Condicionantes institucionales de la estrategia emprendedora (página 2)

El efecto del sistema institucional sobre la dinámica de creación de nuevas empresas y, en particular, sobre el comportamiento de los emprendedores, es bastante complejo, ya que puede representar estímulos o limitaciones de variado orden.

La función principal del sistema institucional de un país consiste en reducir la incertidumbre estableciendo una estructura estable para la interacción humana, aunque ella no siempre es eficiente.

Aunque dicho sistema puede reducir la incertidumbre implícita en el proceso de crear nuevas empresas, también puede dificultarlo, sobre todo cuando el costo de cumplir las regulaciones existentes al respecto es muy elevado para los emprendedores (Zevallos, 2007).

Por esta razón, las características que asuman las instituciones y la forma como ellas evolucionen, son aspectos determinantes del desarrollo de la estrategia emprendedora en una determinada sociedad (North, 1996).

Desde una perspectiva institucional, aquellas sociedades que logran establecer un marco institucional que reduce los costos de creación de nuevas empresas, protege los derechos de propiedad y contratación, fomenta el nivel de confianza mutua entre sus miembros, garantiza la competencia y obliga al gobierno a respetar sus acuerdos y políticas, tienden a ser más exitosas en su desempeño económico.

Por el contrario, aquellas sociedades que históricamente han sido incapaces de desarrollar instituciones estables y eficientes presentan, comparativamente, menores tasas de crecimiento económico.

Ello se debe a que se desestimula la inversión privada a causa del incremento del nivel de riesgo y de la incertidumbre percibida por los emprendedores sobre los beneficios futuros esperados de dicha inversión.

La eficacia institucional, como palanca de la iniciativa empresarial y de la generación de un buen clima para las inversiones privadas, puede ser corroborada a partir de un estudio realizado por el Banco Mundial (2002), el cual reveló que en muchos países en desarrollo el costo financiero que implica el cumplimiento de las regulaciones es muy elevado con relación al Producto Interno Bruto (PIB), y bastante superior al promedio de los países industrializados.

Por contradictorio que parezca, las naciones de menor desarrollo, a pesar de tener inferiores capacidades administrativas, son las que imponen más trabas a la creación de nuevas empresas en el sector formal de la economía. Y eso representa altos costos que desalientan a los emprendedores (Alayón y Daza, 2002).

En Latinoamérica, la inestabilidad institucional se evidencia en múltiples hechos. Uno de ellos, especialmente grave, es la permanente tendencia a alterar las reglas del juego de acuerdo con la voluntad de los gobernantes en un momento dado. Las instituciones y acuerdos institucionales tienden a modificarse regularmente según lo indiquen las conveniencias políticas de cada momento.

Pero la institucionalidad no puede ser simplemente un "traje a la medida", reformada muy frecuentemente para dar espacio a asuntos políticos del momento. Por el contrario, se requiere un marco institucional estable para que la vida política, económica y social se consolide.

Este es el caso generalizado en casi todos los países de América Latina, cuyos sistemas institucionales claramente representan algunos de los principales obstáculos a los que se enfrenta la estrategia emprendedora, pues las regulaciones que impone mediante diversas trabas legales a la creación de nuevas empresas y a su posterior desarrollo son tan excesivas que perjudican severamente la sostenibilidad de las mismas a mediano y largo plazo (Méndez, 2004).

Obviamente, las realidades institucionales concretas varían significativamente de un país a otro pero, es general, se trata de una región en la que sus sistemas institucionales están cargados de barreras administrativas que incrementan los costos de entrada y operación de nuevas empresas privadas.

Según Morisset y Lumenga (2002), las distintas barreras administrativas pueden ser agrupadas en barreras de entrada, de localización y operación, como se indica a continuación:

• Las barreras de entrada constituyen procedimientos utilizados para la creación de una empresa formal. Estos procedimientos se refieren al registro legal, el registro de la inversión, la inscripción en la seguridad social y el registro fiscal.

• Las barreras de localización son posteriores a la entrada y están referidas a procedimientos administrativos para regular la localización de las empresas, tales como el acceso a la tierra, los permisos de uso, los permisos de construcción y la conexión a servicios básicos (agua, electricidad y telecomunicaciones).

• Las barreras de operación están relacionadas con los procedimientos necesarios para obtener los permisos que garanticen la operatividad de la empresa y los trámites recurrentes con el sector público. Estas barreras se refieren a permisos y licencias requeridos para el normal desenvolvimiento de las empresas, tales como importar, exportar, pago de tributos y de la seguridad social, entre otros.

Algunas de estas barreras pueden ser tan altas que provocan la pérdida de capacidad competitiva de las empresas, especialmente de las pequeñas.

La existencia de normas que generan procedimientos complicados y discrecionales no sólo promueve mayores barreras, sino que también propicia la corrupción. Y a medida que un país experimenta mayores niveles de corrupción y menor calidad administrativa, las barreras administrativas se hacen más altas.

La relación entre estas variables sugiere que un país con muchas barreras administrativas tiende a generar un ambiente de negocio más propicio para el surgimiento de la corrupción y la proliferación del empleo informal (Djankov et. al., 2002).

En este sentido, Penfold (2002), distingue varios tipos de barreras en el caso latinoamericano:

• Las barreras necesarias pero mal administradas se refieren a las regulaciones que, a pesar de tener como objetivo garantizar la provisión de un bien público o resolver potenciales fallas de mercado, su mala administración no permite obtener resultados eficientes. Este tipo de barrera incrementa los costos del sector privado, no porque la misma no se justifique desde un punto de vista técnico, sino porque el proceso para superarla es costoso, producto de la deficiente administración de las regulaciones.

• Las barreras necesarias pero simplificables a través de reformas que reduzcan el tiempo y el número de pasos que los inversionistas deben enfrentar para superarlas.

• Las barreras necesarias pero sujetas a corrupción no pueden ser superadas aun cuando los inversionistas cumplan con cada uno de los requisitos exigidos, debido a que no existen garantías de que las reglas sean obedecidas. Estas barreras, muy comunes en toda América Latina, son consecuencia de la corrupción de los administradores que las resguardan y no de las reglas que administran. En estos casos, las barreras vienen dadas por la corrupción o por costos informales no requeridos por la regla.

• Finalmente, las barreras innecesarias son las regulaciones administrativas que no contribuyen a la provisión de un bien público o a la solución de una falla del mercado. Es muy común que el Estado, por criterios políticos explícitos o implícitos, haga uso de este tipo de barreras como un mecanismo para otorgar protecciones a un grupo determinado o impedir el acceso de nuevos competidores al mercado.

Barreras que limitan la creación de nuevas empresas

La creación de nuevas empresas rentables y, por tanto, sostenibles en el tiempo, depende de la inversión privada, un tema que ha sido objeto de estudio en variadas investigaciones debido a su importancia para el desarrollo. Además, también depende de la existencia de un ambiente favorable a la inversión.

La tasa de inversión depende de los niveles de ahorro e inversión en periodos precedentes, lo cual impone un cierto nivel de persistencia de la tasa de inversión, la cual depende en gran medida de las expectativas de los agentes económicos privados y de la percepción sobre el clima político-institucional para las inversiones.

Si los inversionistas perciben un clima regulatorio favorable y esperan que la economía se expanda, entonces aumentan sus inversiones. De igual manera, las expectativas de recesión y la percepción de un clima regulatorio desfavorable desestimulan las nuevas inversiones.

En general, las actividades económicas formales se dan con mayor frecuencia en entornos que favorecen la inversión y el comercio, sin costos prohibitivos para el cumplimiento de las normas regulatorias impuestas por el Estado (conocidos como costos de transacción).

Sin embargo, con muy pocas excepciones, los marcos institucionales existentes en América Latina son verdaderos "obstáculos de salto largo" para la creación de nuevas empresas, por lo que contribuyen a la extensión del empleo informal y el desempleo.

Iniciar un nuevo negocio en casi todos los países latinoamericanos implica enfrentarse a regulaciones y procesos administrativos excesivamente largos y complejos que dificultan su creación y desarrollo (Méndez, 2006).

Algunas regulaciones del marco normativo imperante son innecesarias; otras son claramente redundantes, y otras más son simples prácticas propiciadoras de la corrupción.

No es casual, por tanto, que la corrupción en Latinoamérica sea una de las más elevadas del mundo, lo que magnifica el problema, ya de por sí estructuralmente complejo.

Johnson, McMillan y Woodruff, (2000) muestran que un débil sistema institucional, la corrupción y la acción caprichosa de los funcionarios gubernamentales, están relacionados en forma negativa con el comportamiento emprendedor, que reclama un nivel aceptable de seguridad y estabilidad.

Por el contrario, la percepción de la integridad y respeto a los derechos de propiedad, y la efectividad del sistema de justicia, tienen un efecto positivo. Como afirma Kaufmann (2004), la percepción de los empresarios sobre las regulaciones, la transparencia de la administración y el grado de seguridad jurídica, es más importante que la existencia de las propias leyes y reglamentos.

Por ello, del mismo modo que el exceso de burocracia dificulta la creación de nuevas empresas, la corrupción también provoca ese resultado. En países con gobiernos corruptos, los sobornos se convierten en un impuesto encubierto que desanima a muchos emprendedores. Si alguien no tiene los recursos suficientes, no progresará en sus nuevas empresas.

El caos político, frecuentemente acompañado de corrupción, también desempeña el mismo papel (Drabek y Payne, 1999; La Porta, et al, 1999; Rodrik, 2000; 2001; Carballo, 2002; Palich y Bagby, 2002; FUNDES Venezuela, 2002; Borner, Bodemer y Kobler, 2004).

Por tanto, los pequeños emprendedores latinoamericanos se enfrentan a numerosas dificultades originadas en el entorno, las cuales inciden en una disminución de las posibilidades reales y efectivas de crear una nueva empresa.

Desde la perspectiva de los nuevos emprendedores que tratan de crear una pequeña empresa, es preciso considerar los altos costos de la excesiva regulación y las resistencias que ésta suscita.

Las regulaciones que tienen influencia en las actividades económicas determinan los costos que afrontan las empresas para su entrada, permanencia y salida del mercado. Cuando tales regulaciones son transparentes, predecibles y proporcionan la información comercial indispensable, las personas son más propensas a cumplirlas.

Las normas mal concebidas resultan complicadas y obligan a hacer frente a la corrupción y a procesos burocráticos ineficaces que incrementan los costos de las empresas, los cuales a menudo quedan bastante fuera del alcance de las más pequeñas. Estos costos pueden incluir los siguientes rubros:

• Obtención de licencias para poner en funcionamiento una empresa

• Compra o arrendamiento de una propiedad

• Acceso a líneas de crédito

• Cumplimiento de contratos

• Acceso a la ley

• Obtención de servicios de telecomunicaciones, electricidad y otros bienes como el agua

• Obtención de información sobre materias primas (y acceso a las mismas), precios, clientes potenciales y fuentes de suministro, bienes y servicios

• Costos laborales y sociales desproporcionados

• Impuestos crecientes.

Por tanto, las actividades económicas formales se dan con mayor frecuencia en entornos que favorecen la inversión y el comercio, y en los cuales el cumplimiento de las normas no supone asumir costos prohibitivos.

Por el contrario, los emprendedores que no son capaces de cumplir las difíciles, irrelevantes, contradictorias y prohibitivamente costosas normas y reglamentos, por lo general crean sus nuevas empresas en el sector informal de la economía.

Cuantos menos requisitos burocráticos sean necesarios para crear un negocio, mayor será el número de empresas formalmente registradas y también será mayor la tasa de entrada de nuevas empresas al mercado.

En los países donde es muy costoso crear una empresa (tanto en términos de tiempo como de dinero y esfuerzo), el número de empresas existentes siempre es inferior que donde ocurre lo contrario, por lo que se inhibe la iniciativa empresarial en el sector formal ocasionando un incremento de la informalidad.

Van Stel, Storey y Thurik (2007) encontraron evidencia empírica de que el número de procedimientos exigidos para entrar al mercado tiene un impacto negativo sobre la creación de nuevas empresas en el sector formal de la economía.

Ello se debe a que muchas empresas reducen sus costos directos por mano de obra, originando un incremento en las tasas de desempleo y el florecimiento de la economía informal, como forma de hacer frente al costo implícito de las regulaciones de entrada al mercado.

En consecuencia, un creciente número de emprendedores prefieren crear sus nuevas empresas en el sector informal para evadir las regulaciones existentes y sobreponerse a los fallos y corruptelas de las instituciones (Verheul et al, 2006).

Debe mencionarse que las barreras administrativas de entrada al mercado tienen un impacto aún más determinante en las pequeñas empresas, ya que las grandes siempre están en una posición financiera más holgada para internalizar rápidamente los costos que tales barreras pueden generar.

Sin embargo, como demostró De Soto (2000), para las pequeñas empresas algunos costos generados por dichas barreras alcanzan niveles tan altos que no pueden enfrentarlos, y en caso de que logren asumir esos costos su competitividad se ve seriamente afectada.

El costo de acceder al sector formal de la economía es el costo relacionado con el cumplimiento de las regulaciones estatales impuestas para registrar nuevas empresas, tanto en tiempo como en dinero y esfuerzo. Estos elevados costos hacen muy difícil que las pequeñas empresas se mantengan rentables, porque carecen del tamaño necesario requerido para realizar economías de escala sobre la inversión de capital.

De esta forma, cuando la formalidad es un privilegio al que solamente se accede mediante el poder económico y político, a los pequeños emprendedores no les queda otra alternativa que la informalidad, por lo que el Estado, al construir barreras que dificultan la formalización del capital, lo que hace es destruir el empleo formal y mantener a la población en condiciones de pobreza.

En general, las actividades económicas formales son más frecuentes en entornos que favorecen la inversión y el comercio, y en los cuales el cumplimiento de las normas no supone costos prohibitivos.

Cuando esas normas y reglamentos son eficaces, de bajo costo, predecibles y proporcionan la información comercial indispensable, las personas son más propensas a cumplirlas y a pagar por ellas.

Por el contrario, las actividades informales son a menudo la respuesta de emprendedores y empresarios que no son capaces de cumplir las difíciles, irrelevantes o prohibitivamente costosas normas y reglamentos, o la de aquellos que no tienen acceso a las instituciones del mercado.

Las normas mal concebidas resultan complicadas y obligan a hacer frente a la corrupción y a procesos burocráticos ineficaces que incrementan los costos y desaniman su cumplimiento, dificultan la participación económica y favorecen la corrupción endémica, impidiendo de este modo que los empresarios participen en la economía formal.

En comparación con el promedio de los países desarrollados, casi todos los países de América Latina han impuesto fuertes barreras administrativas a la actividad empresarial.

Las barreras de entrada representan el mayor problema, como son los procedimientos para el registro legal, registro fiscal y permisos laborales, entre otros. Estas barreras se hacen particularmente evidentes en cuanto al número de días que los emprendedores tardan para registrar formalmente sus empresas.

En promedio, un emprendedor en América Latina requiere hasta 74 días para registrar una empresa. En Venezuela, de modo sorprendente, se requieren 119 días en promedio (Méndez, 2006).

A ellas habría que agregar las barreras de localización, que también imponen obstáculos a las iniciativas emprendedoras en un amplio conjunto de negocios. Los permisos requeridos para localizarse en ciertos terrenos, obtener permisos de construcción y conexiones de servicios públicos, entre otros, incrementa sensiblemente los costos que muchos emprendedores deben enfrentar en América Latina.

Barreras que limitan el desempeño de las nuevas empresas

Una vez que logran entrar al mercado, las nuevas empresas formalmente creadas enfrentan elevados costos operacionales relacionados con diversas regulaciones burocráticas, así como con la red de corrupción que plaga las sociedades latinoamericanas.

Las barreras de operación impuestas por el Estado a las empresas son realmente abundantes y complejas. Una muestra de tales barreras son los altos costos no salariales del empleo formal que deben afrontar los empresarios latinoamericanos en proporción al costo laboral total, cuyo monto es un factor inhibidor de la actividad emprendedora formal.

Según Freije (2001), la gran extensión del empleo informal que caracteriza a Latinoamérica es precisamente la consecuencia directa de la excesiva regulación, especialmente nefasta para las pequeñas empresas.

Ello se debe a que esas regulaciones imponen una carga enorme a su desempeño, puesto que añaden costos extras en la contratación y despido de empleados, lo que limita su capacidad para emplear y retener trabajadores calificados.

Esto ha dado como resultado que las pequeñas empresas tengan que enfrentar una carga desproporcionada para cumplir con diversos tipos de regulaciones, debido a su limitada capacidad para cubrir los excesivos costos fijos del cumplimiento de las regulaciones y el complicado papeleo que eso implica.

En este sentido, el caso venezolano es el más notable de toda la región latinoamericana, pues desde el Estado se ha levantado un verdadero "cerco regulatorio discrecional" que limita fuertemente la actividad empresarial privada.

Las pequeñas empresas tienen menos capacidad para absorber estos gastos improductivos debido a que disponen de menos capital que las grandes empresas. Adicionalmente, cuentan con menores recursos gerenciales para llevar a cabo las tramitaciones requeridas.

Esta realidad obliga a muchas pequeñas empresas a refugiarse en la informalidad como un mecanismo de reducción de su estructura de costos. La informalidad se convierte entonces en un mecanismo de supervivencia empresarial (Méndez, 2004).

Como si fuera poco, al inicio de las operaciones de las nuevas empresas la corrupción comienza a operar de una forma más abierta, lo que complica aún más los procesos de gestión de los negocios recién creados.

En general, las barreras de operación están principalmente referidas a las regulaciones estatales impuestas a los mercados laborales latinoamericanos (Amadeo y Camargo, 1997; Chong y Zanforlin, 2000; Bosma, 2004).

Estas regulaciones suelen tener, a grandes rasgos, dos propósitos fundamentales. Por una parte, evitar un descenso de los salarios a niveles que no garanticen un nivel de vida satisfactorio para los trabajadores. Tales regulaciones están referidas a los contratos de trabajo en particular (regulaciones impuestas al empleo).

Por otro lado, también buscan evitar la inestabilidad que acompaña las relaciones laborales debido a las fluctuaciones cíclicas de la actividad económica. Estas regulaciones están referidas a las relaciones entre trabajadores y empleadores a través de contratos colectivos (regulaciones impuestas a las relaciones laborales).

Dentro del primer grupo se encuentran tres normas básicas: el salario mínimo, la protección al empleo (tiempo de preaviso antes del despido, compensación por antigüedad, indemnización por despido injustificado o prohibición de despidos) y las condiciones de trabajo (normas sobre trabajo infantil y juvenil, permisos prenatales, vacaciones, horas extra y contratos a tiempo parcial).

Dentro del segundo grupo se encuentran las normas de organización sindical y los mecanismos de contratación colectiva.

Lamentablemente, el mercado de trabajo en América Latina está claramente dividido en trabajadores formales e informales. Y eso tiene implicaciones decisivas porque el gran problema estructural de ese mercado es la lenta evolución de la demanda de trabajadores en el sector formal (Lora y Olivera, 1998; Márquez y Pagés, 1998; Lora, et al, 2001; Katz, 2001; Larroulet, 2003; Marshall, 2004).

La tasa de crecimiento de este sector de la economía se ha estancado en muchos de los países de la región, y de modo notable en Venezuela, o evoluciona a tasas que están muy por debajo de la tasa de crecimiento de la fuerza de trabajo, por lo que es evidente que la mayor proporción de iniciativas emprendedoras en la región, generadoras de nuevos puestos de trabajo, se lleva a cabo de modo preferente en el sector informal de la economía.

Distintos especialistas han subrayado desde hace tiempo que el alto grado de rigidez del mercado laboral es contrario a la ágil operación de las empresas, por cuya causa se restringe la capacidad de generación de empleo en el sector formal.

Ello se debe, a juicio de Betancourt, et al (1995), a los siguientes factores:

• Una alta protección del empleo en los sectores formales, mediante la elevación de los costos a las empresas que desean ajustar la demanda laboral

• Importantes impuestos a las nóminas de trabajadores, que han encarecido notablemente el empleo directo por parte de las empresas

• Procesos de fijación de salarios mínimos que no están asociados a la evolución de la productividad ni de la competitividad de las empresas

• Costosos mecanismos para la resolución de los conflictos laborales, incluyendo el despido de trabajadores

• Severas limitaciones para desarrollar la contratación temporal de mano de obra.

La presencia de múltiples regulaciones laborales en América Latina ha estimulado una enorme literatura respecto a sus efectos sobre el empleo, el desempleo total y el juvenil, la duración del desempleo, el empleo informal, los salarios y otras variables de interés (Esser, 1999; Grigorian y Martinez, 1999; Aron, 2000; Heckman y Pagés, 2000; IMF, 2003; Amorós, Cortés y Couyoumdjian, 2006; Garrett y Wall, 2006; Manzur, Olavarrieta e Hidalgo, 2006; Amorós y Cristi, 2007).

Los resultados más persistentes de estas investigaciones son los referidos al negativo impacto sobre la tasa de empleo, ya que casi todos los estudios recientes encuentran que aquellos países que tienen regulaciones más restrictivas en materia de protección al empleo y condiciones de trabajo también suelen contar con mayores tasas de desempleo.

Esta misma conclusión se encuentra en relación con el tamaño del empleo informal, la duración del desempleo y las tasas de desempleo juvenil, todos los cuales suelen ser mayores en países con una excesiva regulación protectora del empleo formal.

Las regulaciones sobre salarios mínimos pueden ser un instrumento importante en la lucha contra la pobreza, pero su efectividad depende críticamente del efecto que tengan sobre el empleo en el sector formal de la economía. Si bien los salarios mínimos aumentan los ingresos de los trabajadores formales de menor remuneración, se trata de una medida que también puede disminuir sus probabilidades de empleo y posee débiles efectos redistributivos.

De manera similar, las medidas de protección al empleo a través del encarecimiento o prohibición de los despidos tienen como efecto directo desincentivar la contratación de nuevos trabajadores y la realización de nuevas inversiones en las empresas, sobre todo en las pequeñas, por cuanto su capacidad de maniobra es sensiblemente menor que la de las grandes empresas.

Adicionalmente, las normas sobre inamovilidad laboral, antes que preservar puestos de trabajo, ha repercutido en una escasa creación de nuevos empleos.

En América Latina este costo es bastante alto en comparación al resto del mundo, y el de Venezuela se considera uno de los más elevados de la región. Heckman y Pagés (2000) estimaron que el costo de despido en América Latina oscilaba entre un mínimo del 15% y un máximo del 40%. Estas cifras contrastan con el costo de despido en países de la OCDE, que era inferior al 15% del salario anual en casi todos los casos.

Asimismo, estos autores encontraron que la disminución del empleo asociada al costo de despido es mayor en el sector formal que en el informal; en consecuencia, un aumento en la rigidez de las normas sobre estabilidad laboral se relaciona directamente con un incremento del desempleo en el sector formal.

Existe evidencia abrumadora que comprueba que las regulaciones en cuanto a protección al empleo, así como las prestaciones desmedidas de seguridad social, incrementan el desempleo general, y también pueden aumentar el empleo informal, la duración del desempleo y el desempleo juvenil (Landes, 1998; Aranguren, 1998; Salazar, 2000; Fernández Brignoni, 2001; Mora Bastidas, 2003; Serrano, 2004; Miles, Colmes y O"Grady, 2006).

Además, la cobertura de tales medidas es muy reducida, dado que sólo incluyen a los trabajadores del sector formal y no a los asalariados del sector informal ni a los trabajadores por cuenta propia no profesionales. Y los resultados son aún peores para los desempleados, que ven reducidas en mayor medida sus posibilidades de encontrar un nuevo empleo.

Por otro lado, las regulaciones que inciden sólo sobre ciertos grupos de trabajadores (por ejemplo, los permisos prenatales para las madres o los salarios subsidiados para trabajadores jóvenes) pueden inducir a que las empresas sustituyan a unos trabajadores por otros, distorsionando la asignación eficiente de sus recursos.

En cuanto a los efectos de las regulaciones en materia de relaciones entre empleados y empresarios, algunos autores señalan que una regulación muy estricta en materia de protección sindical aumenta el desempleo total.

De acuerdo con Hernández (2005), aun cuando la legislación laboral busca proteger los derechos de los trabajadores, si ella tiene un alto costo reduce la dinámica de generación de empleo debido a que las empresas son más cuidadosas a la hora de realizar nuevas contrataciones, sobre todo durante las épocas de recesión económica.

Pero durante los períodos de expansión las empresas también son muy cautelosas para contratar nuevos trabajadores, a pesar de necesitarlos, por temor a adquirir obligaciones muy onerosas a largo plazo. De allí que los más beneficiados de una legislación laboral demasiado ambiciosa son quienes ya tienen trabajo, pero reduce notoriamente las posibilidades de quienes no lo tienen.

Por otro lado, las empresas formalmente establecidas enfrentan elevados costos operacionales relacionados con impuestos, tasas, aranceles y otras contribuciones.

Se acepta generalmente que un alto nivel de impuestos puede suponer una traba al crecimiento y la competitividad de la economía, en la medida en que los gravámenes al consumo, a la renta y a la riqueza desalientan el gasto familiar, desincentivan el trabajo y frenan el ahorro y la inversión, así como la creación de nuevas empresas.

Además, los elevados impuestos cobrados a las empresas hacen muy difícil que los pequeños emprendimientos se mantengan lucrativos, porque carecen del tamaño necesario para realizar economías de escala sobre la inversión de capital. Paralelamente, las barreras arancelarias y para-arancelarias, que favorecen a las grandes empresas, suelen perjudicar a la pequeña empresa.

Además de las fallas de las mismas regulaciones, los deficientes procesos de solución de litigios laborales y las demoras excesivas en los trámites judiciales imponen un elevado costo a las pequeñas empresas. Estos costos pueden ser proporcionalmente bajos para la gran empresa, pero pueden significar la muerte para las pequeñas.

Dado que la complejidad de la legislación laboral de América Latina dificulta enormemente su interpretación y aplicación, a los emprendedores, principalmente a los pequeños, les resulta más cómodo incumplirla que obedecerla al pie de la letra.

De ese modo, los emprendedores que desean establecerse legalmente encuentran que se les hace muy costoso cumplir las exigencias establecidas para ello en la frondosa regulación existente, viéndose obligados en muchos casos a actuar al margen de la misma.

Comentarios finales

Las consideraciones anteriores señalan claramente que las bases sobre las cuales descansa la actividad económica privada en América Latina están sometidas a complicadas y desalentadoras regulaciones, con lo cual se crea una alta incertidumbre institucional así como un entorno de inseguridad jurídica que suprime las condiciones adecuadas para las inversiones y el sostenimiento a largo plazo de la iniciativa privada.

La preocupación general que despiertan esas regulaciones es que no conducen necesariamente a un incremento de la producción de la economía o del empleo total.

Ningún programa que pretenda incentivar la creación de nuevos empleos de calidad puede tener resultados satisfactorios sin una demanda laboral privada dinámica, producto de tasas de crecimiento económico altas y estables y de expectativas que induzcan a las empresas a contratar más personal.

Mientras eso no ocurra, la solución coyuntural del desempleo y del empleo informal se reduce a la disponibilidad de suficientes recursos en manos del Estado para crear empleos en el sector público. Naturalmente, no se trata de una política sostenible a largo plazo.

Esta realidad obliga a las empresas pequeñas y medianas a refugiarse en la informalidad como un mecanismo de reducción de su estructura de costos. La informalidad se convierte entonces en un mecanismo de supervivencia empresarial.

Es evidente, por lo tanto, que operar una empresa en América Latina es una tarea ardua, producto de las distintas barreras impuestas por el Estado.

Por si fuera poco, a estas barreras se unen diversas creencias muy distorsionadas sobre los emprendedores y el proceso emprendedor, de acuerdo con las cuales pareciera que deben reunir un conjunto de cualidades casi sobrehumanas para ser exitosos en el mundo de los negocios.

La discusión de tales creencias, así como establecer el balance que ha quedado claramente asentado luego de décadas de investigación académica del tema, es el objetivo central del siguiente artículo de esta serie del autor.

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Autor:

Lic. José Leonardo Méndez

Consultor en sistemas de desarrollo local sostenible

Mérida – Venezuela

Mayo de 2010

El autor es egresado de la Universidad de Los Andes (Mérida, Venezuela), en la cual obtuvo una Maestría en Planificación, y se ha especializado en varios aspectos del desarrollo local sostenible. Su experiencia profesional abarca numerosas actividades en el campo de la planificación y gerencia de proyectos de desarrollo. Es autor de varios libros en su área de conocimiento, entre los cuales destacan los siguientes: La Evaluación Social de Proyectos de Desarrollo: Un Análisis Interpretativo (1993); Modelo de Evaluación de Impactos Socioterritoriales de Proyectos de Desarrollo (1996); Evaluación Socioambiental de Proyectos de Desarrollo en Ámbitos Municipales (1997); Mérida en las Perspectivas del Siglo XXI (1998. Coautor); Ordenación del Territorio: Proceso de Revisión, Modificación y Gestión del Plan (2002. Coautor); Planificación del Desarrollo Rural Sostenible en Ámbitos Municipales (2003); Gestión del Desarrollo Sostenible en Comunidades Locales (2004); Alcances y Posibilidades de la Planificación Territorial en Ámbitos Municipales (2004); Los Estudios Prospectivos en Planificación Territorial: Métodos y Enfoques (2005); Alternativas de Desarrollo para Pequeños Emprendedores en Entornos de Alta Incertidumbre (2006). Desde el año 2006 se dedica a la capacitación y asesoramiento de pequeños emprendedores en el sistema de negocios de respuesta directa.