Planificación Participativa en la Gestión Pública

Introducción

"Algo se ha agotado en América Latina, los pretextos para justificar la pobreza".

Carlos Fuentes.

El tema de la planificación en la gestión pública es de vital importancia para el sistema democrático ya que de ella depende un mejor desempeño de las instituciones estatales y por tanto una revalorización de la democracia por parte de la ciudadanía, que en muchos casos no visibiliza los beneficios de la democracia. Una gestión pública con un enfoque de planificación participativa promoverá la orientación de políticas públicas y planes de desarrollo hacia un beneficio común, que llegue a los diferentes sectores de la comunidad especialmente a históricamente excluidos.

Por esta razón concebimos que la planificación tienen una connotación política, fundamentalmente política, que no debe ser reducida a un entendimiento puramente administrativo, pero también deber ser protegida de las ansias demagógicas que la utilizan sólo como discurso y la marginan en la práctica.

El presente trabajo hace un análisis de la planificación, distinguiendo sus diferentes enfoques y vinculándolos con los sistemas político-económicos a los cuales está estrechamente ligada, especialmente se analiza la postura de la planificación estratégica y su relación con la nueva gerencia pública y de ésta con el sistema neoliberal. El análisis se detiene en la propuesta de Planificación Participativa, resaltándola como un enfoque alternativo que permite el fortalecimiento de una vocación democrática en la gestión pública y sobre todo la voluntad de las administraciones públicas de compartir el poder con la ciudadanía. Asimismo, se desarrolla una descripción de los principales mecanismos de planificación participativa, de sus alcances y limitaciones para contribuir a una democracia participativa.

Este trabajo ha sido presentado en el marco del diplomado en Gestión pública municipal desarrollado en la Escuela Mayor de Gestión Municipal.

DESARROLLO TEMÁTICO

CAPÍTULO 1

Concepciones y prácticas de la Planificación

• 1. Evolución

Al referirnos a la planificación estamos haciendo alusión a un proceso político vinculado al desarrollo por tanto no puede hacerse un análisis de ella sin considerar sus implicancias con los modelos político-económicos predominantes. Así, al investigar la evolución de la planificación notaremos que los enfoques y concepciones de planificación están estrechamente relacionados con el sistema político predominante.

En la década de 1960 la región latinoamericana atravesaba por una época de convulsión social, los movimientos y partidos de izquierda tenían presencia importante en el escenario político y en procesos revolucionarios que alentaban la independencia de la región. En este contexto las propuestas teóricas latinoamericanas apostaban por un proceso de desarrollo autónomo, cuestionando los modelos desarrollistas que planteaban un proceso lineal y homogéneo para alcanzar el ansiado desarrollo. Se proponía la planificación del desarrollo en función a una autonomía económica, la industrialización con la consiguiente sustitución de importaciones fue la propuesta central de este modelo de desarrollo. Pero la institucionalización de la planificación en América Latina según Coraggio citado por Eduardo Reese se produce "en los sesenta, bajo la influencia del desarrollismo cepalino y el impulso externo de la Alianza para el Progreso". Ya para los años setenta "este consenso sobre la previsión del futuro motivó acciones de planeamiento que se basaban en el crecimiento autosostenido de los complejos urbanos que justificaba una organización de las actividades productivas orientadas al consumo ilimitado de los recursos naturales y materias primas y, sobre todo, con una base energética barata. La crisis de los setenta dio por tierra con todos estos conceptos y con los planes de desarrollo basados en objetivos cuantificados en extensas matrices e índices macroeconómicos, en grandes obras y en organizaciones centralizadas de alta complejidad". Continúa señalando que la planificación tuvo (y aún lo tiene) una manera tecnocrática, centralista y vertical de operar. La década de los ochenta se caracterizó principalmente por conflictos internos y crisis económicas en nuestros países que truncaron los procesos de planificación aplicados por los gobiernos que en su mayoría eran populistas, sentando las bases para la aplicación de ajustes estructurales que incorporaron una lógica neoliberal que tiñó los procesos de planificación, debilitando al Estado, afianzando la crisis del sistema político con la afectación de los partidos políticos y sometiendo la planificación a las reglas del mercado, el regulador absoluto de las nuevas sociedades en la globalización capitalista.

En este nuevo panorama de ajustes estructurales recetados desde Washington[1]se reconfiguran los procesos de producción económica y entonces tenemos a grandes capitales transnacionales extendiéndose hasta nuestros territorios gracias a la apertura de fronteras. También las condiciones sociales se modifican, produciéndose una descapitalización humana de las zonas rurales y una acelerada popularización de las principales ciudades producto de la inmigración en perspectivas de mejores condiciones de vida. En otro aspecto, la institucionalidad política se debilita, los partidos políticos tradicionales pierden legitimidad y la ciudadanía se aleja de la organicidad partidaria y del compromiso político y es ganada por los apremios individuales y familiares que la nueva sociedad de consumo impone. En este escenario la planificación se adaptaría al modelo productivo y sistema social redefinido por el neoliberalismo y, sobre todo, a sus consecuencias negativas que repercutirían en las sociedades subdesarrolladas a las que la bonanza del libre comercio y la globalización no llega. Francisco Garrido (2002) aporta en este sentido, sosteniendo que en este marco económico, social e institucional se está pasando desde la planificación urbana clásica a la planificación estratégica dominante, apareciendo siendo ésta como punto intermedio entre la planificación tradicional (el planeamiento territorial y la planificación sectorial) por un lado, y las iniciativas puntuales de tipo económico privado, sean de origen local o internacional, por otro. Según el mismo autor la planificación estratégica vendría a resolver dos grandes retos "el aumento de la competitividad de la ciudad y mitigación de los efectos sociales negativos" recayendo la responsabilidad sobre los gobiernos locales y regionales, los cuales demandarán cinco desafíos: una nueva articulación económica competitiva, infraestructura urbana, "calidad de vida", integración social y gobernabilidad, aunque en la práctica todos ellos se supediten al objetivo dominante de competitividad en el marco de una economía global (Garrido, 2002:3-4).

En Perú, este nuevo escenario político-social se institucionaliza a través de la implementación de la Constitución Política de 1993 durante el régimen Fujimorista, tras el autogolpe de Estado. Con la caída del fujimorismo y el proceso de transición democrática se inicia un proceso de reforma del Estado y de descentralización, instaurando nueva normatividad en la gestión pública y un "cambio del modelo de organización de tipo burocrático hacia un modelo gerencial al estilo de la empresa privada, característica distintiva de la nueva gerencia pública" (Sabogal, 2012:3). En la perspectiva de Omar Guerrero[2](2003) la nueva gerencia pública encuentra su sustento teórico en el neoliberalismo y que debido al agotamiento del neoliberalismo, pero sobre todo a sus limitaciones teóricas, se ha llegado al fin la llamada y tan socorrida nueva gerencia pública. Cuestiona que "aunque lleva por nombre la voz "gerencia" (management), no es la gerencia su fundamento, sino la más general noción de empresa mercantil, que es el modelo que propone como sustituto del esquema "burocrático" del Estado" (Guerrero, 2003:12).

En este sentido la Planificación Estratégica se configura como la herramienta de gestión pública por excelencia de la nueva gerencia, incorporando algunos cambios en el rol planificador de la administración pública. Ahora bien, lo expuesto responde a posturas críticas y que evidencian la relación entre los enfoques de planificación y los sistemas político-económicos, lo cual no quiere decir que se dejan de reconocer aspectos positivos de la propuesta estratégica de la planificación, por ejemplo que otorga una mayor participación a los gobiernos locales, además de considerar que en sí misma tiene varios matices, algunos de los cuales tienen una vocación más inclinada a la democracia participativa y a la visión de ciudadanos antes que a la de clientes. Precisamente es la planificación participativa un enfoque de planificación que engarza dentro de esta vocación.

• 2. La Planificación participativa, una propuesta alternativa

Garrido (2002) sostiene que se han ido impulsando diversas iniciativas de desarrollo local que advierten y tratan de superar el carácter excluyente y economicista de la planificación estratégica, y el fracaso de las políticas compensatorias para la resolución de los problemas que acarrea el modelo de desarrollo. Estas experiencias reconocen el proceso de globalización neoliberal en marcha, pero aspiran a modificar su orientación. Defienden que sus consecuencias exigen acciones sociales y políticas públicas que modifiquen la distribución de las rentas y del poder en las ciudades, concretando formas de participación directa y activa de la población en los asuntos públicos.

En general, se pueden agrupar como un conjunto de ideas y prácticas de desarrollo local, impulsadas por entidades públicas y sociales, que coinciden con la planificación estratégica en reconocer el papel de los gobiernos locales como sujetos activos del desarrollo local integral. Pero, a diferencia de aquella, la óptica de la competitividad según la lógica de los mercados se subordina al objetivo prioritario de conseguir que el capital sea redistribuido, y que se establezcan estrategias que generen proyectos y un sistema de participación que posibilite el control de la comunidad sobre el desarrollo. Se enfatiza la capacidad de planificar y gestionar por parte de la ciudadanía, y se procura la organización de los sectores excluidos como una fuerza social y económica estratégica.

Agrega Garrido que en este tipo de planificación se subraya el aspecto de extensión o profundización de la democracia, en términos políticos y económicos. Como elementos característicos se distinguen la construcción de espacios de participación popular en la gestión local, en el ejercicio de una ciudadanía activa y en el control sobre la Administración Pública, con la vista puesta en la construcción de una nueva cultura política y ecológica. Para ello, no se establece un modelo de desarrollo determinado y un sistema de representación pública concreto. Más bien se aplican metodologías que impulsan la implicación activa de los ciudadanos, el pacto entre actores que defienden intereses dispares, y la construcción colectiva del conocimiento, la planificación y la ejecución de lo acordado.

Para caracterizar la planificación participativa citamos a Rodríguez (2012) cuando sostiene que la planificación del desarrollo adquiere el carácter de participativa en la medida que es un proceso que implica:

a) La concreción de un espacio de diálogo y concertación para construir una visión compartida del desarrollo local.

b) La formulación de políticas públicas locales consensuadas y orientadas al desarrollo integral.

c) La promoción de la participación y del pleno ejercicio de ciudadanía, compartiéndose responsabilidades entre el conjunto de actores locales. d) El desarrollo de capacidades del Gobierno Local y de los diferentes actores locales para el diagnóstico y propuestas que lo hagan sostenible. e) La oportunidad para articularse a procesos de desarrollo regional y nacional a partir de aprovechar y gestionar las potencialidades locales, aportando a la construcción de una visión común de país.

Pero además agregamos que a partir de los débiles niveles de ciudadanía con la que contamos en el Perú, una administración local podrá ser considerada de carácter democrática y comprometida con un enfoque participativo de la planificación siempre que invierta esfuerzos en desarrollar una ciudadanía madura y una organización social fortalecida, sin estas bases difícilmente se pueden construir relaciones democráticas sostenibles y participación ciudadana consciente y activa.

En esta línea reflexiva recogemos la apreciación de Perales (2004) quien ha estudiado la democracia participativa en América Latina. Desde una postura crítica – con la que coincidimos – sostiene, que "la actual globalización no asegura este equilibrio[3]ni la capacitación ciudadana para la democracia: el ámbito territorial global tiene dificultades para vertebrar a la comunidad, no concita identidad; los canales participativos son débiles y aquello que hay que elegir resulta ser algo muy distante sin contornos definidos. En todo caso el impacto de la globalización es asimétrico: las sociedades de tradición democrática pueden soportar la dejación de competencias y grados de soberanía; pero las sociedades nacionalmente débiles, como son una buena parte de las latinoamericanas, quedarían a merced de fuerzas transnacionales cuya única conciencia es el mercado. Por otra parte la tutela de instituciones democráticas mundiales, actualmente débiles, no puede resolver este déficit de Estado en los países periféricos. De modo que la idealizada "aldea global" lo es tan sólo para elites, pero no para las mayorías del planeta".

Una planificación participativa será efectiva siempre que se desarrolle en el marco de una administración que apueste por la democracia participativa, de modo que no sólo es la actuación de la sociedad civil en la que debemos basar nuestras investigaciones y análisis sino también en el tipo de Estado que tenemos, en su cercanía o lejanía con la consolidación e institucionalización de la democracia, puesto que la reconstrucción de la institucionalización democrática requiere no sólo cambios en los sistemas políticos sino también en el Estado.

Iazzetta (2007) refleja esta vinculación en el título de su libro Democracias en busca de Estado. Indica que en los años ochenta hubo más una transformación del régimen político que del Estado, debido a que cuando se inician los procesos de transición democrática no fue posible encararla con otro Estado que el disponible. Recordemos que en el Perú el proceso de Reforma del Estado ha sido un tema esquivado por los últimos gobiernos post-Fujimori. El modelo neoliberal por el contrario, ha acentuado un debilitamiento del Estado hasta llegar a lo que Iazzetta sostiene como el "estado ausente" (2007:55).

Tener una visión clara de las singularidades de nuestros sistemas estatales y de nuestras democracias permite no caer en la tentación de asumir modelos "universales" que no se ajustan a nuestra realidad, a nuestras posibilidades. Para ello, recurrimos a Iazzetta (2007:61-65), quien reconstruye las relaciones entre Estado, democracia y ciudadanía a partir de tres ejes:

• Ausencia del Estado: En América Latina la instauración de instituciones democráticas no estuvo precedida por la existencia de un aparato estatal con capacidad para garantizar los derechos subjetivos que aquellas presuponen. Nuestra región tuvo regímenes democráticos sin contar previamente con estados de derechos capaces de garantizar de manera efectiva la igualdad ante la ley. La omisión de este aspecto constituye una de las principales lagunas de la teoría democrática predominante, pues da por sentada la existencia del estado moderno cuando en rigor, gran parte del mundo actual carece de algo que se parezca a ese estado. Es necesario introducir al estado en nuestras reflexiones sobre la democracia y la ciudadanía pues resulta imposible explicar la escasa efectividad de esta última sin considerar la ausencia de un estado capaz de garantizarla. Si bien no es posible pensar a la ciudadanía fuera de la democracia, la sola existencia de ésta no basta para tornarla efectiva: requiere un estado viable que asegure su ejercicio.

• Ciudadanía sin ciudadanos: Aunque existió un temprano reconocimiento de ciertos derechos por parte del estado, ello no vino acompañado de un proceso social de apropiación de los mismos, por parte de los ciudadanos, tal como se dio en los países de desarrollo originario. La ciudadanía exige instituciones y mediaciones y se constituye en espacios sociales de lucha que pujan permanentemente por inscribir nuevos derechos y tornarlos efectivos. No se trata de minimizar las luchas por la expansión de la ciudadanía – que sin dudas protagonizaron nuestras sociedades -, sin embargo no es posible ignorar que en ellas, la ciudadanía no representa una adquisición de derechos frente al estado sino por el contrario, ha sido construido en buena medida por el estado. El hecho de que la ciudadanía no emane de las demandas de la sociedad civil, revela una debilidad de origen que se puso tempranamente en evidencia en nuestra historia política.

• Las secuencias de los derechos ciudadanos: Las secuencias que atravesó la construcción de la ciudadanía, difieren del carácter lineal y acumulativo que se atribuye a las "democracias fundadoras". Por el contrario, la ciudadanía en la región no sólo resultó parcial y trunca por la ausencia de efectividad y universalidad en el goce de tales derechos, sino también por estar sometidas a bruscos altibajos y discontinuidades que nos impiden considerar su adquisición como parte de un proceso lineal y acumulativo.

Iazzetta cierra su reflexión de la relación entre estado, democracia y ciudadanía, asegurando que la debilidad de las infraestructuras estatales – esto es, la ausencia de una penetración uniforme de recursos y reglas a lo largo del territorio – constituye una señal de debilidad de nuestras democracias. Tal ausencia se evidencia mucho más en los gobiernos locales, que generalmente no cuentan con el personal técnico adecuado ni la voluntad política de promover ciudadanía desde el fortalecimiento de espacios locales o la promoción de la organización social. El Informe: La democracia en América Latina del PNUD (2004:182), refiere que enfrentamos un déficit de estatalidad que impone serias restricciones para asegurar la vigencia del estado de derecho en la región. Ello resulta grave pues sin un estado capaz de promover universalmente la ciudadanía no existe democracia: estados débiles y mínimos sólo permiten conservar democracias electorales pero que impiden avanzar hacia una democracia de ciudadanía[4]que requiere en cambio, de una estabilidad que garantice la universalidad de los derechos (Iazzetta, 2007:72).

Por lo expuesto sostenemos que el trabajo para la implementación de una planificación participativa demanda también capacidades del Estado en sus tres niveles (nacional, regional y local) así como voluntad política para lograr una gestión democrática, transparente y efectiva.

CAPÍTULO 2

Mecanismos de la planificación participativa local

Para desarrollar una planificación participativa local será necesario construir un sistema de planificación local acorde a este enfoque, lo que según Rodríguez (2012) implica:

a) Un acuerdo local entre las autoridades y la sociedad civil.

b) Concertación y compromisos en los distintos niveles.

c) Complementariedad y articulación de planes en el tiempo y en los espacios participativo e institucional.

Asimismo este sistema cuenta con los siguientes instrumentos de planificación:

a) Según su alcance:

Institucionales (interno):

• Plan de Desarrollo Institucional (PDI).

• Plan Operativo Institucional (POI)

• Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Participativo (externo):

• Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC).

• Presupuesto Participativo (PP).

A continuación describiremos los mecanismos de planificación participativa externos, haciendo mayor énfasis en el Presupuesto Participativo.

• 1. Plan de Desarrollo Concertado Local

El Plan de Desarrollo Concertado Local (PDCL) es la herramienta fundamental para una gestión local planificada y participativa, puesto que se construye a partir del conjunto de opiniones, intereses y acuerdos de actores del Estado y de la sociedad civil.

El PDCL marca la hoja de ruta que debe transitar el gobierno local o regional en un largo plazo. En él se señala la visión de la comunidad y los ejes y objetivos estratégicos que deberán guiar la gestión pública. En este aspecto radica centralmente su importancia y la relevancia de que debe ser diseñado con la mayor participación posible de los representantes de la sociedad. Para que esto sea posible debe existir voluntad política de las autoridades para realizar un proceso realmente participativo, tal responsabilidad recae sobre el Consejo de Coordinación Local en el caso de los gobiernos locales y el Consejo de Coordinación Regional en caso de los gobiernos regionales.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) todo PDC debe contener:

1. Diagnóstico.- Debe proporcionar la información que permita conocer las carencias y debilidades, y las potencialidades con las que se cuenta para que el territorio se desarrolle.

2. Visión de desarrollo.- La visión no debe ser sólo una idea de futuro posible a lograr, sino una ¿fuerza en el corazón de la gente?, convincente de modo tal que logre el respaldo general.

3. Ejes y objetivos estratégicos.- Son las áreas prioritarias que encontramos en la visión y en las que debemos trabajar sistemáticamente, dentro de las cuales se organizarán las acciones teniendo en cuenta los objetivos estratégicos identificados para cada eje.

4. Proyectos estratégicos.- Para materializar los objetivos de desarrollo a través de la estrategia seleccionada, se requiere identificar y seleccionar proyectos de desarrollo que harán realidad el PDC. Estos proyectos se priorizarán en los procesos de Presupuesto Participativo (PP).

El PDC es una guía indispensable para el PP ya que los proyectos que se prioricen en un presupuesto participativo sea distrital, provincial o regional deben corresponderse a un plan, es decir al PDC, y a sus objetivos. De lo contrario, la priorización de proyectos en el PP se haría de manera desordenada y no se aprovecharía totalmente los recursos de cada municipalidad o gobierno regional.

Finalmente es importante mencionar que los Planes de Desarrollo Concertado no son una camisa de fuerza, si bien se establecen a largo plazo (más de cinco años) pueden ser actualizados en un nuevo proceso convocado por el CCL o CCR según el caso y redefinido con la participación de los diferentes actores sociales.

• 2. Presupuesto Participativo

El Presupuesto Participativo (PP) es, junto al PDC, uno de los mecanismos institucionales de participación ciudadana más importantes que tenemos en el país.

El MEF lo define como un instrumento para la toma de decisiones compartida (Estado-Sociedad) sobre las acciones a implementar (principalmente proyectos) para el logro de la Visión del Desarrollo en el marco de los Planes de Desarrollo Concertado, que trae importantes beneficios como una mayor eficiencia en la asignación de los recursos en el nivel subnacional y en la ejecución del gasto, equidad en asignación y ejecución de recursos, mayor transparencia y menor corrupción en la gestión pública, corresponsabilidad entre Estado-Sociedad, entre otros.

Del mismo modo señala las oportunidades a las que conlleva:

• Cambio en la tradicional manera de tomar decisiones de gasto en el nivel subnacional. Decisiones sobre la base de diagnósticos participativo.

• Mayor involucramiento social en los asuntos públicos: reduce incentivos a la corrupción.

• Desarrollo de mayor conciencia tributaria (se requiere políticas complementarias de apoyo a la generación local de ingresos).

• Mayores espacios para escuchar la voz de los más pobres y excluidos.

Pero también las limitaciones han sido identificadas por el MEF:

• Incumplimiento de acuerdos por parte de autoridades

• Aplicación inadecuada de metodología para la toma de decisiones

• Desconocimiento de autoridades sobre los fundamentos del presupuesto participativo – Escaso compromiso con el mismo.

• Limitada representatividad de agentes participantes.

• Participación limitada a grupos de interés tradicionales (escasa difusión).

• Población no enterada ni capacitada (ilusión fiscal).

• Presión de grupos de interés en regresar o mantener el status quo en la manera de asignar el gasto en el nivel subnacional.

Como ya se ha mencionado este espacio es central en el proceso de planificación participativa y ha constituido un avance importante para el fortalecimiento de la democracia en tanto su aplicación está garantizada por ley en todo el territorio nacional, en los más de mil 800 municipios distritales del Perú. Wiener (2005) señala que el presupuesto participativo está ayudando a poner a la vista nuevos liderazgos y a que estos se encuentren, discutan, discrepen. "Es decir está acelerando un proceso de calificación de líderes alternativos". Sin embargo, el PP por sí mismo no dará el resultado esperado, tienen que cumplirse algunas condiciones para que sea realmente la herramienta participativa tal como es su concepción. Navarro (2005) sostiene que "el requisito previo más importante y decisivo que se debe tener en cuenta para emprender un proceso participativo social, es que las autoridades locales deben tener una fuerte voluntad política para compartir con sus electores una proporción considerable del poder que detentan". Asimismo sugiere que es importante contar con un grupo coherente de líderes que informe del proceso así como formar a funcionarios públicos según la lógica del presupuesto participativo, de lo contrario podría reducirse la eficacia general de las acciones del gobierno, además del hecho de que el presupuesto participativo pueda introducir un nuevo grado de gobernabilidad, si los trabajadores del Estado son conscientes del derecho de los ciudadanos a exigir transparencia en los asuntos públicos. Otro aspecto fundamental es la capacitación constante de algunos sectores de la población, sobre todo si tenemos en cuenta que el ejercicio ciudadano es una debilidad en muchos sectores de la población.

Conclusiones

• La planificación es cada vez más valorada en las gestiones públicas, genera un mayor interés en una capa técnica de profesionales vinculados a la administración pública y se produce amplia bibliografía al respecto. Sin embargo, observamos que la orientación de planificación tiene una fuerte orientación hacia un enfoque administrativo, preocupado en una aplicación correcta de normas y procedimientos y en un gasto efectivo de recursos.

• La planificación tiene una fuerte connotación política y está estrechamente vinculada a los sistemas político-económicos. Orienta la promoción del desarrollo y su enfoque repercute en los subsistemas social, político, económico, cultural. A pesar de esta importante relación no son muchas las producciones académicas o reflexiones técnicas que suelan abordar esta dimensión, generando que la gestión local asuma una planificación de receta metodológica, sin concepción política y con contradicciones entre sus supuestos enfoques de desarrollo humano y su orientación economicista y pragmática, que fortalece un sistema económico injusto y profundiza las desigualdades sociales.

• La planificación participativa se presenta como una alternativa de mayor compromiso democrático y equidad, siempre que sea asumida por una gestión con voluntad política para desarrollarla de acuerdo a sus principios y sobre todo dispuesta a compartir el poder con la ciudadanía. Precisamente en este último aspecto radica una de sus debilidades, ya que no tenemos una sólida formación democrática ni en los gobernantes ni en los/as ciudadanos/as, y un Estado ausente y debilitado como el que tenemos no la puede garantizar.

• Para acercarnos a una gestión pública democrática y participativa se requiere de un trabajo complejo de largo plazo que no sólo ponga la atención en la sociedad civil, a la que de hecho se debe fortalecer y formar en ciudadanía, sino también en la reforma de un Estado débil y ausente por un estado fortalecido y presente para todos los sectores, de un Estado fácilmente corruptible por un estado transparente y honesto, de un Estado burocrático y deficiente por un Estado eficiente y efectivo, de un Estado vertical por un Estado participativo y abierto. Del mismo modo es necesario trabajar en la recuperación de la institucionalidad política, una renovación de los partidos y movimientos políticos, una sensibilización a las capas jóvenes para que se incorporen en la participación política y adecenten con principios democráticos y equitativos el sistema político nacional.

Bibliografía

• GARRIDO, JAVIER. Planificación participativa para el desarrollo local. Colección CIMAS Cuadernos. 2002.

• GUERRERO, OMAR. El fin de la Nueva Gerencia Pública. Universidad Nacional Autónoma de México.

• IAZZETTA, OSVALDO. Democracias en busca de Estado, ensayos sobre América Latina, Santa Fe, Argentina. Homo Sapiens Ediciones. 2007.

• MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS: www.mef.gob.pe

• MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO: www.munilaredo.gob.pe

• PLAN DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO 2012-2021 DE LAREDO.

• NAVARRO, ZANDER. En LICHA, Isabel. Participación ciudadana en el contexto de la descentralización fiscal. Banco Interamericano de Desarrollo. 2005.

• PERALES ARREXTE, IOSU.  Poder local y democracia participativa en América Latina. Bogotá. 2004.

• RODRÍGUEZ, ROBERTO. Claves para la gestión del desarrollo local. Escuela Mayor de Gestión Municipal. 2012.

• SABOGAL, RENATO. Módulo: Gerencia Pública Moderna. Escuela Mayor de Gestión Municipal. 2012.

• WIENER, RAÚL. De comuneros y ciudadanos. Presupuestar participativamente. Centro de Desarrollo Agropecuario CEDAP. 2005.

Autor:

Mg. Eliana Pérez Barrenechea

Monografía sobre la planificación participativa y las posibilidades de su implementación en la gestión pública local.

Escuela Mayor de Gestión Municipal

Diplomado en Gestión Pública Municipal

10/09/2012

[1] Léase sobre el Consenso de Washington.

[2] Doctor en Administración Pública, profesor titular de la Universidad Autónoma de México y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de México.

[3] Referido al equilibrio entre el poder de los gobernantes y la participación de la ciudadanía.

[4] Encontramos las primeras referencias acerca de la categoría democracia de ciudadanía en el informe: La democracia en América Latina, hacia una democracia de ciudadanos y ciudadanas presentado por el PNUD en el 2004.