Regulación sobre el uso de armas en población civil

Introducción

El presente trabajo se inspiro en una problemática actual respecto del control sobre la regularización del uso de armas de fuego y los entes capacitadores; teniendo en cuenta que la espiral de violencia que se disemina por todo el mundo desde hace largas décadas, reconoce causales económicas, sociales, culturales y políticas, que están lejos de ser revertidas, aún en las naciones más desarrolladas.

Los conocimientos adquiridos por mí en el área se basan en la experiencia de doce (12) años de ejercer como profesor instructor acreditado por el Re.N.Ar. con la máxima categoría otorgada por esta entidad que es la de I.T.A (instructor de tiro Categoría A) la cual avala entre otras atribuciones la de ejercer controles habilitantes en polígonos y armerías, como así también de dictar capacitaciones, evaluar idoneidades y formar nuevos instructores.

En nuestro país el ente regulador y controlador del registro y uso de armas de fuego se denomina Registro Nacional de Armas, (Re.N.Ar.) el presente trabajo bibliográfico intentara dar cuenta del control que ejerce o debería ejercer esta autoridad, intentando explicar falencias del proceso como así también aciertos en cuanto a aprobación y apoyo de proyectos de desarme, para lograr este objetivo se plantearan varios capítulos, desarrollando, con el apoyo del autor Luis Alberto Romero, una reseña histórica socio-económica de nuestro país con el fin de establecer posibles causas de la implementación de la regulación de las armas de fuego, continuando con una descripción sobre la búsqueda del poder a través del Estado como poder supremo, desarrollando citas de autores como Jorge Sabato y Thomas Hobbes. Se informara acerca de los principios generales específicos que afronten la regulación sobre las armas de fuego, además se ilustrara al lector con una comparación con otros países en donde los controles se ejercen de maneras distintas, explayando las causas y consecuencias de controles rigurosos como así también de la inexistencia de dichos controles a fin de sembrar la indecisión sobre qué futuro deberá abordar nuestro Estado

Quedará expreso en el desarrollo del presente trabajo, que todo ciudadano de la Nación Argentina es pasible de adquirir un arma de fuego, solo debe reunir mínimos requisitos acorde el arma que desee comprar: para el caso de un arma calificada como de uso civil la cual se trataría de calibres bajos (pero no menos letales, de hecho, las armas pequeñas y livianas son las más utilizadas en hechos masivos de violencia) como un calibre .22 ya se trate de un revolver, una pistola o una carabina, el comprador debe presentar una fotocopia de DNI, una acreditación de domicilio (recibo de impuesto a su nombre) y certificado de inexistencia de antecedentes penales; para el caso de adquirir un arma de mayor calibre como ser calibre 9mm o calibre .40, denominadas como armas de uso civil condicional o armas de guerra el requirente deberá presentar un certificado de medios de vida (recibo de sueldo o jubilación), certificado de salud psicofísica y un certificado de idoneidad (otorgada por un instructor de tiro habilitado).

Debido a una modificación legal, en el 2003, que mas adelante explayare, los requisitos se hicieron más estrictos, eso motivo una merma en la cantidad de personas que registren sus armas.

Según la encuesta de «Small Arms Survey" (Instituto de Estudios internacionales, Ginebra Suiza) se estima que hay unos 639 millones de armas pequeñas circulando en el mundo, una por cada 10 personas, y cada año se producen 8 millones de armas nuevas.

Las armas dispensan una falsa sensación de seguridad que registra escaso correlato con las estadísticas y lo que ocurre en la vida real. Usada como herramienta para la autodefensa, su presencia en el hogar puede generar el riesgo de muerte al resistir robos u otros hechos, accidentes fatales por manipulación incorrecta o alentar comportamientos suicidas de personas con problemas psíquicos temporales o definitivos.

Planteado este escenario, se intentara dejar en evidencia que el control de armas surge como un objetivo fundamental para brindar seguridad a una sociedad en estos tiempos violentos; pero además surge otro interrogante: ¿quién controla a los instructores de armas?, los entes capacitados y avalados para enseñar a usar un arma de fuego; ¿Quién preescribe su metodología y contenidos de la enseñanza, y a quienes va dirigido?

Daniel Zielinski

Capítulo I

El surgimiento de la regulación sobre el uso de armas

"…los pueblos no tienen un carácter activo en los sucesos. Sufren, pagan y esperan…"

Domingo F. Sarmiento (Domingo Faustino Sarmiento (San Juan, 15 de febrero de 1811 Asunción, Paraguay, 11 de septiembre de 1888) fue un político, escritor, docente, presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874).

En el presente capitulo se intentara introducir al lector a través de un enfoque histórico, cimentado en la obra "breve historia contemporánea de la Argentina" de Luis Alberto Romero, con el fin de orientar al leyente acerca de la situación socio económica y política del país al momento de la creación de una ley, cuyo único fin resultaría llevar un registro y control de los ciudadanos que posean armas de fuego en su propiedad. Ubicados en la década del 70, la República Argentina se hallaba bajo un manto oscuro carente de un estado benefactor, una seguidilla de gobiernos interrumpidos y derrocados, un notable descenso de la economía y otras intervenciones, promesas no cumplidas y frustraciones acumuladas, fue el producto de protestas populares y represiones armadas cada vez más reiteradas y violentas.-

Paradójicamente, las sociedades modernas equipadas con todo tipo de bienes materiales y protecciones, son aquellas en donde el sentimiento de inseguridad no solo es moneda corriente sino que atraviesa todos los estratos sociales. Esta paradoja lleva a R.Castel[1]a plantear una hipótesis por demás interesante; la inseguridad moderna no sería la ausencia de protecciones o medios sino todo lo contrario, una obsesiva manía vinculada a la búsqueda incesante de seguridad en un mundo social interrelacionado. Esta propia búsqueda frenética en si es la que genera el constante sentimiento de inseguridad. No toda sensación sobre la inseguridad es proporcional a un peligro real, sino mas bien el desfase entre una expectativa desmedida y los medios proporcionados para poner en funcionamiento la protección; en otros términos estar protegido –sugiere el autor- implica estar amenazado; a medida que la sociedad va alcanzando nuevas metas en la materia, otras nuevas surgen dando origen a riesgos que no habían sido tenidos en cuenta.

Citando a John Locke, castel explica "…dado que el individuo ya no está tomado en las redes tradicionales de dependencia y de protección, lo que lo protege es la propiedad. La propiedad es la base de recursos a partir de la cual un individuo puede existir por sí mismo y no depende de un amo o de la caridad del prójimo. Es la propiedad la que garantiza la seguridad frente a las contingencias de la existencia" (castel, 2006:23)

Por ende, el ciudadano propietario puede y tiene a su disposición todos los recursos legales del Estado moderno para protegerse a sí mismo y como solo la seguridad puede ser total en Estados absolutos –merito Hobbesiano-; en la mayoría de los casos estas estructuras no pueden regular en una dimensión total los comportamientos e interacciones individuales. En su vulnerabilidad, el ciudadano recurre excesivamente a la protección del Estado y éste a su vez se complejiza burocratizando sus procedimientos, en fin, como advierte Hobbes, La seguridad total viene acompañada de la total falta de garantías y libertades. La constante frustración que sienten los individuos en cuanto a este creciente sentimiento de "estar protegidos" y las carencias de un Estado cada vez menos omnipresente, sugiere la idea de una economía del miedo o mejor dicho una economía de la protección como acertadamente ha sugerido Castel. [2]

Ubicándonos en la Argentina de la década del 70, era necesario reorganizar el estado, hacerlo fuerte, con autoridad y recursos, y controlable desde su cima; una renovación de la sociedad, de sus maneras de organización y representación, que liquidara las formas políticas de liberalismo, juzgadas nefastas, y creara las bases para otras, naturales, orgánicas y jerárquicas.

Se proclamo el comienzo de una etapa revolucionaria, y a la constitución se le adoso un Estatuto de la Revolución Argentina, por el cual juro el general Juan Carlos Ongania, presidente designado por la junta de comandantes, que se mantuvo en el poder hasta junio de 1970, se disolvieron los partidos políticos cuyos bienes fueron confiscados y vendidos, para confirmar lo irreversible de la clausura de la vida política; en cuestiones de seguridad se institucionalizó la representación de las armas por la vía de sus comandantes.-

El blanco principal fue la universidad, que era vista como el lugar típico de la infiltración, la cuna del comunismo, el foco del desorden, pues se consideraba que las manifestaciones en reclamo de mayor presupuesto eran un caso de gimnasia subversiva. Las universidades fueron intervenidas acabando con la autonomía académica. El 29 de julio de 1966, en "la noche de los bastones largos", la policía irrumpió en algunas facultades y apaleo a alumnos y profesores.-

La censura se extendió a las manifestaciones más diversas de las nuevas costumbres, como las minifaldas o el pelo largo, expresión de los males que, según la iglesia, eran la antesala del comunismo: el amor libre, la pornografía, el divorcio.

Otra medida espectacular fue el cierre de la mayoría de los ingenios azucareros en la provincia de Tucumán; en todos los casos la protesta sindical, que fue intensa, resulto acallada con violencia.

En estos años de expansión del Estado parecía perfectamente funcional con la reestructuración del capitalismo, pero probablemente no se ocultaban a sus beneficiarios los peligros potenciales de conservar activa una herramienta tan poderosa.[3]

El estallido ocurrido en córdoba en mayo de1969 vino precedido de una ola de protestas estudiantiles en diversas universidades (en córdoba murió un estudiante, Santiago Pampillon) se realizo una huelga general y grupos de estudiantes y obreros, a los que se sumo mucha otra gente, ganaron el centro de la ciudad. La fortísima represión policial genero un violento enfrentamiento: hubo barricadas, hogueras y asaltos a negocios, finalmente intervino el ejercito recuperando el control salvo en algunos lugares donde había existencia de francotiradores que retrasaron a los militares mientras manifestantes reaparecían asaltando comisarías. Finalmente el 31 de mayo de 1969 se restableció el orden con un lamentable saldo de entre veinte y treinta muertos, unos quinientos heridos y otras trescientas personas detenidas; esta acción en masa y represión fue y será conocida como "el Cordobazo"; este fue un episodio fundador de una ola de movilización social que se prolongo hasta 1975. Por eso su valor simbólico fue enorme, aunque de él hicieron lecturas diversas; pero cualquiera fuera la interpretación, un punto era indudable: el enemigo de la gente que masivamente salió a la calle era el poder autoritario.

Hacia 1972 los sindicatos de la automotriz adoptaron una acción gremial fuertemente transgresora, al borde de la violencia, que incluía ocupaciones de plantas y tomas de rehenes; las explosiones urbanas se prolongaron en manifestaciones callejeras, y en acciones más cotidianas de reclamo en barrios o villas de emergencia; se trataba de un coro múltiple, heterogéneo pero unitario, al que se sumaban voces de otros intereses heridos como productores o sectores empresariales. Unos y otros se legitimaban recíprocamente y conformaron un imaginario social sorprendente, una verdadera "primavera de los pueblos" que fue creciendo y cobrando confianza hasta madurar plenamente en 1973.

En todo el mundo se advertía la ola de descontento que recorría la sociedad; se expreso en Praga, México o Berkeley, culmino en parís clamando contra el autoritarismo, el imperialismo trastabillaba visiblemente frente a la ola de emancipación; la sorprendente capacidad de resistencia del pueblo de Vietnam mostrando la imagen derrotada de un gigante; china y su revolución cultural; la imagen del presidente Mao, así como la de Fidel oscilaban entre el mundo socialista y un tercer mundo; la acción del che Guevara en Bolivia mostro posibilidades y limites del foco revolucionario, pero sobre todo su muerte dio origen al símbolo más fuerte de quienes luchaban de una u otra manera, por la liberación.

Desde 1967 fueron surgiendo distintos grupos (en el ámbito de izquierda o del peronismo): Fuerzas Armadas Peronistas, Descamisados, Fuerzas Armadas Revolucionarias (far), Fuerzas Armadas de Liberación, y hacia 1970 las dos que tuvieron más trascendencia: la Organización Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo (erp). Desde el secuestro y asesinato del general Aramburu en 1970 por obra de los montoneros, y hasta 1973 los actos de violencia fueron en crecimiento, aunque su sentido no siempre era claro, muchos tenían que ver con el equipamiento de las organizaciones: armas, dinero y material médico, aunque en el caso de Aramburu el móvil fue claro: venganza

Las organizaciones eran la vanguardia de la movilización popular, cuya representación consistía en la acción violenta llevada hasta sus últimas consecuencias: el enemigo, (lacayos del imperialismo, ejército de ocupación) debía ser aniquilado.[4]

Las discrepancias sobre cómo enfrentar a las organizaciones armadas y a la protesta social eran crecientes, se creó un fuero antisubversivo y tribunales especiales para juzgar a los guerrilleros.

Para el gobierno el centro de la cuestión estaba en el GAN (gran acuerdo nacional), la propuesta inicial del gobierno contemplaba una condena general de la subversión, garantías sobre la política económica y el respeto a las normas democráticas, y que asegurara a las fuerzas armadas tutelar por la seguridad, hecho este imposible dado el clima del momento.

El 11 de marzo de 1973 el país voto masivamente contra los militares y el poder autoritario.- [5]

Las raíces de los conflictos violentos, según sus protagonistas, se hallaban en una economía exasperante, en promesas no cumplidas y frustraciones acumuladas.

En este año y con nuevo gobierno, lo más notable fue el crecimiento del sector agropecuario, también crecieron las exportaciones industriales, aprovechando las oportunidades de libre comercio; el impacto de la crisis disminuyo y el margen para el crecimiento industrial aumento, se modernizo y se acercó como nunca antes a los estándares internacionales; hubo un crecimiento del mercado interno debido al aumento de empleo industrial y sobre todo de la construcción, junto con una recuperación en los ingresos de los asalariados; mas allá de las políticas racionalizadoras, los sindicatos conservaron su eficiencia en la defensa de sus representados, pero hacia 1973 su expansión ya se acercaba a los límites de la capacidad instalada.

En suma, la iniciativa para la paz social pasaba por el Estado, quien sin embargo, no había disminuido ni los atributos ni su capacidad para definir las reglas del juego.

La experiencia que se inicio en 1973 con una elección donde la voluntad popular se expreso libre y acabadamente, dejo visible que la ola de movilización, que estaba llevando el enfrentamiento social a un punto extremo, contenía en sus orígenes elementos que llevaban a identificar al poder con el enemigo y la represión, y este debía tomárselo para reprimir a su vez al enemigo. Convertida en parte de una máquina de guerra, la movilización popular fue apartada de la alternativa democrática y llevada a dar en otro terreno el combate final.[6]

En términos generales, según Michel Foucault, el interrogante será, en el fondo, como mantener un tipo de criminalidad dentro de los límites que sean social y económicamente aceptables y alrededor de una medida que se considere, por decirlo de algún modo, optima para un funcionamiento social dado. La primera forma, consiste en sancionar una ley y fijar un castigo a quien la infrinja, es el sistema del código legal con partición binaria entre lo permitido y lo vedado y un acoplamiento que es justamente el meollo del código, entre un tipo de acción prohibida y un tipo de castigo. Se trata entonces, del mecanismo legal o jurídico; la segunda forma, se trata de la ley encuadrada por mecanismos de vigilancia y corrección, es el mecanismo disciplinario, un mecanismo que va a caracterizarse por toda una serie de técnicas adyacentes, policiales, medicas, psicológicas, que correspondan a la vigilancia; la tercera forma es la que caracteriza el dispositivo de seguridad, dispositivo que va a insertar el fenómeno en cuestión dentro de una serie de acontecimientos probables. Las reacciones del poder frente a este fenómeno se incorporaran a un cálculo de costos, en lugar de establecer una división binaria entre lo permitido y lo vedado, se fijaran por una parte una media considerada como óptima y por otra, límites de lo aceptable.

La primera forma o sistema legal, es el funcionamiento penal arcaico, que rigió desde la edad media hasta los siglos XVII-XVIII. La segunda forma es lo que se podría llamar moderna, introducido a partir del siglo XVIII, mientras que el tercero es el sistema –según Foucault– contemporáneo, cuya problemática comenzó a manifestarse bastante pronto, pero que hoy se organiza en torno de las nuevas formas de penalización y el cálculo de costos; se trata de las técnicas norteamericanas.

Continuando con el curso en el college de France dictado por Michel Foucault en 1977 -1978 sobre Seguridad, territorio y población; el autor pone de manifiesto que no tenemos de ninguna manera una serie en la cual los elementos se suceden unos a otros y los que aparecen provocan la desaparición de los precedentes. No hay era de lo legal, era de lo disciplinario, era de la seguridad. No tenemos mecanismos de seguridad que tomen el lugar de los mecanismos disciplinarios, que a su vez hayan tomado el lugar de los mecanismos jurídico legales. La cuestión fundamental (continúa) es la economía y la relación económica entre el costo de la represión y el coste de la delincuencia. [7]

Capítulo II

El monopolio del uso de la fuerza

"El único Estado estable es aquel en que todos los ciudadanos son iguales ante la ley"

Aristóteles (384 a. C.– 322 a. C.) Filósofo, lógico y científico de la Antigua Grecia

En el presente capitulo se intenta poner de manifiesto la búsqueda del control del Estado como poder supremo, capaz de distribuir beneficios o perjuicios inmediatos; como así también la búsqueda de una estabilidad de parte de los grupos sociales predominantes con el único fin de prevalecer su "statu quo". Para lograr este objetivo, Se hace hincapié en el texto de Jorge Sabato, "la clase dominante en la Argentina moderna"; y para poder establecer un concepto el Estado y su importancia en una sociedad, se toma en cuenta citas del "leviatán" de Thomas Hobbes a fin de comprender la importancia del mismo y su función de poder supremo sobre todos los habitantes del mismo. Finalmente para retomar el tema se propondrá dar explicación de los controles que ejerce el Estado en la regulación de las armas de fuego

La causa final, fin o designio de los hombres al introducir una restricción sobre sí mismos (en la que los vemos vivir formando Estados) es el cuidado de su propia conservación. Ante ello se puede aducir que el fin del Estado es, particularmente, la seguridad.

Si no se ha instituido un poder o no es suficientemente grande para nuestra seguridad, cada uno fiara tan solo, y podrá hacerlo legalmente, sobre su propia fuerza y maña, para protegerse contra los demás hombres. El único camino para erigir semejante poder común, capaz de defenderlos contra las injurias ajenas, asegurándoles de tal suerte que por su propia actividad y por los frutos de la tierra puedan nutrirse a sí mismos y vivir satisfechos, es conferir todo su poder y fortaleza a un hombre o a una asamblea de hombres, todos los cuales, por pluralidad de votos, puedan reducir sus voluntades a una voluntad. Esto equivale a decir: elegir un hombre o una asamblea de hombres que represente su personalidad, y que cada uno considere como propio y se reconozca a sí mismo como autor de cualquiera cosa que haga o promueva quien representa su persona, en aquellas cosas que conciernen a la paz y a la seguridad comunes; como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho, y autorizaréis todos sus actos de la misma manera.

La multitud así unida en una persona se denomina ESTADO, en latín CIVITAS. Esta es la generación del gran LEVIATAN, o más bien hablando, del dios mortal. En virtud de esta autoridad que se le confiere por cada hombre particular en el estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza, que por el terror que inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz, en su propio país, y para la mutua ayuda contra sus enemigos, en el extranjero; podemos definir así al Estado como: una persona de cuyos actos se constituye en autora de una gran multitud mediante pactos recíprocos de sus miembros con el fin de que esa persona pueda emplear la fuerza y medios de todos como lo juzgue conveniente para asegurar la paz y defensa común.

Al titular de esta persona se lo denomina SOBERANO, y por ende se dice que tiene poder soberano.

Se alcanza este poder soberano por dos conductos. Uno por fuerza natural, como cuando un hombre hace que sus hijos y los hijos de sus hijos le estén sometidos, siendo capaz de destruirlos si se niegan a ello; o que por actos de guerra somete a sus enemigos a su voluntad, concediéndoles la vida a cambio de esa sumisión. Y el otro procedimiento ocurre cuando los hombres se ponen de acuerdo entre sí, para someterse a algún hombre o asamblea de hombres voluntariamente, en la confianza de ser protegidos por ellos contra todos los demás. Este último caso se denomina estado político, o Estado por institución.[8]

La misión del soberano (sea monarca o asamblea) consiste en el fin para el cual fue investido con el soberano poder, que no es otro sino el de procurar la seguridad del pueblo; a ello está obligado por la ley de la naturaleza, así como rendir cuenta a Dios. Entiéndase por seguridad, como ya lo afirmara Thomas hobbes en leviatán, no solo una simple conservación de la vida, sino también de todas las excelencias que el hombre puede adquirir para sí mismo por medio de una actividad legal, sin peligro ni daño para el Estado.

Desde el 06 de setiembre de 1930 hasta el 10 de diciembre de 1983, la Argentina tubo veinticuatro presidentes de la República; dieciséis de los cuales fueron generales. En ese lapso se produjeron seis golpes de Estado triunfantes de las Fuerzas Armadas contra gobiernos elegidos. Como presidentes elegidos solo Justo y Perón pudieron cumplir el período establecido por la constitución y no es casual que ambos fueran militares que previamente habían ejercido liderazgos en el ejército. Pero es pertinente señalar que también los regímenes militares fueron inestables.

Una visión menos inmediata pone en evidencia facetas sugestivas como los sectores privilegiados en la Argentina conspiraron tradicionalmente contra los gobiernos elegidos; la primera conclusión obvia, es que estos sectores privilegiados, además de ser incapaces de ejercer o controlar a los gobiernos elegidos, tampoco fueron aptos para establecer alianzas permanentes y perdurables con los militares que los ayudaban a derribarlos. Los grupos sociales dominantes prefirieron y estimularon sistemáticamente la ruptura de toda estabilidad política en el país con el único fin de defender y prevalecer su statu quo. A través del Estado podían fijarse condiciones de funcionamiento de la economía que modificaban la distribución del ingreso entre diferentes sectores productivos y, correlativamente, entre los distintos grupos y clases sociales existentes en el país. Luego se comprobó que ese poder podía manejarse tanto a favor como en contra de los intereses de los grupos privilegiados. Por consiguiente, la captura del gobierno, el control del aparato de decisión estatal, capaz de distribuir prebendas y otorgar castigos, paso a constituir una cuestión política esencial en relación con los beneficios o perjuicios inmediatos que podían sufrirse. Les otorgo a los funcionarios estatales una creciente autonomía política, en particular a las Fuerzas Armadas, cuya intervención servía para derrocar y ocupar gobiernos.

De este modo, en el escenario político argentino se fue perfilando, progresivamente, un nuevo actor que comenzaría a tratar de acumular poder propio.[9]

Pero no se puede permitir que un chico adentro de un country tenga más posibilidades de seguridad que uno de la misma edad que está afuera. El Estado debe garantizarles a todos los que habitan el territorio, sobre el que ejerce soberanía, que puedan circular por la vía pública sin pánico ni temor; Debe garantizarles a todos por igual que no corran riesgo al salir de su casa. Esto debe ser igual para todos, para quienes tienen más recursos económicos y para los que no. Hoy el Estado o mejor dicho los representantes del Estado prestan fallidamente con el servicio de seguridad, algunos están más seguros que otros, ya que algunos pueden optar por contratar una seguridad privada. Una democracia no puede aceptar esta base desigual para sus ciudadanos; existen autores como Santiago CUNEO quien se opone rotundamente al servicio de seguridad privada y contratada ya que, según él, este servicio lo debería garantizar el Estado y no a través de empresas privadas creadas para tal fin, como lo enunciara en su libro "Inseguridad pública, negocio privado".

Controles del Estado

Según el diccionario de la real academia española, el termino regulación, lo describe como la acción que consiste en someter o sujetar una cosa a determinadas normas o reglas, reglar el funcionamiento de un sistema, determinar normas; es decir que se trata del establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito, su objetivo es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad. Quienes son regulados deben acatar una serie de reglas ya establecidas para evitar cometer una falta o un delito; para ello es importante que las autoridades o ente regulador lleven un adecuado control para asegurarse que estas regulaciones vigentes sean cumplidas.-

El Estado actual ejerce un control absoluto sobre la regulación de armas de fuego a través del ministerio de defensa, hoy conocido como el ministerio de justicia y derechos humanos, que a su vez derivan esa responsasibilidad en un único organismo registral: el Registro Nacional de Armas (Re.N.Ar.).; esta entidad a través de la ley 20429/73 tiene la potestad de otorgar permisos de compra, tenencia y portación de las armas de fuego a todos los habitantes de la Nación Argentina; habiendo establecido con anterioridad la calidad y definición de usuarios y una breve clasificación de armas, podemos a continuación manifestar los procedimientos registrales;

El Legítimo Usuario es la persona física o jurídica, que luego de cumplir las exigencias legales y reglamentarias establecidas, se encuentra autorizada para acceder conforme su categoría a los diferentes actos que la normativa vigente prevé para las armas de fuego (tenencia, transporte, uso, portación, comercialización en sus diferentes modalidades, etc.) [10]

Para continuar el desarrollo del trabajo, es necesario dejar en claro algunos conceptos, como ser: armas: todo elemento con la capacidad de aumentar el poder defensivo u ofensivo de una persona; si bien su clasificación es muy amplia, nos limitaremos a las armas propias (Elementos creados para tal fin) y más específicamente a las armas de fuego entiéndase como tal al conjunto de piezas mecánicas que actúan por intermedio de la deflagración de un compuesto químico denominado pólvora, capaz de lanzar un proyectil a distancia con precisión y dirección; los cuales a fin de su uso se dividen en cuatro grupos (armas de uso civil – armas de uso civil condicional – armas de uso exclusivo de FFAA – y armas de uso prohibido) es dable dejar en claro que para explicar cada uno de estos grupos tendríamos que adentrarnos en datos técnicos de funcionamiento y calibres que no son relevantes para el presente trabajo; no así las dos primeras que son las que atañen el proyecto y definiré a continuación:.

Clasificación legal de las armas [11]

USO CIVIL CONDICIONAL (ARMAS DE GUERRA)

a. Carabinas y fusiles:

De carga tiro a tiro, repetición o semiautomáticas son de Uso Civil Condicional, siempre que superen el calibre .22 LR.

Por ejemplo; una carabina o fusil calibre .22 magnum es de uso civil condicional.

Fusil: Es el arma de hombro, de cañón estriado, que posee una recámara formando parte alineada permanentemente con el ánima del cañón. Los fusiles pueden ser de carga tiro a tiro, de repetición, semiautomáticos, y automáticos

Carabina: Arma de hombro de características similares a las del fusil, cuyo cañón no sobrepasa, los 560 mm de longitud.

b. Escopetas:

Se clasifican dentro de este tipo, aquellas escopetas que tuvieren su sistema de disparo semiautomático y las de carga tiro a tiro o repetición, cuyos cañones estén comprendidos entre 380 mm y 600 mm.

Escopeta: Es el arma de hombro de uno o dos cañones de ánima lisa, que se carga normalmente con cartuchos conteniendo perdigones.

c. Pistolas:

Todas aquellas de calibre superior al .25 y todos los calibres "magnum".

Pistola: Es el arma de puño de uno o dos cañones de ánima rayada, con su recámara alineada permanentemente con el cañón. La pistola puede ser de carga tiro a tiro, de repetición o semiautomática.

d. Revólveres:

Todos los que superen el calibre .32 y todos los calibres "magnum".

Revólver: Es el arma de puño que posee una serie de recámaras en un cilindro o tambor giratorio montado coaxialmente con el cañón. Un mecanismo hace girar el tambor de modo tal que las recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Según el sistema de accionamiento del disparador, el revólver puede ser de acción simple o de acción doble

ARMAS DE USO CIVIL

Son todas aquellas no comprendidas en el párrafo anterior.

ARMAS DE USO EXCLUSIVO DE LA INSTITUCIONES ARMADAS

Son todas las pistolas ametralladoras y las semiautomáticas con cargadores de quita y pon, derivadas de armas de uso militar de calibre superior al .22LR.

ARMAS DE USO PROHIBIDO

a. Todas las escopetas cualquiera sea su sistema de disparo, cuyos cañones sean inferiores a 380 mm.

b. Todo pistolón de calibre superior al 28.

c. Agresivos químicos letales.

d. Armas electrónicas de efectos letales.

e. Armas disimuladas.

f. Visores nocturnos reticulados adaptables a un arma para efectuar puntería.

g. Visores infrarrojos de cualquier tipo reticulados adaptables a un arma para efectuar puntería.

h. Silenciadores.

Otro concepto a identificar es el de población civil: entendiéndose como población el grupo de personas que vive en un área o espacio geográfico, (en este caso los habitantes de la Nación Argentina); y civil se aplica a la persona que no es militar ni eclesiástico¹. Por lo tanto en adelante todo ciudadano Argentino que no pertenezca o se desempeñe en una fuerza armada o de seguridad será identificado como población civil.

Para obtener una credencial de legítimo usuario (C.L.U.) según su categoría:

Uso Civil o Uso Civil Condicional, se debe acreditar en términos generales:

• Ser mayor de 21 años de edad,

• Identidad (copia xerográfica de DNI)

• Domicilio real (recibo de impuesto a su nombre)

• Inexistencia de antecedentes desfavorables jurisdiccionales o judiciales a través de la certificación que expide la Dirección Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal conforme corresponda

Armas de uso civil condicional o armas de guerra deberá acreditar además:

• Medio lícito de vida (copia xerográfica de recibo de sueldo)

• Idoneidad en el manejo de armas de fuego (otorgada por un I.T)

• Certificación expedida por profesional médico, o psiquiatra, o médico y psicólogo o licenciado en psicología sobre el estado de salud psicofísica del solicitante.

Una vez aprobados estos requisitos se le concederá al ciudadano una credencial habilitante por el término de cinco (5) años la cual autoriza la tenencia de un arma de fuego, permitiendo al legítimo usuario (art. 57 Dto. 395/75) entre otras acciones:

1. Mantener el arma en su poder

2. Usarla para los fines específicos a que se refiere la autorización, en el lugar adecuado

3. Transportarla acompañada con la documentación correspondiente

4. Adiestrarse y practicar en los polígonos autorizados

5. Adquirir y mantener la munición para la misma……

Y hacer uso de ella con libre albedrio acorde lo establecido por el C.P.N. Este trámite se denomina "tenencia"; es decir poseer un arma de fuego pero no el derecho de llevarla consigo, salvo en condición de transporte; debiendo en este punto marcar una diferencia entre portación y transporte: La diferencia mayor reside en la posibilidad de uso inmediato; es decir la portación autoriza al usuario a llevar consigo el arma cargada y lista para usar en cualquier momento; el transporte en cambio solo autoriza al usuario a poseer un arma y en caso de necesitar trasladarla, debe hacerlo por separado el arma por un lado y las municiones por otra a fin de evitar su uso inmediato.

A partir del 10 de julio de 2007 El Estado asume como política pública la necesidad de disminuir la violencia armada producto de la proliferación de armas de fuego tanto en el mercado legal como en el ilegal, se encuentra en vigencia otro de los controles que ejerce sobre el control de armas de Fuego y consiste en la entrega VOLUNTARIA Y ANÓNIMA (ver anexo I) de armas y municiones a cambio de un incentivo económico que va desde los 200 a los 600 pesos, de acuerdo al tipo de arma o munición, pudiendo entregar armas en las delegaciones de RENAR y en los puestos móviles en diferentes puntos del país, las cuales Inmediatamente son inutilizadas por el personal especializado del RENAR mediante el empleo de una prensa hidráulica, y a posterior todas las armas recolectadas serán finalmente destruidas; este plan ha dejado fuera de circulación un aproximado de 138.000 armas de fuego. En tal sentido, el incentivo monetario pretende recompensar a aquellos ciudadanos que, conscientes de los peligros que entrañan la posesión de armas, las entregan con el solo fin de contribuir a la disminución de la violencia y a la construcción de una sociedad más pacífica; pero otra mirada mas especulante podría expresar que un delincuente al ingresar a un domicilio o local a robar, también se lleve las armas que encuentre para ir a canjearlas a una delegación Re.N.Ar. y recibir un "incentivo" monetario, porque ahí nadie pregunta de donde la obtuvo, eliminando de esta manera la conexión con el delito cometido previamente.

Otro de los controles que ejerce el estado a través del Re.N.Ar. se establece sobre las empresas de seguridad privadas, o que dicen brindar protección; En Argentina hay habilitadas unas 1000 empresas de seguridad privadas. Algunas con cientos de empleados, otras con solo tres. Para crear una, hay que inscribirse en un padrón de prestadores de servicios y obtener un permiso del Re.N.Ar., luego poner un aviso en el diario reclutando los hombres que sean necesarios.

En primer lugar, conviene recordar que la seguridad es una atribución indelegable del Estado, el único prestador debe ser el Estado. Justamente porque la principal característica de este es que tiene el monopolio del uso de la fuerza y la violencia física legitima sobre un territorio. Tiene que haber monopolio; sin esta condición, el Estado como tal no existe, y en consecuencia no puede aspirar a sostener el orden.

Capítulo III

Principios jurídicos y los derechos generales vigentes

"Cualquier sociedad que renuncie a un poco de libertad para ganar un poco de seguridad, no merecen ninguna de las dos cosas"

Benjamin Franklin // (Boston, 17 de enero de 1706 – Filadelfia, 17 de abril de 1790) fue un político, científico e inventor estadounidense.

El fin de este capítulo es informar al lector sobre el estado actual del país en lo que respecta al ejercicio del control de armas sobre el personal civil; para ello se mencionarán los principios generales específicos que afronten la regulación sobre las armas de fuego, y se realizara una breve una comparación de las leyes sancionadas al respecto, además se ilustrara al lector sobre organización actual, datos estadísticos y planes de control y desarmes llevados a cabo en el país como así también se mostrara una comparación con otros países y sus respectivos resultados–

Si bien en el 15 DE SETIEMBRE DE 1950 fue sancionada la ley 13.945 primera en referirse al uso, registro y portación de armas de fuego, si bien esta ley estaba muy bien definida en cuanto a quienes se hallaban con autorización de portación, se hallaba dispuesta para la época, donde la población del país según el censo realizado en 1947, considerado por los especialistas uno de los mejores censos realizados en el país, elevó el registro poblacional alcanzando 15.893.811 personas; mientras que el registro censal de 1970, quizás el más impreciso de los realizados en el país, arrojó una estimación de la población de 23.364.431 habitantes [12]ver anexo III), una diferencia abismal que ameritaba ciertos cambios en cuanto a la autorización del uso de armas de fuego, por ello el 21 de mayo de 1973 el presidente de la Nación sanciona y promulga con fuerza de ley, la ley 20429 con el fin de regularizar y poder controlar la adquisición, tenencia y portación de armas de fuego, derogando la ley anteriormente mencionada. A modo de ejemplo hare referencia al Art 14 de la ley 13.945/50, el cual en su inciso 3ro autorizaba a la tenencia de armas de fuego a Los pobladores de regiones que evidentemente tengan escasa vigilancia policial, y todo otro habitante a quien por razones de seguridad sea indispensable conceder esta franquicia, para el material "de uso civil condicional; o en el Art 33 de la citada ley donde en su inciso B, autoriza a la tenencia a "las personas de mayor de edad de buena conducta, de no dudosa aptitud mental y física para el manejo del arma, y cuando existan motivos justificados para la tenencia" (ver anexo II).

El Re.N.Ar. depende del Ministerio de Defensa y es el organismo que se ocupa de otorgar las credenciales de legítimo usuario, tenencia y portación.

En 2003, por una modificación legal, los requisitos se hicieron más estrictos, como ser que los usuarios legales de armas deben renovar su permiso cada cinco años y probar que no tienen antecedentes penales Eso, según analizan, fue uno de los motivos que produjo una merma en la cantidad de personas que hicieron los trámites debido a un incremento en los costos de renovaciones y el corto plazo de vigencia.

Los legítimos usuarios nuevos fueron 35 mil en 2003 y en el 2004 no llegaban a los 25 mil. Algunos especialistas sostienen que esta mayor rigurosidad para otorgar los permisos presenta un flanco débil: puede volcar a los compradores al circuito negro, donde las exigencias son nulas y los precios más baratos.

Pero el sistema tiene una fuga: la deficiencia en el control para chequear la aptitud física y psicológica de los poseedores de permiso de tenencia.