Impacto de la Inversión Social en las condiciones de Vida de la Población de Puno 1990-2000 (página 2)

El PNUD en el Informe sobre el Desarrollo Humano 1997, considera tres perspectivas de pobreza:

Perspectiva monetaria. Una persona es pobre cuando su nivel de ingreso o gasto es inferior a la línea de pobreza que se ha definido. En el Perú se han adoptado líneas de pobreza de gasto para vigilar los programas dirigidos a la reducción de la incidencia de la pobreza.

Perspectiva de las necesidades básicas. Mediante esta perspectiva una persona pobre es cuando existe privación de los medios materiales para satisfacer en medida mínimamente aceptable las necesidades humanas, incluidos los alimentos. Este concepto de privación va mucho más allá de la falta de ingreso privado: Incluye la necesidad de servicios básicos de salud, educación y otros servicios esenciales que la comunidad tiene que presentar para impedir que la persona caiga en pobreza. Reconoce la necesidad de empleo y participación.

Perspectiva de capacidad. Este enfoque considera que existe pobreza cuando hay ausencia de ciertas capacidades básicas para funcionar. Una persona que carece de oportunidad para lograr algunos niveles mínimamente aceptables de esos funcionamientos. Los funcionamientos pertinentes a este análisis pueden variar en lo físico como estar bien nutridos, estar vestido y vivir en forma adecuada, evitar la mortalidad prevenible, hasta logros sociales más complejos, como participar en la vida de la comunidad. El criterio de capacidad concilia los conceptos de pobreza absoluta y relativa, ya que privación relativa de ingreso y productos puede provocar una privación absoluta de capacidad humana.

• III. Justificación e importancia de la investigación

El país vive nuevamente un proceso de regionalización que implica progresivamente descentralización y desconcentración de la administración central. Este proceso implicará progresivamente tomar las mejores decisiones sobre los principales aspectos de la política, la economía y la sociedad en las regiones. Las investigaciones al interior de las regiones serán de provecho para que las autoridades del gobierno regional y los gobiernos locales optimicen su gestión.

El tema de la pobreza en Puno tiene singular importancia, porque este departamento ocupa el tercer lugar en pobreza a nivel nacional; después de Huancavelica y Huanuco. Toda la población de Puno es pobre en diferente grado; no se cuenta con un distrito con nivel de vida con calificación aceptable.

Con los resultados de la presente investigación se beneficiarán directamente las autoridades del gobierno regional y gobiernos locales del departamento de Puno porque podrán contar con criterios objetivos para elaborar políticas y ejecutar programas de lucha contra la pobreza; optimizando de esta manera su gestión y el gasto público. En esta perspectiva también la población en general será beneficiada.

Los resultados de esta investigación proporcionarán información acerca de cuáles variables son las más influyentes o determinantes para mejorar las condiciones de vida de la población del departamento de Puno.

Producir conocimiento útil para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

OBJETIVOS

• OBJETIVO GENERAL

Evaluar el impacto de la Inversión Social en las condiciones de vida de la población de los distritos de Puno 1990 – 2000.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• a) Evaluar si la inversión social que realizan los gobiernos es suficiente para superar la extrema pobreza.

• b) Analizar si los programas destinados a combatir la pobreza son eficaces y si la ejecución de los mismos son eficientes.

• c) Determinar la relación de la inversión social con los niveles de vida de la población en los distritos del departamento de Puno.

• d) Producir conocimiento útil para el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS

• HIPÓTESIS GENERAL

La inversión social es insuficiente para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en los distritos del departamento de Puno 1990 –2000.

• HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

• a) La inversión social destinada a superar la pobreza es insuficiente para mejorar las condiciones de vida de la población en el corto o mediano plazo.

• b) Los programas implementados para superar la pobreza están más dirigidos a prestar ayuda asistencial, por eso no son eficientes ni eficaces en el propósito de superar la pobreza.

• c) La inversión social tiene una débil relación inversa con el grado de pobreza, es decir entre mayor sea el gasto público menor es el grado de pobreza.

OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS: Variables, Indicadores, Modelos, instrumentos, fuentes

6.3. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES.

Las variables e indicadores motivo del presente estudio son las siguientes:

Las variables e indicadores motivo del presente estudio son las siguientes:

MATRIZ DE CONSISTENCIA

• MARCO DE REFERENCIA

• ENRIQUE VÁSQUEZ HUAMÁN (2002) IMPACTO DE LA INVERSIÓN SOCIAL EN EL PERÚ. Universidad del Pacífico – Centro de Investigación. IDRC-CIID. En esta importante obra el autor presenta las teorías sobre impactos en la inversión social, propuestas metodológicas y metodologías aplicadas a nivel nacional.

• BID-INDES-FONCODES (2002) Ofrece una compilación de temas sobre Evaluación de impactos de la Inversión social, indicadores, metodologías aplicadas en otros países como también en el Perú a nivel nacional.

El Departamento de Economía de la PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERÚ, a través del CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS, SOCIALES, POLÍTICAS Y ANTROPOLÓGICAS ha publicado una serie de investigaciones sobre pobreza, empleo, gasto público y otros temas afines a este propósito.de Puno?

• IV. Marco teórico

• 1. FRANKE, Pedro (2001) Políticas Sociales: Balance y Propuestas. PUCP – Dpto. Economía – CISEPA. Lima – Perú.

El autor explica que en la situación social del país, hasta el año 2000, ha habido avances en algunas áreas, como la cobertura de los servicios básicos de salud, pero no ha avanzado sustancialmente en la reducción de la pobreza y la calidad de la educación es bastante deficiente. Por otro lado las políticas económicas, éstas no han promovido un rápido crecimiento económico intensivo en trabajo ni han permitido la ampliación del gasto público. En cuanto a las políticas sociales, las reformas han sido aplicadas en forma incompleta, sin embargo una evaluación muestra sus dificultades en atacar problemas como la escasa cobertura de la seguridad social y la falta de equidad.

Este autor también plantea propuestas de políticas sociales y el régimen político: Orientar las políticas sociales al establecimiento de derechos, democratizar las políticas y generar un acuerdo nacional para aumentar el gasto social. Ya en el terreno de las políticas mismas, se propone que conformen una acción integral, tengan como prioridad lo básico y se orienten a los pobres del campo, se descentralicen los servicios, se mejore la calidad y motivación de los trabajadores de los servicios sociales: Maestros y médicos; y se establezca una gerencia social moderna.

• 2. GARAVITO, Cecilia (1996) Intervención del Estado en el Mercado de Trabajo: La Ley de Fomento del Empleo. PUCP – Dpto. Economía – CESEPA. Lima – Perú.

Sostiene que la reforma laboral iniciada en el Perú a fines de 1991 ha generado un nuevo contexto laboral. En este trabajo se analiza el efecto del cambio en la legislación laboral sobre el ajuste del mercado de trabajo limeño. Por medio del análisis de la estructura del desempeño y de su duración promedio, encontramos que la reducción de los costos de rotación laboral, al no afectar el alto grado de segmentación de la estructura laboral limeña, ha determinado que el ajuste del mercado de trabajo continúe siendo sumamente lento y no necesariamente eficiente. Así, si bien la duración del desempeño se ha reducido, las tasas de desempleo se han incrementado y persisten las diferencias entre segmentos.

• 3. IGUIÑEZ ECHEVARRÍA, Javier (2002) La pobreza es multidimensional: Un ensayo de clasificación. PUCP – Dpto. Economía –CESEPA. Lima –Perú.

En este ensayo clasificatorio se presentan cinco tipos básicos de multidimensionalidad sobre desarrollo y pobreza. La primera es intra-económica pues incluye dos o más variables económicas. La segunda añade indicadores no económicos al ingreso. Se pueden distinguir dos variantes en este caso. Una de ellas es la que incluye la multidimensionalidad en el campo de los factores de la pobreza usualmente de ingreso. Algunos de estos factores son definidos como "capital". Otra es la que incorpora elementos no económicos en la definición de la pobreza. El tercer tipo de multidimensionalidad elimina el ingreso y las variables económicas en general de la definición de la pobreza, lo que coloca a la dimensión económica meramente como factor. Dentro de este enfoque interesa destacar una de las maneras menos comprendidas de hacerlo cual es la que sirve para construir el Índice de Desarrollo Humano – IDH propuesto por el PNUD. La cuarta manera de establecer la multidimensionalidad de la pobreza es la que introduce la clasificación "económica", "política" y "cultural", u otras y que se derivan de la modalidad de separación de esferas de la vida propia del mundo liberal. La última que se expone es la que se apoya directamente en las ideas de lo valioso en la vida y su relación con el desarrollo que tienen diversas corrientes filosóficas.

• 4. INEI –FONCODES (2001) Mapa de Pobreza 2000. Puno –Perú.

Explica que el naciente milenio plante nuevos retos a la política social peruana, retos que implican combatir la pobreza y la desigualdad a partir de una estrategia que priorice las aspiraciones de los pobres, que permita el incremento de sus activos y que fundamentalmente, los integre en el proceso de desarrollo definitivamente.

La apertura de oportunidades para que los sectores pobres se inserten productivamente en el proceso de desarrollo requiere no sólo superar las necesidades básicas de los individuos y sus familias, sino fundamentalmente las limitaciones locales (geográficas, de recursos productivos, de transporte y de dotación de servicios) que crean barreras a la población para superar su situación de manera definitiva.

Bajo esta perspectiva, superar la pobreza significa hace frente a las desigualdades estructurales más evidentes con acciones focalizadas en áreas especialmente identificadas por las carencias generalizadas. Estas consideraciones demandan el perfeccionamiento de los instrumentos de focalización, sobre una base de información, que permita la elaboración de indicadores que faciliten una comprensión más profunda y completa de los factores generadores de pobreza.

• 5. INEI –PROGRAMA MECOVI-PERÚ (2002) Condiciones de Vida en los Departamentos del Perú.

Esta publicación contiene los principales indicadores sociales elaborados en base a los datos recolectados en la Encuesta Nacional de Hogares ENAHO – IV trimestre del 2001. Con este objeto se tomó una muestra de 18 824 hogares.

Entre los aspectos más importantes que se trata están: Las relaciones entre la dinámica poblacional y la incidencia de la pobreza, detectándose los grupos vulnerables. Las diferentes formas de manifestación de la pobreza y que son factibles de calcular en base a los resultados de la encuesta, así se presenta la pobreza calculada por el método de las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la pobreza obtenida mediante la privación de las oportunidades (Índice de Pobreza Humana) y el Índice de Desarrollo Humano (IDH).

Se considera también la percepción que tienen los hogares de la evolución del bienestar y los indicadores referidos a la infraestructura y acceso a los servicios básicos de la vivienda.

• 6. JIMÉNEZ, Félix (2000) El Modelo Neoliberal Peruano: Límites y Consecuencias Sociales. PUCP – Dpto. Economía – CISEPA Nro. 184. Lima – Perú.

Este ensayo muestra que las características del crecimiento de los años 1993 – 1995 y 1997, y de la actual recesión revelan que los límites del modelo económico neoliberal para el sostenimiento del crecimiento a largo plazo se encuentran: (a) en el patrón de acumulación de capital y la estructura productiva configurada en los últimos 9 años; (b) en la inoperancia de la política macroeconómica para estimular el crecimiento y combatir la recesión; y , (c) en la incapacidad del modelo de superar la situación social prevaleciente en la década de los ochenta. El crecimiento no fue resultado de las políticas económicas adoptadas por el régimen fujimorista e éstas, tal como se concibieron y aplicaron, son ineficaces para combatir la recesión actual. Por otro lado, el somero balance de sus costos sociales: el empleo, los ingresos, la seguridad social la pobreza y los gastos sociales; revelan que las bases sociales de este modelo son precarias.

• 7.  "Carta de Política Social 2001 – 2006" Gobierno de la República del Perú. INDES – PERÚ.

La presente Carta de Política Social se ha elaborado sobre los principios básicos que orientan la acción del Estado peruano en el campo social, desarrollados en los Lineamientos Básicos de la Política Social, de acuerdo con el Programa General de Gobierno, sustentado por el Primer Ministro en agosto pasado, y aprobado por el Congreso de la República.

La Carta se inicia con un breve antecedente, a modo de diagnóstico, seguido por el marco político actual, los lineamientos de política social, las estrategias de acción, y las prioridades sociales.

Se debe enfatizar que el gobierno realiza esfuerzos especiales para enmarcar sus actividades en un horizonte de mediano plazo, promoviendo consensos alrededor de las principales decisiones para convertirlas en políticas de Estado, cuya aceptación trascienda un simple período de gobierno. La orientación social del presente régimen, y en general las características de la coyuntura, configuran una ocasión privilegiada para profundizar las reformas económicas y para entrelazarlas con otras de carácter social y político.

A lo largo de los últimos años hemos tenido períodos de gran crecimiento, alternados con otros de recesión. Entre 1 991 y el 2000, la economía creció en promedio 4,2%. El PBI per cápita que actualmente está alrededor de US$ 2180 millones es similar en términos reales al de 1985 y menor en 10% al que registrábamos en 1980.

Entre los años 1993 y 1997 la actividad económica acumuló un crecimiento cercano al 45%, equivalente a una tasa de 7,6% anual en promedio. Pero los efectos negativos del Fenómeno del Niño, la crisis financiera internacional, el deterioro de los términos de intercambio y la crisis política del último año, redujeron significativamente las perspectivas de crecimiento de la economía.

La solidez de las finanzas públicas ha disminuido. El déficit fiscal alcanzó el 3% del PBI en el año 2000, superando el límite del 2% establecido por la Ley de Prudencia y Transparencia Fiscal. Esta situación, agravada por la crisis política de fines del año 2000, ocasionó que se deteriorara la confianza de los agentes económicos, generándose una reducción en los niveles de inversión y estancamiento económico. Ello repercutió en el menoscabo de las condiciones de vida de toda la población, especialmente de la más pobre.

El desafío actual, por lo tanto, es proteger la estabilidad macroeconómica y desarrollar bases sólidas para iniciar un proceso de expansión sostenida de la economía, y al mismo tiempo, consolidar el sistema democrático.

La prioridad de las políticas sociales ha sido cambiante entre l 990 y el año 2000. El gasto social en este último año fue largamente mayor que el de l 990, sin embargo, en los últimos años decreció con relación al nivel que alcanzó a mediados de la década.

A pesar de haberse efectuado un mayor gasto social, y de una mejora relativa en los indicadores sociales, la existencia de debilidades institucionales no permitió elevar de manera permanente el nivel de vida de la población pobre. Entre estas deficiencias se consideran los problemas de coordinación intersectorial y duplicidad de acciones; ausencia de capacidad de rectoría en sectores sociales; deficiente focalización, problemas de regresividad en la ejecución del gasto y reducida transparencia; fallas en la planificación estatal; dificultades en la gestión de los programas sociales; postergación de un proceso real de descentralización y ausencia de una Política Social de consenso y articulada con una Política Económica de Desarrollo.

Estas debilidades son las que explican que, si bien la comparación del nivel de bienestar de las familias entre l 990 y el 2 000 es favorable, los niveles del 2000 muestran un estancamiento y deterioro en algunas variables respecto a 1 995. Comparando los resultados de la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) de 1 994 con la del 2 000, se observa que la proporción de población pobre creció de 53,4% en 1994 a 54,1% en el 2000 mientras que la pobreza extrema bajó de 19,0% a 14,8%, respectivamente. El gasto per cápita del poblador pobre cayó de US$ 1,34 en 1994 a 1,25 en el 2000. Y el del pobre extremo decayó de 0,79 a 0,72. El índice Gini, que refleja la desigualdad en la distribución del gasto, varió de 0,39 a 0,40; mientras que el déficit de ingreso – porcentaje que falta para alcanzar el valor de la canasta mínima-se redujo de 1 9,2% a 18,6%.

"Crecimiento con igualdad" (2002) Diana Alarcón. INDES – PERÚ.

A principios de la década de los ochenta, no había ninguna propuesta explícita que estableciera una relación clara entre los programas de reforma económica, el crecimiento y la equidad. La crisis de la deuda puso de manifiesto la existencia de desequilibrios macroeconómicos profundos que restringían las posibilidades de crecimiento de la región. Las políticas que se implementaron en ese momento, se plantearon como objetivo central recobrar la estabilidad macroeconómica a través de medidas para reducir la inflación y disminuir los déficit de la balanza comercial y de las finanzas públicas. Para cerrar el déficit público, los gobiernos tienen que reducir gastos y/o aumentar ingresos con el consiguiente aumento de los impuestos y el precio de los bienes y servicios que ofrece el gobierno. La reducción del déficit fiscal conlleva además recortes presupuestarios que afectan, con frecuencia, el gasto social del gobierno. El restablecimiento de la estabilidad en las principales variables macroeconómicas normalmente está asociado con períodos de recesión económica con altos costos sociales.

A mediados de los ochenta, se hizo evidente que la simple estabilidad macroeconómica no era suficiente para recuperar las condiciones de crecimiento de la región. Los objetivos de estabilidad fueron complementados con políticas de más largo alcance -las reformas estructurales de la economía- que intentaban restablecer las condiciones de crecimiento de largo plazo en la región. Las reformas estructurales típicamente incluían la liberalización del comercio con el exterior, la desregulación del mercado interno, la liberalización financiera, la liberalización de los mercados de trabajo, una reforma tributaria y la privatización de empresas públicas. Como complemento a las propuestas de reforma económica prácticamente en todos los países de la región se registró un aumentó del gasto social y la creación de redes de protección social que intentaban compensar los costos de corto plazo del ajuste económico.

El período de estabilización y las reformas estructurales han producido avances importantes en varias áreas. En lo económico, se logró una mayor estabilidad macroeconómica con crecimiento: hay avances en las propuestas de reforma del Estado; el comercio internacional se liberalizó de manera significativa; el gasto social aumentó y se ha logrado una mejor distribución del mismo; se han destinado recursos importantes a los fondos de inversión social y se ha iniciado la reforma de los sectores sociales. No obstante, los resultados de este proceso siguen siendo muy desiguales tanto a nivel regional como al interior de cada país. La pobreza no ha disminuido significativamente y en casi todos los países se ha registrado un aumento de la desigualdad en la distribución de ingresos que se ha sumado a patrones de distribución ya de por si muy desiguales. Estos factores han puesto en el centro de la discusión nuevamente los problemas de pobreza y equidad y su relación con el crecimiento económico. Paralelamente ha surgido una nueva generación de estudios sobre la relación entre crecimiento e igualdad que, desde un punto de vista teórico y empírico, está cuestionando los viejos paradigmas de desarrollo.

"Espacios de articulación entre la política económica y la política social" (2002). Diana Alarcón. INDES-PERU.

La investigación teórica como la evidencia empírica ha restado sustento a la idea tan difundida de que en cierta fase de desarrollo la desigualdad impulsa el crecimiento de la economía. El aumento de la desigualdad y persistencia de altos índices de pobreza en los años noventa han puesto nuevamente en el centro de la discusión la relación entre crecimiento económico y desigualdad y han reforzado la búsqueda por un diseño de políticas que permita generar un círculo virtuoso de crecimiento con equidad. El aumento de la desigualdad, en ese sentido, está lejos de ser un resultado temporal del comportamiento económico, como en la vieja concepción; por el contrario, se le identifica como un elemento que limita el potencial de crecimiento económico. Desde esta perspectiva, la búsqueda de propuestas que ayuden a reducir la desigualdad tiene objetivos más amplios que el simple compromiso ético con la equidad porque incluye su impacto sobre el crecimiento económico. El reto que está planteado, entonces, es el de avanzar en el diseño de políticas económicas y sociales que fortalezcan la complementariedad entre estos dos objetivos de manera simultánea: crecimiento con reducción de la desigualdad. Esta complementariedad de objetivos constituye lo que identificamos como la "articulación de la política económica y la política social".

En la práctica, la "política económica" y la "política social" delimitan áreas de responsabilidad de quienes las implementan. El impacto de la política económica – entendida como aquella que promueve el crecimiento de la producción – no se limita a las variables estrictamente económicas (crecimiento del producto, inflación, tasa de cambio, entre otras); incluye también impactos sociales – entendemos a lo social como aquello que define las condiciones de vida de la población. En la medida en que la política económica influye sobre el nivel de empleo, los salarios o las condiciones de producción, determina de manera muy importante las condiciones de vida de la población. En ese sentido, podría decirse que la mejor política social es una buena política económica. A su vez, la política social, en su expresión sectorial – políticas de educación, salud, vivienda, seguridad social – tiene también impactos económicos en la medida en que las condiciones de salud de la población, sus niveles educativos, y en general, de bienestar, determinan el nivel de productividad de la fuerza de trabajo, el desarrollo de la capacidad de emprendimiento de los empresarios y el clima de confianza y estabilidad que promueve—o retarda—el crecimiento económico. En ese sentido, difícilmente puede pensarse en altas tasas de crecimiento y estabilidad económica sin una buena política social.

Fortalecer el vínculo entre crecimiento e igualdad resulta ser un objetivo compartido entre la política económica y la política social y no es posible lograrlo sin un buen grado de coordinación entre estos dos ámbitos de las políticas públicas. No obstante, dicho desafío no describe todo el alcance del reto, porque no incorporar la urgente necesidad de reducir la pobreza. Ciertamente en América Latina, la pobreza está íntimamente relacionada con la desigualdad. Una simple observación del valor que tiene el PIE per cápita de nuestros países, basta para decir que el nivel de desarrollo que ha alcanzado la región es suficiente para satisfacer todas las necesidades básicas de la población, si los ingresos que se generan estuvieran distribuidos de manera equitativa. Desigualdad y pobreza en la región, entonces, son parte de la misma ecuación. Sin embargo, para fines de diseño de políticas económicas y sociales, la reducción de la pobreza no siempre coincide con la búsqueda de la equidad. Es posible imaginar políticas que disminuyen la desigualdad en la distribución del ingreso—con una transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos más altos hacia sectores de ingreso medio, por ejemplo—sin que disminuya la pobreza. En consecuencia, el objetivo de reducción de la pobreza debe ser un objetivo explicito en el diseño de políticas articuladas. Nos interesa avanzar en la discusión sobre el tipo de políticas que permitan desarrollar las complementariedades entre crecimiento económico, igualdad y reducción de la pobreza.10. "Los mercados de trabajo en América Latina en los noventa: Descifrando la década" (2000) Suzanne Duryea, Olga Jaramillo y Carmen Pagés. INDES – PERÚ.

Las oportunidades que ofrecen los mercados de trabajo en Latinoamérica son criticas para el bienestar de los hogares ya que los ingresos totales de éstos dependen mayormente de los ingresos laborales. La preocupación por problemas asociados a los mercados laborales es alta entre los latinoamericanos. El Latino – barómetro, una encuesta de opinión realizada en diecisiete países de América Latina, presenta evidencia de este hecho documentando que el 40% de los entrevistados consideran que el desempleo, la inestabilidad en el empleo y los bajos salarios son los principales problemas a los que se enfrentan, por encima de otros males sociales que incluyen la corrupción, deficiencias en la educación, la pobreza y la violencia.

Este estudio presenta un panorama global de los mercados de trabajo en Latinoamérica en la década de los noventa y señala patrones importantes y tendencias ínter-temporales usando estadísticas comparables de los países de la región. Los datos señalan que aunque los mercados de trabajo latinoamericanos han absorbido cantidades considerables de nuevos trabajadores, las tasas crecientes de desempleo reflejan la capacidad de absorción limitada en algunas sub-regiones. El desempleo se ha extendido a los diversos grupos poblacionales de hombres y mujeres, jóvenes y adultos así como en zonas urbanas y rurales, mientras que la brecha entre el desempleo juvenil y de adultos, o entre las zonas urbanas y rurales se ha reducido. En otras palabras, el desempleo juvenil urbano no han crecido tan rápido como el desempleo total. Por otro lado, las tasas de participación han crecido más rápido para las mujeres que para los hombres, sin embargo, en muchos países esta tendencia esta asociada a brechas salariales entre mujeres y hombres decrecientes sugiriendo que parte de la incorporación al mercado de trabajo de la mujer se debe a crecientes oportunidades para éstas relativo a los hombres. Adicionalmente, se documenta la evolución de los salarios, medidos en dólares ajustados por el poder de compra, y se encuentra que aunque estos experimentaron una ligera mejoría en el Cono Sur, estos se mantuvieron constantes o cayeron en México-Centroamérica y en la región Andina a lo largo de la década. También se documenta la evolución en el porcentaje de trabajadores que ganan "salarios de pobreza". El alto y en algunos casos creciente porcentaje de trabajadores que reciben salarios muy bajos, aún entre los trabajadores calificados, continua siendo uno de los mayores desafíos para muchos países. Finalmente, se encuentra que los retornos a la educación secundaria (en términos de salarios) cayeron, mientras que en algunos países, pero no en todos, los retornos a la educación superior crecieron.

La evidencia sugiere que hay diferencias sub-regionales importantes. Por ejemplo, la región de México-Centroamérica ha experimentado aumentos significativos en las tasas de participación que no han estado acompañados de aumentos considerables en el desempleo. Esto no ha ocurrido en los países de las regiones Andinas y el Cono Sur donde las altas tasas de desempleo son una gran preocupación. Por otra parte, el sueldo promedio ha caído en las regiones de México-Centroamérica y ha subido ligeramente en el Cono Sur, mientas que la proporción de trabajadores con "salarios bajos" ha seguido la tendencia opuesta

Esta nota tiene la siguiente estructura. La primera sección hace una descripción de los datos, la segunda examina la evolución del desempleo, la tercera documenta las tendencias en el empleo y la participación relacionando el aumento en el desempleo con un aumento en la participación. La cuarta sección se refiere a los salarios e incluye salarios promedios, "salarios de pobreza" y retornos a la educación (en términos de salarios). La quinta sección concluye, numera los principales desafíos para la próxima década y sugiere una agenda de investigación hacia el futuro.

11."La pobreza rural en América Latina". Diana Alarcón. INDES – PERÚ. 2002.

La pobreza rural ya no ocupa un lugar preponderante en la agenda política de América Latina. Tanto las entidades internacionales como los gobiernos han desestimado la importancia de la pobreza rural. Lo que explica esta menor prioridad es el hecho de que América Latina ha llegado a ser una sociedad urbana con problemas urbanos que, por razones políticas económicas, dominan la atención de los encargados de la formulación de políticas y de los analistas externos. La proporción de la población que vive en las zonas urbanas es de alrededor del 92 por ciento en Venezuela, y en los tres países más grandes de la región esta entre un 78 por ciento en Brasil, el 72 por ciento en Colombia y el 75 por ciento en México. Actualmente, la mayoría de la población vive y trabaja en las ciudades. Además, en términos absolutos, la mayor parte de los pobres en América Latina vive en las zonas urbanas y se ganan la vida en actividades de los sectores urbanos formales e informales. No debe sorprender entonces, que la pobreza en América Latina se considere esencialmente como un fenómeno urbano.

Sin embargo, tal aseveración parece demasiado precipitada. Los datos disponibles, aunque incompletos, sostienen que la pobreza rural todavía es importante en muchos países de América Latina.

12."Los partidos políticos y las reformas de mercado en América latina". (2001) Marcelo Cavarozzi. INDES – PERÚ.

La hipótesis central de este trabajo se vincula a los procesos de descentramiento y posible re-centramiento de la política durante el último cuarto de siglo en América Latina. Sin embargo, ha cobrado especial vigencia en los últimos diez años. Tal como se discute en la siguiente sección, las tendencias analizadas constituyen una estilización de procesos históricos y contemporáneos que se inspiran principalmente en cinco casos, los de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina y México; asimismo, se formulan algunas referencias puntuales a otros países como Colombia, Perú, Venezuela y Bolivia. A las advertencias usuales acerca de las dificultades para analizar a América Latina como unidad, quiero agregar otra que ha sido adecuadamente explicitada por Manuel Antonio Carretón, quien en su artículo sobre "Democratización, Desarrollo, Modernidad. ¿Nuevas Dimensiones del Análisis Social?" nos advierte que:

Hoy en día no estamos, y quizás no lo estemos nunca más, en condiciones de definir "una" problemática latinoamericana, como lo estábamos cuando hablábamos de "desarrollo", "revolución", "dependencia" o "democratización". De algún modo, el concepto de "problemática" subsumía el conjunto de problemas que las sociedades enfrentaban a uno central. Eso permitía entonces resolver parcialmente el problema de la diversidad: todos tienen la misma problemática, pero varían en grados, efectos y forma de enfrentamiento de tal problema.

Lo nuevo, entonces, consiste en que ya no hay una problemática. A nuestro juicio hay diversos procesos fundamentales en curso que tienen conexión entre sí, pero cuya relación no es de necesidad o causalidad esencial. Es decir, cada uno de estos procesos tiene su propia dinámica, y la relación entre ellos y sus resultados no está en un libreto escrito de una vez para siempre. No hay un paradigma único de resolución como establecía el análisis social en décadas pasadas.

Teniendo en cuenta esta oportuna advertencia de Carretón, este trabajo se propone analizar de manera comparativa el papel de la política, y en particular de los partidos, en el desarrollo contemporáneo de América Latina. Para ello, utilizo una doble aproximación analítica: por un lado, un enfoque histórico que se basa en una estilización de los principales procesos políticos, que caracterizaron a un importante numero de países del área durante este siglo. Por otro lado, un enfoque más acotado que apunta a desagregar las distintas etapas de las políticas (policies) de reestructuración económica, focalizando el papel de la política (politics), y en especial de los partidos, en el diseño e instrumentación de aquellas políticas. Ambas estrategias de análisis arrojan conclusiones similares: luego de un período de descentramiento, crisis y desplazamiento de la política, cuya última etapa estuvo caracterizada por la implementación de políticas de reestructuración económica, existen evidencias empíricas que sugieren que ha llegado la hora del retorno de la política.

En particular, los partidos políticos parecen estar enfrentados a un desafío singular. En efecto, a pesar de haber sido históricamente marginados de las arenas de toma de decisiones, los partidos tienen ahora la oportunidad de aprovechar el espacio dejado vació por la crisis de un modelo de estado que había obturado el desarrollo de instituciones partidarias autónomas y efectivamente involucradas con la sociedad civil.

Este trabajo comienza con una breve introducción acerca de la construcción y despliegue de lo que se denomina el capitalismo político latinoamericano. A continuación, se analiza las distintas fases de la crisis del capitalismo político, así como sus consecuencias. La primera fase la identifica como la del estallido de la política; se trata del periodo 1973 y 1982. Esta sección tiene alguna relevancia, puesto que explora los principales conflictos y las tendencias centrífugas que contenían las configuraciones políticas nacionales, aún antes de la crisis de la deuda externa. La segunda fase de la crisis del capitalismo político, a la que denomina el descentramiento de la política, cubre el periodo 1982 – 1994. En esta sección analiza tres aspectos particularmente relevantes de esta crisis. En primer lugar, la desintegración de la ciudadanía y la desubicación de la política ante una coyuntura que representó un dilema muchas veces imposible de superar. En segundo lugar, el desencanto con la democracia, un fenómeno que aparece casi simultáneamente a la finalización de las transiciones. Y en tercer lugar, me refiero al hiperpresidencialismo, al que considero una respuesta al desorden que trajo aparejado la crisis de la política. Seguidamente, considerando las experiencias de Chile y Uruguay, planteo como un interrogante, más que como una constatación empírica generalizable, si en efecto América Latina se encamina hacia una etapa caracterizada por el retorno de la política. Aquí el argumento es que los partidos políticos, y en algún sentido la política en su conjunto, se enfrentan al desafío de convertirse en actores protagónicos de la reconstrucción de un entramado institucional que articule las relaciones entre Estado y sociedad, y entre economía y política.

El trabajo continúa desarrollando la segunda estrategia de análisis que consiste en focalizar en el papel de los partidos políticos, y de la política en general, en los procesos de reestructuración económica. Dentro de esos procesos, diferencio tres niveles, o etapas, a los que denomina macro, meso y micro. En cada uno de ellos es posible identificar un particular conjunto de políticas, una determinada constelación de actores involucrados en su diseño e implementación, y también mecanismos políticos e institucionales característicos de cada etapa. Fundamentalmente, el papel de los partidos políticos varia de manera significativa en cada uno de estos niveles de las reformas estructurales. Mientras que en el nivel macro los partidos tuvieron un papel nulo o muy marginal, en la etapa meso los partidos reasumen un rol mucho más activo, sobre todo como catalizadores de las protestas de actores sociales que se ven particularmente afectados por la implementación de estas reformas. Basándose sobre todo en los casos de Chile y Uruguay, cuando se refiere a la reforma micro, la hipótesis es que los partidos tienen la oportunidad de convertirse en protagonistas centrales de un retorno de la política. El punto que quiero subrayar en esta sección es que la propia naturaleza de las reformas micro requiere de actores que, como los partidos, tengan la capacidad de mediar, seleccionar y ordenar las demandas sociales, y operar de forma tal de facilitar que el conjunto de los actores sociales alcancen acuerdos cooperativos de mediano y largo plazo.

• 13.  "El déficit de la democratización en América Latina" (2000). Fernando Carrillo Florez. INDES – PERÚ.

El decenio de los años noventa del siglo XX ha sido considerado por muchos como el periodo durante el cual la democracia floreció con mas fuerza. La historia de América Latina durante las últimas décadas es una sucesión de desarrollos políticos caracterizados por movimientos hacia la democracia con altos y bajos, en los cuales dicho sistema político ha emergido, madurado, retrocedido, caído, se ha recuperado y ha reemergido, como cumpliendo un ciclo. Lo anterior sin perjuicio de las dificultades que supone el querer cobijar bajo un manto uniforme una realidad tan diversa y rica en experiencias como es la evolución política reciente de esta región (Diambnd, 1999; Lowenthal, 2000).

Por primera, vez en la historia, más del 50% de la población mundial vive en países que se precian en sentido amplio de ser democráticos. En los últimos 25 años del siglo se introdujeron sistemas electorales pluripartidistas en 113 países.

Ciento veinte de un universo total de 190 Estados se consideran en democracia y de ellos sólo 86 se consideran realmente libres (Freedom House, 1999). Más allá de la tercera ola democratizadora, para América Latina se juzga que nueve de los 22 Estados de la región experimentan mayores niveles de libertad, nueve menores niveles de libertad y, en general, de los años ochenta a los noventa el número de países considerados libres cayó de 13 a 11. Sin embargo, las grandes inquietudes sobre él futuro de esta región surgen del ánimo crítico de su ciudadanía hacia el desempeño de los gobiernos democráticos y de un gran escepticismo respecto de sus instituciones político-democráticas.

En la América Latina que se va acostumbrando a los nuevos escenarios de la gobernabilidad en democracia, las consideraciones puramente institucionales de la teoría del desarrollo han demostrado ser muy relevantes aunque insuficientes. La reforma institucional como parte del recetario económico antepuesto a la reforma política ha mostrado limitaciones. Pues si bien es cierto que los argumentos institucionalitas representan un gran avance y un salto cualitativo frente a las coordenadas economicistas que monopolizaron la teoría del desarrollo durante muchas décadas, se quedaron cortos frente al papel central que la política y su ejercicio están llamados a jugar en los terrenos ahora victoriosos de la democracia.

Ya no se requiere de mayor debate ideológico para demostrar que la democracia es una condición necesaria para el desarrollo. Nos referirnos a la democracia considerada no sólo como el régimen político sino como un sistema de relación con los ciudadanos (O"Donnell, 1998) que va incluso más allá de lo institucional. La relación existente entre la sostenibilidad del modelo económico y la calidad de la democracia y del proceso de gobierno dejó en el camino muchos dogmas que terminaron siendo simples sofismas. Uno de ellos fue la supuesta correspondencia entre los autoritarismos y el desarrollo. Hoy por hoy, no es un secreto para nadie que reforma económica es más efectiva, coherente y sostenible en el largo plazo si acude al proceso democrático de deliberación, representación, consulta y construcción de coaliciones entre los grupos sociales (Diamond, 1999). El sistema de una persona un voto neutraliza la habilidad de los poderes para perpetuar privilegios comprando poder político y debe ser la puerta de entrada para los controles propios de una poliarquía (Birdsall, 1998 y Dahl, 1971).

Desde otro ángulo, las democracias en el largo plazo responden más a las necesidades de los pobres por su posibilidad de organizarse y movilizarse a través del proceso político (Sen, 1999 a y b). Por lo tanto, un desarrollo económico sostenible tiende a minar la tentación autoritaria, sobre todo por su potencial para generar acceso a oportunidades económicas conducentes a adaptaciones institucionales que terminan abriendo espacios políticos a los actores antes excluidos. Esto para no mencionar los efectos de la estabilidad política a la hora de atraer capital en épocas de globalización, por lo cual no puede ignorarse el claro vínculo que existe entre la desigualdad, la estabilidad democrática y el crecimiento económico.

La nueva orientación de la teoría del desarrollo parece que finalmente debe apuntar a un acuerdo generalizado sobre la necesidad de reinventar y revalorizar la política. Pues como bien lo ha puntualizado Ramoneda (1999), aunque la democracia ha- triunfado, su alma la Política-continúa fallando. No sólo porque sus resultados en el ampo social y de defensa de derechos civiles y libertades públicas exhiben aún muchos saldos en rojo, sino porque claudica frecuentemente frente a los embates siempre contundentes del poder económico en el marco de una "democracia de lobbies"(Ramoneda, 1999). Ello ha llevado a que las victorias de la democracia en nuestra región sean más formales que reales. Doscientos veinte millones de pobres que son casi el 40% de la población de América Latina, en un entorno donde el 80% de población vive en países que sólo producen el 20% del ingreso total de la región, son alarmas que se disparan alrededor del modelo económico pero que dicen mucho también de la eficacia social del modelo político.

"Instituciones y gobernabilidad democrática en América Latina" (2002). Michael Coppedge. INDES – PERÚ.

La década de los ochenta fue un periodo de conmoción en la economía, sociedad y política Latinoamericana. El final del modelo de industrialización por institución de importaciones (ISI), la crisis de la deuda, los programas de estabilización y los ajustes estructurales llevaron a los actores estratégicos a revaluar sus identidades y sus relaciones con el Estado, y entre ellos; y en muchos países la democratización requería al mismo tiempo que esos actores estratégicos se adaptaran a las nuevas reglas del juego político. Salvo algunas excepciones, la gobernabilidad se vio afectada negativamente: había demasiada ruptura con las viejas relaciones y poco tiempo para construir otras nuevas.

En concreto, en un momento en que el Estado necesitaba establecer nuevas relaciones con un movimiento laboral en declive, un sector privado dividido, y en algunos países, con los nuevos actores estratégicos originados o fortalecidos por el narcotráfico o por el despertar indígena, muchos gobiernos latinoamericanos se encontraron con pocos recursos económicos y menos apoyo político del que disfrutaron de sus predecesores. Tarde o temprano, la mayoría de estos gobiernos tomó medidas decisivas en el frente económico, aunque esto interfiriera en la consolidación del proceso democrático. Las instituciones democráticas fueron claves en este desarrollo: cuanto menos institucionalizados estaban los sistemas de partidos, más se fragmentaron por la crisis económica; y cuanto más fragmentados estaban los sistemas de partidos, mayor fue el daño a la consolidación democrática.

En este artículo se describen y documentan estas tendencias, pero para hacerlo antes se construyen las bases teóricas. En la primera mitad se define la gobernabilidad, se explica cómo la tensión entre gobernabilidad y democracia puede equilibrarse, y se propone un método para analizar la gobernabilidad. En la segunda mitad se aplica este método en un análisis comparativo de cómo y por qué la gobernabilidad se deterioró en nueve países latinoamericanos de 1981 a 1993.

"Gasto Social en América Latina".(2002) Carlos Gerardo Molina. INDES – PERÚ.

El gasto público social es una medida del dinero erogado por el Estado, tanto del nivel central como regional, en todas sus acciones emprendidas en los sectores sociales, a saber educación, salud, seguridad social y vivienda. En consecuencia, refleja el volumen de recursos públicos asignados a la mayor parte de las políticas sociales de un país. Como el gasto social se realiza en un contexto limitado de recursos, su tamaño está condicionado tanto por la inclinación del país a invertir en lo social, como por el volumen de recursos públicos disponibles. El gasto social, en tanto medida total de dinero erogado, incluye tanto los gastos de funcionamiento como de inversión de los sectores sociales anotados. Sin embargo y dada su naturaleza, en este articulo se entenderá el gasto social como una inversión, incluyendo en él los gastos de funcionamiento que, valga decirlo, son los mayoritarios por tratarse de servicios intensivos en recursos humanos.

El gasto social es un referente para analizar la importancia asignada a la de política social de un país. El análisis de las variaciones del gasto a través del tiempo y de la forma como ellas se relacionan con el comportamiento de la economía, permite discutir qué tanto las políticas sociales han estado atadas a las posibilidades y ciclos económicos. El análisis comparado, entre regiones, países e incluso sectores, es útil para establecer el tamaño de los gastos sociales. Ello a falta de otros referentes, en particular del valor de los servicios a proveer que son de difícil determinación. El análisis del gasto social permite también estudiar la orientación de la política social y, a su vez, conocer cuáles pueden llegar a ser sus resultados. El gasto social es, entonces, tanto efecto de las políticas sociales como uno de sus determinantes.

El objetivo de esta sesión es ofrecer un panorama de los tres aspectos mencionados: evolución del gasto público social en la región; contextualización del nivel de los gastos sociales a través de una comparación entre países y regiones: y presentación de algunas relaciones del gasto con los resultados sociales. Por tratarse de un análisis agregado para América Latina, quedan pendientes los análisis detallados de la estructura del gasto por país. Sectores y programas. Estos suponen adentrarse en la orientación de política de cada país, sector, que corresponden a un paso posterior, necesario para afinar los resultados aquí presentados. Dada la gran disparidad de la región, cabe advertir que las consideraciones hechas para el agregado regional esconden diferencias significativas entre países.

En este articulo se harán señalamientos metodológicos y contextuales que pretenden ayudar a entender la discusión sobre el gasto público social de la región. El comportamiento del gasto social en América Latina se caracterizará a partir de la siguiente secuencia: evolución reciente del gasto social, tamaño (absoluto y relativo) del gasto social, descomposición del gasto social (con énfasis en su participación en los gastos del gobierno; en el tamaño de las economías) y. finalmente, presentación de algunas metodologías que permiten estudiar el impacto del gasto social sobre los sectores sociales.