En 1764 se suscitó el conflicto entre Inglaterra y sus colonias
americanas, provocado por las medidas fiscales tomadas por la metrópoli para resarcirse de los
gastos causados durante la Guerra de los Siete Años con Francia (1756-1763). La oposición de
los norteamericanos a ser gravados sin su consentimiento por la Corona culminó con la
Declaración de Independencia de los Estados Unidos, aprobada por el Congreso
Continental de Filadelfia el 4 de julio de 1776. Aun antes de este hecho, Francia había otorgado
más de 1 millón de libras a los colonos y permitido, en su apoyo, la salida de voluntarios; más
tarde reconoció al nuevo Estado (6 de febrero de 1778), firmó con él tratados de alianza y
comercio, declaró la guerra a Inglaterra y envió a América las flotas de Rochambeau (1780) y de
De Grase (1781), con cuyas fuerzas pudo George Washington poner término a la guerra el 19 de
octubre de 1781. El 3 de septiembre de 1783 fue reconocida la Independencia de los
Estados Unidos en el Tratado de París, también llamado de Versalles.
Los 7 500 soldados de la expedición de Rochambeau, a su regreso a Francia, divulgaron la
imagen de una joven nación que se había pronunciado contra el absolutismo de los reyes y
consagrado el espíritu democrático del calvinismo y de la revolución inglesa del siglo XVII. El
ejemplo norteamericano aparecía más sugestivo ante la opinión previamente abonada por las
ideas de Voltaire (1694-1778) contra el despotismo; las de Montesquieu (1689-1755), sobre la
división de los poderes; las de Rousseau (1712-1778), relativas a los derechos y libertades del
individuo; y las de Diderot (1713-1784) y D'Alambert (1717-1783), enciclopedistas que
exaltaron la prioridad y la excelencia de la razón. Así, cuando en 1789 se reunieron los Estados
Generales, convocados por Luis XVI, para superar la crisis política y social estimulada por la
bancarrota del erario, a consecuencia de la guerra, se desbordó el ansia de libertad y de igualdad.
La Revolución Francesa (1789-1799), a lo largo de sus etapas sucesivas —Asamblea Nacional,
Asamblea Constituyente (1789-1791), Asamblea Legislativa (1791-1792), Convención
(1792-1795) y Directorio (1795-1799)— abolió los privilegios, destruyó el poder real, los
parlamentos y las corporaciones e inutilizó el poder de la Iglesia, pero a la postre propició el
golpe de Estado de Napoleón (9 y 10 de noviembre de 1799), que así se convirtió en primer
cónsul y luego en emperador. Ya para entonces se había divulgado en todo el mundo la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamada por la Asamblea
Constituyente de Francia (27 de agosto de 1789), expresión de los postulados del liberalismo (v.
texto completo).
España estaba unida a Francia por sucesivos "pactos de familia" (1733, 1743 y 1761)
concertados para contrarrestar el poderío inglés en Europa y América; pero cuando el 21 de
enero de 1793 fue guillotinado Luis XVI por acuerdo de la Convención, Carlos IV declaró la
guerra a la República Francesa. Dos años más tarde (22 de julio de 1795) se restauró la relación
amistosa mediante la firma de la paz en Basilea, y el 18 de agosto de 1796 el gobierno español
firmó una alianza defensiva y ofensiva con el Directorio, sólo para el caso de guerra con la Gran
Bretaña. El conflicto con ésta estalló el 7 de octubre siguiente, en cuyo curso Carlos IV (Tratado
de San Ildefonso, del 1° de octubre de 1800) devolvió a Francia la Luisiana —que había recibido
en 1762 como compensación por la pérdida de Florida, pero que no podía defender de los
ingleses—, a cambio de que Napoleón creara el reino de Etruria para el yerno del monarca
español, el príncipe de Parma. Las hostilidades con los británicos cesaron el 27 de marzo de
1802 en virtud de Tratado de Amiens.
El 2 de diciembre de 1804 Napoleón fue ungido emperador y otra vez Inglaterra encabezó una
coalición para combatirlo. España, aunque quiso mantenerse neutral, fue atacada y el 12 de
diciembre de 1804 Carlos IV declaró la guerra a los ingleses y concertó una alianza marítima con
Francia (enero de 1805). El propósito de asaltar las islas británicas naufragó en la desastrosa
batalla de Trafalgar (21 de octubre). Deseoso más tarde Napoleón de cortar a Inglaterra todo
apoyo que procediera del continente, convino con España la invasión y el reparto de Portugal
(Tratado de Fontainebleu, del 27 de octubre de 1807), para lo cual las tropas francesas tuvieron
libre paso por la Península. La ocupación de Portugal, cuyos reyes huyeron al Brasil, ocurrió en
noviembre de ese año, pero en los meses siguientes nuevas tropas francesas penetraron a España
y ocuparon, entre otras ciudades, San Sebastián, Pamplona, Vitoria, Burgos, Valladolid y
Barcelona. Aun cuando el primer ministro Godoy había favorecido la expansión napoleónica,
guiado por la ambición de regir o gobernar parte de Portugal, quiso en el último momento huir a
América con la familia real, lo cual impidió el pueblo amotinado en Aranjuez la noche del 17 de
marzo de 1808. El 19 siguiente Carlos IV abdicó en favor de su hijo el príncipe de Asturias, que
asumió el nombre de Fernando VII. Éste se convirtió en símbolo de las reformas a las que
aspiraba la sociedad española, irritada por la corrupción del gobierno y por la subordinación de la
Corte a los designios de Napoleón. El recibimiento que el pueblo de Madrid hizo a Fernando el
24 de marzo justificó el calificativo de El Deseado que le daban sus contemporáneos. Napoleón,
sin embargo, temeroso de que el nuevo monarca no le fuera dócil, le negó el reconocimiento y lo
indujo a conversar con él en Bayona. El 10 de abril emprendió el viaje Fernando VII; el 2 de
mayo se sublevaron los madrileños y fueron violentamente reprimidos por las fuerzas invasoras de
Joaquín Murat; el día 6 siguiente, ya en territorio de Francia, Fernando restituyó la corona a su
padre, quien ya la había cedido de antemano a Napoleón; y el 4 de junio, éste proclamó rey de
España a su hermano José Bonaparte. Fernando fue confinado al castillo de Valencay —donde
estaría hasta 1814— y mientras tanto el pueblo español organizaba, en el orden político, las
juntas provinciales y, en el militar, las guerrillas, que iban a sostener durante seis años la guerra de
independencia.
La noticia de las renuncias de Fernando VII y Carlos IV al trono de España se recibió en la
ciudad de México el 14 de julio de 1808. El grave problema de la vinculación de la Colonia con
su metrópoli —había desaparecido la autoridad legítima— fue planteada el día 15 por el virrey
José de Iturrigaray al Real Acuerdo —cuerpo formado por los oidores para asesorarlo en los
asuntos difíciles—, que sólo acordó no acatar orden alguna de Murat. El día 19, sin embargo, el
Ayuntamiento de la ciudad de México, "en representación de todo el reino", entregó al virrey un
memorial con los siguientes puntos: que las reales renuncias eran nulas porque fueron "arrancadas
por la violencia"; que la soberanía radicaba en todo el reino y en particular en los cuerpos que
llevaban la voz pública, "quienes la conservarían para devolverla al legítimo sucesor, cuando se
hallase (España) libre de fuerzas extranjeras"; y que, en consecuencia, debía el virrey continuar
provisionalmente en el gobierno. Los oidores objetaron la representación que se arrogaron los
regidores (21 de julio), pero éstos, aparte de sostener su razón (3 de agosto), propusieron que se
reuniera una junta de las principales autoridades de la ciudad —virrey, oidores, arzobispos,
canónigos, prelados de religiosos, inquisidores, jefes de oficina, títulos, vecinos principales y
gobernadores de las parcialidades de indios— para examinar el asunto, lo cual ocurrió el día 9. El
licenciado Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico del Ayuntamiento, planteó la necesidad
de formar un gobierno provisional y propuso el desconocimiento de las juntas peninsulares, cuya
creación se había conocido en México desde el 29 de julio. Los oidores y fiscales se opusieron
con vehemencia y opinaron lo contrario, y el inquisidor Prado y Ovejero declaró "proscrita y
anatemizada por la Iglesia" la afirmación de que la soberanía había vuelto al pueblo. Convinieron,
en cambio, en que Iturrigaray continuara como lugarteniente de Fernando VII, a quien todos
juraron fidelidad el 15 de agosto. Para entonces eran ya ostensibles los dos partidos antagónicos:
los españoles sospechaban que el Ayuntamiento aspiraba a la independencia, y los criollos
suponían que la Audiencia deseaba mantener la subordinación a España, aun sometida a
Napoleón.
El 12 de agosto Iturrigaray dispuso que no se obedeciera a ninguna junta peninsular, a menos que
fuera creada por Fernando VII, con lo cual, estando el monarca prisionero, se desligaba de toda
autoridad en España. El 31 siguiente el alcalde de corte Jacobo de Villaurrutia pidió al virrey que
convocase a un congreso, lo cual hizo éste al siguiente día, instando a todos los ayuntamientos del
país a que nombrasen sus representantes, y mandando a la capital al regimiento de Infantería de
Celaya y al de Dragones de Aguascalientes, cuyos comandantes le eran adictos. Estos hechos
persuadieron a los españoles de las intenciones independentistas del virrey y decidieron
deponerlo. La noche del 15 de septiembre, 300 hombres, encabezados por el rico comerciante
Gabriel de Yermo y con la complicidad de la guardia de palacio, entraron a éste e hicieron
prisionero a Iturrigaray, a quien enviaron a la Inquisición con sus dos hijos mayores. Mientras
tanto, los oidores, el arzobispo y otros notables, reunidos en la sala de acuerdos, declararon al
virrey separado de su cargo y nombraron para sustituirlo al mariscal de campo Pedro Garibay.
Fueron también detenidos el licenciado Verdad, Juan Francisco Azcárate y Lezama, José
Antonio Cristo y fray Melchor de Talamantes. Este último y Verdad murieron en prisión.
A fray Melchor de Talamantes se atribuye haber sido el director intelectual del movimiento. A
juzgar por los papeles que se le encontraron, pensaba que no debían elegirse diputados, pues los
ayuntamientos eran los representantes del pueblo; y que los delegados de éstos, constituidos en
Congreso Nacional Americano, debían ejercer todos los derechos de la soberanía, "reduciendo
sus operaciones a los puntos siguientes: 1. Nombrar al virrey capitán general del reino y confirmar
en sus empleos a todos los demás. 2. Proveer todas las vacantes civiles y eclesiásticas. 3.
Trasladar a la capital los caudales del erario… 4. Convocar un concilio provisional para acordar
los medios de suplir lo que está reservado a su Santidad. 5. Suspender al tribunal de la Inquisición
la autoridad civil, dejándole sólo la espiritual, y ésta sujeta al metropolitano. 6. Erigir un tribunal
de revisión de la correspondencia de Europa… 7. Conocer y determinar los recursos que las
leyes reservaban a S.M. 8. Extinguir todos los mayorazgos y vínculos, capellanías y cualesquiera
otras pensiones pertenecientes a individuos existentes en Europa, incluso el estado y marquesado
del Valle. 9. Declarar terminados todos los créditos activos y pasivos de la metrópoli… 10.
Extinguir la Consolidación, arbitrar medios, indemnizar a los perjudicados y restituir las cosas a su
estado primitivo. 11. Extinguir todos los subsidios y contribuciones eclesiásticas, excepto las de
media anata y de dos novenos. 12. Arreglar los ramos de comercio, minería, agricultura e
industria, quitándoles las trabas. 13. Nombrar embajador que pase a los Estados Unidos a tratar
de alianza y pedir auxilios".
El 25 de septiembre de 1808 se constituyó en Aranjuez la Junta Suprema Central y Gubernativa
que sustituyó a las muchas otras provinciales que se habían formado en España al iniciarse la
guerra de independencia, y que en diciembre se trasladó a Sevilla cuando los franceses
cruzaron Somosierra. El virrey Garibay reconoció la potestad de ese cuerpo —formado por 34
diputados y presidido primero por Floridablanca y luego, a la muerte de éste, por Jovellanos— y
le envió 11 millones de pesos —9 del erario y 2 de particulares—, 100 cañones que fundió
Manuel Tolsá, pagados por el Tribunal de Minería, y cientos de fusiles que compró a los ingleses
en Jamaica. El acto más importante de su gobierno, por las consecuencias que habría de tener,
fue el licenciamiento del ejército acantonado en Jalapa y Perote desde 1806 en previsión de un
ataque de los ingleses. Estos 14 mil hombres estaban bajo el mando de oficiales criollos,
resentidos por el golpe de mano de los españoles contra Iturrigaray y recelosos de que el país
fuera a ser entregado a los franceses. Cuando volvieron a sus lugares de origen, estimularon las
conspiraciones en el sentido de la Independencia, dispuestos a defender los derechos de
Fernando VII.
El 19 de julio de 1809 el arzobispo de México, Francisco Javier de Lizana y Beaumont, sustituyó
a Garibay en el virreinato por instrucciones de la Junta Suprema de Sevilla. En septiembre de ese
año empezó en Valladolid (actual Morelia) una conjura para crear una junta que gobernase en
nombre del monarca prisionero, si España sucumbía, como todos pensaban, al poder de
Napoleón. Estaban comprometidos los militares José María García de Obeso, José Mariano
Michelena, Mariano Quevedo, Ruperto Mier y Manuel Muñiz, procedentes del disuelto
acantonamiento; los licenciados José Nicolás Michelena y Soto Saldaña; el cura Manuel Ruiz de
Chávez, de Huango; el franciscano Vicente de Santa María y Luis Correa. Denunciados por
Francisco de la Concha, cura del sagrario, fueron aprehendidos el 21 de diciembre, fecha en que
pensaban poner en ejecución sus planes apoyados por algunos soldados y por los indígenas
michoacanos, a quienes habían prometido eximir de sus tributos. El arzobispo-virrey fue muy
benévolo con los detenidos, pues siguiendo el clima general de la opinión se inclinaba hacia el
partido de los criollos. Persiguió, en cambio, a los más exaltados españoles: entre otros, a
Marcos Barazaluce, que pretendió viajar a España para pedir su cambio; y al oidor Aguirre y a
Juan López Cancelada, editor de La Gaceta, que lo censuraban.
En las otras colonias españolas de América ocurrieron acontecimientos semejantes: en
Montevideo, el 21 de septiembre de 1808, el gobernador Francisco Javier Elío constituyó una
junta para oponerla al virrey de Río de la Plata, Santiago Liniers y Bremond, simpatizante de los
criollos; el 24 de julio de 1809 se formó en La Paz, por el método de cabildo abierto, la Junta
Tuitiva, que presidió Pedro Domingo Murillo, y el 10 de agosto, en Quito, la Junta Soberana,
bajo la dirección de Juan Pío María de Montúfar y Larrea, marqués de Selva Negra. En estos
dos últimos casos se trataba de regir esos países de modo autónomo, aunque a nombre de
Fernando VII. Los tres organismos se disolvieron antes de 1810. En Nueva Granada, el virrey
Antonio Amar y Borbón permitió que se celebrara, del 6 al 11 de septiembre de 1809, una junta
de notables donde Camilo Torres propuso la creación de un cuerpo integrado por diputados de
las provincias. Aun cuando no se tomó ningún acuerdo, quedaron formados, de hecho, los
partidos español y criollo.
En 1810 los franceses ocuparon la mayor parte de España, desapareció la Junta Suprema Central
instalada en Cádiz y se constituyó la Regencia —gobierno de una monarquía en ausencia del
rey—, a cuyo Supremo Consejo, con sede en la isla de León, pertenecía Miguel de Lardizábal y
Orive, natural de Nueva España. El 14 de febrero se convocó a Cortes —asamblea legislativa—
para darle al reino una nueva Constitución, incluyendo por vez primera la asistencia de
representantes americanos. La orden para que los ayuntamientos de las capitales nombrasen a sus
diputados se publicó en México el 18 de mayo, cuando ya se había separado al arzobispo Lizana
y confiado la administración del virreinato a la Audiencia (a partir del día 8 anterior), con lo cual
cambió de signo la relación de los criollos con el gobierno. Parte de la proclama que antecedía a
la convocatoria estaba dirigida a los españoles del Nuevo Mundo: "Desde este momento
—decía— os véis elevados a la dignidad de hombres libres, no soís ya los mismos que antes,
encorvados bajo un yugo mucho más duro mientras más distantes estábais del centro del poder,
mirados con indiferencia, vejados por la codicia y destruidos por la ignorancia. Tened presente
que… vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de los virreyes, ni de los
gobernadores; están en vuestras manos". Aunque este reconocimiento de las demandas de los
criollos representaba un esfuerzo para detener las revoluciones de independencia en
América, el efecto que provocó fue el contrario. El liberalismo español, sensibilizado por la
sublevación popular contra la invasión extranjera, estimulaba sin desearlo los movimientos de
emancipación de sus colonias.
El 19 de abril de 1810, se formó en Caracas la Junta Suprema, conservadora de los derechos de
Fernando VII; el 25 de mayo, la de Buenos Aires; el 20 de julio, la de Santa Fe de Bogotá; el 18
de septiembre, la de Santiago de Chile; el 19 siguiente, la de Quito, y en otras fechas las de
Paraguay, Salvador, Cuzco, y León, en Nicaragua. En todas ellas se negó reconocimiento a la
Regencia y se rechazó la sumisión a todo gobierno de la metrópoli, se invocó que la soberanía
volvía al pueblo mientras el monarca estuviese prisionero, se persiguió a los españoles y, en
algunos sitios, como Argentina, empezó la guerra; se declaró la libertad de comercio, se
establecieron relaciones diplomáticas con Inglaterra y Estados Unidos, se armaron ejércitos
nacionales, se convocó a congresos y sobrevino la separación de España. Aun cuando fue varias
veces reprimida, Venezuela proclamó la República el 5 de julio de 1811, la primera en
Hispanoamérica.
En Querétaro, mientras tanto, se formalizaba cada vez más la conspiración cuya denuncia iba a
precipitar el comienzo de la revolución mexicana de Independencia, pues la alternativa de
crear una junta, como en el resto de América, se había cancelado en 1808. Aparentando ser una
academia literaria y bajo la protección del corregidor Miguel Domínguez, se reunían en la casa del
presbítero José María Sánchez los licenciados Parra, Laso y Altamirano, los militares Arias,
Lanzagorta, Allende y Aldama —estos dos últimos iban secretamente desde San Miguel— y los
hermanos Emeterio y Epigmenio González. El cura de Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, estaba
vinculado con Domínguez desde hacía tiempo y con Allende a partir de 1808. En febrero de
1810 viajó con éste a Querétaro para conocer el plan revolucionario del doctor Manuel Iturriaga,
que consistía en formar, en las principales ciudades, juntas que propagasen la inconformidad con
los españoles y rechazaran la idea de que la Nueva España quedara sometida a los franceses, en
declararse simultáneamente por la independencia, en expulsar a los peninsulares y en ejercer
el gobierno, a nombre de Fernández VII, mediante una asamblea formada por representantes de
las provincias. En los meses siguientes, aparte la de Querétaro, se integraron las juntas de San
Miguel, Celaya, Guanajuato, San Felipe, San Luis Potosí y la ciudad de México; se convino
nombrar jefe del movimiento al cura Hidalgo y se señaló el 1° de diciembre y luego el 2 de
octubre como fecha de la sublevación. Sin embargo, las denuncias de Arias, en Querétaro (10 de
septiembre), y de Juan Garrido, en Guanajuato (día 13), precipitaron los acontecimientos y la
madrugada del 16 de septiembre Hidalgo dio el grito de Independencia. Sus primeros
pronunciamientos, según Pedro García, fueron contra la subordinación política y económica: "Mis
amigos y compatriotas —dijo en su arenga—: no existen ya para nosotros ni el rey ni los tributos;
esta gabela vergonzosa, que sólo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos
como signo de tiranía y servidumbre; terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos.
Llegó el momento de nuestra emancipación; ha sonado la hora de nuestra libertad; y si conocéis
su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos".
La crisis del imperio español, provocada por la invasión francesa a la Península, puso de relieve y
actualizó, en términos de acción política y de lucha armada, las corrientes y las tensiones de la
sociedad novohispana que habían venido fraguándose a lo largo del periodo colonial. Había
entonces en Nueva España 6.5 millones de habitantes, divididos en tres clases: españoles, indios y
castas. Los primeros representaban una décima parte de la población y eran dueños de casi toda
la propiedad y de las demás riquezas del país; los otros se ocupaban de los servicios domésticos,
los trabajos agropecuarios y mineros, el pequeño comercio y los oficios. Decía el obispo electo
de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, en una representación dirigida al rey de España en 1799,
que había entre unos y otros "la oposición de intereses y de afectos que es regular entre quienes
nada tienen y los que lo tienen todo, entre los dependientes y los señores…, porque no hay
graduaciones o medianías: son ricos o miserables, nobles o infames". Añadía el prelado que "el
color, la ignorancia y la miseria" colocaban a los indios "a una distancia infinita de un español":
circunscritos a 600 varas de radio en torno a sus pueblos, no tenían propiedad individual, ni
podían disponer del producto de sus tierras colectivas sin autorización de la Real Hacienda; no les
estaba permitido mezclarse con las otras clases —por lo menos legalmente—, ni tratar ni
contratar, de suerte que se mantenían aislados, sujetos en sus propias comunidades al despotismo
de los caciques. Los miembros de las castas —mestizos, mulatos y zambos—, a su vez, se
hallaban infamados por derecho como descendientes de esclavos y estaban sujetos al pago de
tributos.
Los españoles se distinguían en europeos y americanos, o sea gachupines y criollos, separados
entre sí por una antigua y arraigada enemistad. Los primeros actuaban persuadidos de que "esto
es una colonia que debe depender de su matriz y corresponder a ella con algunas utilidades por
los beneficios que recibe de su protección", según dijo alguna vez el virrey conde de
Revillagigedo; y los segundos, cuyos ascendientes conquistaron el país y lo sentían por ello como
propio, se quejaban de no poder ascender, por lo común a las más altas dignidades, de no
disfrutar de empleos y prerrogativas suficientes, de pagar impuestos excesivos y de estar
restringidos en sus actividades. Pero más en el fondo de la situación, los criollos representaban el
advenimiento de un pueblo nuevo, distinto al peninsular, cuyas formas sociales y culturales, si bien
eran una prolongación de las europeas, estaban singularizadas por la herencia y la influencia
indígenas, la geografía local y las peculiaridades de la actividad económica. Ya desde la primera
mitad del siglo XVII el guadalupanismo, el arte y las letras apuntaban la formación de una
conciencia nacional, la cual habría de madurar, en el siglo XVIII, cuando los espíritus más selectos
entraron en contacto con la filosofía de la razón, fueron seducidos por la apertura intelectual del
enciclopedismo y se conmovieron ante los grandes ejemplos de la Independencia
norteamericana y la Revolución Francesa. Así, cuando los acontecimientos de 1808 pusieron en
crisis a la metrópoli, los criollos mexicanos se sintieron aptos para la Independencia.
Durante la primera etapa de la guerra (16 de septiembre de 1810 al 21 de marzo de 1811), las
fuerzas insurgentes, comandadas por Hidalgo y Allende, fueron engrosándose, a partir de
Dolores, en Atotonilco, San Miguel, Celaya, Salamanca, Irapuato y Silao; libraron batalla por la
toma de Guanajuato (28 de septiembre), tomaron sin resistencia Valladolid (17 de octubre),
derrotaron a los realistas en el monte de las Cruces (30 de octubre), desistieron de acercarse aún
más a la ciudad de México, regresando hacia el Bajío, y en Aculco fueron derrotadas y
diezmadas (7 de noviembre) por el ejército virreinal. Hidalgo huyó a Valladolid y Allende a
Guanajuato. Este descalabro se compensó en cierto modo con la acción de otros jefes
insurgentes en distintos lugares del país: Rafael Iriarte, en León, Aguascalientes y Zacatecas; los
legos juaninos Luis de Herrera y Juan de Villerías, en San Luis Potosí; Tomás Ortiz y Benedicto
López, en Toluca y Zitácuaro; Ávila y Ruvalcaba, en Cuernavaca; Miguel Sánchez y Julián
Villagrán, en el extenso valle del Mezquital; José María Morelos, en la Tierra Caliente de
Michoacán y Guerrero; Gómez Portugal, Godínez, Alatorre y Huidobro, en el valle alto de La
Barca; y José Antonio Torres, en territorio de Colima y en el sur de Jalisco, hasta que al fin tomó
Guadalajara (11 de noviembre), abriendo el camino para que Hidalgo entrase a la antigua capital
novogalaica el 26 de noviembre. Poco tiempo tuvo el caudillo para disponer y legislar: entre esa
fecha y el 13 de diciembre, nombró jefes de las fuerzas insurgentes de San Blas, al cura José
María Mercado; de Tepic, a Rafael Híjar; de Chihuahua, a Simón de Herrera, y de las Provincias
Internas de Occidente, a José María González Hermosillo; publicó el decreto de abolición de la
esclavitud, derogación de tributos, prohibición del uso del papel sellado y extinción de estancos;
ordenó que las tierras se entregaran a los naturales, sin que pudieran volver a arrendarse (5 de
diciembre); señaló un plazo de 10 días para que los amos pusieran en libertad a los esclavos (6
de diciembre); nombró ministro de Estado y del Despacho a Ignacio López Rayón, y de Gracia y
Justicia a José María Chico; designó cuatro oidores; expidió credenciales como representante
diplomático en Estados Unidos a Pascasio Ortiz de Letona, y confió a Francisco Severo
Maldonado la edición de El Despertador Americano. Estas acciones respondían al doble
carácter —libertario y agrario— del movimiento de Independencia. A estos hechos
siguieron la desastrosa batalla de Puente de Calderón (17 de enero), la huida hacia el norte, con
la esperanza de hallar auxilio en Estados Unidos, y el prendimiento y muerte de Hidalgo, Allende,
Aldama y Jiménez, principalmente. V. HIDALGO Y COSTILLA, MIGUEL.
El nuevo virrey, Francisco Javier Venegas, quien sustituyó a la Audiencia, había llegado a
Veracruz el 25 de agosto y a la ciudad de México el 13 de septiembre, tres días antes de la
sublevación. Al organizar la contraofensiva se sirvió del general Félix María Calleja del Rey, quien
después de Aculco, recuperó Guanajuato (25 de noviembre), derrotó a Hidalgo y a Allende en
Puente de Calderón y recobró Guadalajara (21 de enero de 1811) y San Luis Potosí (5 de
marzo); el también brigadier José de la Cruz, que reintegró a la Corona Valladolid (28 de
diciembre de 1810); Alejo García Conde, gobernador de Sonora, que venció a Hermosillo en
San Ignacio Piaxtla (8 de febrero de 1811); Manuel Ochoa, que retomó Zacatecas (17 de
febrero); y otros jefes que derrotaron a los insurgentes en San Blas (31 de enero), San Antonio
de Béjar (1° de marzo) y Monclova (17 de marzo). En estas acciones murieron el cura José
María Mercado, Ignacio Aldama, el padre Salazar, Villerías y Herrera. Iriarte, a su vez, fue
fusilado por los mismos insurgentes. Del grueso de la fuerza inicial, sólo sobrevivió el cuerpo de 6
mil hombres cuyo mando confió Allende en Saltillo a Ignacio López Rayón, antes de partir rumbo
a Estados Unidos. Éste realizó una brillante retirada hacia el sur, internándose en Michoacán.
La segunda etapa (abril de 1811 a 22 de diciembre de 1815) se caracterizó por el
recrudecimiento de la guerra en el centro del país y por la expresión, mucho más clara, de los
principios ideológicos del movimiento, en los cuales estuvieron inspirados los intentos de
organización gubernamental. Gracias a las victorias que tuvieron en Zitácuaro Juan B. de la Torre
(20 de marzo de 1811) y López Rayón (22 de junio), pudo éste, el 19 de agosto, establecer en
esa ciudad la Junta Nacional, que conservaría —al igual que en España— los derechos de
Fernando VII, organizaría los ejércitos y procuraría libertar a la patria de la opresión. Por
elección de 10 jefes regionales —Ignacio Martínez, Tomás Ortiz, Benedicto López, José Vargas,
Juan Albarrán, José Ignacio Ponce de León, Manuel Manso, José Miguel Serrano, Remigio
Yarza y José Ignacio Ezaguirre— fueron electos vocales López Rayón —que sería presidente—,
José María Liceaga y José Sixto Berduzco, cura éste de Tusantla. El cuerpo tomó el nombre de
Suprema Junta Nacional Americana o Congreso Nacional Gubernativo. A José María Morelos
se le expidió nombramiento de teniente general y más tarde se le nombró cuarto vocal. El 1° de
enero de 1812 la Junta abandonó Zitácuaro ante el ataque de las fuerzas de Calleja, que
incendiaron "la infiel y criminal villa" y despojaron de todos sus derechos a los pueblos indígenas
comarcanos. Los vocales huyeron a Tlalchapa y luego a Sultepec, donde el doctor José María
Cos, cura del burgo de San Cosme (hoy Villa Cos, Zac.), publicó un manifiesto, sus Planes de
paz y guerra (16 de marzo) y los periódicos El Ilustrador Nacional (11 de abril al 30 de mayo)
y El Ilustrador Americano (a partir del 27 de mayo). Sostenía Cos "la residencia de la
soberanía en la masa de la nación", que los españoles no podían atribuirse la potestad de
representar al monarca y que los americanos no debían obedecer a los peninsulares; si éstos
aceptaban la formación en México de un Congreso que defiendese los derechos del rey
prisionero, renunciando a sus empleos y a las armas, América contribuiría a los gastos de la lucha
contra Napoleón; de otro modo, se trataría de suavizar los extremos de la guerra, pues ambos
bandos reconocían a Fernando VII. Casi simultáneamente (20 de abril), Rayón envió a Morelos
su proyecto de Constitución —Elementos Constitucionales—, que establecía la religión católica
sin tolerancia de otra; sostenía que el pueblo era el origen de la soberanía, la cual residía en
Fernando VII, y sería ejercida por tres organismos —una Junta, un Consejo de Estado y un
Congreso de representantes nombrados por los ayuntamientos—, aun cuando la iniciación de las
leyes se reservaba a un "protector nacional"; preveía un generalísimo, nombrado por el Consejo y
con poderes dictatoriales, para tiempos de guerra; declaraba la libertad de comercio y la de
imprenta en materias científicas y políticas; adoptaba el Habeas corpus para la seguridad
personal, y suprimía la esclavitud, las castas, el tormento y los exámenes a los artesanos.
Mientras tanto, la Constitución de Cádiz —10 títulos con 384 artículos— fue jurada por las
Cortes de España el 19 de marzo de 1812, y promulgada en México el 30 de septiembre
siguiente, al pie de la estatua ecuestre de Carlos IV, al centro de la plaza Mayor, que en ese acto
cambió su nombre por el de la Constitución. Redactada para normar la monarquía, implantó la
soberanía nacional y acabó con el poder absolutista: el Título III atribuyó amplias facultades a las
Cortes e impuso severas restricciones al monarca, al punto de que las oficinas públicas, que
añadían a su denominación el adjetivo real, usaron a partir de ese momento el de nacional. Las
novedades jurídicas que más interesaron en Nueva España, sin embargo, fueron la libertad de
imprenta (Artículo 371) y el derecho electoral para el nombramiento de ayuntamientos (artículos
309 a 337). Como consecuencia de lo primero, se publicaron multitud de impresos, entre otros
los periódicos El Juguetillo, de Carlos María de Bustamante, y El Pensador Mexicano, de
Joaquín Fernández de Lizardi; y, a resultas de lo segundo, el 29 de noviembre, en medio de un
gran regocijo, el pueblo eligió a los electores, todos mexicanos, que a su vez deberían nombrar a
los miembros del nuevo Ayuntamiento de la capital. El mismo resultado tuvieron los comicios en
Puebla, Toluca y otras ciudades. Estos primeros ensayos de democracia fueron reprimidos por el
virrey, de acuerdo con la Audiencia: el 5 de diciembre suspendió la vigencia del Artículo 371 y a
fines del mes dispuso que continuasen ejerciendo las antiguas corporaciones municipales y que
quedasen sin efecto todas las demás prescripciones de la Constitución. Estos hechos provocaron
el recrudecimiento de la revolución de Independencia. En julio del año siguiente, 31
diputados americanos, encabezados por Miguel Ramos Arizpe, pidieron que la Regencia de
España diera cuenta a las Cortes de estos irregulares acontecimientos, pero el Consejo de Estado
confirmó que en México, mientras durase la insurrección, debía existir un régimen militar.
En estas circunstancias, el 2 de noviembre de 1812 Morelos propuso a López Rayón, desde
Tehuacán, "que se le quite la máscara a la independencia", y el día 7, en una comunicación
más explícita, insistió en evitar toda mención a Fernando VII en los planes revolucionarios de
gobierno. Pero si de este modo se dirigía al presidente de la Junta Suprema en lo privado, en lo
público conservaba su aparente adhesión al monarca, a quien mandó jurar reconocimiento y
obediencia el 5 de diciembre siguiente, una vez que tomó la ciudad de Oaxaca. Allí mismo, el día
23 dirigió un manifiesto aclarando algunas ideas: "Las cortes de Cádiz han asentado más de una
vez —decía— que los americanos eran iguales a los europeos, y para halagarnos más nos han
tratado de hermanos; pero si ellos hubieran procedido con sinceridad y buena fe, era
consiguiente, que al mismo tiempo, que declararon su Independencia, hubieran declarado la
nuestra, y nos hubieran dejado en libertad de establecer nuestro gobierno, así como ellos
establecieron el suyo… Si ellos tienen por heroísmo —añadía— rechazar el yugo de Napoleón,
nosotros no somos tan viles y degradados que suframos el suyo".
José María Morelos había recibido de Hidalgo, el 20 de octubre de 1810 en Indaparapeo, la
misión de insurreccionar el sur. En su recorrido inicial por la Tierra Caliente de Michoacán y la
costa y la sierra de Guerrero, se le unieron los hermanos Galeana, Vicente Guerrero, Juan
Álvarez y los miembros de la familia Bravo. En su primera campaña derrotó a los realistas en Tres
Palos, frente a Acapulco (5 de enero de 1811), pero en febrero no pudo tomar la fortaleza de
ese puerto; se apoderó de Chilpancingo (24 de mayo) y Tixtla (26 de mayo), batió al realista
Fuentes (16 de agosto) y se posesionó de Chilapa y Tlapa (principios de noviembre). En su
segunda campaña se extendió al norte del actual Guerrero, al sur de Puebla y al territorio de la
entidad que llevaría su nombre: tomó Chiautla (diciembre), dividió su ejército en tres cuerpos
—Bravo hacia Oaxaca, Galeana hacia Tasco y él mismo contra Izúcar—, entró a Cuautla (25 de
diciembre), a Tenango y a Tenanancingo (22 de enero de 1812) y regresó a Cuautla, para resistir
el sitio que le puso Calleja durante 58 días y que al fin rompió el 2 de mayo. En el curso de estas
acciones se le unieron José Manuel Herrera, Mariano de Tapia, Mariano Matamoros, Juan
Nepomuceno Rosáinz y Antonio Sesma y sus hijos. La tercera campaña (junio de 1812 a agosto
de 1813) tuvo como puntos sobresalientes el combate de Huajuapan (13 de julio), la
reorganización de sus tropas en Tehuacán (10 de agosto a 7 de noviembre) —tomada desde el 6
de mayo por el padre Sánchez—, la entrada a Orizaba para destruir el tabaco almacenado por
los realistas (29 de octubre) y las tomas de Oaxaca (25 de noviembre) y de Acapulco (20 de
agosto de 1813).
Simultáneamente a estos acontecimientos, operaban en Michoacán los jefes Muñiz, Navarrete,
Anaya y José Antonio Torres, que incomunicaron Valladolid durante ocho meses. Torres fue al
fin sorprendido, ahorcado y descuartizado (23 de mayo de 1812). En Guanajuato se hicieron
famosos los guerrilleros Albino García (fusilado el 8 de junio de 1812), Bernardo Gómez de Lara
(fusilado el 17 de noviembre de 1811), Vicente Gómez y otros; en Huichapan y el Mezquital, los
Villagrán; y en el norte de Puebla y los llanos de Apan, Francisco Osorno. Después de Cuautla,
fueron significativas las acciones de los sacerdotes Alarcón y Moctezuma contra Orizaba (28 de
mayo de 1812) y Córdoba (3 de junio siguiente) y la de Valerio Trujano en Yanhuitlán. Así, a
fines de 1812, la capital del virreinato estaba rodeada, aunque a distancia, por un círculo de
fuerzas insurgentes, ninguna de cuyas facciones estaba sometida a la autoridad de la Suprema
Junta Nacional Americana. El 17 de junio de 1812 los vocales habían salido de Sultepec,
acosados por los realistas: Rayón huyó a Tlalpujahua, Berduzco a Huetamo y Liceaga a Yuriria.
Cada uno libró por su cuenta combates infructuosos, que suscitaron recriminaciones recíprocas,
hasta que Rayón declaró suspensos en su representación a sus colegas (abril de 1813). Morelos,
deseando superar las diferencias de la Junta, convocó en mayo de 1813 al Congreso de
Chilpancingo, cuyo reglamento formuló el 13 de septiembre.
El Congreso Nacional Constituyente se instaló en el templo parroquial de Chilpancingo el 14 de
septiembre de 1813, previa la reunión preparatoria del día 13, en que se atribuyó a la asamblea el
nombre de Primer Congreso de Anáhuac. Morelos había nombrado seis diputados para
representar a las provincias dominadas por los españoles: Rayón (Guadalajara), Berduzco
(Michoacán), Liceaga (Guanajuato), Carlos María de Bustamante (México), José María Cos
(Veracruz) y Andrés Quintana Roo (Puebla); y las provincias de Tecpan y Oaxaca, en poder de
los insurgentes, a José Manuel Herrera y José María Murguía, respectivamente. A la instalación
sólo concurrieron estos dos últimos, Quintana Roo y Berduzco. Más tarde llegaron Bustamante
(fines de octubre), Rayón (2 de noviembre) y Liceaga (día 6 siguiente). Fueron secretarios
Cornelio Ortiz de Zárate y Carlos Enríquez del Castillo. En la primera sesión formal, Morelos
presentó, por conducto de Juan Nepomuceno Rosáinz, su secretario, los Sentimientos de la
Nación (v. texto completo), según los cuales debía declararse la Independencia, ser la
católica la única religión, crear los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, dar los empleos a los
americanos, respetar la propiedad pero confiscar sus bienes a los españoles, y abolir la
esclavitud, las castas, los estancos y los tributos. El día 15 se nombró generalísimo a Morelos con
el tratamiento de alteza serenísima, que declinó el caudillo para adoptar el de Siervo de la Nación,
y el 18 cesó la antigua Junta; pero cuando Rayón se incorporó a la asamblea, varias veces
requerido por Morelos, todavía sostuvo la idea de que el Congreso gobernase a nombre de
Fernando VII, lo cual fue rechazado por la mayoría de diputados. Salvado este último obstáculo,
el 6 de noviembre se firmó el Acta solemne de la Declaración de la Independencia de
América Septentrional (v. texto completo), inspirada "en las presentes circunstancias de la
Europa".
Morelos salió de Chilpancingo el 7 de noviembre a iniciar su cuarta campaña militar, cuyo primer
objetivo era la toma de Valladolid, apoyado por las fuerzas de Matamoros y Nicolás Bravo, que
hizo moverse desde Veracruz y Puebla. Aunque trató de disimular estos movimientos, los conoció
muy a tiempo Félix María Calleja, que era ya virrey desde el 4 de marzo, quien movilizó hacia
aquella plaza las divisiones de Toluca y Guanajuato, al mando de Llano y Agustín de Iturbide. El
23 de diciembre, los soldados de éstos y los de la guarnición tomaron a dos fuegos a los hombres
de Galeana y Bravo en El Zapote, dispersándolos; el 24, una audaz incursión nocturna de Iturbide
provocó un combate entre los propios insurgentes, que fue desastroso; y el 5 de enero de 1814,
en Puruarán, los realistas acabaron con el resto del ejército independiente e hicieron prisionero a
Matamoros. Una columna realista, al mando de Armijo, avanzó luego al sur y en las márgenes del
Mezcala derrotó a la tropa de Víctor Bravo, que protegía Chilpancingo. En cuanto los miembros
del Congreso se enteraron de estos sucesos, se trasladaron a Tlacotepec, donde se les unió
Morelos, al que despojaron del mando como generalísimo para asumir ellos el poder ejecutivo.
Armijo entró a Tixtla, Chilapa y Chilpancingo, derrotó a Rosáinz en Chichihualco, a Guerrero,
Galeana y los Bravo (19 de febrero) y puso en fuga a Morelos y al Congreso.
Mientras tanto, el Congreso hacía un penoso recorrido por Ajuchitlán, Tlalchapa, Uruapan, las
haciendas de Santa Efigenia y Tiripitío, Ario y Apatzingán, en cuyo trayecto los diputados
—algunos de los anteriores y otros recién nombrados— fueron redactando los puntos de la
Constitución. Ésta, con el nombre de Decreto Constitucional para la libertad de la América
Mexicana, fue sancionada en Apatzingán el 22 de octubre de 1814. Consta de 242 artículos,
divididos en Principios o Elementos Constitucionales (seis capítulos), dedicados a la religión, la
soberanía, la ley y los derechos y obligaciones de los ciudadanos; y Forma de Gobierno (22
capítulos), estableciendo el Congreso, el Supremo Gobierno —formado por un triunvirato— y el
Supremo Tribunal de Justicia. Firmaron el documento los diputados José María Liceaga,
presidente (Guanajuato), José Sixto Berduzco (Michoacán), José María Morelos (Nuevo Reino
de León), José Manuel de Herrera (Tecpan), José María Cos (Zacatecas), José Sotero de
Castañeda (Durango), Cornelio Ortiz de Zárate (Tlaxcala), Manuel de Aldrete y Soria
(Querétaro), Antonio José Moctezuma (Coahuila), José María Ponce de León (Sonora) y
Francisco de Argándar (San Luis Potosí), y los secretarios Remigio de Yarza y Pedro José
Bermeo. Lo promulgaron, como miembros del Supremo Gobierno, Liceaga —presidente—,
Morelos y Cos. López Rayón, Sabino Crespo, Quintana Roo, Bustamante y Sesma, aunque
contribuyeron a su redacción, no pudieron firmarlo por estar ausentes. El Decreto
Constitucional —redactado, según Morelos, por Herrera, Quintana Roo, Sotero Castañeda,
Berduzco y Argándar— estuvo inspirado en la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789 y parcialmente en la Constitución de Cádiz. Aparte de que este documento
era ineficaz en tiempos de guerra, por lo complicado de los mecanismos de gobierno, entrañaba
un absolutismo del Congreso, cuya víctima principal habría de ser el propio Morelos.
Después del desastre de Puruarán, que de hecho puso término a su carrera militar, Morelos pasó
a la hacienda de Santa Lucía, a Coyuca, desde donde pidió al virrey canjear a Matamoros por
200 prisioneros, y luego al puerto de Acapulco, donde mandó degollar a éstos e incendiar la
ciudad, una vez que se rechazó su oferta y Matamoros fue fusilado. El 14 de abril Armijo
recuperó Acapulco y uno de sus hombres, el comandante Avilés, liquidó a Galeana el 22 de
junio, en tanto las milicias españolas de Guatemala tomaban Tehuantepec. Otra vez unido al
Congreso, en Ario, con sólo los hombres de su escolta, Morelos marchó con los diputados a
Uruapan y más tarde decidieron cambiar su sede a Tehuacán. La custodia del grupo se confió a
Morelos, muy a pesar de que el Artículo 168 de la Constitución prohibía a los miembros del
poder ejecutivo tener mando de fuerza armada, salvo circunstancias extraordinarias. El 29 de
septiembre salió la caravana, por caminos inusuales, tratando de esquivar el encuentro con los
realistas. El virrey, por su parte, cubrió con tropas todas las posibles rutas, desde Temascalcingo
hasta Cuautla. El 3 de noviembre los representantes de los poderes nacionales vadearon el río
Mezcala en Tenango y el 5, estando ya en Tezmalaca, fueron alcanzados por las fuerzas del
teniente coronel Manuel de la Concha. A poco de iniciado el combate, los insurgentes se
dispersaron y fueron perseguidos. Morelos, a pie y sin armas, fue detenido por Matías Carranco,
un antiguo soldado suyo que se pasó a las filas realistas. Conducido a México, bajo la vigilancia
de Concha, murió fusilado en San Cristóbal Ecatepec, el 22 de diciembre de 1815. (V. MORELOS
Y PAVÓN, JOSÉ MARÍA). En los meses anteriores, López Rayón se refugió en las montañas del
norte de Puebla, e igual hizo Rosáinz, uno y otro nombrados por el Congreso para hacer la guerra
en las mismas áreas, lo cual provocó entre ellos serias desavenencias. Cuando Zacatlán cayó en
manos de los realistas (25 de septiembre), Rayón huyó hasta Cóporo, y Rosáinz fue detenido por
los propios insurgentes, de quienes huyó en Chalco para indultarse e informar al virrey del estado
de la revolución.
La tercera etapa de la guerra (1816-1819) se caracterizó por la actividad de caudillos
secundarios y la fugaz campaña de Francisco Javier Mina. En el curso de 1816 los insurgentes
sufrieron importantes derrotas: Osorno fue batido por Concha en Venta de Cruz y San Felipe (21
y 23 de abril); Mariano Guerrero y Rafael Villagrán se acogieron al indulto (agosto); los realistas
recuperaron la isla de Janitzio, en el lago de Pátzcuaro (13 de septiembre), el fuerte de Monte
Blanco, junto a Córdoba (7 de noviembre), la isla de Mezcala, en la laguna de Chapala (25 de
noviembre), y el fuerte de Cuiristarán (10 de diciembre), motivo por el cual depusieron las armas
Herrera, Cos, Gordiano, Guzmán, Vicente Gómez, el padre Castellanos, Encarnación Rosas,
José María Vargas y Melchor Múzquiz. En 1817 capitularon Ramón Rayón en el fuerte de
Cóporo, frente a Jungapeo (7 de enero), y Manuel de Mier y Terán en el cerro Colorado, cerca
de Tehuacán (20 de enero); en Veracruz los españoles recobraron San Juan Coscomatepec (9
de febrero), Huatusco (17 de febrero), los puentes de Atoyac y Chiquihuite y los fuertes de La
Fortuna, Quimistlán y Palmillas; en Guanajuato, el punto fortificado de la mesa de los Caballos
(10 de marzo), cerca de San Felipe, y en Querétaro el de La Faja (diciembre). En diciembre,
Nicolás Bravo fue desalojado del fuerte de Cóporo.
En mayo de 1816 había salido de Londres Francisco Javier Mina, patriota español que combatió
a los franceses en la Península y deseaba continuar batallando en América contra el absolutismo
de Fernando VII. Lo acompañaban 32 oficiales españoles, italianos e ingleses y el dominico
mexicano fray Servando Teresa de Mier. En Norfolk y Nueva Orleans, E.U.A., aumentó su
hueste y sus pertrechos, y el 15 de abril de 1815 desembarcó en Soto la Marina con 300
hombres. Ahí perdió sus barcos, atacados por una escuadrilla procedente de Veracruz; construyó
un fuerte, cuyo mando confió al mayor Sardá, y el 24 de mayo emprendió la marcha hacia el
fuerte del Sombrero, al noroeste de Guanajuato, para unirse al insurgente Pedro Moreno. A
pesar de su escasa fuerza, derrotó en el camino a los realistas Villaseñor, en Valle del Maíz (8 de
junio), y a Armiñan, en Peotillos (día 15 siguiente), y después de que llegó a su destino (día 24), a
Ordóñez (día 29), en la hacienda de San Juan de los Llanos. El 1° de agosto Liñán puso sitio al
fuerte y lo tomó el 19 sin que Mina pudiera auxiliar a sus defensores. El 27 de octubre, en la
acción del rancho del Venadito, fue muerto Moreno y capturado Mina, más tarde fusilado (11 de
noviembre) frente al fuerte de Los Remedios cercano a Pénjamo. El 16 de junio anterior cayó en
manos del realista Arredondo el fuerte de Soto la Marina; en el curso del año se acogieron al
indulto Osorno, Sotero Castañeda, Carlos María de Bustamante, Muñiz y otros; y a fines, fueron
hechos prisioneros Berduzco, López Rayón y Nicolás Bravo.
En 1818 se rindió a los españoles el fuerte del Jaujilla en un islote de la laguna de Zacapu (6 de
marzo), logrando escapar los miembros de una junta que nombró el Congreso antes de su salida
a Tehuacán, algunos de cuyos vocales fueron más tarde aprehendidos (febrero) y otros fusilados
en Huetamo (9 de junio). Fueron asesinados el padre Torres, defensor de Los Remedios, y José
María Liceaga; fusilados en Pátzcuaro, Nicholson y Yortis, oficiales sobrevivientes de Mina
(junio), e indultados otros jefes insurgentes, como Amaya, Mariano Tercero, Huerta y los padres
Navarrete y Carvajal. En 1819 se acogieron al perdón realista Arago, Erdozáin y Ramsey, que
operaban en Guanajuato, y José Antonio Magos, que lo hacía en Querétaro. Vicente Guerrero
fue derrotado en el fuerte de Barrabás, en Coahuayutla (mayo), y en Agua Zarca (5 de
noviembre), al que después de estos hechos se unió Pedro Asencio, a su vez desalojado del
fuerte de San Gaspar. Eran éstos los dos únicos jefes insurgentes que continuaban combatiendo a
principios de 1820.
La ofensiva de Wellington en 1813 y la constante actividad de las guerrillas a retaguardia de los
franceses, hicieron posible recobrar Madrid; José Bonaparte abandonó Valladolid y perdió las
batallas de Vitoria y San Marcial; y el 11 de diciembre se firmó el Tratado de Valençay, por el
cual cesó la guerra entre España y Francia y Napoleón reconoció a Fernando VII como rey; pero
las Cortes y la Regencia no quisieron considerar libre al rey, ni prestarle obediencia, hasta que
prestase el juramento previsto por la Constitución. El 22 de marzo de 1814 Fernando entró
nuevamente a España; el 6 de abril abdicó Napoleón; a fines de ese mes 69 diputados se
declararon absolutistas y el 4 de mayo el rey firmó un manifiesto anulando la Constitución de
1812 y todo cuanto habían hecho las Cortes "como si no hubieran pasado jamás tales actos y se
quitasen de enmedio del tiempo"; restableció la Inquisición, que había sido abolida por los
diputados; persiguió a los liberales y casi no prestó atención a las sublevaciones en América.
El 1° de enero de 1820, en la villa de Cabezas de San Juan, de la provincia de Sevilla, se sublevó
el coronel Rafael del Riego con el segundo batallón del Regimiento de Asturias. En lugar de
embarcarse rumbo a América, a luchar contra los insurgentes, proclamó la Constitución de 1812.
El apoyo que el pueblo brindó a este movimiento obligó a Fernando VII, el 9 de marzo, a jurar la
Constitución. La noticia del triunfo de los liberales en España se recibió en Veracruz el 26 de abril
y en México el 29.
Durante ese mes y los primeros días de mayo, el virrey Apodaca, el regente de la Audiencia
Bataller y los felipenses Tirado y Matías Monteagudo conspiraron (Plan de la Profesa) para
impedir el restablecimiento de la Constitución en México. Postulaban que el rey estaba oprimido
por los revolucionarios y que la Nueva España debía gobernarse por el virrey, con apoyo en las
Leyes de Indias, y con independencia de la metrópoli. La ejecución de estas ideas obligaba
a contar con un jefe militar que mereciera su confianza, el cual creyeron encontrar en Agustín de
Iturbide.
Los comerciantes de Veracruz, en su mayor parte afiliados a la masonería, o controlados por ella,
temerosos de que el virrey fuera a negarse a jurar la Constitución liberal, tomaron las armas el 24
de mayo, constituidos en el Batallón de Voluntarios Fernando VII, y fueron a pedir a José Dávila,
comandante general e intendente de la provincia, que proclamara el código. Éste lo hizo bajo
presión, pero advirtió a los amotinados que ese era un acto precursor de la Independencia.
En Jalapa ocurrieron sucesos semejantes, y en México, el virrey, para evitar que los oficiales de
las tropas españolas, casi todos masones, lo obligaran en el mismo sentido, convocó al Real
Acuerdo el día 31, en cuya sesión él y los oidores hicieron el juramento. El arzobispo, los
tribunales, los empleados y los colegios hicieron lo propio del 1° al 8 de junio, y el 9 el
Ayuntamiento hizo su proclamación. V. MASONERÍA.
Los efectos de la restaurada Constitución de Cádiz consistieron en suscitar la discusión pública y
la expresión de los resentimientos, los temores y las esperanzas de todas las clases de la
sociedad, estimuladas por una conciencia generalizada en el sentido de la necesidad de un
cambio. El fiscal de la Audiencia, José Hipólito Odoardo, trasmitió en un informe al ministro de
Gracia y Justicia, a fines de octubre de 1820, el estado de la opinión en Nueva España. Indicaba
que desde principios de 1819 la situación había venido normalizándose, no quedando sino los
grupos insurgentes en el partido de Chilapa, protegidos "por el clima mortífero y las tierras
montuosas" y que la insurrección de 1810 se había dominado no por las concesiones que se
hubieren hecho en favor de los americanos, ni por las providencias de las Cortes, que cesaron en
1814, "sino por haberse unido cordialmente al gobierno las tropas veteranas y las milicias, los
eclesiásticos, los empleados, los propietarios y las demás clases influyentes". Pero advertía que el
espíritu público había ya cambiado enteramente: los militares se quejaban del agravio que se les
hizo al suspenderles después de jurada la Constitución, el aumento de paga de que disfrutaban; el
clero temía por sus rentas e inmunidades y por la existencia de algunos establecimientos
religiosos; los españoles residentes, por lo común propietarios, no parecían dispuestos a volver a
consumir sus fortunas en apoyo del gobierno, si ocurría una nueva revolución y por ello se
ocupaban de ir de una a otra tertulia "para explorar los planes de independencia que en ellas
se discutían con más o menos embozo", y los abogados y los oficinistas veían en la eventualidad
de un cambio la perspectiva de mejorar en sus empleos.
El 22 de agosto se publicó en México la real orden del 8 de marzo anterior, por la cual fueron
puestos en libertad todos los insurgentes que se hallaban presos —Nicolás Bravo, Ignacio López
Rayón y Sixto Berduzco, entre otros— y pudieron volver al pais los exiliados —el marqués de
Rayas, Carlos María de Bustamante, Fagoaga, Adalid y muchos más—. Una consecuencia lateral
de la nueva política fue que quienes se habían indultado con anterioridad empezaron a obtener
grados —hasta de teniente coronel— en el ejército virreinal. Había entonces en México 85 036
soldados, de los cuales 25 mil eran de caballería: 8 448 expedicionarios enviados desde España
de 1812 a 1817, 10 620 hombres de tropas veteranas del país; 21 968 miembros de las milicias
provinciales, y 44 mil elementos urbanos encargados de la defensa de las poblaciones. A los
antiguos insurgentes que ya no podían pelear contra estas fuerzas en los campos de batalla, la
Constitución les permitía luchar por las diputaciones provinciales y por los ayuntamientos.
En noviembre de 1820, el virrey Apodaca, pensando que Iturbide sostendría con las armas el
Plan de la Profesa, le confió la comandancia general del sur, a la que estaban adscritos los fieles
de Potosí, los escuadrones de Isabel y los batallones de Tres Villas y de Murcia, jefaturados por
españoles, los infantes de la Corona, el Batallón del Sur, las milicias de Acapulco y los realistas
de Tixtla, Chilapa y otros pueblos. Iturbide salió a la campaña contra Guerrero el 16 de
noviembre —"para pacificar en breve tiempo todo el reino", según comunicó al virrey— y a
principios de diciembre, a solicitud suya, se le unió en Teloloapan el Regimiento de Celaya, que él
mismo comandaba y cuya oficialidad le era enteramente adicta. En diciembre consiguió de
Apodaca que le enviase el cuerpo de caballería de la frontera —que el propio Iturbide había
tenido bajo su mando en el Bajío—, que se le remitieran más abundantes pertrechos y
municiones, y se le destinasen fuertes sumas en efectivo, tanto para cubrir la paga de la tropa
cuanto para invertir en compra de voluntades, y en espías, pues de todos los recursos posibles
"los más eficaces —decía— son distribuir la moneda con prudente liberalidad, pues por ella
aventuran los hombres sus vidas, y hacen esfuerzos que no practicarían por ningún otro estímulo".
El 2 de enero de 1821 Guerrero derrotó a una partida realista en Zapotepec y el 5 Asencio
desbandó a otra en Tlatlaya. Estos hechos persuadieron a Iturbide de que la campaña contra los
insurgentes sería larga, y al parecer advirtió entonces la conveniencia de contar con ellos en los
planes de Independencia, en lugar de empeñarse en una nueva y sangrienta contienda. El día
10 escribió a Guerrero instándolo a someterse y haciendo votos por la emancipación; éste
contestó el 20 rechazando el indulto, pero ofreciéndole colaborar si en efecto buscaba la
separación de España. Antonio de Mier, representante de Iturbide, y José Figueroa, de Guerrero,
dieron cima a las negociaciones. Simultáneamente, Iturbide escribió al arzobispo de México, a los
obispos de Guadalajara y Puebla y al gobernador de la mitra de Valladolid, anunciándoles sus
planes, y movilizó agentes que fueran a persuadir a los comandantes militares acantonados en
Michoacán y en el Bajío. Una vez obtenido el acuerdo de tan importantes sectores del clero y del
ejército, proclamó el 24 de febrero el Plan de Iguala (v. texto completo), cuyos artículos
principales establecían la religión católica, sin tolerancia de otra alguna; la absoluta
independencia; un gobierno monárquico constitucional, reservado a Fernando VII o a otro
miembro de casa reinante; la formación de una junta gubernativa, previa a la constitución del
Imperio Mexicano; y la creación del Ejército de las Tres Garantías. Se indicaba, además, que
todos los habitantes eran ciudadanos idóneos para optar empleos y garantizaba a las personas y
al clero el respeto a sus propiedades y fueros. Los ¡vivas! finales a la religión, la
Independencia y la unión entre americanos y europeos aludían a la naturaleza de las tres
garantías. Ese mismo día Iturbide envió al virrey las "indicaciones para el gobierno que debía
instalarse provisionalmente" y que contenían, aunque más explícitos, los mismos puntos del Plan.
Apodaca condenó estos textos el 3 de marzo y el 14 puso a Iturbide fuera de la ley. En esos días
desertaron más de la mitad de las fuerzas trigarantes; pero, a cambio, se adhirieron al Plan de
Iguala los granaderos provinciales de Jalapa (día 13), que se pusieron a las órdenes de José
Joaquín de Herrera, en Perote; Luis de Cortazar, en Amoles (hoy Cortazar, el 16 de marzo) y
Anastasio Bustamante, en la hacienda de Pantoja (día 17), quienes luego tomaron la ciudad de
Guanajuato (día 24); varios miembros del Fijo de Veracruz y del batallón provincial de Puebla,
que se unieron a Herrera para apoderarse de Córdoba (1° de abril); los capitanes del Fijo de
México, Vicente Filisola y Juan José Codallos, en Tusantla (9 de abril); el teniente coronel
Antonio López de Santa Anna, con 500 hombres, en Alvarado (día 25); y en el curso del mes, el
teniente coronel Francisco Ramírez y Sesma, con 80 soldados, en Veracruz; los hermanos Flon,
capitanes de Dragones de Puebla, con casi todo su regimiento; el teniente coronel Miguel
Barragán, en Ario, y el sargento mayor Juan Domínguez, en Apatzingán, con una gruesa sección
volante, el primero, y los granaderos de Guadalajara el segundo. Advertido Iturbide de la
formación del Ejército del Sur, cuyo mando confió el virrey al mariscal de campo Pascual de
Liñán y que a la postre no se movió de Cuernavaca, salió de Teloloapan hacia el Bajío, por
Tlalchapa, Cutzamala —donde se le presentó Ramón Rayón—, Tusantla, Zitácuaro y Acámbaro,
en cuyo curso fue incorporando a sus fuerzas a los antiguos insurgentes, entre otros Epitacio
Sánchez, que comandó su escolta. El 1° de mayo entró a León, el día 10 se entrevistó en la
hacienda de San Antonio, cerca de La Barca, con José de la Cruz, comandante e intendente de la
Nueva Galicia, consiguiendo que permaneciera inactivo, y el 20 hizo que capitulara Valladolid.
Varios jefes realistas se rindieron a los trigarantes durante junio: Novoa, en San Juan del Río (día
7); Bracho, en San Luis de la Paz (día 22) y Luaces, en Querétaro (día 28). El día 13 de ese
mes, Pedro Celestino Negrete proclamó la Independencia en San Pedro Tlaquepaque, en
las inmediaciones de Guadalajara, huyendo Cruz a Durango, donde capituló a la postre (31 de
agosto). En el curso de junio el virrey suprimió la libertad de imprenta y convocó a los
peninsulares a que formasen los cuerpos de "defensores de la integridad de las Españas";
Iturbide, a su vez, abolió en Querétaro la subvención temporal, la contribución directa de guerra y
la de convoy, el 10% sobre alquiler de casas y todos los demás impuestos extraordinarios
vigentes desde 1810. Ya para entonces, en lugar de hablar de "la tutela de la nación más católica
y piadosa, heróica y magnánima", según se había referido a España el 24 de febrero, la
identificaba con "el yugo extranjero". A principios de julio, a instancias del brigadier Arredondo,
se adhirieron al Plan de Iguala la ciudad de Monterrey (día 4) y más tarde las otras Provincias
Internas de Oriente.
El avance de la revolución fue atribuido por los militares de la ciudad de México a incapacidad
del virrey Apodaca. El 5 de julio, mientras éste celebraba en palacio una junta de guerra, los
cuerpos de órdenes, don Carlos y Castilla, a cuyo frente se hallaban el teniente coronel Francisco
Buceli y los capitanes Llorente y Carballo, lo despojaron del mando, encargándose del gobierno
el mariscal de campo Francisco Norella. En los días subsecuentes, éste reunió hasta 5 mil
hombres de línea, en previsión de un ataque a la capital. El día 7 Santa Anna asaltó el puerto de
Veracruz, y aunque fue rechazado, mantuvo incomunicada la plaza. Nicolás Bravo, a su vez,
tomó Pachuca, se apoderó de la artillería y más tarde puso sitio a Puebla (1° de julio), cuyo
comandante, el brigadier Llano, se rindió cuando llegó Iturbide.
El 30 de julio desembarcó en Veracruz el teniente general Juan O'Donojú, nombrado jefe político
y capitán general en sustitución de Apodaca; el 3 de agosto expidió una proclama conciliatoria, el
4 entró en relación con Santa Anna para que franqueara las comunicaciones al interior del país y
ese mismo día escribió a Iturbide proponiéndole una entrevista. Ésta se celebró en Córdoba el 23
siguiente, y el 24 firmaron el tratado que puso término a la dominación de España (v. texto
completo). En resumen, se reconocía al Imperio Mexicano como nación soberana e
independiente, instaurando un gobierno monárquico constitucional moderado, a cuyo frente se
llamaría a Fernando VII y, por renuncia o no admisión de éste, a otros miembros de la casa
reinante; se nombraba una Junta Provisional Gubernativa, encargada de designar una regencia
compuesta por tres personas, que ejercería el poder ejecutivo hasta que el monarca empuñase su
cetro; se convocaba a Cortes para formar la Constitución; se dejaba en libertad de escoger su
nacionalidad a los españoles avecinados en América y a los americanos residentes en la
Península, y finalmente O'Donojú se ofrecía a intervenir para que la capital se entregase sin
efusión de sangre.
Iturbide y O'Donojú enviaron copia del Tratado de Córdoba a Novella, quien el 30 de agosto
convocó a una junta de las principales autoridades y vecinos, que sólo sirvió para que se
manifestaran opiniones contrarias y se estimulara aún más la deserción entre los realistas. Hubo
algunas agrias contestaciones entre O'Donojú y Novella, pero como el Ejército Trigarante —9 mil
hombres de infantería y 7 mil de caballería— rodeaba ya la capital, éste decidió reunirse con
aquél y con Iturbide en la hacienda de Pateza el 13 de septiembre para convenir la entrega de la
ciudad, en lo cual se manifestaron conformes, en los días subsecuentes, la diputación provincial y
el Ayuntamiento. Las tropas reales salieron sin capitulaciones y los últimos en deponer las armas
fueron los batallones de negros en la Tierra Caliente.
El 27 de septiembre de 1821 hizo su entrada triunfal en la ciudad de México el Ejército
Trigarante y el 28 —cuando en España se abrían las Cortes extraordinarias para "promover el
bien de América"— se instaló la Junta Provisional Gubernativa, compuesta por 38 personas
nombradas por Iturbide. Aparte Juan O'Donojú, la integraban siete eclesiásticos: Antonio Joaquín
Pérez Martínez, obispo de Puebla (presidente), Manuel de la Bárcena, Matías Monteagudo,
Miguel Guridi y Alcocer, Francisco Severo Maldonado, José Manuel Sartorio e Ignacio Icaza;
cuatro oidores: José Isidro Yáñez, José María Fagoaga y Manuel Martínez Mancilla, de México,
y José Domingo Rus, de Guadalajara; seis abogados de la Audiencia de México: Juan José
Espinosa de los Monteros, Antonio Gama, Ignacio García Illueca, José María Jáuregui, Rafael
Suárez Pereda y Juan B. Raz y Guzmán; tres miembros del Ayuntamiento de la capital: Juan
Francisco Azcárate, Francisco Manuel Sánchez de Tagle y José Manuel Velázquez de la Cadena;
siete títulos nobiliarios: el marqués de Salvatierra, el conde de Casa de Heras, el marqués de San
Juan de Rayas, dos miembros de la casa de Santiago Calimaya, el conde de Jala y de Regla y el
marqués de San Miguel de Aguayo; cinco militares: Manuel Sotarriva, José María Bustamante,
Juan Horbegoso, Nicolás Campero y Anastasio Bustamante; tres comerciantes y hacendados:
Juan Lobo, Manuel Montes Argüelles y Manuel Sánchez Enciso; y un alto empleado: Manuel
Velázquez de León, director de Hacienda.
La naturaleza de la Junta reveló el propósito de Iturbide de congregar a las más altas clases de la
sociedad en un círculo aristocrático que formase la corte del futuro monarca. Pero como la Junta
tenía la función primordial de legislar, su composición repugnaba al espíritu popular y contradecía
el Artículo 12 del Plan de Iguala, según el cual "todos los habitantes de la Nueva España, sin
distinción alguna de europeos, africanos ni indios" eran ciudadanos de la monarquía "con opción a
todo empleo según su mérito y virtudes". Y aun cuando el propio Plan proclamó la
Independencia con "la misma voz que resonó en el pueblo de los Dolores, el año de mil
ochocientos diez", los antiguos patriotas y los insurgentes quedaron excluidos del gobierno.
El primer acto de la Junta Provisional Gubernativa consistió en decretar —redactada por el
licenciado Juan José Espinosa de los Monteros, su secretario— el Acta de Independencia
del Imperio Mexicano (v. texto completo).
Autor:
Charles El-mann
charly[arroba]netmex.com