Artículo 9.- Cuando los hechos, actos u omisiones constitutivos de la violación o amenaza de violación del derecho o de la garantía constitucional se produzcan en lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, se interpondrá la acción de amparo ante cualquier Juez de la localidad quien decidirá conforme a lo establecido en esta Ley. Dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la adopción de la decisión, el Juez la enviará en consulta al Tribunal de Primera Instancia competente.
Es decir, la responsabilidad del trámite de esta acción les corresponde a todos los jueces de primera instancia por la materia afín de la jurisdicción donde ocurrió el hecho que violo o amenace con violentar normas constitucionales. Aunque se interpondrá ante cualquier juez de la localidad, el cual lo enviara "en consulta" al juez de primera instancia que sea competente, o que este a su vez designe como tal.
En la rama administrativa no existen, por ahora jueces de primera instancia y por lo tanto se debe intentar ante el Tribunal Superior de lo Contencioso Administrativo.
Características
1. Es una acción Extraordinaria para la protección de Derechos Constitucionales.
2. Puede ser interpuesta por cualquier persona natural o jurídica.
3. es una acción de orden público.
4. Todos los días serán hábiles y su sustanciación será de preferencia sobre cualquier otro asunto.
5. Debe notificarse a las partes involucradas en tal situación.
6. Su tramitación se puede realizar hasta en papel común y sin pago de aranceles.
7. cuando la solicitud es confusa o no cumple con los requisitos exigidos por la ley, se le notificaran al interesado para que corrija los defectos observados dentro de las 48 horas siguientes a la notificación que se le hiciere de lo contrario se declarará inadmisible el amparo. Según:
Artículo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.
Procedimiento
A. Inicio:
Artículo 18.- En la solicitud de amparo se deberá expresar:
1) Los datos concernientes a la identificación de la persona agraviada y de la persona que actúe en su nombre, y en este caso con la suficiente identificación del poder conferido;
2) Residencia, lugar y domicilio, tanto del agraviado como del agraviante;
3) Suficiente señalamiento e identificación del agraviante, si fuere posible, e indicación de la circunstancia de localización;
4) Señalamiento del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación;
5) Descripción narrativa del hecho, acto, omisión y demás circunstancias que motiven la solicitud de amparo;
6) Y, cualquiera explicación complementaria relacionada con la situación jurídica infringida, a fin de ilustrar el criterio jurisdiccional.
En caso de instancia verbal, se exigirán, en lo posible, los mismos requisitos.
B. Admisión:
Artículo 17.- El Juez que conozca de la acción de amparo podrá ordenar, siempre que no signifique perjuicio irreparable para el actor, la evacuación de las pruebas que juzgue necesarias para el esclarecimiento de los hechos que aparezcan dudosos u oscuros.
Se entenderá que hay perjuicio irreparable cuando exista otro medio de comprobación más acorde con la brevedad del procedimiento o cuando la prueba sea de difícil o improbable evacuación.
Artículo 19.- Si la solicitud fuere oscura o no llenare los requisitos exigidos anteriormente especificados, se notificará al solicitante del amparo para que corrija el defecto u omisión dentro del lapso de cuarenta y ocho horas siguientes a la correspondiente notificación. Si no lo hiciere, la acción de amparo será declarada inadmisible.
C. Notificación:
Dicha notificación podrá efectuarse como indica la misma norma adjetiva procesal, utilizando sus mismos mecanismos, tales como los carteles, correo certificado y todas las establecidas en la LOPT, de esta notificación dejará constancia el secretario del tribunal.
D. Pruebas:
En la audiencia oral la partes propondrán sus alegatos y el tribunal decidirá si hay o no lugar a pruebas. El tribunal decretará cuales son las pruebas admisibles y ordenará la evacuación el mismo día, pudiéndolas diferirlas para el día siguiente. Las pruebas que se evacuen se grabaran para luego transcribirlas en un acta que permita al juez de alzada conocerlas, además, en la audiencia se formara un acta que deberá ser firmada por los intervinientes. La falta de comparecencia del actor dará por terminado el proceso, salvo que los hechos alegados afecten el orden publico.
E. Decisión:
Concluido el debate oral, el juez podrá decidir inmediatamente podrá diferir la sentencia del mismo en un plazo no mayor de 48 horas, exponiendo en forma oral su decisión, la cual deberá publicar dentro de los 5 días siguientes a la audiencia en que fue dictada. Según:
Artículo 29.- El Juez que acuerde el restablecimiento de la situación jurídica infringida ordenará, en el dispositivo de la sentencia, que el mandamiento sea acatado por todas las autoridades de la República, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad.
Artículo 32.- La sentencia que acuerde el amparo constitucional deberá cumplir las siguientes exigencias formales:
A) Mención concreta de la autoridad, del ente privado o de la persona contra cuya resolución o acto u omisión se conceda el amparo;
B) Determinación precisa de la orden a cumplirse, con las especificaciones necesarias para su ejecución;
C) Plazo para cumplir lo resuelto.
F. Apelación:
Contra la decisión de primera instancia se podrá apelar dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, de no apelarse la sentencia podrá ser consultada con el Tribual Superior respectivo, al cual se le remitirá el expediente, dejando copia de la decisión para la ejecución inmediata. Según:
Artículo 35.- Contra la decisión dictada en primera instancia sobre la solicitud de amparo se oirá apelación en un solo efecto. Si transcurridos tres (3) días de dictado el fallo, las partes, el Ministerio Público o los procuradores no interpusieren apelación, el fallo será consultado con el Tribunal Superior respectivo, al cual se le remitirá inmediatamente copia certificada de lo conducente. Este Tribunal decidirá dentro de un lapso no mayor de treinta (30) días.
Tema 11
Procedimiento de Estabilidad Laboral
Concepto de estabilidad:
De acuerdo a Fernanado Villazmil es el derecho a permanecer en el empleo mientras no incurra en algunas falta u omision que justifique legalmente su despido y hasta tanto se haga beneficiario de la jubilación, sobrevenga la muerte o quede incapacitado para el trabajo.
Según Morao Rosas la estabilidad es un derecho que le concede la ley al trabajador por tiempo indeterminado para continuar en sus labores cuando exista la manifestación de voluntad del patrono de poner fin a la relacion de trabajor, la estabilidad tiene garantia constitucional según la Constitucion:
Artículo 93. La ley garantizará la estabilidad en el trabajo y dispondrá lo conducente para limitar toda forma de despido no justificado. Los despidos contrarios a esta Constitución son nulos.
Clases:
A. Absoluta:
Imposibilidad juridica de despido salvo que el trabajador haya incurrido en falta u omision prevista en la ley con justa causa de despido y dicha falta haya sido calificada por algun organo o funcionario del estado. El carácter abstracto radica en la necesidad jurida de calificación de la falta imputada al trabajador previa a la ejecución material del despido.
Artículo 102 SEGÚN LOT:
Serán causas justificadas de despido los siguientes hechos del trabajador:
a) Falta de probidad o conducta inmoral en el trabajo;
b) Vías de hecho, salvo en legítima defensa;
c) Injuria o falta grave al respeto y consideración debidos al patrono, a sus representantes o a los miembros de su familia que vivan con él;
d) Hecho intencional o negligencia grave que afecte a la seguridad o higiene del trabajo;
e) Omisiones o imprudencias que afecten gravemente a la seguridad o higiene del trabajo;
f) Inasistencia injustificada al trabajo durante tres (3) días hábiles en el período de un (1) mes.
La enfermedad del trabajador se considerará causa justificada de inasistencia al trabajo. El trabajador deberá, siempre que no exista circunstancias que lo impida, notificar al patrono la causa que lo imposibilite para asistir al trabajo;
g) Perjuicio material causado intencionalmente o con negligencia grave en las máquinas, herramientas y útiles de trabajo, mobiliario de la empresa, materias primas o productos elaborados o en elaboración, plantaciones y otras pertenencias;
h) Revelación de secretos de manufactura, fabricación o procedimiento;
i) Falta grave a las obligaciones que impone la relación de trabajo; y
j) Abandono del trabajo.
Parágrafo Único: Se entiende por abandono del trabajo:
a) La salida intempestiva e injustificada del trabajador durante las horas de trabajo del sitio de la faena, sin permiso del patrono o de quien a éste represente;
b) La negativa a trabajar en las faenas a que ha sido destinado, siempre que ellas estén de acuerdo con el respectivo contrato o con la Ley.
No se considerará abandono del trabajo la negativa del trabajador a realizar una labor que entrañe un peligro inminente y grave para su vida o su salud; y
c) La falta injustificada de asistencia al trabajo de parte del trabajador que tuviere a su cargo alguna faena o máquina, cuando esa falta signifique una perturbación en la marcha del resto de la ejecución de la obra.
Casos de estabilidad absoluta:
Artículo 450 LOT
La notificación formal que cualquier número de trabajadores, suficiente para constituir un sindicato, haga al Inspector del Trabajo de la jurisdicción de su propósito de organizar un sindicato, coloca a los firmantes de dicha notificación bajo la protección especial del Estado. En consecuencia, desde la fecha de la notificación hasta la de la inscripción del sindicato gozarán de inamovilidad. El Inspector notificará al patrono o patronos interesados el propósito de los trabajadores de constituir el sindicato.
La falta de notificación acarreará al funcionario Inspector responsabilidad, de acuerdo con el artículo 636 de esta Ley, pero no afectará el derecho de los trabajadores a la inamovilidad. Esta durará desde la notificación hasta diez (10) días continuos después de la fecha en que se haga o se niegue el registro del sindicato. La solicitud formal de registro del sindicato y la presentación de los documentos constitutivos tendrá que hacerse en un plazo no mayor de treinta (30) días continuos a partir de la fecha en que se haya informado al Inspector del propósito de constituir el sindicato. El lapso total de inamovilidad no podrá exceder de tres (3) meses.
Los trabajadores que se adhieran a un sindicato en formación, gozarán también de inamovilidad a partir de la fecha en que notifiquen al Inspector su adhesión.
Artículo 520 LOT
A partir del día y hora en que sea presentado un proyecto de convención colectiva por ante la Inspectoría del Trabajo, ninguno de los trabajadores interesados podrá ser despedido, trasladado, suspendido o desmejorado en sus condiciones de trabajo sin justa causa, calificada previamente por el Inspector. Esta inamovilidad será similar a la de los trabajadores que gozan de fuero sindical y tendrá efecto durante el período de las negociaciones conciliatorias del proyecto de convención, hasta por un lapso de ciento ochenta (180) días. En casos excepcionales el Inspector podrá prorrogar la inamovilidad prevista en este artículo hasta por noventa (90) días más.Artículo 452 LOT
En caso de celebrarse elecciones sindicales, los trabajadores de la empresa gozarán de inamovilidad desde el momento de la convocatoria hasta el de la elección. El lapso respectivo no podrá exceder de dos (2) meses durante el período de dos (2) años.
Artículo 384 LOT
La mujer trabajadora en estado de gravidez gozará de inamovilidad durante el embarazo y hasta un (1) año después del parto.
Cuando incurra en alguna de las causas establecidas en el artículo 102 de esta Ley, para su despido será necesaria la calificación previa del Inspector del Trabajo mediante el procedimiento establecido en el Capítulo II del Título VII.
Parágrafo Único: La inamovilidad prevista en este artículo se aplicará a la trabajadora durante el período de suspensión previsto en el artículo siguiente, así como también durante el año siguiente a la adopción, si fuere el caso del artículo 387 de esta Ley.
Una característica da la estabilidad absoluta es que el reenganche es "FORZOSO" lo que quiere decir que no esta sujeto a ser restituido por sumas de dinero, se busca proteger la actividad sindical, los derechos maternales y los paternales.
Estabilidad relativa:
La estabilidad relativa se diferencia de la absoluta en que la obligación del patrono de reenganchar es "FACULTATIVA" pues en el momento del cumplimiento del reenganche puede el patrono liberarse pagando la indemnización prevista en el articulo 125 LOT.
Artículo 125 LOT
Si el patrono persiste en su propósito de despedir al trabajador, deberá pagarle adicionalmente a lo contemplado en el artículo 108 de esta Ley, además de los salarios que hubiere dejado de percibir durante el procedimiento, una indemnización equivalente a:
1) Diez (10) días de salario si la antigüedad fuere mayor de tres (3) meses y no excediere de seis (6) meses.
2) Treinta (30) días de salario por cada año de antigüedad o fracción superior de seis (6) meses, hasta un máximo de ciento cincuenta (150) días de salario.
Adicionalmente el trabajador recibirá una indemnización sustitutiva del preaviso previsto en el artículo 104 de esta Ley, en los siguientes montos y condiciones:
a) Quince (15) días de salario, cuando la antigüedad fuere mayor de un (1) mes y no exceda de seis (6) meses;
b) Treinta (30) días de salario, cuando fuere superior a seis (6) meses y menor de un (1) año;
c) Cuarenta y cinco (45) días de salario, cuando fuere igual o superior a un (1) año;
d) Sesenta (60) días de salario, cuando fuere igual o superior a dos (2) años y no mayor de diez (10) años; y
e) Noventa (90) días de salario, si excediere del límite anterior.
El salario de base para el cálculo de esta indemnización no excederá de diez (10) salarios mínimos mensuales.
PARÁGRAFO ÚNICO.- Lo dispuesto en este artículo no impide a los trabajadores o sus causahabientes el ejercicio de las acciones que puedan corresponderles conforme al derecho común.
Artículo 112 LOT
Los trabajadores permanentes que no sean de dirección y que tengan más de tres (3) meses al servicio de un patrono, no podrán ser despedidos sin justa causa.
Parágrafo Único: Los trabajadores contratados por tiempo determinado o para una obra determinada gozarán de esta protección mientras no haya vencido el término o concluido la totalidad o parte de la obra que constituya su obligación.
Este privilegio no se aplica a los trabajadores temporeros, eventuales, ocasionales y domésticos.
Artículo 113 LOT
Son trabajadores permanentes aquellos que por la naturaleza de la labor que realizan, esperan prestar servicios durante un período de tiempo superior al de una temporada o eventualidad, en forma regular e ininterrumpida.
Artículo 114 LOT
Son trabajadores temporeros los que prestan servicios en determinadas épocas del año y en jornadas continuas e ininterrumpidas, por lapsos que demarcan la labor que deben realizar.
Artículo 115 LOT
Son trabajadores eventuales u ocasionales los que realizan labores en forma irregular, no continua ni ordinaria y cuya relación de trabajo termina al concluir la labor encomendada.
Artículo 191. LOPT
Los patronos que ocupen menos de diez (10) trabajadores, no estarán obligados al reenganche del trabajador despedido, pero sí al pago de las prestaciones e indemnizaciones a que refiere la Ley Orgánica del Trabajo, cuando el despido obedezca a una justa causa que en todo caso será objeto de calificación por el Tribunal competente.
Procedimiento:
Artículo 453 LOT
Cuando un patrono pretenda despedir por causa justificada a un trabajador investido de fuero sindical, o trasladarlo o desmejorarlo en sus condiciones de trabajo, solicitará la autorización correspondiente del Inspector del Trabajo de la jurisdicción donde esté domiciliado el sindicato, en escrito que determine el nombre y domicilio del solicitante y el carácter con el cual se presenta; el nombre y el cargo o función del trabajador a quien se pretende despedir, trasladar o desmejorar, y las causas que se invoquen para ello. El Inspector citará al trabajador para que comparezca a una hora determinada del segundo día hábil después de su citación para que dé contestación a la solicitud de despido, y en ese acto oirá las razones y alegatos que haga el trabajador o su representante y exhortará a las partes a la conciliación. Si el trabajador o el patrono no comparecen a la hora fijada se les concederá una hora de espera. La no comparecencia del patrono al acto de la contestación se entenderá como desistimiento de la solicitud de despido, a menos que justifique el motivo de fuerza mayor que haya impedido su asistencia.
En caso de no lograrse la conciliación, se abrirá una articulación probatoria de ocho (8) días hábiles, de los cuales los tres (3) primeros serán para promover las pruebas y los cinco (5) restantes para su evacuación. La no comparecencia del trabajador se entenderá como un rechazo de la solicitud de las causales invocadas por el patrono.
Serán procedentes todas las pruebas establecidas en el Código de Procedimiento Civil. En caso de que se desconozca un documento se hará el cotejo por un experto nombrado de común acuerdo por las partes o, en su defecto, por el Inspector cuyo costo correrá a cargo del patrono si resultare contrario al planteamiento de éste, o del Ministerio del ramo en cualquier otro caso.
El segundo día hábil después de la terminación del lapso de evacuación de pruebas se oirán las conclusiones de las partes, y dentro de los diez (10) días siguientes el Inspector dictará su Resolución. De esta Resolución no se dará apelación, pero ella no privará a las partes de ventilar ante los tribunales los derechos que les correspondan.
Introducción
Amparar, proviene del Latín y significa favorecer, proteger, defender. Acogerse al favor o protección de alguien. El amparo es la institución que tiene su ámbito dentro de las normas del Derecho Político o Constitucional y que va encaminada a proteger la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, sin importar su índole, que actúa fuera del ámbito de sus atribuciones legales, y de esta manera esta haciendo vulnerable las garantías de las personas establecidas en la Constitución o los derechos que ella protege.
El Derecho del trabajo es el más social de todos los derechos, en vista de que este es una rama autónoma que va a regir y a garantizar los derechos más relevantes del hombre, que van más allá de las relaciones pecuniarias o de los intereses entre las partes o terceros. Entre estos derechos podemos mencionar el derecho al empleo, el derecho al salario justo, el derecho a las 8 horas de trabajo a la estabilidad, libertad sindical entre otros que se encuentran consagrados en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela. El recurso de amparo viene a constituir el medio de rescate de algunos de estos derechos, que se hayan visto violados con la finalidad de proteger los intereses del trabajador
El amparo laboral es entonces la protección de los derechos y garantías de las personas en materia del Derecho Laboral. Es de gran importancia el amparo laboral por cuanto constituye el mecanismo de protección de los trabajadores cuando sus esferas jurídicas se ven afectadas o perturbadas por un tercero quien excediéndose de sus funciones o valiéndose de su autoridad atenta contra sus derechos. Derechos que por su naturaleza y su relevancia trasciende las relaciones individuales de las partes y se desprenden prerrogativas y garantías para la proyección de los mismos, que son inseparables del ser humano.
La importancia de este trabajo radica en que como futuros defensores de los derechos de las personas debemos conocer los mecanismos existentes para la defensa de los mismos y en este caso en materia laboral.
Para la realización de este trabajo fue necesaria la recopilación de material e información sobre el amparo y el amparo en el derecho laboral, dicha información fue recopilada en el presente trabajo y ordenada en títulos y subtítulos debidamente identificados.
Ley de Amparo
Ya se menciono anteriormente el concepto de amparar y el concepto de amparo, así que basadas en dichas definiciones podemos decir que cuando nos referimos a Ley de Amparo nos referimos a aquella disposición legal que contiene en sus distintos capítulos todo lo referente al amparo como recurso de protección que tienen los trabajadores cuando un derecho se ve afectado por un tercero, así como también, la misma ley contiene los casos en los cuales se puede usar el recurso de amparo, y el modo como debe este usarse.
La Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, fue publicada en gaceta Oficial N° 33.891 del 22 de enero de 1988; es una ley de gran trascendencia y profundo contenido democrático. Este instrumento dota a los trabajadores de un el mejor medio de defensa de los derechos y garantías constitucionales, mediante la acción de amparo, con la cual se busca proteger al individuo de la arbitrariedad y la injusticia a través de un procedimiento breve sumario, el cual no exige grandes formalismos, que terminen por asfixiar al que desee hacer uso del recurso.
La ley de Amparo en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
Nuestra Constitución consagra en su artículo 27 el recurso del amparo al establecer: "Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos".
El mismo artículo señala en su segundo párrafo el procedimiento y características del amparo al expresar: "El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella".
Culmina el artículo: "Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales."
Los Derechos Laborales protegidos por la Ley de Amparo
Las leyes sociales tienen una naturaleza eminentemente proteccionista en función de los derechos de los trabajadores que son aquellos que más urgentemente hacen necesaria la intervención del Estado en el logro del equilibrio entre la superioridad del empleador sin importar que este sea un empleador público o empleador privado, ante la condición débil jurídica que posee el trabajador, aunque esta condición de debilidad jurídica no es merecida por el trabajador. En razón de esto nuestra Constitución establece una protección especial a los derechos de los trabajadores y de igual manera la Ley Orgánica del Trabajo, que establece en su artículo 3 el principio de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador por parte de este.
La ley de amparo señala que son objeto de protección a través de la acción de amparo todos los derechos y garantías constitucionales de los habitantes de Venezuela, es decir serán objeto de amparo todos los derechos que tienen los trabajadores garantizados, bien sean ellos de carácter individual de cada trabajador o de carácter colectivo como por ejemplo el derecho que tienen los trabajadores a organizarse en sindicatos, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a huelga entre otros derechos..
El artículo 1° de la Ley Orgánica de Amparo establece de una forma democrática e igualitaria el uso del recurso de amparo por parte bien de personas naturales o jurídicas, al establecer: "Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella.
La garantía de la libertad personal que regula el habeas corpus constitucional, se regirá por esta Ley."
Los Derechos Individuales protegidos
La Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales protegerá aquellos derechos contemplados en la Ley Orgánica del Trabajo y otras leyes sociales.
Entre los derechos que tutela esta Ley Orgánica podemos señalar: el derecho al trabajo, la libertad del trabajo contenida en el artículo 112 de la C.R.B.V. y en el artículo 87, los cuales rezan:
Artículo 87. "Toda persona tiene derecho al trabajo y el deber de trabajar. El Estado garantizará la adopción de las medidas necesarias a los fines de que toda persona pueda obtener ocupación productiva, que le proporcione una existencia digna y decorosa y le garantice el pleno ejercicio de este derecho. Es fin del Estado fomentar el empleo. La ley adoptará medidas tendentes a garantizar el ejercicio de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras no dependientes. La libertad de trabajo no será sometida a otras restricciones que las que la ley establezca.
Todo patrono o patrona garantizará a sus trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, higiene y ambiente de trabajo adecuados. El Estado adoptará medidas y creará instituciones que permitan el control y la promoción de estas condiciones".
Artículo 112. Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social. El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país".
También tutela los derechos: a la protección y mejoramiento de las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores. La LOT contiene el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales. También regula lo referente al salario justo, trabajo igual salario igual, que esta contemplado en el artículo 91 de la C.R.B.V. el cual dice: "Artículo 91… Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa…"
Derechos Colectivos amparados
Los derechos individuales de los trabajadores tienen una relevación e importancia en el plano personal para el derecho social, los derechos colectivos de los trabajadores son el impulso continuo que genera el mejoramiento de las condiciones de trabajo y se acerca a la obtención de un equilibrio entre los trabajadores y los empleadores.
Los derechos colectivos incluyen a todos los profesionales de los trabajadores y aun así se aplicaran a quienes todavía no tienen esa cualidad. Estos derechos están integrados por tres instituciones las cuales son las ramas más importantes del Derecho del Trabajo. Entre estas instituciones encontramos: Las Organizaciones Sindicales la cual es una institución que se ve inspirada por los principios de libertad sindical, el derecho a la Constitución de sindicatos, el derecho de sindicalización de los trabajadores, etc.
En Venezuela se adopto lo establecido por el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, la cual en esta materia es la de mayor trascendencia e importancia, la cual establece en sus distintos artículos el derecho que tienen todos los trabajadores por igual a "constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a estas organizaciones".
Esta convención es propia a la protección especial que el Estado concede a los trabajadores que están ejerciendo su derecho de Constitución de sindicato, hasta por un lapso de inamovilidad de 90 días máximos o hasta que sea legalizada la organización sindical. Esta protección denominada fuero sindical protege al trabajador contra el despido, el cual no procederá si antes no se ha llevado a cabo una calificación de despido, a lo cual hace referencia el artículo 47 de la LOT.
Como consecuencia de la existencia de los sindicatos, los cuales están orientados a la mejora de las condiciones, beneficios, derechos, etc. del trabajo, nace la Negociación Colectiva, la cual es una "Legislación Complementaria", conocida como tal en razón de que toda legislación al ser promulgada se paraliza y se estanca, y solo son los contratos colectivos los que mantienen la relación ente las condiciones de trabajo de carácter socio económico y la realidad económica de los costos de los bienes y servicios que los trabajadores deben adquirir y consumir para poder subsistir junto con sus familiares.
El derecho a Huelga es la institución que viene a ser el medio usado por los trabajadores para lograr sus "conquistas" laborales y lograr así un equilibrio entre el poder que posee el empleador y el trabajador, mediante la obligación por parte de los trabajadores hacia los empleadores a aportarle las mejoras que están demandando, o que necesitan los trabajadores, pero este plano de igualdad que se presenta con esta institución es solamente de carácter temporal por cuanto una vez terminada la huelga el patrono vuelve a ubicarse en un plano superior con respecto a los trabajadores. Aunque es el medio más usado no es el medio más idóneo en razón de que este es solamente usado de manera excepcional, cuando los demás medios de "conquista" han fallado, y cuando no tienen otra forma de defender sus derechos. La C.R.B.V. consagra el derecho a la huelga en su artículo 97 el cual señala:
Artículo 97. "Todos los trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado tienen derecho a la huelga, dentro de las condiciones que establezca la ley".
Evolución del Trabajo
El trabajo ha existido desde el inicio de la existencia del hombre, lo que ha variado es su formación social y humada como hoy la conocemos.
La primera organización evolutiva de base social, económica, laboral y ética fue la familia, de esta se da inicio y se logra el llamado clan, y más adelante la tribu. En la época antigua, el Imperio Romano, el Medioevo, presentaron organizaciones del trabajo, hoy superadas, pero no totalmente erradicadas, como lo fueron los esclavos que no poseían ningún tipo de derecho y constituían la base del trabajo productivo, en razón de que en este momento de la historia se consideraba al trabajo como indigno y por esto las clases dominantes y cultas no podían realizarlo. Los griegos, más adelante estructuraron el para que lo realizasen los esclavos, y que las clases privilegiadas se dedicaran a actividades más propias de ellas como lo eran las artes.
En la edad media, los esclavos fueron llamados Siervos, constituyéndose así una nueva estructura del trabajo donde los castigos, y demás injusticias que sufrían los esclavos se vieron atenuados por consideraciones más que todo de índole religiosas.
Fue Adam Smith quien en su interés de desestimular los resabios existentes hacia los esclavistas y justificando la nueva relación del trabajo asalariado, y a su vez visualizando el desarrollo del emporio industrial, pregonaba que la única base de la riqueza era el trabajo en vista de que este era lo que podía modificar y transformar en bienes de consumo y servicios cualquier materia prima o procedimientos industriales.
Características de los Derechos Laborales
Las características que poseen los derechos laborales, provienen de su naturaleza perentoria y dependencia del trabajador, así encontramos entre las características más importantes están: La celeridad, La oralidad, La gratuidad, La efectividad y La no discriminación.
1) La Celeridad: entendamos la celeridad como sinónimo de prontitud, rapidez y velocidad. Los juicios del Trabajo tienen que ser breves, sencillos y rápidos como consecuencia de esto, en razón de que se motive al trabajador a la defensa de sus derechos. Cuando una sentencia no se dicta se llama indefección y contra esto no existe recurso alguno, por eso es preferible que la sentencia se dicte aunque no sea a favor, por cuanto se puede apelar dicha decisión.
2) La Oralidad: Cuando nos referimos a la oralidad como características de los derechos laborales hablamos de que a través de esta, se conseguirá una celeridad en la resolución de los distintos problemas y de igual manera despojara a los procesos laborales de todos aquellos formalismos burocráticos, obteniendo como consecuencia una modernización en el proceso laboral.
3) La Gratuidad: Nos referimos a que el proceso laboral no puede ser costoso, debe poder ser accesible a todas las personas por igual, para que así, el trabajado que busque la defensa de sus derechos, no se vea impedido por los gastos de estos procesos, es por esto que, el acceso a la justicia laboral debe ser exento de cualquier tipo de pago por derecho y otros costos, como lo son los peritajes, los costos de los embargos, las habilitaciones, etc.
4) La Efectividad: Es necesario que la sentencia laboral no sea ilusoria es decir que no sea nula o sin efecto, ante privilegios de carácter civil que son preeminentes frente al cobro, como lo es por ejemplo de prestaciones sociales y otros derechos inalienables que condicionan la supervivencia de los laborantes y sus familiares.
5) Un proceso no discriminatorio: en función de que el trabajo es para todas las personas sin distinción alguna, entonces los derechos de igual manera son para todas las personas y como consecuencia las formas de defensa de dichos derechos, también pueden ser ejercidas por todas las personas por igual.
El Juez Constitucional
El artículo 27 de la C.R.B.V. referente al derecho de amparo, también señala el procedimiento de amparo o la acción de amparo constitucional, y establece que este debe ser un procedimiento breve y sumario, y el juez competente tiene la facultad para reestablecer inmediatamente la situación jurídica infringida. El juez competente para ello en materia del Trabajo es el de Primera Instancia Laboral, que se viene dado por la fuerza expansiva y jerárquica de la norma constitucional, el cual tiene la facultad "erga omnes" de reestablecer el goce inmediato de cualquier derecho o garantía de carácter laboral que se hayan visto violentadas, desconocidas, etc. por un particular, o una autoridad bien sea pública o privada.
Mecanismos aptos para la preservación de los Derechos Laborales.
No existen actualmente un mecanismo que garantice a los trabajadores, a sus organizadores sindicales o a sus dirigentes, los principios de justicia laboral como lo son la celeridad, la gratuidad y la efectividad, y por lo contrario los procedimientos actuales, están revestidos de formalidades que retardan de una manera innecesaria el restablecimiento de los derechos laborales que fueron violados o perturbados; es por ello que consideramos necesarios la creación de los distintos mecanismos idóneos para asegurarle al trabajador dichos principios laborales y de esta manera disminuir el porcentaje existente de trabajadores que por las tardanzas y gastos que sufren en un proceso laboral, pasan por alto la violación de sus derechos y creando así un mayor índice de empleadores que violan derechos de los trabajadores, aprovechándose de que este en la mayoría de los casos no tiene dinero para sobrellevar los gastos del proceso o no tiene el tiempo, y deja que el empleador haga cos sus derechos lo que mejor le parezca.
Desconocimiento de la Inamovilidad
Después de la obtención de un procedimiento administrativo que garantice a los trabajadores su derecho a que se respete la inamovilidad (entendamos la inamovilidad como el derecho que tienen ciertos empleados y funcionarios, especialmente los jueces y magistrados a nos ser destituidos, trasladados, suspendidos, ni jubilados sino por alguna de las causas prevenidas en las leyes), la autoridad administrativa competente que debe ejecutar la orden de reenganche y pagar los salarios caídos del trabajador beneficiario de la inamovilidad ratificada por la decisión del Inspector.
Esta obligación de hacer que tiene el patrono de acatar y de reinstalar al trabajador en las mismas condiciones que tenia antes del despido arbitrario que él llevó a cabo, obligación que no admite cumplimiento por equivalente, sino por el contrario, reincorporación física, y la cual no puede ser cambiada por una indemnización tarifaría, se ve entrabada por no existir un mecanismo idóneo que haga ejecutar esa decisión; y es entonces cuando el patrono cree falsamente que no debe cumplir con dicha decisión de reenganche y pago de salarios caídos y se fundamenta en que no existe un mecanismo que se encargue de velar por el cumplimiento de la decisión por parte del empleador.
El Reenganche y pago de salarios caídos
Cuando una persona haya sido víctima de la violación o perturbación de algunos de sus derechos o garantías constitucionales, puede ejercer un medio que le permitirá defenderse de tal violación y restituirle los derechos que le fueron arrebatados, tal medio de defensa es el consagrado en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cual reza:
Artículo 1: "Toda persona natural habitante de la República, o persona jurídica domiciliada en ésta, podrá solicitar ante los Tribunales competentes el amparo previsto en el artículo 49 de la Constitución, para el goce y el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aún de aquellos derechos fundamentales de la persona humana que no figuren expresamente en la Constitución, con el propósito de que se restablezca inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella…"
Cuando hablamos de un reestablecimiento de la situación jurídica que fue infringida nos estamos refiriendo a que debemos volver las cosas al Estado que tenían antes del momento de la violación o perturbación, en razón de que se habla de una situación jurídica infringida más no irreparable, porque si se hablase de una situación irreparable seria imposible hacer que estas vuelvan al Estado que tenían antes de la violación.
Recurso de Amparo para reclamar salarios caídos.
Por la vía del recurso de amparo no se puede esperar obtener el pago de los salarios caídos, en razón de que cuando se ordene (por el juez competente) el reenganche se estaría ya solventando la situación jurídica infringida y cesaría consecuentemente el Estado de perturbación o violación del derecho constitucional, reestableciéndose así a plenitud la estabilidad absoluta; pero no podrá ordenar el pago de los salarios caídos en razón de que en este caso como juez constitucional del Amparo, violaría la naturaleza únicamente restitutoria que posee el amparo, por cuanto si se pone en practica una naturaleza indemnizatoria del amparo, se estaría adentrando el juez en lo concerniente a la acción que a futuro debe llevar a cabo el trabajador interesado en un juicio nuevo, y es aquí en donde el trabajador plantearía el problema de los salarios caídos.
Entonces, corresponde solo al juez constitucional del amparo dictar una sentencia que hará cosa juzgada solamente en materia de derecho en el sentido de que esta sentencia solventaría el problema de un derecho violado, más no cosa juzgada en sentido material porque en este sentido le corresponde al trabajador iniciar un nuevo procedimiento por vía ordinaria.
Encontramos así la sentencia del Magistrado García Vara, en la cual se destaca con respecto a los salarios caídos que el recurso de amparo tiene una naturaleza excepcional en vista de que el que lo accione no debe tener otra vía procesal contenida en la legislación ordinaria para defenderse de la violación de un derecho y señala además dicha sentencia que: " El Amparo es un recurso subsidiario de carácter restitutorio y no indemnizatorio, por lo que malo puede pretenderse acudir, utilizando esta vía, para obtener el pago de una suma de dinero, aunque se trate de salarios caídos…"
El Efecto restitutorio del amparo laboral.
Cuando nos referimos a que el amparo laboral solo tiene efecto restitutorio nos referimos que aquella persona que haga uso del medio de defensa que es el amparo laboral no puede incluir en el escrito de este aspecto relacionados con el reclamo de sumas de dinero por cuanto como anteriormente se ha explicado el amparo es solamente para solventar el daño causado a un derecho, no el pago de sumas de dinero.
El recurso de amparo se propone en el caso de la persona que lo propondrá haya agotado el procedimiento administrativo en lo relativo a la calificación de despido o de reenganche, y lo podrá usar cuando este en presencia o sea esta persona objeto del beneficio de la inamovilidad, explicado anteriormente.
Hay que destacar que aunque existen criterios donde el amparo laboral es únicamente restitutorio, más no indemnizatorio, existen criterios que consideran al amparo con efectos indemnizatorios, razón por la cual encontramos variedad de criterios en la jurisprudencia Venezolana. Pero lo cierto es que de acuerdo a lo establecido en la C.R.B.V. el amparo tiene solo efecto restitutorio y por lo tanto el juez debe solamente limitarse a exigir el reenganche, más no a ordenar el pago de salarios caídos.
El Amparo en la C.R.B.V., LOT. y en el R.L.O.T.
Los artículos referentes al Amparo que se encuentran establecidos en nuestra carta magna, han sido ya nombrados y explicados con anterioridad, pero sin embargo consideramos necesarios nombrarlos nuevamente. Dichos artículos son: Artículo 27, el cual señala las características del Amparo, el procedimiento del mismo y además hace mención al Amparo en caso del Estado de excepción. Artículo 31, establece lo referente al amparo ante los órganos internacionales y así mismo establece en su último aparte el que el procedimiento a seguir es el establecido en la Constitución y en la ley y que se tomaran las medidas necesarias para dar cumplimiento a las decisiones de los órganos internacionales. Artículo 336 ordinal 10, este artículo habla sobre las atribuciones de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, entre las cuales esta la de revisar las sentencias definitivamente firmes de amparo constitucional.
Artículo 281 ordinal 3, este artículo establece que entre las atribuciones que posee el defensor del pueblo se encuentra el de "interponer las acciones de inconstitucionalidad, amparo, habeas corpus, habeas data…"
La Ley Orgánica del Trabajo contiene distintas disposiciones referentes al amparo laboral, entre las cuales la más importante es el ya mencionado artículo 11, el cual reza: Artículo 11. "Los derechos consagrados por la Constitución en materia laboral serán amparados por los jueces de Primera Instancia de la jurisdicción del Trabajo, de conformidad con la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales."
Por su parte el Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, contiene más disposiciones referentes al amparo entre las cuales se puede señalar: artículo 14, 18 parágrafo único, 124, 213 y 245; los cuales establecen los casos en los cuales podrán ejercer la acción de amparo; tales casos son:
Artículo 14: "el trabajador victima de discriminación en el empleo podrá extinguir la relación de trabajo invocando una causa justificada de retiro o, si lo estimare conveniente, ejercer la acción de amparo constitucional para obtener la restitución de la situación jurídica infringida.
Parágrafo primero: Él accionarte deberá aportar al proceso elementos de juicio que permitan deducir la discriminación alegada, correspondiendo al demandado la justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y su proporcionabilidad"
Artículo 18: "Parágrafo único: si el trabajador fuere despedido o discriminado en el empleo con ocasión de su negativa justificada a cumplir las ordenes patronales, podrá ejercer la acción prevista en el artículo 14 del presente reglamento. De igual modo, si el patrono persistiere en las ordenes a pesar de la disconformidad manifestada por el trabajador, este podrá retirarse invocando el hecho como causa justificada para ello"
Artículo 124: " Quien optare a un empleo se considerare discriminada por razón de su embarazo, podrá ejercer la acción prevista en el artículo 14 del presente Reglamento"
Artículo 213: " Contra la providencia del Ministro del Trabajo que fije los servicios mínimos indispensables podrán los interesados ejercer la acción constitucional de amparo, en los términos y condiciones de su ley, en tutela del derecho de la libertad sindical o de cualquier otro rango constitucional."
Artículo 245, habla de que aquellas personas que sean victimas de prácticas antisindicales podrán ejercer la acción de amparo.
Jurisprudencia Venezolana sobre el Amparo
En vista de los distintos criterios existentes entre los jueces de la práctica jurídica venezolana, se hizo necesario buscar lo referente a las distintas sentencias de la Jurisprudencia Venezolana, que en materia del Amparo Laboral han sido de gran relevancia y prevalencia.
Así encontramos un sin numero de jurisprudencia referentes al tema, de las cuales podemos señalar como las más importantes las siguientes máximas jurídicas que nacen de las mismas.
Con respecto a los efectos de la acción de amparo constitucional, los cuales son siempre restablecedores y nunca constitutivos, encontramos:
Sentencia: Sala Político Administrativa, Sentencia Nro. 02730 del 20/11/2001
Contenido: " ha sido pacífica y reiterada la jurisprudencia de este Alto Tribunal en cuanto a que los efectos del amparo constitucional son siempre restablecedores y nunca constitutivos; entendiendo que el efecto restablecedor significa poner una cosa en el estado original, por lo que sólo puede pretender el quejoso que se le coloque en la situación que ostentaba antes de que se produjera la lesión denunciada ante el juez".
Con respecto al criterio jurisprudencial de la Sala Constitucional sobre el lapso para apelar de decisiones dictadas en materia de amparo.
Sentencia: sala político administrativa, sentencia Nro. 01456
Contenido: En sentencia N° 7 del 1° de febrero de 2000, la Sala Constitucional de este Alto Tribunal señaló: "(…) Contra la decisión dictada en primera instancia, podrá apelarse dentro de los tres (3) días siguientes a la publicación del fallo, la cual se oirá en un sólo efecto a menos que se trate del fallo dictado en un proceso que, por excepción, tenga una sola instancia. De no apelarse, pero de ser el fallo susceptible de consulta, deberá seguirse el procedimiento seguido en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, esto es, que la sentencia será consultada con el tribunal superior respectivo. (…)"
Con respecto a la acción de amparo intentada vía correo electrónico:
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 523 del 09/04/2001
Contenido: "Esta Sala por interpretación progresiva del artículo 16 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales admite que, dentro del medio telegráfico a que hace alusión dicho articulado, está incluido el Internet como medio posible de interposición de la petición de amparo constitucional, limitándola a casos de urgencia y a su ratificación, personal o mediante apoderado, dentro de los tres (3) días siguientes a su recepción. Ello es así con el fin de no limitar el derecho al acceso a la justicia del accionarte, por constituir no sólo un hecho notorio la existencia del Internet como medio novedoso y efectivo de transmisión electrónica de comunicación, sino que, además, dicho medio se encuentra regulado en el ordenamiento jurídico venezolano por el reciente Decreto Ley Nº 1204 sobre Mensajes de Datos y Firmas Electrónicas, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 37.148 del 28 de febrero de 2001, en donde se le da inclusive valor probatorio a dichas transmisiones."
Con respecto al Amparo en favor de derechos e interese colectivos o difusos
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 487 del 06/04/2001
Contenido: "La Sala observa que, a pesar que no existía reconocida en la ley una acción judicial para ejercer derechos e intereses colectivos, motivo por el cual ésta no se ejerció directamente en esta causa, ella contiene la petición en protección de un derecho colectivo (el de los agraviados), por lo que esta Sala, en cuanto a ese aspecto de la pretensión, le da el tratamiento de una acción de amparo por intereses colectivos, la cual es posible incoar, conforme a lo señalado en la aludida sentencia de esta Sala del 30 de junio de 2000. Debe acotarse, que en los casos en los cuales la acción de amparo es interpuesta con base en un derecho o interés colectivo o difuso, el mandamiento a acordarse favorecerá bien a un conjunto de personas claramente identificables como miembros de un sector de la sociedad, en el primer caso; bien a un grupo relevante de sujetos indeterminados apriorísticamente, pero perfectamente delimitable con base a la particular situación jurídica que ostentan y que les ha sido vulnerada de forma específica, en el segundo supuesto. Así, no resulta cierto que el amparo destinado a proteger tales situaciones jurídicas de múltiples sujetos, posea efectos erga omnes, tal como lo señalara el a quo, pues, como se ha visto, sus beneficiarios son susceptibles de una perfecta determinación y la tutela a ellos brindada es siempre concreta, mas nunca de modo genérico."
Con respecto a las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, las cuales son por su propia naturaleza materia de eminente orden público
Sentencia: Sala Político Administrativa, Sentencia Nro. 00509 del 03/04/2001
Contenido: "las causales de inadmisibilidad previstas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, son por su propia naturaleza materia de eminente orden público; siendo ello así, el Juzgador cuenta con un amplio poder de apreciación, incluso para examinar elementos que no hayan sido observados por las partes, o bien que aún siéndolo, hayan podido escapar del análisis previamente realizado por el propio tribunal."
Con respecto a los efectos de la admisión de la acción de amparo.
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 345 del 22/03/2001
Contenido: "Al efecto, esta Sala observa que la admisión de una acción de amparo o de una demanda es de naturaleza provisional, a reserva de lo que se resuelva en la sentencia definitiva, y su contenido no produce cosa juzgada de ningún género."
Con respecto a la inadmisibilidad de acciones o recursos contra el auto de admisión de amparo.
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 310 del 06/03/2001
Contenido: "la Sala considera que resulta improcedente el intentar un amparo constitucional contra el auto que admite otro amparo, por las siguientes razones: 1.- El auto que admite un amparo es un acto de sustanciación o instrucción del Juez, mediante el cual le da impulso al proceso. No contiene decisión de fondo, ni produce gravamen alguno a las partes, por lo tanto, contra el mismo no cabe recurso de apelación, ni demanda de amparo. 2.- El artículo 27 de la vigente Constitución exige que el procedimiento de amparo constitucional sea oral, público, breve gratuito y no sujeto a formalidad, que es precisamente el fundamento de la decisión de esta Sala, cuando describió las formas del proceso de amparo, en sentencia del 1º de febrero de 2000 (Caso José Amando Mejía). 3.- Darle curso a un amparo contra este tipo de providencias, implica desnaturalizar su esencia, ya que la brevedad del procedimiento, impide la existencia de incidencias o trámites procesales, que puedan afectar o comprometer la efectividad de la tutela constitucional. Téngase presente que, la única cuestión incidental permitida, es la relativa a los conflictos de competencia, prevista en el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales."
Con respecto a la acción de amparo constitucional intentada en juicios de calificación de despido.
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 273 del 02/03/2001
Contenido: "No deja de observar la Sala la asiduidad con que, en los juicios de calificación de despido, y en virtud de que en tales procedimientos el recurso de casación es inadmisible, la parte perdidosa en segunda instancia acude al amparo y plantea nuevamente la controversia hasta entonces litigada, agregando simplemente alegatos de violación a derechos constitucionales. Este proceder es inadecuado, pues atenta contra la celeridad de la justicia, al abarrotar los órganos jurisdiccionales con acciones de amparo improcedentes, retardando así la decisión sobre otras acciones, incluidas las de amparo que sí se fundamentan en verdaderas violaciones constitucionales. En tal sentido, advierte la Sala que, sin perjuicio de que puedan existir casos relacionados con solicitudes de calificación de despido en los cuales existan auténticas violaciones de derechos constitucionales, se considerará temeraria aquella acción de amparo interpuesta contra la sentencia dictada en alzada sobre un procedimiento de calificación de despido, en la cual los argumentos esgrimidos por él accionarte constituyan un simple replanteamiento de la controversia hasta entonces existente, cual si de una tercera instancia se tratase. "
Con respecto a la regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo. Excepciones a la regla.
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 987 del 10/08/2000
Contenido: "En atención a las disposiciones antes transcritas, puede afirmarse que la regla general atributiva de competencia sobre las acciones de amparo, consiste en otorgarle el conocimiento de las mismas a los Tribunales de Primera Instancia que conozcan en materias afines con los derechos o garantías constitucionales lesionados o amenazados de violación. Con ello quiso el legislador que los amparos fuesen resueltos por jueces -de primera instancia- que aplicaran sus conocimientos y experiencia especializada para resolver los amparos de una forma rápida y acertada, lo cual evidentemente repercutiría en la efectividad de la institución. Sin embargo, la referida regla encuentra sus excepciones en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siendo una de ellas precisamente la contenida en el mencionado artículo 9 ejusdem, conforme al cual, en caso que la lesión denunciada se produzca en un lugar donde no funcionen Tribunales de Primera Instancia, la acción de amparo constitucional podrá ser interpuesta ante cualquier juez de la localidad.."
Con respecto a las causales de inadmisibilidad
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia Nro. 939 del 09/08/2000
Contenido: "En este contexto es menester indicar que la postura que sirve de fundamento al fallo apelado ha sido corregida progresivamente por esta Sala hasta el punto de considerar que la parte actora puede optar entre el ejercicio de la acción de amparo y la vía de impugnación ordinaria (vid sentencia de fecha 15 de febrero de 2000 entre otras); no obstante, para ello debe poner en evidencia las razones por las cuales decidió hacer uso de esta vía -amparo- ya que de lo contrario se estarían atribuyendo a este medio procesal los mismos propósitos que el recurso de apelación, lo cual no ha sido en ningún momento la intención del legislador. Ahora bien, en el presente caso la empresa accionarte no ha expuesto motivo alguno que permita a esta Sala llegar al convencimiento de que el medio idóneo para lograr una efectiva tutela judicial era el amparo, en razón de lo cual, la acción propuesta debe desestimarse por cuanto la accionarte no agotó la vía ordinaria, de conformidad con el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.""
Con respecto a la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo.
Sentencia: Sala Constitucional, Sentencia No. 383 del 16/05/2000
Contenido: "…de conformidad con el criterio establecido por la antigua Corte Suprema de Justicia, en Sala Político Administrativa,… la extinción de la acción de amparo por el transcurso del tiempo se produce en todos los casos, salvo que, la forma como se hubiese producido la lesión revista tal gravedad que constituya un hecho lesivo de la conciencia jurídica…. Ahora bien, con independencia de la ambigüedad e indeterminación que alberga el concepto conciencia jurídica, no es procesalmente válido juzgar en torno a la configuración o no de una causal de inadmisibilidad, como lo sería la caducidad de la acción de amparo, sobre la base de un juicio previo en torno a una cuestión de mérito, cual es el relativo a la existencia o no de la lesión y a su nivel de gravedad.""
Conclusión
El recurso de amparo consiste en una demanda que se introduce ante un juez para obligar al infractor a restituir una situación jurídica anterior y cuyo quebrantamiento perjudica al demandante. Requiere de la asistencia de un abogado y el procedimiento es relativamente breve, al menos comparándolo con el juicio ordinario.
Los derechos propios del hombre por su naturaleza, se han devenido en garantías de carácter constitucional, que son recogidas en garantías fundamentales, las cuales pregonan que esos derechos son inviolables y no pueden ser desconocidos ni por los propios ciudadanos, no por ninguna autoridad formal, ni jerárquica, por más importante que esta sea. Esta idea se afinca en el derecho que la personalidad humana, su dignidad es de carácter inalienable y no pueden ser desconocidos.
La acción de amparo es de naturaleza constitucional y garantiza los derechos laborales consagrados en nuestra Carta Magna, ya que es inconcebible que la jerarquía de esos derechos inherentes al hombre fuesen discriminados de esa acción.
Nuestra Constitución establece una protección especial a los derechos de los trabajadores y de igual manera la Ley Orgánica del Trabajo en sus distintos artículos y acompañada de su reglamento, por lo tanto aquellos derechos que son objeto de protección por parte de la acción de amparo, son todos aquellos derechos y garantías establecidas en la Constitución y en las demás leyes sociales del País.
Las características de los derechos laborales, tienen su origen en su naturaleza perentoria y la dependencia que tienen los mismos del trabajador, estas características son: La celeridad, La oralidad, La gratuidad, La efectividad y La no discriminación.
La acción de amparo debe ser un procedimiento breve y sumario, y el juez competente en este procedimiento, el Juez de Primera Instancia Laboral, tiene la facultad de reestablecer inmediatamente la situación jurídica infringida de la otra persona.
Actualmente un mecanismo que garantice a los trabajadores, a sus organizadores sindicales o a sus dirigentes, los principios de justicia laboral
la inamovilidad como el derecho que tienen ciertos empleados y funcionarios, especialmente los jueces y magistrados a nos ser destituidos, trasladados, suspendidos, ni jubilados sino por alguna de las causas prevenidas en las leyes, no existe, es decir que el ordenamiento jurídico carece de el mecanismo que haga cumplir la ley y las decisiones tomadas en los distintos casos en materia de los derechos laborales.
Debemos entender por "reestablecimiento de la situación jurídica que fue infringida" como la necesidad que existe de volver las cosas al Estado que tenían antes de ser perturbadas o violadas, puesto que es una situación que solamente fue infringida pero posee reparo.
Erróneamente se cree que por la vía del recurso de amparo se puede esperar obtener el pago de los salarios caídos, lo cual no es posible en razón de que cuando se ordene (por el juez competente) el reenganche se estaría ya solventando la situación jurídica infringida y así cesaría consecuentemente el estado de perturbación o violación del derecho constitucional.
Existe numerosos casos de Amparo Laboral, tratados por los distintos tribunales del País, específicamente por el Tribunal Supremo de Justicia, que viene a ratificar los criterios anteriormente expuestos sobre el amparo laboral, sus características, condiciones de admisibilidad, inadmisibilidad, efectos y también deciden sobre el aspecto del pago de salarios caídos mediante la acción de amparo, dejando de manera muy clara y pasando a formar parte de la jurisprudencia del resto de los tribunales el hecho de que a través de esta acción de defensa que tiene el trabajador no se puede pedir la restitución de los salarios caídos, pues la situación de violación de derecho que ha sufrido el trabajador se ve subsanada con el reenganche, si este fuese el caso.
Autor:
José Noroño
| Página siguiente |