La participación y la construcción de ciudadania

Para muchos entre quienes se ocupan de cuestiones referidas a la acción social -y especialmente en Chile- la participación puede aparecer como una inquietud traída del pasado, una reminiscencia de los sesenta, aquella época en que todos nos orientábamos según las tareas de la igualdad y dábamos la libertad por sentada; es así que la participación puede sonar asociada a propuestas románticas que hoy tendrían escasa vigencia (a la comunidad, a los populismos, al compromiso social…) ya que se trataría de una situación propia de sociedades tradicionales, sobrepasadas y barridas por las dinámicas y las relaciones que -necesariamente- ha impuesto la modernización.

Nos guste o no, como lo anunció Toennies, las comunidades han ido dejando lugar a las sociedades; todas las actividades humanas se organizan crecientemente según racionalidad de acuerdo a fines y esos procesos han tendido a crear cuerpos especializados (burocracias) que en base a criterios técnicos (elitarios) deciden y administran en los diversos segmentos de la convivencia social, en favor de los usuarios de esos servicios, pero sin recurso necesario a ellos.

De hecho, el tema de la participación perdió fuerza entre las preocupaciones de las ciencias sociales latinoamericanas entrando a los ´70[1]

Es cierto que la inquietud y la reflexión se mantuvieron en la agenda de las O.N.G.s y de la Educación Popular, pero, entonces se recurrió a la participación con dos características que eran novedosas respecto del discurso del período anterior:

– Se resignifica la tarea dentro de un discurso, como fue el de las O.N.G.s durante la dictadura, que se autocalificó de "alternativo", o sea, que prescindía, no sólo de las posiciones ideológicas que eran dominantes, sino que apuntó a una construcción social al margen de las iniciativas del aparato estatal. Es así que "participar" pasó a entenderse entonces como incorporación en las redes y organizaciones que se daba la sociedad civil, pero no decía nada de las relaciones (posibles o reales) entre esa sociedad y el Estado.

– Esa percepción llevó a que "participación" se aplicara como un término con contenido obvio (se trataba de algo distinto a lo que hacía la dictadura) y se perdieron así hasta las conceptualizaciones más elementales (por ejemplo, las que empleaba DESAL en su discurso sobre la marginalidad) sin que brotaran contenidos serios de reemplazo que organizaran la comprensión de lo participativo.

Es esta línea, marginal a la acción del gobierno y a la decisión oficial hasta el 89, la que reaparece en la agenda social que la democracia levanta en Chile en los 90, básicamente recuperada en el discurso de los políticos y con las traducciones necesarias de quienes, ahora, están ocupando el aparato de Estado, pero marcada por los afanes de provocar adhesión a una propuesta social diferente de la que habría correspondido al período anterior, lo cual ha contribuido a agudizar las ambigüedades.

Esta confusión de lenguas hace que, hoy, el discurso del gobierno pueda coincidir con el que propone la crítica progresista y con el de una cierta oposición razonable desde la derecha; todos alientan la "participación", aunque sus opciones podrían ser antagónicamente diferentes. Esta situación debe estar restando profundidad y operacionalidad a una tarea que, en mi opinión, estará en el corazón de todos los procesos que intenten, seriamente, profundizar las estructuras democráticas, y por tanto se incluiría en ese nudo originario de decisiones que nos podría permitir levantar propuestas políticas y sociales distintas de las que hoy se han impuesto con pretensiones de única verdad.

En las páginas que siguen, busco organizar conceptualmente este campo de "ambigüedad", para así llegar a proponer algunas reflexiones que quisieran apoyar las decisiones y las prácticas de quienes deciden y hacen política en el nivel local y, desde allí, buscan impulsar alternativas innovadoras en las relaciones entre el gobierno y la sociedad.

Los puntos que organizan esta reflexión son los siguientes:

– La evolución en la consideración del tema de la "participación" y los cambios en los enfoques.

– Qué entendemos por participación y cuáles experiencias no nos parecen participativas. Un intento de conceptualización y nuestras diferencias con otras propuestas hoy vigentes.

– El sentido y las promesas de la participación.

– La participación y la formación ciudadana.

– Conclusiones y desafíos.

Quiero señalar que, en este trabajo, he recurrido a testimonios y a ejemplos que he sacado de distintas tesis elaboradas en la Universidad ARCIS. Deseo expresar reconocimiento a los alumnos autores de esos trabajos, ya que me he beneficiado así de sus esfuerzos; al mismo tiempo, deseo expresarles que uno de los propósitos que me empujó a emprender esta reflexión fue el organizar un pensamiento que pueda servir a futuros tesistas que se van a comprometer en un tema, como es el de la participación popular, que aparece como crecientemente recurrente.

Espero que así podamos avanzar en la consolidación, entre alumnos, profesores e investigadores , de un colectivo empeñado en la construcción de conocimiento que es uno de los propósitos del Centro de Investigaciones Sociales de esta Universidad.

La Evolución de la importancia y de la concepción de participación

La hipótesis de trabajo que orienta el desarrollo de este primer capítulo se puede proponer así:

El contenido con el que se ha impulsado la "participación" no ha sido el mismo en cada uno de los tres períodos que se identifican, desde principios de los 60 hasta hoy; sin embargo, estos cambios conceptuales no han respondido tanto a esfuerzos de crítica rigurosa y corresponden ,mucho más, a la transformación en las circunstancias que caracterizan a cada período y en las que han debido operar los sujetos impulsores de participación.

De allí que la conceptualización a la que se recurre hoy puede, perfectamente, incluir aspectos heredados de experiencias anteriores y que no corresponden ni son adecuados para el sentido que se busca en este momento para el desarrollo social; por el contrario, pueden faltar a esta conceptualización otros elementos que serían coherentes e importantes a la tarea que se propone y que una crítica teórica seria de la experiencia anterior podría aportar.

Es con esta intención que aquí me remonto a la consideración de los rasgos centrales que han asumido los esfuerzos participativos en Chile a lo largo de la segunda mitad del siglo.

1.1. En los 60, la participación se proponía como un imperativo ético. La "sociedad justa", una aspiración que se traducía en concreciones distintas, que imponía caminos diversos y que movilizó tantos esfuerzos y compromisos en ese período, no era sólo aquella en la que los beneficios se distribuían en forma más equitativa, sino, básicamente, una convivencia en la que todos habrían de compartir responsabilidades, tareas y decisiones. En ese momento, quienes no queríamos ser liberales entendíamos que la naturaleza humana era, básicamente, igualitaria y que las diferencias socio económicas (que no son lo mismo que las variaciones entre los individuos) expresaban más las relaciones según las cuales, históricamente, se ordenaba (o desordenaba) cada sociedad.

De allí que, en ese momento, la participación nos apareciera como una capacidad "natural" de cada persona, una posibilidad que estaría aplastada e inhibida por la carga de la dominación, que debía brotar libre en la medida en que se disolvieran esas estructuras pesadas que imponían la desigualdad. Impulsar participación equivalía, entonces, a encaminarse en la recuperación del orden natural (justo); era fundamentalmente bueno y deseable que las personas exigieran sus derechos hacia la igualdad.

Esta mirada, atravesada por un cierto escencialismo, se asociaba al hecho de que las distintas corrientes de ideas que en ese momento se ocupaban de la "participación", entendían que tanto las capacidades de participar de parte de los sectores populares como el proyecto en el cual éstos podían participar, tenían una "consistencia objetiva" que era, lógicamente, previa al hecho de la participación. Por una parte, la "clase para sí" aparecía como algo decidido y pre dispuesto, que esperaba un toque de conciencia para asumir las tareas y responsabilidades que le estaban asignadas (imputadas según Lukacs), ya que correspondían a su inserción en el sistema de relaciones de producción; por otra, el proyecto estaba diseñado e incluido en la historia y los actores (nunca más apropiado el término) se incorporarían a papeles que ese proyecto les asignaba.

De allí que, incluso cuando se hablaba de "educación para la participación", se trataba de una cierta información acerca de esas responsabilidades objetivas, predispuestas, que a cada cual le correspondía desempeñar en el proyecto que se construía[2]

Fue así que, a fines de los 60, la "concientización" que propuso Paulo Freire tendió a entenderse menos como un proceso pedagógico orientado a educar capacidades nuevas, y se percibió más como una suerte de iluminación, por la que se disipaba la falsa ideología que pesaba sobre los grupos populares.

1.2. ¿Qué pasó luego?

En Chile resulta muy tentador el asociar las fechas en las que se pierde y reaparece el interés por la participación con la emergencia y el final de la dictadura. Es que parece lógico y no pide mucha explicación, el que un régimen autoritario suprima las iniciativas y demandas que surgen desde los grupos subordinados.

No puedo decir que no hay algo de razón en esa lógica, y, sin embargo, de alguna manera esa argumentación está esquivando la pluralidad de sentidos con que se aplica el término y se alientan las prácticas participativas, ya que mira sólo a las formas más duras de incorporación política, que serían las que deberían haber chocado con la dominación autoritaria.

Hay que recordar que el tema perdió prioridad en toda América Latina, en países donde las fechas de los períodos militares no coinciden necesariamente con las que corresponden a Chile. Más aún, que no resulta tan clara esa exclusión mutua entre dominación autoritaria y participación popular cuando aparece reiteradamente, tanto en la práctica política como en la reflexión intelectual, que ciertas formas de participación han favorecido el control social cuando -por decirlo a la gramsciana- apuntan a perfeccionar el ejercicio del poder mediante la construcción de hegemonía; así lo hicieron los populismos civiles y militares en otros momentos de la historia latinoamericana [3]

La pregunta aquí es por qué eso, si bien se intentó, no estuvo en el nudo de la dominación autoritaria.

1.2.1. A mediados de los años 70 un equipo encabezado por Samuel Huntington[4]elaboró un informe para la Comisión Trilateral en el que se presentó y desarrolló la tesis que asociaba ingobernabilidad con exceso de participación; sería la sobrecarga de demandas sociales dirigidas al Estado y la incapacidad de éste para dar respuesta a todos los reclamos de la sociedad, lo que llevaría a la pérdida de confianza de la ciudadanía en los políticos y en las instituciones democráticas.

El sesgo conservador de este argumento se expresa en la idea de que sería la ampliación de la participación democrática, al empujar demandas crecientes de la sociedad ante el Estado, lo que llevaría a la auto-deslegitimación del propio orden democrático. La misma lógica de tal discurso lleva a entender una oposición antitética entre gobernabilidad y democracia; como bien anota Manuel Rojas "…Un exceso de democracia significaría un déficit de gobernabilidad; una gobernabilidad adecuada sugiere una democracia deficiente…"[5].

Esta antítesis se manifiesta claramente en las soluciones que levanta el análisis conservador: la gobernabilidad se recupera y se reproduce mediante la contención de las demandas y el control sobre los movimientos sociales; se trataría de limitar la participación a través de recursos coercitivos y/o ideológicos.

No estoy intentando insinuar que las argumentaciones de Huntington hayan "provocado" la desconfianza y el desinterés generalizado hacia la participación. Más bien entiendo que el informe representó una expresión y no una "causa": si el discurso sobre "la crisis de las democracias" se aceptó con tanta facilidad fue porque apareció como una racionalización conveniente que concordaba con la profunda reivindicación de lo invividual y de lo diverso que ha marcado el giro de la sensibilidad cultural dominante según nos acercamos al fin de siglo.

1.2.2.Voy a permitirme una disgresión, necesaria creo, para volver luego a retomar el hilo de la reflexión.

En los 60 se había empezado a producir ese cambio profundo, que ha arrastrado dimensiones varias, y que algunos -con la inseguridad que impone la cercanía de los procesos a los que se refieren- ya se atreven a calificar de "transformación epocal".

En primer lugar, se empezó a experimentar socialmente los efectos de un salto cualitativo en el desarrollo de las fuerzas productivas. El patrón tecnológico en el cual se había fundado la economía por cerca de cien años, sustentado fundamentalmente en el uso del petróleo, comenzó a ser reemplazado por otro basado en la electrónica.

Esto arrastró al cambio en los sectores que dinamizan a la economía (la industria del carbón y del acero ha cedido lugar a la informática y la bio- tecnología) pero, más aún, el cambio tecnológico empujó transformaciones muy importantes en el diseño organizacional de las empresas. Por una parte, las mega corporaciones han ido variando su estructura, centralizada y piramidal, hacia la constitución de redes flexibles entre empresas, todas de tamaño menor, todas con dirección, contabilidad y gestión propias ; por otra parte, la vieja "línea de montaje" (la que sirvió a Chaplin para caracterizar a "Los tiempos modernos") ha cedido ante modelos más activos de gestión y ejecución en los que cada unidad -incluso, cada trabajador- es solicitado a aportar y decidir "in situ".

En tercer lugar, y es esto lo que más nos interesa en el contexto de esta reflexión, se ha producido en un lapso muy corto de tiempo una mutación de las percepciones y de los valores según los cuales se organiza y se construye la realidad.[6]

Todos los estudios que se centran sobre esta dimensión del cambio[7],acuerdan en que lo que está cuestionado en este proceso es el modelo de modernidad tal como lo ha inspirado la Ilustración. Varios han anotado que este cuestionamiento ha asumido la forma de "juicio a la razón", tal como ésta había sido definida y aplicada en dicho proyecto de modernización. Si el nacimiento del mundo moderno pudo ser ser caracterizado como "una rebelión de la razón contra el mundo de las autoridades reconocidas hasta entonces", lo que hoy estaríamos viviendo sería la revuelta de la sociedad y del sujeto contra la racionalización totalitaria, centralizada y uniformizadora; esa tendencia que Max Weber previó, con pavor, en la imagen de la "jaula de hierro" en la cual el hombre moderno se iría encerrando progresivamente[8]

Si es cierto lo del cambio de época, lo que se había empezado a dejar atrás a fines de los 60 era ese período histórico en el que creímos posible organizar la vida de la gente a través de operaciones de gran ingeniería social en las que era el Estado -y no las personas- el demiurgo que se encargaba de decidir, impulsar y gestionar el modelo.

Lo que se empieza a poner en cuestión es que sea la razón (sino la Razón) el único principio que puede ordenar absolutamente los asuntos de la sociedad. Empezó a fortalecerse la convicción de que, junto al conocimiento racional (en algunas propuestas, cuando se prescinde de éste) hay otras calidades de saber (práctico, emotivo, existencial…todos particulares y locales) que tienen validez y nos conectan con la realidad. El descrédito apunta a la confianza que se tenía en "la salvación a través de la incorporación a la sociedad" y, en consecuencia, se fortalece la reivindicación de los espacios de creación particular -personas y grupos- y la tendencia a reemplazar la uniformidad de la vida moderna por la diversidad post-moderna (o post-estructuralista, post-industrial, post-nacional…)[9].

Los estudiosos han organizado el discurso sobre este cambio, resaltando, cada uno, algunos rasgos que les resultan más relevantes.

David Harvey, Francois Lyotard, Richard Rorty…[10], de una u otra manera nos dicen del rechazo a las metanarrativas que propuso el pensamiento racionalista como explicación, forma y meta de la historia, mientras apuntan a una nueva epistemología en la que pensamiento y lenguaje no se entienden ya como reproducción de la realidad que estaría ahí, esperándonos para ser descubierta, sino más bien como instrumentos con los cuales el sujeto construye la realidad.[11]

Esa nueva sensibilidad, que pasa a ser dominante en el fin de siglo, es la del sujeto que construye, a la vez, su mundo (no "el" mundo) y su propia identidad, y que rechaza cualquier idea de un modelo o de una estructura que funde o legitime a ese sujeto en tanto actor social, que le asigne un papel o defina su comportamiento necesario; esa sensibilidad cultural está en la base de la facilidad con la que se asumió el derrumbe de las economías de planificación centralizada y de los Estados de Bienestar, está en la base de la emergencia del neo-liberalismo[12]y, también, de las dificultades que han mostrado los sectores progresistas en su intento por levantar alguna propuesta que los exprese en términos convocantes y que constituya una alternativa a ese neoliberalismo.

Al mismo tiempo, estos cambios en la sensibilidad cultural están en la base de la pérdida de la idea de participación, tal como se entendía en los años 60.

Hasta aquí la disgresión. Si he dedicado tanto verbo y espacio a una reflexión bastante general y abstracta respecto del tema particular que aquí me ocupa, ha sido porque parece indispensable que las propuestas sobre participación que se puedan impulsar en los 90, cuando las circunstancias han vuelto a favorecer el rebrote de este tema, no se entiendan como la simple recuperación del hilo que se perdió a fines de los 60, sino que asuman las nuevas percepciones y sensibilidades que hicieron inviable esa propuesta y que son las mismas que están vigentes hoy. La nueva propuesta participativa debe respetar y asumir esas condiciones.

1.3. Entrando a los 70 el neoliberalismo autoritario que se había impuesto en Chile, sólo alentó aquellas formas, denominadas de participación, que claramente generan control social y legitimación de la autoridad; los límites estaban claramente establecidos y los procedimientos disciplinatorios eran conocidos y administrados por cada autoridad (todas nombradas y controladas por su superior inmediato) una cadena de control que la desconcentración del aparato estatal había llevado hasta las localidades más apartadas.

La participación sustantiva, sus ambigüedades, sus desafíos, las preguntas que levantaba… todo eso desapareció de la agenda y de la reflexión oficial.

1.3.1. Como insinuamos en la introducción a este trabajo, durante este período la preocupación participativa se manejó en los circuitos "alternativos", se discutía en las O.N.G.s y se intentaba en aquellas experiencias piloto que ensayaba la educación popular, pero esas prácticas y esas reflexiones estuvieron atravesadas por tres rasgos que indico a continuación y que le dieron un carácter novedoso respecto de lo que se hacía y pensaba en el período anterior.

Primero. Las acciones de las ONGs, por definición, se impulsaron al margen de la iniciativa estatal y, por tanto, obviaban el problema en tanto relacionamiento entre la sociedad civil y el Estado y apuntaban, más bien, al otro problema de la incorporación de las personas en las redes, movimientos y organizaciones que se dio la sociedad durante el imperio más duro de las políticas neo-liberales. A diferencia de los 60, ahora la reflexión y la práctica de participación no decía a la incorporación de sectores desde los márgenes a la sociedad que se estaría desplegando en la historia, sino que los sujetos se constituirían, precisamente, en oposición y en resistencia a ese "orden" que se les imponía como disciplinador. Por eso, "participar", en el discurso de las ONGs era incorporarse en las organizaciones populares para impulsar lo alternativo.

Segundo. El método de las ONGs era la "educación popular" y la inspiración de esta propuesta estaba anclada en Paulo Freire, más específicamente en el segundo Freire, el que surge de su experiencia africana, expresada en "Cartas de Guinea-Bissau", donde empieza a separar aguas respecto de una posición idealista que atraviesa sus primeros escritos y que permitieron que éstos fuesen leídos como propuestas de iluminación de las conciencias, un acto cultural que operaría como el motor central desde donde debían derivar procesos de cambio político-societal.

De allí que, en los 80 resultó mucho más claro que en las décadas anteriores, que la participación era una capacidad que debía ser educada (y que se podía deseducar) y que no se trataba de una disposición innata al sector popular[13]La educación de tal capacidad se entendió como un proceso en el cual, necesariamente, el cambio cultural se provocaba a partir de una práctica de construcción de sociedad deseada que, en este caso, era empujada por los sujetos y no por el Estado o desde la evolución de la misma sociedad.[14]

Por último, resultó de lo anterior que las ONGs, que enfrentaron la participación como un producto pedagógico, elaboraron métodos, didácticas y materiales múltiples destinados a educar las capacidades de participar. Más que propuestas pedagógicas -que toda la reflexión más seria sobre esta etapa denuncia como un faltante en la producción de los educadores populares- se multiplicaron las técnicas y cartillas para realizar distintas tareas promocionales (diagnóstico, programación, evaluación…) en términos participativos.[15]

La idea central que atraviesa estos procedimientos (y que resulta potencialmente muy importante en la evolución posterior de este proceso) es que la misma y única práctica, colectiva y responsable, -cuando sirve de base a procesos educativos adecuados-, puede provocar efectos en dos dimensiones: unos son los efectos "materiales" que persigue la acción (construcción de una sede u organizar un jardín infantil) y, otros, en el desarrollo personal y humano de los participantes que impulsan la acción; la educación de la participación apuntaría a la relación entre ambas dimensiones de efecto. Volveré sobre ésto, con mayor atención, en el punto 3.

1.3.2. Como también ya insinué en la introducción, la preocupación por la participación se mantuvo también en algunos Organismos Internacionales, en particular algunas agencias de Naciones Unidas, si bien nunca llegó a constituirse en un tema mayor.

A diferencia de las O.N.G.s, las Instituciones Internacionales no buscan diferenciarse de la acción estatal, más bien, su condición inclina a los funcionarios y a las direcciones a aceptar los gobiernos que existen en cada uno de los países en que se desempeñan y a tratar de ejercer cierta influencia sobre ellos, lo cual se marca en los contenidos de la reflexión y propuestas sobre participación que desde allí surgen. La argumentación que allí se desarrolló, que aceptó algunas tesis neo-liberales buscando dialogar con ellas, es que una cierta participación sometida a los objetivos y procedimientos decididos por los técnicos oficiales debe resultar útil para aumentar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas.

Es así que, desde ese campo, se profundizó en una concepción de participación que algunos han calificado como "instrumental"

1.4. Entrando a los 90, cuajaron diversos factores que se venían fortaleciendo a lo largo del período anterior y que, en mutua definición, han confluido para favorecer una nueva reaparición de la atención sobre los procesos participativos.

1.4.1. Por una parte, el neoliberalismo, a veinte años de su avasalladora irrupción en la orientación y práctica de las políticas, ha empezado a mostrar sus limitaciones y sus efectos no proclamados: pobreza, aumento de las desigualdades, deterioro del medio ambiente, depredación de los recursos naturales… .Esto ha favorecido el retorno de la preocupación por la presencia y el papel del Estado en la organización y funcionamiento de la sociedad, que habían sido expulsadas -con recurso a fórmulas muy simplistas- por la dogmática neoliberal.

En 1990, el Banco Mundial publicó su estudio en dos tomos sobre las economías de industrialización reciente en el Sud-Este asiático, donde reconoce y declara que, en casi todos los casos, la acción del aparato estatal ha sido fundamental para crear y asegurar condiciones que permitieron el desarrollo de la iniciativa privada en términos de crecimiento económico sostenido.[16]

Este nuevo escenario intelectual arrastra una serie de temas asociados que se vuelven a poner en agenda: el mismo Banco Mundial, y -más enfáticamente- el B.I.D., retomaron el tema de la gobernabilidad, ahora con algunos matices nuevos ligados a una agenda pública que debe reflejar las preocupaciones tanto del gobierno como de la sociedad.[17]

También, junto con la reaparición del Estado, resurgió consecuentemente el desafío de las relaciones adecuadas entre ese Estado y la sociedad civil.

Se abre así la puerta para recuperar las inquietudes y discusiones en torno a "participación", el caso más impactante es el de Bolivia, donde el gobierno de Sánchez de Lozada, una administración que representaba más bien al sector empresario, en 1994 promulgó la ley 1551, "de participación popular".

En Chile, a esta situación general favorable, se sumó una coyuntura muy propicia que empujó a una rápida difusión de lo participativo que permeó el discurso oficial: es que los nuevos gobiernos democráticos quisieron proponer un conjunto de políticas en lo social que los diferenciara claramente del régimen anterior, calificado como autoritario. Esta diferenciación parecía tanto más necesaria cuando se había optado por orientaciones en la economía que, en lo básico, constituían un continuismo respecto de lo que había instalado el pinochetismo.

Un informe de Mideplan, ya en 1992, señala que existen componentes participativos explícitos en las orientaciones y políticas de casi todos los Ministerios[18]entre las primeras iniciativas del gobierno Aylwin estuvo la de enviar al Parlamento una propuesta de reforma constitucional en la que se definía al Municipio como "corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la respectiva comuna"[19]. En la misma reforma se crearon los Concejos Comunales, a los cuales se asigna "carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, encargados de hacer efectiva la participación de la comunidad local y de ejercer atribuciones que señala esta ley".[20]

1.4.2. Por otra parte, el cambio cultural al que aludí en párrafos anteriores, contra lo que algunos pudieran opinar, se inclinaría hacia una incorporación más activa y directa de los ciudadanos en la cosa pública.

Luciano Tomassini lo coloca así:

"el sistema representativo clásico constituía una democracia mediatizada. Hoy día los intermediarios o representantes de los ciudadanos, sean parlamentarios o partidos políticos, sus cúpulas o sus operadores, no monopolizan la articulación y expresión de intereses como lo hacían antes, debido a que , en una sociedad más diversa, más acertiva e informada, la gente tiene visiones propias sobre los asuntos de interés público y aspira a intervenir de alguna manera en su manejo."[21]

Así, el aparente desinterés en la política, que atraviesa hoy a todas las sociedades en occidente (un rasgo muy específico de los jóvenes) podría no estar expresando la exacerbación del individualismo egoísta y despolitizado, sino -más bien- una insatisfacción profunda con esta particular forma de relacionar a los ciudadanos con el hacer de la "polis" que resulta estrechamente segmentada. Se trataría más de una voluntad en pro de que cada persona -y toda persona- asuma y empuje la construcción de su mundo y de su vida, en contraposición a la percepción, dominante hasta hace poco, según la cual cada uno aceptaba un paradigma que nos imponía los criterios para esa construcción.[22]

1.5. Por último, quisiera destacar el rasgo de novedad que tiene la tarea, teórica y práctica, que se debe emprender en este campo. La percepción (muy estrecha a mi entender) de que, en Chile la dictadura fue responsable de cerrar el espacio a la participación y que la democracia lo volvió a abrir, (en ambos casos como únicas responsables) puede inclinar a juzgar que las propuestas de participación que hay que recuperar en los 90 serían las mismas que se cancelaron a principios de los 70.

Esto, evidentemente, no es así. No en vano se produjo ese corte, por la fuerza de la crítica hacia las limitaciones y deformaciones que arrastraban las políticas del Estado Benefactor; una crítica parcial, unilateral, revestida de ideología, pero fundada en falencias reales en las cuales ha afirmado su fuerza. Tampoco fue en vano el empuje a la experiencia y la reflexión desde las O.N.G.s que incorporaron los aportes desde la Educación Popular. Es cargado con esas herencias varias que se repone la preocupación por el tema de la participación.

De allí que, ahora, las nuevas políticas sociales (y la participación, como constitutivo de esas políticas) debe cumplir con responder ante una serie de desafíos novedosos.Resumo así:

– A la luz de las críticas neoclásicas al Estado Benefactor, se trata ahora de proponer políticas que persigan sus propósitos de avanzar en equidad, pero sin ir en contra de los equilibrios fiscales; el que las políticas sean calificadas de "caras" no es cuestión de pesos más o pesos menos, sino que se demanda que el gasto social no suba por encima del aumento de la recaudación fiscal, que, a su vez, depende del incremento del producto.

– También levantado por la crítica neoclásica, la política social debe intencionarse para impactar la condición de los sectores pobres; si no existe esta preocupación explícita y marcada en la gestión, la tendencia inercial llevará a que mucho de los recursos se queden en el camino, enredado como gasto burocrático y a que, otro tanto, sea apropiado por los sectores con mayor capacidad de presión que, por definición, no son los más pobres.

– Vale decir que las políticas nuevas deben ser técnicamente productivas, deben encauzar bienes y servicios, en cantidad suficiente y de calidad adecuada, hacia los sectores que los requieren, pero además tienen que ser capaces de capturar la heterogeneidad de situaciones y de necesidades (la pobreza no se puede reducir a una condición unidimensional con distintas posiciones ubicadas a lo largo de un eje único) y operar con respeto y la flexibilidad que corresponda a esa diversidad de situaciones cualitativamente distintas.

– Más aún, se debe asumir que las políticas no sólo buscan solucionar carencias mediante aportes de bienes y servicios (que es el efecto material de la política) sino que, al mismo tiempo y en un único esfuerzo, producen efectos socio culturales en las personas que se incluyen en esas políticas (los usuarios).[23]De manera que en el futuro, éstos se puedan parar sobre sus propios pies y no requieran de ese apoyo asistencial. Ambos aspectos tienen que manejarse con intención y con maestría técnica.

– Profundizando esta línea, y, ahora contra la ideología neoliberal, las O.N.G.s insistieron que lo social no se deriva mecánicamente desde la economía, el crecimiento económico no es causa necesaria del desarrollo social. Hoy tenemos que abordar lo social como un campo con una lógica de funcionamiento propia, no independiente, pero sí distinta del manejo económico.

La Educación Popular avanzó en subrayar la necesidad de enfrentar la producción de efectos socioculturales a través de un proceso intencionado de aprendizaje social (icluso, elaboró las didácticas que apuntaban a educar la participación a lo largo de acciones sociales). Si esta opción no se enfrenta y no se trabaja, entonces priman las dinámicas que educan en el disciplinamiento, inscritas en la acción del Estado cuando éste opera como aparato de dominación, desde arriba hacia abajo, y que se impone sobre las múltiples iniciativas y prácticas de los grupos populares, las acota, las homogeniza y las ordena, excluyendo aquellas prácticas que no coinciden o aportan a la intención estatal.

– Por último, la participación, tal como se proponga en la nueva época tendrá que dar cuenta -a la vez- de la construcción democrática de sociedad civil y del relacionamiento democrático de esa sociedad civil con el Estado.

Es con toda esta carga de herencias que entramos a los 90. Unas habrá que criticarlas para proponer su reformulación, otras se recogerán porque resultan convincentes y provechosas para los nuevos sentidos que ahora se intentan, otras -por último- se rechazarán , pero no podemos dejar de considerarlas.

La Participación, un intento que pide conceptualización

Como señalé en el punto anterior, hoy se ha vuelto a incorporar el término "participación" en el discurso político, en algunos casos con insistencia machacona, expresando una voluntad de diferenciación , a la vez, del Estado neoliberal, (al cual nos liga una continuidad básica en lineamientos importantes del proyecto económico) y a la vez, del Estado Benefactor en esos rasgos paternalistas y burocráticos, tan criticados por los neoclásicos.

Sin embargo, quiero destacar que, a mi entender, no se debe situar en ese nivel apologético, ni la importancia, ni las posibilidades que guarda esta recuperación del tema participativo. Todo esto dice, más bien, a las nuevas circunstancias que, desde las maneras de producir, la multiplicación de las situaciones, de los intereses sociales, y el fortalecimiento de la cultura de lo heterogéneo, han llevado a la disolución del contacto entre, por una parte,los órganos tradicionales de representación política y, por otra, la vida cotidiana de la gente a la que quieren representar.

Augusto Varas, en un artículo sobre "Democratización y Políticas Públicas", nos dice:

"Tomando en cuenta el nuevo contexto en que se dan las políticas públicas, su función propiamente política al interior de los procesos democratizadores puede analizarse a partir de tres dimensiones indisolublemente interrelacionadas, el rol que juegan en la construcción del interés público, su capacidad para armonizar intereses corporativos y su potencialidad para permitir la participación ciudadana."[24]

2.1. Es cierto que estas tareas más importantes, donde "participación" aparece asociada a reconstrucción de los sentidos políticos, se debe emprender hoy en el contexto de esta "popularidad" del tema, lo cual, paradojalmente, no ha facilitado la empresa, ya que la soltura con que se tiende a recurrir al término oculta una variada ambigüedad conceptual.

Martín Hopenheyn, inicia así una reflexión sobre el tema:

"Insistir sobre el carácter equívoco del concepto de participación parece, a estas alturas, un ejercicio gratuito. Cada vez más la palabra, a lo largo y ancho de todo el arco político, es reivindicada por corrientes tan diversas como el neo-liberalismo, el neo-estructuralismo, la democracia cristiana, el socialismo renovado, el anarquismo y, en general, toda forma de populismo. Se ha convertido en una referencia obligada de planes y programas de desarrollo, de manifiestos ideológicos y de campañas presidenciales" [25]

Claro está que, en cada contexto discursivo distinto en que se incluye la palabra "participación", el término se significa con contenidos diversos; de allí que se pueda intentar un cierto ordenamiento en esta variedad ambigua según las diferentes conceptualizaciones en uso.

a. Existe hoy una recuperación del tema por parte de los grupos más serios del pensamiento liberal.

El marco neoliberal en que se incorpora aquí la participación, se expresa en los supuestos siguientes: los individuos se desenvuelven en un escenario neutro, donde cada uno avanza según su propio empeño.

En la investigación que citamos a continuación[26]si bien se aparenta reconocer dos o tres veces que el contexto económico social debe favorecer o dificultar la participación de determinados segmentos o personas, los autores entienden que, en aras del principio metodológico que una investigación singular es incapaz de considerar todo y debe definir un objeto, ellos pueden abstraer de esa dimensión contextual (que de hecho no se incorpora para efectos de análisis) y concentrarse sobre las características de los individuos capaces de participación (a quienes ellos denominan "pobres habilitados"); así, han escamoteado el contexto, y la "habilitación" aparece como una capacidad cuasi-natural en algunos individuos que explica (justifica) los diferentes grados de exclusión.

Así, conceptualizada la capacidad de participar, Ignacio Irarrázabal puede desplegar un argumento que, formalmente, se asemeja en varios aspectos al que presentamos más adelante, en el sentido que las políticas públicas deberían reconocer, en su diseño, esta capacidad de (algunos) grupos populares para construir su propia realidad y no invadir ese espacio desde el Estado.

En otras expresiones más transparentes de esta corriente de pensamiento, se presenta la participación como la capacidad individual para incorporarse en las oportunidades del mercado; en el centro está la "libertad de elegir" (Buchanan) y al Estado se le pide que no obstaculice este ejercicio fundamental del individuo. Oscar Godoy, siguiendo de cerca a Von Hayek, señala:

"La sustitución de la decisión individual, basada en la información que cada cual posee, por la decisión colectiva, fundada en los conocimientos globales del planificador, entraña limitar la libertad, entendida en este caso como la aptitud individual para emplear, sin restricciones, sus propios conocimientos"[27]

b. Un eje de reflexión distinto, en el cual coinciden algunos estudios del Centro de Estudios Públicos (C.E.P) en torno a la educación,[28] es aquel en el cual la participación se considera como un rasgo, técnicamente necesario a las nuevas políticas sociales, que, a diferencia de las que fueron propias del Estado interventor,han aprendido a respetar y a perseguir metas de eficiencia, de eficacia y auto sustentabilidad.

La participación se propone entonces como un aporte "funcional" al desempeño de las políticas según esos rasgos deseados; así los programas de autoconstrucción se justifican, porque bajan los costos por vivienda y permiten, de esta manera, que con los mismos fondos se alcance una cobertura mayor. Un poco más sofisticado aparece cuando se argumenta que la incorporación de los usuarios en ciertos momentos de la gestión permite afinar la ejecución de la política hasta aspectos que quedan ignorados cuando esas mismas iniciativas son responsabilidad sólo de los funcionarios; así se justifican algunos "diagnósticos participativos" en términos de que permiten identificar situaciones más allá de lo que recogen los instrumentos técnicos de la investigación.

Esta concepción de participación, porque es funcional es a la vez subordinada, ya que la participación existe sólo en la medida en que aporta a iniciativas que son decididas, diseñadas y controladas por el aparato técnico burocrático, que es externo a quienes se invita a participar.

En Chile, esta participación "funcional y subordinada" es la que se estudió y propuso desde los Organismos de Naciones Unidas durante los años 80 por intelectuales, varios de los cuales luego, con el advenimiento de la democracia, pasaron a desempeñarse en el Gobierno, por lo que no resulta extraño que ésta sea la concepción que permea buena parte del discurso y de la política oficial.