La formación del legislador mexicano

Indice1. Antecedentes 2. El entorno político 3. Los actores políticos 4. Formación del actor político 5. El factor político 6. El factor mercadotécnico 7. Tipos de legisladores 8. Epílogo

1. Antecedentes

El espíritu de la moderación debe ser el que inspire al legislador. MONTESQUIEU El espíritu de las leyes El presente trabajo tiene como objetivo mostrar, desde la perspectiva particular del autor, algunas de las formas (identificadas dentro de los partidos políticos mexicanos) en que se moldean los actores políticos que, en el corto o en el largo plazo, habrán de acceder a algún cargo legislativo ya sea en los Congresos estatales o federal, así como en los Cabildos municipales. Por supuesto, esta visión no es unívoca y mucho menos pretende ser considerada como una verdad absoluta y ni siquiera medianamente relativa. Tan sólo es resultado de la observación realizada desde 1992, en la cual el autor ha sido testigo de la formación de muchos hombres y mujeres que hoy ocupan o ya han ocupado los cargos de Diputados a los Congresos de las entidades federativas mexicanas, Diputados o Senadores del Honorable Congreso de la Unión, o Regidores de los Cabildos que forman parte de los Ayuntamientos Municipales. Así, el autor ha identificado como tales algunas de las situaciones, factores y modalidades –tanto endógenas como exógenas– en que se moldea el perfil del ciudadano que, interesado ya en la participación en un partido político, o dirigido a la participación política debido a sus actividades e intereses, aspira a ocupar un cargo legislativo, o de manera incidental, se convierte en prospecto de legislador. Por tanto, se habrán de analizar dichas situaciones, factores y modalidades desde una dimensión objetiva –más allá de las filias y las fobias o tendencias partidistas o ideológicas– e imparcial –pues no intenta reivindicar ni denostar el papel de los actores políticos ni de las instituciones políticas en México– y esencialmente académica, ya que se constituye en una investigación en la materia desde la perspectiva del politólogo más que en una crítica, un mero artículo o un testimonio personal.

2. El entorno político

Es preciso reconocer que el Estado mexicano es presidencialista por naturaleza y por idiosincrasia, ya que, tanto en las civilizaciones prehispánicas como en la ibérica, el poder tradicionalmente lo ejercía una persona. Así, por ejemplo, "entre los aztecas el poder público se depositaba en un consejo de ancianos, pero lo ejercía la figura patriarcal del Tzín o Señor, y en los barrios y regiones, los Caciques o Tlatoanis"". Por su parte, en España el máximo soberano era el Rey, y aunque en México el Presidente de la República está bastante lejos de los rasgos de la monarquía, sí ha sido históricamente una suerte de Tzín o Gran Tlatoani dada su investidura y liderazgo así como por sus ilimitados poderes y facultades. Esta opinión se ve reforzada por el pensamiento del ilustre historiador mexicano Daniel Cosío Villegas, quien dijo que "el Presidente de la República cuenta con facultades y recursos amplísimos, procedentes de una gran variedad de circunstancias, lo mismo de orden jurídico que geográfico, económico, psicológico y hasta moral", y que "es la pieza principal, o única, si se quiere, de nuestra organización y de nuestra vida políticas". O al menos, hasta hace poco dejó de ser la única. Por lo demás, es un secreto a voces que, como jefe moral de su partido –al menos así lo fue hasta el último día del régimen priísta–, el Ejecutivo Federal influye en la decisión, e incluso designa a quienes habrán de acceder a los cargos parlamentarios y, posiblemente, una vez instaladas las cámaras de Diputados y de Senadores, a quiénes habrá de elegirse como líderes de su respectiva fracción parlamentaria y para presidir las distintas comisiones legislativas. Ello puede considerarse legítimo si se ve al presidente como un hombre solo, con enormes responsabilidades sobre sus hombros y enfrentando a toda la representación nacional –nada menos que 500 Diputados y 128 Senadores–, lo cual anuncia una situación de suyo complicada. Máxime, cuando se cuenta con un sistema electoral mixto como el mexicano, con legisladores electos por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, donde todas las corrientes y partidos, tanto mayoritarios como minoritarios, tienen un significativo número de legisladores, quienes, como es su obligación, están dispuestos a exigirle cuentas a los otros dos poderes de la federación, y especialmente al jefe del Ejecutivo. Por tal razón, parece lógico que el Presidente busque el respaldo de sus correligionarios incorporados a la representación nacional, para llevar a cabo sus programas y proyectos. Evidentemente, ello requerirá la fuerza de la mayoría para obtener la dirección camaral, sea ésta total o relativa. El problema empieza cuando nadie es capaz de reconocer la naturaleza de este fenómeno, mismo que se agudiza cuando no se tiene la capacidad o el ingenio para explicar su legitimidad, tanto como es legítimo y natural el deseo que tienen otros partidos de convertirse en mayoría en el Poder Legislativo Federal. Ahora bien, la buena voluntad que tienen los correligionarios legisladores del Presidente de la República por apoyar a éste ha caído en algunos excesos, al grado de obligar a la colectividad a pensar que el Poder Legislativo, y de paso el Judicial, están subordinados y supeditados a la fuerza y liderazgo del Ejecutivo, además de que el espíritu de compañerismo y servicio se han convertido en amiguismo y servilismo. Por ello, los partidos minoritarios y mayoritarios contrarios al régimen tradicional –el del Partido Revolucionario Institucional (PRI)–, desde hace muchos años, hablan de una reforma política que fortalezca y dote de mayores facultades al Legislativo y al Judicial de la Federación, pues generalmente se cree que no existe una verdadera división de poderes en México. Incluso, cuando al fin el Presidente de la República tuvo una Cámara de Diputados con una presencia efectiva de la oposición, se llegó a hablar de gobierno dividido –cosa errónea– en vez de división de poderes…

3. Los actores políticos

El filósofo italiano Giovanni Sartori, en el capítulo nueve –llamado Parlamento– de su obra Elementos de teoría política, se ocupa de lo que él denomina como un problema por sí mismo y relativamente nuevo: la profesionalización de la política.

"Un político profesional, en una primera aproximación, es una persona que se ocupa, de manera estable, de la política, y no puede considerarse como tales, por lo tanto, a aquellos que se ocupan de ella de forma ocasional o durante un período limitado, y que provienen de una profesión privada que continúan ejerciendo a latere, incluso cuando ingresan en el parlamento". Si esta concepción se ubica en el escenario político mexicano, se podría decir que los políticos profesionales son todos los hombres y mujeres que están ocupados, dirigiendo o colaborando en partidos y organizaciones políticas, gremiales y sociales (tales como las agrupaciones políticas reconocidas por el COFIPE, sindicatos, federaciones, confederaciones, uniones y clubes políticos y sociales, organismos empresariales y demás instituciones del mismo tipo), dependencias públicas centralizadas y descentralizadas de los poderes, en los poderes mismos, etc. y que, al concluir sus períodos de mando y colaboración, los renuevan en esas o en otras áreas del mismo escenario.

Este podría ser el caso hipotético de un líder sindical que de su sindicato pasa a la central obrera y de ésta a su partido, o de cualquiera de las anteriores al Legislativo, al Cabildo o a alguna dependencia del Ejecutivo. O bien, el caso del hombre que, tras dirigir un club o un organismo empresarial, pasa al Legislativo o al Cabildo y después regresa a encabezar las causas que lo llevaron al terreno político.

En esta segunda idea, el empresario ya ha delegado la dirección de sus negocios particulares en sus empleados de mayor confianza, y aunque los supervisa, ya no los atiende por dedicarse de lleno a la actividad política. Ahora bien, Giovanni Sartori nos da una clasificación en la que se pueden ver las clases de políticos que hay y que será de gran auxilio para reforzar las ideas antes expresadas. A saber, se tienen:

1. Político no profesional;
2. Político semiprofesional, y
3. Político profesional.

El politólogo italiano nos dice que "el político no profesional es el equivalente del ‘político-gentilhombre’ de antaño: el gran industrial, la personalidad cultural, el patricio propietario agrícola, el rentista y otros casos similares. En resumen, la persona para la cual, la política es claramente una ‘vocación’, no una ocupación en el sentido económico del término", es decir, es una actividad, no un empleo. "Los políticos semiprofesionales son aquellos que provienen de una carrera de partido, que poseen una profesión privada y que, en cierto modo, siguen ejerciéndola". Son aquellos que, por temporadas, realizan política y, después de otras tantas temporadas, se dedican a otras tareas. Para ellos sí es más marcado el sentido de ocupación en el aspecto económico, pero, pese a todo, no es el primordial y ni siquiera el preponderante.

Finalmente, el teórico italiano se ocupa de los políticos profesionales, o sea, "aquellos que no han tenido nunca otra profesión y que, por lo tanto, son un personal de rigurosa extracción partidista y también una parte de aquellos que no tienen ya posibilidad de retorno a su profesión civil" o a su anterior modus vivendi, cualesquiera que fuese, ya sea como comerciantes, mecánicos u otros y que, consecuentemente, en la política tienen su fuente única o principal de ingresos, de desarrollo personal y profesional así como la base para sus proyectos de vida.

4. Formación del actor político

Es posible advertir que en algo convergen las tres clases de políticos descritas por Sartori: todo actor político tiene una causa, ya sea política, social o gremial, misma que puede constituir su proyecto de vida, su interés principal, uno de sus múltiples intereses, o cuando menos, una situación que le preocupa y motiva lo suficiente como para defenderla y canalizarla dentro del escenario político.

Y claro, aunque el ser humano es, por antonomasia, un ser político, muy pocos hombres y mujeres asumen –según se vea– el riesgo o la responsabilidad de convertirse en actores protagónicos. Pero, ya sea en el caso de que los políticos sean profesionales, semiprofesionales o no profesionales, regularmente se forjan en tres frentes:

1. El trabajo comunitario.
2. El trabajo gremial.
3. El trabajo de partido.

Y esos son los aspectos que determinan la formación del nuevo legislador.

El trabajo comunitario Dicen por ahí que la patria se construye desde muchos frentes, y que puede hacerse patria en cualquier lado. Por supuesto, la patria empieza en el lugar donde uno vive y con la gente que le rodea. Por tanto, un líder y futuro representante popular generalmente se inicia en el trabajo realizado en pro del desarrollo de su comunidad, del mejoramiento de las condiciones de vida y la defensa de los intereses y los derechos de dicha comunidad y de sus habitantes. El trabajo de gestión social tiene los siguientes pasos:

1. Se realiza una inspección y evaluación de las condiciones en que se encuentra la comunidad, sopesando los avances y los rezagos.
2. Una vez que se han identificado los rezagos o carencias, se piensa en la manera más idónea para cubrirlos o solucionarlos.
3. Se fomenta el espíritu de cooperación de los cohabitantes a través de una aportación individual de recursos financieros, materiales o técnicos (fuerza de trabajo) para el cumplimiento del objetivo propuesto.
4. Se cumple con los trámites oficiales necesarios para llevar a cabo los trabajos de desarrollo comunitario, o en su defecto, se gestiona el apoyo de las autoridades públicas para que ayuden a la comunidad a la solución o cobertura de sus necesidades.
5. En ocasiones, los mismos representantes comunitarios se dirigen a los partidos políticos o a los legisladores, quienes tienen una oficina especializada en gestión social y desarrollo comunitario.

En otros casos, los futuros líderes se incorporan a un proyecto ya existente o a uno que ya se está llevando a cabo. Pero, de una u otra manera, se familiarizan con los problemas de su entorno y, más tarde o más temprano, los convierten en su causa personal y en las banderas que habrán de defender.

Dependiendo del trato y la respuesta que reciban de parte del Estado, se definirá si apoyan en futuros procesos electorales al partido gobernante o a alguna otra opción partidista. Ese es uno de los principales compromisos de tipo político que realizan y que, en buena medida, los llevarán a incursionar como actores protagónicos en el entarimado público. A su vez, dependiendo del liderazgo que ejerza y del número de seguidores que tenga, los partidos políticos podrán o no considerarlo como un prospecto viable de postulación política, también dependiendo de si cumple o no con otros dos requerimientos considerados esenciales: disciplina y constancia partidistas, independientemente de que realicen o no trabajo gremial o, en otro caso, trabajo de partido.

El trabajo gremial Este tipo de trabajo se refiere a los servicios que se prestan dentro de una organización ya sea de carácter civil, laboral, patronal, industrial, empresarial, académico, etc. bien sea como dirigente o como colaborador. En el trabajo de esta naturaleza puede haber organizaciones definidas en cuanto a su orientación partidista, o bien, organizaciones completamente imparciales y apartidistas (que no apolíticas). Respecto de las primeras no hay mucho que decir. Tan sólo que, como forman de la estructura de un instituto político, tienen derecho de obtener postulaciones de miembros suyos a cargos de elección popular o de dirigencia dentro del propio partido. A esto se ha dado en llamarle cuotas de poder, cosa errónea, pues no son grupos electoreros que dan su apoyo –consistente en voto corporativo– a cambio de nominaciones. Si ese fuera el caso, sí se les podría denominar cuotas de poder; si, por el contrario, ése y otros apoyos se dan de manera permanente, es obvio que genera compromisos mutuos que, tal vez en algunos casos –de hecho, en la sana mayoría–, se ven traducidos en nominaciones a cargos públicos de diferentes tipos. Respecto de las segundas organizaciones, generalmente se mantienen al margen de toda participación política o electoral. Claro que, sus dirigentes o representantes tienen preferencias políticas aun cuando no militen activamente en ninguna agrupación de esa naturaleza. Sin embargo, pocas veces llegan a aceptar nominaciones a cargos públicos, pues ello les obligaría a darle su apoyo institucional con fines electorales o de tipo similar al partido que los postula, cosa que podría desvirtuar su actuación, objetivos o carácter original. Tanto en un caso como en otro, los dirigentes empiezan a formarse como futuros representantes populares desde que asumen el liderazgo formal y el efectivo de sus organizaciones y hacen suyas las causas de éstas. En cualquier caso, pueden llegar o no a realizar trabajo comunitario o de partido.

El trabajo de partido Con motivo del II Congreso Internacional de Derecho Electoral celebrado en 1993 en la Ciudad de México, el investigador José Juan González Encinar afirmó que "cada vez son más los que piensan que los partidos políticos son la locura de muchos para beneficio de unos pocos". A simple vista, esto puede parecer verdad. Sin embargo, los partidos políticos siguen siendo el mejor camino que tienen los ciudadanos para acceder al poder público.

Esto no sólo se debe a que los partidos son organismos formados por personas con ideología e inquietudes afines, sino porque, además, son la base de cualquier sistema democrático, pues así, los ciudadanos se suceden de manera libre, justa, equitativa, ordenada y pacífica en la administración del país y en la representación nacional. Por otro lado, es cierto que los partidos políticos son la locura de muchos, y de ello hablan las grandes asambleas, las nutridas sesiones de los consejos políticos, los espectaculares congresos partidistas y las concurridas consultas que a sus bases militantes realizan tanto partidos mayoritarios como minoritarios. Eso, en el caso de México, es una realidad definitiva. Asimismo, en temporadas electorales, los candidatos a los distintos cargos recorren incansablemente el territorio que aspiran a gobernar o a representar, y se entrevistan infinidad de veces con aquellas personas que constituyen votantes potenciales. Pero todo ese gasto en propaganda, alquiler, adquisición y mantenimiento de vehículos automotores, mobiliario y equipo de oficina, pago de recursos humanos, técnicos y materiales así como de servicios generales, no tendría ningún fin práctico y positivo si el electorado no se interesara por conocer a los candidatos y, sobre todo, si no los apoyara o sufragara por ellos, pues el solo hecho de interesarse en ellos indica el deseo de participar directa o indirectamente en los procesos públicos, ya sean decisionales o puramente administrativos o legislativos. Por eso es que la fiebre de los partidos políticos no puede -y no debe– ser para beneficio de unos pocos, sino todo lo contrario.

"Siempre he pensado –y expresado– que la presencia más constante y efectiva de los partidos políticos ha permitido la diversificación ideológica al interior de la sociedad, ya que mantienen permanentemente sus actividades sociales, comunitarias y, por supuesto, proselitistas". Y ese beneficio para todos o para muchos debe verse reflejado en la dotación de obras y servicios públicos. Ahora bien, el trabajo de partido constituye formalmente la línea de ingreso a la militancia y el activismo dentro de un instituto político y, por ende, la adquisición bilateral y recíproca de derechos y compromisos. El trabajo de partido se circunscribe básicamente a los siguientes rubros:

1. Gestión social.
2. Actividades proselitistas y electorales.
3. Administración y dirección del partido.
4. Capacitación electoral, formación política y divulgación ideológica.

Los futuros líderes y representantes políticos inician sus actividades partidistas, por lo regular, en las tres primeras áreas, pasando a la última cuando ha salido avante de una serie de pruebas que no han alterado ni su disciplina ni su constancia partidista. Gestión social.- Como ya se ha dicho, la razón por la cual son y existen los partidos es –definitivamente– ganar elecciones para llegar a la titularidad del poder público, y una de sus principales herramientas para ganar votos –junto con el proselitismo– es la gestión social. Ésta consiste en la celebración de trámites ante las autoridades correspondientes y facultadas tanto para la realización y dotación de obras y servicios públicos, despensas y otros insumos básicos, como para la promoción encaminada a crear o modificar leyes y programas que beneficien a sus militantes, simpatizantes y público en general. En este sentido, pesa mucho la influencia que el partido en cuestión tenga dentro de los órganos de gobierno, evidentemente, porque la titularidad de éstos es ejercida por miembros de dicho instituto. Actividades proselitistas y electorales.- Estas son, básicamente, las giras, marchas y mítines en las cuales se ensalzan las bondades de la ideología, principios y programas partidistas, las cualidades de los dirigentes, candidatos y gobernantes surgidos del partido, así como los logros y conquistas obtenidas a partir del trabajo legislativo, administrativo y de gestión. Las actividades electorales se encuentran íntimamente ligadas a las proselitistas, pues son permanentes y constituyen –junto con la gestión social, como ya se dijo antes– el mejor recurso para atraer a la gente y convencerla de que ese partido tiene la mejor oferta. Si el instituto político en cuestión ha hecho un buen trabajo al frente del gobierno, sus argumentos conquistarán al público de manera rotunda. De lo contrario, cualquier discurso saldrá sobrando. Otras actividades inmersas en las de tipo electoral y proselitista, son las que conforman todo el trabajo de administración de las campañas de los candidatos (financiamiento, ingresos, egresos, comunicación social y relaciones públicas, recursos materiales, etc.), la logística (equipo de avanzada del candidato, dirigente o gobernante; el equipo de sonido, la seguridad, transportes, etc.) y la propaganda e imagen del candidato (distribución, ubicación y colocación de publicidad impresa y la optimización del uso de propaganda auditiva y audiovisual, es decir, tiempos en radio y televisión).

Administración y dirección del partido.- Estas son las actividades necesarias para el funcionamiento interno del partido y/o de sus organizaciones y dependencias, tales como el conjunto de tareas como las que corresponde desarrollar al presidente y al secretario general así como a los titulares de las secretarías del comité (finanzas, organización, acción y operación electoral, etc.) y a sus delegados, subdelegados, comisionados, asesores, secretarios particulares, personal auxiliar, secretarial, de seguridad e intendencia, etc.

Estas labores dan vida al centro neurálgico de las operaciones partidistas con toda la carga que ello implica. Capacitación electoral, formación política y divulgación ideológica.- Este ya es un trabajo muy especializado, propio de expertos en Filosofía, Sociología, Derecho y Ciencia Política, pues aquí se va a preparar a todo el personal que va a desempeñar funciones de representante partidista el día de la jornada electoral así como al convencimiento y adoctrinamiento de sus cuadros y militantes. Así, gracias a la capacitación electoral, los representantes electorales estarán preparados para cubrir las formalidades propias del evento así como para reaccionar adecuadamente ante cualquier contingencia o imprevisto que pudiera presentarse y que, de no resolverse bien, podría afectar el resultado final de la votación. La formación política consiste en la enseñanza de la ideología y las doctrinas del partido para que sus militantes las asimilen y vuelvan suyas, las divulguen con otros ciudadanos y sean más conocidas cada vez. Esta labor de divulgación no sólo la realizan los miembros activos del partido de que se trate, sino también por medio de boletines y órganos de comunicación interna, otros tipos de publicidad impresa (inserciones en la prensa escrita, folletos, volantes, etc.) y cápsulas de radio y televisión. A diferencia del trabajo comunitario, donde no importa mucho que el futuro líder realice tareas gremiales o viceversa, el líder partidista aspira a realizar tanto actividades comunitarias como gremiales, pues sabe que entre más de éstas realice, llegará a tener más popularidad y votos.

5. El factor político

Los partidos políticos suelen enviar a los cargos legislativos a sus hombres y mujeres cuando tienen algunas de las siguientes características:

1. Liderazgo partidista.
2. Arraigo popular.
3. Espíritu combativo.
4. Carisma.
5. Capacidad técnica en materia legislativa y de los procesos de gobierno.
6. Capacidad de negociación y concertación política.

Otras veces, los partidos suelen nominar a los puestos legislativos a hombres y mujeres que les han servido fielmente, a saber, en algunos órdenes como los que enseguida se mencionan:

1. Por servicios prestados en circunstancias especiales, independientemente del tipo de servicios y del tipo de circunstancias.
2. Como reconocimiento a una trayectoria política destacada.
3. Como reconocimiento a una trayectoria profesional, administrativa, comunitaria, gremial, social, académica o profesional relevante.
4. Como premio a su constancia partidista.

Asimismo, se pueden combinar tanto unos como otros factores en la selección de los candidatos a los distintos cargos de elección popular, dando como resultado que, por ejemplo, actores con liderazgo, combatividad e incluso capacidad técnica o de negociación, reciban la nominación por los servicios prestados a su instituto político. Sin embargo, cada partido tiene sus propios criterios para seleccionar a quienes serán, primero, sus candidatos a cargos de elección popular y, posteriormente, miembros de los Cabildos y Congresos, éstos últimos, tanto de nivel local como federal. Desde una óptica personal, me atreveré a opinar sobre los procesos de selección de los actores o actrices que habrán de ser postulados a cargos de elección popular. Tal vez haya quien tenga otra visión, pero esta es la mía y se presenta respetuosamente.

Dentro de los partidos políticos mexicanos, y esto no es privativo del Revolucionario Institucional, se suele seleccionar a los prospectos de acuerdo con su liderazgo, arraigo, combatividad, identificación con el público, capacidad técnica, abolengo, capacidad económica o amistad con el gran o los grandes electores.

Cuando se habla de su liderazgo, arraigo, combatividad e identificación con el público, definitivamente es insoslayable el peso del personaje en los resultados definitivos de los procesos electorales. Y ya sea o no de los gustos del gran elector o los grandes electores (sean el pueblo o una cúpula), su nominación está asegurada con base en el criterio antes señalado, independientemente de que tenga o no alguno de los otros factores citados, aunque generalmente estas cualidades van asociadas e íntimamente ligadas a las habilidades para el desarrollo y estructuración de los procesos electorales de que se trate. Ejemplos que, en lo particular me parecen dignos de mención, son los inigualables Jesús Ortega Martínez (PRD) y Fernando Gutiérrez Barrios (PRI).

Ortega, uno de los perredistas más conocidos y respetados al interior de su partido, fue Senador de la República. Combativo, audaz y capaz, también fue representante del PRD ante el Instituto Federal Electoral para el proceso electoral federal del 2 de julio de 2000, en el cual se renovó al Jefe del Ejecutivo Federal y a la totalidad de las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión. Desde su postura, no sólo como legislador –pues también fue Diputado a la LVII Legislatura– sino como operador electoral, desarrolló una función estratégica en las negociaciones, organización, celebración y calificación de dicho proceso democrático. Fernando Gutiérrez Barrios, ex jefe de la Dirección Federal de Seguridad, ex gobernador del Estado de Veracruz, ex secretario de Gobernación y finalmente Senador, le correspondió manejar el escabroso, polémico y difícil proceso de selección interna de candidato del PRI a la Presidencia de la República para el proceso del año dos mil. Hombre reconocido por la militancia priísta y por el público en general, y poseedor de un gran prestigio por su capacidad como operador político, le dio a este delicado proceso un matiz de transparencia e imparcialidad, mismo que sólo se vio manchado por la duda de que Francisco Labastida fue un candidato oficial del presidente Zedillo.

Con todo, la votación fue legal, y Labastida fue nominado por la decisión mayoritaria de los militantes del Revolucionario Institucional, independientemente de que se fueran o no con la finta de que este personaje era –según algunos– el candidato del Presidente, cosa por demás improbable, pues –al menos a juicio personal– Ernesto Zedillo ha sido el Presidente menos presidencialista que ha dado el PRI.

Finalmente, su testimonio de trabajo como gobernante electo de manera popular en su entidad natal, como activista del PRI y como funcionario federal, le permitieron incrementar la votación del 2 de julio de 2000 a favor de su instituto político. Cuando se habla de su capacidad técnica en materia legislativa y de los procesos de gobierno, al actor se le concede la nominación para que, desde el órgano legislativo del nivel que se trate, funja como negociador desde la postura de su partido con las posturas de los otros partidos, ya sea en favor de las iniciativas provenientes del Ejecutivo, o bien, para suavizar los efectos de éstas, mismos que, de cierto modo, serían negativos para sus posturas e intereses o para los intereses de la colectividad que representan.

Un gran ejemplo de este tipo de actor es Luis Donaldo Colosio Murrieta, de quien una biografía suya dice que "ocupó la presidencia de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, lo que le exigía una relación más estrecha y sistemática con el secretario de Programación y Presupuesto, licenciado Carlos Salinas de Gortari. El trabajo que realizaba, no cabe duda, era delicado y sumamente importante; la legislatura era plural, lo que le permitió tener contacto con representantes de diversos partidos".

Como legislador, Colosio demostró que no sólo era un economista bien formado, sino un verdadero político atento a los reclamos ciudadanos, buen negociador, consciente del elevado rango republicano del Poder Legislativo; en una palabra, demostró tener oficio político. Otro economista de reconocida trayectoria dentro del PRI fue el Doctor Ángel Aceves Saucedo, quien como legislador, cumplió con una tarea similar a la de Luis Donaldo Colosio. El Doctor Aceves fue electo Diputado por el Primer Distrito Electoral Federal con cabecera en la Ciudad de Puebla por el período 1979-1982. "En la Cámara de Diputados formó parte de varias comisiones, fungiendo como Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la propia Cámara. Posteriormente, el político poblano accedió al Senado de la República representando a su entidad natal entre los años 1982-1988. En el Senado de la República presidió la Comisión de Planeación Económica y Social y la segunda Comisión de Hacienda y Crédito Público". Posteriormente, el Doctor Aceves fue Diputado por el principio de representación proporcional para los períodos 1991-1994 y 1997-2000, donde presidió en ambas ocasiones la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública. Cuando se habla de la capacidad de negociación y concertación política del actor, se hace referencia al obvio dominio de los procesos legislativos y gubernativos, como se vio en el caso del desaparecido Luis Donaldo Colosio, pero se profundiza en las relaciones políticas al interior del Poder Legislativo con el fin de garantizar su gobernabilidad, control, ágil manejo y desempeño así como una dirección basada en los principios de concertación, conciliación y acuerdo. Un paradigma al respecto es el ya mencionado Porfirio Muñoz Ledo (en esa época del PRD) y, por supuesto, sus compañeros legisladores Carlos Medina Plascencia (PAN), Ricardo Cantú Garza (PT) y Jorge Emilio González Martínez (PVEM), quienes supieron negociar y establecer acuerdos y directrices de trabajo aunque en muchas ocasiones no estuvo de acuerdo la bancada priísta.

Igualmente, polémico por su actuación y presencia, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Licenciado Arturo Núñez Jiménez, supo mantener cierto orden al interior de la Junta de Coordinación Política de la pluralísima, difícil y controversial Quincuagésima Séptima Legislatura de la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso Poblano, a este tesista le tocó ver más de cerca la actuación del Licenciado Carlos Palafox Vázquez, a quien el periodista Mauro González Rivera (en esa época director del diario Momento y, después, Director General de Comunicación Social del gobierno de Melquiades Morales) le llamaba El Diputado Caballero debido a su excelente trato y don de gentes. El ex Diputado Palafox, coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en la LIII Legislatura del Congreso del Estado y, consecuentemente, Presidente de la Gran Comisión, desarrolló una gran labor como negociador político en favor del trabajo del entonces gobernador Manuel Bartlett Díaz, pero sin perder su autonomía y visión como Presidente del Poder Legislativo del Estado. Como ya se ha mencionado, dicha legislatura fue bastante plural al contar con la presencia de 22 legisladores del PRI, 14 del PAN, 2 del PRD y 1 del PT. Sin duda, puede pensarse que con la mayoría simple del PRI bastaba para imponer sus decisiones e iniciativas. Sin embargo, cuando se requirió de la mayoría calificada para aprobar proyectos de delicado manejo como la reorganización de la Comisión Estatal Electoral y la promulgación del nuevo Código Electoral, la capacidad negociadora de Carlos Palafox allanó el difícil camino del acuerdo con un Partido Acción Nacional bastante crecido, preparado y combativo, dispuesto a no ceder a los criterios y decisiones del PRI y de los gobernantes surgidos de éste.

Al final, un hombre sumamente identificado con el PRI, el periodista Sergio Reguero Placeres, fue nombrado Presidente de la Comisión Estatal Electoral, pero se designó Consejeros Ciudadanos a personajes definitivamente opuestos a las lealtades partidistas, como fueron los casos de los académicos Israel Arroyo, Procoro Cruz y Joel Carvajal. Definitivamente, aquí se pudo observar que se combinaron muchos de los elementos señalados al inicio de esta sección dedicada al análisis del factor político en la nominación de los candidatos a los distintos cargos de elección popular, dando como resultado que, por ejemplo, actores con liderazgo (como Luis Donaldo Colosio), combatividad (como Porfirio Muñoz Ledo) e incluso capacidad técnica o de negociación (como ambos), recibieran la nominación por los servicios prestados a su instituto político (pues ambos fueron determinantes para la vida de su instituto político). También se han otorgado las nominaciones a cargos parlamentarios por servicios prestados en circunstancias especiales, independientemente del tipo de servicios y del tipo de circunstancias, y aquí se hace alusión al carismático Diego Fernández de Cevallos, quien fuera candidato presidencial del Partido Acción Nacional en las elecciones de 1994. Después de ese controvertido y reñido proceso, hubo grandes sectores de la opinión pública que presumieron que el Doctor Ernesto Zedillo triunfó con base en la promoción del llamado voto del miedo, mismo que consistió en hacerle creer al electorado que un cambio de régimen podía ser negativo, y que el jefe Diego no hizo nada para evitar la consumación de este tipo de coacción del electorado. De una u otra manera, Diego Fernández de Cevallos anunció públicamente que no volvería a aceptar cargos de dirección partidista ni de elección popular, cosa que cumplió durante el período 1994-2000, situación que le regresó su legitimidad y liderazgo moral con la militancia panista, con todo y que trató de implicársele en escándalos como el de Punta Diamante en Acapulco.

Finalmente, su partido le postuló al cargo de Senador para las legislaturas LVIII y LIX del Congreso de la Unión. Y se quiere señalar un hecho preciso: esta nominación –y se considera que ninguna, salvo casos bastante excepcionales– no es gratuita, no es una especie de canonjía o privilegio y, mucho menos, es ilegítima.

Es verdad que en otras épocas solía premiarse de esta manera a los operadores de los fraudes electorales, a los hijos de políticos encumbrados y a los y las amantes de grandes personajes –y hay casos vivos, pero a efecto de no herir susceptibilidades ni ofender a nadie, el autor se reserva de entrar en detalles o dar nombres– y lo dejará como un dato que consigna la vox pópuli y que, por supuesto, no le consta. Sin embargo, postulaciones como la de Diego Fernández de Cevallos, en el caso del PAN es, de toda suerte, merecida y legítima. Se considera innecesario entrar en mayores detalles, salvo que también se han dado en otros partidos políticos, y aquí se desea evocar a Heberto Castillo (PRD) con todos sus méritos políticos y académicos, o a Manuel Bartlett Díaz, Senador electo para el período 2000-2006, quien pese a no haber sido electo candidato presidencial del PRI en 1999, no provocó rupturas ni mayores polémicas, sino al contrario, respetó la voluntad del padrón priísta y apoyó las tareas electorales dentro de su partido. Ahora bien, hay momentos en que las nominaciones se dan, como ya se dijo antes, como reconocimiento a una trayectoria política destacada; como reconocimiento a una trayectoria profesional, administrativa, comunitaria, gremial, social, académica o profesional relevante, o como premio a la constancia partidista de un actor, aunque no se reconozcan así como tales públicamente. Esto implica que dichos reconocimientos se den, de toda forma, hacia el interior de los partidos políticos y con toda la confidencialidad que es posible, pues con seguridad serían mal vistos por muchas personas, pese a que de ningún modo haya ilegalidad o falta de legitimidad en ello, sino al contrario. Como reconocimiento a una trayectoria política destacada no es necesario dar mayores detalles. Las nominaciones suelen darse, en la mayoría de los casos, como un homenaje silencioso a su experiencia, haciéndole notar a los personajes que siguen siendo valiosos para la conducción de las tareas de su partido y que, por supuesto, pueden coadyuvar a ellas desde el seno de un órgano parlamentario. Simplemente recuérdese a don Luis H. Álvarez, quien fue Senador a las LVI y LVII Legislaturas. Esto se debió no solamente por su liderazgo, capacidad legislativa y de negociación, combatividad, etc. que de por sí es bastante decir, sino además, porque tuvo todos los méritos posibles: candidato presidencial del PAN, presidente nacional de ese partido, en fin. De hecho, como se ha reiterado, su postulación nunca se manejó como reconocimiento a una trayectoria política destacada, pero es un caso y una circunstancia innegables.

Como reconocimiento a una trayectoria profesional, administrativa, comunitaria, gremial, social, académica o profesional relevante se tiene que las postulaciones también son otorgadas a personajes con amplias carreras y cuyo liderazgo en cualquiera de estas áreas es determinante para atraer votos. Pero igualmente, es una especie de homenaje silencioso a una trayectoria. Finalmente, la nominación que se otorga como premio a la constancia partidista del actor es el fenómeno más común que se da hacia el interior de los institutos políticos. Dicho fenómeno consiste en la postulación de activistas a cargos de elección popular, teniendo como criterio fundamental la presencia, arraigo y participación permanente de éstos en las actividades partidistas, y generalmente, también constituyen un reconocimiento a una trayectoria comunitaria, gremial y, en ocasiones, social, amén de que es el reconocimiento a una trayectoria partidista destacada. Sin embargo, los casos de Luis H. Álvarez, Heberto Castillo y otros personajes, se da en el ámbito de una trayectoria destacada en el escenario no sólo local, sino regional e inclusive nacional. A diferencia suya, los actores postulados en situación de constancia partidista son, en la mayoría de los casos, personas dedicadas más bien a su localidad y/o comunidad más que a su presencia en los escenarios de proyección regional o nacional.

Esos son, a grandes rasgos, los elementos y características propios del factor político, a través del cual se selecciona a aquellos actores que, más tarde o temprano, habrán de convertirse en legisladores. Ahora bien, una vez que ya fueron escogidos entre los muchos cuadros que militan en su partido, estos actores deben entrar a otro proceso que los habrá de proyectar hacia el triunfo electoral: el diseño de su imagen.