La democratización de la comunicación en camino

1. El Gran Hermano
3. Nuevos protagonismos
4. ¿Dictadura mediática?
5. Un movimiento que avanza
6. Hablando de derechos
7. Plataforma común
8. Bibliografía

En los tiempos que corren, los derechos de comunicación y ciudadanía se ven confrontados a serias amenazas y restricciones emanadas de instancias de poder, pero a la vez se afirman en cada vez más amplios movimientos sociales y de opinión. De hecho, esta situación no es más que un reflejo de la tensión que está sacudiendo a la democracia misma.

En América Latina y el Caribe, una serie de indicios apunta a señalar que se asiste a un momento de giros importantes que se dirimirán en el plano político, ante el generalizado malestar ciudadano por el déficit de la democratización y los impactos de las reformas neoliberales. En este marco está cobrando fuerza la demanda por la democratización de la comunicación.

El Gran Hermano

La primera víctima de la guerra es la verdad –y por ende el periodismo-, es una sentencia consagrada. La decisión del gobierno del presidente Bush de entablar una guerra indefinida contra el terrorismo, tras el atentado del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas de Nueva York, ha confirmado tal sentencia, con la particularidad que en las circunstancias le sirvió de palanca para lograr que la opinión pública doméstica acepte la ecuación más "seguridad" a cambio de recortes en las libertades y derechos civiles consagrados, con serias repercusiones en materia de comunicación.

La nueva Doctrina de Seguridad Nacional estadounidense adoptada nueve días después del atentado, define la actual estrategia de ese país con la cual se atribuye el derecho de guerra preventiva en cualquier lugar del mundo. Este concepto marca un giro en la política internacional, pues establece que en adelante sólo prevalecerá una nación soberana y que las demás y el derecho internacional tendrán que subordinarse a tal designio. Esto implica que cualquier acción adversa a Estados Unidos es susceptible de ser considerada como terrorista.

El 26 de octubre 2001, Bush suscribe el Acta Patriótica que "otorgó a las agencias de inteligencia poderes ilimitados para la escucha de cualquier teléfono. A estas agencias también se les autorizó recopilar una amplia gama de información de varias instituciones públicas –escuelas, hospitales, instituciones financieras de crédito y otras, comunicaciones en Internet, establecimientos comerciales, entre otras- sin tener que revelar ante juzgado alguno ni una acusación criminal, ni el propósito y alcance de la investigación, con la sola condición que tenga que ver con una vaga sospecha de ‘terrorismo’", escribe Ahmad Aijaz (2003).

Desde entonces, se han multiplicado los mecanismos para controlar la información: agencias de propaganda para inundar a los medios de comunicación a nivel planetario (como la Office for the Strategic Influence, OSI), guerras psicológicas de nuevo tipo, "combate a Internet", etc., para ganar la batalla de la opinión pública. Cabe subrayar que en esta escalada destaca la disposición de la Casa Blanca para lograr un control férreo de la Red de redes, que amenazaría su condición de espacio libre y abierto.

Las consecuencias de estas políticas implementadas por la potencia mundial, por donde se lo quiera ver, no se han traducido en un mundo más seguro, pero sí en uno más atemorizado y disminuido en sus derechos.

La otra cara de la misma moneda, en cambio, muestra la imposición cada vez mayor de políticas de liberalización y desregulación, sobre todo en materia de telecomunicaciones, orientadas a eliminar cualquier regulación o espacio estatal que pudiera interponerse a la expansión transnacional, conjuntamente con normativas que buscan preservar sus intereses, como es el caso de la novedosa interpretación de los derechos de propiedad intelectual promovidas en la Organización Mundial del Comercio.

Asimismo, vemos que el proceso de concentración de la industria mediática y de la cultura sigue imperturbable, rigiéndose por criterios exclusivamente comerciales para los cuales lo que cuenta es el paradigma de consumidor/a por sobre el de ciudadano/a, por sobre el interés público. Y es así, por ejemplo, que la "diversidad cultural" ha pasado a reducirse en oferta de una gama de productos y servicios para satisfacer el "gusto" de los consumidores, quienes -por lo demás- son sistemáticamente monitoreados (incluso con recursos propios del espionaje) por especialistas para ubicar "nichos de mercado". Todo esto, cuando precisamente los media se afirman como un ámbito crucial en la configuración del espacio público y de la ciudadanía misma por el creciente peso que han venido adquiriendo en la definición de las agendas públicas y la legitimación de tal o cual debate.