La educación terciaria en Nicaragua

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La Universidad nicaragüense tiene sus antecedentes históricos en el Seminario San Ramón Nonato, fundado en la ciudad de Santiago de los Caballeros de León en 1670 por orden del Concilio de Trento. El 10 de enero de 1812 las Cortes de Cádiz decretaron que el Seminario de León se erigiera en Universidad con las mismas facultades de las demás de América, convirtiéndose de esta manera en el segundo foco académico de la cultura colonial española en Centroamérica y en la última universidad fundada por España en el Nuevo Continente.

En 1814 al regresar al trono Fernando VII se disolvieron las Cortes y fueron abolidos todos sus decretos. El Obispo de León, Nicolás García Jerez, basado en los decretos del 10 de enero y el 19 de agosto de los años 1812 y 1813 respectivamente, solicita al Rey nuevamente la instalación de la Universidad, lo que se logra, finalmente, en 1815 y el 24 de agosto de 1816 se inaugura oficialmente la Universidad de Nicaragua.

Los Doctores y Presbísteros Tomás Ruiz (el primer indígena que alcanzó el título de Doctor en Centroamérica) y Agustín Ayesta; y el Obispo García Jerez son considerados los fundadores de la Universidad de Nicaragua.

En 1947 la Universidad de León fue elevada al rango de Nacional y el 27 de marzo de 1958, bajo el rectorado del Dr. Mariano Fiallos Gil, por decreto legislativo se le confirió Autonomía académica, administrativa y económica convirtiéndose en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN).

A finales de la década de los cuarentas se comienzan a crear facultades en Managua y posteriormente se abren centros regionales en ciudades del norte, sur y de la Costa Caribe. En 1960 la Compañía de Jesús (S.J.) funda en Managua la Universidad Centroamericana. En 1964 por iniciativa de la comunidad empresarial y de los gobiernos de Centroamérica se funda el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE).

En 1982, el gobierno revolucionario, instalado en 1979, decide dividir la Universidad Nacional para crear cuatro instituciones de educación superior autónomas e independientes: Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-León (UNAN-León), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua (UNAN-Managua), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y Universidad Nacional Agraria (UNA), las tres últimas con sede en Managua.

El entorno económico

Desde 1997 el gobierno de Nicaragua ha estado implementando un programa de reformas económicas y sociales profundas, cuyo objetivo principal es la reducción de la pobreza en un contexto de crecimiento sostenible[1]Este programa ha sido apoyado por las instituciones internacionales y la comunidad donante dentro del marco del servicio reforzado de ajuste estructural (ESAF) con el Fondo Monetario Internacional. En la reunión de Colonia en Junio 1999, el grupo de los 7 introdujo modificaciones al enfoque del ESAF y se flexibilizaron los parámetros para la entrada a la iniciativa de países pobres altamente endeudados (HIPC). A la par de las reformas económicas se puso mayor énfasis en la reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la gobernabilidad. Estas reformas fueron aprobadas en septiembre de 1999 por las asambleas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, y en ese mismo mes las juntas Directivas de ambas instituciones declararon la elegibilidad de Nicaragua para la iniciativa HIPC. Desde entonces el gobierno ha estado trabajando en un plan de reducción de la pobreza que profundiza la estrategia ya presentada por el país a la comunidad donante en el Grupo Consultivo de Ginebra de marzo 1998 y refrendada en los de Washington y Estocolmo.

La estrategia de desarrollo del gobierno se basa en tres pilares[2]El primero consiste en buscar un crecimiento económico de base amplia con énfasis en el sector rural que es donde se concentra la mayor cantidad de pobres y la mayor intensidad de pobreza en Nicaragua. El segundo pilar enfatiza la inversión en el capital humano. Si bien es cierto, en la concepción del gobierno esto se refiere principalmente a los sectores más pobres para reducir su vulnerabilidad económica , social y ambiental, al menos se hace, por primera vez un reconocimiento explícito a la importancia de la inversión en capital humano. El tercer pilar procura el fortalecimiento de una red de protección social focalizada en grupos vulnerables para romper la transmisión de la pobreza intergeneracional.

Perfil de la pobreza

En Nicaragua se agravaron los niveles de pobreza a lo largo de la década de los ochenta como resultado de una combinación de variables políticas y económicas. La mayor expresión del deterioro económico es la impresionante caída de la producción y el galopante endeudamiento externo de esa década[3]

A mediados de los setenta el producto Interno Bruto (PIB) per cápita de Nicaragua logró ascender a cerca de US$ 1100, lo que era cuatro veces superior a la deuda per cápita contraída por el país en ese momento, aún después del aumento que ésta experimentó después del terremoto de 1972. Como resultado de las convulsiones políticas internas de finales de los setenta, el PIB por habitante descendió a menos de US$ 800 dólares para 1980[4]Posteriormente, se experimentaron dos transiciones en el modelo económico del país.

Durante los ochenta se transitó hacia una economía planificada y de alta intervención estatal. En la década siguiente, se retornó a una economía de mercado. Ambos procesos conllevaron cambios de régimen de políticas macroeconómicas y de precios relativos, con recomposiciones abruptas en la estructura productiva del país, resultando en dislocaciones sociales de envergadura que significaron aumentos en los niveles y en la intensidad de la pobreza.

El PIB luego de caer abruptamente alrededor de 30 por ciento en 1979, experimentó caídas adicionales entre 1984 y 1989 y estancamiento entre 1990 y 1993. En 1990 el PIB per cápita de los nicaragüenses apenas cubría el 17 por ciento de la deuda per cápita (la deuda era seis veces mayor que el ingreso). El PIB per cápita se deterioró aún más, descendiendo a su punto más bajo en 1993 a alrededor de US$ 440, antes de comenzar a recuperarse en los últimos dos años. Sin embargo, todavía continúa por debajo de los US$ 500[5]

En 1998 el PIB fue de 2,126.20 millones de dólares incrementándose en 1999 a 2,267.90 millones de dólares. El PIB per cápita en estos años fue de 442.7 y 459.5 dólares respectivamente.

En términos per cápita, el gasto social se redujo de US$ 109 en 1982 a US$ 64 dólares en 1994.[6] No obstante, el gasto social por persona se había reducido, en 1997, a US$ 50 dólares, lo que en el contexto latinoamericano se considera bajo.[7] En la década de los noventa, los gastos sociales del gobierno, como participación del PIB, aumentaron desde cerca del 10 por ciento a comienzos de la década a casi 17 por ciento en 1999-2000, y en términos per cápita desde 45 dólares a principio de los noventa, hasta casi 80 dólares en 1999-2000.[8] En términos comparativos, Costa Rica y Panamá están por encima de los US$ 200 dólares anuales por persona.[9]

Entre 1994 y 1999 Nicaragua ha experimentado una tasa promedio de crecimiento de alrededor de 5%. Sin embargo, al finalizar el siglo cerca de la mitad de la población en Nicaragua son pobres. En número de habitantes equivale a 2.3 millones, de los cuales 830 mil son extremadamente pobres. Los pobres extremos no tienen acceso al mínimo de requerimientos calóricos, aún bajo la premisa de que todos sus ingresos los asignaran a la alimentación.[10]

La pobreza y la pobreza extrema en Nicaragua se concentra en el sector rural. El 68% de los habitantes en el sector rural son pobres comparado con el 31 por ciento en el sector urbano.[11]

El acceso a servicios sociales básicos de infraestructura continúa siendo bajo. El 65 por ciento de la población tiene acceso a agua potable y el 84 por ciento acceso a agua segura (agua potable más pozos). En cuanto a la distribución de este servicio los datos reflejan un desbalance entre las áreas urbanas y rurales siendo el acceso significativamente mayor en las urbanas. Todavía el 33 por ciento de los pobres no tienen letrina o inodoro, el 56 por ciento no tiene electricidad y el 94 por ciento usa leña para cocinar. Estas carencias son más profundas en el área rural.[12]

Existe una correlación entre pobreza, analfabetismo y bajos rendimientos educativos. Entre 1993 y 1998, la tasa de analfabetismo se redujo de 23 a 19 por ciento. En el sector rural pobre también se redujo de 46 a 35 por ciento en el mismo período. Sin embargo, cerca del 40 por ciento de los pobres extremos en el sector rural son analfabetos.[13]

El país se encuentra todavía en una etapa de transición epidemiológica con altos índices de mortalidad materna e infantil. Se han realizado avances importantes en la cobertura de inmunizaciones y en la reducción de la mortalidad materna e infantil. La mortalidad infantil se redujo de 58 a 40 por mil nacidos vivos, pero continúa siendo alta. La diarrea y enfermedades respiratorias infantiles continúan incidiendo en la nutrición y la morbi- mortalidad infantil. La falta de utilización de los servicios de salud está relacionada en el 47 por ciento de los casos, a la lejanía de los hogares respecto a los centros de atención y a razones económicas.[14]

La educación en Nicaragua

EL SISTEMA EDUCATIVO NICARAGÜENSE

En el sentido estricto, en Nicaragua no se puede decir que existe un verdadero sistema educativo. Lo que existe son subsistemas que dependen de instituciones que, en la práctica, no tienen ninguna coordinación. La Educación Básica y la Educación Media dependen del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), la Educación Tecnológica depende del Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), que es un ente autónomo cuyo financiamiento depende principalmente del aporte de las empresas que están obligadas a pagarle por ley el 2% del monto total de sus nóminas y, finalmente, la Educación Superior que depende del Consejo Nacional de Universidades.

Aunque todos los sectores reconocen la necesidad de una mayor articulación y coordinación, los esfuerzos que se han hecho en esta dirección no han rendido los frutos esperados. Un proyecto de Ley General de Educación preparado por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte se refiere exclusivamente a la Educación Básica y Media y por falta de consenso su discusión no ha prosperado. La elaboración de un Plan Nacional de Educación, que fue propuesta por el Ministerio de Educación en 1998 y acogida con entusiasmo por todos los sectores, se concluyó a finales del año 2000 [15]y su aceptación por parte de los diferentes sectores sociales es todavía una interrogante. Instancias que podrían servir de espacio de coordinación como el Consejo Nacional del Educación en el que están representados todos los subsistemas y es presidido por el Vice-Presidente de la República han tenido un funcionamiento irregular y sin un contenido claro de trabajo.

COBERTURA Y TASA DE ESCOLARIDAD

Hoy, un 20 por ciento de la población total está integrada a algún tipo de institución escolar formal, pero la mayoría de los niños en edad primaria están cursando los niveles obligatorios del sistema educativo, mientras que sólo un 10 por ciento de los jóvenes de 18 a 23 años está inscrito en alguna institución de educación superior del país.[16]

En 1999, la tasa bruta de escolaridad general era de 52.5 por ciento. Es decir, de cada cien jóvenes y niños en edad escolar no estudia 47. Del total de jóvenes entre los 14 y los 24 años en edad escolar (990.3 miles), 621.5 miles no estudian. Por otro lado, Nicaragua tiene la tasa de terminación más baja en educación primaria de la región centroamericana.

Cuadro 1. Educación: Indicadores Básicos

Fuentes: a) Banco Central de Nicaragua, Informe Anual 1991, p. 198. b) Banco Central de Nicaragua, Informe Anual 1999, p. 173.

FINANCIACIÓN

Según datos del PNUD, en 1994 y 1995 el gasto público en educación en la región centroamericana, que incluye todos los niveles educativos en los que participa el Estado alcanzó la suma de 1,246.8 millones de US$, cifra que representa el 3,4% del PIB regional y el 12.4% de los presupuestos públicos totales. En ese período el gasto público en educación en Nicaragua fue de 150.9 millones US$, lo que corresponde al 4.5% del PIB y al 20.7% del gasto público total.[17] En ambos indicadores el país se encuentra por encima de la media regional y el porcentaje en relación al gasto público total es el más alto de la región. (Cuadro 1)

Cuadro 2. Centroamérica: Gasto público en Educación,

Total, Per cápita y como porcentaje del PIB y del Gasto Público

por países. 1994 – 1995

Fuente: PNUD, Estado de la Región 1999

La educación superior en Nicaragua

CONSIDERACIONES GENERALES

Del listado y naturaleza de las instituciones de educación superior que existen en Nicaragua puede resultar evidente la dificultad de hacer un análisis que sea válido para todas las instituciones que integran el subsistema. Otra dificultad para realizar este tipo de análisis es la falta de información confiable y actualizada. A pesar de los esfuerzos realizados, no ha sido posible obtener información estadística de algunas de las instituciones privadas y la Secretaría Técnica del CNU solamente dispone de información procesada hasta 1998

Dada la importancia que tienen las instituciones miembros del CNU, tanto por el número de estudiantes y profesores, por la oferta académica y por ser las destinatarias del apoyo estatal para el subsistema, la mayor parte del análisis se referirá a estas instituciones.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE NICARAGUA

Desde la aprobación de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior en 1990 ha ocurrido un cambio dramático en el número y tipo de Instituciones de Educación Superior que existen en el país. Estos cambios se explican en alguna medida por el crecimiento de la población que demanda estudios terciarios y la limitada capacidad de respuesta para atender esta creciente demanda por parte de las universidades miembros del CNU. Por otro lado, la falta de una reglamentación y de atribuciones claras por parte del CNU, en relación con la aprobación y supervisión de nuevas Instituciones de Educación Superior, ha llevado a la situación actual que se caracteriza por la existencia de un total de 34 instituciones que cuentan con la autorización y la personalidad jurídica para funcionar al amparo de la Ley 89.

La Ley no hace una definición explícita de los tipos de institución referidos en la Ley 89; únicamente establece cuales son universidades estatales, cuáles son universidades privadas y cuáles son Centros de Educación Técnica Superior. Como puede verse en el listado siguiente, únicamente existen dos Centros de Educación Técnica Superior, ambos ofrecen carreras de tres años de duración orientadas hacia el sector agropecuario.

Las universidades y Centros de Educación Técnica Superior que funcionan en Nicaragua son los siguientes:

• A. UNIVERSIDADES ESTATALES Y PRIVADAS, MIEMBROS DEL CNU.

UNIVERSIDADES ESTATALES

• 1. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, León (UNAN-LEON)

• 2. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua (UNAN- MANAGUA)

• 3. Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)

• 4. Universidad Nacional Agraria (UNA)UNIVERSIDADES PRIVADAS MIEMBROS DEL CNU

• 5. Universidad Centroamericana (UCA)

• 6. Universidad Politécnica de Nicaragua (UPOLI)

• 7. Bluefields Indian and Caribbean University (BICU)

• 8. Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN)CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PRIVADOS MIEMBROS DEL CNU

• 9. Escuela de Agricultura y Ganadería, Estelí (EAG)

• 10. Escuela Internacional de Agricultura y Ganadería, Rivas (EIAG)

B. OTRAS UNIVERSIDADES Y CENTROS DE EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR PRIVADOS, LEGALMENTE ESTABLECIDOS.

• 11. Universidad Autónoma Americana (UAM)

• 12. Universidad Católica "Redemptoris Mater" (UNICA)

• 13. Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC)

• 14. Universidad de Occidente (UDO)

• 15. Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología (UNICIT)

• 16. Universidad de Ciencias Comerciales (UCC)

• 17. Universidad de Ciencias Empresariales (UCEM)

• 18. Centro Superior de Estudios Militares (CSEM)

• 19. Universidad Internacional de la Integración de América Latina (UNIVAL)

• 20. Universidad Tecnológica Nicaragüense (UTN)

• 21. Universidad de Nicaragua Tomás Ruiz (UNU-ACH)

• 22. Instituto de Estudios Superiores de Medicina Oriental Japón-Nicaragua

• 23. Universidad de Managua (U de M)

• 24. Universidad de las Américas (ULAM)

• 25. Universidad Central de Nicaragua (UCN)

• 26. Universidad Evangélica Nicaragüense (UENIC)

• 27. Universidad del Valle

• 28. Universidad del Norte de Nicaragua (UNN)

• 29. Universidad Hispanoamericana (UHISPAN)

• 30. Academia de Policía "Walter Mendoza"

• 31. Universidad "Thomas Moore"

• 32. Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua (UCAN)

C. OTRAS INSTITUCIONES

En Nicaragua funcionan también otras dos instituciones de educación terciaria que por sus características no se ubican en ninguno de los grupos antes mencionados:

El Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE)

AVE MARIA College of the Americas

Solamente las dos instituciones de carácter militar y las dos Escuelas de Agricultura y Ganadería, que pertenecen al CNU, no tienen la denominación de universidad y se ubicarían dentro de la categoría de Centros de Educación Técnica Superior. Solamente la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) tiene un perfil estrictamente tecnológico. En el resto encontramos una gran diversidad de tipos de instituciones, que varían en tamaño, oferta educativa y organización. La mayoría de las universidades privadas que no son miembros del CNU se fundaron a partir de 1994.

ASOCIACIONES DE UNIVERSIDADES

Además del Consejo Nacional de Universidades que aglutina a las ocho universidades y centros técnicos de educación superior reconocidos por la Ley de Autonomía y a las dos universidades que funcionan en la Costa Caribe, que fueron incorporadas en 1995, en el país existen también dos organizaciones que reúnen a las universidades privadas: la Federación Nicaragüense de Universidades Privadas (FNUP) y el Consejo Superior de Universidades Privadas (COSUP). Entre estas organizaciones no existen vínculos formales y las relaciones han sido tensas en algunos momentos.

MARCO LEGAL

El marco legal de la educación superior nicaragüense está determinado por la Ley 89 (Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior) y sus reformas recogidas en la Ley 103.

La Ley 89 fue aprobada por la Asamblea Nacional el 4 de abril de 1990 y ratificada por el Presidente de la República el día siguiente. Es de notar que esta ley fue aprobada en el período de transición entre el gobierno sandinista, que perdió las elecciones en febrero de 1990, y la asunción al poder del gobierno de la Señora Violeta Barrios de Chamorro , quien ganó las elecciones como candidata de una amplia alianza de oposición.

La aprobación de la Ley de Autonomía se dio dentro del clima de gran polarización política que el país vivía como consecuencia de los largos años de guerra, de la recién pasada campaña electoral y los resultados inesperados de las elecciones. Esto es importante tenerlo en cuenta porque, aunque era evidente la necesidad de una nueva legislación para la Educación Superior, el espíritu que privó en los legisladores estuvo marcado por la confrontación y la idea de que era necesario defender a las universidades de las intervenciones de un gobierno que se suponía les sería hostil.

Los aspectos más importantes que contempla la ley son:

• 1. El reconocimiento de las Instituciones de Educación Superior existentes en ese momento y su clasificación en universidades estatales, universidades privadas y centros de educación técnica superior. En total se reconocía la existencia de ocho instituciones.

• 2. La creación del Consejo Nacional de Universidades (CNU) como órgano de coordinación y asesoría de las universidades y centros de educación técnica superior. El CNU está integrado por los Rectores, y representantes de los gremios de las universidades. El Ministro de Educación, según la ley, podrá participar como invitado, con voz, pero sin voto. Entre las funciones que se le otorgan al CNU están la de elaborar y coordinar la política nacional de la Educación Superior del país; autorizar la creación de nuevas universidades o centros técnicos superiores y proponer la política de distribución de los fondos asignados a las universidades e instituciones de educación técnica superior, atendiendo a la población estudiantil y los costos de operación.

• 3. La definición y composición de los órganos de gobierno de las universidades, en los que se da a las organizaciones gremiales y, particularmente, al movimiento estudiantil una importante participación.

• 4. La definición del patrimonio de las universidades, que entre otros, estará constituido por el aporte ordinario y extraordinario del Estado. Según el Arto. 55 de la ley "el aporte ordinario no podrá ser menor del 6% del Presupuesto General de Ingresos de la República, como garantía mínima para hacer efectiva la Autonomía Universitaria".

En 1994 se inicia un proceso de reformas constitucionales que culmina en julio de 1995 con la aprobación, entre otras, de la reforma al Artículo 125 de la Constitución Política de la República, el cual dice así:

"Las universidades y centros de educación técnica superior gozan de autonomía académica, financiera, orgánica y administrativa, de acuerdo con la ley.

Estarán exentos de toda clase de impuestos y contribuciones fiscales, regionales y municipales. Sus bienes y rentas no podrán ser objeto de intervención, expropiación ni embargo, excepto cuando la obligación que se haga valer tenga su origen en contratos civiles, mercantiles o laborales.

Los profesores, estudiantes y trabajadores administrativos participarán en la gestión universitaria.

Las universidades y centros de educación técnica superior, que según la ley deben ser financiados por el Estado, recibirán una aportación anual del seis por ciento del Presupuesto General de la República, la cual se distribuirá de acuerdo con la ley. El Estado podrá otorgar aportaciones adicionales para gastos extraordinarios de dichas universidades y centros de educación técnica superior.

Se garantiza la libertad de cátedra. El Estado promueve y protege la libre creación, investigación y difusión de las ciencias, la tecnología, las artes y las letras, y garantiza y protege la libertad intelectual."

FUNCIONES, FINES Y OBJETIVOS.

La Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior define las funciones y objetivos de la siguiente manera:

• 1. Contribuir a la formación científica, técnica, cultural y patriótica de los estudiantes.

• 2. Impulsar la superación científica, técnica, cultural y pedagógica del personal docente y la capacitación del personal administrativo.

• 3. Vincular la formación de los estudiantes al proceso productivo y a las necesidades y objetivos del desarrollo económico, en función de los intereses populares

• 4. Fomentar y desarrollar la investigación científica para contribuir a la transformación de la sociedad y mejoramiento y adaptación de nuevas tecnologías.

• 5. Propiciar la capacidad crítica y autocrítica cultivando en el estudiante la disciplina, la creatividad, el espíritu de cooperación y la eficiencia, dotándolo de sólidos principios morales, cívicos y humanísticos.

• 6. Organizar la Proyección Social, la Difusión Cultural y la Extensión Universitaria en beneficio del pueblo.

• 7. Difundir el legado de las figuras patrióticas, culturales y científicas, de los héroes y mártires y de los forjadores de la Nación.

Estos fines y objetivos responden a las funciones tradicionales de la Universidad: Docencia, investigación y extensión, lo cual se refleja en el cuerpo de la ley y los reglamentos y estatutos de las universidades. Sin embargo, cuando se observa la distribución del presupuesto, el fondo de tiempo de los docentes y la estructura misma de las instituciones, es claro que el énfasis está puesto en la docencia bajo el supuesto de que la investigación y la extensión son funciones que se realizan de manera complementaria para fortalecer la primera, aunque en la práctica en la mayoría de los casos no sucede así.

Para facilitar el análisis en las condiciones actuales, parece ser más apropiado intentar hacer una clasificación de acuerdo con la tipología de funciones propuesta por Moura de Castro y Levy: Liderazgo académico, Desarrollo Profesional, Entrenamiento Tecnológico y Desarrollo, y Educación Superior General.[18]

De acuerdo con esta tipificación, la mayoría de las instituciones de educación superior de Nicaragua centran su actividad en el Desarrollo Profesional y el entrenamiento Tecnológico, es decir, en la preparación de los estudiantes para realizar trabajos específicos en el mercado laboral, que requieren de una educación formal, amplia y avanzada.

La situación económica del país y la falta de estudios rigurosos sobre el mercado laboral para graduados de la educación superior, hacen que la evaluación de las instituciones desde esta perspectiva sea muy difícil. Una crítica frecuente a las universidades, es precisamente su aislamiento de la realidad del país y su poca atención a las demandas de los sectores productivos. En la situación nicaragüense, esta crítica no puede verse en términos tan absolutos. En la práctica, las universidades, miembros del CNU, que podrían considerarse como las tradicionales, están impulsando transformaciones en su oferta académica las que, al menos en teoría, persiguen una mayor atención a las demandas del sector productivo y a las necesidades del desarrollo del país. Esto se refleja en la apertura de nuevos programas tales como Turismo, Informática, Mercadeo y en la revisión de los perfiles profesionales que han servido de base a las reformas curriculares puestas en marcha en los últimos años.

La apertura de nuevas instituciones privadas de educación superior, que es un fenómeno relativamente reciente en el país, refleja también una tendencia a dar respuesta a las demandas del mercado. Las universidades de la Costa Caribe, con su oferta académica son un buen ejemplo de esta tendencia.

A pesar de estos logros, se perciben problemas, que también se dan en otros países en los que se ha dado una proliferación de universidades, tales como, la repetición de programas en áreas tales como las ciencias económicas y empresariales, derecho y ciertas ingenierías, sin que exista una clara visión de las necesidades del mercado laboral. Otro problema obvio en este tipo de circunstancias es la heterogeneidad de la calidad de la oferta al no existir indicadores ni mecanismos que garanticen estándares mínimos de calidad.

En las instituciones tradicionales, los problemas principales giran en torno a la rigidez de los currículos, que no permiten una adaptación más rápida a las nuevas demandas. A excepción de Medicina, Odontología y algunas carreras agropecuarias, en general, hay poca vinculación durante los estudios con el ejercicio práctico de la profesión, situación que se agrava cuando los docentes no han tenido una experiencia profesional real.

Ante la inseguridad del mercado laboral y la alta incertidumbre que aún persiste sobre el desarrollo de la economía nicaragüense, algunas instituciones comienzan a incluir en sus discusiones la necesidad de diseños curriculares más flexibles y la creación de programas con un alto componente de Educación Superior General. Naturalmente, que la concepción tradicional de la función profesionalizante de la educación superior que existe tanto dentro como fuera de las instituciones es uno de los mayores obstáculos para que esta discusión progrese y conduzca resultados más tangibles.

El Liderazgo Académico, tal como lo definen los autores antes mencionados, es una aspiración para la mayoría de las instituciones de educación superior nicaragüenses. El INCAE, ha logrado alcanzar muchas de las características de esta tipificación, pero sus diferencias en relación con el resto de las instituciones, en términos de costos, número de estudiantes y recursos, son obvias.

En las universidades tradicionales hay programas, que por la calidad del profesorado, la actividad de investigación y su proyección tienen los rasgos propios del liderazgo académico pero se ven limitados en sus posibilidades de desarrollo por el marco reglamentario y los criterios de asignación presupuestaria de las instituciones.

ESTRUCTURA Y FORMAS DE GOBIERNO

Según el Arto. 13 de la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, las universidades estarán constituidas por facultades, escuelas, departamentos docentes, centros regionales e institutos y centros de investigación. La ley no especifica las funciones dejándolo a los reglamentos y estatutos de cada institución. Este tipo de estructura, responde principalmente a la función de desarrollo profesional y entrenamiento técnico, que es, en la práctica, la función principal de la universidad nicaragüense.

Los departamentos docentes, que fueron introducidos como parte fundamental de las reformas que tuvieron lugar en los años sesenta, influenciadas en gran medida por el modelo universitario norteamericano, son considerados por la mayoría de los reglamentos la unidad académica por excelencia. En muchos casos los departamentos docentes tienen a su cargo la responsabilidad de programas conducentes a titulaciones académicas, entrando en conflictos con la facultad, que es la que en la práctica cuenta con los recursos y la autoridad legal para la toma de decisiones. Las escuelas tampoco tienen claramente definidas sus funciones y son en algunos casos estructuras intermedias entre la facultad y el departamento sin una jurisdicción específica.

Esta situación de indefinición afecta la eficiencia en el funcionamiento del sistema, ya que fácilmente conduce a la dispersión e indefinición de la línea de autoridad. La falta de una definición clara de las funciones en los diferentes niveles de la estructura ha conducido en algunas universidades a la duplicación de departamentos y a la creación de barreras entre departamentos y entre facultades que dificultan el trabajo interdisciplinario.

Esta situación se complica por el tipo de órganos de gobierno que contempla la ley. El mismo Arto. 13 dice que los órganos de gobierno son:

• 1. El Consejo Universitario

• 2. El Rector

• 3. El Consejo de Facultad

• 4. El Decano de Facultad

• 5. El Consejo de Dirección de Escuela y el Director de Escuela, donde los hubiese.

Como puede verse, los departamentos docentes no son incluidos.

El Consejo Universitario es el máximo órgano de gobierno, según la ley estará presidido por el Rector y estará integrado además, por el Vice-Rector General, los Decanos de facultad, el Secretario General de la Universidad, que actuará como Secretario del mismo, los Presidentes de las asociaciones estudiantiles de la facultad, el presidente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua en la Universidad respectiva, dos representantes de la Asociación de Trabajadores Docentes y el Secretario del Sindicato de Trabajadores no Docentes.

Esta composición del Consejo Universitario se mantiene solamente en las universidades estatales. Las universidades privadas tienen sus propias estructuras de dirección que varían según la naturaleza y las cartas constitutivas respectivas.

En las universidades estatales, la estructura del Consejo Universitario plantea algunas complejidades que ameritan atención. En primer lugar, el hecho de estar conformado por Decanos de Facultad, que son electos por sufragio, lo convierte en un órgano muchas veces supeditado a los intereses y compromisos políticos propios de este tipo de elección, lo que en tales circunstancias puede conducir a perder la perspectiva que debe tener esta instancia como máximo órgano de gobierno de la institución.

La representación estudiantil ha dado lugar a conflictos en algunas universidades por diferencias en la interpretación, que surgen principalmente del hecho de que en facultades que ofrecen varias carreras el movimiento estudiantil considera que deben existir varias asociaciones y que cada una de ellas debe estar representada en el Consejo Universitario.

El tema de las representaciones sindicales es también complejo y podría en el futuro dar lugar a nuevos conflictos, ya que la ley explícitamente le confiere la representación a las organizaciones sindicales que existían al momento de la promulgación de la ley, que eran el resultado de la particular situación política vivida en el país en esos años.

Es claro que el espíritu de la ley responde a una concepción de la participación democrática de todos los sectores de la comunidad universitaria en los órganos de gobierno, que es parte de la naturaleza de las universidades públicas nicaragüenses. Sin embargo, la búsqueda de mayor transparencia y eficiencia en el funcionamiento de las universidades debe llevar al perfeccionamiento de sus órganos de gobierno.

Las funciones y composición de los Consejos de Facultad también presentan dificultades, especialmente en facultades grandes y complejas, integradas por varias escuelas y departamentos, que ofrecen a su vez varias carreras. Los problemas principales surgen de la no representación de estas dependencias en el Consejo de Facultad y que no existen instancias amparadas por la ley donde puedan ver representados y atendidos sus problemas e intereses.

MATRICULA

Al Igual que en el resto de países de América Latina, la matrícula en las instituciones de Educación Superior ha tenido un crecimiento constante y acelerado desde finales de la década de los cincuenta. En 1958, año en que la Universidad Nacional logró su Autonomía el número de estudiantes matriculados era 946 en un total de cinco carreras. En 1972, pocos años después de la apertura del Recinto Rubén Darío en Managua, la UNAN había ampliado su oferta a 24 carreras con una matrícula total de 7927 estudiantes. En la década de los setenta la matrícula casi llegó a duplicarse de manera que en 1978 fue de 15154 estudiantes.[19]

Durante la década de los ochenta, especialmente en los primeros años la matrícula se vuelve a duplicar. A finales de la década, la matrícula alcanza una cierta estabilización con incrementos más graduales. En 1992, las ocho instituciones que forman parte del CNU tenían una matrícula total de 32550 estudiantes, de los cuales más del 70% eran estudiantes de las universidades estatales. En ese año se abren las primeras nuevas universidades privadas iniciándose un nuevo período de crecimiento de la matrícula caracterizado por el crecimiento gradual y moderado en las instituciones miembros del CNU, exceptuando las dos universidades de la Costa Caribe que casi triplicaron su matrícula; y un rápido crecimiento en las universidades privadas, en la medida en que se creaban y autorizaban nuevas instituciones de este tipo.

Las cifras que se incluyen en el cuadro siguiente muestra los tres tipos de titulaciones que ofrecen estas instituciones: Técnico Superior, Licenciatura o equivalentes y Postgrados. En 1998 el 6.1% de los estudiantes estaban matriculados en programas a nivel Técnico Superior, el 80.3% en programas de Licenciatura o equivalentes y el 3% en programas de postgrado a nivel de Maestría. Hasta ese año no se ofrecía en Nicaragua ningún programa de Doctorado