. Difusión pública: Es el derecho que tienen los ciudadanos de exigir a las autoridades que presenten planes y programas, con difusión permanente y accesible acerca de las acciones y funciones a su cargo en términos de ley.

8. Red de contralorías ciudadanas: Es el instrumento de participación ciudadana que asumen el compromiso de colaborar de manera honorífica con la administración pública, para garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia del gasto público.

9. Audiencia pública: Es un instrumento de participación ciudadana por medio del cual los ciudadanos tienen la facultad de proponer la adopción de determinados acuerdos o la realización de ciertos actos, recibir información de los órganos de la administración pública sobre sus actuaciones, presentar propuestas o quejas relacionadas con la administración pública, participar en la evaluación de los programas y actos de gobierno.

10. Recorridos del titular de la entidad: Los titulares de la administración pública dentro de su competencia deben hacer recorridos periódicos, a fin de verificar la forma y las condiciones en que se prestan los servicios públicos, el estado en que se encuentran los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés.

11. Asamblea ciudadana: Es el instrumento permanente de información, análisis, consulta, deliberación y decisión de los asuntos de carácter social, colectivo o comunitario; así como para la revisión y seguimiento de los planes programas y políticas públicas a desarrollarse en su ámbito de competencia.

Es un logro importante para la vida democrática de tales entidades; sería loable que de forma obligatoria se estableciera en los niveles de gobierno: federal, local y municipal; debido a que tiene como objeto instituir y regular los mecanismos e instrumentos de participación y las figuras de representación ciudadana; a través de las cuales los ciudadanos pueden organizarse para relacionarse entre sí y con los distintos órganos de gobierno. Es obligación de las autoridades en su ámbito de competencia, garantizar el respeto de los derechos de los ciudadanos y promover la participación ciudadana.

La relación entre la democracia y la participación ciudadana es una necesidad tanto para el ejercicio del sufragio universal como en las acciones políticas-administrativas, a efecto de que el sujeto de derechos subjetivos públicos sea incluyente en los asuntos del Estado, no tan solo en lo singular sino más aun en el aspecto colectivo, en la construcción de conciencia ciudadana y la transformación constante de la administración pública y política del país.

Para que la participación ciudadana sea efectiva, los ciudadanos deben estar en posibilidades de proponer la adopción de acuerdos o la realización de actos a los organismos públicos, presentar quejas y denuncias por la incorrecta prestación de servicios públicos o por la irregularidad de la actuación de los servidores públicos, emitir opiniones y formular propuestas para la solución de problemas de interés público o general y para el mejoramiento de las normas jurídicas o administrativas, ser informados sobre leyes, decretos y toda acción de gobierno de interés público, recibir la prestación adecuada de servicios y bienes públicos, y ser informados sobre la realización de obras y servicios de la administración pública mediante la difusión pública y el derecho a la información.

La participación ciudadana consagra un elemento subjetivo en interacción con el objeto (administración del Estado), en el ámbito micro y macro del Estado, dentro del marco sistemático y coordinado de los asuntos públicos, en la manifestación conjunta de los ciudadanos, en busca de fines comunes.

La participación ciudadana obedece a la facultad soberana que posee la población, para que de forma organizada racional y consciente los ciudadanos se reúnan con el propósito de satisfacer necesidades o alcanzar objetivos comunes para lograr su propio desarrollo y mejorara sus condiciones de vida. Renovando los procesos de la forma de gobierno, en el establecimiento, ordenación y reorientación de los planes y programas del desarrollo nacional, estatal o municipal, que repercuten en el mejoramiento de la calidad de vida en el Estado.

Ciudadanía como un derecho fundamental.

“La palabra ciudadanía proviene del latín civitas, que fue la organización jurídico-política de los romanos”… “entendiendo por ciudadano etimológicamente, la pertenencia de un individuo –hombre o mujer– al grupo social estructurado políticamente y, diríamos hoy, dotado de soberanía”. Un elemento importante de la ciudadanía es el hecho jurídico que confiere facultades políticas al gobernado que se encuadra en el supuesto.

Ciudadanía es el “Conjunto de prerrogativas y obligaciones de carácter político que recaen sobre quienes, teniendo la nacionalidad mexicana, reúnen además los requisitos de haber cumplido dieciocho años y ostenten un modo honesto de vivir”.13 De manera constitucional se establece que la personas físicas pueden ser ciudadanos al poseer dos requisitos que son: ser mayor de edad y tener un modo honesto de vivir, lo cual resulta muy abstracto y general, debido a que el modo honesto de vivir no tiene fronteras o limitantes establecidos, es decir, lo que para algunos es honesto para otros resulta deshonesto, y viceversa.

El autor Francisco Venegas Trejo señala que “la ciudadanía posee las siguientes características:

a) Cualidad jurídica.

b) Cualidad propia de personas físicas.

c) Cualidad jurídica para intervenir en la política.

d) Designación de funcionarios y ejercicio de atribuciones públicas.

e) Edad determinada.

Ciudadanía es la capacidad o reconocimiento jurídico para intervenir en la política. Ésta requiere de madurez o independencia de criterio; por ello de la misma son excluidos muchos individuos que pese a ser estatales físicos, no se les atribuyen dotes apuntadas. Las personas colectivas han determinado serios estudios de cratología, hacen política; no sólo influyen, sino que aun deciden la suerte de los Estados, de mil maneras actuando para imponer y sustituir a los gobernantes. Esta situación fáctica, realidad insoslayable en países subdesarrollados, víctimas del imperialismo o del intervensionismo extranjero, no nos debe conducir a variar la tesis, a aceptar que los entes colectivos de derecho puedan lícitamente intervenir en cuestiones políticas”.

La ley fundamental establece los requisitos para ser ciudadano (ser mayor de dieciocho años y tener un modo honesto de vivir), sólo las personas físicas y no las personas morales son susceptibles de ser ciudadanos, el hombre al poseer la ciudadanía tiene la facultad para votar y ser elegible en la elección de representantes de los órganos de gobierno.

La ciudadanía es un proceso dinámico que se amalgama a las condiciones de vida de la población y las formas de gobierno de los Estados modernos. “La ciudadanía es el resultado de un proceso que se dio por etapas: La primera como resultado del Estado liberal, conformada por derechos civiles, la segunda por los derechos políticos centrados principalmente en el sufragio y la posibilidad de participar en los espacios de toma de decisiones del poder político, tercera, finalmente distingue los derechos sociales como parte de la ciudadanía, a partir del papel que tomo el Estado como responsable de garantizar el desarrollo económico y el bienestar social de la población”.

“Los individuos, en cuanto ciudadanos, tienen un valor político igual para la democracia. Cada cual es libre de manifestar su voluntad personal con el propósito de que concuerde con la voluntad colectiva. En teoría democrática pura no se puede excluir a una minoría de la actividad política. La dictadura de la mayoría sobre la minoría es antidemocrática”. En la democracia imperan las decisiones de la mayoría de la población o su totalidad; empero, los fines del Estado deben ser de beneficios para toda la población del país. La democracia se funda en el ordenamiento jurídico, una de las características de las normas jurídicas es que son generales y no particulares, los beneficios y derechos que consagra la norma son para la colectividad.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que consagra esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece”. En el numeral “34. Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan, además, los siguientes requisitos: I Haber cumplido 18 años, y II. Tener un modo honesto de vivir”. La ciudadanía es un derecho fundamental del individuo gobernado cuando cumple con los requisitos establecidos, porque se encuentra establecida en la Ley Fundamental.

Los ciudadanos tienen derechos y obligaciones establecidos en la norma constitucional. Son derechos o prerrogativas de los ciudadanos de a República mexicana, en términos del articulo 35 de la Constitución Federal los siguientes: a) Votar en las elecciones populares, b) Por ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley, c) Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, d) Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional par la defensa de la República y de sus instituciones, y e) Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Son obligaciones de los ciudadanos de a República mexicana, en términos del articulo 36 de la Constitución Federal las siguientes: a) Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, b) Alistarse en la Guardia Nacional, c) Votar en las elecciones populares, d) Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los Estados, que en ningún caso serán gratuitos, y e) Desempeñar los cargos concejiles del Municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado.

La ciudadanía se puede perder, en términos del articulo 37 Apartado C, de la Constitución Federal en los siguientes supuestos jurídicos: a) Por aceptar o usar títulos nobiliarios de gobiernos extranjeros, b) Por prestar voluntariamente servicios oficiales a un gobierno extranjero sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, c) Por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, d) Por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso Federal o de su Comisión Permanente, exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios que pueden aceptarse libremente, y e) Por ayudar, en contra de la Nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero, en cualquier reclamación diplomática o ante un tribunal internacional.

Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se pueden suspender, en términos del articulo 38 de la Constitución Federal, en los siguientes supuestos jurídicos: a) Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones propias de los ciudadanos, establecidas en la Carta Magna Federal, b) Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pana corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, c) Durante la extinción de una pena corporal, d) Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en términos que prevengan las leyes, e) Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal, y f) Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena esa suspensión.

La ciudadanía comprende la idea de derechos y obligaciones en las esferas política, administrativa, civil y social, los cuales dependen de la estructura de las grandes instituciones del Estado, con la capacidad de edificar espacios de interés común, garantizando la participación de los ciudadanos, observar los derechos intrínsecos del hombre como son: libertad, igualdad, seguridad jurídica, propiedad. La ciudadanía es la capacidad jurídica, política, civil y social del sujeto de derechos públicos subjetivos, en la participación de los asuntos del Estado, a efecto de lograr un desarrollo económico sustentable, en la administración y gestión del país.

La mayoría de los investigadores sobre el tema de ciudadanía reconocen al sujeto que tiene la titularidad de los derechos subjetivos públicos, lo que da paso al ejercicio de los mismos en el ámbito de lo público a través de la participación ciudadana, en un proceso de interacción con los órganos de gobierno. Los caminos para llegar al ejercicio de la ciudadanía han sido escabroso, las luchas de clases por el poder ha sido estremecedores; sin embargo, no se ha llegado al final de la meta, seguimos en el camino hacia la democracia.

La investigadora Nora Aquín expresa la idea de un marco legal sobre la ciudadanía: “definido por la existencia de la ley, que otorga a cada uno de los sujetos e individuos un conjunto de derechos y deberes que hacen posible la vida en común”. El sentido de la ley, trata de reivindicar al hombre sus derechos, valores, principios, en su dimensión humana; estableciendo una relación jurídica entre gobernados y gobierno dentro de la esfera del Estado, creado por la población, para su beneficio y preservación de la especie humana, con goce de su libertad y dignidad.

“Sin ciudadanos, no existe gobierno democrático, ni tampoco solución democrática a los asuntos públicos. Son los ciudadanos la esencia de la democracia, pero en la medida que la asuman como responsabilidad práctica, activa. En consecuencia, no hay democracia real sin ciudadanos reales” … “La democracia no puede ser un programa de gobierno, ni un resultado que provenga de manera externa a la sociedad, ni un resultado que provenga de manera externa a la sociedad, siendo los ciudadanos su única fuente posible. La democracia es un resultado únicamente originado de la acción ciudadana”. La democracia es producto del ejercicio de la participación ciudadana. La democracia, si bien esta fundamentada en el ordenamiento jurídico del país, requiere de la participación activa de los ciudadanos en los asuntos de gobierno; la democracia existe por los ciudadanos y para los ciudadanos. La participación ciudadana es una tarea cotidiana de la colectividad de la sociedad humana del país. La ampliación de los derechos de los ciudadanos equivale a la ampliación de la democracia.

Si bien es cierto que la ciudadanía establece igualdad de derechos ante la ley, en la práctica de la propiedad privada se afecta ese principio, puesto que una de las consecuencias más importantes al proteger la propiedad es la desigualdad social y económica que acompaña la igualdad legal que protege a los ciudadanos. La población en la actualidad sigue pugnando por poseer un mínimo de seguridad económica, para satisfacer sus necesidades básicas, aún siendo garante de los derechos fundamentales, se ve minimizado frente al sistema capitalista que impera en el país favoreciendo a las personas adineradas, en perjuicio de la sociedad humana homogéneamente mas vulnerable. Es por ello conveniente implementar mecanismos que organicen y dirijan a las masas desvalidas, a través de organizaciones gremiales, sindicales, intelectuales y sociales, que luchen por el bienestar general y no se valgan de su escasez de educación, economía e influencias, para utilizarlos como peldaños para llegar a desempeñar un cargo público y olvidarse de las promesas ofrecidas.

Política pública democrática.

Las políticas públicas tienen su origen en Estados Unidos de Norteamérica con Charles Limblond y Harold Laswell, con el objetivo de brindar justicia social a las clases más vulnerables en un ambiente de distribución equitativa en la prestación de los servicios públicos, con apego a la estructura institucional.

El estudio de las políticas públicas ha sido enriquecedor para la administración pública, en diversos países principalmente en México. Su análisis se ha vertido en variados enfoques, en su proceso dinámico, aplicación, evaluación, implementación y terminación; como una serie de etapas que se desarrollan de forma concatenada, en una interrelación de todas y cada una de las fases.

Según Harold D. Lasswell (1971), en las políticas públicas es relevante la toma de decisiones a través de mecanismos en donde se encuentran implícitos los siguientes elementos: raciocinio, promoción, prescripción, invocación, aplicación, terminación y evaluación.

En el país del norte tomaron como objeto de estudio de las políticas: el combate a la pobreza y las demandas sociales; hecho que hacia necesario la innovación en los planes y programas de Estado. La incongruencia de las demandas sociales con los programas que se venían aplicando denotaban improcedencia e inoperancia del las acciones de gobierno, descubrimiento que arrojaba la evaluación de la administración pública. Se tomó la evaluación como un instrumento esencial, para orientar la política social y corregir los programas basados en buenos deseos, para hacerlos reales a las circunstancias. Los especialistas de la materia, contribuyeron para argumentar con pruebas pertinentes las causas del problema, manifestando que el origen del problema radicaba en la deficiencia de la aplicación y desarrollo de teorías sociales, se propuso entonces la implementación de organizaciones administrativas para analizar, diseñar y seleccionar las políticas públicas, que arrojaran óptimos resultados a las necesidades de la sociedad.

Se percibió en la ejecución de las políticas públicas, voluntad política por parte de los gobiernos, dispuestos a resolver los problemas que encierra el desarrollo de la vida de las políticas públicas, la relación entre órganos de gobierno y de éstos con los ciudadanos. “Es así que los politólogos han preferido estudiar la formación de la agenda del gobierno, los administradores públicos, la implementación y los economistas se han dedicado enteramente a la construcción y selección de políticas”.

Las políticas públicas describen y correlacionan las variables que intervienen en el caso de estudio; a través de una metodología permite comprobar o disprobar las hipótesis, estableciendo la relación de la causa con el efecto. Su estudio es multidisciplinario, es decir, el objeto de estudio se analiza por medio de diversos enfoques: político, social, jurídico, económico, etcétera. “Las políticas públicas han creado también una serie de métodos propios, tanto en los planos de investigación como en las técnicas para recopilar y analizar datos”.

La naturaleza de las políticas públicas es la reivindicación de los derechos que posee la sociedad, hacer efectivo el reclamo de sus derechos fundamentales que consagra la estructura institucional, a través de acciones racionales de los órganos de gobierno, restituir los bienes y servicios que demanda la sociedad en la esfera de justicia social. Debido a que el Estado ha sido producto de la inteligencia de la población, para lograr la satisfacción de sus necesidades, así como la preservación de la especie humana, en un ambiente de libertad, igualdad, propiedad y seguridad; sin comprometer el desarrollo de futuras generaciones. “El estudio de la política pública podría definirse como un problema oriental science, es decir, una ciencia orientada a detectar y resolver problemas específicos y relevantes, basándose en instrumentos y descubrimientos de otras ciencias sociales”.

Las políticas públicas sirven de enlace, entre el gobierno y los particulares, son de carácter público por que son instrumentos del Estado aplicados al público en lo general, son pensadas profesionalmente para el buen desempeño de la administración pública, las acciones de gobierno se ven legitimadas en el cumplimiento de su garantía con la sociedad, atendiendo los requerimientos de la población determinada en circunstancias desfavorables.

Con las políticas públicas democráticas, no busca satisfacer las necesidades de unos cuantos o de las mayorías sino de todos y cada uno de los habitantes de un Estado. El sentido democrático, no es favorecer a un sector de la población en perjuicio de uno pocos, sino el bienestar de todo la población, porque todos son parte de la población, todos forman el pueblo. La distribución de los bienes y servicios deben ser sin discriminación.

La administración pública no es la gestión o atención de las necesidades de las clases homogéneamente más vulnerables, sino el suministro de bienes y servicios a todos los habitantes del Estado con equidad distributiva.

Es de vital importancia para implementar las políticas públicas democráticas, tomar en consideración los siguientes aspectos:

1. Formar un organismo descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica, en el cual exista la multidisciplinariedad, que analice los cursos de acción de las políticas públicas del poder ejecutivo, en un clima de igual que fomente la participación de los ciudadanos, que los planes y programas de la administración pública sean coherentes con las necesidades de la población, que se estudien las necesidades más apremiantes y sean preponderantes en las acciones de gobierno.

2. Formar un organismo de investigación, que analice el proceso de las políticas públicas democráticas, conjunto de intelectuales que estudien los procesos administrativos públicos, sus factores endógenos y exógenos económicos, políticos, sociales y jurídicos, tendientes a transformar prácticas de gobierno obsoletas a práctica innovadoras de largo plazo, con visión preventiva de Estado con comino hacia una administración pública sustentable.

3. Formar un Consejo de Políticas Públicas Democráticas Nacionales, que formulen cursos de acción política en periodos cortos y medianos, que trabajen en cooperación en líneas de acción básicas con información relevante, bajo métodos y técnicas aplicables a la administración pública en la solución de problemas.

4. Formar programas de rango universitario o de postgrado sobre las políticas públicas democráticas, se requiere de programas profesionales sobre los cursos de acción de las políticas públicas, que los planes y programas de desarrollo de los tres niveles de gobierno sean coherentes con la realidad social, económica, política y jurídica propia del el país; tendiente a lograr una independencia económica y política del país y de los ciudadanos.

5. Formar una élite política-administrativa altamente profesional, las reformas de gobierno (mal llamada reforma de Estado) requiere un rediseño integral de las instituciones, tanto en el aspecto legal, político, administrativo, social y económico. Es por ello, que para repensar en una forma de gobierno adecuada a las necesidades presentes y futuras del país, es imprescindible la participación de la élite intelectual en la reingeniería del proyecto de vida del país y de la sociedad humana que lo integra.

6. Formar una estructura de trabajo, que auxilien en las actividades de los organismos descentralizados, para estudiar la estudiar de cerca el curso de acción de las políticas públicas y proponer mejores cursos de acción en su caso.

Se requiere estudios específicos que apliquen la metodología de las políticas públicas, para estudiar, analizar y conocer los alcances, limitaciones y restricciones existentes en el campo de la democracia, a partir de la idiosincrasia del pueblo, lo que permitiría un conocimiento más apropiado de la realidad.

En los tres ámbitos de gobierno (federal, local y municipal), la aplicación de políticas públicas democráticas pueden contribuir al mejoramiento de la toma de decisiones y gestión del gobierno; la evaluación constante de los procesos y su terminación de los planes y programas de los gobiernos, arrojaran pruebas pertinentes para su implementación, modificación o rechazo en nuevos periodos de gobierno; aquellas acciones de gobierno que cumplieron los objetivos establecidos dentro de un ambiente democrático deberán continuar vigentes y mediante análisis de políticas puedan formularse o mejorarse. Es por ello, que las políticas públicas democráticas, son un instrumento fundamental para el estudio de la democracia en el país y un mecanismo para lograr la administración pública sustentable.

La democracia es el común denominador de los Estados que forman el mundo, debido a que una toma de decisiones en los cursos de acción para resolver micro y macroasuntos del Estado donde confluyen una multiplicidad de factores, de un eficiente uso de los recursos públicos que le son asignados, los ciudadanos con un mayor nivel de participación y concientización de los problemas del país, en los asuntos cotidianos de la gestión pública en las grandes contingencias el involucramiento de la población es pertinente, se requieren políticas públicas democráticas que propicien mayor impacto y resultado en la solución de sus demandas.

CONCLUSIONES

En este análisis sobre la democracia y la ciudadanía, se desprende que la interrelación gobernantes y gobernados es desproporcionada en cuanto a su situación económica, educativa, social; en consecuencia la participación de la población en los asuntos públicos es conducida por la ideología más que por el raciocinio, lo que trae como consecuencia apatía en la participación de los asuntos públicos, tanto para hacer valer sus derechos políticos, como para cumplir con sus obligaciones como ciudadanos, es decir el pago de contribuciones para el mejoramiento del Estado.

La ciudadanía se reconoce en el sujeto capaz, que tiene la titularidad de los derechos subjetivos públicos, lo que da paso al ejercicio de los mismos en el ámbito de lo público a través de la participación ciudadana, en un proceso de interacción con los órganos de gobierno. Los caminos para llegar al ejercicio de la ciudadanía han sido escabroso, las luchas de clases por el poder ha sido estremecedores; sin embargo, no se ha llegado al final de la meta, seguimos en el camino hacia la democracia.

Si bien es cierto que la ciudadanía establece igualdad de derechos ante la ley, en la práctica de la propiedad privada se afecta ese principio, puesto que una de las consecuencias más importantes al proteger la propiedad es la desigualdad social y económica que acompaña la igualdad legal que protege a los ciudadanos. La población en la actualidad sigue pugnando por poseer un mínimo de seguridad económica, para satisfacer sus necesidades básicas, aún siendo garante de los derechos fundamentales, se ve minimizado frente al sistema capitalista que impera en el país favoreciendo a las personas adineradas, en perjuicio de la sociedad humana homogéneamente mas vulnerable. Es por ello conveniente implementar mecanismos que organicen y dirijan a las masas ciudadanas a través de plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, difusión pública, red de contralorías ciudadanas, audiencia pública, recorridos del titular de la entidad (municipal o local) y asamblea ciudadana. Asimismo, que las organizaciones gremiales, sindicales, intelectuales y sociales, luchen por el bienestar general de la población, el orden público, la justicia social y el bien común.

Con las políticas públicas democráticas, no busca satisfacer las necesidades de unos cuantos o de las mayorías sino de todos y cada uno de los habitantes de un Estado. El sentido democrático, no es favorecer a un sector de la población en perjuicio de uno pocos, sino el bienestar de todo la población, porque todos son parte de la población, todos forman el pueblo. La distribución de los bienes y servicios deben ser sin discriminación.

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Autor:

Gelacio Laguna Barrera

BIBLIOGRAFÍA DEL AUTOR:

Lugar de nacimiento: zumpango, estado de méxico.

Estudios realizados: licenciado en derecho, perito en criminalística, perito en documentos cuestionados, maestro en administración pública, doctorado en administración pública.

Trayectoria laboral: catedrático en la licenciatura en derecho y licenciatura en contaduría, en el centro universitario uaem zumpango; catedrático en la licenciatura en derecho, en el instituto nacional académico de actualización y capacitación educativa, inace; perito en criminalística, perito en documentos cuestionados y abogado postulante.

El presente trabajo ha sido realizado en el estado de México, en fecha primero de mayo del año dos mil ocho.