Neoinstitucionalismo: Profundización del Modelo Neoliberal
El nuevo paquete de reformas institucionales y económicas que son constitutivos del denominado enfoque neoinstitucional que se han venido implementando en algunos países de América Latina en la última década y media por exigencias de los organismos multilaterales e inspirado por los tecnócratas de los países más desarrollados, representa la profundización del modelo neoliberal por ser el hilo continuador de los programas de estabilización y ajuste estructural que se impusieron en la región desde la década de los ochenta. Se proponen fundamentalmente, por una parte, reformas que reduzcan los obstáculos a la acumulación de capital de mediano y largo plazo y reforzar el dogma del libre mercado como el mecanismo más eficaz para el buen funcionamiento "armónico" de la economía, y así, eufemísticamente, intensificar la expoliación y el despojo de las riquezas naturales y materiales de la región, y por la otra, implementar sus instituciones para reproducir su molde de la lógica racional determinista y economicista en el marco de la norteamericanización u occidentalización de nuestra cultura y de nuestros valores; Justificadas en este nuevo discurso sobre la intensificación de modelos de libre mercado que sitúa esencialmente a las "anacrónicas" instituciones como responsables del atraso y del poco progreso de las naciones periféricas latinoamericanas.
El Neoinstitucionalismo afirma que la sociedad es un sistema que está conformado por un conjunto de elementos institucionales, los cuales interactúan entre sí. Douglas North, (1990) uno de los más reconocidos de esta escuela define las instituciones como: "las reglas del juego en una sociedad, más formalmente son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, en lo político, en lo social o económico". Se asume que estas instituciones son construcciones históricas que, a lo largo de su evolución; tanto de su origen, como de su desarrollo y cambio, los individuos y la sociedad erigen expresamente. Las instituciones en un país asumen características peculiares, de acuerdo con los rasgos estructurales dominantes de una determinada economía y sociedad, y por supuesto es importante la influencia de los valores, tradiciones culturales y religiosas y, en general, de las convenciones existentes.
Para que un conjunto de reglas se conviertan en institución es necesario que sus conocimientos y su cumplimiento sean compartidos y aceptados por la sociedad de manera voluntaria o coercitivamente obligado por el Estado. De acuerdo con la formalización en la ley, las instituciones se caracterizan por ser formales e informales. Las instituciones formales son las reglas escritas en las leyes y reglamentos, comprenden la constitución política del Estado, códigos, las regulaciones, derechos de propiedad, normas y otras parecidas, y su aplicación y cumplimiento son de carácter obligatorio compelido por los organismos estatales, y por consiguiente, pertenecen al ámbito del dominio público. Las informales por su parte, son las reglas no escritas, que se van acumulando a lo largo del tiempo, y quedan registradas y expresadas en una cultura o un grupo humano determinado.
Pero, ¿cuál es en esencia el propósito que conlleva esta propuesta y cuáles son sus implicaciones?
En primer lugar, autores como Oliver Williamson, Douglas North y Ronald Coase, principales representantes del neoinstitucionalismo coinciden en su crítica a la teoría neoclásica al rechazar el principio de cero costos de transacción derivada de los supuestos de perfecta información y de competencia perfecta en los mercados. Este postulado neoclásico se convirtió en la fuente principal del viejo institucionalismo que pregona el papel de actores egoístas, racionales económicamente cuyo fin es maximizar sus objetivos, y en la base teórica del neoliberalismo que soportado en esos fundamentos aplicó en la década del ochenta programas de estabilización y de ajuste estructural en casi todos los países de América Latina y en el resto del mundo subdesarrollado. Argumentan, estos autores, que instituciones como los derechos de propiedad modelan la vida económica, debido a que ejercen un poder que les permite moldear los resultados del mercado contraviniendo con esto el ideal de los mercados libres.
En otras palabras, la seguridad del derecho de propiedad es la piedra angular de una economía eficiente de mercado. El intercambio de la propiedad en el mercado requiere títulos formales que se puedan conseguir y transferir con relativa facilidad. La ausencia de una clara definición de derechos de propiedad tiene un impacto desproporcionadamente negativo sobre los negocios. En particular, por ejemplo, porque no se puede usar la propiedad como garantía para obtener créditos de instituciones financieras formales. También, porque los trámites para inscribir la propiedad son costosos y consumen mucho tiempo. Los cargos excesivos para el registro y la hipotecación de bienes raíces, atribuido en ciertos casos al oligopolio de notarios públicos, incrementa los costos. Además, afecta al mercado laboral porque al inhibir el desarrollo de un mercado hipotecario, afecta el mercado de vivienda generando menos empleo, y por consiguiente se afecta una de las fuentes de ingreso más importante del sector financiero.
Según los neoinstitucionalistas no reconocer que los costos de transacción valen y están por encima de cero, se convierte en una de las causas principales que explican en la década de los ochenta el resultado negativo de la economía y la rigidez en la aplicación de las conocidas reformas de políticas aperturistas denominadas de primera generación por el consenso de Washington e impuestas indistintamente a países con diversas realidades por parte del FMI y del Banco Mundial, afectando de acuerdo a las expectativas previstas el buen desempeño económico reflejado principalmente en el bajo crecimiento del PIB y de la renta nacional. Infieren, entonces, según ellos, que esos supuestos no operan simplemente en la mayoría de los casos o de los países, y que esos errores son los que hay que subsanar para encausar esas economías por el sendero de la prosperidad. Se trata entonces de atemperar ese impacto negativo del modelo neoliberal y mejorar en algo su configuración. Para ello, se esfuerzan en demostrar que las fuerzas libres del mercado funcionan mejor interactuando con las formas institucionales de una sociedad determinada. Es decir, como apunta Haggard (1998), no se busca modificar las bases del neoliberalismo que se encuentran en la teoría neoclásica, sino más bien ampliarla, mejorarla y depurarla, al considerar las instituciones como entidades que se pueden y deben estudiar, para asistir al buen funcionamiento del libre mercado.
Este tipo de elucidaciones técnicas y secundarias pretenden ocultar las verdaderas causas que explican el fracaso rotundo del modelo neoliberal en términos económicos y sociales. En segundo lugar, para refrendar y reforzar la ideología del libre mercado por considerarlo el único que hace posible el crecimiento económico estable y eficaz, los neoinstitucionalistas al suponer la existencia de costos de transacción y de información determinados como aquellos costos de transferencias y protección de los derechos de propiedad, consideran que estos costos afectan los incentivos de los agentes empresariales y por tanto su comportamiento económico. Se proponen entonces, reformar las instituciones y para eso el Estado sería el instrumento al servicio de los costos de transacción para reducirlos y asegurar el derecho de propiedad a través de la normativa.
Contar con un marco institucional adecuado es de especial relevancia, pues entre mejores sean las normas, leyes, reglas formales e informarles, así como las organizaciones relacionadas con las actividades humanas, menor será el costo de transacción y se podrán obtener mejores resultados en las actividades económicas. El cumplimiento de estos contratos mostraría que el capitalismo es adecuado si se tienen las reglas adecuadas, es decir, las instituciones adecuadas. Por eso es que surge la necesidad de fortalecer las instituciones a través del cambio, reformas o eliminaciones, entre ellas, la del Estado. Para que funcionen correctamente los mercados necesitan marcos reguladores e institucionales que solo el Estado puede proveer (Olson, 2000).
Con ese mismo sesgo Pedro Pablo KuczynsKi y John Williamson promotor de la primera generación del consenso de Washington lanzaron en el 2003 el texto Después del Consenso de Washington. Relanzando las políticas del crecimiento y las reformas en América Latina, en el que realizan una evaluación del decálogo y, asimismo, se presentan las reformas de segunda generación. En este nuevo recetario económico incluyen reformas que hacen hincapié en la importancia de las instituciones, más flexibilización en el mercado laboral, más liberalización en el mercado de capitales y en el sector financiero, en el comercio internacional bajo la batuta de la Organización Mundial del comercio (OMC), entre otras. Estos autores afirman que la nueva agenda del Consenso de Washington nace del diagnóstico acerca de lo que no resultó bien en la década de 1990; aseguran que: "las reformas de segunda generación necesitan atacar dos importantes áreas económicas. La primera involucra la modernización de la infraestructura institucional de una economía de libre mercado […] La otra necesidad importante para la reforma institucional está en el sector financiero. Lo que se necesita en este campo […] es una serie de cambios aparentemente menores tales como mejorar la transparencia y modernizar la contabilidad".
No es difícil deducir que el neoinstitucionalismo no es sino la profundización del mercado libre del modelo neoliberal con otro pretendido nombre que busca la reforma del Estado para propiciar los intereses fundamentalmente del capital transnacional, especulativo y depredador. Crear las condiciones favorables para desarrollar esta segunda fase neoliberal que intensifica el despojo territorial y la inversión extranjera directa en la explotación de recursos naturales, agro-industriales, biodiversidad y turismo. Al priorizar los intereses privados transnacionales sobre lo público nacional, se sigue deteriorando las bases de los principales sectores de la economía como la industria nacional, privatizando y reprimarizando la economía nacional y exportando al mercado internacional recursos escasos y agotados, naturales y energéticos. Además, de manera complementaria, su estrategia también contribuye significativamente a recomponer la caída de las tasas de ganancias del capital transnacional en el marco de la crisis sistémica que viene afrontando el capitalismo mundial desde hace décadas.
Estas tesis, según los apologistas de este enfoque, entre tantos, Daron Acemoglu y James Robinson (2012), cobran especial relevancia en los países de América Latina porque según ellos adolece de instituciones adecuadas para el buen funcionamiento del mercado y de la economía capitalista. Por eso, recomiendan que la clave consista en copiar las de los países desarrollados. En algunos países de la región de corte neoliberal como Colombia ya se viene haciendo algunas reformas institucionales como la denominada "nueva apertura democrática"; en el mercado laboral los salarios se incrementan por debajo de la productividad laboral para disminuir costos de producción; así mismo se refiere al gasto público, enunciando que este podría ser suficiente siempre y cuando se administre bien. La ley del mercado de tierras en el marco de las políticas agrarias actuales propuesta por el Banco Mundial, en que el programa bandera de titulación busca aclarar los derechos de propiedad. Su principal meta es otorgar títulos de propiedad a familias campesinas que viene haciendo uso de la tierra y que no tienen documentación formal que los acredite como propietarios legales.
El registro de dichos títulos tiene como propósito fundamental; por una parte, hacer que el Estado obtenga la mayor información para obligar tributar y cargar con impuestos a estos pequeños campesinos, dado que en el país la mayoría de los pequeños propietarios carecen de títulos de propiedad, caso que no ocurre con los grandes latifundistas, que por lo general a través de muchos mecanismos evaden pagar impuestos. Y por la otra, aplicar el libre juego de la oferta y la demanda a dichas tierras, es decir, los campesinos en el corto o mediano plazo terminan vendiendo sus tierras y empleándose como asalariados en las empresas agroindustriales de acuerdo con el proyecto del Banco Mundial. Otras reformas establecidas como la ley antitrámites y las que están en espera como la reforma a la justicia, a la educación, al sector financiero, y las que están en curso como la de la salud y la de los diálogos de paz con la insurrección armada convenidos no por los muertos y otros daños humanos que ocasiona el conflicto armado sino por las trabas al mercado y el incremento de los costos de transacción y de información que se generan. De esta manera, Colombia consagrada como país socio incondicional líder aplica rigurosamente el nuevo mandato del neoinstitucionalismo la nueva cara del neoliberalismo.
El fracaso del modelo desarrollista en la década del setenta, y del modelo neoliberal en la actualidad, son la muestra de esa visión determinista y ortodoxa del desarrollo, al considerar como positivos procesos y transacciones de mercado, sin importar si estos son improductivos o destructivos. Según Sergio De Zubiría (2013), esos procesos desbastadores indujeron que se analizara críticamente en las ciencias sociales en Latinoamérica los conceptos de mito y crisis del desarrollo. El principal mito suponía que sociedades que alcanzaran niveles altos de industrialización reducirían sus desigualdades, sus inequidades, sus exclusiones y mayor democracia y desarrollo social, argumento de Walter Rostow (1970) en su texto: "las etapas del crecimiento económico". Así también, se han establecido en estas otras teorías economicistas que correlacionan positivamente crecimiento económico y desarrollo social. Entre mayor son las tasas de crecimiento económico (PIB) mayor es el desarrollo.
Frente a esas secuenciales imposiciones desarrollistas, neoliberales y neoinstitucionales, que profesan el dogma del libre mercado ha implicado la pérdida de capacidad para muchos países de América Latina para forjar un autentico y nuevo proyecto nacional y regional de desarrollo. Estos países tienen necesariamente, que pensar históricamente y captar las cosas en su raíz. Pensar históricamente, no admite las vías únicas ni los caminos estrechos, sino múltiples senderos. Repensar vías y concepciones alternativas de desarrollo que potencialicen las características específicas de la región. Por eso la diversidad es elemento constitutivo en la construcción del desarrollo para la libertad, la emancipación y la unidad de nuestros pueblos. Porque como decía el ilustre latinoamericano Andrés Bello, "latinoamérica tiene un camino que es su propio camino".
Es un absurdo histórico seguir implementando modelos eurocéntricos y norteamericanizados porque hace tiempo entraron en crisis y están decididamente dañados, como por ejemplos, el paradigma del progreso, que concebía el proceso histórico como una línea en permanente ascenso, la realidad niega esa aseveración. El "orgullo de la modernidad" por hacer del hombre amo y señor de la naturaleza, y su subsecuente explotación como materia prima para el crecimiento económico a cualquier costo ha producido efectos irreversibles como el deterioro del medio ambiente, la extensiva disminución de recursos fundamentales para el bienestar humano, como agua fresca, bosques, recursos genéticos, vida silvestre, suelos, agotamiento de recursos energéticos. Una economía que funciona en gran parte en burbujas especulativas, que promociona el consumismo como presunta ruta hacia la felicidad, que destruye culturas tradicionales y su consecuente pérdida de cosmovisiones, lenguaje y valores distintos a los de ellos. Por esas razones básicamente, no se puede aceptar imposiciones que provengan de espacios supuestamente "superiores" porque detrás de ello se reprime la diversidad, la diferencia, y arrastra la trampa para encubrir la explotación, la dominación y la desigualdad.
Desde los inicios de este siglo en América Latina y en gran parte del mundo, se constata el renacimiento del pensamiento crítico con una marcada perspectiva cultural, ética y política. Desde diversos enfoques se busca superar el eurocentrismo y la occidentalización en el estudio de la sociedad y de su transformación. Desde su perspectiva cognoscitiva en la que se centra sus investigaciones y debates sobre la realidad histórica social permite establecer las bases para un enfoque del conocimiento social que no se sitúa en el ámbito de la modernidad eurocéntrica, sino que busca y desarrolla una racionalidad propia y autentica que interpreta la realidad latinoamericana.
Este tipo de racionalidad histórica que se desarrolla en oposición a la cultura dominante y que desemboca en una racionalidad alternativa, cuyo núcleo básico gira en torno a la identificación de la especificidad de la sociedad latinoamericana como la articulación de elementos históricos estructuralmente heterogéneos y que, por lo tanto, no están tratados de manera sistemática ni orgánica, sino de forma sistémica y conflictiva. Una racionalidad, según Anibal Quijano (2001), preocupada, más por los fines que por los medios, y más cercana a la liberación que al poder. Una racionalidad que permite la recuperación de la memoria histórica y de la identidad para abrazar la esperanza, porque en ella se recobra tradiciones que expanden la libertad, la solidaridad y el respeto por los ecosistemas. Muchas de nuestras culturas originarias profesaron un culto a la tierra como su madre y establecieron relaciones integrales y de respeto con todos los componentes del mundo natural. Es una racionalidad que rechaza la intervención y el dominio de la cultura dominante, que expresa autonomía nacional, y tiene a la integración como alternativa para brillar con luz propia su presente y su futuro histórico. No es necesario valores e instituciones impuestas allende de nuestros mares para edificar el desarrollo y la soberanía de nuestra América.
1. North, Douglass C. Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. FCE. Méjico, 1990.
2. Haggard, S. "La reforma del Estado en América Latina". Reforma y Democracia. Buenos Aires, 1998.
3. Pedro Pablo Kuczinsky, John Williamson, (Editores). Después del Consenso de Washington. Relanzando el crecimiento y las reformas en América Latina. Lima, 2003.
4. Olson, M, Pobreza y Prosperidad, Nueva York: Libro básico, 2000.
5. De Zubiria Sergio, Universidad, Cultura y Emancipación en América Latina, Edit, Izquierda Viva, Bogotá, 2013.
6. Quijano Aníbal, Colonialidad del poder, Globalización y Democracia. Ediciones Lima, Perú, 2001.
7. Rostow, W, W, Las Etapas del Crecimiento Económico. Edit, F,C,E. México, 1970.
8. Daron Acemoglu, James A. Robinson, Por Qué Fracasan Los Países. Pág., 96. Ediciones Deusto, grupo planeta. Edición 3ª. Reimpreso en Colombia, 2012.
*Profesor de la Facultad de Economía de la Fundación Autónoma de Colombia. Magister en Economía y Especialista en el Pensamiento Filosófico de América Latina.
Autor:
Milton Angulo Ricardo*