Género y Políticas Públicas en Chile en la última década. Alcances y perspectivas

2. Presentación
3. La perspectiva de género en las políticas públicas en América Latina en los últimos años
4. La Equidad de género en la agenda pública de América Latina
5. Políticas públicas y género en Chile
6. A modo de conclusión. Alcances y perspectivas
7. Bibliografía utilizada

Presentación.

El presente ensayo tiene por objeto problematizar y caracterizar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas en Chile, contextualizándola en el marco del desarrollo de la temática en América Latina en los últimos veinte años.

Para ello iniciaremos el recorrido del ensayo con la revisión básica de algunos conceptos relacionados con las políticas públicas y la concepción de género en la que nos basaremos, continuando con una problematización acerca de la situación de la temática de género en América Latina y su inclusión en la agenda pública de aquellos países que están implementando líneas de acción en la materia, a fin de contextualizar el desarrollo institucional estatal de Chile en el concierto latinoamericano.

En este contexto interesa analizar desde dos campos la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas en Chile. Por un lado analizaremos la manera en como se expresa la política pública en esta materia a través de una breve descripción del Plan de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres 2001-2010 y , por otro, revisaremos cómo es que se expresa en los procesos de reforma del Estado chileno la perspectiva de género en los diversos ámbito de la gestión estatal, revisando el estado de avance del Programa de Mejoramiento de la Gestión impulsado por el Estado chileno desde hace 6 años.

Describiremos las principales características de cada uno de ellos, deteniéndonos en algunas cifras relacionadas con el estado de avance del enfoque de género en el PMG en los servicios públicos, para finalmente reflexionar respecto de los alcances y perspectivas del enfoque de género a partir del contexto ya revisado y su relación con la descentralización y participación ciudadana.

I. La perspectiva de género en las políticas públicas en América Latina en los últimos años.

Los procesos de modernización de la gestión estatal y en particular de las políticas públicas se muestra como un terreno privilegiado para develar las relaciones que el Estado establece con los distintos actores sociales, políticos y económicos, en el marco de sociedades cada vez más complejas y diversificadas y, por ello, se constituye en un buen indicador del grado de democratización y modernización alcanzados.

En tal sentido las políticas públicas son el resultado del "conjunto de procesos mediante los cuales las demandas sociales se transforman en opciones políticas y en tema de decisión de las autoridades públicas" por lo que no pueden ser consideradas como meros actos administrativos del poder central sino como productos sociales emanados de un contexto cultural y económico determinado, insertas en una estructura de poder y en un proyecto político específico.

Si bien los grupos y clases sociales pueden identificar los problemas que los aquejan y las soluciones posibles, con ello no basta para sean considerados objeto de acción estatal, se requiere de un largo proceso, atravesado por las concepciones y valores imperantes sobre la temática, determinado en gran parte por las tensiones entre múltiples actores con prioridades diferentes y en el que interactúan los escenarios local, regional e internacional, incluyendo en dichos escenarios la actuación de los organismos internacionales y los instrumentos y mecanismos normativos y técnicos por ellos promocionados.

La incorporación de la perspectiva de género a la agenda pública es un ejemplo de este proceso, es decir del desarrollo del movimiento de mujeres en los últimos veinte años por un lado, así como del tipo y calidad del conocimiento que se ha producido sobre las relaciones de género y del consenso internacional en torno a la necesidad de una mayor equidad y sustentabilidad de los procesos de desarrollo, por otro.

Lo anterior se ha traducido a su vez en la incorporación de la igualdad de género como un tema tan importante como lo constituyen los temas medioambientales o las estrategias de superación de la pobreza, así como las políticas asociadas al mejoramiento de la calidad de vida, por mencionar algunas.

Paralelamente, la inclusión y abordaje de la equidad de género han estado enmarcados y condicionados por la evolución de las tendencias globales y regionales respecto al paradigma de desarrollo económico y social, al papel y aporte femenino a dicho desarrollo, a los avances en materia de derechos de las mujeres, al propio concepto de género y, por supuesto, al proyecto político de cada país.

En tal sentido para Sara Silveira " en la región (América Latina), el modelo de crecimiento de los años 50 se caracterizó por un enfoque asistencialista para abordar los problemas de las mujeres, basado en la priorización de su rol reproductivo. A fines de los 60 y principios de los 70, el fracaso de las políticas de modernización trajo aparejado un mayor reconocimiento del rezago social de las mujeres, se comenzaron a revisar las relaciones al interior del hogar y tímidamente el aporte de las mujeres al desarrollo, se asiste al enfoque desarrollista y es el comienzo de las acciones correctivas para superar las brechas que separaban a hombres y mujeres que, mayoritariamente, también terminaron adoptando una perspectiva de corte social. A principio de los 80, adquieren relevancia los enfoques de "eficiencia", por un lado, y de "empoderamiento y autonomía", por otro. Los 90 agregan el fenómeno de la globalización que ha gestado nuevas oportunidades y nuevas vulnerabilidades".

Para esta misma autora las políticas públicas, en cuanto expresión de este camino, han ido evolucionando desde un enfoque que hacía hincapié en las necesidades, especialmente de las mujeres pobres, hacia el criterio de un desarrollo para todos desde la perspectiva de los derechos humanos y, por ende, las mujeres han dejado de ser beneficiarias pasivas de las políticas de desarrollo para ser reconocidas como participantes activas con derecho a acceder en condiciones de igualdad a sus beneficios.

También los intereses de los distintos grupos sociales y el tipo y definición de Estado, marcan diferencias con respecto al tipo de política que se persigue. El Estado reproduce el sistema de discriminación y de generación de desigualdades a través del sistema educativo, del ordenamiento jurídico, de los mensajes que emite a la sociedad como empleador, de las normas que elabora para regular el mercado, etc. Así, no sólo el proyecto educativo vigente no ha incentivado la autonomía, la seguridad en sí mismas, el desarrollo de las capacidades de logro, de empoderamiento y de toma de decisiones de las niñas y mujeres sino que las políticas salariales o sobre trabajo no remunerado, las de seguridad social, salud, etc. han afectado la relación entre los géneros y, especialmente, la vinculación de las mujeres al mercado de trabajo, cristalizando la discriminación y segmentación.

Lo anterior indica una interdependencia entre las políticas públicas y las relaciones de género imperantes así como la necesidad de incidir activamente en la definición de ambas dado que no es posible concebir unas sin las otras: el Estado y sus políticas contribuyen a configurar las relaciones de género al interior de la sociedad al mismo tiempo que las relaciones de género lo hacen con el tipo de Estado.

De tal modo que para que las políticas públicas incluyan efectivamente una perspectiva de género se requiere de una voluntad explícita de parte de las autoridades de promover una redistribución entre los géneros en términos de asignación de recursos, derechos civiles, participación, posiciones de poder y autoridad y valoración del trabajo de hombres y mujeres, lo que nos lleva a la discusión respecto de la inclusión de la perspectiva de género en la agenda pública de los Estados en América Latina.

II. La Equidad de género en la agenda pública de América Latina

Para Sara Silveira la agenda de la equidad de género en la región, en la segunda mitad del siglo XX, ha registrado importantes avances lo que no ha implicado la eliminación o superación de las desigualdades de género, con independencia del proyecto país o del modelo de Estado predominante y tampoco "se logró construir la equidad de género como una dimensión impostergable de la equidad social y como tema de política y responsabilidad gubernamental"

Uno de los principales logros fue la visibilización de las principales demandas de las mujeres junto con la necesidad de una institucionalidad estatal responsable de atenderlas. Como respuesta a la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 1976) se crearon los primeros mecanismos gubernamentales y en la actualidad, casi todos los países tienen un organismo –con diferencias de rango, presupuesto y consideración- a cargo de las políticas y programas para las mujeres, encargado de coordinar con el resto de los sectores la inclusión en el diseño de las políticas públicas de las demandas, necesidades y potencialidades de las mujeres y, eventualmente, la implementación de programas específicos.

En el Cono Sur se cuenta con :

• Argentina: el Consejo Nacional de la Mujer (CNM), dependiente de la Presidencia y el Consejo Federal de la Mujer
• Brasil: el Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
• Chile: el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), cuya Directora tiene rango de Ministra de Estado
• Paraguay: la Secretaría de la Mujer, dependiente de la Presidencia y cuya directora tiene rango de Ministra.
• Uruguay: el Instituto Nacional de la Familia y de la Mujer, en el ámbito del Ministerio de Educación y Cultura y sin presupuesto propio.

Igualmente todos los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) – que recoge toda la normativa precedente respecto a los derechos de las mujeres, han producido importantes reformas legales para eliminar diversas manifestaciones de la discriminación y han suscrito los Convenios Internacionales del Trabajo de la OIT Nro. 100 sobre Igualdad de Remuneración, que establece la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor y el Nro. 111 sobre Discriminación en el empleo y la ocupación, en el que se promueve la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en el plano laboral y engloba la discriminación basada en motivos distintos del sexo.

Por último, en la Cumbre de las Américas (Santiago, 1998), se reiteró el compromiso de reconocer y valorizar el papel de la mujer en la sociedad, se ratificaron los compromisos asumidos en la Cuarta Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer (Beijing,1995) y se acordó fortalecer mecanismos nacionales así como redes regionales y subregionales para la promoción de la igualdad jurídica y de oportunidades entre hombres y mujeres y proporcionarles los recursos financieros necesarios.

Las principales manifestaciones de estos avances han sido los planes de Igualdad de Oportunidades, los planes de acción y los planes nacionales para las mujeres, donde destacan los siguientes países del Cono Sur :

Argentina: el Plan Federal de la Mujer responsable de desarrollar un Sistema Nacional de Información Mujer, las capacidades políticas, técnicas y operativas para el diseño, formulación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas de igualdad y de proveer equipamiento, capacitación y asistencia técnica a las estructuras que promuevan la equidad de género.

Brasil: el CNDM elaboró el documento "Estratégias de Igualdad" con propuestas de políticas públicas que en sintonía con el Programa Nacional dos Direitos Humanos (PNDH) del gobierno federal, sirven como líneas de acción y actividades para implementar la Plataforma de Acción de Beijing y otras convenciones adoptadas.

Chile: el SERNAM coordina las iniciativas tendientes a la implementación del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres desde 1994 a la fecha y que un programa de difusión de los derechos de las mujeres a través de los Centros de Información (CIDEM).

No obstante lo anterior para muchas autoras relacionadas con la temática, la participación de las mujeres en la adopción de decisiones económicas y políticas sigue siendo muy baja, determinando en gran medida las posibilidades de participación ciudadana en la formulación, ejecución y monitoreo de políticas y programas públicos, las que a pesar de las limitancias muestran avances importantes desde una perspectiva histórica de los últimos 20 años.

Sin embargo, estos avances en cuanto tendencias regionales no pueden esconder las significativas deficiencias en materia de institucionalización y efectividad que se han registrado entre los países, los que muestran brechas significativas que se expresan en caso como los del SERNAM de Chile, con la más integral y sólida actuación contrastando con el Instituto de la Mujer y la Familia de Uruguay que incluso carece de presupuesto propio.

Las principales debilidades a señalar refieren a la fragilidad institucional de los organismos para la promoción de la mujer al interior del aparato estatal, su escasa capacidad de coordinación y de incorporación de la dimensión de género en los programas de los distintos Ministerios, la discontinuidad de los equipos técnicos, el escaso presupuesto, los conflictos de la gestión pública y ante todo, las resistencias de carácter ideológico que se traducen, sustancialmente en manifestaciones indirectas de la discriminación y la exclusión y que han socavado la sustentabilidad de las acciones.

Al finalizar este siglo, la persistente exclusión femenina de los espacios económicos y políticos no ofrece dudas que "tener derechos" implica la garantía y la oportunidad de ejercerlos sin que se visualicen como privilegios. "El desafío actual consiste en cerrar la brecha entre compromisos expresadas y instituciones "modernizadas", entre el marco legal y la práctica social, exigiendo el cumplimiento de lo dispuesto en los acuerdos internacionales y nacionales" .

Por ello , tanto los grandes objetivos de equidad, desarrollo sostenible y humano como el logro de una participación en igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo, en la actualidad pasan por continuar y profundizar la atención y promoción particular de la participación activa de las mujeres en los ámbitos de toma de decisión y acción política.

III. Políticas públicas y género en Chile.

3.1. La situación de género en Chile. Una breve revisión.

Las transformaciones vividas por mujeres y familias en las últimas décadas del Siglo XX, muestran cambios culturales, sociales y productivos en el que el rol de la mujer comienza tener un reconocimiento social por parte de diversos actores sociales y políticos así como de la opinión pública y medios de comunicación en general.

No obstante lo anterior se constatan ciertos déficit y desigualdades en la relación de género en diversos ámbitos de la vida social y económica del país. En tal sentido, si bien las mujeres superan en educación a los hombres, aún no logran ampliar y diversificar sus oportunidades laborales y las trabajadoras siguen ganando menos que los hombres .

Por otro lado, aún cuando la diferencia de ingresos y participación en el trabajo entre hombres y mujeres ha disminuido, se acentúa la diferencia de oportunidades laborales entre mujeres según nivel socioeconómico: los estratos medios y altos participan en un 47% respecto al 27,3% de participación de mujeres pobres.

En el plano de la salud y de la previsión social las mujeres experimentan mayores dificultades para acceder a los sistemas vigentes.

Si bien el ingreso al trabajo remunerado ha contribuido a sacar a muchos hogares de la pobreza, no constituye cambios sustantivos en las relaciones parentales al interior de la familia ni posición de la mujer en la familia, a ello si agregamos la violencia intrafamiliar podemos constatar que aún faltan cambios significativos en este campo.

Donde se manifiesta con mayor elocuencia la brecha de género es en los procesos de toma de decisiones , particularmente en el área política y económica , donde la participación de la mujer es extremadamente baja, limitando tanto el desarrollo integral de las mujeres, así como la construcción de democracia.

En este sentido, para el SERNAM, la búsqueda de la equidad de género no sólo es una expectativa sino un elemento constitutivo de las políticas públicas y más aún del ejercicio democrático. En este marco la equidad de género es entendida como la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres que permita garantizar a ambos sexos el acceso equitativo a beneficios y recursos que ofrece el desarrollo, la igualdad de derechos, la construcción de una cultura de la igualdad en la convivencia social, la participación social y política equitativa.

Para ello el Estado desde la década de los ’90 ha venido impulsando el Plan de Igualdad de Oportunidades, incorporando por medio de éste la igualdad de oportunidades en el conjunto de políticas gubernamentales, considerando los problemas de las mujeres como parte integrante de la agenda social del gobierno.

3.2. Las políticas públicas en el contexto de la situación de género en Chile en la última década.

3.2.1. El Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. Lineamientos Generales 2000-2010 Principales Estrategias.

El antecedente a este plan fue el desarrollado en el período 94-99, el cual contempló dentro de las principales líneas estratégicas el desarrollo de estudios de medición de la magnitud de los problemas de género; el diseño y coordinación de programas sociales de alto impacto dirigido a mujeres vulnerables; la coordinación intersectorial (interministerial) que requirió la transversalidad del enfoque de género y la adecuación de las prioridades del Plan a la realidad de las regiones y comunas de nuestro país.

Este primer plan contribuyó a elevar el nivel de conciencia sobre las desigualdades de género y logró poner el tema en la agenda gubernamental y en la opinión pública, recogiendo las demandas que muchas organizaciones sociales y políticas de mujeres venían planteando desde la década de los 80.

En este contexto se elabora el plan 2000- 2010 basado en 5 campos estratégicos, los que a su vez definen los objetivos estratégicos en cada uno de ellos, a saber:

2. Promoción de una cultura de la igualdad.

Este campo cuenta con cinco objetivos orientados a promover cambios en la familia, en la educación, en la producción y acumulación de conocimientos, en los medios de comunicación y en la opinión pública, que permitan avanzar en la construcción de una cultura más abierta a las nuevas ideas y a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Los objetivos en este ámbito dicen relación con:

• Contar con una opinión pública crítica frente a la discriminación de género.
• Eliminar los estereotipos sexistas y fomentar imágenes positivas de las mujeres en los medios de comunicación
• Incorporar contenidos y prácticas en el sistema educacional tendientes a propiciar actitudes y valores favorables a la equidad de género.
• Fomentar actitudes y prácticas en la producción de conocimientos, la creación artística y el desarrollo tecnológico que tomen en cuenta las diferencias de género.

2. Promoción de los derechos de las mujeres y garantizar su pleno ejercicio.

En este ámbito se pretende el desarrollo de objetivos orientados a elevar el conocimiento y la conciencia de los derechos de las mujeres y a acortar las distancias entre las normas jurídicas y su aplicación.

Destacan objetivos tales como:

• Fomentar el conocimiento de los derechos de las mujeres teniendo en cuenta su ciclo de vida
• y las características sociales, culturales y étnicas.
• Generar y mejorar instancias y mecanismos que resguarden el acceso a la justicia y el
• ejercicio de los derechos de las mujeres.
• Adecuar la normativa a la Constitución y convenios Internacionales suscritos por Chile
• garantizando el ejercicio igualitario de derechos entre hombres y mujeres
• Asegurar el derecho a la integridad física, sicológica y sexual de las mujeres y niñas.
• Difundir y cautelar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

iii. Participación en las estructuras de poder y en la adopción de decisiones.

Los objetivos en este ámbito apuntan a fomentar la participación de mujeres , apoyar sus organizaciones y fomentar su liderazgo para que la democracia pueda nutrirse del aporte, en igualdad de condiciones de mujeres y hombres compartiendo la toma de decisiones y ejerciendo el control ciudadano.

Destacan en este ámbito objetivos tales como:

• Desarrollar estrategias para fomentar la participación de las mujeres en la toma de decisiones.
• Estimular la creación y fortalecimiento de la asociatividad y redes de mujeres
• Fortalecer el liderazgo de las mujeres para facilitar su reconocimiento como sujetos sociales y fortalecerlas en el ejercicio de sus derechos.

5. Autonomía económica de las mujeres y superación de la pobreza.

Este componente está orientado a eliminar los obstáculos y prácticas discriminatorias que operan en el acceso al mercado laboral y los recursos productivos, mejorar el acceso a éste y estimular el desarrollo laboral de las mujeres, mejorar la representación de las organizaciones económicas, sociales y gremiales, estimular la capacidad de emprendimiento y superar la pobreza.

• Dar a conocer la situación de las mujeres en el ámbito de la economía y del mercado del trabajo.
• Eliminar los obstáculos que impiden el acceso de las mujeres a los recursos económicos en igualdad de condiciones con los hombres.
• Garantizar en la legislación y estimular prácticas que aseguren el ejercicio de los derechos de las mujeres en el empleo, reconociendo las necesidades que surgen de los cambios en el sistema productivo y en la organización del trabajo.
• Mejorar el acceso al mercado de trabajo y estimular al desarrollo laboral de las mujeres , especialmente de las mujeres de escasos recursos.
• Mejorar la representación de mujeres en las organizaciones sindicales y gremiales, en las instancias tripartitas, en los foros de debate económico y laboral y en los distintos ámbitos de toma de decisiones.
• Estimular la capacidad de las mujeres para el emprendimiento económico.
• Disminuir los niveles de pobreza de las mujeres.

5. Bienestar en la vida cotidiana y calidad de vida.

En este ámbito los objetivos se orientan en torno a la adaptación de la legislación a la realidad actual de la familia, por un lado y a la promoción de un reparto más equitativo de las responsabilidades domésticas y familiares , así como del acceso a espacios de desarrollo cultural y recreativo, por otro. Los restantes objetivos están centrados en mejorar la calidad de los servicios públicos y promover la participación ciudadana en la marcha y evaluación de los servicios y en el cuidado del medio ambiente.

Los objetivos que se esperan logra en este ámbito dicen relación con

• Adaptar la legislación a la realidad actual y asegurar la igualdad de derechos a todos los tipos de familias.
• Promover responsabilidades familiares compartidas entre mujeres y hombres.
• Propiciar el acceso de las mujeres a espacios que fomenten el bienestar individual y social.
• Prevenir la violencia contra las mujeres y entregar servicios para el apoyo a las víctimas.
• Mejorar el acceso de las mujeres a servicios de buena calidad en salud.
• Mejorar el acceso y la calidad de la educación para las mujeres , en los distintos niveles y modalidades.
• Promover y desarrollar iniciativas tendientes al cuidado del medio ambiente y al derecho de las mujeres y sus familias a un desarrollo sustentable.

vi. Enfoque de género en las políticas públicas

El ámbito está organizado en torno a tres objetivos orientados a continuar con el proceso de legitimación e institucionalización de la equidad género en las políticas públicas, considerar las características específicas de las realidades regionales y locales, y asegurar la participación ciudadana en el diseño, puesta en marcha y

evaluación de políticas, en particular de los planes de igualdad de oportunidades.

• Consolidar el proceso de legitimación e institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas.
• Fortalecer la coordinación intersectorial para abordar problemas específicos derivados de las desigualdades entre mujeres y hombres, cautelando la integralidad del enfoque.
• Promover la adopción del enfoque de género en los niveles regional y local, así como en las relaciones internacionales.
• Favorecer la participación ciudadana de las mujeres en el proceso de elaboración de políticas públicas.
• Realizar evaluación y seguimiento del segundo Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres con la participación de las mujeres organizadas y la sociedad civil.

Para los propósitos del ensayo analizar el estado de avance del plan desde la inclusión del enfoque de género en los servicios públicos por medio del PMG 2002 nos parece indicador clave de la inclusión transversal del tema en la agenda pública nacional, no obstante el desarrollo y ejecución propia del plan que realiza el SENAM directamente por medio de convenios y programas nacionales específicos en materia de igualdad entre hombres y mujeres.

Por lo tanto más que problematizar respecto al estado de avance de la implementación del plan mismo , tema que no es el central para este ensayo, nos interesa analizar el estado de avance de estos objetivos por medio del estado de avance en el PMG 2002 y que a continuación exponemos.

3.2.2. La inclusión de la perspectiva de género en el PMG.

La inclusión del enfoque de género en el PMG es un claro ejemplo de inclusión de la perspectiva de género en la política pública chilena en los últimos años.

Los programas de mejoramiento de la gestión (PMG) en los servicios públicos tienen su origen en el año 1998 con la implementación de la ley Nº 19.553, asociando el cumplimiento de objetivos de gestión a un incentivo monetario para los funcionarios públicos.

A su vez los programas de mejoramiento de la gestión se enmarcan en un conjunto de áreas comunes para todas las instituciones del sector público, denominado programa Marco, el cual incluye sistemas de gestión en las áreas de recursos humanos, calidad de atención de usuarios, planificación y control de gestión, auditoría interna, desconcentración, administración financiera contable y el enfoque de género. Para cada una de estas áreas corresponden determinados sistemas, objetivos, metas y etapas de implementación.

En tal sentido para el caso del enfoque de género se cuenta como antecedente con el plan de igualdad e oportunidades del SERNAM, el instructivo presidencial Nº 015 del año 200, que crea el consejo de Ministros por la igualdad de oportunidades, el anexo SEBI 2002 MIDEPLAN y los proyectos concursables del Fondo de la DIPRES 2002.

La inclusión del enfoque en el plan de mejoramiento se traduce en incorporar en los productos que entrega cada institución una perspectiva de enfoque de género, a través del desarrollo de etapas diferenciadas y progresivas que consideran los siguientes pasos básicos:

1.Elaboración de un diagnóstico de los productos entregados a sus clientes usuarios o beneficiarios desde la perspectiva de género y presenta informe al SERNAM para su validación.

2. De acuerdo al diagnóstico, el servicio elabora el plan para incorporar la perspectiva de género en la entrega de sus productos, aprobado por el jefe de servicio y presenta un informe al SERNAM para su validación, para luego elaborar un programa de trabajo que asegure la implementación del plan.

3. El servicio implementa el programa de trabajo que incorpora el enfoque de género en la entrega de sus productos, así como cuando corresponda lo hará en aquellas nuevas iniciativas que el servicio ofrezca, implementando un servicio de registro de información de sus clientes, beneficiarios o usuarios por sexo, así como de seguimiento de la implementación del programa mismo.

4. Finalmente el servicio elabora un informe de los resultados y recomendaciones de la implementación efectuada según lo establecido en el programa de trabajo de la etapa anterior y el programa de seguimiento y lo presenta al SERNAM para su validación.

Los resultados de la implementación del PMG en la perspectiva del enfoque de género correspondientes al año 2002 señalan que el 95% de los servicios estatales desconcentrados y no desconcentrados implementaba el sistema enfoque de género en sus líneas de intervención, presentando un porcentaje de cumplimiento de los objetivos planteados del orden del 98%.

No obstante lo anterior el estado de avance de la implementación del sistema y área enfoque de género presenta sólo un 27% de avance, según el número total de etapas de implementación, constituyendo el área menos desarrollada respecto de las restantes planteadas en el PMG para el 2002 , ver cuadro 1.

CUADRO 1

Porcentaje de avance de las áreas contempladas,según Nº de etapas cumplidas

respecto al número total por áreas.

Fuente: DIPRES División de Control y Gestión. Chile Año 2003.

En cuanto al año 2003 los compromisos de los servicios por etapas en relación al enfoque de equidad de género muestran un desarrollo diferenciado y concentrado en la segunda etapa contemplada para el sistema antes mencionado, tanto para los servicios desconcentrados como desconcentrados. Ver cuadro 2.

CUADRO 2

Porcentaje de servicios que comprometen etapas del sistema enfoque de género en su PMG 2003

Fuente: DIPRES División de Control y Gestión Chile. Año 2003.

Lo anterior viene a indicar que en relación a los esperado y al desarrollo de otras áreas y sistemas, la perspectiva de género en los servicios presenta un lento desarrollo, concentrándose aún en la etapa de elaboración de planes y programa de trabajo, evidenciándose necesidades y desafíos para el desarrollo de las etapas 3 y 4.

IV. A modo de conclusión. Alcances y perspectivas.

Si bien la situación de la perspectiva de género en la región muestra algunos avances significativos desde el punto de vista de la instalación en la agenda pública y en la estructuración a través de planes y programas sociales y productivos integrales, se evidencian algunos déficit y necesidades aún no cubiertas que dicen relación con aspectos más estructurales anidados en el ámbito productivo y sobre todo de la cultura.

En tal sentido atentan contra el desarrollo de una perspectiva de género equitativa, la centralización y burocratización de las políticas sociales, el predominio de relaciones económicas y sociales basadas en la exclusión y explotación, el predominio de una cultura sexista y discriminatoria y el desarrollo desigual en la constitución de ciudadanía y por ende de democracia social y política para la mayoría de los hombres y mujeres de la región y de nuestro país.

En tal sentido enfrentar estas dificultades o condicionantes pasa no sólo por la transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas solamente sino que además implica el desarrollo de procesos de descentralización de dichas políticas que permitan generar espacios de inclusión de aquellos sectores , grupos o sujetos sociales , entre ellos el movimiento de mujeres, que pugnan por mayor espacios de participación y control en los procesos de definición , ejecución y evaluación de las políticas sociales y en particular aquellas relacionadas con la perspectiva de género.

Por otro lado está el desafío que persiguen los planes y programas de largo aliento tendientes a generar cambios culturales en las relaciones de género que involucran no sólo aspectos relacionados con la inversión pública sino además con el desarrollo de políticas laborales y sindicales articuladas en pos de proyectos políticos igualitarios que vayan pautando o liderando dichos cambios, los cuales necesariamente deben acompañarse de inciativas que promuevan actitudes y acciones que disminuyan la discriminación aún existente en países como los nuestros.

La revisión del plan de igualdad de oportunidades en nuestro país si bien muestra un reciente avance en estas materias muestra la magnitud y los tiempos necesarios que se requieren para el logro de cambios reales en la relación de género. Tras prácticamente 10 años de implementación de este tipo de iniciativas la incorporación de la perspectiva de género en la agenda pública aún es incierta, lo que lejos de alarmar debe constituir un elemento de análisis respecto a donde debe estar situada la responsabilidad en la generación de los cambios.

Los cambios que ha experimentado el Estado en su relación con la sociedad civil en los últimos veinte años nos muestra una tendencia de la cual la perspectiva de género no puede abstraerse y es que los cambios o transformaciones que se puedan generar en pos de la construcción de una cultura de la igualdad pasa por asumir la constitución de ciudadanía o mejor dicho por la constitución de sujetos capaces no sólo de demandar derechos al estado sino fundamentalmente ejercer la toma de decisiones y control ciudadano en torno a las políticas públicas.

Lo anterior más que constituir una demanda implica entender que el desarrollo de la política pública moderna debe incorporar como estrategia de inclusión a la mujer en el contexto de la igualdad de género, más que desde la perspectiva de la discriminación positiva de un sector que por cierto presenta niveles de exclusión económica social y cultural mayores que el de los hombres. Y que adicionalmente. así como para otros actores sociales, para que dicha política pública tenga efectividad y legitimidad no sólo de be entender como sujeto de la misma a quienes diseñan las políticas, sino fundamentalmente a los sujetos ( y no a los objetos beneficiarios o clientes) constitutivos de esos derechos por la igualdad de género en los que no sólo se encuentran las mujeres, sino el conjunto de sectores y actores sociales que pugnan por relaciones de igualdad en el ámbito social, político y de equidad en lo económico.

Bibliografía utilizada.

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Alejandro Escobar Lobos

Antropólogo de Universidad Austral de Chile

Magíster © Sociología de la Modernización , Universidad de Chile

Diciembre 2003.