Los procesos de Vladimiro Montesinos Torres

Introducción

Vladimiro MONTESISNO TORRES, de 58 años, un expulsado capitán del ejército, estuvo temporalmente encarcelado en la década de 1970 acusado de traición a la patria, al entregar información secreta del Ejercito Peruano a elementos externos.

Años después en la década de 1990 al 2000, desempeño uno de los principales papeles dentro de la historia nacional peruana, cuando se convirtió en asesor y mano derecha del entonces recién electo Presidente Alberto FIJIMORI FUJIMORI. Su labor la realizó desde la sombra, utilizando el poder del Estado, mediante un arma hasta entonces no usada en esa magnitud en nuestro país: La inteligencia.

Como Jefe encubierto de los Servicio de Inteligencia del País, (SIN), logro hacerse de información que posteriormente uso para controlar el aparato judicial, el Ministerio Público, y todo ámbito de poder dentro de la sociedad peruana, corrompiendo y sobornando a fin de mantener el poder y perpetuarse junto con el entonces Jefe de Estado.

Luego de aparecer en el famoso video Kuori –Montesinos, que determinó su caída y la del gobierno Fujimorista, fugó de las autoridades hacia panamá en una de las acciones catalogadas como espectaculares al puro estilo de las historias de espionaje.

Tras desplomarse el gobierno de Fujimori, a fines del 2000, las autoridades descubrieron una extensa red de corrupción tramada por Montesinos, en complicidad con el ex mandatario, incluso el tráfico de los fusiles para las FARC.

La red envolvió dependencias gubernamentales y comprometió a ministros, legisladores, mandos militares y funcionarios estatales de entonces, así como a empresarios, y propietarios de televisoras y empresas periodísticas.

Posteriormente luego de su captura en Venezuela en junio del 2001, y su extradición al país, Montesinos enfrenta mas de 73 juicios por diferentes actos ilícitos desarrollados en la década del fujimorismo.

Actualmente, en una de esas raras paradojas de la vida, permanece en la prisión que él construyó, en el penal de máxima seguridad de una base naval, donde también purgan condena los principales líderes de grupos subversivos a los que enfrentó el gobierno de Fujimori, del cual fue co-participe.

Pero aún ahora, tras la rejas y para el común de los peruanos, Montesinos sigue siendo el personaje que encabeza la corrupción en el Perú. Hoy, su imagen autosuficiente, seria y dura da claro indicio del poder que todavía ostenta. O, como lo aseguró el siquiatra René Flores: "sus acciones están muy planificadas, pues es un hombre que se mueve a gusto en el campo de la política y el peligro".

Los procesos penales de Vladimiro Montesinos Torres

Montesinos, según la procuraduría peruana, enfrenta mas de 73 juicios, acusado por cargos como liderar un escuadrón de la muerte, narcotráfico, enriquecimiento ilícito, defraudación tributaria, cohecho, tráfico de armas, tráfico de influencias, homicidio calificado, violaciones de los derechos humanos y corrupción de funcionarios, entre otros delitos.

El ex asesor, es considerado un especialista en dilatar los procesos que se le siguen, y ha conseguido en múltiples oportunidades impedir el inicio de los juicios o en su defecto dilatarlos mediante:

• Despedir a sus abogados defensores, y pedir que cada nuevo defensor tenga tiempo para enterarse de su proceso.

• Recusaciones a las autoridades de la Sala Anticorrupción. Pidió que los vocales superiores que integran la Sala Especial Anticorrupción, Inés Villa Bonilla, Roberto Barandiarán e Inés Tello, "se aparten" del proceso por una presunta falta de imparcialidad

• Problemas de salud por el "estrés" de su encarcelamiento desde junio de 2001 en la prisión de la Base Naval del Callao.

• Solicitudes en las que alega que las autoridades ponen en riesgo su vida "de manera innecesaria" al tener que trasladarlo desde su prisión en la Base Naval del Callao hasta el penal de San Pedro.

• Incluso dilato el inicio de los procesos forzando que se construyan ambientes adecuados para su juzgamiento, que a parte de tiempo origino la utilización de recursos del Estado

Desde el inicio de la primera audiencia del juicio oral, se desarrollaron medidas de seguridad que comprometieron a unos mil policías, que apoyaron el traslado de Montesinos desde la Base Naval a bordo de un helicóptero. El plan de resguardo contempló anillos de seguridad policial alrededor del perímetro del penal, además de la presencia en todo el presidio de policías de unidades especiales y de agentes de inteligencia. Ello debido a habérsele considerado como "víctima potencial de atentados". Según especialistas, el gigantesco despliegue de seguridad implica al Perú un gasto sumamente cuantioso.

Los juicios y su trascendencia han provocado el desplazamiento de periodistas y espectadores, tanto en la sala de audiencias del penal como en una sala contigua, donde hay un circuito cerrado para la transmisión del proceso mediante los canales de televisión locales.

Condenas

Las condenas recibidas por Montesinos hasta le momento, son cuatro: una de nueve años de cárcel por usurpación de funciones, a ocho por peculado; en dos procesos distintos a cinco, en cada uno, por tráfico de influencias; y fue absuelto del cargo de posesión ilegal de armas.

A. Primera Condena: Por Usurpación de Funciones

En el Auditorio Ricardo Palma de la Base Naval del Callao, el primero de julio del 2002, a pesar de los afanes dilatorios del procesado, el Sexto Juzgado Especial Anticorrupción a cargo del Dr. Saúl Peña Farfán, dictó la primera sentencia contra el ex asesor Vladimiro Montesinos Torres.

El citado juez dictó la primera sentencia contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres y lo condenó a 9 años 4 meses de Pena Privativa de la Libertad, por el delito Contra la Administración Pública – Usurpación de Funciones, al haber ejercido irregularmente la jefatura del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) en el período 1991 y setiembre del 2000, sin haber sido oficialmente nombrado en tal puesto. Asimismo, le impuso una reparación civil a favor del Estado, por 10 millones de nuevos soles.

En la parte resolutiva de la sentencia, que constó de 22 considerandos, se declaró infundado igualmente el pedido de la defensa de anular todo lo actuado, infundadas las excepciones de naturaleza de acción y prescripción, e infundada la cuestión previa deducidas por el procesado.

Cabe señalar que Montesinos Torres fue designado el 31 de diciembre de 1991, como Asesor II del Gabinete de Asesores del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), en la condición de Ad-Honorem, mediante Resolución Jefatural N° 135-91-SIN-01. Posteriormente, con Resolución Suprema 279-96-PCM del 02 de agosto de 1996, se da por concluida su designación como asesor Ad Honorem y se le designa Asesor II, Nivel F-5, del citado Gabinete, lo que confirma que en ningún caso se le nombró Jefe del Servicio de Inteligencia Nacional.

Este cargo no le permitía el manejo de los fondos del Servicio de Inteligencia Nacional, función que sólo le correspondía, como titular del pliego presupuestal, al Jefe de la citada entidad de inteligencia, lo que motivó la denuncia del Ministerio Público por delito Contra la Fe Pública – Usurpación de Funciones, conducta típica y antijurídica sancionada por el artículo 361 del Código Penal.

Si bien la pena a imponerse a un inculpado por este delito, según el artículo antes citado es de cuatro a siete años, ésta se encuentra agravada por lo dispuesto en el artículo 46º del mismo Código que faculta al Juzgador a incrementarlo en un tercio más, es decir 9 años, 4 meses. En este caso específico, el delito lo cometió un servidor público, con conocimiento del Derecho y las leyes, y no un particular

B. Segunda Condena: Delito de Peculado

En Mayo de 2003, la Justicia condena al ex asesor Vladimiro Montesinos a 8 años por malversación de fondos

Un tribunal peruano anticorrupción condenó al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a ocho años de prisión al hallarle culpable del delito de peculado por haber entregado dinero del Estado al ex alcalde del distrito limeño de Miraflores, Luis Bedoya de Vivanco.

La Sala Penal Especial Anticorrupción condenó a Bedoya a cinco años de prisión, y a tres años al ex ministro de la Presidencia Tomás Gonzáles, a quien se acusó de participar como intermediario en la entrega de 25.000 dólares al ex alcalde para destinarlos a la campaña electoral de los comicios municipales de 1999. Los tres condenados comunicaron al tribunal que preside la magistrada Inés Villa que interpondrán recursos de nulidad contra la sentencia

C. Tercera y Cuarta: Tráfico de Influencias

Vladimiro Montesinos Torres, el ex asesor presidencial, fue juzgado en el Penal San Juan de Lurigancho, procesado como presunto autor del delito de tráfico de influencias al haber intervenido en 1997 para conseguir un indulto para Américo Pérez Ortega, hermano de su ex pareja sentimental Jacqueline Beltrán. En este proceso estuvieron frente a frente Montesinos, su expareja sentimental Jacqueline Beltrán Ortega, y Antonio Vera Juárez, tío de ésta, acusado también de tráfico de influencias.

Como era de esperar, fueron diversas las estrategias seguidas por Estela Valdivia, la abogada de Montesinos, para dilatar el proceso. Sin embargo, la Sala Anticorrupción, que preside la magistrada Inés Villa Bonilla, rechazó estas tácticas. Ante esta situación, Vladimiro Montesinos hizo uso de su derecho a guardar silencio.

El tribunal anticorrupción condenó a Vladimiro Montesinos, a cinco años y cuatro meses de cárcel por haber sido encontrado culpable de delitos contra la administración pública, corrupción de funcionarios y tráfico de influencias, mientras que a su ex amante Jacqueline Beltrán, se le impuso una sentencia de cuatro años por instigadora de esos mismos delitos. Ambos anunciaron que se reservan el derecho de apelar la sentencia.

Antonio Vera, tío de Beltrán, también incluido en el proceso, fue condenado a tres años de cárcel, pero la pena no se hará efectiva con la condición de que se presente todos los meses en el juzgado y no abandone el país.

Según los jueces, Montesinos accedió a un pedido de su ex amante y de su tío, y presionó a jueces para lograr la libertad de un hermano de Beltrán preso por narcotráfico y ayudó a Vera en la solución de problemas judiciales.

¿LIBERTAD ANTICIPADA?

De acuerdo a la legislación peruana las penas no son acumulables, por lo cual el recluso cumplirá solo la mayor pena aún si hubiese cometido diferentes delitos. Por ello, considerando la magnitud de la pena y el ordenamiento procesal penal existente, se pueden pensar que Montesinos, incluso si fuera condenado a una severa pena, podría salir libre tras cumplir un tercio de su sentencia, en aplicación de una ley vigente sobre beneficios penitenciarios. En ese caso Montesinos podría estar en libertad en el 2007 ó el 2008.

Principales casos

El ex hombre fuerte de Perú afronta más de 70 juicios por múltiples delitos que van desde enriquecimiento ilícito, corrupción de funcionarios, lavado de dinero, narcotráfico, tráfico de armas, hasta asesinato, tortura, desaparición forzada de personas, formación de grupos paramilitares, entre los cargos más graves, pero entre ellos destacan los siguientes:

• 1. CASO DEL MILLÓN DE FIRMAS FALSIFICADAS PARA INSCRIPCIÓN DE VAMOS VECINO Y PERÚ 2000

En plena campaña electoral presidencial del año 2000 se efectuó la denuncia de los hermanos Rodríguez Iglesias, quienes denunciaron que el Frente Independiente "Perú 2000", agrupación política del entonces presidente-candidato Alberto Fujimori había sido inscrito en el Jurado Nacional de Elecciones con más de un millón de firmas falsificadas en una "fábrica" montada en el distrito de Bellavista, la misma que estaba dirigida por reconocidos dirigentes del fujimorismo.

El mismo día que se hizo pública la denuncia la entonces mandamás del Ministerio Público, Blanca Colán Maguiño, nombró una Fiscal Ad Hoc cuya primera acción fue incautar, o mejor dicho, ayudar a ocultar los padrones electorales que eran la evidencia del delito, los mismos que se encontraban en la sede central de la ONPE que dirigía José Portillo. El Plan era que la Fiscal Mirtha Trabucco impidiera que los hechos sean realmente esclarecidos y que ninguno de los personajes del gobierno sea comprometido penalmente.

Bajo este plan, los únicos denunciados fueron los testigos Carlos Rodríguez Iglesias, Marita Rodríguez Iglesias, María Iglesias Rengifo y Erika Martínez Liñán. Junto a ellos solo Luis Navarrete Santillán (regidor en Lima por Vamos Vecino) fue denunciado, porque seguramente ya era imposible impedirlo. Luego, la policía "estuvo investigando los hechos" por casi tres meses, pero sin realizar ninguna pericia sobre los padrones que los testigos habían reconocido. Al final de mayo de ese año el Poder Judicial solo abrió proceso a los testigos y Santillán.

En el proceso judicial los testigos no solo se ratificaron en su denuncia, sino que revelaron los lugares, las fechas, el tipo de organización que se había montado para desarrollar el proceso de falsificación masiva de firmas y otras características de este ilícito, hecho que constituía información sobresaliente, eficaz y oportuna para la persecución penal de los responsables. Estos testimonios fueron decisivos y fundamentales no solo para conocer el hecho sino también las circunstancias de su perpetración y a los autores de esta.

Pero el escenario en el que se desarrollaba el proceso judicial era el de un Ministerio Público manipulado, de una Policía Nacional intervenida, de un Poder Judicial sometido y digitado a los intereses del régimen autoritario. Bajo tales condiciones era evidente que el régimen no permitiría que este asunto avance más de lo que ya había avanzado. Es así que a inicios de octubre del 2000 la Sala Penal de Delitos Tributarios declaró fundada la excepción de naturaleza de acción deducida por Luis Navarrete. La Sala, coincidiendo con los "argumentos" esgrimidos por Navarrete, declaró que los hechos materia de esta investigación judicial no constituían delito y ordenó el archivamiento definitivo del proceso.

Ya durante el gobierno de transición la Fiscalía Superior Anticorrupción determinó el reinicio de las investigaciones producto de las cuales el 14 de junio del 2001 el Fiscal Jorge Cortez Pineda formuló denuncia contra Vladimiro Montesinos, José Portillo, Ricardo Chiroque, Luis Navarrete, Migdoneo Bellota, José Cabaza, Rubén Calderón, José Chuán y otros por el delito de asociación para delinquir y a otras personas, entre las que se encontraban los testigos, por la comisión del delito de falsificación de documentos.

Finalmente, el 20 de julio el Tercer Juzgado Anticorrupción abrió instrucción a dichas personas por la comisión de los delitos denunciados, ordenando la detención de 37 procesados y dictando mandato de comparecencia contra otros 23 procesados entre los que se encuentran los testigos. Justamente en cumplimiento de este mandato fue detenido el ex Jefe de la ONPE, José Portillo y otras personas vinculadas estrechamente al ex congresista Oscar Medelius.

• 2. PROCESO POR TRAFICO DE ARMAS A LAS FARC

Montesinos está acusado de ser la cabeza del tráfico de 10,000 fusiles AK-47 provenientes de Jordania, lanzados en paracaídas a miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 1999, un año antes de que Estados Unidos inicie el "Plan Colombia" para luchar contra el narcotráfico.

Montesinos teme este proceso pues podría costarle hasta 20 años de prisión y por eso intenta dilatarlo, usando recursos legales para aplazar la audiencia, reclamando que no se le permite comunicarse directa y personalmente con su abogada para elaborar su defensa.

En el proceso, junto a Montesinos fueron puestos en el banquillo de los acusados los hermanos José Luis y Frank Aybar Cancho, el paracaidista Santos Cenepo Shapiama y el vendedor de armas internacional Charles Acelor, así como 20 cómplices en el envío de los 10 mil fusiles AKM destinados al Frente 16 de la FARC.

Una arista que a surgido en este proceso, es la posible ingerencia de la CIA, por ello el Procurador Ronald Gamarra, solicito los testimonios de Robert Gorelick, (ex jefe de la CIA en Perú), Tomás B. Sánchez, segundo secretario de la Embajada de Estados Unidos en Lima, y John Stewart, funcionario de la Oficina Federal de Investigación (FBI), a fin de que se establezca si tuvieron conocimiento de las ilícitas actividades de Montesinos en el trafico de armas a Colombia en 1999.

En agosto de 2000, el ahora prófugo Fujimori y Montesinos informaron, en conferencia de prensa, el descubrimiento de un contrabando de armas con destino final a las FARC. El conocimiento de tal hecho, fue atribuido a un exclusivo trabajo del entonces Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).

Montesinos afirmó que se había descubierto un contrabando de 10 mil fusiles AK-47 desde Jordania hacia el Perú, con destino final en la guerrilla colombiana. Sin embargo, meses después, el vendedor de armas jordano Sarkis Soghandian señaló que hizo el negocio directamente con el ex asesor peruano. Otros implicados en el caso sostienen que la operación se realizó por orden de Montesinos.

Las investigaciones de las fiscalías del Perú y Colombia llegaron a la conclusión de que los aviones cargados con armas tenían por destino Colombia, donde las cajas con los fusiles fueron lanzadas con paracaídas sobre una zona controlada por las FARC.

En un principio se pensó que la CIA, a través de su funcionario en Lima Robert Gorelick, fue la que había descubierto el contrabando de armas y avisó a Montesinos. Sin embargo, se reveló que fue el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia el que ya lo había descubierto en junio de 2000.

• 3. CASO GRUPO COLINA.- CANTUTA.- BARRIOS ALTOS.-

Este proceso en el cual se halla comprometido el ex asesor Vladimiro Montesinos, también implica al ex -presidente de la república Alberto Fujimori (prófugo en Japón).El Quinto Juzgado Penal Especial es el encargado del proceso por Homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, En estos casos se demuestra la desaparición forzada y posterior homicidio de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta, y el homicidio calificado de quince personas en la zona de Barrios Altos, en el Cercado de Lima, entre ellos Felipe León León, Natividad Condorcahuana Chicaña, Tomás Livias Ortega y otros. Estos hechos son delitos internacionales susceptibles de penalización universal.

Caso Barrios Altos:

El 3 de noviembre de 1991, aproximadamente a las 22:30 horas, seis individuos fuertemente armados irrumpieron en el inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840, en Barrios Altos, distrito del Cercado de Lima donde se celebraba una pollada.

Los atacantes llegaron al lugar en dos vehículos, que portaban luces y sirenas policiales, que fueron apagadas al llegar al lugar de los hechos. De los vehículos, descendieron los atacantes que cubrieron sus rostros con pasamontañas e ingresaron a la referida vivienda, obligando a sus víctimas a arrojarse al suelo. Una vez dominada la situación, procedieron a disparar a sus víctimas de manera indiscriminada por espacio aproximado de dos minutos, matando a 15 personas, entre ellas un niño de 8 años, e hiriendo gravemente a otras cuatro, quedando una de estas últimas, el señor Tomás Livias Ortega, con incapacidad permanente.

Caso La Cantuta:

El 18 de Julio de 1992, por la madrugada, militares encapuchados con pasamontañas, irrumpieron en la Universidad Enrique Guzmán y Valle, conocida como "La Cantuta", procediendo a seleccionar, a culatazos y puntapiés, a las personas que iban a secuestrar: 9 estudiantes y un profesor.

De manera violenta, introdujeron a sus víctimas en dos de los cinco vehículos que componían el convoy y se los llevaron con rumbo a Lima. Estas personas fueron asesinadas y sus restos fueron enterrados inicialmente en un lugar de Huachipa (afueras de Lima) y luego en Cieneguilla, a pocos kilómetros de ese lugar.

En estos casos se demuestra que, como parte de una estrategia en la lucha contra la subversión, el entonces presiente Ing. Alberto Fujimori estableció una política encubierta de violación sistemática de derechos humanos. Con tal fin, se constituyó un comando de aniquilamiento integrado por 35 efectivos militares, quienes se autodenominaron grupo Colina, bajo el mando directo del ex asesor del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), Vladimiro Montesinos, órgano que dependía directamente de la Presidencia de la República.

Entre las pruebas testimoniales existentes en este caso para demostrar que el ex presidente Fujimori conoció de antemano las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), figuran las declaraciones de los ex comandantes generales del Ejército, Nicolás de Bari Hermoza Ríos, José Mariano Cacho y Rodolfo Robles Espinoza. Además de los testimonios de dos ex agentes de inteligencia que coinciden en señalar que el ex presidente autorizaba las operaciones desarrolladas por el grupo especial de inteligencia, Colina.

• 4. CASO CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL.

En la apertura de instrucción que formuló la jueza anticorrupción Jimena Cayo Rivera-Schreiber, se dio a conocer que desde 1991, es decir, al poco tiempo de acceder al poder de la mano del entonces presidente Alberto Fujimori, el ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos Torres y su testaferro Víctor Alberto Venero Garrido comenzaron a realizar operaciones ilegales en la Caja de Pensiones Militar Policial con la contribución de la cúpula castrense. Estas prácticas ilegales continuaron hasta el 2000, y solo culminaron cuando cayó el pasado régimen.

"En el año 1991, Montesinos se reunió con Víctor Alberto Venero, quien le informó del manejo de la Caja Militar, y es en 1992 que el ex asesor inició su intromisión en el manejo de los fondos de dicha institución a fin de controlar toda colocación de dinero en la misma con la participación directa de altos mandos militares", indica el informe judicial, "Para tales fines delegó ilícitamente el manejo a Venero y a sus socios Juan Valencia Rosas y Luis Duthurburu Cubas".

"Las acciones delictivas realizadas en desmedro de la Caja Militar se realizaron hasta el año 2000, lapso en el que se efectuaron muchas inversiones con los fondos de la institución, las que no incrementaron el patrimonio del organismo sino que sirvieron para el lucro y beneficio de Montesinos y sus socios".

Sin embargo, no sólo intervinieron el ex asesor y sus socios, aparte de los militares, sino también civiles que ejercieron puestos en la Gerencia General, Gerencia de Inversiones Financieras, y representantes de las empresas beneficiarias de los créditos ilegales.

La modalidad más frecuente fue el otorgamiento de créditos a personas que previamente pagaban sobornos a Montesinos por intermedio de sus testaferros, quienes ofrecían los fondos de la Caja Militar a empresarios a cambio de "comisiones".

Pero también se realizaron millonarias adquisiciones sobrevaluadas, como la cadena de hoteles "Las Américas" y "Tampu Diplomat", que acabaron por desfalcar a la Caja Militar, cuya misión es la de proveer beneficios a miembros de las Fuerzas armadas y de la Policía Nacional.

La titular del segundo juzgado anticorrupción, Jimena Cayo Rivera-Shreiber, investiga a veinticinco ex directivos y funcionarios de la Caja Militar "por la presunta comisión de delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión desleal, en agravio del Estado y de la propia institución.

Entre los investigados se encuentra el jefe de Estado Mayor de la FAP, teniente general Jorge Kisic Wagner, quien integraba el Consejo Directivo de "La Caja" en el año 1994, cuando esta entidad decidió hacerse del total de las acciones de la empresa Inmobiliaria Las Américas.

Este juicio alcanza a Montesinos en calidad de instigador de los delitos contra la Caja Militar y el Estado peruano, y a Venero, Duthurburu, Valencia y al administrador del Hotel Las Américas, David Griffith Conway-Jones, entre otros empresarios y ex directivos de la Financiera Regional del Sur (FINSUR), como cómplices primarios. Griffith también es acusado por la supuesta comisión de delito contra la fe pública, en la modalidad de falsificación de documentos.

El 27 de setiembre de ese año, la Caja Militar prestó 4 millones 500 mil dólares a la Inmobiliaria Las Américas S.A. La primera garantía fue el mismo edificio para cuya construcción la inmobiliaria pedía el préstamo. Tal inmueble, ubicado entre las avenidas Larco y Benavides (Miraflores), fue tasado por un valor de 10 millones 709 mil 600 dólares. David Griffith participó en este contrato.

Las acciones comenzaron el 21 de febrero de 1992, apenas dos días después de instalarse el nuevo Consejo Directivo, presidido por el contralmirante José Duffó Boza e integrado por los oficiales generales Luis Pérez Documet, Juan Rivero Lazo, Luis Arroyo Jaime, Danfer Suárez Carranza, Hugo Gallegos Barriga, Rodolfo Calderón Cornejo y Luis Bianchi Muñoz; todos comprendidos en la denuncia.

En aquella fecha, según señala el documento judicial, se otorgó un nuevo préstamo a la Inmobiliaria Las Américas por 1 millón 635 mil dólares, pese a estar pendiente la deuda anterior. Tres meses después, Duffó Boza expuso ante el directorio la nueva solicitud de crédito de la empresa inmobiliaria, por otros 2 millones y medio de dólares. El broker de esta operación fue la empresa Atlanta Sociedad Anónima, vinculada a Venero Garrido, Duthurburu Cubas y Valencia Rosas.

Pero según los documentos que presentó entonces la inmobiliaria, el valor de la propiedad había subido hasta 17 millones de dólares. Por su parte, la Caja Militar contaba con la tasación de la empresa PROVIVIENDA, que otorgó al inmueble de 13 millones de dólares. No obstante las diferencias de los montos, la Caja Militar aprobó el irregular crédito en beneficio de la Inmobiliaria Las Américas y de la mafia que intermediaba en el negocio.

Más tarde, ante la imposibilidad de pagar el préstamo, la Inmobiliaria Las Américas le vendió el 50 por ciento de sus acciones a la Caja Militar por 9 millones 650 mil dólares. Sólo en esta operación, según la jueza, la institución perdió más de un millón de dólares.

Otro hecho que llama la atención de la jueza Cayo es que habiendo transcurrido sólo un año desde que el Hotel Las Américas fue tasado en 14 millones de dólares, la empresa PROVIVIENDA dijera para la fecha de la venta de las acciones que su valor sobrepasaba los 18 millones de dólares. Por si fuera poco, la Caja Militar pagó una compensación de 1 millón 800 mil dólares.

Pero después los propietarios de la Inmobiliarias Las Américas ofrecieron el otro 50 por ciento de sus acciones por 14 millones y medio de dólares, lo que fue aceptado por la Caja Militar, que sólo terminó abonando 13 millones 800 mil dólares, en función de sus propias tasaciones que, de acuerdo con los indicios obtenidos por la jueza anticorrupción, no se habrían realizado.

Por estos hechos están implicados los oficiales generales Danfer Suárez Carranza, Marco Rodríguez Huerta, Segundo Arnao Laos, Enrique Falcón Maldonado, Carlos Salcedo Williams, Arturo Marquina González, Néstor Tafur López y Jorge Kisic Wagner

Según la declaración de Víctor Alberto Venero, él y Montesinos se reunieron para conversar sobre la situación del Hotel Las Américas, ofreciéndole el ex asesor una comisión de 250 mil dólares por haber participado como broker en la operación, y que este dinero le fue entregado por Duthurburu.

Sin embargo, varios de los interrogados por la Fiscalía Anticorrupción, como los gerentes generales de la Caja Militar, y los tasadores, señalaron que fue Venero quien los designó en puestos clave dentro de la institución para consumar operaciones dolosas.

Cuando el legislador David Waisman Rjavinsthi presidió la comisión investigadora del Caso Montesinos incluyó a la Caja de Pensiones Militar Policial, y en su informe final determinó que los directores tenían distintos grados de responsabilidad. En la lista aparecía el teniente general FAP Jorge Kisic Wagner.

La investigación de Waisman cayó en manos de la fiscal superior Ana Cecilia Magallanes Cortez, quien en una primera denuncia no comprendió a Kisic pero sí en la ampliatoria. Waisman, en su calidad de ministro de Defensa, recibió información sobre la situación del oficial que aspiraba al ascenso. Y lo consiguió, lo que le permitió ocupar el puesto de jefe de Estado Mayor, con lo que se colocaba en la línea para eventualmente ser designado Comandante General.

En esta situación Waisman explico que una denuncia fiscal no implicaba que Kisic fuera culpable. Y que fue ascendido porque una investigación fiscal no significa responsabilidad.

El esposo de la fiscal Magallanes es un abogado asimilado que labora en la FAP, y según Waisman, ascendió porque le correspondía. Si Kisic hubiese intervenido en la promoción del oficial, como indican algunas versiones, entonces Magallanes en compensación no lo habría denunciado. Es más, la jueza Jimena Cayo abrió instrucción contra Kisic en función de las investigaciones de la fiscal Magallanes. Es más, la fiscal lo denunció antes de que ascendiera.

• 5. CASO DE LOS 5 MILLONES DE INDEMNIZACIÓN PARA MONTESINOS ANTES DE SU FUGA PANAMÁ

Otro proceso abiertos contra el Ing. Alberto Fujimori, en el cual se halla implicado Vladimiro Montesinos es por: Peculado, Falsedad Ideológica y Asociación Ilícita para Delinquir y peculado, en relación a un pago ilícito por 15 millones de dólares efectuado a al ex asesor Vladimiro Montesinos.

El 25 de agosto del año 2000, el Presidente del Comando Conjunto de las FFAA, General José Villanueva Ruesta solicitó al Ministerio de Defensa una ampliación presupuestaría de US$ 20 173,278 para contrarrestar la posible incursión y acciones subversivas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en la frontera colombiana. En base a ello el Ministro de Defensa, General Carlos Bergamino Cruz, hizo lo propio solicitando la partida presupuestal correspondiente al Ministro de Economía por ese monto.

En concordancia con las solicitudes, el 19 de septiembre del 2000 se dictó el Decreto de Urgencia Nº 081-2000, firmado por el ex Presidente Alberto Fujimori, y refrendado por Federico Salas (Presidente del Consejo de Ministro), Carlos Boloña Behr (Ministro de Economía) y Carlos Bergamino Cruz (Ministro de Defensa). Dicho dispositivo legal autorizaba al Ministerio de Defensa a utilizar recursos financieros hasta por la suma de US$ 20, 173,278.

El 22 de setiembre del 2000, el Ministro de Defensa Carlos Bergamino Cruz en ejecución del Decreto de Urgencia mencionado anteriormente solicita la entrega en efectivo de US$ 15"000,000, suma que fue entregada al General Luis Muente Schwartz, Jefe de la Oficina General de Administración del Ministerio de Defensa, quien a su vez entregó dicho dinero a Vladimiro Montesinos.

Este dinero fue entregado a Vladimiro Montesinos Torres como una supuesta compensación por sus servicios prestados a la Nación. Esta suma fue entregada luego de que el ex Presidente Alberto Fujimori negociara su alejamiento del país.

A ello debe agregarse que el Comando Conjunto de las FFAA en ningún momento planificaron operaciones en la frontera con Colombia.

El 2 de noviembre del 2000 el destituido ex Presidente Alberto Fujimori se comunicó telefónicamente con el ex ministro Bergamino Cruz para reunirse en el Palacio de Gobierno en donde éste le entregó tres maletas conteniendo el equivalente a US$ 15"000,000.00 para que sea devuelto al Tesoro Público. Cabe señalar que el dinero devuelto no fue el mismo que se retiró del Banco y que se entrego a Vladimiro Montesinos, habiendo sido obtenida la otra partida, dejando un forado en el Ministerio de Defensa.

• 6. Caso Vladivideos y Medios Televisivos.- SCHULTZ.- DELGADO PARKER.- WINTER.- WOLFENSON.

En Dic- 2003, en el proceso seguido contra Montesinos, el Fiscal Pablo Sánchez Velarde acusó a dueños de empresas de Televisión involucrados en casos de corrupción entre ellos Schultz, Delgado Parker, Winter, etc.

La máxima condena de ocho años de prisión fue solicitada para los empresarios de televisión José Enrique y José Francisco Crousillat. Para Julio Vera Abad, se solicitó, seis años, habiendo sido acusado de haber vendido a Vladimiro Montesinos Torres la línea editorial de América Televisión (canal 4) y Andina de Televisión (canal 9) y apoyar la reelección de Alberto Fujimori.

Para los hermanos Samuel y Mendel Winter Zuzunaga, propietarios de Frecuencia Latina (canal 2), en vista de que éstos proporcionaron información sobre sus relaciones con el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el fiscal pidió seis años de carcelería, que es lo que les corresponde por haber colaborado con la justicia. Además, el fiscal pidió declarar tercero civil responsable de los hechos a América TV y Andina de Televisión.

Actualmente los procesados hermanos Winter se hallan con detención domiciliaria, gracias a diferentes recursos presentados en el juzgado anticorrupción y al hecho de que han transcurrido 15 meses sin haberse dictado sentencia en el proceso, por lo cual el juzgado especial tuvo que acceder a tal situación.

Por otro lado Schultz ex Administrador de Panamericana Televisión, continua en la Argentina dilatando su proceso de extradición y evadiendo la justicia peruana. A su vez, Genaro Delgado Parker, ex propietario del mismo canal, fue exonerado de responsabilidad al no comprobarse que hubiese recibido o pactado con Montesinos Torres, el control de la línea periodística del referido canal.

• 7. CASOS DIARIOS CHICHA.

En el caso de los diarios Chicha, el procesado Vladimiro Montesinos declaro que estos actos los ejecuto por orden del ex presidente Alberto Fujimori.

Montesinos declaró también que financió diversos diarios desde 1997 hasta el 2000 con pagos de entre 500 a seis mil dólares por cada titular de portada a favor del régimen y en contra de la oposición. El dinero para estos pagos, según Montesinos, salió del presupuesto del Servicio de Inteligencia Nacional y de los fondos que se desviaban del Ejército, la Marina y los ministerios de Defensa e Interior.

Estas son las principales conclusiones de la investigación que sobre el financiamiento de la llamada "prensa chicha" realizaron la jueza especial Magalli Báscones y el fiscal anticorrupción César Sotomayor. La indagación alcanza a 29 personas, entre jefes militares, publicistas y dueños de diarios, quienes deberán comparecer a juicio público ante la Sala Penal Superior Especial Anticorrupción.

• 8. Caso FOVIPOL

En este proceso referido al desfalco al Fondo de Vivienda Policial (Fovipol), se halla denunciadas 20 personas, entre ellos se incluye aparte de Montesinos, a Víctor Alberto Venero Garrido, Luis Duthurburu Cubas, Enrique y Oscar Benavides Morales, comprendidos en este caso como cómplices primarios.

Otras personas implicadas en este caso son el ex miembros del Comité Técnico de Fovipol, general PNP Oscar Pajares Merino, el abogado Juan Zegarra Prado, el ingeniero civil José Ponce Crespo y el arquitecto Jorge Palacios de la Cruz, quienes permanecen en el penal para reos primarios San Jorge por orden del juez Jorge Barreto. Al igual que la abogada Ofelia Isaac Aicardi –también comprendida en la denuncia– quien se halla recluida en el penal de mujeres Santa Mónica, en el distrito de Chorrillos.

Todos ellos están acusados por los delitos de colusión desleal y contra la administración pública en la modalidad de concusión en agravio del Estado.

Ellos, según las investigaciones judiciales, participaron en la determinación de licitaciones para la construcción de viviendas destinadas al personal policial y en las que resultaron favorecidas ilegalmente con ventajosos contratos las empresas de Alberto Venero Garrido, Luis Duthuburu Cubas, Claus Corpancho, Enrique y Oscar Benavides Morales, testaferros y socios de Vladimiro Montesinos, quien es acusado de utilizar su influencia y poder sobre los jefes de policía que integraban el directorio de FOVIPOL para lograr este beneficio.

Es notorio destacar que en el presente proceso por actos de corrupción en el FOVIPOL, el 19 de Noviembre del 2003, el juez especial Saúl Peña Farfán Saúl Peña Farfán, ordenó la excarcelación Vladimiro Montesinos Torres, justificando su decisión en el hecho que Montesinos había cumplido más de 18 meses detenido por este caso, desde agosto del 2001, sin que se haya podido definir su situación jurídica. El caso FOVIPOL es investigado por el juez especial Jorge Barreto, quien firmó una de las anteriores resoluciones de excarcelación; pero Peña intervino porque su colega está de vacaciones. Pese a ello el ex asesor no salió en libertad porque tiene otras 49 órdenes de captura y una sentencia de 9 años de prisión.

• 9. CASO VENTA DE ARMAS Y PERTRECHOS SOBREVALUADOS A LAS FF.AA. Y PNP.- COMPRA MIG-29.- SUKOY, ETC.

En este proceso se halla implicado Vladimiro Montesinos Torres junto con Enrique Benavides Morales, y se ventila en el 4to. Juzgado penal que despacha la jueza Sara del Pilar Mayta Dorregaray, en el que se le acusa de vender armas sobrevaluadas y distribuirse las comisiones. El grueso de las coimas iba a parar a manos del ex asesor de inteligencia quien aquí también corrompió a funcionarios civiles que trabajaron para el Ejército

En tanto, el quinto juzgado penal que despacha la jueza Cecilia Polack Baluarte, tiene reservado contra ambos personajes, el proceso por asociación ilícita y corrupción de funcionarios en agravio del estado peruano, debido a que Benavides Morales participó como intermediario en la compra de 18 aviones MIG 29 y 18 aviones Sukoi 25, por parte de la Fuerza Aérea del Perú, y también sobrevaloró la adquisición de los mismos, a fin de pagar una comisión ilegal a favor de Montesinos Torres.

Enrique Benavides Morales, fue apresado y encarcelado en la ciudad de Muenster, Alemania, justo cuando alistaba maletas para huir ya que sospechaba que los sabuesos de la INTERPOL le estaban tendiendo un cerco para atraparlo, luego que INTERPOL-Perú cumpliera con remitir a Alemania los exhortos del Poder Judicial peruano.

Marco Legal a considerarse en estos Procesos

En la Constitución Política del Perú en el Capítulo Cuarto, Título Primero, se establecen disposiciones referidas a la función pública, entre ellas la contenida en el artículo 41 sobre el caso de enriquecimiento ilícito de dichos funcionarios.

Por su parte, el Código Penal en su Título XVIII "Delitos contra la Administración Pública", Capítulo II "Delitos cometidos por funcionarios públicos", se establece la Sección Cuarta para regular los delitos referidos a corrupción de funcionarios: