De la unanimidad a un auténtico
archipiélago de puntos de vista
José Woldenberg
El tema del papel de los medios de comunicación en la democracia no es, como algunos podrían suponer, aleatorio o secundario, de obvia y fácil resolución. Por el contrario, tal como lo confirman los hechos en todo el mundo, se trata de una reflexión absolutamente vital para la salud de las democracias contemporáneas.
En las sociedades modernas, la política y el ejercicio de la democracia son inconcebibles sin el concurso de los medios de comunicación, pero la revolución en las comunicaciones ocurrida en la era de la globalización nos obliga a revalorar de nuevo el vínculo existente entre información y política, a redefinir en términos productivos el modo como se ejerce la libertad de expresión y, en general, el derecho a la información. No es un secreto tampoco que en la actualidad la actividad política se encuentra cada vez más condicionada por el uso de los instrumentos y lenguajes mediáticos que ahora tiene a su disposición. En realidad, se puede afirmar que no hay política de masas (es decir, política moderna) sin medios de comunicación, pero también es posible afirmar en sentido opuesto que no hay comunicación de masas que no tenga que ver de alguna manera con la política. Es esa situación la que obliga a buscar nuevas articulaciones entre lo que sería, por llamarlo de alguna manera, el poder deseable de los medios y las instituciones de la democracia.
Foto: Raúl Ramírez Martínez
En las líneas que siguen me voy a referir a tres aspectos. En primer lugar, a exponer cómo la apertura de los medios acompañó al intenso proceso de democratización que vivió México. En segundo término, subrayaré la importancia de algunas disposiciones legales que vinculan el trabajo del Instituto Federal Electoral con la actividad de los medios de comunicación, a fin de propiciar contiendas electorales equitativas y competidas. Por último, haré referencia a los retos que enfrenta la consolidación de la democracia en México y que pasan, precisamente, por el papel y la calidad de los medios de comunicación.
El proceso democratizador que transcurrió en México durante las dos últimas décadas es un espacio de tiempo lo suficientemente largo, que puede ser considerado ya como un periodo histórico. La sociedad y el Estado tenían que resolver varios problemas estructurales de manera simultánea: enfrentar las demandas de una población creciente, hacerse cargo de la quiebra de un modelo de desarrollo económico, asimilar un cambio cultural de grandes dimensiones, dar cauce al ejercicio pleno de los derechos civiles, y cambiar así los mecanismos políticos reales y las reglas asociadas a él. De esta forma, la transición política fue parte de una transición de mayor profundidad: aparece al mismo tiempo que otras transiciones, la de su cultura, la de su economía y la que lleva a una intrincada e inevitable conexión con el mundo.
Pero la transición democrática tuvo su principal nutriente en la existencia de una sociedad modernizada, diversa, plural, crecientemente urbana y educada, que desbordaba cada vez más el recipiente de un partido político hegemónico, en cierto modo omniabarcante, cuya influencia trascendía la esfera política y alcanzaba la vida social y la cultural incluso.
En términos temporales, puede decirse que el movimiento estudiantil de 1968 mostró la fuerza inusitada y masiva del reclamo democrático, la necesidad urgente de reformar la vida política nacional. Los acontecimientos vinieron a demostrar que los usos y costumbres consagradas del Estado ya no funcionaban o cada vez funcionaban peor en una sociedad que el propio desarrollo social había hecho más compleja y por tanto más plural. Ese era, en definitiva, el contenido subyacente en las demandas estudiantiles.
Pues bien, ante ese gran primer reclamo democrático, la versión oficialista, tremendamente autoritaria, es la que fue impresa en la gran mayoría de los relatos y juicios en los medios referidos al asesinato masivo en Tlatelolco. En aquellos años, como parte de la efervescencia política que se extendió al mundo sindical, a las reivindicaciones de los campesinos, a las universidades, proliferaron publicaciones "marginales" que, en la ribera de la prensa institucional, informaban y analizaban hechos que no aparecían en los medios y, por lo mismo, eran un testimonio de la cerrazón.
Sin embargo, poco a poco, salvando obstáculos y no pocas resistencias, más adelante aparecieron diarios, semanarios y revistas independientes, que hacían de la prensa escrita un espacio relativamente más sensible a la diversidad política, en contraste con los medios electrónicos que seguían considerando al pluralismo como un inaccesible fruto prohibido. Para darnos una idea de lo que significaba esa cerrazón de la prensa, baste traer a colación los datos que nos proporciona el periodista e investigador Raúl Trejo sobre la elección presidencial de 1988, la primera auténticamente competida de esta época, donde el entonces partido gobernante recibió 55% del espacio concedido a las campañas electorales en los seis principales diarios del país, mientras que el Frente Democrático Nacional obtuvo 17% y 12%, el PAN.
En cambio, como indica el estudio pionero del investigador de la Universidad de Guadalajara Pablo Arredondo,1 en 1988 los noticieros de TV dieron al partido en el gobierno 91.7% del total de sus espacios informativos, mientras que de todos los demás contendientes ninguno alcanzó siquiera 4% del tiempo de los noticieros. Esa abismal inequidad informativa nos habla de un país remoto, lejano y cerrado, que hoy parecería increíble y que ya para entonces resultaba inaceptable para muchos ciudadanos.
Sin embargo, es justo a partir de esa dinámica de cambio que los medios comienzan también un proceso de apertura que les lleva a sintonizarse mejor con la democratización general de la sociedad. Se abren en la radio espacios para distintas expresiones y opiniones de la sociedad y comienzan a disolverse las barreras, las exclusiones, que impedían a los electores conocer de primera mano el punto de vista de las diferentes fuerzas políticas. Trabajos posteriores de Trejo nos indican, por ejemplo, que en las siguientes elecciones presidenciales, las de 1994, la prensa escrita le dio a las oposiciones en conjunto un espacio mayor al que recibió el partido gobernante. No era una cuestión menor.
La lección saltaba a la vista: los medios para ser creíbles, para ser leídos, vistos o escuchados, debieron abrirse y recoger a la pluralidad real, sin confundir la noticia con las filias o las fobias propias de los editores. Por razones de prestigio, de credibilidad y de mercado los medios se ven en la necesidad de actuar cada vez más como espacios abiertos y sensibles, ya no como coto reservado, proveedor de ventajas exclusivas. Tan es así, que en la más reciente elección presidencial, la del proceso electoral del año 2000, como demostró el monitoreo de medios que por ley realiza el Instituto Federal Electoral en cada periodo de campañas, los principales noticieros de la radio y la televisión del país ofrecieron un tratamiento muy equilibrado, similar, a las tres principales opciones políticas del país. Es decir, en 12 años pasamos de una cobertura asimétrica y alineada de los medios, refractaria a las voces de la oposición, a un trabajo caracterizado por la reproducción de la situación política del país, es decir, a una mayor equidad e imparcialidad informativa.
No es mera casualidad que la expresión de la diversidad haya acabado por permear a los medios, y que las elecciones altamente competidas en México hayan tenido lugar justamente cuando la prensa, la radio y la televisión consiguieron abrirse a la pluralidad. Un fenómeno sería inexplicable sin el otro.
Pero esta evolución democrática de la función informativa tiene como soporte otras premisas, además por supuesto de la convicción de los propios periodistas y dueños de los medios. Cabe señalar al respecto que la preocupación del legislador por asegurar elecciones limpias y transparentes, fundadas en un genuino sistema de partidos, lo llevó a establecer un amplio conjunto de disposiciones legales para asegurar una presencia adecuada de las distintas ofertas político-electorales en los medios electrónicos de comunicación.
En ese sentido, la ley establece, en primer lugar, que los partidos gozarán de una presencia permanente en radio y televisión, haya o no campañas electorales, por lo que cuentan con un programa de 15 minutos al mes en cada medio. Además, existen los llamados "programas especiales", donde acuden todos los partidos a un programa de debate mensual sobre algún tema relevante de la agenda nacional. Por otra parte, en épocas de campaña, se transmiten de forma adicional programas complementarios que abarcan 100 horas en televisión y 125 horas en radio, en su conjunto, si se trata de una elección para el Congreso, o del doble si se elige la Presidencia. Todos esos programas corren a cargo de los tiempos con que cuenta el Estado en los medios, y deben transmitirse, como dice la ley, en los horarios de mayor audiencia.
Adicionalmente, el IFE adquiere 400 anuncios en televisión y diez mil en radio que pone a disposición de los partidos. Todos estos espacios que resultan sin costo para ellos, se reparten con el siguiente criterio: entre los partidos con representación en el Congreso 30% en partes iguales y 70% restante en función de la votación obtenida en la elección previa. A los partidos nuevos les toca 4% del tiempo total a cada uno.
Pero además, los partidos y sólo ellos, ningún tercero, pueden comprar anuncios en radio y televisión. Para esta elección de 2003, lo más que pudo gastar cada candidato a diputado en su distrito electoral fue 849 mil pesos. Al tratarse de 300 distritos, cada partido estuvo en posibilidad de erogar como máximo en todas sus campañas 254 millones de pesos.
Foto: Memoria gráfica de la democracia/IFE
Para garantizar que ningún tercero compre publicidad electoral, en favor o en contra de partido o candidato alguno, y para que se respeten los topes de campaña que marca la ley, el IFE hace un monitoreo de los anuncios que compran los partidos en radio y TV. Con el mismo fin también se contabilizan los desplegados e inserciones pagadas de los partidos en la prensa escrita. Los monitoreos de anuncios y notas constituyen un importante instrumento para fiscalizar con profundidad y a detalle las erogaciones de los partidos, precisamente en el rubro en el que destinan más recursos.
Por otra parte, al inicio de cada proceso electoral, la ley mandata al IFE para entregarle a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión un conjunto de lineamientos aplicables a noticieros electrónicos para su trabajo de información de las actividades de campaña. Los lineamientos, elaborados por el consenso de todos los partidos políticos, no son obligatorios, pero intentan ofrecer de una forma sistemática las aspiraciones comunes de los partidos en relación con los medios.
Otro capítulo que vincula al IFE con los medios es el monitoreo a los noticieros de radio y televisión para dar a conocer la cobertura a las campañas y su calidad. Esta labor responde a una de las preocupaciones fundamentales que modularon la reforma electoral de 1996: el tema de las condiciones de la competencia. El gobierno federal, los partidos y, en su momento, el Congreso de la Unión, discutieron de qué manera se podían fomentar condiciones equitativas a través de las cuales se encauzara la creciente competencia electoral. Con buen tino, desde mi percepción, el legislador resolvió un dilema que tenía planteado: conjugar de manera productiva la más amplia libertad de expresión con la necesidad de crear un contexto de exigencia para que los medios masivos de comunicación contribuyeran a la recreación y a la expresión equilibrada de las diferentes ofertas políticas. Así, el IFE realiza el monitoreo y da a conocer la información, manteniendo su absoluto respeto a la libertad de expresión de los medios, y a la vez atendiendo su obligación legal de monitorear el comportamiento de los noticieros y difundirlo, llamando así la atención de la opinión pública y de los propios medios.
El solo hecho de presentar esta información, es de por sí una contribución a generar un contexto de claridad acerca del trabajo que hacen los medios. Con frecuencia los propios medios así lo han entendido y reconocido, al señalar la utilidad que los monitoreos tienen para la evaluación interna que hacen de su labor.
Además de todos estos puentes que vinculan estrechamente a los medios, a la autoridad electoral y a los partidos para mejorar las condiciones de la competencia, el IFE necesita de los medios para realizar sus tareas sistemáticas de preparación y organización de los comicios. De manera permanente, desplegamos campañas para que los ciudadanos estén en plenas condiciones de obtener su credencial para votar con fotografía y de ejercer su voto. Durante cada proceso electoral, se activan campañas invitando a los ciudadanos que han sido sorteados a capacitarse para fungir como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral. Las campañas institucionales también abarcan la difusión y promoción del voto libre y secreto y las acciones de educación cívica y formación ciudadana. Todo este esfuerzo puede llegar a millones de mexicanos a lo largo y ancho del país gracias a los medios de comunicación masiva. El IFE, como un órgano autónomo del Estado, no compra espacios en los medios electrónicos; su presencia se debe a la existencia de los tiempos del Estado.
Como se puede observar, en México la construcción del edificio electoral está íntimamente relacionada con los medios. El saldo es bueno, proceso electoral tras proceso electoral se ha obtenido una amplia participación ciudadana en las tareas de preparación y conducción de la jornada electoral, y las campañas políticas han estado donde deben estar: en el centro de atención de la opinión pública.
En México, como en otras áreas de la vida pública, en los medios hemos pasado en pocos años de la pretendida unanimidad que reproducía una sola voz, una sola mirada del país, a vivir en un auténtico archipiélago de puntos de vista, donde se multiplican los análisis, las fuentes y los protagonistas. Es notorio que los medios han cambiado para ofrecer una oferta variada, con diferentes contenidos y maneras de acercarse y abordar la política.
No es poco lo que se ha logrado, pues ahora existe una institucionalidad democrática y medios que se expresan en franca libertad y pluralidad. Pero nunca hay tareas concluidas. Ahora hay que mirar a los nuevos retos y los desafíos a los que se enfrentan la política y los medios.
Así como en el terreno estrictamente político el reto radica ahora en consolidar la democracia y no en demostrar que la alternancia es posible, en el campo de los medios tenemos por delante el desafío de pasar de garantizar la pluralidad a asegurar la calidad y el profesionalismo informativo.
La democracia, como sistema político, permite la expresión sin cortapisas de la diversidad política, hace emerger la pluralidad y le da un cauce cierto, legal y legítimo, a la convivencia y a la competencia de distintas corrientes políticas. La vida social en democracia es la expresión y renovación constante de un amplio y colorido mural en movimiento. Implica, necesariamente, confrontación y, por qué no decirlo, tensión entre diagnósticos, visiones y propuestas distintos. En eso consiste el debate político y precisamente los espacios del Estado que permiten la expresión de la pluralidad, como el Congreso, son el escenario natural de la disputa política. Por supuesto, la celebración regular y sistemática de elecciones, en las que los partidos buscan hacerse del respaldo de los ciudadanos mientras que procuran que sus adversarios pierdan apoyo, implica también el ejercicio sistemático y abierto del debate, del intercambio público de críticas, de una nutrida y, a veces, férrea contienda. Estas rutinas son consustánciales al ejercicio de la democracia.
Los medios deben ser capaces de asimilar que la disputa es natural y no como un síntoma ominoso de la vida pública que merecería ser sancionado. Pero deben saber colocarse más allá de esa disputa, no ser parte de ella.
Los medios deben buscar la objetividad y están diseñados para dar información y crear opinión, sus reflexiones cuentan y su labor desempeña un papel en la vida pública que van más allá de la transmisión neutral de las informaciones. La información no inventa los hechos políticos pero sin duda el tratamiento que se les da modula su importancia.
Esa función mediadora debería reforzarse, no reducirse en virtud de la importancia de la prensa escrita y electrónica en la determinación de la agenda nacional. Lo más importante es que las distintas voces se expresen con profesionalismo en su propio contexto y con el ánimo de servir a la comunidad. En este punto, vale reiterar que el derecho a la información parte de la consideración de que no hay libertades ni derechos absolutos, no puede haberlos, pues siempre han de estar acotados por las esferas de libertad y por los derechos de otros. Ese es un principio de aplicación universal que vale tanto para las instituciones del Estado como para los medios que tienen a su cargo la delicada tarea de decidir conforme a sus propios códigos de ética qué publicar o difundir.
Está claro que los medios no sustituyen a la escuela en su función de educar y tampoco suplantan a los partidos, pero hay que reconocer que influyen sobre la cultura cívica de la ciudadanía que finalmente encarna o no los valores de la democracia: si reproducen los códigos guerreros, la tolerancia tendrá un terreno menos fértil en el cual asentarse; si priman las filtraciones y especulaciones, restan campo a una justicia apegada del todo a derecho; si difunden primordialmente las ocurrencias y gracejadas de los políticos, estarán coadyuvando a hacer de la política un espectáculo circense. Al contrario, si los medios promueven la difusión de discusiones respetuosas, documentadas, elevan la calidad del debate público; su investigación periodística es primordial para conocer al país real en tiempo real como condición para la consolidación de un contexto democrático; gracias a su esfuerzo profesional son visibles hechos que el ojo no entrenado confunde o no ve, sobre todo cuando se trata de prácticas o conductas apartadas de la verdad o la legalidad que adquieren notoriedad cuando se convierten en noticias.
Además, el punto de vista editorial es imprescindible para que la fiscalización de la vida pública sea un ejercicio plural de crítica y no mero motivo de escándalo. Esa conjunción entre la información y la opinión que es propia de los medios resulta una condición imprescindible para el buen funcionamiento de las instituciones y el elemento más eficaz para la formación de la ciudadanía.
Alguna vez he expresado que los mismos principios que permiten al IFE asegurar la limpieza y la credibilidad de las elecciones, son los principios que sirven a los medios para cumplir con su tarea. Me refiero a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Tanto en el ámbito periodístico como en el electoral es indispensable la certeza, sin la cual sería imposible generar la confianza de los electores o del público que sigue a los medios. En rigor, el principio de certeza es aquel que nos obliga a evitar la especulación, a proceder siempre sobre la bases de elementos plenamente verificables y por ello inobjetables.
A la vez, el principio de legalidad, entendido como apego al marco normativo vigente, y sobre todo a los derechos de terceros, es fundamental tanto para la autoridad electoral como para los medios. Si no hay libertad al margen de la ley, tampoco se ejerce la libertad de expresión allí donde no se respetan los derechos básicos de las personas.
Además, tanto la actividad informativa como la electoral requiere sujetarse al principio de independencia, es decir, mantenerse al margen de cualquier clase de presiones e intereses particulares que intenten inclinar la balanza en su favor. La autonomía significa que prevalezcan los intereses profesionales sobre la influencia de los gobiernos, los partidos y otros grupos de presión existentes en la sociedad.
Si algún principio es importante para la actividad informativa, este es el principio de imparcialidad, mediante el cual se evita darle preferencia a una sola de las partes involucradas en caso de discrepancias o conflictos. Igual que en el ámbito electoral, el informador debe concebirse no como un protagonista sino como un tercero por encima de las partes e igualmente distante de los intereses de cada una de éstas.
Finalmente, el principio de objetividad nos debe poner a salvo de suposiciones y prejuicios, alejándonos de las inevitables filias y fobias personales. En el terreno de los medios, la objetividad es el principio más socorrido y también, justo es decirlo, el más difícil de aplicar, pues nadie está libre de opiniones y prejuicios. Para ponerlas entre paréntesis es necesario un alto grado de profesionalismo y, desde luego, una consistente capacidad de autocontención.
Foto: Raúl Ramírez Martínez
Hay cuestiones pendientes que afectan a los medios, a las instituciones y los actores políticos. La primera tiene que ver con una realidad que no se limita a la acción de los medios pero que no puede cambiar sin su concurso. Concretamente al nivel de nuestra cultura política se corresponde dramáticamente con muy bajos índices de aprovechamiento escolar y, en general, con un abatimiento del interés de la sociedad por los asuntos públicos. Los datos obtenidos como resultado de encuestas realizadas de manera independiente por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Federal Electoral no dejan lugar a dudas sobre cuáles son nuestras deficiencias en este punto. Ya es grave que se muestren datos alarmantes respecto del escaso conocimiento de los ciudadanos sobre sus derechos, pero el asunto se complica cuando se advierte la muy baja estima que tienen las instituciones democráticas, en particular los partidos y las cámaras legislativas. La dimensión de lo público aparece en general como un universo ajeno y poco confiable. Esa percepción, no siempre justa, ayuda muy poco a nuestra convivencia.
La presencia de esos rasgos negativos en la cultura política nacional demuestra que el cambio político no produce modificaciones lineales ni unívocas en la percepción de la vida pública, que no hay nada automático en la formación de una conciencia favorable a las instituciones y los sujetos de la democracia y que, por lo mismo, se hace necesario un esfuerzo suplementario por parte de los partidos, el gobierno, la autoridad electoral, la escuela y sin lugar a dudas los medios, que ayude a elevar y fortalecer los valores democráticos.
Es posible que en los países de larga tradición democrática la participación ciudadana siga las líneas de una costumbre que se reproduce a sí misma, pero en el caso de una democracia reciente como es la nuestra sería por completo injustificable asimilar la fragilidad de la cultura democrática a la expresión de una inexistente rutina electoral o al imposible desencanto del modelo representativo. Justo por la razón de que México es un país heterogéneo, diverso y subdesarrollado, donde aún coexisten o se combinan las formas modernas de organización política con la tradición de la democracia comunitaria y la herencia autoritaria, es indispensable no cejar en el empeño de elevar el nivel de la cultura cívica propiamente democrática de modo que al participar los ciudadanos lo hagan informados y, por decirlo así, libremente, con pleno conocimiento de causa. Por supuesto, la disposición ciudadana a participar está correlacionada positivamente con la valoración de la propia actividad política, pues a mayor descrédito de la política, entre más sea concebida como una actividad inherentemente corrupta, mezquina y carente de sentido, más fino es el suelo sobre el que puede echar raíces el sistema democrático. En esta tarea el papel de los medios resulta fundamental.
Hace falta un esfuerzo mayúsculo para que los ciudadanos perciban a la democracia como un régimen deseable en razón de su superioridad ética y política sobre otros órdenes políticos alternativos. Se trata de hacer un sentido común la idea de la democracia no como mera enseñanza retórica o el proyecto de unos cuantos, sino como lo que es en realidad: una necesidad común para la viabilidad y la convivencia de una sociedad masiva y extraordinariamente plural, diversificada en sus condiciones culturales, políticas y también económicas, vinculada al mundo de mil maneras, diferenciada en sus opciones, en sus modos de vida, en sus intereses, visiones y sensibilidades, tal como es la sociedad mexicana.
En definitiva, entre los medios y la democracia hay principios comunes, una relación sustantiva que se retroalimenta mutuamente y que tiene su fundamento en el ejercicio de la responsabilidad de todos los actores. Se ha superado una etapa donde lo más importante era garantizar los derechos y las libertades de la ciudadanía y ahora entramos de lleno al desafío de elevar la calidad de nuestra democracia. Tanto en el planteamiento como en la solución de los nuevos problemas, los medios tienen un importante papel que jugar.
Es hora de superar una época en la cual la libertad de expresión tenía como tarea prioritaria hacer visible una situación que estaba velada a la mirada pública, para entrar de lleno en otra donde se requiere construir un sentido crítico colectivo, una visión que sea capaz de elevar la calidad del debate público construyendo un contexto de exigencia general que nos abarque a todos: a la ciudadanía, a la autoridad electoral, a los partidos y sus candidatos, y también a los propios medios.
Medios de comunicación y proceso electoral
Por Horacio Esquivel Duarte
Cierto es que conforme van transcurriendo las fases electorales, los medios y la opinión pública van adquiriendo caracteres y matices variados, el receptor, por su parte, espera día con día las noticias a nivel regional, estatal y nacional, con la intención de analizar lo que ocurre en su entorno de acuerdo a su conformación e intereses político-ideológicos.
Por tal razón, los medios masivos de comunicación, sobre todo la radio y la televisión, influyen -pero no determinan- en la conformación ideológica, y que mejor que tales medios para desarrollar un programa de campaña política.
Sin embargo como ya se dijo, son determinados los grupos de personas que pueden ser manipulados o conducidos a tomar la decisión para sufragar por tal candidato de determinado partido, toda vez que existe una mayoría, que poco deja influenciarse por los medios de comunicación y que en forma por demás conservadora, tradicional u ortodoxa, en todo proceso otorgarán su voto al partido del cual se sienten miembros sin que necesariamente militen en él, de tal forma es este tipo de electores a quienes debe ponérseles mayor atención a fin de conocer sus posturas aparentemente indeclinables, pero que esta puede dejar de existir ante una campaña que conlleve a una identificación plena, principalmente a esta mayoría que en todo tiempo ha sido de oposición a un partido concreto. Es a ellos a quienes se debe convencer para que emitan su voto.
Algunos de los estudios de panel hechos por distintas compañías de sondeo sobre posturas políticas en cuanto a los proceso electorales, consisten en que se entrevista a los mismos individuos periódicamente, durante unas cuantas semanas; de esta manera, el investigador puede rastrear con exactitud cómo cada individuo estructura su decisión en el transcurso de la campaña, con que frecuencia la ha modificado o la ha puesto en duda, que periódicos, revistas, programas de radio o televisión han alterado sus conceptos, sus ideas, etc.
Uno de los aspectos de suma importancia en cuanto a la toma de decisión sobre la elección del candidato consiste en la influencia familiar o de amigos personales, porque cierto es que el elector común, no el militante de partido, tendrá la última palabra. Por lo tanto, lo importante es investigar como decide su voto ese elector, es decir se trata de un elector no comprometido ni afiliado a un partido o dispuesto a cambiar o a no cambiar. El número de estas personas que tienen la balanza para cargarla a determinado lado, es precisamente a quienes hay que adhesionar y obtener su sufragio.
Muchas de las veces tales personas, esas mayorías ni siquiera votan demostrando su desinterés en la política, son individuos apáticos, mal informados y apolíticos, por lo tanto es necesario conocer cuáles son las influencias que ejercen sobre él y se requiere de esta influencia para hacerlo participar en la vida pública, porque de otra forma carecería de iniciativa propia.
En estos casos, ciertamente influyen mucho los medios de masa, pero no es lo determinante. Son personas que no leen revistas ni periódicos, y los programas de radio y televisión son debidamente seleccionados por ellos, porque tratándose de alguna propaganda política, en cualquier medio, automática e inconscientemente brincarán tal canal, estación o artículo, es decir, crean una barrera permanente a este tipo de información.
No debemos olvidar, desde luego, que el principal efecto de una campaña política consiste en movilizar, es decir en despertar el interés del elector común, pero como ya se dijo, es menester lograr que la balanza se incline con facilidad sobre determinado candidato. Por ello, no solamente se debe pensar en tal movilización, sino inclusive en la adhesión, cuando menos para tal periodo.
La influencia personal de la familia, de los amigos y en parte de los vecinos prevalece siempre que los medios expongan un tema político a ese nivel de atención pública, en los cuales se involucren en determinada cuestión, en la cual puedan inclusive tomar y sentir como suyas algunas sugerencias que beneficien a su comunidad y concretamente a sus vecinos y hogar, toda vez que tal integración no acontecerá si no existe un interés en su propio entorno.
El siguiente subtema a mencionar es medios de comunicación (como influyen estos en las elecciones presidenciales). Los medios masivos de comunicación como lo es la televisión, la radio, la prensa, etc. Juegan un papel muy importante en las elecciones presidenciales y este subtema se interrelaciona con la mercadotecnia política ya que los medios son quienes pasan al aire toda la propaganda política que sacan los partidos políticos para que la gente los vea y saque una opinión o tenga una idea por quien votar.
Los partidos políticos pagan mucho dinero para que los medios trasmitan los mensajes que quieren que la gente escuche y así por medio de estos influir en la decisión del voto de la gente. Una vez más señaló que en todo lo que se refiere a elecciones trae consigo muchos gastos económicos. Pero en cuanto a los medios hay desventaja con los otros candidatos que no reciben la misma suma de dinero que los otros (PRI, PAN) y a estos no les hacen mucho caso, sino que ellos tratan de hacer negocio redondo.
Un ejemplo de esto, es: los candidatos como Manuel Camacho Solís por el Partido de Centro Democrático (PCD) y Rincón Gallardo por el Partido Democracia Social (PDS) quienes no salen mucho en televisión. Para ser más explícito la gente casi no conocía al candidato del Partido Democracia Social (Rincón Gallardo) sino hasta que se dio el debate por televisión. Este es un claro ejemplo de que los medios de una u otra forma influyen a que la gente conozca a los candidatos, pero por falta de dinero de los partidos no todos pueden pagar para que saquen propaganda con la calidad de la que tiene el PRI y el PAN.
De esto puedo decir que los diferentes medios de comunicación aparte de lo que dicen los candidatos también influye a que la población tenga a su candidato favorito para la elección.
A continuación se presenta el subtema número cuatro, el cual es: la lucha por el poder, esto viene hacer como se desarrolla la escena desde las campañas políticas y otras actividades que realizan para tratar de ganar votos.
Autor:
Oscar Aguilar Bonilla
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