Esta ley reguló las elecciones de 1904, posibilitando la llegada al Congreso del primer diputado Socialista, Alfredo Palacios, quien fue proclamado diputado en La Boca, la 4ta. circunscripción electoral.
En 1905, con la ley Nº 4578 se re-implementó el sistema anterior, que se mantuvo en vigencia hasta la sanción de la Ley Sáenz Peña. En octubre del mismo año se dictó la ley 4719 que suprimía el voto cantado y se lo reemplazaba por la entrega de una lista que debía ser introducida en una urna sin abrir. A esto se lo denominó voto semi-secreto.
El sistema electoral que rigió durante todo este período tendió siempre a impedir la participación popular en el ejercicio del poder. Mientras la Constitución proclamaba el régimen representativo en su 1º articulo, las leyes electorales impedían asegurar su efectividad ([3]). El ejercicio del poder no era legitimado por el apoyo popular sino por el fraude electoral. El gobierno confeccionaba el padrón electoral, elegía sus candidatos y le cerraba el camino a la oposición, que solo tenía dos alternativas posibles: el acuerdo o la rebelión.
No existían partidos ni programas políticos, solo personalidades con prestigio personal, acuerdos y connivencias que permitían a un selecto grupo asegurarse el acceso al poder, gracias al control del aparato electoral. Y esta situación era sostenida indefinidamente.
La oposición, por su parte carecía de alguna representación dentro de los organismos de control, esta situación favorecía el fraude; este era de todo tipo y se traducían en acciones tales como: obtención de libretas cívicas, despojo de las mismas a aquellos que se declaraban opositores, falsos cambios de domicilio, amenazas a los adversarios, impedimentos para llegar al lugar de votación, modificaciones del sufragio, sustracción y vaciamiento de urnas, incorporación de votos falsos, etc., todo era válido. El sistema electoral estaba montado para evitar los sobresaltos en las sucesiones.
Además, la falta de coincidencia en el vencimiento de los mandatos mantenía al país en una permanente actividad electoral ya sea a nivel municipal, provincial o nacional.
La oligarquía se aseguraba así la continuidad en el poder con el menor riesgo posible. Así lo expresaba Paul Groussac en "El candidato"[4]: "Apenas se necesita, en esta reseña de la génesis presidencial, mencionar las tres últimas administraciones para ser muy sabido que ninguna de ellas surgió de una campaña electoral propiamente dicha. El doctor Quintana fue designado por una "convención de notables" arbitrariamente constituida; la segunda presidencia de Roca tuvo su origen en una convención del partido nacional y se debió a la influencia entonces decisiva del doctor Pellegrini; por fin dejamos dicho como la designación inopinada del doctor Luis Sáenz Peña fue el resultado de un convenio privado entre dos o tres apoderados de la opinión… Una vez acordados los candidatos, se confeccionaban las listas de electores encargados de cumplir religiosamente el precepto constitucional".
Habían pasado ya 100 años de la Revolución de Mayo y el panorama político era desalentador, un régimen oligárquico, con fracturas en su seno, pero que sabia aún así como mantenerse vigente y seguir controlando el poder, la apatía electoral que en cada nueva elección se tornaba más evidente y con ella la fuerza de las elecciones y su legitimidad, mientras la opinión pública era agitada por el discurso opositor del radicalismo que se volvía más fuerte pero al mismo tiempo aglutinaba en su seno fuerzas demasiado heterogéneas, pero que, aun así reclamaba su oportunidad.
LA SOCIEDAD ARGENTINA ENTRE 1890-1916
Para poder entender el porqué la clase dirigente argentina llevó adelante la reforma política que culminó con la sanción de la Ley Sáenz Peña, permitiendo de esta manera la apertura y participación política de la sociedad en comicios libre de fraudes y presiones, es necesario comenzar por caracterizar a la sociedad argentina en el período anterior a la sanción de dicha ley.
Para realizar esta descripción, tomaré como referencia la propuesta de David Rock [5]quien distingue dentro de la sociedad argentina de ese momento 4 grandes grupos que tendrán especial importancia:
La elite terrateniente y comercial.
Los capitales extranjeros, especialmente aquellos provenientes de Gran Bretaña.
La clase media urbana.
La clase obrera urbana.
Los intereses, situación y accionar de estos sectores mencionados, serán de importancia y permitirán construir alguna hipótesis frente al problema planteado.
La élite terrateniente y comercial:
Durante el último cuarto del siglo XIX, el auge y expansión de las exportaciones agropecuarias permitió la consolidación de una élite poseedora de grandes extensiones de tierra.
Esta clase había surgido, en un primer momento, gracias a las actividades comerciales desarrolladas en el siglo anterior en la ciudad de Buenos Aires. Dicha actividad mercantil permitió a algunas familias porteñas amasar cierta fortuna que luego fueron utilizadas, debido a situaciones favorables, en la apropiación y acumulación de grandes extensiones de tierra, volcando los capitales hacia la explotación agropecuaria, que tantos beneficios otorgaría a esta clase.
Dos factores le otorgaban a este grupo una situación de privilegio: la acumulación de grandes extensiones de tierras a muy bajo costo y el hecho de que esas tierras fueran las mejores de la región (eran las más ricas y además se encontraban ubicadas en la región costera de la llanura pampeana).
Esta clase poseía ante todo un sentido de aristocracia y superioridad frente al resto de la masa popular y junto con esto creció la convicción de que solo ellos eran los poseedores del derecho de beneficiarse de la riqueza producida. Estos dos rasgos unidos (el sentido de aristocracia y la búsqueda del enriquecimiento) terminaron por conformar una definida actitud y vocación política convirtiendo a esta clase, en una clase dirigente, defensora de sus derechos políticos y sociales, pero sobre todo de los derechos económicos que detentaba frente al resto de la sociedad.
Esta supremacía en el plano económico, va a traducirse en lo político, en la necesidad de esta clase de convertirse en clase dirigente para así conservar sus beneficios y situación de privilegio. Este rasgo de la élite terrateniente es fundamental para entender las vicisitudes del sistema político argentino que se caracterizaría fundamentalmente por ser cerrado, elitista, corrupto y servir a los intereses de clase de la oligarquía.
Para mantener intactos sus intereses la oligarquía se dio a si misma un programa y unos principios que rigieron su accionar político y que se ajustaban según las circunstancias: liberales en lo económico y lo social, conservadores respecto a lo político.
Los capitales extranjeros
Este sector estaba estrechamente vinculado a los intereses de la élite, ambos constituían el grupo de presión más importante de la Argentina.
Los capitales extranjeros invertidos en la Argentina, provenían en su mayoría de Gran Bretaña y representaban el principal sustento de la economía. Estos se traducían en inversiones como empréstitos oficiales (en su mayoría absorbidos por los grandes terratenientes), inversiones en ferrocarriles (factor que posibilito en gran medida el boom agropecuario de esos años), inversiones en servicios públicos, bancos, negocios inmobiliarios y obras portuarias, entre otros.
Durante todo este período y hasta la Primera Guerra Mundial, los países europeos representaron para la economía argentina un papel fundamental ya sea como mercado de su producción agropecuaria, como inversores de capitales, abastecedores de productos importados y propietarios de bienes.
Debido a las ideas de progreso económico preconizadas por la oligarquía, fue posible la afluencia a nuestro país de gran cantidad de inversiones productivas que beneficiaban a sus inversores al tiempo que servían a los intereses de clase de la oligarquía.
Esta relación tan estrecha entre ambos grupos se traducía en la práctica en una semiinstitucionalización de este vínculo por medio del acceso de algunas empresas al control del gobierno. Vemos una vez más como el control del Estado en manos de una clase servía a los intereses económicos de la misma.
La clase media urbana
Estaba compuesta por industriales y propietarios de establecimientos comerciales, profesionales, funcionarios y empleados administrativos.
Contrariamente a lo que cabría suponer, las actividades e intereses económicos de esta clase encontraban un buen lugar dentro de la economía primaría –exportadora de aquellos años. Esta falta de conflicto entre los sectores industriales y los agrarios (urbanos y rurales), en oposición a la mayoría de las sociedades europeas en donde existía un conflicto permanente entre ambos sectores, se debía en principio a que esta clase media se encontraba más bien constituida por comerciantes y profesionales antes que por industriales; además el desarrollo industrial estaba ligada al sector primario (Ej. frigoríficos).
Estas características y orientaciones hacían de la relación terratenientes -clase media urbana, una relación de complementariedad más que de conflicto, colaborando, en muchos casos, con el mantenimiento de una economía primario-exportadora, además de favorecer el Libre Cambio. Básicamente, se puede decir que los intereses de la clase media estaban más cerca de los intereses de la oligarquía terrateniente, antes que de los sectores obreros. Además, la pauta de movilidad social estaba dada por el acceso a los cargos públicos (recordemos que en su mayoría este sector se hallaba compuesto por profesionales y funcionarios públicos), lo que le confería ha dicha clase un carácter dependiente respecto de la élite. El ascenso social era producto de "la búsqueda de amigos y patrones mejor ubicados en la escala social, que permitieran acceder a la riqueza que circulaba por los canales de la élite."[6]
La clase obrera urbana.
Este sector estaba compuesto por trabajadores de: los frigoríficos, transporte (tranvía y ferrocarril), portuarios y empleados de comercio y servicio. Los trabajos más penosos y menos pagos eran realizados en su mayoría por los inmigrantes, mientras que el grueso de los trabajadores calificados eran desempeñados, en general, para los nacidos en Argentina. Si bien en comparación con los países europeos, la movilidad social esta más difundida en Argentina, los salarios y las condiciones de vida de esta clase, sumados al hecho de ser extranjeros, no eran las mejores.
Con respecto a las zonas de asentamiento, en su mayoría la población dedicada al sector industrial se concentró en los alrededores de la ciudad, esto contribuyo a formar cierta conciencia de clase.
Esta clase, estaba constituida mayormente por inmigrantes. Recordemos que uno de los puntos fundamentales dentro del programa liberal-conservador, fue el incentivo dado a la inmigración. Esta fue favorecida desde el Estado por una clara necesidad de mano de obra, sobre todo rural, necesaria para el crecimiento económico de la élite terrateniente; pero debido a las escasas condiciones que hallaban los inmigrantes en el medio rural muchos de ellos prefirieron quedarse en las ciudades donde esperaban hallar mejores oportunidades. Así fue conformándose poco a poco un importante grupo, el obrero, con características y una identidad definida y con intereses totalmente opuestos a los de la élite. Se puede decir que la relación más conflictiva era la existente entre la élite y la clase obrera urbana. A medida que los inmigrantes fueron "integrándose" a la sociedad urbana, fueron creciendo sus aspiraciones sociales, económicas y sobre todo políticas y junto con estas fue creciendo la desconfianza de los sectores altos hacía este grupo. La élite siempre intento controlar y restringir el acceso al ejercicio político de estos sectores (por ejemplo poniendo trabas a las demandas de nacionalización) debido a la amenaza que para ellos representaba.
EL RADICALISMO
Pueden rastrearse los orígenes de la U.C.R. en el movimiento político opositor al régimen que comienza a gestarse alrededor de 1889, conocido como Unión Cívica y que al sufrir ciertas fracturas uno de sus bloques se separará conformando la Unión Cívica Radical. Si bien la U.C.R. es considerada el primer partido político de corte populista, nació por la iniciativa de un bloque escindido del partido oficialista y que había sido dejado a un lado en el reparto del poder.
Entre las personalidades que comenzaron a conformar esta oposición se encontraban Aristóbulo del Valle, Mitre, Bernardo de Irigoyen, Estrada, etc. El objetivo de estos era formar un partido de oposición al PAN que tuviera la fuerza suficiente para derrotarlo en las próximas elecciones presidenciales, era un movimiento formado por fuerzas políticas heterogéneas e incluso en algún momento rivales que habían logrado unirse por su resentimiento y odio al régimen y por la ambición de disputarle a este el poder y la hegemonía de la que gozaban y que les permitía disfrutar de los beneficios de los cuales ellos habían sido relegados.
Al mismo tiempo se suscito, durante el ya impopular gobierno de Juárez Celman, una grave crisis económica. Esta crisis, provocada por las maniobras del capitalismo internacional, se agravó en la Argentina debido a la imprudente política económica de la oligarquía. Si bien algunos ricos se arruinaron quienes más sufrieron los efectos del alza del oro y la depreciación del peso fueron, por supuesto, el proletariado y la clase media.
Frente a la crisis, el gobierno de Juárez Celman opto por medidas que no solo no solucionaban el problema sino que además merecían la desaprobación y repudio por parte de la opinión pública, que veía en ellas una nueva maniobra de la oligarquía para proteger sus intereses de clase.
Pronto comenzó a organizarse, paralelamente, otro importante grupo de oposición: la Unión Cívica de la Juventud. Ambos grupos se vincularon y realizaron una convocatoria para un acto en el Jardín Florida (septiembre de 1889) a donde acudieron figuras como Mitre, Irigoyen y Alem. A partir de entonces la acción de los distintos grupos opositores iría en ascenso, atrayendo para si el apoyo de la opinión pública que se puso de manifiesto en el mitin celebrado en Buenos Aires el 13 de abril de 1890. Así quedaría constituido un nuevo movimiento político, denominado Unión Cívica (U.C.), integrado por todos aquellos elementos que habían quedado al margen de la organización creada por el unicato para beneficiarse del poder político que detentaban. Había algunos grupos de la antigua élite, la juventud de Buenos Aires -cuya aspiración era abrirse paso en la vida pública prescindiendo del clientelismo y la obsecuencia de sus padres-, los grupos católicos -que habían entrado en oposición con el régimen debido a las reformas liberales que habían perjudicado a la organización eclesiástica- y por ultimo un sector popular constituido en su mayoría por la clase media, cada vez más numerosa y con aspiraciones de ascenso social. También debemos mencionar a la clase obrera -también era parte de la oposición- pero en su mayoría se expresaría por medio de otras organizaciones y partidos y no a través del radicalismo. Puede decirse que en general, el radicalismo representaba, en términos socio-económicos, los intereses de los sectores alto y medios.
En realidad, la U.C. no era un partido político sino más bien una organización de oposición cuyo objetivo principal era agitar la opinión pública contra el gobierno. Por lo demás, carecía de una verdadera plataforma política, de programa partidario, no tenían líderes ni candidatos y no se presentaban a elecciones. Como lo definiera Mitre era "una congregación fortuita de ciudadanos extraños a todo vínculo político", "una reunión accidental sin propósitos permanentes"[7]; así se definían a si mismo.
Sin embargo, a pesar de presentarse a si mismo como una iniciativa espontánea de oposición, la U.C. tenía un objetivo más definido que este, preparar y llevar adelante una revolución que derrocará al presidente, aprovechando la falta de popularidad que J. Celman tenía esperaban poder ganar adherentes una vez que la revolución estallará. Una vez que este objetivo se cumpliera se convocaría a elecciones presidenciales y la U.C. quedaría formalmente disuelta.
Para julio de 1890, los preparativos para la revolución habían sido realizados, el movimiento se restringía solo a Buenos Aires únicamente debido a que en el Interior el Juarismo era fuerte y la oposición carecía de importancia y estaba mal organizada. Si bien la rebelión fracasó debido a que J. Celman había sido alertado respecto a los planes de la oposición, poco tiempo después fue obligado a renunciar al cargo de presidente.
Luego del fracaso de la revolución, las distintas posturas dentro de la U.C. comenzaron a diferenciarse: Alem, del Valle y Mitre tenían el mismo objetivo pero diferían en el modo de llevarlo a cabo. Alem, representaba la postura más intransigente, estaba insatisfecho con los resultados de la revolución y proponía el uso de la fuerza como único medio para llegar al objetivo. Por su parte Mitre, el más moderado creía que debían llegar a un acuerdo con el nuevo gobierno que les permitiera tener una participación dentro de este.
La ruptura llego finalmente luego del acuerdo celebrado entre Roca (ahora líder indiscutido del PAN) y Mitre. La U.C. se dividió entonces en U.C.N., conformada por los mitristas o "acuerdistas" y U.C.R., conformada por el sector más intransigente, los antiacuerdistas o radicales.
El mote de radicales dado al nuevo movimiento surgido se debía a que dicho grupo proponía como único objetivo promover y garantizar la libertad y transparencia electoral, un postulado tan sencillo como este era considerado como extremista e intransigente.
Etapa fundacional (1891-1897)
Esta etapa coincide con las presidencias partidarias de Alem y Bernardo de Irigoyen. Ya dijimos que luego del acuerdo Roca-Mitre, un sector de la U.C. se separó formando la U.C.R., esta estaba integrada por políticos de escasa trayectoria que habían quedado al margen del acuerdo.
El radicalismo rechazaba el sistema político-institucional del roquismo y del juarismo, denunciaba el pragmatismo político del P.A.N., denunciándolo como una "política malsana" fundada en acuerdos y transacciones que no hacían más que corromper el sistema político fundado por la Constitución del "53 y consolidado en los años "60 y "70. Deseaban volver nuevamente a la abierta lucha política de aquellos años, a la competencia leal y sana entre partidos políticos, al libre ejercicio de la ciudadanía que garantice el control del gobierno. Se declaraban en contra del centralismo y expansión del Poder Ejecutivo, que atentaba contra la división de poderes, contra el fraude electoral, que limitaba la representación electoral y restaba legitimidad a los gobernantes, subordinando a estos al poder y apoyo presidencial. Por último denunciaban la pérdida del autentico federalismo, debido a las intervenciones provinciales del Ejecutivo Nacional.
Por todo esto, por el grado de corrupción en el que se había sumido el sistema político, económico y social, el radicalismo creía como legítimo y único medio eficaz el uso de la fuerza, la revolución para derrocar al gobierno. El término revolución no debe aquí tomarse en el sentido actual del término. "El concepto moderno de revolución implica el rápido desplazamiento de un viejo orden político, económico, institucional y/o social por la construcción de ordenes nuevos. Sin embargo, antes de que el término revolución adquiriese dicho significado, el concepto era empleado para designar restauración, es decir, el legítimo uso de la violencia para retornar al viejo orden, la restauración de las costumbres y de la constitución. En este sentido, el término revolución no implicaba la construcción de un orden nuevo, sino el mero acto de liberación de un gobierno ilegítimo que se había extralimitado en sus funciones. Una y otra vez, los radicales declaraban que su intención no era la de innovar o reformar las instituciones existentes. Su objetivo era el restablecimiento de las instituciones sin pedir la reforma de ninguna de ellas"[8]
Esta defensa de la revolución como medio legitimo y eficaz para restaurar el orden anterior y acabar con el predominio de la oligarquía y su gobierno fue la nota que distinguió al radicalismo del resto de la oposición. No obstante, el radicalismo nunca buscó un cambio profundo de las instituciones de gobierno sino solamente el saneamiento de las mismas.
Los levantamientos de 1893
Durante este año se llevaron a cabo en distintas provincias levantamientos armados, algunos más exitosos que otros (en algunos casos se llegó a derrocar a los gobernadores provinciales, sin embargo la intervención del gobierno nacional
determinó el fracaso de cada uno de estas revoluciones). La falta de coordinación a nivel nacional y de apoyo militar llevaban al fracaso de las rebeliones, sin embargo el saldo de dichas actuaciones no fue del todo negativo. La U.C.R. incrementó durante esos años la popularidad del partido, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, mejorando notoriamente su performance electoral. En 1894 logro una importante victoria en las elecciones legislativas, obteniendo así cierta representación en el Congreso.
Durante toda la década del "90 el radicalismo participó de las elecciones y teniendo en cuenta el grado de organización del partido, las elecciones fueron exitosas (en 1892 se alzó con el 40% de los votos en Buenos Aires, mientras que en 1894 alcanzó un 50%). Luego de 1895, los porcentajes electorales irían en descenso hasta llegar a la última elección en la que participarían en 1998, con un muy bajo porcentaje de votantes, esto debido a las convulsiones internas que había sufrido el partido y que terminarían por disolver su estructura temporariamente.
Mientras la U.C.R. había logrado representación en el Congreso los proyectos de ley presentados por este bloque estuvieron sustentados por un claro objetivo: limitar los instrumentos institucionales que le permitían al oficialismo la manipulación electoral para mantenerse en el poder.
El radicalismo carecía de proyecto de reformas profundas, en cambio busco solamente establecer ciertos cambios que permitieran el acceso político a la oposición.
Cambio de rumbo y ruptura
A partir de 1894 la U.C.R. retiró de su discurso el llamado a la revolución, además dejó de centrarse únicamente en el debate institucional, trasladando su atención hacia otros temas, como los aspectos económicos, en los que también entraban en oposición con el Partido Autonomista[9]
Por otro lado, el partido sufrió cambios en cuanto a su orientación y accionar. Se definieron así dentro de su seno dos posturas antagónicas: intransigentes y moderados. La línea moderada comenzó a tomar fuerza, este sector buscaba ganar espacios públicos a través de la vía electoral y dejar definitivamente atrás la idea de una revolución. En el Interior los dirigentes y adherentes radicales se sintieron traicionados debido a que carecían de una buena organización partidaria que les permitiera ganar la batalla electoral, consideraban que la única vía de acceso era por las armas. Además, también hubo un distanciamiento entre el comité de Capital (encabezado por Alem), que había entrado en decadencia, y el comité de la provincia de Buenos Aires, dirigido exitosamente por su sobrino H. Yrigoyen.
La ruptura final llegó luego del suicidio de Alem, al ser designado sucesor Bernardo de Irigoyen y establecer un acuerdo con la U.C.N. en vísperas de las elecciones de 1897, Hipólito Yrigoyen se separó de la U.C.R. Capital.
El radicalismo pasó de ser una peligrosa y cada vez más fortalecida oposición a un partido desintegrado a punto de desaparecer.
1903. Yrigoyen y la reorganización partidaria.
Luego de la ruptura Yrigoyen se declaró legítimo heredero y asumió la conducción de la U.C.R., a partir de entonces comenzó a reorganizar el partido trasladando la base de importancia a la Provincia.
La U.C.R. retomó así su discurso original, es decir su pedido de transparencia y libertad en los comicios, para lograr una vuelta a la vida cívica y democrática y por sobre todo se pronunció a favor de la revolución como medio para lograr su objetivo. La innovación estuvo dada por la negativa sistemática del radicalismo a participar en las elecciones, ya que estas eran fraudulentas y viciadas, el radicalismo se abstendría de participar en ellas.
A partir de ese momento Yrigoyen se dio a la tarea de organizar un golpe que derrocaría al gobierno, de esta manera la organización del partido fue tomando fuerza poco a poco.
Otras de las novedades que presentaba el partido tenían que ver con el discurso empleado por Yrigoyen y el sentimiento que supo despertar entre las masas. No hablaba solamente sobre la necesidad de una reforma política, sino que también denunciaba el estancamiento económico en el que se hallaba el país, debido a las ambiciones de quienes habían manejado hasta el momento los destinos de la Nación en favor de sus propios intereses y no del bien común. Así lo expresaría Yrigoyen[10]"La Unión Cívica Radical no está con nadie ni contra nadie, sino con todos para bien de todos". Este discurso sirvió para definir un nuevo sentido de nacionalidad que comenzaba a crecer y que sería explotado por el radicalismo para lograr un apoyo más amplio.
LA LEY SÁENZ PEÑA
La ley 8.871, mejor conocida como la "Ley Sáenz Peña" establecía un nuevo régimen electoral basado en el sufragio universal, secreto y obligatorio para todos los argentinos nativos y nacionalizados mayores de 18 años. Además asignaba las 2/3 partes de los cargos en disputa a la fuerza triunfadora y el tercio restante a la segunda fuerza electoral. Excluía del derechos al voto a las mujeres, los extranjeros y a los varones argentinos por motivos de incapacidad, por su estado y/o condición.[11]
La ley había sido impulsada por el sector reformista del Partido Conservador (Alcorta, Pellegrini, Sáenz Peña) y contaba con el apoyo y aprobación del líder del Partido Radical. Antes de asumir la presidencia Sáenz Peña había buscado un acercamiento y un acuerdo con Yrigoyen, le propuso incorporar al radicalismo en su gobierno y con posterioridad encarar una reforma electoral. Yrigoyen rechazó un acuerdo pero si aceptó colaborar en un proyecto de reforma electoral. Antes de que la reforma fuese aprobada levantó su abstención electoral.
La ley fue considerada un instrumento para lograr la estabilidad política, amenazada por el radicalismo y por la creciente politización del sector obrero (el más temido de ellos el anarquista).
La idea de los reformistas era crear un partido político mucho más organizado y que pudiera contar con un apoyo más amplio dentro de toda la sociedad. Un partido orgánico cuya bandera sería el restablecimiento de un verdadero gobierno representativo. Es decir, existía un paralelismo en cuanto a lo que la reforma buscaba y lo que anhelaba el radicalismo, la construcción de una república democrática.
Según Waldo Ansaldi[12]la reforma había sido impulsada por lo que él denomina sector transformista[13]que buscaban aquietar a la oposición, disminuyendo la presión de los grupos excluidos por el régimen oligárquico. Al mismo tiempo tenían como un objetivo más amplio propiciar la competencia entre partidos y construir así un régimen representativo.
También Halperín Donghi[14]plantea una hipótesis similar, según dicho autor la reforma se proponía rehacer la fuerza de la dirigencia conservadora al verse obligada a competir con sus adversarios en una abierta lucha electoral. "Lo que la reforma requiere es la integración de las demasiadas numerosas máquinas electorales al servicio de carreras personales en partidos doctrinarios, o –como se dice más frecuentemente- de ideas… quienes dominan aún los poderes del Estado confían en que un sistema político esencialmente oligárquico será vigorizado y no aniquilado por la instauración de una autentica democracia de sufragio universal"[15]
David Rock también afirma, sobre la reforma electoral: "La solución de Sáenz Peña era, en líneas generales, la misma que había ofrecido Pellegrini algunos años atrás. Creía que la élite debía democratizar las instituciones del país y organizar un partido conservador popular mayoritario, legitimando así su control y suprimiendo las expresiones más inquietantes de descontento popular, como las que formulaba la clase obrera inmigrante"[16]. Además la reforma también buscaba crear una opinión pública moderada a través del ejercicio del sufragio y la creación de partidos modernos que supieran canalizar y dar cohesión a las diversas demandas de la sociedad.
Pese a alguna pequeña diferencia, los tres autores sostienen similares hipótesis a la hora de encontrar motivos a la reforma. Se pueden destacar dos claros motivos: captar a la oposición por medio de la inclusión y participación electoral, frenando así el peligro que representaba el radicalismo y sobre todo el cada vez más organizado sector de la clase obrera; y por otra parte la formación de partidos doctrinarios, en especial buscaban ellos mismos convertirse en la fuerza partidaria más importante.
Con respecto al primer objetivo, si bien la participación electoral en las elecciones de 1916 fue más amplia, también es cierto que la cantidad de votantes no alcanzaba más del 10 % de la población total, en parte por las exclusiones legales (mujeres y extranjeros) pero también por el alto porcentaje de abstención (más del 35 % de los inscriptos en el padrón no llegó a las urnas), pese a la obligatoriedad del voto. Es decir, un amplio sector de la población siguió siendo excluido, los conflictos subsistieron[17]lo mismo que las medidas represivas[18]
El segundo objetivo que perseguía la reforma tampoco pudo ser cumplido. Luego de la aplicación de la nueva ley electoral ninguno de los partidos existentes logró convertirse en el partido que tanto ansiaran los impulsores de dicha ley.
Los conservadores no lograron rehacer la unidad, el sector reformista por su parte, formó el Partido Demócrata Progresista que no pudo cumplir con las expectativas que de él se esperaban.
Los radicales sufrieron disidencias en algunas provincias, en Tucumán, Mendoza y San Juan se formaron nuevos partidos a partir de los bloques disidentes. Además durante 1924/25 el radicalismo se vió dividido en 2 bloque los personalistas o yrigoyenistas y los antipersonalistas, llegando a enfrentarse en los comicios nacionales de 1926 y 1928.
Los socialistas también experimentaron sucesivas divisiones en 1915,1918 y 1927.
CONCLUSIÓN
El tema de este trabajo surgió casi por casualidad al encontrar en un libro una frase que llamó mi atención, sobre todo por la falta de conocimiento o la mala información, que tenía sobre los hechos históricos a los que se refería. La frase antes mencionada recogía la opinión de un hombre del radicalismo sobre el motivo por el que el Partido Conservador había llevado adelante la reforma electoral que finalmente culminaría con el triunfo del radicalismo y su llegada a la presidencia de la Nación.
A partir de ese momento comencé a indagar en distintos libros sobre los acontecimientos de aquellos años y a preguntarme por los motivos que habían hecho posible la sanción de dicha ley y cuán decisivo había resultado la presión del radicalismo. De esta manera intente reconstruir lo que había sucedido en aquellos años, llegando a las siguientes conclusiones:
El radicalismo se había mostrado hasta ese momento ineficaz al momento de encarar una revolución y de obtener un triunfo, si bien se había ampliado su base de apoyo desde el último levantamiento armado realizado (1905) debido a que había sabido reclutar entre sus filas a algunos sectores populares, también es cierto que desde entonces se había ido perfilando más como un partido político que como un movimiento revolucionario, pese a su discurso de intransigencia, abstención y revolución.
El partido conservador, y sobre todo el sector reformista dentro de este creía que por sobre todas las cosas, la reforma iba a fortalecer la estructura partidaria y se iba a lograr la cohesión perdida. Además creían que de esta manera ampliarían su base de apoyo extendiéndose a otros sectores de la sociedad, sobre todo la clase media, que había sido captada por el discurso reformista del radicalismo. Otro de los factores a tener en cuenta es que los conservadores habían subestimado la capacidad de los demás partidos en cuanto a organización y estructura partidaria y creían ser los únicos capaces de obtener una victoria electoral.
Desde principios del nuevo siglo era cada vez más evidente la politización del sector obrero que ya habían adquirido una identidad propia y una conciencia de clase (sobre todo por el aporte recibido de los inmigrantes). Este hecho comenzó a inquietar a la clase dirigente quienes veían en este grupo (en particular aquellos sectores más extremos ligados a los ideales anarquistas) un peligro mayor que el que representaba el radicalismo.
APÉNDICE DOCUMENTAL
LEY SÁENZ PEÑA
SANCIÓN: 10 DE FEBRERO DE 1912
LEY 8871 (771). – Régimen electoral (B.O. 26/III/912).
TITULO PRIMERO – De la calidad, derechos y deberes del elector.
CAPITULO I – De los electores
Art. 1º – Son electores nacionales los ciudadanos nativos y los naturalizados desde los diez y ocho años cumplidos de edad, siempre que estén inscriptos unos y otros en el padrón electoral.
Art. 2º – Están excluidos del padrón electoral:
1) Por razones de incapacidad.
a) Los dementes declarados en juicio;
b) Los sordomudos que no sepan hacerse entender por escrito.
2) Por razón de su estado y condición:
a) Los eclesiásticos regulares;
b) Los soldados, cabos y sargentos del ejército permanente y armada y agentes o gendarmes de policía;
c) Los detenidos por juez competente, mientras no recuperen su libertad;
d) Los dementes y mendigos, mientras estén recluidos en asilos públicos y en general, todos los que se hallen asilados en hospicios públicos o estén habitualmente a cargo de congregaciones de caridad.
3) Por razón de indignidad:
a) Los reincidentes condenados por delito contra la propiedad, durante cinco años después de cumplida la sentencia;
b) Los penados por falso testimonio o por delitos electorales durante cinco años;
c) Los que hubieran sido declarados por autoridad competente, incapaces de desempeñar funciones políticas;
d) Los quebrados fraudulentos hasta su rehabilitación;
e) Los que hubiesen sido privados de la tutela o curatela, por defraudación de los bienes del menor o del incapaz, mientras no restituyan lo adeudado.
f) Todos aquellos que se hallen bajo la vigencia de una pena temporal, hasta que ésta sea cumplida;
g) Los que hubiesen eludidos las leyes sobre el servicio militar, hasta que hayan cumplido la pena que les corresponde;
h) Los que hubiesen sido excluidos del ejército con pena de degradación o por deserción, hasta diez años después de la condena;
i) Los deudores por apropiación o defraudación de caudales públicos, mientras no satisfagan su deuda;
j) Los dueños y gerentes de prostíbulos.
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Halperìn Donghi, Tulio, Vida y muerte de la Republica verdadera (1910-1930), Buenos Aires, Emecè Editores, 2007.
Ravina, Aurora (Director de Obra), Historia Argentina. Desde la prehistoria hasta la actualidad, Buenos Aires, Pagina/12, fascículos 31-32.
Rock David, El radicalismo (1890-1930), Buenos Aires, Amorrortu, 1977.
Romero, José Luis, Las ideas políticas en Argentina, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 1992.
Autor:
Analia Santana
[1] En referencia a las figuras de Yrigoyen (Del Mazo, Gabriel, El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina, Ed. Gure, Bs.As., 1957) y de Sáenz Peña (Cárcano, Miguel Ángel, Sáenz Peña. La revolución por los comicios, Eudeba, Buenos Aires, 1977.
[2] Citado en: Díaz, Honorio A., Ley Sáenz Peña: pro y contra, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, 1983, Pág. 7
[3] Busaniche, José Luis, citado en: Díaz, Honorio A., op.cit, Pág.29
[4] Citado en Díaz, Honorio A., op.cit, Pág.32
[5] Rock David, El radicalismo (1890-1930), , Amorrortu, Buenos Aires, 1977.
[6] David Rock, op.cit, Pág.31
[7] Citado en: Alonso, Paula, “La Unión Cívica Radical: fundación, oposición y triunfo (1890-1916) en: Lobato, Mirta Z. Nueva Historia Argentina. Tomo V. El progreso, la modernización y sus límites (1880-1916), Buenos aires, Sudamericana, 2000, Pág. 214-215
[8] Alonso, Paula, op.cit.,Pág. 230
[9] Como el debate suscitado en el congreso con motivo de los aranceles aduaneros. Los radicales se declaraban librecambistas, mientras que el oficialismo quería imponer barreras aduaneras.
[10] Primer mensaje de Yrigoyen al Congreso Nacional. Octubre de 1916.
[11] Ver apéndice documental
[12] Ansaldi, Waldo, La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático, en Falcón, Ricardo (director de tomo), Nueva Historia Argentina. Democracia, conflicto social y renovación de ideas (1916-1930), Tomo V, Sudamericana, Buenos Aires, 2000.
[13] Debe tomarse el término transformista en su sentido gramsciano, como acción política que busca decapitar política e ideológicamente a las clases subalternas mediante la integración de sus intelectuales. (Waldo Ansaldi, id.)
[14] Halperìn Donghi, Tulio, Vida y muerte de la Republica verdadera (1910-1930), Emecè Editores, Buenos Aires, 2007.
[15] Halperìn Donghi, Tulio, Vida y muerte de la Republica verdadera (1910-1930, Emecè Editores, Buenos Aires, 2007
[16] Rock, David, op.cit., Pág.46
[17] Durante los gobiernos radicales, si bien hubo un acercamiento con el sector obrero, también es cierto que la movilización obrera y sindical fue en aumento registrándose huelgas en varias oportunidades: 1917 (huelgas de los trabajadores de la carne y petroleros), 1919 (huelga metalúrgica- Semana Trágica), 1919-1921 (huelgas de los obreros de fábricas y obrajes de La Forestal), 1920-1921 (huelga de los trabajadores rurales patagónicos), 1917-1922 y 1928 (huelgas de los obreros rurales pampeanos)
[18] Durante las huelgas antes mencionadas se registro una fuerte represión policial. Además durante los gobiernos radicales siguieron vigentes leyes represivas contra los extranjeros como la Ley de Residencia (1902) y la de Defensa Civil (1910).
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