En este contexto global, otro factor que destaca, cuando se trata de hablar de derechos de comunicación y ciudadanía, es el malestar que se manifiesta respecto a la democracia "realmente existente" en prácticamente todas las sociedades bajo régimen democrático occidental, por supuesto con el tono y dimensión a las particulares dinámicas internas de ellas. Haciéndose eco de esta realidad, la Agenda Latinoamericana-mundial 2007 aborda esta temática con una serie de reflexiones de diversos autores y autoras, comenzando por las de su director, Pedro Casaldáliga (2006), quien coloca una certera serie de preguntas: "¿De qué hablamos cuando hablamos de democracia? La democracia actual, que es la forma política común de Occidente, en qué es o no es democracia. ¿’Votar, callar y ver la tele’, como decía el humorista? La democracia que conocemos, para la mayoría es fundamentalmente democracia electoral y aun con todas las restricciones impuestas por el capital y sus medios de comunicación. No es democracia económica, ni democracia social, ni democracia étnico-cultural. No es democracia participativa, es, cuando mucho, delegada o representativa; pero ¿representativa de qué intereses y delegada con qué controles?" Estas preocupaciones, en esencia, son las que condensan el accionar público de una diversidad de movimientos y organizaciones ciudadanos que pugnan por una nueva democracia participativa, bajo la premisa que los males de la democracia tienen que curarse con más democracia. Pero el frente conservador ha sostenido y sostiene que tal planteamiento no es viable porque el exceso de demandas terminará provocando una sobrecarga del sistema y la consiguiente crisis de autoridad o de gobernabilidad –como suele decirse en el mundo institucional-, por tanto, que la solución es menos democracia, apelando a elites "lucidas" y mejores mecanismos procedimentales. La terca realidad, sin embargo, señala que la emergencia de nuevos actores y discursos políticos que desafían los causes institucionales y al sistema de partidos, se ha traducido en importantes redefiniciones de la agenda pública y, a la postre, de la política institucionalizada. Y, a la par, resulta sintomático que cada vez más la gente no se sienta representada por los partidos políticos, en la medida que son vistos más como integrantes del aparato del Estado que como canales de expresiones de la sociedad civil, por la prioridad que dan a sus funciones institucionales en desmedro de las que tienen que ver con la vinculación social. Es así que los partidos han dejado de ser el agente único de mediación política, ante el surgimiento de otros actores –particularmente los movimientos sociales- que se presentan en sus antípodas: no jerarquizados, flexibles, descentralizados, con rotación en puestos de mando, propiciando la designación paritaria de género y representación de minorías, exigiendo transparencia, rendición de cuentas, participación amplia en la toma de decisiones, etc. En América Latina, con el retorno constitucional tras la larga y obscura noche dictatorial, se establecieron "democracias de baja intensidad", "democracias incompletas" y otras denominaciones afines. La expectativa inicialmente generada, pronto dio paso al desencanto, que ha ido en aumento, por cuanto en la región se adoptan las políticas de corte neoliberal diseñadas por el Consenso de Washigton que han conllevado a una creciente concentración del poder y las riquezas, al empobrecimiento generalizado de las mayorías y al deterioro de sus condiciones de vida. Esto es, las promesas de bienestar de las reformas económicas neoliberales no sólo que no llegaron, sino que, por el contrario, lo que se ha producido es una mayor desigualdad social, que ha colocado a los estratos medios en situaciones de exclusión. Bajo estas condiciones, esas grandes mayorías ciudadanas se han visto forzadas a ocuparse de la sobrevivencia cotidiana, alejándose de cualquier posibilidad de intervenir en los asuntos públicos y en la toma de decisiones sobre los destinos de la sociedad. Como recientemente lo reconoció el ex secretario de la OEA y ex presidente de Colombia, César Gaviria, en el foro "Globalización y Democracia" realizado en Bogotá. "Al hacer un balance sobre los más de quince años de aplicación del modelo neoliberal en Colombia que él emprendió en 1990, dijo: ‘reconozco mi cuota de culpa de haber creído que esos cambios económicos iban a generar crecimiento sostenido y mejoramiento de los indicadores de la desigualdad y la pobreza’, agregando que las reformas económicas son importantes, pero no la tarea fundamental, y, dentro de lo que catalogó como ‘factores no económicos del crecimiento’, insistió en el papel del Estado y de sus instituciones, ya que la solución de los problemas sociales depende que éste funcione y no empujar sin criterio la privatización’". (Suárez Montoya: 2006) Daniel Campione (2006), analizando el proceso vivido en Argentina, pero que perfectamente calza para el resto de países latinoamericanos, señala: "La democracia argentina de los 80-90 puede ser entendida, y así lo hacen varios autores, como una democracia degradada, con las instituciones avasalladas por el ‘decisionismo’ desplegado desde la conducción estatal, que rebasa normas jurídicas y manifestaciones de voluntad social contrarias a las soluciones elegidas. Más allá de cambios de orientación en las políticas adoptadas, en más de un sentido esa caracterización puede ser mantenida hasta el presente. "Sin embargo, nos inclinamos a pensar que operan fenómenos más complejos y profundos: Asistimos a la transformación del contenido de un régimen político sobre una armadura jurídico-constitucional que permanece intocada en lo sustancial. La representación política (aun con todas las limitaciones de la democracia parlamentaria) y el sentido amplio de ciudadanía, tienden a debilitarse seriamente, a favor del imperio indiscutido de una elite política sin otro compromiso firme que el de ‘procesar’ las orientaciones del gran capital. Se espera que la dirigencia ponga toda su dedicación y recursos para contribuir a optimizar las posibilidades de obtención de ganancias por la gran empresa en su ámbito territorial, y para el ‘posicionamiento’ del país en el mercado mundial, adecuando en lo posible el desenvolvimiento ideológico y cultural a esos requerimientos". Y más adelante acota: "…la transición al régimen democrático y su estabilización no les trajo aparejada (a las clases subalternas) ninguna ventaja apreciable, sino al contrario la persistencia del deterioro social y la expansión de las carencias a sectores cada vez más amplios".
Nuevos protagonismos
El descontento con el funcionamiento de la democracia y el incremento de la desconfianza frente a la institucionalidad y los partidos políticos llevaron a que se ponga sobre el tapete el tema de la "gobernabilidad", vista como el gerenciamiento de mecanismos de control y compensación social para evitar las repercusiones perturbadoras de las inequidades y desigualdades sociales, dejando de lado una cuestión central: el bloqueo de los canales institucionales para procesar las demandas sociales. Y es, justamente, ese bloqueo el que ha dado pauta para que se proyecten movimientos sociales de los más diversos, y cada vez más politizados, que más allá de sus reivindicaciones específicas demandan reformas políticas profundas, con la mirada en la instalación de asambleas constituyentes que refunden la democracia. De hecho, estos movimientos se han constituido como espacios que se sustentan en la construcción de ciudadanía, reivindicando derechos en contraposición al clientelismo y las dádivas o caridad de los poderes establecidos. Pero además, un buen contingente le ha dado cara a la globalización, estableciendo articulaciones internacionales cuya expresión más significativa es el Foro Social Mundial en donde se promueve la construcción de una agenda social global, que por supuesto incluye una agenda social en comunicación. La globalización mirada desde este lado lo sintetiza el eslogan de la Vía Campesina que dice: "globalicemos la lucha, globalicemos la esperanza". La irrupción de estos movimientos en la escena política latinoamericana parece estar llevando a que incluso dentro de los organismos multilaterales se trate de afinar los enfoques, como lo insinúa la revista IDEA del Banco Interamericano de Desarrollo, BID (2006), cuando señala: "Los movimientos sociales han sido considerados tradicionalmente desviaciones de la norma; producto, básicamente, de la atomización, alienación y frustración social. Pero un vistazo desde una nueva perspectiva permite captar individuos que son racionales, socialmente activos y bien integrados a la comunidad, pero ansiosos de hacer valer sus intereses a través de canales distintos a los que ofrecen las instituciones establecidas. Dada la naturaleza en general pacífica y contenida de estos movimientos y el apoyo de los medios de comunicación, que contribuyen a darlos a conocer, legitimarlos y amplificarlos, los movimientos sociales se han convertido en un actor político complejo e influyente". La nota tiene como destaque: "Las protestas sociales se han convertido en un instrumento político poderoso, capaz de derrocar presidentes". En efecto, por acción de estos movimientos un buen número de mandatarios de varios países de la región han sido derrocados, en la mayoría de casos vinculados a escándalos de corrupción (un componente muy presente en los procesos de privatización), pero a ellos se debe también que en los últimos años el mapa político haya cambiado de color, ante la presencia de gobernantes que apuntan a cambios o cuando menos correctivos a las políticas dictadas por el Consenso de Washington. En el año en curso, esta tendencia pudo ampliarse mucho más, pero más pudieron procedimientos con fuerte olor a fraude (Costa Rica, Perú, México, Ecuador), dizque para "salvar la democracia". Como sea, en Latinoamérica y Caribe se perfila una creciente, e inédita, reivindicación de autonomía de los gobiernos respecto a Estados Unidos, que abre la perspectiva de avanzar en la integración regional. Tan solo para dimensionar este giro socialmente hablando, hoy tenemos a un mulato gobernando en Venezuela; un obrero, en Brasil; y un indígena, en Bolivia. Y eso hace que más allá de sus comportamientos políticos, las elites los rechacen. De los tres, Lula es sin duda quien más concesiones ha hecho, pero como anota Boff: "Es notorio que nuestras elites políticas y económicas se sienten incómodas con un obrero en la presidencia. Ellas llevaron a cabo la Independencia y proclamaron la República sin el pueblo y hasta contra el pueblo. Nunca cultivaron una relación orgánica con él. Al contrario, jamás lo reconocieron y admiraron, con excepción de su carnaval y su canción popular".
¿Dictadura mediática?
Este contexto, de obvia polarización social, ha repercutido sobre el sistema mediático, dando lugar a que se considere que los grandes medios prácticamente han pasado a ocupar el vacío que se ha creado por el descalabro de los partidos del establecimiento, como articuladores de este sector, lo cual ha redundado en su creciente pérdida de credibilidad. De modo que el virtual "consenso mediático" (a imagen y semejanza del Consenso de Washington) establecido en la región entre esos grandes medios, también se ha visto afectado. En este sentido la situación más relevante es la de Venezuela, donde el 11 de abril 2002 fue escenario de un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez, quien, en un hecho inusual, fue restituido al poder por la reacción popular. Como han coincidido en señalar un sinnúmero de analistas, se trató básicamente de un "golpe mediático", por el rol que jugaron en estos acontecimientos los grandes medios, particularmente la TV. Al analizar estos sucesos, Roberto Hernández Montoya (2003), sostiene: "La singularidad de la Venezuela de abril de 2002 es que lo esencial giró alrededor de los medios. Fueron el campo de batalla y las armas de la batalla al mismo tiempo. Los militares dieron el golpe a través de los medios desde el 7 de febrero… (pero) Asimismo ocurrió con la recuperación del poder por parte de Chávez. También mediática… Pero fue mucho más, porque el 12 y el 13 para la recuperación del poder sí hubo desplazamientos no mediáticos; eso sí: mediante la participación de medios no tradicionales". Una situación parecida, con las particularidades del caso, se había registrado el 19 y 20 diciembre 2001 en Argentina, cuando las movilizaciones populares con sus "cacerolazos" forzaron la salida del presidente Fernando de la Rúa. Luego, habría de repetirse en Bolivia, en la insurrección de octubre 2003 y en la de junio 2005, que propiciaron la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada y de Carlos Mesa, respectivamente, como también en la rebelión ocurrida en Ecuador en abril 2005, donde el presidente Lucio Gutiérrez corrió similar suerte. Pero también ha sido una constante en México y otros países. De ahí que no le falta razón a Hernández Montoya cuando advierte: "Ya la amenaza no es de las dictaduras clásicas solamente, sino de la dictadura que instauran los medios, como han hecho en Venezuela". En tal sentido, lo acontecido en los diversos procesos electorales registrados en Latinoamérica en el curso de este año, resulta muy ilustrativo. Para referirme tan solo a la última contienda, que fue la realizada en Brasil, en el acto de celebración por la reelección del presidente Lula, apareció un tela que decía: "el pueblo venció a los media", como denuncia al rol jugado por éstos en la campaña. En efecto, diversos analistas coinciden en señalar que los medios forzaron la realización del segundo turno, entre ellos el dueño de la empresa de encuestas Vox Populi, Marcos Coimbra, particularmente por la cobertura parcial que realizaron en las vísperas del primer turno. Por tal razón, diversos intelectuales (más de 4.500) suscribieron el "Manifesto por uma Mídia Democrática e Independente", en el cual, apoyándose en cifras del Observatorio Brasileño de los Media, señalan que la semana que antecedió al primer turno se registró "una brutal escalada de parcialidad e improbidad por parte de los grandes medios brasileños". Según esas cifras, las notas negativas sobre los dos candidatos más opcionados que difundieron los cinco grandes periódicos se reparten así: 226 para Lula y tan sólo 17 para Geraldo Alckim. Y más adelante acotan: "Exigimos respeto al principio de la igualdad de condiciones –en este caso: de equilibrio informativo en las referencias positivas y negativas para los dos candidatos-, sin el cual no se puede hablar de elecciones libres. Exigimos que cese inmediatamente el desequilibrio criminal en el reparto de notas negativas y positivas entre los dos candidatos". En sus primeras declaraciones, el presidente brasileño anticipó que en su segundo mandato impulsará la reforma política y la democratización de la comunicación, acogiendo el pedido que en tal sentido vienen formulando movimientos sociales y ciudadanos, entre los que destaca el Foro Nacional de Democratización de la Comunicación (FNDC) constituido en 1991.
Un movimiento que avanza
Como un signo de los nuevos tiempos, en la región se puede apreciar que está ganando presencia pública el debate sobre los medios y la comunicación en general. La demanda de un amplio debate sobre el tema ha sido una de los principales planteamientos del movimiento por la democratización de la comunicación, que se viene construyendo a partir del que se formó para impulsar el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), cuyo coralario más significativo fue el Informe MacBride (Un solo mundo, voces múltiples). Como se recordará, este informe fue aceptado por consenso en la XXI Conferencia General de la UNESCO realizada en Belgrado en 1975, pero no implementado debido al enfrentamiento que provocó entre países partidarios y adversarios, hasta la salida de Estados Unidos (1984) y el Reino Unido (1985) de ese organismo mundial como medida de fuerza para que éste modifique su agenda, como en efecto sucedió. El polémico informe, basado en un estudio riguroso, señalaba la necesidad de superar las desigualdades y desequilibrios existentes en los ámbitos de la comunicación, información y cultura entre el mundo rico del Norte y el pobre del Sur, con énfasis en el respeto al pluralismo y la diversidad. 26 años después, las desigualdades y desequilibrios señalados no solo que perduran, sino que se han agravado. No obstante los avatares en el plano oficial, y el sesgo voluntarista e incluso elitista -al no apelar a la participación ciudadana– que prevaleció, es justo reconocer que las ideas fuerza del NOMIC calaron en espacios sociales por lo que, empatando con las aperturas democráticas, por ejemplo, fue acogida la proclama: "sin democratización de la comunicación, no hay democracia", promovida por diversos actores sociales vinculados a este sector, entre ellos el mundo de lo que se ha dado en llamar "comunicación alternativa". Es generalizada la duda sobre la utilidad y, por tanto, sentido de las cumbres mundiales promovidas por Naciones Unidas. Pero lo que no se puede desconocer es que éstas han permitido catalizar procesos de convergencia de la sociedad civil. Es así que, la confluencia de entidades comprometidas en promover el derecho a la comunicación logra cuajar, por primera vez, de cara a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos celebrada en Viena, el mes de junio 1993. Uno de los aportes en tal sentido fue el Encuentro Latinoamericano de Medios de Comunicación Alternativa y Popular" (Quito, 19-23 abril 1993), que formuló una propuesta a dicha Cumbre para que se afirme y fortalezca el Derecho a la Comunicación. En 1998, coincidiendo con el 50 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en Ottawa, tiene lugar el Foro Mundial Viena+5, para hacer el balance desde la sociedad civil, donde se reafirma la demanda por el Derecho a la Comunicación y se exhorta a Naciones Unidas que convoque a una Conferencia Mundial de la Comunicación, con amplia participación de la sociedad civil. Esta vez, la demanda por el Derecho a la Comunicación fue formulada como "una aspiración que se inscribe en el devenir histórico que comenzó con el reconocimiento de derechos a los propietarios de los medios de información, luego a quienes trabajan bajo relaciones de dependencia en ellos, y, finalmente, a todas las personas, que la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, lo consignó como el derecho a la información y a la libertad de expresión y opinión. Parte de una concepción más englobante de todos los derechos reconocidos y reivindicados en torno a la comunicación, que incorpora de manera particular los nuevos derechos relacionados con el cambiante escenario de la comunicación, y un enfoque más interactivo de la comunicación, en el cual los actores sociales son sujetos de la producción informativa y no simplemente receptores pasivos de la información. Asimismo, asume que el reconocimiento de este derecho es necesario al ejercicio de los demás derechos humanos y un elemento fundamental de la vigencia democrática". (León: 1998) En este marco, y en conexión con el evento en Ottawa, también se realizó, en San Salvador, El Salvador (9-11 septiembre 1998), el Foro Internacional: Comunicación y Ciudadanía, que tuvo la particularidad de propiciar una confluencia entre el mundo de la comunicación y los movimientos sociales, asumiendo que la lucha por la democratización de la comunicación precisa ir más allá de los sectores involucrados directamente en este campo, para que se convierta en bandera de todos los movimientos sociales y ciudadanos. Esto es, ahí se tendieron puentes para una interacción que ha prosperado significativamente con el devenir del tiempo. El pedido de la Conferencia Mundial de Comunicación formulada por la sociedad civil coadyuvó para que el organismo mundial –que había decidido suspender la organización de cumbres mundiales- convoque a la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI). Y bueno, en la fase preparatoria surge la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información (CRIS, por su sigla en inglés), impulsada sobre todo por entidades de Europa y América Latina que ya venían convergiendo en torno a anteriores iniciativas -sea eventos puntuales, redes o plataformas-; en la cual encontraron por primera vez un espacio de aglutinación común que planteaba una convocatoria mundial. Vale anotar que tal campaña fue lanzada en el marco del Foro Social Mundial 2002, realizado en Porto Alegre.
Hablando de derechos
Con la Campaña por los Derechos de la Comunicación en la Sociedad de la Información se estableció una plataforma clave para promover un enfoque de derechos en la CMSI, como alternativa a la visión tecnologista que primaba en la convocatoria de ésta. Por lo mismo, le correspondió asumir un cierto liderazgo entre sectores de la sociedad civil que coincidían en esta meta. Si bien muchos de los actores de CRIS siguen defendiendo el concepto del "derecho a la comunicación", el término "derechos de la comunicación" (communication rights) fue preferido en el contexto de la CMSI por ser percibido como menos polémico, y por lo tanto, de más amplia convocatoria. Además, se llegó a un consenso entre actores de la sociedad civil de que, antes de plantear nuevos derechos internacionales (tarea que, de todas maneras, no figuraba en el mandato de la Cumbre), lo urgente era lograr garantías para el pleno ejercicio de los derechos ya reconocidos, lo cual está aún lejos de ser una realidad. Vale aclarar que en inglés, el derecho a la comunicación, se traduce the right to communicate. El uso del verbo le da una connotación más proactiva ("el derecho a comunicar"). (Communication rights traducimos como "derechos de la comunicación", pero a veces se traduce "derechos a la comunicación"). Cabe recordar que el concepto del derecho a la comunicación fue acuñado en el marco del NOMIC, en los años 70 y 80, y estuvo al centro de la disputa en la UNESCO señalada anteriormente. El informe de la Comisión MacBride a la Asamblea General de 1975, señala: "Nuestras conclusiones están fundadas en la firme convicción que la comunicación es un derecho individual básico así como un requerimiento colectivo de todas las comunidades y naciones. La libertad de información –y más específicamente el derecho a buscar, recibir e impartir información- es un derecho fundamental, y, por cierto un pre-requisito para muchos otros. La naturaleza inherente a la comunicación, su pleno ejercicio y potencial dependen del entorno político, social y de las condiciones económicas (…). Es en este contexto que la democratización de la comunicación en los niveles nacional e internacional, así como el más amplio rol de la comunicación en democratizar la sociedad, adquieren la máxima importancia". (Citado por Burch, S et al:2004). En ciertos sectores del entorno de Naciones Unidas, el término "derecho a la comunicación" sigue siendo asociado a una lectura sesgada del NOMIC, promovida por sus detractores. Ello contribuyó a agudizar el debate sobre el tema en el marco de la propia CMSI. Finalmente se evitó la referencia directa, reteniendo la definición: "La comunicación es un proceso social fundamental, una necesidad humana básica y el fundamento de toda organización social.", como reza en el párrafo 4 de la Declaración de Principios de la Cumbre. Si bien ningún instrumento internacional reconoce, hasta ahora, el derecho a la comunicación, sectores que defienden la democratización de la comunicación siguen argumentando la necesidad de formular un nuevo derecho en el marco de la ley internacional, que, partiendo del marco jurídico internacional existente, establecería un "derecho a la comunicación" como derecho inalienable de todas las personas. Esta posición reconoce que diversos derechos humanos existentes son componentes clave de éste, pero que un derecho explícito a la comunicación los reforzaría, conceptualmente y en la práctica. Sin embargo, la definición precisa de este derecho queda todavía por elaborar. El término "derechos de la comunicación", en cambio, al utilizar el plural, apunta implícitamente hacia los derechos existentes que se relacionan con la comunicación. Si bien el énfasis se desplaza hacia la plena realización de los derechos de la comunicación ya reconocidos en instrumentos internacionales y nacionales, -y ya no en establecer un nuevo marco global de derechos- sin embargo, deja entreabierta la puerta a la eventualidad de plantear, a futuro, nuevos derechos, correspondientes a las nuevas realidades comunicacionales. En tal sentido, como escribe Seán O'Siochrú (2005), de la Campaña CRIS, "El llamado a la realización de los derechos de la comunicación, y la reafirmación de que cada cual tiene -o debe tener- un derecho a la comunicación, son demandas plenamente complementarias. El 'derecho a la comunicación' se puede emplear como un grito informal de movilización para la incidencia pública; pero también puede ser utilizado con un sentido legal formal, con un estatus similar a otros derechos fundamentales, consagrados en el derecho internacional. Los derechos de la comunicación se relacionan en forma más inmediata con un conjunto de derechos humanos existentes, que a mucha gente están vedados, y cuyo significado completo solo puede realizarse cuando se los considera juntos, como un grupo interrelacionado". Así, la libertad de expresión, tal como está reconocida en instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, sería el núcleo de los derechos de la comunicación; pero la defensa de éstos va más allá, en el sentido de asegurar las condiciones para el pleno ejercicio de la libertad de expresión, en las actuales sociedades mediatizadas, donde el control sobre los recursos de la comunicación está distribuido de manera bastante desigual. Para O'Siochrú: "Una aproximación inicial a la meta de los derechos de la comunicación podría expresarse así: éstos buscan asegurar la generación de un ciclo ponderado, creativo y respetuoso de interacción entre las personas y los grupos en la sociedad, que ratifique en la práctica el derecho de todos y todas, en igualdad de condiciones, para que sus ideas sean expresadas, oídas, escuchadas, consideradas y respondidas". Por su parte, Cees Hamelink (2003) establece los vínculos entre la libertad de expresión y aspectos de otros derechos "conexos" o "habilitadores", igualmente contenidos en instrumentos internacionales de derechos. Estos incluirían: – El derecho a participar en su propia cultura, de utilizar su lengua materna, incluyendo las minorías étnicas, religiosas o lingüísticas; – El derecho a la información con respecto a asuntos de gobierno y de interés público (libertad de información); -El derecho a la protección de los intereses morales y materiales de los autores; – El derecho al honor y a la reputación propia, y a la protección contra ataques personales; – El derecho a la privacidad; – El derecho a las reuniones y a la asociación pacíficas; – El derecho a la educación primaria gratuita y a la introducción progresiva de la educación secundaria gratuita.
Plataforma común
Si los derechos de la comunicación adquieren especial relevancia hoy en día, es sobre todo por la importancia inédita que ha ido adquiriendo la comunicación en la sociedad actual. Factores como la creciente influencia de los media en casi todas las esferas de la vida -a lo cual se añade la tendencia a la concentración de su propiedad-; o el fenómeno de las telecomunicaciones, las tecnologías digitales e Internet, con su potencial democratizador de la comunicación, a la vez que sus peligros, como la facilidad de vigilancia electrónica, hacen que los derechos reconocidos hasta ahora en este plano, a lo mejor ya no sean suficientes, o que surja la necesidad de nuevas garantías y protecciones de derechos que hace poco se daban por adquiridos. Si desde hace más de dos siglos, la definición de derechos ha sido un proceso en evolución, no hay por qué suponer que este proceso haya terminado. Pero más allá de las definiciones y marcos legales, el concepto de derechos de la comunicación nos ayuda a reivindicar su función social y a defender que no pueda ser tratado simplemente como un sector más de la economía, un servicio comercial, un negocio privado. Si la defensa de la libertad de expresión fue articulada sobre todo frente a la amenaza de Estados totalitarios -y su marco legal sigue respondiendo principalmente a ésta-, hoy conviene preguntarnos si la mayor amenaza no proviene más bien de la concentración en grandes conglomerados mediáticos, cuyo poder está prácticamente por encima del Estado. Los marcos actuales de derechos prácticamente no ofrecen ninguna protección a la ciudadanía frente a ello. Como señala O'Siochrú, "El peligro inminente es que cada momento del ciclo se está atando a las necesidades del capital y del mercado. El peligro en última instancia es que el ciclo del proceso de la comunicación en la sociedad sea interrumpido, que el proceso de aprendizaje social se haga cada vez más débil, y que al final el proceso de la creatividad sea transformado y reducido a la generación de ganancia a corto plazo, en forma insostenible, para una pequeña minoría (…) Los 'derechos de la comunicación', como concepto y como práctica, potencialmente tienen la profundidad y la amplitud para poder evaluar críticamente y entender estos peligros, pero también para ayudarnos a organizar soluciones integrales para abordarlas". Con miras a buscar respuestas a estos retos en América Latina y el Caribe, diversas redes regionales de comunicación que venían participando en la Campaña CRIS acordaron, a partir del 1er Foro Social Américas (Quito, julio 2004), confluir en la convocatoria de una Campaña Continental por los Derechos de la Comunicación. Esta campaña, en construcción, apunta a desarrollar acciones conjuntas y enlazar las iniciativas aisladas, al proponer una plataforma común para la diversidad de respuestas ciudadanas que han ido articulándose en torno a la problemática. Éstas incluyen, entre muchas otras, a las redes de comunicación alternativa, comunitaria o ciudadana, los observatorios de medios, las iniciativas de alfabetización mediática y de educomunicación, los defensores del lector, las instancias de defensa de consumidores/as de medios, las luchas por preservar la pluralidad y diversidad de medios frente a los intentos de monopolización, aquellas por democratizar las ondas radiales, propuestas de perspectiva e igualdad de género, las iniciativas de periodistas por defender su rol de servicio público ante la mercantilización de los medios, espacios de concertación para gravitar (advocacy) en instancias de decisión, etc. Más allá de la dimensión mediática, se ha identificado también a otros ámbitos convergentes, como las luchas culturales, el movimiento del software libre, la defensa del acceso universal y apropiación efectiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la lucha frente a los derechos de propiedad intelectual por recuperar el equilibrio entre intereses de autores, ciudadanía y empresas, para nombrar algunos. Asimismo, ante la importancia de contar con actividades de investigación que contribuyan a enfocar nuevos terrenos y formas de acción, se apunta a estrechar los vínculos con los investigadores e investigadoras en la materia, como también a la elaboración de documentos de vulgarización de investigaciones y actividades de intercambio entre teoría y práctica. Además, en el mismo sentido se inscribe el involucramiento cada vez mayor de movimientos y organizaciones sociales cuya agenda de luchas incorpora la democratización de la comunicación, reconociendo su creciente importancia estratégica, como condición fundamental que permita "equilibrar las reglas de juego" en este ámbito, a fin de poder disputar sentidos y proyectos de sociedad.
Bibliografía
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Osvaldo León
Director General de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI), Quito-Ecuador
Ecuatoriano, estudió Ciencias de la Comunicación (maestría) en la Universidad de Montreal, Canadá, y Psicología Industrial (doctorado) en la Universidad Central del Ecuador. Actualmente es coordinador de la Agencia Latinoamericana de Información (ALAI). Ponencia presentada en el FORO IBEROAMERICANO DE LIBERTAD DE EXPRESIÓN, Sesión plenaria: Derechos de comunicación y ciudadanía, Cádiz, 18 noviembre 2006, que se realizó en el marco del IX Congreso Iberoamericano de Comunicación.
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