Por algo el latifundio ha sido soporte estructural del sistema antidemocrático que controla los destinos de Colombia. La feudal estructura de propiedad rural que prevalece en nuestro país es inaudita: el 1.5% de los propietarios posee el 80% de la tierra potencialmente productiva.
Colombia tiene 114.1 millones de hectáreas de tierra debidamente planimetradas, de las cuales 51.0 millones de hectáreas están abiertas como superficie agropecuaria y constituyen lo que se conoce como frontera agrícola. De estas, unas 18 millones de hectáreas podrían utilizarse en agricultura, no obstante, de esta área abierta, solo 10 millones de hectáreas en estricto sentido de buen aprovechamiento, son adecuadas para la agricultura, de las que apenas están siendo cultivadas un poco menos de 4 millones de hectáreas (3.570.024hectareas).
En contraste, para el sector pecuario, según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, se destinan 38.8 millones de hectáreas de tierra para ganadería, de las que solo 5 millones están apropiadamente explotadas. Es decir, que aproximadamente el 90% de esta tierra es improductiva. Simplemente engrosa la propiedad latifundista de narcotraficantes y políticos regionales, en detrimento de sus anteriores y legítimos dueños, los ya varios millones de humildes campesinos que han sido desplazados.
En los últimos 15 años, un poco más de tres millones de campesinos han sido desterrados. Lo más grave es que este drama no es nuevo en Colombia, pues a mediados de siglo pasado, los campos productivos intentaron ser virtualmente desocupados a partir de la violencia. Al menos 200.000 personas fueron asesinadas y más de 2 millones de labriegos fueron obligados a huir hacia nuevas zonas de colonización, durante el período conocido en nuestra historia como "la violencia".
Desde entonces la colonización ha sido un proceso que nunca se ha detenido, con lo cual aumenta aceleradamente la llamada frontera agrícola. Los campesinos siguen el curso de los ríos por el piedemonte tumbando selva y adecuando tierras, explotando maderas y abriendo brechas en las extensas montañas para huir de la violencia y afincar sus esperanzas.
El campesino se ve sometido a comprar a precios elevados los insumos y semillas, a pagar elevados costos de transporte y comercialización, mientras las ganancias por su trabajo son cada vez más bajas.
Al examinar los resultados del estudio que corresponden al uso del suelo, en Colombia en actividad agrícola se observa que un 57% de las áreas se destinan a cultivos permanentes (2.054.025 hectáreas), mientras que un 38% corresponden a las áreas destinadas al desarrollo de cultivos transitorios y lotes en barbecho listos para cultivar o recientemente cosechados (1.356.104). El 5% restante de la superficie agrícola está compuesta por áreas en descanso (159.895), que son terrenos que se dejan de sembrar por cierto período de tiempo con el ánimo de recuperar las condiciones de fertilidad de los suelos (Encuesta Nacional Agropecuaria, 2007).
En el Meta la actividad agrícola utiliza un 44% de las áreas en cultivos transitorios y lotes en barbecho listos para cultivar (120.636 hectáreas, de las cuales 79.848 corresponden a arroz), mientras que un 43% corresponden a las áreas destinadas al desarrollo de cultivos permanentes (118.732, donde 95.629 están sembradas en palma aceitera). El 13% restante de la superficie agrícola está compuesta por áreas en descanso (35.821), que son terrenos que se dejan de sembrar por cierto período ante la falta de recursos y garantías hipotecarias para continuar el ciclo productivo.
Gráfico 2. Distribución de la superficie en uso agrícola en el Meta.
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Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR – Encuesta Nacional Agropecuaria 2007
En el Meta la actividad agrícola utiliza un 44% de las áreas en cultivos transitorios y lotes en barbecho listos para cultivar (120.636 hectáreas, de las cuales 79.848 corresponden a arroz), mientras que un 43% corresponden a las áreas destinadas al desarrollo de cultivos permanentes (118.732, donde 95.629 están sembradas en palma aceitera). El 13% restante de la superficie agrícola está compuesta por áreas en descanso (35.821), que son terrenos que se dejan de sembrar por cierto período ante la falta de recursos y garantías hipotecarias para continuar el ciclo productivo.
Los resultados presentados respecto al área y producción de los principales cultivos transitorios para la evaluación de la cosecha 2007, revelan señales de retroceso marcadas por la revaluación, factores ligados a un menor ritmo de crecimiento del PIB sectorial, reducción de áreas sembradas, importaciones masivas, desaceleración del crédito rural, aumento de desempleo rural y desanimo a la inversión. Tal situación se torna preocupante, si se tiene en cuenta que en el último año han salido de la actividad productiva un buen número de hectáreas y, que Colombia está a por lo menos un año de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que afectará de manera importante este sector (Banco de la República, subgerencia de Estudios Económicos, Centro Regional de Estudios Económicos – CREE Villavicencio).
Particularmente, según cifras de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), al finalizar el presente año ingresarán al país provenientes del exterior más de un millón de toneladas de materias primas agropecuarias y agroindustriales (para el presidente de la SAC, el principal problema es que muchos de los productos importados han empezado a subir de precios y el país va a tener que pagar a un costo más alto por estas materias primas, debido a que no hay suficiente producción nacional). Este volumen de productos hace parte del incremento de la demanda en algunos sectores, pero también tendrá un efecto sustitutivo de la producción nacional, especialmente de cereales y cultivos de ciclo corto o semestral, los cuales ya registran una caída en el área sembrada.
Se introduce no sólo un ordenamiento del uso del suelo, según "las potencialidades" que se defina como derivación del TLC, sino que con él se genera un nuevo "arreglo" social en el campo colombiano. ¿Cuál es el futuro de los casi 25 millones de jornales anuales, involucrados en la producción de algodón, soya y cereales dejados a su suerte? ¿Cómo se modificará en el nuevo marco el régimen de propiedad rural imperante donde el 0,4% de los propietarios tienen cerca del 65% de la tierra? ¿Cómo se mantendrá la producción campesina y empresarial de alimentos que están excluidos de los beneficios de la política y que brinda más de la mitad de las subsistencias a los colombianos y que como secuela de esta política se vendrá menos?
Es evidente que la política agraria actual lesiona la soberanía alimentaria. A contramano, se trama la expulsión de nuevas capas de productores, de campesinos y de obreros rurales, se expanden las siembras de géneros de tardío rendimiento mientras se empeora la provisión nacional de alimentos por habitante y se incrementa la dependencia alimentaria del país; entre tanto, crece la dramática situación de miseria y ruina de las comunidades rurales
De otro lado, durante los últimos años el Ministerio de Agricultura y Desarrollo rural se ha encargado de expedir toda clase de leyes que hacen jurídica y económicamente viable la producción agro-diesel. Al definir como principal materia prima para su producción la palma de aceite, se generaron incentivos como: exención de impuestos de IVA y global, se definieron como zonas francas especiales las plantas de agro-diesel, se redujeron o eliminaron los subsidios a los combustibles fósiles, los cultivos de palma fueron exonerados de renta líquida por 10 años. Adicionalmente, por el establecimiento o renovación en cultivos de palma el Ministerio de Agricultura ha aportado 30 millones de dólares en Incentivos de Capitalización Rural – ICR durante los últimos cuatro años para 34.047 hectáreas, es decir, 884 dólares por hectárea. También ha establecido una tasa de crédito preferencial del DTF-2% para establecimiento y renovación de palma, lo que ha tenido un costo fiscal de 7 millones de dólares entre enero y agosto de 2007 para 4.189 hectáreas, es decir, 1.700 dólares por hectárea. Y no obstante lo anterior, el gobierno nacional fija un precio para el agro-diesel que garantiza la recuperación de las inversiones, de US$3,21/galón. Ningún otro cultivo en Colombia tiene tantos beneficios estatales como la palma de aceite.
En la actualidad, en Colombia hay en funcionamiento dos plantas de agro-diesel con una producción total de 26 millones de galones al año, y existen proyecciones para construir siete más que generarían 195 millones de galones adicionales, todas estas plantas pertenecientes a un oligopolio empresarial, que es el que puede asumir los costos de instalación de una planta que sobrepasan los 20 millones de dólares.
Aunque el gobierno colombiano habla que un desarrollo del agro-diesel sin deforestación, ya existen casos que lo contradicen. En Tumaco, por ejemplo, vastos territorios de selvas húmedas han sido reemplazados por monocultivos de palma, que hoy superan las 20.000 hectáreas. Las comunidades han sido despojadas en forma violenta, y destruidos su cultura y los recursos naturales. En la selva chocoana, en territorios de las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvaradó, grupos paramilitares se han apropiado violentamente de más de 33.000 hectáreas y desplazado a más de tres mil nativos. A pesar de las denuncias de las comunidades y los pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se sabe que en los últimos cinco años el Banco Agrario ha otorgado préstamos a varias de esas firmas palmeras para extender sus cultivos. Según la Procuraduría General de la Nación, el gobierno con la 'Ley de Desarrollo Rural' aprobada recientemente, legalizará predios ilegítimamente adquiridos por los paramilitares. Según el Procurador, pareciera que el principal objetivo del gobierno "fuese legitimar los cultivos de palma…en el marco de sistemáticas y recurrentes violaciones a los derechos humanos, los cuales, además, han propiciado las amenazas y asesinatos contra quienes se oponen a ellos".
El acelerado avance del agro-diesel en Colombia generará un impacto negativo sobre la soberanía alimentaria, los medios de vida de las poblaciones rurales y los recursos naturales. Las grandes extensiones de monocultivos de palma de aceite se convierten en causa de desplazamiento y deforestación y significan en aumento de la competencia local por la disponibilidad de la tierra y de los demás recursos limitados para la producción agrícola como el capital, el agua y la tecnología, generando un modelo distributivo aún más inicuo y contrario al orden constitucional vigente en Colombia. La conversión de una agricultura para producir alimentos hacia otra para producir energía, redundará en menos disponibilidad de comida tanto en las zonas rurales como en los centros urbanos, generando un aumento de sus precios, causando hambre, desnutrición y más pobreza en el país. Los altos precios mundiales de muchos commodities agrícolas en el presente ya han incidido en Colombia (Asociación Nacional por la Salvación Agropecuaria, noviembre de 2007).
Se esperarían entonces dos graves consecuencias para la alimentación de las y los colombianos:
*Aumento del área sembrada para los agrocombustibles, mientras se reduce el área sembrada de cultivos alimentarios. Mientras los cálculos oficiales revelaban que el área de cultivos transitorios (arroz, distintas variedades de maíz, sorgo, ajonjolí, papa, trigo, fríjol, maní y hortalizas) tendía a una reducción de 200.000 hectáreas en 2006. (El Tiempo, edición impresa, 30 de septiembre de 2006, Sección Tierra y Ganados, p.8). La palma aceitera pasó de contar con 145.027 hectáreas en 1998 a 275.317 en 2005 (Ver Fedepalma). Lo cual indica que mientras en siete años el cultivo de palma de aceite se duplica, los cultivos destinados a la alimentación se vienen reduciendo.
Lo anterior no solo quebrará a los productores de alimentos, sino que además se reducirá el abastecimiento alimentario nacional, el cual deberá ser suplido con alimentos importados de menor calidad nutricional.
*Los precios de los alimentos tienden al alza gracias a la producción de agrocombustibles. La utilización de caña para la producción de etanol ha generado que solo en 2006 la panela aumentará un 83.07% (mientras la inflación anual para marzo de 2007 se encuentra en 5.78%) El kilo de panela pasó de costar 705 pesos en enero a costar 1290 en diciembre. (El tiempo, 27 de diciembre de 2006).
*La producción de combustibles con base en maíz genero que en México el precio de la tortilla subiera un 66% en un año. En Colombia la harina de maíz subió un 40% de en el 2006.
Todo esto en un claro detrimento de las condiciones necesarias para una alimentación digna.
Uso pecuario
En Colombia para las áreas destinadas al desarrollo de actividad pecuaria se puede establecer que de las 38.866.386 hectáreas, el 81% corresponde a pastos naturales y mejorados, donde se incluyen las sabanas naturales; el 19% restante corresponden a malezas y rastrojos usados en ganadería tradicional, que incluye las áreas constituidas por vegetación xerofítica y de páramo.
Colombia tiene una estructura productiva con un uso irracional del suelo que se conjuga con su estructura predial inequitativa para constituir una estructura agraria trunca, ineficiente y fuente de permanentes conflictos. El país está subutilizando la tierra agrícola en sus ¾ partes, mientras sobreutiliza en ganadería más del 100%de los suelos (Absalón Machado C).
La tierra o el suelo y su uso son un elemento estratégico para la producción y el sostenimiento de sistemas productivos y para garantizar la estabilidad de los asentamientos humanos y de sus ingresos cuando los productores manejan productos con demandas dinámicas en el mercado o que configuran patrones de competitividad en encadenamientos productivos (Echeverri, Rafael; Ribero, María del Pilar ,2002). Por tanto, el acceso a la propiedad y el uso de la tierra con fines productivos se constituyen en una estrategia de supervivencia y mejoramiento de ingresos y nivel de vida de las familias rurales.
Por las razones anteriores, son preocupantes los conflictos en el uso del suelo, la violencia que se ejerce sobre la tierra y los productores que la utilizan para su sustento o para un negocio lícito, así como lo es la expulsión violenta de población para ganar, sean rentas institucionales o poder local, o ejercer dominio sobre un territorio por razones políticas, estratégicas o militares (Machado, Absalón, Fonseca Luz Amparo ,1997). Cuando ello se presenta existe una grave distorsión institucional sobre los derechos de propiedad, y en particular un proceso de involución en los derechos de propiedad territorial y sus usos, al establecerse territorios de dominio al estilo feudal (ejércitos privados o por fuera del control del Estado que utilizan la fuerza para controlar un territorio), en una sociedad y ambiente capitalista que se enmarca en un proceso de globalización y de lucha por la modernidad.
En el departamento del Meta para las áreas destinadas al desarrollo de actividad pecuaria se puede establecer que de las 4.636.403 hectáreas, el 96% corresponde a pastos naturales y mejorados (4.443.430), donde se incluyen las sabanas naturales; el 4% restante corresponden a malezas y rastrojos usados en ganadería tradicional. Esta área da el sostenimiento a 1.682.984 bovinos, de los cuales 1.545.932 son de ganadería de carne.
Gráfico 3. Distribución de la superficie en uso pecuario en el Meta.
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Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR – Encuesta Nacional Agropecuaria 2007
La irracionalidad de la estructura productiva y de tenencia de tierras se manifiesta también en el hecho de que la agricultura que sólo usa el 24% de la tierra apta para esa actividad, aporta el 63.4% del valor de la producción, mientras la ganadería bovina que sobreutiliza apreciablemente los suelos y deteriora los recursos naturales en una actividad más extensiva que intensiva, sólo aporta el26.6% del valor de la producción.
Según un estudio del IGAC y Corpoica, cerca de 36.3 millones de hectáreas de predios rurales del país son explotadas de manera equivocada, pues están dedicadas a actividades que no corresponden a su condición agroecológica. Esto significa que predios aptos para agricultura competitiva están dedicados a ganadería y viceversa. Igualmente, tierras con vocación agroforestal, son utilizadas en ganadería extensiva. También se presenta el caso de predios que son sobreexplotados, lo que pone en riesgo su sostenibilidad.
De acuerdo con el estudio del IGAC y Corpoica, en Colombia, 17.7 millones de hectáreas son subutilizadas. Este fenómeno se localiza especialmente en la zona Andina, que participa con el 27 por ciento; el Caribe, con el 24 por ciento, y parte de la Orinoquia, con el 22 por ciento. El uso equivocado de la tierra genera problemas de abastecimiento de alimentos, abandono de predios, desempleo, baja productividad y rápida degradación de los ecosistemas.
En lo que corresponde a la sobreutilización, el estudio señala que en cerca de 19.6 millones de hectáreas se presentan este fenómeno.
La subutilización de las tierras conduce a problemas en el abastecimiento de alimentos, inconformidad social e influye, directamente, para que se presente su sobreutilización en ecosistemas frágiles y se amplíe, a costa de ellas, la frontera agropecuaria. El mayor impacto se refleja en la degradación de los recursos naturales, que se traduce en erosión, infertilidad de la tierra y pobreza.
El director de Agrología del IGAC, explica que el 35 por ciento del total de las tierras colombianas presentan algún grado de erosión. "Hay más de 4,3 millones de hectáreas con erosión severa y muy severa. Unas 12.9 millones de hectáreas están erosionadas en grado moderado". Dentro de las consecuencias, también se establece que la disminución de la cantidad y calidad de los recursos hídricos, disminución de la productividad de las tierras, pérdida irremediable de la biodiversidad, y aumento de las amenazas por inundaciones en las partes bajas de las cuencas. Al cambiar una tierra con vocación agrícola y forestal para convertirla en ganadera, incide en la pérdida de biodiversidad, degradación de los ecosistemas (Diario Portafolio, Marzo 18 de 2004).
Entretanto," los ganaderos del país ya hablan de un plan para triplicar la capacidad de carga de animales por hectárea, que la elevaría de un promedio de 0,5 a 1,5 reses, lo que contribuirá a usar menos tierra para pastoreo y liberar zonas para atender la demanda de materias primas para la producción de biocombustibles (etanol y biodiésel), sin causar un desabastecimiento interno de alimentos, e incluso aumentando las posibilidades de exportación" (Édmer Tovar Martínez Editor de Portafolio Lunes 26 de mayo de 2008).
En los siguientes años en el Meta se pretende "Entrar en la economía de mercado mediante la integración territorial y la apertura de mercados, es el propósito de la línea estratégica relacionada con el mercado exportador". Las estrategias son:
• Identificar y posicionar bienes que sean potenciales de participar en los tratados de libre comercio con los países del Caribe y Andinos.
• Consolidación de mercados naturales y penetración de nuevos mercados.
• Explorar mercados verdes para la ganadería ecológica" (Plan estratégico para la Ganadería en el departamento del Meta 2007-2019", p.71).
Uso en bosques
Finalmente, la superficie estimada en el universo de estudio de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, para bosques naturales y plantados constituye el 15% del área total, este porcentaje se compone en un 95% por bosques naturales y un 5% por bosques plantados, reforestaciones para la conservación de cuencas y plantaciones forestales comerciales.
Como hecho positivo para la conservación del medio ambiente, el director general del IGAC, señala que casi la mitad de la tierra del país, no ha sido intervenida por el hombre, y por consiguiente mantiene su vegetación original.
De las casi 114 millones de hectáreas que integran al país, el 48,8 por ciento, es decir 55.654.392 hectáreas, no presentan intervención alguna del hombre por lo que se encuentra su vegetación original, principalmente representada por el bosque natural, que se encuentra específicamente en las regiones de la Amazonía y del Pacífico colombiano.
El 51,2 por ciento, es decir 58.345.608 hectáreas, han sido intervenidas por el hombre, que es en las que se puede presentar conflicto por el uso de las tierras, bien sea por sobreutilización o subutilización.
De este total de tierras intervenidas, es que se desprende que el 62,3 por ciento (36.349.313,8 hectáreas) son mal usadas, y que el 37,7 por ciento, que se traduce en casi 22 millones de hectáreas, no registran conflictos, lo que significa que el uso que se le da corresponde con la vocación y uso principal recomendado para las tierras. Geográficamente, estas zonas se ubican especialmente en la Amazonía y la Orinoquia.
El alto puesto ocupado por Colombia en la clasificación global referente al índice de desempeño ambiental, elaborado por las universidades de Yale y Columbia, es expresión del éxito relativo alcanzado por las políticas puestas en práctica en las últimas décadas, en comparación con lo sucedido en los 149 países considerados. Es un hecho que honra al país, no obstante que reconozcamos los graves problemas ambientales que nos aquejan y los daños infligidos a nuestros valiosos ecosistemas.
El índice Columbia-Yale establece en qué medida los países se acercan al cumplimiento de un conjunto de objetivos de desempeño ambiental. Colombia puntúa muy alto en materia de política forestal y de biodiversidad, un hecho derivado de la gran extensión de la cobertura de bosques naturales que aún poseemos y, sobre todo, de la sustantiva disminución de la tasa de deforestación registrada en los últimos 15 años, a pesar de los cultivos ilícitos. Además, ello explica, en gran medida, nuestra baja contribución al fenómeno del calentamiento global, en comparación con otros países, como Indonesia y Brasil, que hacen un aporte significativo de CO2 a la atmósfera debido a la quema anual de extensos bosques para cambiar el uso del suelo.
Preguntamos cómo ¿Colombia recientemente ocupo un alto puesto en la clasificación global referente al índice de desempeño ambiental, elaborado por las universidades de Yale y Columbia? ¿Cuáles son las políticas que han conducido a Colombia a ocupar esta situación de sus bosques y su biodiversidad? Quizá el principal factor explicativo sea el hecho de que aproximadamente 35 millones de hectáreas, en su mayor parte cubiertas por bosque natural, pertenezcan a las comunidades indígenas y negras, una política que nos diferencia de la casi totalidad de los países del mundo tropical. Ella adquirió un definitivo impulso durante la administración del presidente Barco, que declaró numerosos resguardos indígenas, y continuó durante la administración Gaviria cuando, en la Constitución de 1991, se reconoció a las comunidades negras del Pacífico la titularidad colectiva de las tierras que habían ocupado tradicionalmente. Mediante esta política se ha hecho justicia a estas poblaciones y se han protegido los bosques naturales, sin con ello desconocer los aberrantes casos de desplazamiento detonados por los grupos armados ilegales, o la deforestación presentada en muchos lugares.
Justamente, la ley forestal fue declarada como inconstitucional por vulnerar los derechos territoriales de las comunidades indígenas y negras, al haberse presentado al Congreso sin que se les consultara previamente. En la Corte pendía otra demanda que señala cómo muchos artículos de la mencionada ley constituyen un claro retroceso frente a las normas sobre medio ambiente consagradas en la Carta Política. En últimas, se trataba de una ley que priorizaba la explotación maderera a gran escala, en perjuicio de servicios críticos del bosque natural, como constituir el hábitat de diversas comunidades, soportar la biodiversidad, proteger las fuentes de agua, y servir de sumidero de CO2.
De no haberse caído la Ley Forestal, el país habría puesto en mayor riesgo su gran riqueza en bosques naturales, y, de contera, habría perdido puntos en el índice Columbia-Yale de desempeño ambiental, un descenso que, de todas maneras, se podría dar de mantenerse muchas de las políticas ambientales del actual gobierno.
El Meta presenta una superficie total de 393.888 hectáreas en bosques, de las cuales 388.488 son bosques naturales y solo 5.400 hectáreas son de bosques plantados. De las 7.572.758 hectáreas en bosque reseñados por la Encuesta Nacional Agropecuaria 2007, el área del Meta representa solo el 5.20% .En el país la actividad de aprovechamiento forestal de bosques naturales ha sido un generador de conflictos, debido a los propios intereses del negocio de la madera o a que los actores irregulares se involucran en la actividad, con el fin de controlar regiones y obtener ingresos. Este es uno de los motivos por los cuales, una ley que promueva aun más la explotación a gran escala de los bosques, especialmente los que están en territorios de comunidades indígenas y negras; no aporta a la construcción de paz ni a la resolución de conflictos, por el contrario, los exacerba.
Gráfico 4. Distribución de la superficie en bosques en el Meta.
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Fuente: Elaborado con cifras de CCI – MADR – Encuesta Nacional Agropecuaria 2007
La ley forestal es la estocada final de los bosques naturales del país. Para visualizar cual será el escenario de los bosques del país en una o dos décadas, podemos mirar la tragedia que sucedió con los bosques de los países del sureste asiático, donde en sólo dos décadas las mismas transnacionales que quieren entrar en Colombia, arrasaron con sus bosques; pero más cerca tenemos el ejemplo de la aplicación de una ley forestal muy similar en Bolivia, en donde luego de diez años de haberse aprobado los resultados han sido catastróficos (CECOIN, 2005). Es alarmante ver como en los últimos 10 años se ha registrado una deforestación del orden de 200 mil ha/año, que, de continuar este ritmo, para el año 2020 habrá implicado la pérdida irreversible de más de 3 millones de hectáreas de bosques. Pero este escenario puede ser aún más catastrófico si el gobierno entrega en concesión los bosques públicos, los baldíos y permite el aprovechamiento forestal de los bosques de los territorios colectivos, mediante contratos sobre la trampa del "vuelo forestal".
La ley en su artículo 22 pretende entregar el control y monitoreo a los mismos agentes privados que tienen a cargo el aprovechamiento forestal mediante unos mecanismos como los manifiestos de aprovechamiento y de abastecimiento de materia prima, donde ellos mismos se hacen el control y monitoreo. A su vez, deja abierta la posibilidad que ingenieros forestales pagados por quien realiza el aprovechamiento, sean los que planifiquen, monitoreen y certifiquen la sostenibilidad del proceso. Estas personas cumplen funciones públicas delegadas por la ley, reemplazando así a las autoridades ambientales en esta función. Teniendo en cuenta que en Colombia es un grave problema el aprovechamiento ilegal y poco sostenible de los bosques naturales, resulta inconveniente que el control y monitoreo esté a cargo de los mismos agentes privados, ya que su racionalidad económica no permite ninguna imparcialidad contra los excesos de la explotación. Es por ello fundamental que la autoridad competente para llevar a cabo los mecanismos de control y monitoreo del aprovechamiento forestal del bosque natural, debe estar a cargo de las Corporaciones Autónomas Regionales como autoridades ambientales del Estado, en coordinación con los entes territoriales y a las comunidades locales; a través de Comités regionales de control y vigilancia, en los cuales participen también las instituciones de la fuerza pública y las entidades de control del Estado.
Finalmente es importante resaltar los planes de manejo del bosque que realizan las comunidades en sus territorios tradicionales, pues ellas más que ninguno de los demás actores, saben que los ecosistemas naturales pueden ser aprovechados y manejados pero con cierto límite, y que la diversidad cultural, biológica y política de pueblos y etnias, depende de la vida misma del bosque.
Referencias bibliográficas
CECOIN, 2005. Colombia Forestal: libre comercio sin tratado. Etnias & política. (1): 61-75, julio.
Echavarría Olózaga, Hernán (1995). La tenencia de la tierra y el desarrollo económico y social. Santafé de Bogotá.
Echeverri, Rafael; Ribero, María del Pilar (2002). Nueva ruralidad. Visión del territorio en América Latina y el Caribe. Corporación Latinoamericana Misión Rural, IICA. Bogotá.
Gómez Clemencia (1993). Evolución histórica del proceso de reforma agraria en Colombia. En FAO, Pnud, Incora, Tierra, Economía y Sociedad. Proyecto COL 91/018; Santafé de Bogotá, octubre.
Leyva, Pablo (1993): Colombia Pacífico. Tomo 1. Instituto de Estudios Ambientales, Universidad Nacional de Colombia, Proyecto Biopacífico. Citado en Resolución Defensorial Nº 39, junio 2 de 2005.
Reyes, Alejandro (1996). La redistribución del territorio. El Espectador, Santafé de
Bogotá, octubre 13.
Rodríguez Becerra, Manuel, 2005. Amenazas sobre los bosques de Colombia. Portafolio, lunes 14 de marzo de 2005.
Emilio García Gutiérrez
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