Reflexiones entorno a la otrora asamblea constituyente en Bolivia (página 2)

Así la primera Constitución Boliviana, la redacta el Libertador Simón Bolívar, llamada Constitución Bolivariana escrita en el año de 1826; así según Silvia Chávez hasta 1880 se presentaron 11 textos constitucionales y se efectuaron diversas Asambleas Constituyentes, debido a que los gobernantes de ese entonces -según el autor- buscaban legitimar sus gobiernos a través de Congresos Constituyentes; por otro lado entre las asambleas más importantes estaban: La Asamblea Nacional de 1831, El Congreso Constitucional de 1834, El Congreso General Constituyente de 1839, La Convención Nacional de 1843, La Convención Nacional de 1851, La Asamblea Nacional de 1861, Asamblea Nacional de 1868, La Asamblea Nacional 1871, La Asamblea Constituyente de 1878 y La Convención Nacional de 1880[3]

Así la Constitución de 1880 permaneció en vigencia hasta 1938[4]gran incidencia tuvo la Constitución Federal de México el 31 de enero de 1917 dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, ese constitucionalismo a futuro sería la base del constitucionalismo social en nuestro país. La Convención Nacional de 1945 introdujo los derechos de mujeres y cónyuges. La Constitución de 1961 fue el cimiento de la Revolución del 9 de abril de 1952, la Constitución de 1967 consolidó el constitucionalismo social y fue la base para la actual Constitución hasta la reforma de 1994; donde se introdujeron nuevas instituciones como: el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Consejo de la Judicatura y la figura de los Diputados Uninominales, siguiendo este contexto el año 2004 se reformó por última vez la Constitución donde se introdujo las actuales reformas como ser: la Iniciativa Legislativa, la Asamblea Constituyente, las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas como opciones de representación y el referéndum.

DEMANDAS SOCIALES: ASAMBLEA CONSTITUYENTE

La credibilidad del pueblo Boliviano había colapsado desde la implementación del modelo neo- liberal como única forma de poder sacar al país de la crisis, Bolivia se nos muere decía el Presidente en esa coyuntura, Dr. Víctor Paz Estensoro, en su momento, la relocalización, los despidos masivos hicieron que la crisis vaya fortaleciéndose en los movimientos sociales de los cuales a la postre iban a surgir los líderes que llevarían el grito de todos, ese pueblo el cual había pagado las facturas del sistema neoliberal.

Gran importancia tuvo la marcha de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB)[5], ello porque en Bolivia no existe la idea moderna de representación sino la idea de mandato, que simplemente es tener un mandatario al cual se le dice lo que debe hacer y lo que no puede tomar decisiones sino después de haber consultado a sus bases (Lazarte:2006) más allá de ello estos líderes fueron la chispa de todos los movimientos sociales.

El caldo de cultivo siguió su curso, tuvo sus efectos en las reformas Constitucionales de 1995 donde se implementó el Defensor del Pueblo, los Diputados Uninominales, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Constitucional; pero aún faltaba más, todo ello no tranquilizaba a la Nación Boliviana; los indígenas especialmente de La Paz a la cabeza del Felipe Quispe El Mallku fueron los que el año 2000 iniciaron las protestas, coetáneo con ello todos estos procesos tuvieron su auge en los conflictos del 2003 la llamada guerra del gas.

A partir de este momento, Bolivia inicia una secuencia de reformas estructurales en las fuerzas políticas y en los movimientos sociales; estos últimos surgieron con gran fuerza. Sin duda los cambios de gobierno obligados por la coyuntura tuvieron que salir del poder

ESTRUCTURA DEL ESTADO NACIONAL

Mucho se ha discutido con respecto a la nueva estructura del estado, en ese marco debemos recordar de acuerdo a los doctrinarios constitucionalistas contemporáneos[6]que existen dos tipos de Asamblea Constituyente: La Originaria conocida también con el nombre de poder fundacional y la Derivada conocida también como poder constituyente reformador, asimismo una constitución tiene tres elementos importantes la parte Filosófica; que define los principios que tendrá un Estado como ser el sistema liberal, socialista, teocrático etc., la parte Orgánica delimita y estructura cada institución del Estado y por último la parte Dogmática como aquella verdad irrefutable, tal es el caso de las garantías, derechos y obligaciones que da una Constitución.

EL CIUDADANO Y SUS PRIORIDADES EN LAS POLÍTICAS DE GOBIERNO

Los gobernados en su mayoría ven a lo político y la política como a un ente anciano con estertor, desnutrido en el cual no creen y es que para poder creer en él ellos mismos quisieran ser los actores. La encuesta realizada da a entender que si ellos tuvieran la oportunidad de ser los actores dentro de sus demandas plantearían educación[7]y trabajo. Estos dos aspectos siempre fueron demandas de la sociedad, otrora estos fueron la chispa de los sucesos que desembocaron en la crisis de gobierno –por ejemplo- del Ex presidente Sánchez de Lozada con el llamado impuestazo, amen de todo lo dicho, cada ciudadano constitucionalmente tiene todo el derecho de elegir y ser elegido.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE FUE UNA NUEVA ESPERANZA

Los movimientos sociales fueron los constructores de la Asamblea Constituyente y con más fuerza tras la renuncia del ex Presidente Sánchez de Lozada, después del 17 de octubre bajo la figura de la sucesión constitucional Carlos Mesa asume las riendas del País, aún así nuevamente las movilizaciones impusieron una nueva relación de fuerzas, donde nuevamente en una jugada política por sucesión constitucional asume el poder Eduardo Rodríguez Veltze, a partir de este momento es que comienza a cimentarse el liderato de Evo Morales Ayma quien con una mayoría del más del 51 % es ungido por el Poder Legislativo como el primer mandatario nacido de los movimientos sociales, sin embargo él mismo no olvidó sus costumbres ancestrales y siguiendo esa línea Morales recibió de los Mallkus el bastón de mando, en el lugar sagrado de Tiwanaku dando un discurso efusivo y emocionado, advirtió al modelo neoliberal que sus días en Bolivia se terminan y pidió a los bolivianos empujarle si acaso él se retrasa o diera paso atrás.

En esa coyuntura fue inminente la debacle de los partidos de la derecha tradicional: MNR, MIR, ADN los mismos que no tuvieron más remedio que asumir su sepultura quedando tan sólo un recuerdo tenue y mal querido encarnado en osamentas anacrónicas que a la fecha no son más que una luz languideciente de nuestra historia.

Todas las promesas hechas por el Movimiento al Socialismo (MAS) al principio fueron bizarras, aún así la población creía en el gobierno; y no se equivocaron más allá de las críticas las promesas electorales se fueron plasmando y en ese marco el gobierno de Morales impulsó la Asamblea Constituyente y aún contra su poco interés los electores optaron por el sí y o por el no.

En medio del statu quo, no podemos quedar condenados al ostracismo debemos participar de este nuevo proceso e como actores pasivos y/o activos; vital importancia jugarán las organizaciones vivas de la sociedad, dando propuestas en cada uno de sus sectores, caso contrario no tendrá ningún sentido de ser la emulada Asamblea Constituyente; es así que resulta extremadamente importante las propuestas que den dichos órganos de la sociedad; se deben exponer ideas mas no imponerlas.

Los Bolivianos debemos estar comprometidos con todo este proceso no podemos quedar aletargados en nuestras frustraciones, la decisión está en nuestras manos, nosotros debemos ser esa marmita de bambú proponiendo y cocinando ideas.

BIBLIOGRAFÍA

• ASBUN, Jorge, CONSTITUYENTE Y REFORMA CONSTITUCIONAL EN BOLIVIA, Ed. El País, Santa Cruz, 2005

• NAVIA, Duran, José Antonio, Nuevos Conceptos de Derecho Constitucional Boliviano, Ed. Iris, La Paz, 2001

• LAZARTE, Jorge, Hacia un país moderno y democracia, LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE UN NUEVO COMIEZO, Ed. Plural, La Paz, 2006

• RIVERA, Santibáñez, José Antonio, EL PROCESO CONSTITUYENTE EN BOLIVIA, Reflexiones sobre la reforma de la Constitución., Ed. Kipus, La Paz 2005.

• TERÁN, Gezn, Felipe, IDEOLOGÍA, Un debate hacia la Asamblea Constituyente, Edición propia, La Paz 2005.

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE: ¿UNA ALTERNATIVA O UNA RECONFIGURACION?

Julio Velásquez Mallea

¿Agenda de octubre y/o agenda de oriente?, ¿referéndum sobre autonomías y/o asamblea constituyente?, ¿mayores cargas impositivas y regalías y/o nacionalización de los hidrocarburos?, ¿"analistas políticos amarillos" y/o analistas comprometidos con -lo insuficientemente denominado- "movimientos sociales"?

¿Agenda de octubre y/o agenda de oriente?, ¿referéndum sobre autonomías y/o asamblea constituyente?, ¿mayores cargas impositivas y regalías y/o nacionalización de los hidrocarburos?, ¿ "analistas políticos amarillos" y/o analistas comprometidos con -lo insuficientemente denominado- "movimientos sociales"? A diferencia de otras coyunturas el presente histórico es el de mayor expresión de crisis de lo y la política. Por cierto que una u otra posición, no es sino -con las mediaciones necesarias- otra expresión de necesidades e intereses de carácter económico. Parece que nunca ha dejado de "funcionar" la "fórmula", en cuanto a que "la política no puede dejar de tener primacía sobre la economía". Ni duda cabe, que la presente crisis no puede dejar de ser explicada haciendo abstracción del modelo económico y político vigente desde agosto de 1985; y de entonces a la fecha, ¿se ha reducido la pobreza y la extrema pobreza?, ¿se ha reducido la tasa de desempleo?, ¿se ha reducido esa exclusión social y racial?, por supuesto que no; por cierto que ésta situación se ha traducido y se continuará en ello en el planteamiento de un número mayor de demandas al Estado, y no siempre habrá respuestas apropiadas de éste organismo; por eso no puede extrañar la caída de dos gobiernos, ya que las medidas como el de la privatización, capitalización, la puesta en vigencia de las leyes de hidrocarburos 1689 y 1731, etc., -que son las mayores y mejores expresiones del modelo neoliberal vigente- no han servido para reducir en la realidad la pobreza, el desempleo, etc. Porque la puesta en práctica de ese modelo no se ha traducido en un crecimiento significativo de la economía, porque la distribución de los ingresos ha sido permanentemente desigual, porque tampoco han mejorado significativamente las exportaciones, etc. No cabe duda, que el modelo ha servido a unos y a otros, a los más; se hace necesario una mayor intervención del Estado en la economía, de lo contrario las demandas desde abajo, desde la sociedad civil, o mejor aún desde los espacios más pobres del país sumarán y seguirán, ya conocemos algunos efectos de esas demandas.

En lo que sigue, presentaré algunas reflexiones sobre la problemática de la Asamblea Constituyente.

Una de las actividades principales del pensamiento científico es el de apropiarse cognoscitivamente de la realidad social, o de un parámetro de ésta, y no haciendo abstracción de la historia; por cierto que en esta apropiación no se puede, tampoco, prescindir de ciertos conceptos y categorías, estos conforman un determinado marco teórico. En el estudio e investigación, o si se quiere, en la interpretación de la realidad económico-social, histórico-político, cultural-educativo, etc., no se puede llevar a cabo al margen de determinada teoría. Sobre esta base la actividad del pensamiento se hace creativo, o si se quiere productivo; se anticipa, adquiere una dimensión propositiva.

La problemática de la Asamblea Constituyente, en toda su magnitud y profundidad implica necesaria e imprescindiblemente de estas dos actividades del pensamiento, como veremos más adelante. Es más, la problemática comprende lo siguiente: la normativa específica que regule la fecha de elección de los asambleístas, la cantidad de los mismos, lugar donde se efectuará tal acontecimiento; asimismo si la elección será por circunscripciones, o si solamente habrá candidatos por departamentos, sobre la campaña electoral, etc. Las reglas del juego deben ser claramente establecidas, y con la debida anticipación, para efectos de información, porque su realización parece ser incuestionable.

La parte jurídica es apenas un componente de la problemática, la otra es la relativa al qué se discute, al cómo se debate, al número de los asambleístas, al para qué de toda la Asamblea Constituyente, al cuanto del tiempo que dura la misma; es más, la problemática incluye a los representantes; esto es al qué representan, a qué tipo de población representan, la calidad de los representantes, etc. Estoy seguro, que todos los representantes no van ha tener el mismo grado de capital cultural, ni el mismo grado de capital político, por una multitud de razones. En lo que sigue tocaremos algunos puntos.

Vayamos por partes. Cuando hacemos referencia al qué, estamos apuntando a los temas de discusión, ¿qué suponen estos temas?, o si se quiere, ¿de dónde van ha emerger dichos temas?, estos no pueden sino provenir de nuestra misma realidad social, de ésta como resultado de su historia en una geografía tan diversa, y que por ello mismo tan rica en recursos naturales, como la que tenemos. De una manera general, la realidad como fuente temática significa: realidad social actual, como producto de su historia, en sus múltiples expresiones; recursos naturales en su heterogeneidad, diseminada a lo largo y a lo ancho de los 1. 098.581 Km2, de nuestra geografía.

Una breve digresión por su importancia. Nuestra realidad social e histórica es la fuente de los temas ha tratarse en la Asamblea Constituyente; en tal sentido, ¿qué es ésta realidad?, es una formación social abigarrada; ¿qué es esta formación social abigarrada?, para responder a esta pregunta nada mejor que recurrir a René Zavaleta Mercado, por ser el quién ha propuesto tal concepto, aunque como dice Luis H. Antezana: "no hay una definición explícita de tal concepto en la obra de Zavaleta Mercado"1. Sin embargo, Antezana nos propone una definición operatoria: "…se trata de la calificación mutua de diversidades económico-sociales de tal suerte que, en concurrencia, ninguna de ellas mantiene formas previas, primordiales o no; la referencia, o sea, la sociedad concreta objeto de conocimiento, permitiría caracterizar las diversas historias en juego, es decir, los diversos grados de constitución social ahí implicados; y, el marco de calificación de unas por otras diversidades recurriría al concepto de intersubjetividad para reconocer, en las crisis sociales, el grado de unidad en la diversidad alcanzado en dicha concurrencia"2. Destaquemos ciertos elementos de esta definición para hacer comprensible el concepto: la formación social abigarrada implica "diversidades económico-sociales", esa formación social abigarrada como totalidad social concreta caracteriza las diversas historias en proceso, estas "diversidades económico-sociales" con sus historias tienen diversos grados de constitución social; finalmente, el concepto de intersubjetividad de esas diversidades en momentos de crisis social hace patente el grado de unidad de tales diversidades.

Por la mucha importancia que tiene el concepto de Bolivia como formación social abigarrada, tomamos otra interpretación, que contribuye a una mayor clarificación. Luis Tapia nos dice. "…la formación social abigarrada se caracteriza, entonces, por contener tiempos históricos diversos, de lo cual una expresión más particularizada es la coexistencia de varios modos de producción; la existencia de varias formas políticas de matriz diversa o heterogénea, que se expresa en la existencia de un conjunto de estructuras locales de autoridad, diversas entre sí y un estado más o menos moderno y nacional, pero que no mantiene relaciones de organicidad con los anteriores, y, en consecuencia, es un estado más o menos aparente"3. Por cierto que esta interpretación hace más inteligible el concepto que nos ocupa. Formación social abigarrada significa coexistencia de varios modos de producción, en un buen grado de desarticulación, lo que a su vez implica tiempos históricos diversos; esto en el nivel de lo productivo, en tanto que en el nivel político tenemos un Estado "moderno", con una normativa acorde con lo que es propio del Estado capitalista, pero que existe en la exterioridad, dado que existen comunidades culturales, que ellas mismas se dotan de sus autoridades locales, y esta matriz política tiene ciertamente una larga historia. Aquí se encuentra la razón para que Luis Tapia en su interpretación se refiera a "un estado más o menos aparente"; porque no existe la correlatividad de esas "diversidades económico-sociales" (Luis H. Antezana), de esas "comunidades culturales" (Luis Tapia) con el Estado, y de éste con aquellas.

Es propio de la formación social abigarrada boliviana no sólo esa diversidad o heterogeneidad social, etc., sino que le es inherente las clases sociales; es decir, la lucha de clases sociales. Este es uno de los componentes neurálgicos, es como el sistema nervioso central y periférico del organismo. Por su importancia, y a riesgo de ser repetitivo: no existe la formación social abigarrada boliviana sin clase sociales; ciertamente la configuración de éstas en nuestra historia ha seguido un proceso muy particular, por varios factores: por la presencia e intervención de fuerzas externas, del imperialismo, sobre todo norteamericano, por factores como el racial, etc. Nuestros estudiosos, analistas, investigadores, politólogos, sociólogos, etc., hablan de la diversidad de culturas, de lo multiétnico, multilingue, etc.; pero, en esencia, omiten hablar de las clases sociales, y de la lucha entre ellas. Aquí, también, hay la relación entre capital y salario, entre empresarios o empleadores y trabajadores asalariados, entre una oligarquía (como fracción de la burguesía) y los obreros; entre una ideología dominante (hoy de carácter neoliberal), que se practica y se alienta desde el Estado y otra ideología contra-hegemónica, que en estos tiempos va ganando espacios, se hace hegemonía –también- desde la sociedad civil.

Esto es tanto más importante, porque hoy en día se puso de moda hablar de movimientos sociales, sin nombre y apellido, a secas; y no hacen la menor distinción de los mismos; pues los hay también los que son reaccionarios, con ideologías demasiado conservadoras, y a veces hasta fascistas; y quienes hablan de movimientos sociales, no siempre hablan de las clases sociales, y de la lucha entre ellas; es más, no hacen la menor referencia a la necesidad de la organización política de dichos movimientos sociales. Pero esto es materia de otro análisis.

¿Por qué al discurrir sobre la Asamblea Constituyente, sobre los temas a discutir en ésta, hemos discurrido sobre lo que Bolivia es, en una caracterización general, discusión que debe traducirse en una nueva Constitución Política del Estado?, porque es la fuente de esos mismos temas, porque los asambleístas no pueden ignorar lo que Bolivia es en su pasado y presente; es más, para que tales temas tengan la legitimidad necesarias, temas que deben ser propuestos por los mismos asambleístas, y no por unos pocos iluminados: ayudantes, asesores, consultores: internos y extranjeros.

Ahora bien, cada asambleísta es una historia, una lengua, una cultura, que procede de una diversidad económico-social, de una nacionalidad, pero también de una clase social. Cada uno de ellos tiene un tipo de consideración sobre las fuerzas extranjeras, ubicadas en los centros de poder del norte: Estado imperialista, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, transnacionales, instituciones que financian las ONGs que actúan en el País, etc. Por lo que, cada miembro de dicha Asamblea ha de participar con un determinado capital cultural y político, con una cierta moralidad en su práctica política. Nuestro tiempo no es el de "las cosas pequeñas", es un tiempo político de mayores realizaciones, que pueden ser de avances o de frustraciones, para largo tiempo.

Por cierto que "la cosa" no deja de ser complicada, y tampoco con respecto al número de asambleístas. En el Congreso Nacional, y particularmente en el Senado, que se constituye en la cámara de origen, existe se nos dice: un Anteproyecto consensuado de Ley de convocatoria a la Asamblea Constituyente, téngase en cuenta el término consensuado4. La pregunta es inevitable: ¿quiénes participaron de ese consenso?; ésta palabra, que en realidad contiene un concepto hace referencia a la participación de la mayoría de los espacios de la sociedad civil, y si "la cosa" es así, de ¿qué consenso se habla?, ¿del consenso de unos cuantos iluminados?, si es un documento que recoge las ideas de estos iluminados, ese anteproyecto en consecuencia carece de legitimidad; por tanto no expresa lo que es una democracia participativa, sino elitaria, como lo fue –en esencia- particularmente desde 1985 al presente. Aquí está en juego no sólo situaciones de legalidad, sino de legitimidad.

Veamos, qué pasa con el número de asambleístas, dicho documento o anteproyecto contempla tres opciones. Por cuestiones de ilustración nos referimos a los mismos:

"En la primera opción, que sugiere a 190 constituyentes, se elegirían a 18 por circunscripción nacional, dos por cada circunscripción uninominal haciendo un total de 136 y los restantes 36 escaños serían distribuidos de acuerdo a la representación proporcional del número de habitantes en circunscripciones departamentales. La segunda posibilidad plantea 188 constituyentes, 18 de sus miembros serían elegidos por circunscripción nacional, uno por cada circunscripción uninominal haciendo un total de 68 y los restantes 84 por representación proporcional al número de habitantes por departamento. Al igual que en la segunda posibilidad, en la tercera se habla de 188 asambleístas. En este caso se elegirá un constituyente por cada circunscripción uninominal sumando un total de 68; 102 escaños serían repartidos de acuerdo al número de habitantes por circunscripción departamental, 18 circunscripciones especiales étnicas, 12 para tierras altas del occidente y seis para tierras bajas del oriente".

Así existan 13 proyectos en el Congreso, ello es muy poco relevante dado que "en las bases sociales", en el seno mismo de nuestro Pueblo no se ha discutido lo necesario; por lo que tal documento, con el rubro específico del número de constituyentes es también ilegítimo. ¿Han discutido las culturas, o como se dice los pueblos originarios, que existen a lo largo y a lo ancho de nuestra geografía?, ¿las comunidades universitarias, tanto de las universidades estatales como privadas han discutido lo concerniente a la Asamblea Constituyente?, ¿los profesores del nivel primario y secundario, que se encuentran en toda nuestra geografía han discutido ésta temática?, y etc., etc. Justamente por estas razones, tal anteproyecto carece de legitimidad.

Es bueno traer a la memoria lo siguiente: la historia de Bolivia es la historia de la contradicción entre nación y Estado, contradicción que expresa a un Estado sin nación, a un Estado contra la nación. La nación no ha estado expresada ni representada en el Estado, no se ha construido el Estado nacional5. El Estado boliviano ha tenido y tiene carácter de clase, de una clase dominante de latifundistas, comerciantes de minerales; un Estado que ha expresado las necesidades e intereses de la oligarquía de la plata y el estaño, de un Estado que ha respondido a la "minería mediana", por cierto que entre comillas, pues para este País se trató y se trata de una minería grande; es más ésta organización jurídica y política como es el Estado viene respondiendo, desde hace décadas atrás al sector de los empresarios de la agroindustria cruceña. Desde las exportaciones de minerales, por los comerciantes del rubro de 1825 al presente, la clase dominante –y no es ninguna novedad- fue una clase social antinacional, porque sus intereses estuvieron y están ligadas al extranjero, a mercados fuera del País, a entidades financieras externas, etc., porque fueron muy sensibles a los influjos y determinaciones de los centros de poder del norte.

En tanto que los trabajadores del campo y de la ciudad, a lo largo de "la historia" fueron quienes mostraron y demostraron tener carácter nacional, sus intereses estuvieron y están aquí, en esta nación conformada por ellos, en ésta nación despreciada por aquellos, por los que dominaron con las leyes y el ejército, por los que excluyeron a la gran mayoría de la población, y que sin embargo se sirvieron de ésta población. La clase dominante, por supuesto que ha tenido y tiene su ideología, y la ideología dominante, ayer como hoy fue y es de ésta clase dominante. Esta clase tiene sus productores de ideología: profesionales de diversa índole, asesores, consultores, etc. ¿Acaso cuando éstos presentan sus anteproyectos y proyectos de Ley, para esto o aquello; acaso, cuando los consultores presentan sus resultados: informes, trabajos de investigación, etc., lo hacen al margen de la ideología dominante?, de ninguna manera. En esos trabajos, supuestamente muy técnicos está presente la ideología dominante, la ideología de la burguesía del País, de las transnacionales, del Imperio, etc. Si es que no es así, demuéstrese lo contrario.

Como no estamos en 1825 (cuando se aprueba el acta de la independencia, al margen de la mayoría de la población, particularmente indígena), sino en el 2005 (cuando se empieza a hablar de una nueva Asamblea Constituyente, y ya no se puede ignorar a la población indígena y de los trabajadores asalariados y no asalariados); como ya no estamos en un 6 de noviembre de 1826 cuando se sanciona la primera Constitución, ni en un 19 del mismo mes y año cuando se promulgó dicha Constitución liberal, cuyo Art. 14, expresa lo siguiente:

"Para ser ciudadano es necesario:

1o. Ser Boliviano.

2o. Ser casado ó mayor de veintiúm años.

3º. Saber leer y escribir; bien que esta calidad solo se ecsijirá desde el año de mil ochocientos treinta y seis.

4º. Tener algún empleo, o industria, o profesar alguna ciencia ó arte, sin sujeción a otro en clase de sirviente doméstico". Sino que estamos con otra Constitución Política del Estado, que data del 13 de abril de 2004, que en su art. 40, se señala: " La ciudadanía consiste:

1º. En concurrir como elector o elegible a la formación o al ejercicio de lo poderes públicos.

2º. En el derecho a ejercer funciones públicas, sin otro requisito que la idoneidad, salvo las excepciones establecidas por Ley.

Art. 41. Son ciudadanos los bolivianos, varones y mujeres mayores de dieciocho años de edad, cualesquiera sean sus niveles de instrucción, ocupación o renta". Como estamos en otro tiempo, lo importante es ejercer los derechos que se tiene como ciudadano; en tal sentido, también, se ejerce derechos haciendo democracia participativa; este es el momento, para que los "humillados y ofendidos" digan su palabra, y esa su palabra esté en ese instrumento jurídico y político mayor, como es la Constitución.

Hay toda una historia de los cambios que se han producido en las constituciones, desde 1826 al presente, una historia de reformas que en buena medida han mantenido lo estipulado en la primera, que fue propuesta por Simón Bolívar. Los cambios en la Constitución, no pueden explicarse por sí mismas, las reformas que se hicieron nunca fueron un asunto estrictamente jurídico, sino en esencia de dimensión política, donde se concentra la problemática económica, social, cultural, etc., que encontramos en el devenir de nuestra historia.

La presente temporalidad es de convocatoria, la indiferencia no tiene su razón de ser; que otros piensen y discutan, que propongan y aprueben por nosotros, no sólo que deviene en ilegitimidad, sino que puede ser una condena por mucho más tiempo a la exclusión de los más, en beneficio de los menos.

La propuesta de una nueva u otra C. P. E., debe en esencia proceder de los marginados, de esa inmensa mayoría de la población, que constituye esas "diversidades económico-sociales". Sus representantes en la Asamblea deben desarrollar –siguiendo el pensamiento gramsciano- una práctica política como ética de lo público, una práctica política no despojada de moralidad, de moralidad para con su Pueblo. Y esto ¿por qué?, de no estudiar ni pensar, de no discutir ni proponer lo harán los otros: ¿quiénes son los otros?, los representantes de las oligarquías regionales; pues la Asamblea Constituyente muy bien puede servirles para refundar o reconfigurar el Estado a la medida de sus necesidades e intereses, directa e indirectamente. Estas oligarquías, ligadas a las empresas transnacionales, disponen de asesores, consultores, mensajeros, sirvientes, etc., quienes pueden elaborar o redactar un anteproyecto o proyecto de C.P.E., y como tienen altas tasas de ganancia pueden comprar algunas conciencias (la historia parlamentaria de Bolivia tiene muchos ejemplos al respecto). De ahí la enorme necesidad no sólo de entender y comprender la divisa gramsciana: la práctica política como ética de lo público, sino de traducirlo en práctica misma, y mucho más en estos tiempos de política.

Finalmente, y como especie de síntesis de la relación anterior. Dada la contradicción entre nación y Estado en Bolivia, el propósito mayor de la Asamblea Constituyente reflejada en una nueva C.P.E. debe ser la atenuación de esa contradicción, de mayores grados de reciprocidad entre nación y Estado, de un nuevo Estado donde se exprese y represente en mayores grados a la nación; un Estado que paulatinamente deje de ser aparente, y que paulatinamente también, en el terreno de la realidad, esté conformado por esa nación. Ciertamente para ello se requiere de otras causales, como las económico-sociales; pero, también, desde el ámbito jurídico y político se puede contribuir a ello.

1 ANTEZANA, Luis H. La diversidad social en Zavaleta Mercado, CEBEM, La Paz, 1991, P. 141.

2 Ibd. PP. 141, 2.

3 TAPIA, Luis. La producción del conocimiento local. Hiostoria y política en la obra de René Zavaleta, Muela del diablo editores, Bolivia, 2002, P. 310.

4 En el periódico EL DEBER, de Santa Cruz (30 dic. 2005), a título de ilustración, encontramos la siguiente información: "La comisión mixta de Constitución logró consensuar en el Congreso un anteproyecto para convocar a la Asamblea. Tiene previsto que se realice el último domingo del mes de junio de 2005". Aquí el término consensuar adquiere otro significado, que está adquiriendo notoriedad y aceptación, en ciertos espacios.

5 Ver a este respecto la obra de Isaac Sandoval Rodríguez: Nación y Estado en Bolivia, donde el autor entre otras cosas, explica con plena documentación respaldatoria la existencia de tres espacios sociogeográficos, desde los tiempos de la colonia: El espacio sociogeográfico andino, conformado por las grandes comunidades de aymaras y quechuas; el amazónico, conformado por las comunidades de moxeños y chiquitanos; y el del rio de la plata, conformado por los chiriguanos. En la colonia estos espacios estaban articulados por el mercado potosino y la audiencia de charcas. Al comenzar la República esta articulación sufre modificaciones que llegan hasta el presente. Si hay algo que ha caracterizado, también, a la historia republicana es -en esencia- esa desarticulación entre tales espacios sociogeográficos, hubo un escaso desarrollo del mercado interno. Vale la pena en estos tiempos, discutir la interesante y sugerente obra de Sandoval Rodríguez.

¿POR QUÉ CONTROLAR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL?

Por: Dr. Guillermo Viaña

INTRODUCCIÓN

El constitucionalismo actual ha generado la estructuración de órganos encargados de velar por la supremacía de la Constitución, ya se llamen estos Tribunales Constitucionales, Cortes Constitucionales o reciban otra denominación, su desarrollo teórico y concreción en el orden institucional del Estado son un aporte fundamental en el avance del Derecho Constitucional.

Empero se debe tener siempre presente que el orden democrático que trasluce nuestra organización social encuentra su fundamento de validez en el Soberano Popular quien como titular del Poder Constituyente lo impone, lo mantiene y lo proyecta al futuro, debiendo por tanto tal orden democrático (plasmado en la Constitución) responder a los intereses del "Pueblo". Tal situación pone en claro que los aciertos o los errores del controlante constitucional (Tribunal Constitucional) al momento de interpretar la Norma Fundamental inciden positiva o negativamente sobre los intereses democráticos perseguidos por el colectivo social.

En tal contexto el problema se traduce en que no existe una garantía plena de que el ente controlante de la supremacía constitucional, el denominado Tribunal Constitucional interprete las normas constitucionales sin alejarse de los intereses democráticos proyectados por la Constitución y perseguidos por el Pueblo, al no tener por encima otro órgano a quien rendir cuentas.

En este sentido el presente artículo busca presentar de manera sucinta algunos fundamentos que sostengan la necesidad de pensar en implementar mecanismos de control sobre el Tribunal Constitucional. En el marco de lo dicho nos permitimos explicar dos de tales fundamentos.

Así 1°. el carácter político de la labor del controlante constitucional y 2°. la necesidad y aspiración de cambio que tiene el Soberano -en este caso el pueblo- sobre el orden político social establecido en la constitución, se convierten en problemas para el desarrollo de la actividad del controlante constitucional y por ende factores que llegan a justificar razonablemente la idea de implementar un mecanismo de control sobre el Tribunal Constitucional.

EL CARÁCTER POLÍTICO DE LA LABOR DEL CONTROLANTE CONSTITUCIONAL

El criterio de independencia del Tribunal Constitucional en relación a los demás órganos del Estado es sin duda importante, sin embargo aún si se logra tal meta, esto no significa de ninguna manera que dicho ente sea políticamente neutro. La idea de que el accionar de tal órgano se configure como una labor eminentemente técnico-jurídica de orden abstracto y por ende neutra, no es evidente, en este sentido Paula Viturro indica que la discusión generada sobre el problema de la justificación del control constitucional a llevado "a poner en duda la concepción originaria del control de constitucionalidad como una actividad estrictamente técnico-jurídica, y a centrar la polémica -permanentemente abierta- en torno a la politicidad del juez constitucional" [8]En este sentido la autora recuerda que el propio Kelsen no niega que el controlante constitucional (Tribunal Constitucional) tenga en mayor medida que el resto de los tribunales un carácter político [9]

Por lo dicho debemos hacer notar que el controlante responde a ciertas condiciones materiales de existencia que lo determinan en su forma de pensar y concebir las cosas y en este caso concebir el tipo de sociedad que considera es la adecuada con una apreciación de las características económicas, axiológicas, sociales, culturales, etc. que la misma debe contener. En tal medida si bien la Constitución escrita refleja un tipo de orden político social, es evidente que el controlante es quien al interpretar sus normas le da (en mucho) sentido y dirección, por tanto su labor no responde tan solo a criterios lógicos o la aplicación de principios universales y neutros decantados de contenido ideológico político, sino que al contrario su criterio expresa un determinado contenido ideológico que se proyecta sobre el tipo de orden político social vigente.

De este modo si se tiene en cuenta que la Constitución nos presenta un contenido político que en este caso plantea la forma de la propia existencia política de la sociedad bajo cánones democráticos, vale decir una forma de ser y estar democrática, lo importante será no la eliminación de la visión ideológico política que tiene el controlante constitucional, sino que la misma sea capaz de responder y/o actualizar los intereses democráticos que encarna y persigue la constitución. Por tanto: "Se trate de una Corte Suprema o se trate de una Corte Constitucional, el órgano interprete de la constitución debe tener una filosofía político-constitucional; porque la hipótesis contraria equivaldría tanto como a suponer que la tarea de la jurisdicción constitucional se desenvuelve en un empirismo del momento y al margen de fines u objetivos que orientan las decisiones de todo gobernante" [10]

Por lo explicado al ser la misión del controlante interpretar la Constitución, una expresión jurídica pero de naturaleza política, hace que el hecho de expulsar una norma del ordenamiento jurídico por ser inconstitucional sea (a pesar de estar envuelta en un ropaje técnico jurídico) una decisión política que determina y/o afecta la propia forma de la existencia política (del orden democrático) que ha asumido la sociedad. En este sentido Quiroga Lavié nos indica al hablar de la clasificación de los sistemas de control constitucional: "Según nuestra opinión, auque los órganos de control fueran los tribunales judiciales permanentes, pertenecerían al sistema político si el efecto de la declaración de inconstitucionalidad fuera invalidar las normas contrarias a la Constitución (el control político no depende de su origen sino de su función)" [11]En el mismo sentido Sagües expresa: "Si un órgano jurisdiccional puede vigilar la constitucionalidad de las normas, está desarrollando una notoria actividad política (en sentido de tarea de gobierno, de poder moderador o poder control de los demás poderes). En resumen, las cortes judiciales o los entes jurisdiccionales que actúan como órganos de control constitucional son, también, órganos políticos" [12]