Deuda externa argentina: proceso y funcionalidad para el desarrollo capitalista

• I – Introducción
• III – Los problemas derivados de la deuda
• IV – Algunas referencias históricas
• V – Final abierto

I – Introducción

A fines de 2001 y como consecuencia de la profunda crisis económica, social y política que se expresó en la renuncia del gobierno del Dr. Fernando De la Rúa (1999-2001), se dispuso la suspensión de los pagos de la Deuda Externa Pública (1) por el nuevo gobierno (de efimera duración, seis días) del Dr. Adolfo Rodíguez Saá.

Dicha política fue confirmada por el Dr. Eduardo Duhalde, presidente designado por la Asamblea Legislativa entre enero de 2002 y diciembre de 2003 a los efectos de completar el mandato.

En ambos casos, la decisión fue saludada efusivamente (de pie y aplausos) por buena parte de los parlamentarios. Los mismos que al poco tiempo subordinaron su voluntad política a las demandas del FMI y los "mercados globales".

Por ello, debe consignarse la voluntad de reiniciar los correspondientes pagos de intereses y capital de la deuda externa pública, la que se expresa en las continuas negociaciones encaradas por el gobierno argentino y el FMI, el G7 y particularmente con el gobierno de EEUU. Ese es el espíritu de la Resolución 73 del Ministerio de Economía antes comentada y que fuera recientemente formulada (25/04/02). La voluntad política del gobierno no es la suspensión, sino, la renegociación y reanudación de los pagos.

En ese sentido se pronunciaron los gobernadores de las provincias argentinas en su acuerdo con el gobierno nacional mediante 14 puntos, de los cuáles, el primero reconoce la necesidad de retomar el cumplimiento de los compromisos externos.

Con ello queda claro, que más que una voluntad política de repudio de la deuda externa, lo que existió fue la imposibilidad de continuar con el pago de los intereses y la renegociación de los vencimientos de capital por cierre de las fuentes internacionales de financiamiento.

Fueron innumerables las especulaciones realizadas previamente con la hipótesis del repudio de la deuda. Sin embargo, a cuatro meses de la suspensión de los pagos no se verifica una debacle del sistema financiero mundial, aunque la "represión" sobre la Argentina se hace sentir con el cierre de cualquier canal de financiamiento hasta tanto no se acuerden las condiciones con el FMI para la reinserción del país al mercado de crédito mundial.

El caso argentino puede ser esclarecedor a los fines de considerar las consecuencias resultantes de asumir o no una política de subordinación a los condicionantes del endeudamiento externo.

La deuda externa constituye un mecanismo de subordinación económico y político, al tiempo que funciona como instrumento privilegiado de la acumulación capitalista del núcleo de empresas que definen el poder y el curso del desarrollo del capitalismo local.

II Los datos del endeudamiento (2)

El stock de Deuda del Sector Público Nacional (Cuadro I) alcanza a 144.453 millones de dólares al 31 de diciembre de 2001. De ellos, el 38% está en títulos, el 57% en préstamos y el 5% restante en letras del tesoro (endeudamiento de corto plazo), donde buena parte del mismo fue colocado compulsivamente entre los bancos oficiales nacionales (BNA y BICE) y las AFJP.

Estos porcentajes generales de distribución de la deuda, principalmente títulos y préstamos se modificaron sustancialmente durante el 2001, ya que 42.258 millones de dólares (29.25% de la deuda total) en títulos se canjearon durante el año por préstamos. El canje se realizó principalmente con los tenedores locales de la deuda.

Del total de la deuda pública, 22% es con los Organismos Internacionales, 9.65% con el FMI (13.951 millones de dólares), 6.69% con el Banco Mundial (6.673 millones de dólares), 6.02% con el BID (8.704 millones de dólares). Estas deudas no entraron en la suspensión, por lo menos hasta fines de abril de 2002.

La deuda con Organismos Oficiales (Club de París, Gobiernos) es del 3.09% (4.476 millones de dólares) y tampoco entran en el diferimiento de pagos. La participación de los bancos comerciales es menor y solo alcanza al 1.39% (2.015 millones de dólares).

El 72% está expresada en dólares, el 18% en euros y más del 4% en yenes, con lo que las tres principales monedas acumulan casi el 95% del conjunto de la deuda. En pesos está nominada un poco más del 3% (Cuadro II).

El Cuadro III señala claramente las dificultades procesadas durante el año 2001 y que se expresan en el monto de las colocaciones financieras realizadas en el mercado internacional, superiores a los 32.000 millones de dólares, y particularmente al elevado costo en que se materializaron, superior en promedio al 12%. Precisamente, cuando la política norteamericana incluyó sucesivas disminuciones de la tasa de interés durante el año. El sobreprecio de la deuda argentina se vincula al riesgo de esa deuda.

Pueden apreciarse en Febrero, operaciones de canje por 1.594 millones de dólares y más importante aún, en junio, un canje por 28.980 millones de dólares, incluyendo aquí tasas que van del 7% al 15,5%. Esos canjes eran parte de una política de reprogramación de plazos y condiciones (garantías) para superar el inminente riesgo de default. En efecto, si la vida promedio de la deuda total es de 8,3 años, para los títulos es de 7,30 y para los préstamos 14,83 y con los organismos internacionales se reduce a 3,67. La extensión del plazo en préstamos se vincula a la reprogramación aludida en 2001 que llevó los vencimientos de la deuda hasta enero de 2031. Se canjearon títulos de pronto vencimiento por préstamos de más larga duración y con garantías en la recaudación fiscal.

El canje de deuda tenía previsto un nuevo tramo, esta vez con los tenedores externos de la deuda. Ello no fue posible, ya que en medio de las negociaciones sobrevino la crisis política que hizo caer al gobierno nacional.

Los vencimientos de capital de la deuda pública (Cuadro IV) eran insostenibles en el presente y próximo año, incluso en el horizonte hasta el año 2005 los montos a cancelar eran muy elevados, aún sin adicionar nueva deuda de corto y mediano plazo.

Sumaban 24.614 millones de dólares los vencimientos de capital en 2002 y 17.145 millones de dólares en 2003. La cifra disminuye porque no se incluye la deuda de corto plazo (letras del tesoro), ya que las licitaciones a diciembre de 2001 vencen en mayo de 2002. La continuidad de las proyecciones hacían pensar un 2003 más comprometido aún, sin considerar el crecimiento del endeudamiento de corto plazo en el 2002.

Se verifica que el efecto "benigno" de la reprogramación llega hasta el año 2007, que en condiciones de normalidad constitucional será fecha de una renovación presidencial. Se puede afirmar que era una forma de lanzar la bola hacia delante y en camino "resolver" los problemas.

En el Cuadro V puede observarse como fue cambiando la proporción de tenedores externos e internos de la deuda pública. Así, si a diciembre de 1997 el 72% del monto de la deuda estaba en manos de residentes externos, esos guarismos se reducen a 68% para el mismo mes en 1999, 64% a fines de 2000 y 57,50% en el registro de diciembre de 2001. Contrariamente, los residentes locales pasan de detentar el 28% en 1997 a sumar 42,50% en 2001.

Esta situación se explica por el papel de los bancos que actúan en el mercado local y las AFJP en la captación de títulos de la deuda. Ambas entidades fueron utilizadas por el gobierno nacional, como ya señalamos, para colocar compulsivamente deuda de corto plazo.

El Cuadro VI da cuenta de la evolución de la deuda en los últimos 10 años, precisamente aquellos de aplicación del régimen de convertibilidad (3) .

En ese período la deuda se incrementó en 2,27 veces, pasando de 61.000 millones de dólares a 139.000 millones de dólares.

Pero, mientras el sector público no financiero más el BCRA lo hizo en 1,66 veces, de 52.000 millones a 87.000 millones, el sector privado lo hizo en 10 veces, de 3.500 millones a 35.000 millones y el sector financiero excluído el Banco Central en 3,28 veces, de 5.000 millones a 16.000 millones.

Debe preocupar ese crecimiento relativo del endeudamiento del sector privado, particularmente cuando son muchas las empresas privadas (p.e. algunas transnacionales de servicios públicos privatizados) que han declarado su situación de default en los últimos días y que demandan al Estado políticas compensatorias que les facilite reanudar su operatoria financiera, o de lo contrario retirar sus inversiones del país.

Existen ejemplos de servicios públicos privatizados que volvieron a la orbita estatal luego de los fracasos privados, tal el caso del agua en la Provincia de Tucumán y recientemente en la Provincia de Buenos Aires con la empresa Azurix, propiedad de la ENRON. (4) En el artículo del Dipló se menciona el caso de Telecom Argentina que "se declaró en moratoria sobre su deuda externa de 3.250 millones de dólares. El default de Telecom fue el mayor para una empresa privada en la historia argentina".

Siguen los autores señalando que "una veintena de grandes corporaciones, incluyendo varias empresas privatizadas de servicios públicos como Aguas Argentinas, Transportadora de Gas del Norte y Metrogas, se declararon en cesación de pagos…". La situación de las empresas no deja de ser complicada; los vencimientos de obligaciones negociables hasta fin de año llegan a los 3.930 millones de dólares. Los meses más difíciles serán los de Julio y Agosto, ya que hay vencimientos por 932 millones de dólares y 750 millones respectivamente.

Asistiremos seguramente a un escenario donde las empresas privatizadas continuarán pujando por lograr aumentos en las tarifas de sus servicios o por obtener subsidios por parte del Estado, como una forma de evitar sufrir el impacto devaluatorio, que impacta sobre sus balances por el lado financiero y que profundiza la depresión de un mercado interno vital para su estrategia "rentística".

Los Cuadros VII y VIII dan cuenta de la concentración de vencimientos de la deuda del sector privado y financiero, que entre ambos acumulan 52.000 millones de dólares.

Para el sector privado no financiero, los vencimientos se acumulan en un 50% hasta el 2003 y para el sector financiero sin el Banco Central, más del 60% es de corto plazo, es decir, con vencimientos en el 2002.

Finalmente, el Cuadro X señala algunos ratios de interés, destacando que la relación deuda/PBI supera el 50%.

Esta relación se modifica sustancialmente luego del cambio de la paridad cambiaria a comienzos de enero de 2002. A fines de abril de 2002 la cotización del dólar se encontraba a una paridad de $3 por dólar y de ese modo, la relación deuda/PBI alcanza 150%, comprometiendo y condicionando seriamente la evolución económica de la sociedad argentina.

Midiendo la deuda como porcentaje de las exportaciones se obtiene un valor del 455%, necesitándose más de 5 años de exportaciones para cancelar la totalidad de la deuda externa pública.

III – Los problemas derivados de la deuda

Existen problemas fiscales evidentes, los que resultan de un creciente compromiso de los recursos fiscales para el pago de los intereses de la deuda externa.

En el marco del estancamiento de los ingresos e incluso de su reducción, la permanente expansión del gasto por intereses afectó la posibilidad de sostener otros rubros del presupuesto, particularmente aquellos de carácter social y los relativos al empleo e ingresos salariales de los trabajadores del Estado y la población con cobertura previsional.

En la década del 90, ese crecimiento de los desembolsos por intereses se produce luego de la refinanciación suscripta bajo el Plan Brady.

En efecto, si en 1992 los intereses abonados fueron 3.500 millones de dólares, en el 93 llegaron a 3.600 millones y se elevan al año siguiente hasta 4.700 millones (94). La suba desde 1995 se acrecienta en forma importante, siendo de 6.300 millones ese año, de 7.300 millones en 1996; 8.800 millones en 1997; 10.300 millones en 1998; 11.300 millones en 1999; 12.300 millones en 2000 y 12.000 millones en 2001. Este último guarismo representa el 22% del total del gasto público presupuestado. Esa evolución de los intereses se hacía insostenible.

Intereses pagados 1992/2001.

Fuente: Ministerio de Economía (millones de dólares).

Pero aún siendo importante el problema fiscal que se deriva de la deuda, más destacable es su papel como facilitador de los mecanismos económicos y extraeconómicos que definen la acumulación de capitales y ganancias.

En efecto, el endeudamiento fue utilizado como argumento ideológico para la privatización de las empresas públicas. Debe recordarse que en la última parte de la gestión del Dr. Alfonsín (1983/1989), especificamente desde fines de 1988 se suspendieron los pagos de la deuda. Estos se retomaron en los primeros años de la administración gubernamental del Dr. Menem, primero parcialmente (año 90), lo que permitió luego, renegociar la deuda en las condiciones del Plan Brady: los bancos acreedores se sacaron de encima la incobrable deuda, largamente amortizada en sus balances, tanto por previsiones propias, como por disposiciones precautorias de las entidades de supervisión de los respectivos países.

Recibieron a cambio títulos nuevos, garantizados por bonos del tesoro norteamericano y que además, pudieron colocar en el mercado global de capitales. Entre otros, crecieron los tenedores argentinos de esos títulos. Los bancos comerciales transnacionales pasaron de ser los principales acreedores de la deuda externa argentina en 1992, en tanto prestamistas, a representar actualmente el 1.39% del total de la deuda y eventualmente contar títulos en cartera que pueden colocar en el mercado secundario de títulos.

El tema tiene importancia, ya que alguna disposición política relativa al no pago de la deuda tenía a los bancos comerciales como principales afectados. El Plan Brady los liberó de esa posibilidad y en la actualidad buena parte de esos títulos, como vimos, está en manos de residentes argentinos, especialmente por las inversiones derivadas del fondo de capitalización que resulta de los aportes de los trabajadores al régimen de jubilaciones.

Debe anotarse a ese efecto la privatización del régimen previsional, iniciada en 1994 y que al 31 de marzo de 2002, los fondos de jubilaciones y pensiones acumulaban $24 mil millones de pesos, en manos de 12 Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP).

Dicho fondo generado en los últimos años está invertido principalmente por títulos de la deuda pública externa. Eso explica, entre otros, el cambio importante de tenedores de la deuda externa de residentes externos a locales.

Desde el Plan Brady hasta el presente se operó un cambio de la deuda externa, de créditos con los bancos comerciales a títulos públicos y crecieron los tenedores locales, perdiendo exposición financiera los externos. Es un proceso de "nacionalización" de la deuda externa.

Los títulos públicos (emitidos por el Gobierno Nacional y entes estatales, incluyendo economías regionales) siguen siendo el principal instrumento de la cartera de inversiones de las AFJP, afectando el 67% de los fondos. Las acciones y títulos privados representan el 16% del fondo total y los depósitos a plazo fijo el 7%. Los títulos valores extranjeros aumentaron su participación y representan el 6%. (5)

Si la renegociación de la deuda se procesa entre los años 91/93, el proceso privatizador se concentra entre 1992/94. Uno de los argumentos ofrecido era que el Estado cedía (vendía) patrimonios generadores de endeudamiento.

Los datos de las privatizaciones reflejan la valorización reducida de las empresas y la carga al presupuesto estatal de las deudas de esas empresas. El consenso social fue extendido en los dos sentidos: debían enajenarse las empresas públicas para achicar el Estado y al mismo tiempo, se tenía que honrrar la deuda cancelándola.

Esos mecanismos ideológicos y propagandísticos utilizados para ganar consentimiento deben considerarse instrumentos extraeconómicos. En rigor, también pueden consignarse como tales las acciones represivas contra la resistencia a las privatizaciones y al pago de la deuda y permanente subordinación al FMI, a los bancos transnacionales y al conjunto del sistema financiero internacional.

Entre los mecanismos económicos más destacables puede consignarse el papel del endeudamiento público para favorecer la fuga de capitales, las remesas de utilidades al exterior del sector privado y el importante papel estatal en la atracción de excedentes de capital para acrecentar las reservas internacionales. Un elevado nivel de reservas contribuía a sostener una imagen de país confiable en el destino del capital.

En ese sentido puede observarse como la Argentina fue favorecida con el flujo internacional de divisas en la primera parte de la década del 90 en relación a sus socios del MERCOSUR, particularmente el Brasil, que es la economía de mayor potencia relativa y absoluta. La ecuación se modifica sustancialmente entre 1996 y 2000.

El financiamiento externo ha sido un mecanismo de acumulación del sector privado y que al mismo tiempo realimentó un proceso de déficit fiscal recurrente que demandaba mayores ingresos de creditos internacionales. (6)

Ello responde a las formas de la acumulación de capitales a partir de la crisis de los 70. En efecto, puede señalarse la convergencia de la evolución del endeudamiento externo con la fuga de capitales (7) , de particular interés a partir de la expansión de la deuda a fines de los años 70 con la dictadura militar.

La conclusión de los autores es que "por cada dólar que entraba vía el endeudamiento externo había otro que se fugaba al exterior. Con posterioridad a la crisis financiera de 1981 y al estallido de la crisis mexicana de 1982, el estado argentino se hace cargo de una parte significativa de la deuda externa privada a través de la instrumentación de los seguros de cambio. Por lo tanto, en esos años el endeudamiento externo no solo sirvió para financiar la fuga de capitales sino que, asimismo, el estado, al estatizar la deuda externa privada, efectuó una transferencia de recursos hacia el capital concentrado sin contrapartida alguna."

Según cálculos oficiales, la fuga de capitales se estima en 106.000 millones de dólares, mientras que para el equipo de economía de FLACSO, que dirige Basualdo, los valores alcanzan a los 150.000 millones de dólares.

Cualquiera de ambas cifras que se puedan considerar, tienen relación con el elevado endeudamiento registrado a fines de diciembre de 2001, que tal como señalamos alcanza a 144.000 millones de dólares.

IV – Algunas referencias históricas

Ni la deuda ni la crisis de la deuda son un tema nuevo en la Argentina. Nuestra historia podría remitirse al papel de la deuda pública en la constitución del Estado Nacional, crédito con la Bahring Brothers mediante, pero no es nuestro objeto remitirnos al Siglo XIX.

Es más, en la edad de oro del capitalismo, en la posguerra, Argentina se inserta en la división internacional del trabajo sin problema de endeudamiento. Esta es otra historia y en ella tampoco nos detenemos.

El problema remite a los cambios económicos, políticos y sociales impulsados desde el gobierno militar en 1976. Entre 1976 y 2001 se pagaron intereses por 139.000 millones de dólares, una cifra similar a los 144.000 millones que figuran con monto de deuda al final del periodo, habiendo comenzado con 9.700 millones de dólares. Un crecimiento espectacular de 1450%, para haber abonado en intereses lo mismo que se adeuda actualmente.

La deuda externa crece entre 1976 y 1983 un 370%, ya que de 9.700 millones de dólares, se pasa a 45.590 millones de dólares en esos años. Con el agravante citado anteriormente, de la estatización de la deuda externa, proceso consolidado en 1982 en oportunidad de presidir el BCRA el Dr. Domingo Cavallo.

Debe consignarse en este periodo el endeudamiento deliberado e innecesario de las empresas públicas, por caso la petrolera estatal YPF, fuertemente endeudada al mismo tiempo que crecía el precio del petróleo en escala mundial.

También se incrementa la deuda por gastos militares y en armamentos. En el periodo militar se registra el conflicto limítrofe con Chile a fines de 1978, la guerra por Malvinas con Gran Bretaña en 1982 y las demandas derivadas del terrorismo de Estado impuesto por la dictadura genocida entre 1976 y 1983.

Las empresas privadas también fueron inducidas al endeudamiento en momentos de bajísimas tasas de interés internacional. El ministro de economía de la dictadura, Dr. Martínez de Hoz, provenía de la principal organización de representación de la cúpula empresaria, el Consejo Empresario Argentino (CEA) y al momento de asumir era presidente de la acería ACINDAR, empresa con el mayor nivel deendeudamiento externo a finales de la dictadura.

Ya en tiempos de gobiernos constitucionales, entre 1983 y la actualidad, la deuda sigue su crecimiento.

Durante la gestión radical del Dr. Alfonsín (1983/1989) se pasa a 65.650 millones de dólares, es decir, un 44% más. En este periodo se inician procesos de renegociación con el FMI y la banca transnacional. Comienzan las primeras operaciones de capitalización de la deuda externa y no se puede llevar adelante el proyecto global de privatizaciones que se efectivizará en el turno siguiente.

Bajo las dos administraciones del Dr. Menem (1989/1999) el saldo alcanza a 146.400 millones de dólares, es decir, una expansión de 123%. En rigor, el crecimiento no es mayor por efecto de las privatizaciones que acercaron liquidez al fisco (18.000 millones en tres ejercicios) y del Plan Brady, que representó una disminución del monto de la deuda al momento de su suscripción.

Crecimiento de la Deuda Externa Pública

En los dos años de la presidencia del Dr. De la Rúa, el registro al 31 de diciembre de 2001 es de 144.452 millones.

Debe mencionarse que entre diciembre de 2000 y un año después, antes de la caída del gobierno, los temores de default eran constantes y llevó el costo del dinero para la Argentina a tasas verdaderamente usurarias, con el valor de riesgo internacional superior a cualquier país, aún aquellos que atravezaban también crisis de endeudamiento.

Así, se negocia una ayuda internacional en diciembre 2000, conocida como "blindaje financiero" por casi 40.000 millones de dólares (8) , los que se colocaron a disposición del país ante una emergencia de pagos. Esos fondos no fueron desembolsados en su totalidad e incluía aportes de los organismos financieros internacionales, algunos países (p.e. España) y bancos comerciales.

El ex ministro Cavallo se encontraba negociando un desembolso de esos fondos cuando fue despedido por la movilización popular el 19 de diciembre de 2001.

Durante 2001 se hacen dos operaciones de canje de títulos, una en junio por 28.000 millones de dólares y otra en noviembre por 42.000 millones de dólares con tenedores locales de la deuda, principalmente bancos y AFJP. En este caso, se otorgaron préstamos garantizados a cambio de los viejos títulos devaluados, estirando los plazos de vencimiento (años de gracia incluídos), modificando las tasas de interés y ofertando mejores garantías (recaudación). Uno de los objetivos buscados desde hacía mucho tiempo era garantizar la deuda con recaudación fiscal.

Ese canje incluyó a los tenedores locales de títulos de la deuda externa y constituyó el primer tramo de una operatoria que se extendería a todos los acreedores externos. Renegociación suspendida por la crisis política y que hoy se recrea por el nuevo gobierno. Entonces se señaló, que si las condiciones del segundo tramo mejoraban las del primero, los acreedores locales podían recomponer su canje de títulos a las nuevas mejores condiciones.

Esa deuda resultante del canje fue pesificada a febrero de 2002 a $1,40 por cada dólar más el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), índice que acompaña la inflación a precios minoristas. De ese modo, el canje de deuda pasó a expresarse en pesos, es decir, 70.392 millones de pesos (42.000 x 1,40 + 20%), que a $3 por dólar alcanzan a comprar 23.464 millones de dólares (70.392/3). Son datos de referencia a fines de abril de 2002.

Los tenedores locales de esos títulos canjeados aún no han aceptado estas nuevas condiciones y en rigor tienen plazo legal durante el mes de mayo de 2002 para aceptar o rechazar las condiciones de la pesificación más la aplicación del índice CER. En mayo se cobra la primera cuota de intereses.

Es más, durante el mes de Mayo se discute la aplicación de un plan de devolución de depósitos "incautados" (corralito) con títulos en dólares, los que rescatarían los préstamos garantizados otorgados en la última parte de la gestión De la Rúa y Cavallo. En definitiva, dejarían de tener efecto las disposiciones de la pesificación operada en febrero de 2002.

Estas medidas tienen efecto diferenciado en AFJP y Bancos.

Recordemos que las AFJP manejan un fondo de 24.000 millones de pesos, de los cuales el 67% estaba colocado en esos títulos y con los cuales, unos 16.000 millones, transformados en pesos y a la paridad 3 a 1 vigente a fines de abril, apenas representan 8.960 millones de dólares (16.000 x 1,40 + 20%). Una licuación que se descarga sobre un fondo de capitalización con destino a las jubilaciones futuras de 9 millones de asociados al régimen de capitalización previsional que administran las AFJP vinculadas a los bancos transnacionales que operan en la Argentina.

Las AFJP analizan esas condiciones ya que quedan expuestas a juicios ulteriores de los beneficiarios de esos fondos. Insistimos, que esa situación se devela en los próximos días, según se resuelva con el plan de bonos para rescatar depósitos bancarios pesificados y reprogramados, o con la aceptación de la pesificación más CER.

Buena parte del resto de los títulos que fueron pesificados están en manos de los bancos, los que tienen una situación diferente a las AFJP, ya que los bancos serán compensados por el Estado mediante un bono que cubra la asimetría de la pesificación de créditos por valores un peso igual a un dólar y los depósitos con una relación de 1 dólar a 1,40 pesos. Ese bono se carga al presupuesto que se financia con impuestos regresivos, ya que los impuestos al consumo constituyen la principal fuente de ingresos fiscales.

De todos modos, lo dicho en torno al plan bonos para AFJP, tendrá validez también para los bancos.

Si se mantiene la pesificación más CER habrá una disminución de deuda externa pública en los registros contables del sector externo. De lo contrario, con el plan bonos en tratamiento, todo vuelve a la moneda de referencia a diciembre de 2001 y los montos totales de deuda se mantienen.

Durante el 2001 las reservas líquidas del BCRA cayeron a 14.500 millones de dólares en diciembre y siguieron cayendo hasta los 12.780 millones en marzo de 2002 que registra la última información disponible (9) . Según la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales (10) , durante el año 2000 se perdieron 439 millones y durante el 2001, la perdida alcanzó 12.083 millones de dólares, en una sucesión que se hizo insostenible en el último trimestre de 2001.

Caída de Reservas Líquidas

Año 2001. Perdidas x trimestre

Evolución de las Reservas Líquidas del BCRA

Los capitales se retiraban de la Argentina y se cerraban las fuentes de financiamiento externo. El poco dinero que ingresaba lo hacía a valores de usura.

La cesación de pagos se impuso de hecho. Los títulos de la deuda se cotizaban al 30% de su valor y la credibilidad en la capacidad de pago del Estado era practicamente nula. En esas condiciones era necesario "barajar y dar de nuevo".

Desde EEUU, tanto Allan Meltzer como Charles Calomiris hablaban de una renegociación con una quita del 40% de la deuda. Los mercados ya descontaban cifras mayores.

En ese punto se encuentra hoy el debate de la deuda pública en la Argentina, la que seguramente disminuirá en valores absolutos, pero como consecuencia de la devaluación y pesificación continuará afectando gravemente la relación del endeudamiento con el PBI. Eso ocurrió con las renegociaciones en los 80 y en los 90 (Brady).

V – Final abierto

Hoy se encuentran "diferidos" los pagos de la deuda externa pública, excepto los servicios de la deuda con los Organismos Multilaterales de Crédito y con organismos oficiales del exterior; los bonos previsionales en manos de sus tenedores originales; de aquellos que los obtuvieron por situación de desaparición forzada o en trámite judicial; de mayores de 75 años y aquellos que los obtuvieron por desvinculación laboral y casos individuales donde se afecte la salud del titular del bono. (11)

También está abierta una negociación con el FMI, condición impuesta por el G7, por EEUU e incluso por la Unión Europea, oportunamente informado a la Argentina por medio de la presidencia española en este primer semestre de 2002. El visto bueno del FMI abriría las puertas del financiamiento internacional.

"El mundo está listo para ayudarlos cuando hayan llegado al fondo de lo soportable", dijo sobre la Argentina el Secretario del Tesoro norteamericano, Paul O´Neill. (12) Resta conocer ¿cuál es el fondo de lo soportable?

Es dificil que el gobierno argentino satisfaga las demandas del FMI. La flotación del dólar está significando una constante variación alcista de la paridad cambiaria deteriorando cada vez más la capacidad de compra de una población sumida en la recesión por cuatro años, con caída del ingreso de los sectores populares, con índices elevados de desempleo y pobreza, del 22% y el 50% respectivamente.

El ajuste fiscal con fuerte impacto en el empleo provincial es otra de las medidas exigidas y de dificil instrumentación debido a la conflictividad social.

Es que tanto gobernadores como legisladores, más allá de la disposición a subordinarse a las orientaciones del capitalismo global, reconocen el repudio social extendido en la frase "que se vayan todos", popularizada en todo debate público.

La impronta de la participación popular es la novedad en el nuevo ciclo político y económico de la Argentina a partir de 2002. Ya no cuenta solamente el FMI y el gobierno, el Parlamento o la Justicia. El nuevo sujeto es el pueblo movilizado y una consigna asentada en el reconocimiento de que es lo que no se quiere. No hay propuestas instaladas más allá del no, a la deuda y al FMI en la materia que nos compete en este escrito.

Queda desde una perspectiva intelectual y militante recordar las innumerables propuestas sustentadas por distintas organizaciones sociales y políticas, y aún por personalidades, rechazando la deuda externa y sus condicionalidades, contra la apertura indiscriminada y especialmente de la cuenta de capitales (13) . Al mismo tiempo que la demanda por una nueva organización económica de la sociedad. Pero ese, es otro tema y remite a la discusión por el Socialismo.

Buenos Aires, principios de mayo de 2002

Notas

2. MINISTERIO DE ECONOMIA. Resolución Nro. 73/2002. Publicada en el Boletín Oficial del 30/04/02. Resumen de la disposición: diferimiento de pagos de los servicios de la deuda publica hasta el 31 de diciembre de 2002 o hasta que se complete la refinanciacion de la misma, si ello ocurre antes de la fecha mencionada. Existen obligaciones exceptuadas de la suspensión.
3. Los datos fueron obtenidos del sitio en Internet del Ministerio de Economía de la República Argentina: www.mecon.gov.ar
4. La Ley de convertibilidad que establece la paridad de un peso con un dólar tuvo vigencia desde el 1 de Abril de 1991 y rigió hasta la devaluación dispuesta por el actual gobierno nacional en Enero de 2002.
5. Mabel Thwaites Rey y Pablo Maas, "Default de las multinacionales", en Le Monde Diplomatique, el Dipló, Mayo 2002.
6. Los datos provienen del sitio en Internet de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (S.A.F.J.P.) www.safjp.gov.ar
7. Un análisis detallado de estos fenómenos puede encontrarse en "La Globalización Económico-Financiera. Su Impacto en América Latina", Clacso, Buenos Aires, Enero 2002, Julio Gambina compilador. Especialmente los artículos allí publicados sobre "La fuga de capitales en la Argentina" de Eduardo M. Basualdo y Matías Kulfas; "Vulnerabilidad externa y dependencia de la economía argentina" de Julio Gambina, Alfredo T. García, Mariano Borzel y Claudio Casparrino. Tambien pueden encontrarse argumentos en "La bolsa o la vida. Las finanzas contra los pueblos", Eric Toussaint, Edición en español traducida por Alberto Nadal. Se trata de un texto muy documentado que contiene a modo de ejemplo el estudio de caso de la Argentina y Ruanda.
8. Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, op.cit.
9. Operación negociada por José Luis Machinea, primer Ministro de Economía de la Presidencia De la Rúa.
10. Información del BCRA
11. Sitio en Internet del Ministerio de Economía.
12. Resolución 73/2002
13. La Nación, 5/05/02
14. Declaración final del Tribunal Internacional de los Pueblos sobre la Deuda Externa, reunido en Porto Alegre, Brasil, en oportunidad de realizarse en dicha ciudad el Foro Social Mundial, a comienzos de febrero de 2002. Son varias las organizaciones argentinas que allí participaron y entre otras suscriben el pronunciamiento Diálogo 2000, ATTAC – Argentina, CTA, etc.

Por: Julio C. Gambina*

Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Miembro fundador de ATTAC-Argentina.