Las finanzas y el presupuesto público

El gasto público es aquel en que el Estado incurre para sostener las instituciones gubernamentales centrales y para financiar servicios públicos prioritarios que permanecen en manos estatales; es decir, la cantidad de recursos con que puede funcionar el Estado para el ejercicio de sus diversas funciones.

El gasto social es un subconjunto del gasto público que agrupa los recursos que el Estado destina directamente para atender el desarrollo y el bienestar de su población. Hay diferentes criterios sobre las partidas presupuestarias que deben incluirse en el cómputo del gasto social, pero hay acuerdo respecto a sectores básicos tales como la educación, la salud y la vivienda. En este trabajo se utilizan los datos suministrados por la Oficina Central de Presupuesto (OCEPRE) donde se especifican los siguientes sectores sociales: educación, salud, seguridad social, cultura y comunicación social, ciencia y tecnología, vivienda y servicios y desarrollo social.

En el caso de la función pública, la población espera de la administración gubernamental determinados resultados en materia de provisión de bienes y servicios públicos. Los bienes públicos son aquellos cuya producción se basa en el principio de no exclusión, de acuerdo con el cual ninguna persona estaría impedida de su satisfacción; partiendo de este señalamiento, en términos generales, la función del gasto social es propiciar la acción redistributiva del ingreso nacional. Por lo tanto, el gasto público, y en particular el gasto social, es un mecanismo que debe contribuir a financiar el desarrollo humano y a la superación de la pobreza.

La razón de gasto público define el grado de esfuerzo que hace la sociedad para dotar de una base material a su sector público. Mide el porcentaje de ingreso nacional que se destina al gasto público. En Venezuela durante el período 1990-1998 estos porcentajes fueron bastante estables fluctuando entre un valor mínimo de 19,7 % en 1993 y un valor máximo de 26,4 en 1991 (ver Gráfico No. 5.1). En 1998, inicio de un período de una fuerte contracción económica, debido a la disminución de los precios de los hidrocarburos, el porcentaje de participación fue de 21,7%, valor que refleja una moderada participación del sector público en Venezuela. Análisis de los ingresos y gastos públicos en países de América Latina y de economías desarrolladas, señalan que Venezuela, entre 1978 y 1995, con sus programas de ajustes perdió 4,7 y 9.0 puntos porcentuales de sus ingresos y gastos públicos, respectivamente, medidos como porcentaje del PIB .

Análisis Beneficioso – Costo y Análisis de los Programas

 Las principales áreas a tomar en cuenta para realizar un ajuste exitoso son las siguientes:

Reducción o Eliminación del Déficit Fiscal: Cuando un país enfrenta una severa crisis fiscal todas las variables económicas parecen descontrolarse al unísono: hay escasa inversión y poco crecimiento, las deudas no pueden pagarse, la moneda pierde aceleradamente su valor, aumentan el desempleo y el malestar social y el mismo clima político parece desestabilizarse peligrosamente. Como el problema surge, en definitiva, del desmesurado papel del estado en la economía, un primer punto a modificar es el relativo al equilibrio de sus cuentas. Este no puede alcanzarse, por otra parte, si no se emprenden medidas más amplias, que eviten la recurrencia de los déficit y la reaparición de inflación, por lo que hay un conjunto mínimo de acciones, más coyunturales que estructurales, que constituyen la base inicial de todo ajuste.

Reducir el déficit fiscal, en este sentido, resulta decisivo. Ello es casi imprescindible para dominar la inflación y para proporcionar a los agentes económicos la indicación clara de que el gobierno también está dispuesto a realizar sacrificios. Como todo déficit, el del fisco puede reducirse por la vía de aumentar los ingresos, disminuir los egresos o realizar ambas cosas a la vez. Las medidas principales para reducir los gastos del estado son:

Reducción de los subsidios indirectos: se trata de eliminar las transferencias que se realizan a empresas privadas o estatales para mantener precios artificialmente bajos. Como en una economía inflacionaria estos subsidios tienden a aumentar progresivamente, al anularlos o reducirlos en forma drástica se contribuye de un modo muy directo al equilibrio de las cuentas fiscales. El principal subsidio que se debe eliminar, por los efectos sumamente negativos que tiene sobre la inflación y sobre las cuentas externas del país, es el subsidio cambiario, que se crea al fijar un valor artificial de la moneda cuando se impone un control de cambios para que las importaciones no aumenten de valor. Nos referiremos nuevamente a este punto cuando tratemos lo relativo a la política cambiaria.

Reducción del empleo público: las abultadas nóminas de los funcionarios públicos de todo nivel también constituyen un renglón importante de los gastos estatales, aunque muchas veces sus sueldos reales resultan bastante bajos, por el efecto erosionador de la inflación. Una reestructuración del estado que congele vacantes, estimule planes de retiro voluntario y cierre oficinas innecesarias puede resultar una señal muy convincente de que el déficit habrá de controlarse. Los despidos masivos, que pocas veces se ejecutan, pudieran ser una solución eficaz, pero traen asociado un malestar político y social que pocos gobiernos están en condiciones de afrontar. Por ello es más usual la aplicación de medidas progresivas, que sólo tienen efectos duraderos cuando se las ejecuta con decisión y continuidad.

Reestructuración de la deuda: al llegar al momento de la crisis los pagos por concepto de deuda interna y externa van comprometiendo una proporción cada vez mayor del presupuesto nacional. Para evitar este problema, que además ocasiona una rigidez en las cuentas públicas muy difícil de manejar, es preciso convenir nuevos plazos y crear instrumentos financieros que permitan reprogramar los pagos, obtener períodos de gracia y reducir –cuando es posible– los intereses. Es en este punto que los organismos internacionales, como el FMI, pueden resolver muchos problemas que de otro modo pesarían muy negativamente durante el ajuste.

Disminución del gasto superfluo: muchos son los gastos públicos que pudieran recortarse en todo estado sin alterar para nada las funciones que éste desarrolla. Nos referimos a ciertas prebendas que reciben los funcionarios de mayor jerarquía, controles innecesarios, procedimientos duplicados o arcaicos, agasajos, publicidad y otros rubros similares. No es fácil cuantificar la importancia de estos desembolsos pero, en la práctica, son muy pocos los gobiernos que han renunciado a ellos en una medida tal que afecte significativamente el presupuesto. Las medidas que se toman, por lo general, son más que todo cosmético y efectista –como la reducción de sueldos de funcionarios de alto nivel– aunque un ajuste serio de las cuentas fiscales debería tomar muy en cuenta este punto.

Privatizaciones: Al vender empresas públicas los gobiernos dejan de incurrir en elevados gastos que, de este modo, desaparecen definitivamente del presupuesto. Como no es posible privatizar estas empresas de un modo inmediato y como el tema, por sí mismo, amerita una consideración más específica, trataremos el punto más adelante de forma independiente.

    Entre las medidas que se toman para incrementar los ingresos públicos cabe destacar:

Aumento de la recaudación impositiva: muchas veces la estructura tributaria de los estados es arcaica y poco eficaz. Para aumentar los impuestos se debe por lo general proceder a una reforma que reduzca las complejidades del sistema –que aumentan la evasión– y simplifique el cálculo y el cobro de impuestos. En Latinoamérica, donde la mayor parte de los ingresos fiscales provenía del impuesto sobre la renta y de la recaudación aduanera, se dio un viraje casi universal hacia la implantación del impuesto al valor agregado, un mecanismo que, aunque en parte regresivo, garantiza un ingreso mucho mayor y más fluido a la hacienda pública y no desalienta las inversiones nacionales o extranjeras, pues grava básicamente el consumo y no el ahorro. El IVA, o las variantes que tiene en diversos países, ha resultado una fuente muy importante de ingresos dadas las dificultades para incrementar las tasas de por sí ya altas del impuesto a la renta y la reducción de aranceles que formó parte de la reforma.

Aumento de las tarifas de los servicios públicos: en una economía intervenida es normal que el estado posea empresas de servicios con precios artificialmente bajos, que además van quedando rezagados con respecto a la inflación. Al sincerar estos valores se evita una fuente importante del déficit fiscal y se prepara el camino para las necesarias privatizaciones. Estos aumentos pueden considerarse, en propiedad, como parte de la eliminación de subsidios ya mencionada más arriba, aunque se presentan aparte porque inciden directamente sobre los ingresos y no sobre los egresos del fisco.

Privatizaciones: la venta de activos públicos genera ingresos que pueden nivelar las cuentas del fisco. No obstante hay que recordar que estos ingresos son no recurrentes y que las privatizaciones, por la preparación que necesitan, no son eficaces para superar problemas de corto plazo.

Préstamos: cuando se llega a la crisis la capacidad de endeudamiento del estado, como es lógico, se ha reducido prácticamente a cero. Pero a veces el FMI u otros organismos internacionales han prestado dinero a gobiernos en dificultades, cuando estos han mostrado la intención de realizar efectivos planes de ajuste que requieren de un apoyo financiero inmediato. No puede abusarse sin embargo de este recurso puesto que, precisamente, todo ajuste significa que se habrán de encontrar nuevos equilibrios fiscales que eviten sucesivos endeudamientos.

Impuestos

Incidencia Impositiva: Atendiendo al principio sobre los Derechos Económicos establecidos en el artículo 112 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, toda persona, tanto natural como jurídica puede dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia. Para ejercer cualquier actividad económica, según las leyes tributarias, se requiere de la autorización (licencia) por parte del Municipio para la explotación o desarrollo de dicha actividad en la jurisdicción correspondiente.

Una vez autorizada la persona natural o jurídica para explotar o desarrollar su actividad económica, debe efectuar el pago de un impuesto de acuerdo a la misma, industrial, comercial, servicios, o de índole similar con fines de lucro o remuneración y cuya cuantía es determinada a través de una alícuota porcentual sobre los ingresos brutos (estimados y/o reales), que constituyen la base imponible obtenidos por el sujeto pasivo como resultado de su actividad.

Los municipios obtienen sus ingresos principalmente de dos fuentes: la primera por el Situado Constitucional y la segunda por la creación y recaudación de sus ingresos, esta última referida básicamente a los ingresos obtenidos de las tasas por el uso de sus bienes o servicios; las tasas administrativas por licencias o autorizaciones; los impuestos sobre actividades económicas de industria, comercio, servicios, o de índole similar; los impuestos sobre inmuebles urbanos, vehículos, espectáculos públicos, juegos y apuestas lícitas, propaganda y publicidad comercial. Como se planteó en los párrafos precedentes, las personas naturales o jurídicas deben cancelar al fisco municipal el impuesto correspondiente al desarrollo de su actividad económica. Sin embargo, dependiendo de las condiciones generales de la economía, la necesidad y/o obligatoriedad de contribuir al fisco pudiese presentar efectos negativos, que incluso pudieran llegar a los límites de la confiscatoriedad, como afirman especialistas de la talla de Humberto Briceño y Ronald Evans (1999):

Debido a que los municipios han acentuado el uso de este impuesto como consecuencia de la crisis, ello se ha traducido, básicamente, en un aumento significativo de las tasas y cuyo valor oscila, actualmente, entre 0.1% y 10%; porcentaje asignado a discreción del poder local, sin tomar en cuenta los problemas jurídicos y económicos que atraviesa el país, causando serios desajustes en el ciclo financiero de las medianas empresas del sector industrial manufacturero, en el sentido de que este impuesto grava la actividad económica de acuerdo con los ingresos brutos obtenidos y por sus actividades propias, sin permitir la deducción de los costos y gastos de las mismas, gravando adicionalmente los ingresos provenientes que de manera regular, accidental o extraordinaria perciban en virtud de la actividad económica realizada. Todo esto pudiese representar una merma considerable en la utilidad contable del Estado de Resultados, impidiendo de esta manera, que el empresario reinvierta sus ganancias en la adquisición de maquinarias, tecnología, mano de obra especializada, inclusión en el mercado de nuevos productos, mejoramiento de la calidad y servicio de los bienes, competitividad en el mundo de la globalización, entre otros.

La mediana empresa, a diferencia de las micro y pequeñas empresas que no cuentan con recursos propios para subsistir y enfrentar los desequilibrios producto de la actual recesión económica, en contra posición a la grandes empresas que por su condición si poseen una plataforma financiera, cuentan con diversidad de líneas de producción lo cual garantiza la venta de los bienes en el mercado en función de la demanda. Por otra parte, el Estudio de Competitividad de las PYMES, señala que la industria de alimentos, bebidas, tabaco representa un cincuenta por ciento del valor bruto de producción (VBP) de los establecimientos industriales del estado Lara, motivo por el cual este sector de productos de consumo masivo es el más importante dentro de la economía local, ya que al aportar dicho VBP de la producción es el más pechado por la alícuota de la patente de industria y comercio.

Según Rosa Amelia González (1998) los municipios en Venezuela obtienen en promedio el 45 por ciento de sus ingresos de fuentes propias (principalmente, impuestos) y otro 37 por ciento de las transferencias que recibe por concepto del Situado Municipal (una asignación que recibe el estado al cual pertenece, equivalente al 20 por ciento de sus ingresos ordinarios, y que se distribuye según la regla siguiente: 50 por ciento en partes iguales para todos los municipios y 50 por ciento proporcional a la población de cada uno). A partir de esta estructura de ingresos, podría decirse que los municipios disfrutan de cierto grado de autonomía, pues son capaces de generar directamente así la mitad de sus recursos. Pero en realidad, plantea la articulista, dista mucho de ese modelo. Un examen individualizado revela que apenas ocho por ciento de los municipios posee una estructura de ingresos parecida al promedio y, que casi tres cuartes partes de ellos dependen del situado, siendo sólo el ocho por ciento de ellos los que gozan de un grado considerable de autonomía fiscal.

Así mismo, la autora plantea que las actuales estructuras de ingresos difieren de las registradas hace una década, antes de iniciarse el proceso de descentralización en 1986. El porcentaje de municipios recaudadores se mantiene más o menos igual (pasó de 9 a 8 por ciento); pero el porcentaje de municipios que dependen (total o parcialmente) del situado pasó de 47 a 74 por ciento. La porción de los ingresos que provienen de impuestos pasó, en el grupo de recaudadores, de 62,6 a 65,2 por ciento. Este crecimiento obedece sobre todo al incremento de la recaudación por concepto de Patente de Industria y Comercio ( PIC) impuesto municipal al ejercicio de actividades comerciales e industriales.

Continúa González explicando que en contraste, el Impuesto Inmobiliario Urbano conocido popularmente como "derecho de frente", cayó de poco menos de 12 por ciento de los ingresos del conjunto total de municipios en 1.986 a algo más de tres por ciento en 1994. Este impuesto, que en la experiencia internacional constituye el impuesto local por excelencia y una de las fuentes de recursos más importantes para los gobiernos locales, ha sido abandonado de facto por los municipios venezolanos, para concentrar sus esfuerzos en la Patente de Industria y Comercio. Así y, pese a la teórica diversificación de su base de ingresos, los municipios tienden a depender de una u otras fuentes: el gobierno central y/o los contribuyentes de los sectores comercial e industrial, quienes han comenzado a reaccionar contra lo que se ha dado en llamar "la voracidad fiscal de los municipios"

La situación de dependencia de los fondos del situado en que se encuentra la mayoría de los municipios obedecería, según lo plantea González, a razones tanto endógenas como exógenas. Las primeras se refieren a la incapacidad de los municipios para explotar su potencial de recaudación por problemas administrativos (complejidad de procedimientos, poca eficiencia), técnicos (ausencia de registros y catastro) o políticos (no están dispuestos a pagar el "costo político" de cobrar impuestos). Las razones exógenas aluden a la insuficiencia o inexistencia de la base tributaria.

En el mismo artículo, la citada autora señala que existen localidades donde, sencillamente, no es posible cobrar impuestos; por el escaso desarrollo de las actividades comerciales e industriales, por el bajo nivel de ingreso promedio de la población o porque el costo de la administración tributaria requerida superaría el monto recaudado. Es posible romper este círculo vicioso, mediante la promoción del municipio para atraer inversiones y nuevos residentes. Pero esto requiere esfuerzos sistemáticos de las autoridades municipales para mejorar la dotación de infraestructura, agilizar los procedimientos relacionados con la expedición de permisos para distintas actividades y quizás, ofrecer incentivos especiales (reducción de tarifas impositivas, años de gracia para el pago de tributos o facilidades para la consecución de terrenos, por ejemplo). Ahora bien, este tipo de políticas no mejora la estructura fiscal de los municipios en el corto plazo, pues requiere tiempo para que sus beneficios superen sus costos.

Igualmente, ella indica que en muchos municipios se combinan ambas circunstancias: no explotan adecuadamente su potencial de recaudación de impuestos y no poseen una base tributaria rentable ni han emprendido esfuerzos para generarla. Hasta hace pocos años, cuando las reformas políticas hicieron posible por primera vez la elección directa de alcaldes y de una parte de los concejales, los gobiernos locales no cumplían un papel importante como proveedores de servicios a las comunidades y garantes de su calidad de vida; en consecuencia, tampoco tenían incentivos para mejorar sus finanzas y se conforman con los montos transferidos a través del situado.

Aspectos macroeconómicos de las cuentas fiscales

14 de febrero, 2001La corrección de los desequilibrios fiscales y el abatimiento de la inflación, males endémicos en el pasado, son importantes logros de la región en los años noventa. Las economías se reactivaron y el manejo de los episodios de crisis demostró una nueva capacidad institucional para evitar graves descontroles macroeconómicos.

Progreso en las finanzas públicas: En la primera mitad del decenio, los ingresos públicos se recuperaron por el aumento de la presión tributaria y la mayor actividad económica. Las reformas tributarias simplificaron la administración y redujeron la evasión en varios países. Además, las privatizaciones aportaron ingresos extraordinarios.

Pero desde 1997, estos ingresos comenzaron a mermar. La situación se agravó al año siguiente por la crisis financiera internacional y, en 1999, el déficit fiscal alcanzó su nivel máximo (3.2% del PIB). En el futuro inmediato, la región deberá enfrentar una serie de desafíos fiscales. Dada la aguda vulnerabilidad cíclica de las economías, la CEPAL postula que la política fiscal debe ampliar los márgenes de maniobra de las políticas macroeconómicas. Con este fin, varios países crearon fondos de estabilización sectorial (cobre y petróleo en Chile; café y petróleo en Colombia; y petróleo en Venezuela) para reducir la volatilidad de precios. Recientemente surgió una nueva generación de fondos de estabilización macroeconómica en Colombia (1996), Argentina (1999), Perú (1999) y Brasil (2000).

Baja inflación y altas tasas de interés: Las políticas monetarias fueron consistentes con las metas de control de la inflación. La tasa media de inflación regional declinó desde más de 1.000% en 1990 a cifras de un dígito en los últimos años.

El control de la inflación indujo una importante remonetización de las economías y una expansión del crédito al sector privado, que concentró el 85% de los saldos crediticios desde 1995. No obstante, las tasas de interés internas continuaron muy altas. La mediana de la tasa activa se ubicó por encima del 15% real anual.

Además, se verificó una marcada segmentación de mercados. Las pequeñas y medianas empresas enfrentaron restricciones de acceso y considerables sobretasas. Las grandes empresas recurrieron al endeudamiento en el exterior, aumentando su exposición al riesgo cambiario y su resistencia al ajuste del tipo de cambio.

Rezago cambiario: Durante gran parte del decenio, el tipo de cambio nominal fue un componente significativo del control de la inflación y de la recuperación de la confianza. La tendencia a la apreciación real de las monedas nacionales se prolongó hasta 1998. Esta reevaluación se tradujo en un alza de las importaciones y en elevados déficit de la cuenta corriente. Pese a los pronósticos optimistas, la sobrevaluación se convirtió en el talón de Aquiles de las estrategias de estabilización cuando los flujos de capital externo disminuyeron.

El rezago cambiario agudizó esa dependencia y acentuó la inestabilidad de las economías latinoamericanas. La tasa de crecimiento del producto pasó a depender de la disponibilidad de capitales externos para financiar el déficit corriente. Las políticas cambiarias se fueron polarizando y hacia fines del decenio, la mayoría de los países adoptó esquemas de flotación libre. Otro grupo, más reducido, se inclinó por sistemas de cambio fijo o dolarizado.

Crecimiento inestable: A un ritmo anual de 3.2% se expandió el producto regional en los años noventa, poco más de 2% por encima del promedio del decenio precedente, marcado por la crisis de la deuda. Este resultado es inferior al registrado en el extenso período 1950-1980 (más de 5.5% anual). El producto regional en 1999 fue apenas 54% del que hubiese resultado de mantenerse las tendencias de crecimiento previas a la crisis de la deuda.

El desempeño de los países fue heterogéneo. Sólo tres (Chile, Guyana y República Dominicana) lograron tasas promedio superiores a 5%; quince registraron incrementos de 3% a 5%; trece se expandieron por debajo de 3% y dos mostraron resultados negativos (Cuba y Haití).

Estas tasas fueron inestables en muchos casos. El abundante retorno de los capitales externos, tras la escasez de los años ochenta, permitió la reactivación al fortalecer la demanda interna hasta 1994 y, después, en el bienio 1996-1997. Las situaciones de crisis, de 1994-1995 y de 1998-1999, provocaron substanciales caídas en el consumo y la inversión y agravaron los desequilibrios de las cuentas externas y fiscales, generando cuadros recesivos en varios países.

Impactos macroeconómicos de las políticas fiscales, tributarias y monetarias

Lamentablemente para nuestro país, la política fiscal ha sido mal llevada a lo largo de muchos períodos gubernamentales, uno y otro gobierno han tratado de implantar paquetes económicos que reactiven la economía venezolana, pero lamentablemente fallan al no poder controlar el Gasto Público y mucho menos se ha creado una cultura tributaria en los ciudadanos y empresas Venezolanas.

Durante los períodos de bonanza petrolera que vivía el país y hasta la llegada del viernes negro, la costumbre por parte de los gobiernos; era tener un enorme gasto público producto de un abultado número de subsidios y regalías; y una política de endeudamiento demasiado arriesgada, y como los ingresos por concepto de exportaciones petroleras eran suficientes para cubrir el gasto público, realmente no se desarrollo nunca una política económica y menos una política tributaria eficiente y adaptada a la realidad del país y modernizada. La modernización llegó muy tarde, hace apenas unos 15 o 20 años los instrumentos fiscales utilizados en las políticas económicas eran pocos, mal implantados y muy difíciles de controlar, obteniéndose una gran pérdida por los altos niveles de evasión fiscal que se presentaban.

Luego del viernes negro, y por causa de políticas económicas que no han sido diseñadas para adaptarse a la realidad de nuestro país, la política fiscal ha sido mal planteada y mal ejecutada. Se ha intentado aplicar serias medidas en materia económica pero han perdido efecto; primero por falta de continuidad en las políticas aplicadas, es decir, muchas veces dentro de un mismo periodo gubernamental hemos visto cambios en las políticas aplicadas, y apenas toman control los nuevos gobiernos inmediatamente son cambiados los planes económicos, con esto solo se logra un sistema inestable que no es capaz de asimilar un lineamiento cuando se le impone una nueva dirección. En segundo lugar por carecer de un planteamiento que busque primero, controlar el gasto público a través del mejoramiento y simplificación del sector público y crear un Sistema Tributario eficiente, para luego poco a poco pero con paso firme y sostenido lograr la reactivación económica que tanto requiere Venezuela.

En Venezuela, la posibilidad de un Estado como el que tuvimos en las últimas décadas ya no es viable, por la sencilla razón de que el país no se puede permitir ese lujo. La sinceración de la economía es y seguirá siendo la única salida. Los controles excesivos, los subsidios, el proteccionismo, el paternalismo estatal y el Estado empresario, conllevan altos grados de ineficiencia y terminan imponiendo un elevado costo a la sociedad. Esos costos tienen que salir de alguna parte (endeudamiento). Las políticas económicas que caracterizaron la política económica venezolana entre 1974 y 1994 arrojaron una hiperinflación alimentada por un drástico y continuado deterioro en el valor de nuestro signo monetario.

Política Fiscal Actual: El actual gobierno venezolano, según su propuesta económica propone una reducción del gasto público, y una modificación al tratar de reducir el gasto corriente, a través de reestructuraciones en todos los organismos oficiales para hacerlos más eficientes y menos costosos, y por su parte aumentar el gasto de capital, para crear la infraestructura necesaria para comenzar la reactivación económica. El presupuesto fiscal del año 2000, tiene un nivel de gasto total acordado de Bs. 17.878 millardos, equivalentes al 24,2% del PIB, aumentando su nivel en 1,5 puntos del PIB con respecto al presupuesto de 1999. De este total de gasto, el 84,5% se concentra en los siguientes ministerios: Finanzas, del Interior y Justicia, Educación, Cultura y Deporte, Salud y Desarrollo Social, Infraestructura y Defensa.

En referencia a la clasificación económica del gasto, el mismo presenta una orientación que está en sintonía con los lineamientos estratégicos de este Programa Económico. Los gastos corrientes se ubican en monto de Bs. 12.718 millardos, equivalentes al 17,3% del PIB, creciendo en tan sólo 0,3 puntos del PIB con respecto al año precedente. Los de capital, se sitúan en Bs. 2.967 millardos, equivalentes al 4,0% del PIB, superando en más de 1,1 puntos del PIB al gasto presupuestado del año 1999, y por último, las aplicaciones financieras, dentro de las cuales se encuentran la amortización de préstamos, alcanzan un monto de Bs. 2.192 millardos, equivalentes al 3% del PIB, presentando una variación con respecto al año pasado de 0,1 puntos del PIB.

Por otra parte, en materia de gestión tributaria propone una reestructuración del actual Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), para aumentar la recaudación y evitar la evasión de impuestos. Así como la aplicación de una serie de instrumentos de recaudación que permitan reducir el déficit fiscal. En este sentido, el presupuesto fiscal para el año 2000, fija como meta en los ingresos ordinarios de origen no petrolero un monto de Bs. 8.561 millardos, equivalente al 47,8% del total de ingresos, mejorando su participación en 5,7 puntos porcentuales con respecto al nivel alcanzado en 1999. Los ingresos fiscales originados por la actividad petrolera, excluyendo las transferencias al Fondo de Inversión para la Estabilización Macroeconómica (FIEM), se estiman en Bs. 4.211 millardos, equivalentes al 23,6% del total de ingresos fiscales.

Esto luce muy bien en el papel, pero ha sido un factor común observar excelentes propuestas económicas por parte de los distintos gobiernos venezolanos que luego se pierden en la intrincada e ineficiente red burocrática, o simplemente no son capaces de cumplir las metas que son trazadas, en otras ocasiones, y debido a nuestra gran dependencia de las exportaciones petroleras, los planes se ven afectadas por variaciones en los precios del petróleo, e incluso por crisis ocurridas en otros países que crean un efecto dominó, afectando a las economías más vulnerables como la nuestra.

Instrumentos Fiscales: Los economistas de finanzas públicas consideran que el sector público tiene tres ramas de actividades o tres funciones principales:

– La función de estabilización y crecimiento, que se interesa en mantener el balance macroeconómico a fin de prevenir tanto grandes inclinaciones en el empleo y la actividad económica y severos ataques de inflación, así como asegurar una adecuada tasa de crecimiento económico; – La función de distribución, que se refiere a la adecuada distribución de la renta entre los diversos grupos de la economía y, – La función de asignación, que se relaciona con la eficiente asignación de recursos en toda la economía. Cada una de estas funciones representa no solamente un objetivo legítimo de política gubernamental sino también un importante aspecto de desarrollo económico.

Las tres metas del sistema tributario señaladas anteriormente, con frecuencia están en conflicto, particularmente cuando se deben mantener los ingresos globales, forzando así a los formuladores de políticas a escoger entre las mismas al tomar sus decisiones de política tributaria. Más importante en ese respecto, es el conflicto entre un sistema tributario eficiente o uno que interfiere menos con el comportamiento económico y crean un menor impacto sobre las decisiones para trabajar o ahorrar o invertir, y un sistema tributario de distribución deseable o uno que logre mejor los objetivos de equidad de la sociedad.

Por ejemplo generalmente se considera que los impuestos sobre la renta sirven a los objetivos de distribución bastante bien, ya que la renta constituye una buena medida de la capacidad de pagar y los impuestos sobre la renta pueden ser prontamente adaptados a las circunstancias individuales y graduados de acuerdo con la renta, las altas tasas marginales de impuestos, sin embargo, pueden tener efectos de incentivos adversos, haciendo los impuestos sobre la renta menos favorables en términos de eficiencia. Los impuestos a las ventas se perciben con efectos contrarios. Un IVA, que se aplica de manera uniforme a todas las formas de consumo puede tener una puntuación alta en lo que respecta a la asignación pero una baja calificación en lo que respecta a distribución, ya que afectaría más fuertemente a las personas y familias de bajos recursos.

Además los instrumentos tributarios también difieren en las demandas que se hacen a la administración tributaria así como en la característica de cumplimiento. Los impuestos basados en transacción tienden a ser más fáciles de administrar que los impuestos que requiere complejas reglas de medición de renta para ser aplicadas. Igualmente, los impuestos que pueden ser recaudados a través de retención serán más fácilmente administrados que aquellos que requieren la presentación de declaración de impuestos.

 En caso de incumplimiento, factores tales como la oportunidad de evadir impuestos, las ganancias de la evasión tributaria, los riesgos de detección, y las sanciones aplicadas, se detecta que pueden variar de un impuesto a otro.

Los formuladores de políticas generalmente recurren a dos tipos de acciones al tratar de manejar el problema de conflictos entre las metas. En primer lugar, pueden escoger una mezcla de impuestos. Segundo pueden adoptar disposiciones particulares dentro de la estructura de cada tipo de impuestos en un intento por resolver los conflictos de metas.

Los economistas generalmente dividen los impuestos entre directos e indirectos. Las diferencia entre los dos es que los impuestos directos (renta, patrimonio, bienes inmuebles) se recaudan de las personas que se presumen deben pagar el impuesto, mientras que los impuestos indirectos se presume sean transferidos a los consumidores. Siguiendo el análisis de la sección anterior, la selección entre los instrumentos tributarios probablemente deben reflejar, al menos en parte, sus efectos fundamentales sobre la estabilización económica, asignación de recursos y la distribución de la renta. Aunque los principios detrás de estas tres funciones del sistema tributario puedan servir de base al debate de política en los países en desarrollo, una consideración adicional, menos frecuentemente reconocida, también explica el patrón de tributación directa e indirecta observado en la práctica. Esta consideración adicional es la facilidad de administración de cada impuesto y el grado de cumplimiento de cada uno.

La importancia de los impuestos indirectos en los países de rentas bajas se debe en gran medida a aspectos de administración y cumplimientos tributarios. Resulta significativamente más sencillo administrar y recaudar impuestos indirectos que administrar impuestos sobre la renta. Los derechos de aduana, por ejemplo, son relativamente fáciles de recaudar, por que todos los bienes entran al país a través de un puerto que puede ser controlado por los administradores tributarios. A los importadores que no cumplen con los derechos de aduana (o no proporcionan garantía suficiente) no se les permite retirar sus bienes. El impuesto sobre la renta, por otro lado, es mucho más difícil de administrar debido a que el impuesto no puede ser recaudado a través de controles físicos. Las autoridades más bien requieren que se presente una declaración y deben invertir recursos para verificar la renta declarada. La única excepción es la renta sujeta a impuesto mediante retención, pero aun en este caso las autoridades tienen que supervisar a los agentes de retención para garantizar la transferencia al gobierno de los impuestos retenidos. La solución de política a estos problemas igualmente consta de tres partes: Primero, un reconocimiento de que la adaptación del sistema tributario para lograr algún balance preciso de los objetivos sociales y económicos es necesaria, segundo no se puede lograr algunas ganancias cambiando la combinación de impuesto directos e indirectos, pero que cada instrumento de ingresos específicos debe mantenerse relativamente bien definido; tercero, el entendimiento de que una estructura tributaria sólida sin adecuada atención a la administración tributaria no constituye una política tributaria deseable.

Instrumentos Fiscales Utilizados en Venezuela.

El sistema impositivo venezolano muestra una marcada dependencia con respecto al petróleo. Tal afirmación se hace evidente al constatar que los ingresos petroleros en 1989 representaban un 60% de los ingresos fiscales totales. El impuesto sobre la renta aplicada a personas naturales apenas contribuye con un 2.5% de lo recaudado, mientras que otros impuestos como los que pechan a licores, cigarrillos, fósforos, sucesiones etc., apenas aportan un 2% de lo recaudado.

En un intento por disminuir la dependencia fiscal con respecto al petróleo, se han utilizado distintos tipos de impuestos entre los cuales se encuentran el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el Impuesto Sobre las Ventas (ISV), el Impuesto sobre las Ventas al Mayor y al Consumo Suntuario (ISVM), el Impuesto a los Activos Empresariales (IAE), y el Impuesto al Débito Bancario (IDB), esto supuso la modernización del sistema tributario venezolano, junto con la creación del Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria. Luego de la Apertura Petrolera, los niveles de recaudación de impuestos no petroleros han aumentado considerablemente llegando a representar un 50% del total de ingresos recaudados y llevando los ingresos petroleros a un nivel del 35% del total de los ingresos.

Actualmente en el país se aplican los siguientes impuestos (no petroleros).

IVA (Impuesto al Valor Agregado)

IDB (Impuesto al Débito Bancario) (De aplicación temporal)

ISLR (Impuesto sobre la renta)

IAE (Impuesto a los Activos Empresariales)

IAEA (Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas)

ISDRC (Impuesto sobre Sucesiones, Donaciones y Ramos Conexos)

TF (Timbres Fiscales)

ISCMT (Impuesto Sobre Cigarrillos y Manufactura de Tabaco)

EORNF (Estatuto Orgánico de la Renta Nacional Fósforos).

Repercusiones de la Política Fiscal en Venezuela

Definitivamente que la política económica aplicada en cualquier país tendrá una repercusión positiva o negativa sobre la sociedad que conforma dicho país, incluyendo empresas, ciudadanos, industrias, etc. En el caso de Venezuela, lamentablemente es necesario reconocer que las políticas económicas y por ende las políticas fiscales aplicada a lo largo de los últimos 50 años, no han sido más que incoherentes medidas contrarias a lo que aconseja la Teoría económica positiva, al contrario solo han logrado arrastrar al país a un profundo estancamiento del cual resulta muy difícil, pero no imposible de salir.

Para explicar las consecuencias que puede tener una política fiscal mal aplicada sobre la sociedad tomaremos como ejemplo las políticas aplicadas durante el segundo período presidencial Carlos Andrés Pérez, el cual es tristemente recordado como un período de profunda crisis económica en el país y de gran inestabilidad política que tuvo como resultado los sucesos ocurridos el 27 y 28 de Febrero de 1989, el 4 de Febrero y 27 de Noviembre de 1992 y finalmente la destitución del Presidente en 1993.

La Venezuela de 1989 era muy distinta a la de 1974, cuando la bonanza petrolera ocasionada por la crisis de los países árabes nos colocó como el único proveedor seguro de petróleo para las naciones occidentales. Por el contrario el país encaraba el dilema de cómo resolver el déficit del sector público, la deuda pública externa superaba en relación de 4 dólares a 1 los niveles de las reservas internacionales, el gobierno anterior había suscrito un acuerdo de refinanciamiento de la deuda que obviamente resultaba imposible de honrar.

La inflación se acercaba al 30%, reflejando la artificialidad de la economía venezolana, producto del estricto control de precios que existía más un sinnúmero de subsidios. Era evidente que esos mecanismos eran ya insostenibles, pues ni el Estado poseía los recursos para seguir otorgando subsidios, ni las empresas privadas estaban en capacidad de subsistir bajo el régimen de control de precios, al cual estaban siendo sometidas.

Por último el signo monetario venezolano padecía las consecuencias de sucesivas devaluaciones. Se había impuesto un estricto control de cambios administrado por RECADI, que se caracterizaba por los más increíbles niveles de corrupción. A finales de 1988 la tasa de cambio preferencial era de Bs. 14,50 por Dólar; en tanto que en el mercado libre o paralelo, el Bolívar llegó a cotizarse a la cifra de Bs. 40 por Dólar. Bien la realidad de la crisis económica venezolana para ese momento habría obligado a cualquiera a asumir una serie de medidas orientadas a resolver esa situación. El país tendría que pagar las consecuencias de las irresponsabilidades cometidas durante los 20 años anteriores, "las leyes económicas son duras, pero son leyes" había que apretarse el cinturón.

El tren ministerial estaba formado por excelentes profesionales los cuales diseñaron las políticas económicas que se aplicarían en el período, en materia fiscal llamado Programa de Ajustes Macroeconómicos.

Se tomó la decisión de liberar los precios del mercado, ya que era imposible mantener los subsidios que permitían este estricto control sobre los precios, esto ocasionó inmediatamente una tendencia alcista muy difícil de asimilar para la población.