Como ya se mencionó, las instituciones miembros del CNU vivieron durante casi toda la década de los noventa en una confrontación casi permanente con el Gobierno por el tema del financiamiento. Este enfrentamiento que en ocasiones fue violento y llevó al país al borde de una crisis muy peligrosa no permitió un diálogo constructivo.
Algunas universidades, a través de ciertas Facultades mantuvieron relaciones con los Ministerios afines a su quehacer, como por ejemplo, las Facultades de Medicina con el Ministerio de Salud, las Agropecuarias con el Ministerio de Agricultura y las de Ingeniería con el Ministerio de la Construcción pero, en general, las relaciones fueron más bien problemáticas. Especialmente difíciles fueron las relaciones con el Ministerio de Educación durante el Gobierno de la Sra. Chamorro y la primera etapa del Gobierno del Dr. Alemán.
A raíz de la firma de los acuerdos sobre las transferencias a las instituciones miembros del CNU ha habido una mejoría en las relaciones. Las universidades han participado activamente en las reuniones de los Grupos Consultivos celebradas en Estocolmo y Washington y forman parte del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social.
Como producto de los acuerdos se ha abierto las puertas para negociar un proyecto de cooperación con el BID sobre el tema de la Evaluación y Acreditación. También se logró que las instituciones miembros del CNU puedan acceder al Fondo de Ayuda para el Desarrollo del Gobierno Español, por un monto de 5 millones de dólares destinados a la compra de equipamiento básico.
Los datos y la discusión precedentes ponen claramente de manifiesto la complejidad de la situación que atraviesa la educación superior nicaragüense. Muchos de los problemas que enfrentan las instituciones de educación superior del país son propias del crecimiento acelerado de los últimos años, acompañado de un financiamiento insuficiente para atenderlo. También es bastante evidente que el marco legal que rige a la educación superior no estaba preparado para enfrentar y regular el fenómeno de la aparición de nuevas universidades privadas.
Los datos sobre la situación económica del país ponen de manifiesto la enorme fragilidad de la economía nicaragüense. La pobreza en que vive más de la mitad de la población, la deuda externa y la falta de una estrategia clara de desarrollo, que goce del consenso de la nación, son algunos de los principales problemas que el país debe resolver.
El intento de definir una Estrategia Nacional para el Combate a la Pobreza y la participación en su discusión de importantes sectores de la sociedad civil –incluyendo las universidades- parecen ser pasos en la dirección correcta. Para la concreción de esta estrategia, el apoyo y acompañamiento de la comunidad internacional seguirán siendo muy importantes.
En la actualidad, la situación del país se ve complicada por el inicio de un proceso electoral que concluirá el próximo año con la elección de Presidente y de los representantes ante la Asamblea Nacional. Hasta ahora se percibe poco interés por parte de la población y los cuestionamientos que dentro y fuera del país se han hecho a las reformas de la ley electoral no están ayudando a cambiar la actitud de la población.
Si se sigue el patrón de las elecciones anteriores, que han sido caracterizadas por la confrontación y el aumento de la polarización, es de esperarse que no se preste mucha atención a la discusión de asuntos importantes como el futuro de la educación, reduciéndolo, una vez más, a slogans y promesas de campaña.
Sin embargo, es esta misma situación y la falta de una visión de futuro del país lo que hace aún más importante la discusión sobre la educación superior. Es claro que un país como Nicaragua no puede salir de la situación en que se encuentra si no es realizando cambios profundos y radicales en sus sistemas de producción. La agricultura tradicional y la explotación de los recursos naturales no son suficientes para lograr este cambio.
En esta época en la que el conocimiento y la información son los principales motores del desarrollo, es imperativo que Nicaragua disponga de un sistema educativo que garantice la formación de los recursos humanos capaces de asumir el reto que esta época trae consigo.
Además de resolver los problemas de producción y productividad, otra tarea fundamental es fortalecer el todavía frágil proceso democrático que el país ha emprendido a costa de enormes cuotas de sacrificio. En este sentido, la educación y, la educación superior, en particular, tienen un gran reto.
En el contexto de grandes limitaciones económicas que tiene el país y que seguramente se mantendrán algunos años más, se hace necesario optimizar y usar eficientemente todos los recursos del gasto público, incluyendo naturalmente los destinados a educación.
Lo anterior impone como primera gran tarea, buscar un gran consenso nacional sobre el papel de la educación, que lleve a la aprobación de un verdadero Plan Nacional de Educación, que permita una mejor articulación de los diferentes subsistemas.
En relación a la educación superior, el plan debe contemplar la definición de las metas de matrícula que el país se propone a alcanzar al corto, mediano y largo plazo.
Dado el peso que han alcanzado las universidades privadas, es claro que estas metas no se pueden alcanzar sin su concurso. Esto obliga necesariamente a establecer mecanismos que permitan una mejor articulación a lo interno del subsistema de educación superior. Para lograrlo, debe haber una instancia que garantice dicha articulación.
Aunque la realidad nicaragüense indica que los jóvenes están interesados en obtener títulos a nivel universitario y son poco atraídos por los estudios técnicos. Es necesario que el país, defina políticas que permitan una mayor diferenciación dentro del amplio espectro de instituciones que actualmente existe. Esto significa también que debe haber una tipificaron más clara de las instituciones y los requisitos para cada nivel de dicha tipificación. Estas políticas necesariamente tendrán que tomar en consideración la estructura actual de la educación secundaria y su reforma para permitir una transición más ordenada y gradual hacia los diferentes tipos de instituciones de educación terciaria que el país debe crear.
La lógica de este ordenamiento debe estar dada por la búsqueda de complementariedad y cooperación entre las instituciones y de una competencia basada en la calidad, con reglas claras que deben ser controladas por el organismo de coordinación.
Dentro de este ordenamiento debe darse una definición del papel de las universidades estatales. Estas universidades deben pasar a ser centros de liderazgo académico y asumir la responsabilidad del desarrollo de aquellos programas vitales para el futuro del país.
Parte de este proceso debe ser el establecimiento de mecanismos de cooperación que permitan no sólo un desarrollo más armónico del subsistema, sino también, la optimización de los recursos y el establecimiento de metas y objetivos en áreas esenciales de trabajo, que puedan ser compartidos por todas las instituciones.
Sin pretender ser exhaustivo, las siguientes son algunas recomendaciones en las áreas en las que creemos debe centrarse la atención al preparar una agenda de trabajo relacionada con el mejoramiento de la educación superior nicaragüense.
MISIONLa educación superior nicaragüense no puede seguir teniendo como función principal, la preparación de profesionales para un mercado incierto. Tampoco puede ser vista como un simple medio de movilidad social. La educación superior debe estar en función de preparar a la juventud para los retos que el país enfrenta y va a seguir enfrentado como consecuencia de los cambios en las relaciones políticas y económicas internacionales, y como consecuencia del avance científico y tecnológico. Además, la educación superior debe ser un factor fundamental para el desarrollo y transmisión de los valores y actitudes que permitirán se desarrolle y consolide una verdadera democracia.
La definición de esta misión debe ser producto de un proceso abierto y participativo. Que puede ser promovido por el CNU y las organizaciones de universidades privadas existentes en el país. Es esencial que en este proceso se involucre a los principales partidos politicos y a toda la comunidad universitaria, para tratar de alcanzar un consenso de manera que en el futuro la educación superior no esté marcada por los intereses particulares o de grupos, ni sea usada como bandera en coyunturas de enfrentamiento político.
En el proceso deben participar también representantes de los sectores productivos, el gobierno y todos aquellos sectores realmente interesados en el futuro de la educación.
ESTRUCTURA DEL SUBSISTEMA
La situación actual en la que la mayoría de la instituciones de educación superior que existen en el país se catalogan como universidades no responde a la realidad, ni está en correspondencia con los intereses estratégicos del país. Un sistema más diversificado, con una variedad de instituciones que persigan diferentes objetivos y atiendan a diferentes grupos de estudiantes estaría en mejores condiciones de responder tanto a los intereses nacionales como a los individuales. El objetivo de esta diversificación debe ser atender a toda la gama de estudiantes que demandan educación a nivel terciario, evitando competencias innecesarias y el peligro que significa pretender ejercer una función educativa a un nivel para el que la institución no esta bien preparada.
Esto significa que debe darse un proceso que, ligado a la misión, defina el tipo de necesidades educativas que tiene el país, para luego hacer un análisis de la oferta actual que conduzca a la redefinición del perfil de algunas instituciones, a recomendar el enfoque en cierta áreas y a la apertura de nuevas ofertas para llenar las brechas que sean detectadas.
En este proceso naturalmente deben participar todas las instituciones involucradas, acompañadas por un grupos de expertos nacionales e internacionales, que garantice la objetividad del proceso
MARCO LEGAL
Aunque existe un amplio consenso sobre las carencias y vacíos que tienen la actual Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, hasta la fecha no ha habido ninguna iniciativa para su reforma. Aunque no se reconoce públicamente, se considera que este tema tiene un alto contenido político y en la práctica, salvo en los momentos de conflicto y enfrentamiento de las universidades con el gobierno, no existe un interés real sobre el tema. Por tal motivo, es necesario alcanzar el consenso que se mencionó antes sobre la misión de la educación superior, para que de ese consenso se deriven también las bases para una iniciativa de reforma que sea apoyada por todos los sectores.
El objetivo de esta reforma debe ser, en primer lugar, adecuar la ley a la nueva realidad del país en la que existen 27 universidades privadas y cuatro estatales. En segundo lugar, si se reconoce la importancia de la educación superior para el desarrollo y la estabilidad del país, deben crearse mecanismos, fundamentados en la ley para que el subsistema de educación superior funcione con eficiencia y coherencia.
Si se trata de una ley general de educación superior, debe precisar el ámbito de su alcance y regular aspectos generales del funcionamiento del subsistema, dejando a los reglamentos internos de cada institución los asuntos particulares.
INGRESO Y EQUIDAD
Las cifras mostradas en el estudio muestran claramente que en Nicaragua queda mucho por hacer para alcanzar una verdadera equidad en el acceso a la educación superior.
Tal como se indicó antes, el país debe discutir y fijar las metas a alcanzar para lograr una mayor equidad.
Ante el problema de la calidad de los estudiantes que egresan de la secundaria y aspiran a ingresar a la educación superior, se hace necesario tomar medidas urgentes que deben ser coordinadas con el Gobierno a través del Ministerio de Educación Cultura y Deporte. No debe mantenerse por más tiempo la situación en que algunas instituciones buscan soluciones aisladas y otras por puros criterios de competencia ignoran el problema aún sabiendo las consecuencias que esto tendrá sobre la calidad de los futuros graduados.
A mediano y largo plazo, esta claro que debe profundizarse el proceso de reforma de la secundaria el cual debe incluir una seria discusión sobre su diversificación.
Deberán promoverse mecanismos para ampliar la matrícula de estudiantes que provienen de departamentos que actualmente tienen una baja representación en la educación superior. Los programas de becas de las universidades deben tomar en consideración este aspecto.
OFERTA EDUCATIVA Y CURRICULOS
Debe hacerse un estudio a fondo sobre la actual oferta educativa de las instituciones de educación superior nicaragüense que sirva de base para una amplia discusión sobre los programas que se repiten mucho y los que son deficitarios. En primera instancia este estudio debe servir para crear conciencia sobre la situación y discutir posibles acciones que eviten que esto se convierta en un grave problema.
Deben hacerse recomendaciones sobre el tipo de diseño curricular que mejor responda a la nueva misión de la universidad nicaragüense. Debe procurarse que este diseño lleve a currículos más flexibles, más homogéneos entre instituciones de perfil similar y más integrales para lograr el cumplimiento de los variados objetivos que contempla la misión.
Para esto debe crearse un grupo de expertos que analice los currículos vigentes y haga las recomendaciones pertinentes. Parte de esta acción debe ser también la preparación de expertos en diseño curricular, ya que en el país hay muy pocos expertos en esta especialidad.
PROFESORES
Dado que es innegable el papel que los profesores juegan en cualquier proceso de mejora de la educación superior, es necesario contemplar de manera especial este aspecto.
En primer lugar, debe prestarse atención y atender la situación actual, sobre todo, en las universidades estatales. Deben corregirse las distorsiones que existen en la estructura del cuerpo docente procurando establecer un ordenamiento sobre la base de méritos académicos y no solamente sobre la base de los años de servicio. Deberán establecerse criterios y procedimientos, también basados en méritos, para la contratación de nuevos docentes. Así mismo, deberá reglamentarse la autoevaluación y la evaluación periódica del trabajo de los profesores basándose en criterios claros.
De manera muy especial deberá atenderse la problemática salarial de los docentes para lo cual los sindicatos y las autoridades deberán llevar a cabo un proceso franco y realista de discusión de manera que las alternativas de solución respondan a los legítimos intereses de los docentes y a la realidad y necesidades de las instituciones.
La atención de este problema deberá procurarse dentro del marco presupuestario actual, pero en caso de ser necesario deberá ponerse a disposición de las instituciones recursos adicionales que ayuden al ordenamiento y solución del problema. Seguramente, también será necesario contar con apoyo de especialistas en el manejo de este tipo de problemas.
Tanto la ley como los reglamentos de las instituciones deberán contemplar un sistema de incentivos que estimule y reconozca la productividad.
Deberá crearse un fondo especial que permita la formación al más alto nivel posible de especialistas en áreas del conocimiento que son importantes para el futuro del país pero que actualmente no existen. La selección de los candidatos deberá hacerse sobre la base de méritos y como parte de un plan integral que garantice su reintegración.
En búsqueda de mejorar la calidad del trabajo docente, debe iniciare a lo inmediato la capacitación de todos los docentes universitarios en teorías y técnicas pedagógicas modernas y en el uso de nuevas tecnologías. Para ello debería promoverse la creación de un centro de capacitación que sea accesible para todos los docentes. Este centro que debe contar con los mejores recursos profesionales existentes en el país debe contar con recursos y apoyo suficientes para su funcionamiento. No debe ser necesariamente un centro físico, sino más bien un grupo de recursos especializados organizados y actuando de manera coordinada para satisfacer las demandas de capacitación de las instituciones.
Seguramente, también hará falta formar recursos en algunas áreas pedagógicas en las que el país todavía es deficitario. Para ello deberá crearse una comisión especial que identifique las áreas y proponga un plan de capacitación.
EVALUACION Y ACREDITACION
Deben continuarse los esfuerzos que ya se están haciendo para desarrollar una cultura de evaluación en las universidades nicaragüenses. Tanto los sistemas de evaluación como los de acreditación deben estar diseñados para apoyar los esfuerzos de mejora continua de la calidad. La necesidad y pertinencia de un sistema nacional de acreditación debe ser discutida ampliamente, sobre la base de que es necesario contar con mecanismos que permitan alcanzar niveles mínimos de calidad para cumplir con la misión que se proponga.
Debe también apoyarse la creación de instancias de evaluación e investigación institucional en todas las instituciones de educación superior, para contar con datos precisos y confiables que apoyen la toma de decisiones y para mejorar el sistema de información estadístico de la educación superior en general..
Líneas generales y apoyo técnico para la creación de estas unidades deberán ser puesta a disposición de las instituciones.
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
Aunque no hay datos precisos sobre la situación actual de las Tecnologías de Información en las instituciones de educación superior de Nicaragua, a excepción de un estudio reciente hecho en las universidades estatales, es claro que deben hacerse esfuerzos más coordinados para superar las limitaciones existentes. El estado y la comunidad donante deberán también facilitar las acciones que permitan que la brecha que existe actualmente entre el desarrollo en el ámbito internacional y la situación en el país no se siga ensanchando.
FINANCIAMIENTO
La participación actual de la educación en la distribución del gasto publico coloca a Nicaragua en el promedio de los países latinoamericanos. Sin embargo, debe hacerse notar que en términos reales, dada la debilidad de la economía del país y el bajo monto del presupuesto nacional, los recursos disponibles son escasos e insuficientes; sobre todo frente a los retos que significan seguir ampliando la oferta de cupos, aumentando la calidad y al mismo tiempo atendiendo el déficit de inversión que ha habido en los últimos 20 años.
Esta situación demanda en primer lugar un compromiso claro con la reducción de la deuda externa para destinar mayores recursos al gasto social. Aunque deberá atenderse de manera especial a la educación básica, esto nunca deberá hacerse en detrimento de la educación superior.
Es bastante evidente que los mecanismos de asignación del aporte estatal a las instituciones de educación superior deben revisarse para hacerse sobre la base de criterios más técnicos y objetivos.
Sobre la base del precepto constitucional vigente, deberá buscarse una solución estable al tema de las transferencias presupuestarias para la educación superior.
En la medida de lo posible deberán ponerse a disposición de las instituciones de educación superior recursos extraordinarios para asignarse en base competitiva para financiar proyectos de inversión.
De la misma manera también deberá crearse un fondo para el financiamiento de la investigación.
Para racionalizar recursos, deberá promoverse la creación de instalaciones y facilidades académicas y de servicio que puedan ser de uso compartido por varias instituciones. En esta dirección seria importante apoyar el esfuerzo que realizan en León las cuatro universidades privadas y la universidad publica que allí funcionan para coordinar esfuerzos y crear este tipo de facilidades.
La composición del estudiantado, que en su mayoría proviene de colegios públicos, en el caso de las instituciones miembros del CNU, así como el hecho de que un elevado porcentaje de los estudiantes asiste a turnos que sugieren una vinculación laboral, lleva a pensar que un alto porcentaje del estudiantado nicaragüense es de escasos recursos. Para tener una información más fiable, seria importante hacer un estudio socioeconómico más completo sobre la composición social de los estudiantes nicaragüenses.
En todo caso, cubrir el gasto de las universidades con cuotas a los estudiantes no es viable. Debe darse un diálogo franco sobre el aporte de los estudiantes que provienen de los estratos sociales más altos, ya que no es justo que no contribuyan al sostenimiento de las universidades, pero esto no va a resolver tampoco el problema de fondo.
Debe apoyarse a las universidades para que busquen vías alternas de financiamiento. Algunas universidades están intentando hacerlo mediante la venta de servicios o el desarrollo de actividades productivas de carácter empresarial. Sería muy importante apoyar estos esfuerzos que pueden marcar nuevos caminos. En todo caso será siempre importante el apoyo al mejoramiento de los métodos de gestión y el establecimiento de normativas claras para la generación y distribución de este tipo de ingreso, de manera que no desvirtúen la función principal de la universidad ni se conviertan en un nuevo tema de conflicto a lo interno de las instituciones.
Notas: [1] Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza: Diagnóstico y Lineamientos, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, enero 2000, p. 1
[2] Ibid, p. 10
[3] Ibid, p. 3
[4] Oscar-René Vargas, Once Años Después del Ajuste, CREN Y CEDOH, Managua, Nicaragua, marzo 2001, p. 30.
[5] Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza: Diagnóstico y Lineamientos, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, enero 2000, p. 4.
[6] PNUD, Informe sobre Desarrollo Humano 1999, p. 6.
[7] Oscar-René Vargas, Once Años Después del Ajuste, CREN Y CEDOH, Managua, Nicaragua, marzo 2001, p. 95.
[8] Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, agosto 2000, p. 20.
[9] Varios Autores, Revisión del Gasto Público en Servicios Sociales Básicos: Financiamiento, Equidad, Eficiencia e Impacto. El caso de Nicaragua, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, agosto 1998, p. 4.
[10] Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza: Diagnóstico y Lineamientos, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, enero 2000, p. 5.
[11] Gobierno de Nicaragua, Estrategia Reforzada para la Reducción de la Pobreza: Diagnóstico y Lineamientos, Mimeografiado, Managua, Nicaragua, enero 2000, p. 6.
[12] Ibid., p. 7
[13] Ibid., p. 7
[14] Ibid., p. 8
[15] Gobierno de Nicaragua, Plan Nacional de Educación, UNESCO, UNICEF Y Proyecto de Reforma Educativa del MECD/BID, Managua, Nicaragua, marzo 2001
[16] Oscar-René Vargas, Once Años Después del Ajuste, CREN Y CEDOH, Managua, Nicaragua, marzo 2001, p. 127.
[17] PNUD, Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible/Proyecto Estado de la Región, San José, Costa Rica, 1999, p. 183
[18] Claudio de Moura Castro y Daniel Levy, Myth., Reality and Reform: Higher Education Policy in Latin America, Interamerican Development Bank, Washington D.C., 2000.
[19] Ernesto Medina S., La Lucha por el 6%, Mimeografiado, León, Nicaragua 1998.
[20] Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Comunicación Personal
[21] Ministerio de Educación Cultura y Deportes., Dirección de Educación Media, Comunicación Personal.
Autor:
Maximo Contreras.
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