"El abismo crece, no se reduce. La diferencia de ingresos entre los países más ricos y los más pobres que era de 37 veces en 1960, es hoy de 74".
Fidel Castro Ruz
"En la actualidad, el "nuevo" imperialismo no impone directamente su soberanía sobre los países o gobiernos subordinados. Actúa manipulando las fuerzas económicas del mercado, para lograr el beneficio de lo que llama capital imperial."
James Petras
Actualmente los politólogos, a la hora de analizar las relaciones Centro-Periferia y Centro-Semiperiferia en la "era de la globalización", utilizan- dentro de su discurso– expresiones que hacen referencia a dos ideas fundamentales: hegemonía y dominación. En ambos casos se trata de conceptos imposibles de obviar, si se desea analizar la dinámica de las relaciones internacionales modernas y contemporáneas. A la hora de presentar estos conceptos, algunos tratadistas plantean que existen "un sin número de mecanismos utilizados por Washington para cumplimentar su proyección hegemónica"; una tendencia que obligatoriamente lleva a la meditación.
A pesar de la multiplicidad de concepciones, enfoques, perspectivas de análisis y posiciones ideológicas que existen sobre hegemonía y dominación, debido a la diversidad de autores que lo utilizan, cuando se piensa en ellas, aparece necesariamente Antonio Gramsci. Para este autor, la concepción de dominación es concebida de dos formas. En primer lugar como sinónimo de poder, es decir, el ejercicio del poder de hecho por un determinado sector de la sociedad, lo cual le permite ejercer la función hegemónica, equilibradora de intereses diversos en la sociedad civil. Y en segundo lugar, la concepción de dominación vista como un sistema.
La hegemonía es otro concepto que, para su comprensión, Gramsci lo divide en dos componentes; uno es el político, donde existe una supremacía de un grupo social u orden social sobre otros; y uno intelectual-moral, en el que categorías de pensamiento y sistemas de valores son aceptados como la verdad, como criterios epistemológicos y metodológicos determinantes.
Immanuel Wallerstein, otro de los tratadistas, se detiene en el estudio de la hegemonía, como categoría político-económica. Para él la hegemonía se expresa cuando un Estado Nacional (especialmente los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial por ser el más fuerte económica, política y militar), posee una capacidad económica superior al resto del mundo, facilitándole hacerle competencia a cualquiera en sus propios mercados domésticos; posee una fortaleza militar sin igual; capacidad de crear alianzas; y es centro del mundo en lo cultural y núcleo, por tanto, de la alta cultura.
Los estudios de Wallerstein incluyen un nuevo elemento dentro del concepto "hegemonía": el consenso del resto de las naciones del sistema, un consenso que confiere legitimidad a las acciones hegemónicas.
La noción de dominación como sistema, constituida por la hegemonía, el liderazgo y la dominación en sí, es utilizada por las grandes potencias imperialistas para alcanzar sus proyecciones globales y hemisféricas.
Los Estados Unidos son un ejemplo de ello. Durante toda su historia han demostrado posiciones cambiarias, proyecciones hegemónicas, de liderazgo y de dominación, que han sido asumidas en dependencia de su situación interna y del contexto internacional. América Latina fue y es un testigo fiel de tales actitudes.
Resulta interesante no solo la multiplicidad de posiciones o proyecciones que puede adoptar el gobierno estadounidense dentro del sistema de dominación, sino también el sinfín de instrumentos con que cuenta para proyectarse. Desde finales del siglo XX, las naciones latinoamericanas están experimentando dos de esos instrumentos que los Estados Unidos utilizan en el hemisferio para cumplimentar su proyección hegemónica: el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano se vio obligado a abandonar el sistema de colonización política de la preguerra, por considerarlo improcedente. Los Estados Unidos sustituyeron tal sistema por uno que le permitiría continuar con el control y la explotación imperialista de los recursos naturales, la fuerza de trabajo y los mercados en las áreas periféricas del capitalismo; y evitar depresiones, como la de 1929-1933.
A tales efectos, son creados el FMI y el BM, a partir de la Conferencia de Bretton Woods, en 1944 y de la reunión en Savannah, Georgia, convocada en marzo de 1946. Estas fueron dos instituciones diseñadas de forma tal que Washington pudiera dominar sus políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial, por la vía de sus mecanismos de votación y membresía.
Ambas instituciones, al ser constituidas, recibieron los calificativos de "multilaterales" o " internacionales". Sin embargo, fueron concebidas como parte del esquema de la "Pax Americana", para permitir a la presidencia imperial ejercer formas especificas de "bilateralismo selectivo".
La noción cumbre de la estructura de tales instituciones "internacionales", se aprecia en el tema de la votación, que funciona bajo el principio de "un dólar, un voto". En el caso del FMI , según el artículo 3 sobre cuotas y suscripciones", sección II, inciso (c): "se requiere el 85% de los votos para la aprobación de cualquier iniciativa. Debido a esto según el capital que aporta Washington, cuenta con el 14,17% del poder de voto, a contraste de China y la India, que cuentan con el 2,95% y el 1,93% respectivamente.
Las cifras son bastantes semejantes en cuanto al BM. En el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (eje del grupo del BM) los Estados Unidos tienen el 16,39% de la cantidad total de votos (250 por país, más las acciones que poseen en el Banco) y en la Corporación Financiera Internacional, donde se gestionan las inversiones privadas a favor de las multinacionales de los Estados capitalistas centrales, concentran el 23,68%. Aunque en el BM se necesita para aprobar cualquier proyecto o resolución el 80% de los votos.
Consecuentemente EE.UU., con este sistema, puede bloquear cualquier programa o acción que atente contra sus intereses, o contra los intereses europeos, basta con apoyar a los franceses, ingleses, o alemanes; y a la hora de promover sus iniciativas, aplican el mismo método, pero a la inversa, es decir, buscan el apoyo europeo.
Los mecanismos para ofrecer préstamos por parte de estas instituciones financieras a los países latinoamericanos, permiten viabilizar la proyección hegemónica norteamericana y el proceso de dominación imperialista. La vía para conceder dichos préstamos o financiamientos es a través de acuerdos que poseen "cláusulas condicionantes", las cuales proponen "ajustes estructurales" sintetizados dentro del llamado Consenso de Washington. La aplicación de estas cláusulas especiales impositivas proponen condiciones concretas a las naciones receptoras, esencialmente presentadas como deberes a cumplir por los países firmantes, como requisitos indispensables para recibir el dinero y continuar recibiéndolo.
Desde este punto de partida, estas condiciones, tienden a ser vistas como un recetario de medidas o políticas económicas. Todo un libro de recetas que cargan al Estado el control de la inflación, el ajuste presupuestal y contracción económica, la liberalización comercial y financiera, las transformaciones al marco jurídico para promover la llegada de inversión externa, etc.
Las políticas de "estabilización macroeconómica" tienen como objetivos básicos desplazar el nivel de la producción, el crecimiento económico y del empleo, la ocupación de los factores productivos, por el control de la inflación y el mito-dogma del déficit fiscal y comercial; subordinando los primeros al control de los segundos. Forma parte del proceso más holístico de reestructuración desde y para el capital, que experimentan de modo un tanto diferenciado los países de América Latina.
Para conseguir la estabilidad de precios, el equilibrio de la balanza de pagos y de las finanzas públicas propuestos por estas instituciones, resulta indispensable eliminar los "factores externos" que provocan el desequilibrio, y así evitar que los "mercados" actúen. Lo que se recomienda es contraer la demanda vía la reducción del déficit público y la contención salarial, lo que significa una redefinición no sólo del papel del Estado en la economía (relación Estado-mercado), sino también del pacto social (relación Estado-sociedad) y por supuesto de la relación capital-trabajo.
La readecuación de los precios buscaría influir en el salario, en la tasa de interés, en el tipo de cambio y en los precios de los bienes públicos, con un ajuste del alza, para "proteger" los ingresos públicos, acompañado de una restricción del gasto social del gobierno, y del ataque al patrimonio público vía la privatización y extranjerización de activos públicos. Los esfuerzos de estabilización en las variables macroeconómicas claves son parte de todo un complejo y abigarrado proceso de recambio capitalista. Este proceso, después de la insalvable crisis del modelo de desarrollo– basado en la industrialización sustitutiva de importaciones y su agravamiento por la conjunción con el sobreendeudamiento externo- emergió en el escenario latinoamericano de manera más clara desde 1982.
La participación o imposición de las políticas del FMI, en el ajuste de las crisis de deuda y de balanza de pagos, implica la remodelación de las relaciones económicas y sociales precedentes, tanto al interior de la formación social, como en la relación de la economía mundial y la local. De este modo la actuación de los sujetos o actores sociales tiende a favorecer al capital financiero local y transnacional, a expensas de las clases productivas locales.
El FMI en su "contribución" a la reestructuración de las economías del Tercer Mundo ha tenido una participación singular. Propone su apertura a las exportaciones y a los flujos de capital en momentos de expansión mundial; propicia la extracción y transferencia de plusvalor del Tercer Mundo hacia el Centro en épocas de crisis de deudas; e impone obligaciones económicas en períodos de ingresos en disminución o de recesión económica mundial.
En este sentido, la retórica del logro de la estabilidad y la superación de la depresión económica, es una mascarilla que pasa a segundo término. La finalidad de las políticas del FMI no está en la estabilización de la economía; sino en la regulación de un grupo particular de relaciones económicas y en la consolidación de un grupo particular de intereses financieros. Es precisamente la actuación del FMI y la acentuación de sus políticas lo que transfiere la inestabilidad y la depresión de un grupo de actores internacionales a otros: de Norte a Sur, de los banqueros y financieros internacionales a los productores, del Capital a las clases sociales y desposeídas.
Así, lo que el FMI y el BM llaman "estabilización" provoca desestabilización en las economías del Tercer Mundo. Una desestabilización inducida por la transferencia de valor y plusvalor al exterior que desestabiliza la reproducción y la vida de los trabajadores, al reducir sus ingresos directos e indirectos o al condenarlos al desempleo y la exclusión; y además desestabiliza al capital local menos dinámico, por la suspensión de créditos o su encarecimiento, las quiebras y bancarrotas.
Esta mayor integración de los "mercados financieros domésticos" crea una mayor sensibilidad de la oferta monetaria a los movimientos en el tipo de cambio y las tasas de interés, un efecto que reduce la ya débil soberanía monetaria de los países latinoamericanos y las posibilidades de la "política de esterilización". En esencia porque logra reducir la liquidez de la economía que conserva su efecto contraccionista; pero no puede resolver las distorsiones provocadas en la esfera financiera, como son la falta de confianza y las dificultades para conservar un tipo de cambio estable.
Las transformaciones macroeconómicas promovidas en los acuerdos de préstamo del FMI desataron en el escenario latinoamericano políticas de apertura comercial indiscriminada, de sobrevaluación cambiaria con finalidades anti-inflacionarias, de libertad a los flujos de capital de corto plazo y el mantenimiento de altas tasas de interés internas. Todo un conjunto de transformaciones que tuvieron un efecto bastante benéfico para la economía norteamericana, pues, por un lado incrementaron la exportación de sus productos a estas tierras, y por el otro, encontraron la colocación altamente rentable de sus capitales ociosos. Mientras, las economías latinoamericanas terminan dependiendo de las decisiones de los inversionistas institucionales norteamericanos que consideran a estas naciones como mercados marginales dentro de su portafolio de inversiones.
Ahora, ¿cómo logran los Estados Unidos su proyección hegemónica en América Latina a través del FMI y el Banco Mundial?
Existen un sinnúmero de ejemplos que evidencian y dan respuesta a esta pregunta. El caso de México da la posibilidad de ver cómo estas instituciones financieras "internacionales" imponen el paquete de reformas, en diversos sectores de las economías latinoamericanas, y como dichas economías se transforman en economías dependientes.
Cuando se dan los primeros síntomas de agotamiento de los hidrocarburos a nivel mundial y de la trascendencia de su posesión, EE.UU. emprende un "proyecto colonizador" moderno. La Empresa Petróleos Mexicanos (PEMEX) fue uno de sus objetivos hemisféricos, y para cumplimentarlo utilizó uno de sus juguetes favoritos, el Banco Mundial.
A partir de ese momento, el Banco Mundial, frente a los pedidos de financiamientos mexicanos, le "aconsejaba hacer eficiente" al sector de los hidrocarburos en el país. En los Country Strategy Papers de 1995, el BM instruyó al gobierno mexicano sobre la necesidad de incrementar "la iniciativa privada en el sector de los hidrocarburos", tanto para permitir que las firmas (multinacionales) compitan con PEMEX, como para permitir la venta pública de sus activos, bajo la promesa de enormes avances en la eficiencia.
Tanto el BM, como el establisment norteamericano (representado en las multinacionales), consideran que PEMEX es un "serio impedimento" estratégico, político, comercial y empresarial, lo cual conciben como un obstáculo al buen desarrollo de la industria petroquímica "regional".
Por eso el BM utiliza como estrategia el requerimiento al gobierno azteca de políticas para lograr el desmembramiento de PEMEX, y así facilitar la privatización de la gran empresa, a partir de una modificación dela legislación nacional. Desafortunadamente el esquema privatizador de la petroquímica se ha acelerado como resultado del desfinanciamiento crónico aplicado, al punto que muchos complejos petroquímicos han catalogado a PEMEX de "chatarra", por tanto la misma ha caído "al punto de venta", como lo denomina el BM.
Permitir que se produzca una privatización, desnacionalización y desestatalización de empresas productoras de materias primas y recursos manufacturados en América Latina, llevaría a las economías latinoamericanas a un nivel de dependencia tal, que cualquier decisión a tomar por los gobiernos- con trascendencia en esa área- tendría que ser consultada con los grandes accionistas. Y en este punto está el centro del asunto, ¿quiénes son esos "grandes accionistas", que invirtieron ante la apertura empresarial nacional?. Se trata, precisamente, de las multinacionales norteamericanas.
Y si nos guiamos por el criterio marxista sobre el Estado, como ese conjunto de órganos, instituciones que la clase económicamente dominante en una sociedad utiliza para defender sus intereses; y además, el principio de que la base económica determina la superestructura. Entonces, ¿de qué poder económico podemos hablar en los Estados latinoamericanos?. ¿Qué nivel de autodeterminación puede existir cuando es imposible tomar de forma unilateral las decisiones de política interna, y solo existe dependencia?.
México no es el único país, ni el BM el único instrumento utilizado. Se podría mencionar igualmente el caso de Brasil, el gigante suramericano. Se comprende que con los recursos económicos de ese país, su nivel de producción, los resultados de su economía y sus proyecciones regionales, actuar sobre el mismo sería una utopía. Desafortunadamente no es así, los Estados Unidos no tienen límites en nuestro continente, ni en el mundo, a diario utilizan mecanismos para ser el Centro del Centro del mundo.
En nuestro días la izquierda latinoamericana critica la política interna y externa del gobierno de Lula en Brasil. Un gobierno que por el Partido que se encuentra en el poder, de izquierda, hipotéticamente, debería asumir políticas favorables a los sectores más necesitados. Esto, sin excluir las evoluciones o involuciones que la organización ha tenido durante su vida, sobre todo por las fusiones, y pactos políticos "necesarios" para llegar al poder.
¿De dónde salió parte del financiamiento de la última campaña de Lula para ocupar la presidencia brasilera?
En el 2002, Antonio Paloci, una de las principales figuras del PT, fue el mediador de un acuerdo de préstamo entre su partido y el Fondo Monetario Internacional, por una suma de 30 mil millones a pagar en 4 años. Las cláusulas de este convenio establecían que en caso de un triunfo de Lula, su gobierno debía aplicar una política económica de austeridad fiscal, con un superávit fiscal primario en el 3,75 % hasta el año 2005, para pagar a los accionistas y la deuda; además debería reducir el gasto público, respetar las empresas privadas, aumentar las tasas de interés para atraer capitales especulativos, despedir empleados del sector público, promover las élites agroexportadoras y continuar las negociaciones para la implementación del ALCA.
Todas estas "gestiones" impuestas al gobierno de Lula provocaron salirse del marco de las promesas y las políticas sociales que lo llevaron al poder durante su campaña electoral. Presiones que llevaron a un "doblegamiento" de Lula a las políticas del FMI, como declarara Petras en una de sus entrevistas.
En fin, todo un conjunto de cambios que me llevan a meditar sobre las características de este gobierno, es decir, su política económica, su política social, sin negar que Lula ha detenido las políticas de privatización que caracterizaron al período presidencial de Cardoso. Porque, aunque Lula deseara aplicar políticas sociales contrarias a lo pactado, el monitoreo del Fondo no se lo permite. Y para colmo, ahora está acordando acceder a nuevos créditos por un total de 14 000 millones de dólares, solo que en este caso el FMI desea un superávit de 4,25 % del PIB.
Si quisiéramos criticar las nuevas peticiones de créditos de estos países al FMI, las causas tendríamos que buscarla en las propias condiciones acordadas con anterioridad. ¿Cómo se puede mantener una Economía con tasas de interés tan altas como las que "propone" esta institución?
Como hemos podido apreciar estas dos instituciones se transforman en lo que James Petras ha denominado "cogobiernos" o en partidos políticos especiales, no por ser extranjeros, sino por el poder que tienen dentro de los sistemas políticos de los países latinoamericanos. Cogobiernos y partidos políticos que representan los intereses, nada más y nada menos que de los grandes socios del FMI y el BM, donde encontraremos entre ellos a los Estados Unidos.
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Rafael García Collada