El concepto de alianzas público–privada, hace referencia a los "diferentes acuerdos que se generan entre una entidad gubernamental y una o más personas, o instituciones de naturaleza privada, son arreglos contractuales en que, según riesgos y beneficios de la organización pública y la institución privada, teniendo en como fin una mayor eficacia en la producción y provistos en un contrato de alianza públicos y privados, cuyos términos están provistos en un contrato de alianza para la delegación de las operaciones, funciones, servicios o responsabilidades de cualquier diseño, desarrollo, financiamiento u operación de una o más instalaciones, o cualquier combinación de las anteriores"(Valverde, 2010).
En la república Dominicana existen en la actualidad múltiples alianzas estratégicas entre sectores de carácter privado como ONGs, empresas e instituciones académicas y dependencias estatales, como ejemplo, se pueden mencionar los siguientes:
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), en su Sede central, tiene acuerdos con instituciones empresariales, específicamente en la Facultad de Humanidades, Ciencias Económicas y Sociales, para promover empleos a los profesionales egresados de la misma. El Ministerio de Estado de la juventud, posee alianzas con el Ministerio de Trabajo, el Banco de Reservas, EDENORTE, universidades privadas, institutos técnicos, para evaluar jóvenes y recomendarlos a puestos de trabajo.
El Ministerio de Estado de Trabajo, tiene un proyecto llamado cumple y gana, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BHD), encargado de facilitar la logística, capacitación y equipos de trabajo. En el marco de las alianzas laborales, los antecedentes de estas experiencias se encuentran ligadas al proyecto de Promoción Empleo Juvenil en América Latina (PREJAL) el cual promueve el trabajo decente para los jóvenes, según establecen mediante: "la sensibilización e inclusión del empleo juvenil en las políticas y programas públicos de la investigación y difusión de conocimientos, de la asistencia técnica y del desarrollo de experiencia de capacitación socio-laboral con el sector privado".
La asistencia técnica para la elaboración, validación y puesta en marcha del plan de Empleo Juvenil (PEJ) en la República Dominicana, se enmarca en las acciones previstas en el Programa de Trabajo Decente para el país, vinculado al desarrollo de la Política Nacional de Empleo y a la Política Nacional de juventud.
De acuerdo a la organización Internacional del Trabajo (OIT), para la adopción del Programa de Trabajo Decente en la República Dominicana, en el 2007 se realizó la consulta tripartita, firmada por el gobierno a través de la Secretaria de Estado de Trabajo (SET) y los actores sociales (empleadores y trabajadores).
Dentro de las experiencias de alianzas público-privado relacionadas al tema laboral, sean registrados, desde 1999, varios proyectos apoyados por instituciones internacionales, con miras a mejorar el mercado de trabajo.
Entre las principales experiencias en estas materias, se encuentran las siguientes: Un proyecto a destacar es el programa INFOTEP-Zonas Francas: surgido en el año 1992 tras una alianza estratégica entre la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA) y el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), mediante el Convenio, éste último, se comprometía a invertir el 35% de los pagos recibidos de estas empresas en actividades de institución para sus trabajadores /as, las cuales se realizaban dentro de los parques industriales o, mediante sub.-contratos, en entidades de formación, logrando una cobertura importante en materia de capacitación desarrollada en el sector de Zonas Francas.
Otro de los programas de capacitación ofrecido por el INFOTEP a nivel nacional, que ha dado muy bueno resultados, es el Sistema Dual iniciando en 1987, para desarrollar la pequeña y mediante empresa, cuyo objetivo es formar jóvenes para insertarlos en el mercado laboral, los cuales pueden ingresar al sistema desde los 16 años en adelante, para ser preparados en una carrera técnica. Estos asisten durante seis meses a un centro de capacitación para instruirse en la parte teórica y luego les canalizan la integración a una empresa donde trabajan, aprenden y les paga un 40% del salario. Se afirma que la implementación de este sistema ha generado grandes expectativas en el país. De todas estas experiencias desarrolladas, se tomará como referencia "el programa de capacitación y modernización laboral juventud y empleo". Ejecutado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a partir de 2011 y comprendido en cuatro ciclos de formación, desde 2003-2006, y un a licitación con apoyo del Banco Mundial, finaliza en 2008.
Con este programa se logro la capacitación de 27, 494 jóvenes, en 1341 actividades formativas comprendidas en las áreas de ventas, servicio de bares y restaurantes, belleza, peluquería, confección de prendas de vestir, contabilidad, informática, entre otras, realizadas en 85 Centros Operativos del Sistema INFOTEP a nivel nacional y con la colaboración de 1,500 empresas (SET 2009).
Sin embargo, de acuerdo a las evaluaciones realizadas al programa, la primera etapa no logró un impacto sólido en la ocupación, debido, entre otros factores, a que "el empresario requiere de personas con mayores niveles de formación de hogar (costumbres, hábitos, actitudes)". Por otra parte, se determinó que "el programa tiende a excluir la población rural pobre, por su focalización (en la zona urbana) y las características propias del mismo (pasantía en una empresa formal).
En la segunda etapa del programa, el Ministerio de Estado de Trabajo (anteriormente Secretaria de Estado de Trabajo) prevé durante el período 2008-2011, impartir 1,917 cursos para beneficiar a unos 40, 500 jóvenes será de US$ 17,248,000 en cursos gestionados directamente y US$ 1, 212.000 en coordinación con el INFOTEP. Como se observa, las alianzas público-privadas en la República Dominicana, han estado orientadas a la formación académica de la población joven, para la colocación en un puesto de trabajo en un proceso de trabajo. Se puede afirmar, que hasta el momento, las experiencias de este tipo de alianzas en materia laboral, sólo cubre n los componentes de formación de resolución de posibles conflictos entre los actores participantes en el proceso. Dentro de los diferentes programas formativos, no se aprecian mecanismos para la orientación hacia los derechos laborales, condición necesaria para que el ciudadano común tenga una verdadera oportunidad de acceso a la justicia laboral. Ante esta realidad, se hace necesario dar respuestas a interrogantes como: ¿Qué sucede, en la actualidad, luego de los jóvenes ser capacitados para su inserción al área laboral? ¿Qué porcentaje real logra ser asimilado sosteniblemente en las empresas? , ¿Bajo cuáles condiciones?, ¿en caso de conflictos con el empleador, quién orienta?, ¿conocen estos jóvenes sus derechos laborales? Urge la complementación de los programas desarrollados hasta la fecha, con la integración de nuevos componentes, en específico la parte referente a la divulgación de los derechos laborales de los ciudadanos, de manera especial hacia los jóvenes, que se encuentran dentro de los grupos vulnerables de la sociedad y con menos experiencia prácticas en la materia. Con relación a la perspectiva en materia laboral, en la actualidad, el mundo presenta una crisis global de empleo, conforme al más reciente informe de la Organización para la Coordinación y Desarrollo Económico (OCDE), el índice de desempleo en los países más desarrollados está en su nivel más elevado. El promedio de desempleo llego a un 8.6% con un incremento de 17 millones de desempleados más, en comparación al año 2007. En América Latina y el Caribe, la situación del empleo se encamina hacia el mismo déficit. En el caso de la República Dominicana, los niveles de desempleo han ido en aumento, según el informe Dominicana en Cifras 2009, dentro de los indicadores económicos, los datos relativos a empleos generados por el sector de zonas francas según años y parques industriales (tomando como muestras los dos últimos años) presentan una generación de empleos, por esta rama, de 126,187 producidos durante el año 2007, en comparación con 122,531 del año 2008, lo que representa una reducción de 3, 656 empleos. Los indicadores sociales del sector empleo, relativos a la Población Económicamente Activa (PEA) y desempleo, por año, muestran aumento de 4,204,846 en 2007 a 4,261,917 en 2008 del PEA , pero presentaron una ligera reducción en los niveles de desempleo, pasando de 653,92 (15.55% ) en 2007 a 601,958 (14.12%) en 2008 (ONE, 2009) De acuerdo s los indicadores económicos de la CEPAL, el porcentaje promedio anual de la Tasa de Desempleo Urbano, aumentó de 14,1 en 2008 a 14,9 en 2009, situación que se reflejará de forma negativa en los indicadores sociales. Sin embargo, afirman que la economía dominicana logró mantener un crecimiento positivo en 2009 en torno al 2,5%. Para el 2010, pronostica un crecimiento superior al 3%. También prevé una inflación y un déficit de la cuenta corriente similares a los de 2009.
Frente a este panorama, es evidente que se presentarán obstáculos económicamente, pero también oportunidades para insertar mejoras en estos programas de alianzas estrategicas necesarias para el desarrollo y la búsqueda de soluciones tendientes a reducir la tasa de desempleo y por ende los niveles de pobreza. Para lograr éste propósito, es preciso fortalecer la institucionalidad laboral, tal como lo establece el informe de evaluación a los objetivos de desarrollo del milenio 2010, citando a la CEPAL:
"Es importante que los países cuenten con una institucionalidad laboral adecuada que posibilite que las dinámicas del empleo y las relaciones entre los distintos actores del mundo del trabajo se orienten efectivamente a armonizar el desarrollo económico y la inclusión social mediante el empleo. Del mismo modo, es importante también que la institucionalidad laboral haga posible la representación pública de los distintos intereses de los de los actores del mundo del trabajo. Por ello si bien se ha señalado que no existe un diseño único para la institucionalidad, es importante que el conjunto de regulaciones, legales y negociadas, que orientan el comportamiento de los actores involucrados hagan viable un funcionamiento eficiente del mercado laboral y, además, contribuyan a la representación pública, la protección social y la inclusión laboral de grupos específicos estructuralmente más débiles (CEPAL 2009c)." En este orden, es puntual crear consenso para fortalecer las funciones entres los principales órganos que representan la institucionalidad laboral del país: el Ministerio de Estado de Trabajo, encargado de orientar las políticas nacionales en torno al empleo y los Tribunales de Jurisprudencia Laboral, encargados de administrar la justicia en la materia. El Ministerio de Trabajo (anteriormente Secretaria de Estado de Trabajo), es la instancia estatal encargada de coordinar la política de empleo del gobierno, además de ser el órgano rector del mercado laboral, como lo establece el Código de trabajo dominicano:
"La Secretaría de Estado de Trabajo, como órgano representativo del Poder Ejecutivo en materia de Trabajo, es la más alta autoridad administrativa en todo lo atinente a las relaciones entre empleadores y trabajadores, y al mantenimiento de la normalidad en las actividades de la producción en la República…" (Art. 40) En su reglamento interno, tiene las funciones de: "Regir y regular las políticas laborales en el país, establecimiento las normas y los mecanismos de seguridad y seguimiento para su aplicación, satisfaciendo de manera oportuna y eficaz las necesidad de los actores del mercado de trabajo a fin de contribuir a la paz socio laboral y al desarrollo nacional" (SET, 2009).
Aunque tradicionalmente, este organismo se enfoca en la intermediación de los conflictos obreros-patronales, la ley le otorga una doble responsabilidad institucional, la gestión y la fiscalización en materia laboral. Con estas competencias, el Ministerio de Trabajo tiene que procurar desarrollar políticas de inclusión en la promoción al trabajo y a la vez fortalecer su rol de fiscalizador de los procesos. Los Tribunales de Jurisdicción laboral, son las instancias especiales creadas para la solución de conflictos, la cual debe iniciar con una conciliación entre las partes involucradas, según lo señalado en el principio XIII, del Código de Trabajo Dominicano: "Se instituye como obligatorio el preliminar de la conciliación. Esta puede ser promovida por los jueces en todo estado de causa.".
Este mecanismo de conciliación es la entrada del ciudadano a la justicia laboral, en caso de conflictos, ya que es el primer paso "obligatorio", sin embargo en la práctica presenta una serie de situaciones que limitan su ejecución, y desvirtúan el espíritu con que fue creado: concertar los respectivos intereses entre las partes; pero, el trabajador común no dispone de recursos suficientes para costear un abogado que lo represente, y en muchos casos, la solución está en la conciliación para evitar un largo proceso judicial, sin embargo, estas se realizan en un solo día, para atender varios casos, y los vocales (mediadores entres la partes) tienen que escuchar cada problemática, para luego proponer posibles soluciones, ante lo que se hace inminente preguntar:
¿Qué garantiza el mecanismo de "conciliación" bajo estas condiciones sea confiable y justo para el ciudadano? En torno al tema relacionado a la transparencia laboral, es importante destacar una experiencia de iniciativa internacional, desarrollada desde el año 2005 en cuatro países de Centroamérica, y que incluye a la República Dominicana. Se trata del proyecto "Mejoramiento Continuo en la Maquila" (MECOMAQ), o CIMCAW en ingles, dirigido Al sector de confección de vestuario y desarrollado con la cooperación de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos de Norteamérica (USAID) , integrado bajo alianza multisectorial para apoyar el mejoramiento permanente en materia de respeto a derechos y responsabilidad social empresarial, así como al cumplimiento de estándares laborales e competitividad. Dentro de los objetivos del proyecto se establece la "Capacitación conjunta entre trabajadores/as y gerencia de las empresas sobre los derechos y obligaciones fundamentales de las personas trabajadoras bajo las legislaciones nacionales y las convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)" Un componente interesante de este proyecto fue una serie de capacitaciones (2005-2007) dirigidas a inspectores de trabajo de los Ministerios y Secretarias de Trabajo de los países participantes. Entorno a las capacidades para el caso de la República Dominicana, según el documento de evaluación Alcances y Logros de las capacidades del proyecto CIMCAW a fábricas e inspectores de los ministerios de trabajo de la región centroamericana y República Dominicana, se afirma: "Luego de los talleres de noviembre 2005, los participantes demostraron un mejoramiento general de 50%, especialmente en temas como: trabajo forzado, trabajo infantil, prestaciones en casos de despido. Para enero de 2007, que se hicieron unos nuevos talleres, el mejoramiento de conocimientos fue de 45%. Las áreas con mayor porcentaje fueron trabajo forzoso, prácticas discriminatorias en la maquila, trabajo infantil y horas extras. Sin embargo, en ambos casos fue notoria la necesidad de profundizar mas en las reglamentaciones sobre trabajadores/as adolescentes. El documento también valora a nivel general, los aportes y resultados de las capacitaciones a los inspectores laborales, destacando los siguientes obstáculos a los cuales se enfrentan:
Carencias de recursos materiales y de apoyos institucionales para realizar la labor.
Los empresarios no reportan a los inspectores toda la información que ellos requieren para elaborar sus informes y dictámenes.
Alto grado de vacíos de ley en cada país que impiden realizar una labor optima.
De esta experiencia se desprende la urgencia de seguir capacitando en el área institucional para salvar los obstáculos mencionados y lograr un sistema transparente en el ámbito de las relaciones de trabajo, encaminando a brindar orientación y facilidades a los ciudadanos para el acceso a la justicia laboral.
Bajo este tema de la transparencia, en la actualidad, se encuentra en ejecución el Proyecto "Incidencia en Alianza Público/Privada para la transparencia y responsabilidad en el acceso a la justicia laboral en la República Dominicana" una iniciativa de la Fundación Laboral Dominicana, auspiciado por el PACT y la USAID".
El proyecto iniciado en 2009, dentro de sus objetivos propone: "Contribuir al fortalecimiento de los derechos laborales del país, a través, de la promoción y difusión de los mecanismos para acceder a la justicia laboral de los grupos vulnerables, así como sensibilizar al sector empleador sobre las ventajas de asumir compromisos para la transparencia y responsabilidad en torno al tema, en el marco del DR-CAFTA".
En lo relativo al traslado de libre comercio DR-CAFTA, desde las dependencias estatales se plantean las posibilidades de alianzas estratégicas internacionales. Ya existen acuerdos recientes relacionados a este tema, por ejemplo conforme a informaciones del Embajador dominicano en Washington, el 4 de junio del 2009 se firmó, en Agudilla, Puerto Rico, la Declaración Conjunta que crea alianza estratégica competitiva, entre Puerto Rico y República Dominicana, para fomentar una relación comercial bilateral, aprovechando los procesos de integración económica, que se desarrollan en el Caribe, Centroamérica, Suramérica y los Estados Unidos. Dentro de los objetivos propuestos por este acuerdo, literalmente, se citan los siguientes:
Desarrollar mecanismos ágiles de cooperación e intercambio para promover el desarrollo del comercio, la inversión y el turismo en el apoyo de los sectores públicos y Privado.
Incentivar el intercambio comercial entre la RD y PR dentro del marco DR-CAFTA y otros acuerdos de libre comercio firmados por la RD con otros países y bloques comerciales. Ejemplo: Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea y el Foro del Caribe (CARIFORUM, acuerdo mas conocido como el EPA.
Estimular, apoyar y fomentar encuentros entre el sector privado puertorriqueño y el dominicano para identificar joint-ventures y alianzas empresariales, entre otras, turismo, producción de películas entre PR y RD actividades culturales y creativas.
Desarrollar una política de empleos y reinserción laboral para estimular el ingreso y el crecimiento económico de los dos países.
Auspiciar intercambios tecnológicos y mejores practicas para diferenciar las matrices energéticas a fines de aumentar las fuentes renovables de energía así como evaluar la propuesta de integración energética RD-PR y la propuesta de un proyecto de interconexión eléctrica por medio de un cable submarino.
Promover e incentivar programas de producción de biocombustibles como etanol, biodissel, gas de síntesis y otras fuentes de energía renovables, tales como eólicas, solar y maremotriz, promoviendo además proyectos de reciclaje y energías limpias con el uso de la biotecnología y aprovechamiento de los desechos sólidos.
Como puede apreciarse, el alcance de esta alianza, contempla diferentes ámbitos que incluyen aspectos de intercambios culturales, también se tocan las áreas de turismo y energía, temas tradicionales sensibles e influyentes en los aspectos económicos del país. Esta alianza puede ser un mecanismo de desarrollo sostenible, que mejore las relaciones no sólo comerciales, sino interculturales entre la República Dominicana y Puerto Rico, creando nuevas oportunidades de relaciones de trabajo, ya enmarcadas en el plano internacional, conforme lo prevé el Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA.
En este tenor, la República Dominicana se encuentra en un proceso en un proceso de mediación internacional. Recientemente, fue celebrado en el país un foro internacional para buscar soluciones a la catastrófica y penosa situación que atraviesa la República de Haití. Uno de los objetivos del mismo fue facilitar el comercio, las inversiones y negocios entre empresarios de Europa, Estados Unidos, Canadá y Taiwán con otros de Haití y la Republica Dominicana, para dar prioridad a la rápida generación de empleo y establecer mecanismos que proporciones la participación de empresas dominicanas y haitianas, en alianzas comerciales e inversiones conjuntas con empresas extranjeras como "suplidores del mercado haitiano y de programas e iniciativas de organismos internacionales donantes, vinculados a la reconstrucción de Haití". Representantes de diferentes organismos nacionales e internacionales, han coincidido en la necesidad de crear alianza estratégica público-privadas entre ambos países, "a nivel público, a través de la comisión mixta, y con las empresas del sector privado, asociaciones empresariales y Organizaciones no Gubernamentales. Esta seria una excelente oportunidad para fortalecer existentes y para la creación de alianzas estrategicas basadas en la integración de todos los sectores involucrados, además, para la inserción de nuevos elementos al desarrollo productivo del país. En razón de que existe un intercambio comercial, no formal, entre ambos países y en virtud de que actualmente la República de Haití no cuenta en la actualidad con un sistema agropecuario estable, una posible alianza estratégica estaría dirigida al sector agrícola, donde se pueden crear acuerdos para generar empleos directos e indirectos, iniciando en las zonas fronterizas, que beneficien a ciudadanos de ambos países, los que permitirá una mayor inclusión social del sector rural en pobreza en esta zona. En resumen, las alianzas público-privada, son oportunidades necesarias para el desarrollo nacional. En el área laboral, se debe apelar a la capacitación permanente en los temas referentes a los derechos de los ciudadanos en esta materia, de forma tal que sea un componente presente para la incorporación en las actividades económicamente productivas.
Al estado corresponde proporcionar las herramientas necesarias para que las entidades gubernamentales con competencia para el trabajo, garanticen un verdadero acceso ciudadano a la justicia laboral y exista transparencia en los procesos generados, que ayuden al fortalecimiento democrático de la nación.
En este contexto, se hace inminente una reforma al Código de Trabajo Dominicano, proclamada ya, desde diferentes sectores de la sociedad.
Debido a los conflictos surgidos en los tribunales, una recomendación, para el acceso y transparencia a la Justicia Laboral es la implementación de un mecanismo donde los vocales de un mecanismo preparados para el manejo de sus funciones. Para lo cual, antes de instrumentado el expediente, estos deben de estudiarlo y analizar una posible conciliación, justa, entre el empleado y el empleador en un plazo razonable, con anterioridad a la llegada al tribunal. De esta forma los tribunales estarían más descongestionados, así se evitaría entrar en un largo procedimiento. Esto conlleva la habilitación de oficinas, no existentes en la actualidad, donde puedan realizar sus tareas, y evitar las improvisaciones frecuentes en los tribunales donde se ventilan conflictos laborales con un mediador carente de conocimiento del fondo, del caso que se trate, ya que cada situación tiene sus propios matices. En relación a las empresas que participan en alianzas, deben de crear mecanismos de orientación para explicar a las personas que van a emplear, no solo los estatutos y políticas internas de la institución, sino también, cuáles son sus derechos dentro de la compañía, lo cual fomentará un clima de transparencia y permitirá que el trabajo se desarrolle en un ambiente de armonía y confianza, que al final se traducirá en mayor rendimiento y beneficios para todos los involucrados. También es imperante terminar con diferentes prácticas que se dan en las relaciones laborales, como la discriminación por edad (las personas que pasan de 35 años, la mayoría de empresas no las contratan), discriminación por sexo (los hombres estadísticamente tienen mayores oportunidades de empleo que las mujeres), las cuales se inscriben dentro de las exclusiones y discriminaciones sociales que van en deterioro del desarrollo del país. Para alcanzar estos propósitos es determinante la voluntad, el interés y el compromiso que muestren los diferente integrantes de las alianzas público-privadas, tanto en la preparación de mano de obra calificada para el trabajo y el desarrollo económico, como en el objetivo de lograr un verdadero y sostenible acceso a la justicia laboral basado en la transparencia. Fuentes consultadas Bibliografía: Alcances y logros de las capacitaciones del proyecto CIMCAW a fábricas e inspectores de los ministerios de trabajo de la región centroamericana y República Dominicana. USAID, 2008.
Balance preliminar de las economías de America Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL, 2009.
Informe de evaluación a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Banco Mundial, 2010.
Informe de desarrollo humano 2009. Santiago de Chile: CEPAL, 2010.
Mercado Laboral de la provincia de Santiago: elementos de un plan de acción para generación de empleo. Santo Domingo: SET, 2009.
Puerto Rico y República Dominicana: Alianza Estratégica Competitiva. Discurso pronunciado por el Dr. Roberto B. Saladín Selin, Embajador de la República Dominicana en Washington Estados Unidos, el 3 de mayo de 2010, en el Sistema Universitario Ana G. Méndez de Puerto Rico. República Dominicana. Ley No. 16-92. Santo Domingo: Congreso Nacional, 1992.
Valverde, Leonardo. Estrategia y Metodología de Alianza Público-Privada para el acceso a la Justicia Laboral. Modulo III del Diplomado Alianza Publico-Privada para el acceso ciudadano a la Justicia Laboral en el marco del DR-CAFTA. Santiago de los Caballeros: USAID –PACT –FLD, 2010.
Entrevistas:
Lic. Saturnino Nina, Ministro de Trabajo, Ministerio de Estado de Trabajo, Regional Norte, Santiago, 2/7/2010.
Lic. Otto Vásquez, Ministro de la Juventud, Ministerio de Estado de la juventud, Regional Norte, Santiago, 2//2010.
Lcda. Claudia Jerez, Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) Regional Norte, Santiago, 2/7/2010.
Lic. Eduardo Beato, Supervisor de Coordinación y Registro Académico del Centro Regional Universitario de Santiago-Universidad Autónoma de Santo Domingo (CURSA-UASD), Santiago, 2/7/2010.
Sitios Web:
http://www.bancomundial.org http://bibliotecavirtualut.suagm.edu/Conferencias/PR-RD-Alianza-Estrategica-Competitiva.pdf http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/regional/ampro/cinterfor/temas/youth/exp/observa/rep_dom/indercio.htm http://www.iyfnet.org/uploads/entra21Learning%20Serie2SpanishFull.pdf http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp? http://wwwpdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADP801.pdf http://prejal.oit.orgpe/index.php?option
EXPERIENCIAS Y PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO DE ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA JUSTICIA LABORAL, DE LA DRA. MARIA NELLY SOSA ALEMÁN
"NO A LA CULTURA DEL SECRETO, SI A LA LIBERTAD DE INFORMACION"®
Santiago de los caballeros, República Dominicana Junio de 2010
Autor:
Dra. Maria Nelly Sosa Alemán Ing
.+Lic. Yunior Andrés Castillo S.
www.edu.red/usuario/perfiles/ing_lic_yunior_andra_s_castillo_s/monografias