Breve repaso de la emergencia del proceso de Reorganización Nacional y su culminación en el acto eleccionario de 1983.
La crisis política, económica y social de principios de la década de 1970 generó las condiciones de aceptación de un golpe de estado para restablecer el orden en una sociedad sumida en el caos. En esta etapa histórica, cuyos protagonistas la llamaron Proceso de Reorganización Nacional, se llevó a cabo un plan sistemático de represión con el objetivo de atacar la raíz del conflicto social, dando así origen al terrorismo de estado. El plan represivo aplicado a todo el territorio nacional tuvo por objetivo silenciar a la sociedad en el orden político, cultural, económico y social y de esta manera quebrar todos los lazos solidarios que se derivaban de la emergencia del estado benefactor. En detrimento del esquema económico cuyo principal protagonista era el Estado, el gobierno militar decidió su conversión gradual para que la economía comenzara a regirse por "la mano invisible del mercado". De esta manera se desprende como la represión implicó un profundo cambio cultural en el punto de vista político promoviendo la emergencia de un incipiente individualismo construido por la fuerza represiva del terrorismo de estado.
La nueva política económica consistía en el fortalecimiento de la economía simbólica (movimientos de capitales y de flujos crediticios) en perjuicio de la economía real (sector industrial y agroindustrial, flujo de bienes y servicios), la apertura comercial hacia la competencia extranjera y el endeudamiento. El resultado, a lo largo de este período fue el deterioro de la estructura industrial inducida por la apertura y la competencia de artículos importados. El aumento de la tasa de interés generaba retracción y encarecimiento del crédito y la emisión monetaria provocó una creciente inflación con una pérdida significativa del poder adquisitivo del salario. Desde el punto de vista educativo y cultural, la intervención en el sistema universitario consolidó la fuga de intelectuales, desprovistos, una vez vuelta de la democracia, de los presupuestos necesarios para producir la conexión necesaria que requiere la educación en la promoción de la movilidad social y del desarrollo económico.
La represión y la creciente incapacidad de la junta militar en resolver los problemas económicos derivó (como el último recurso del "destino de grandeza" que cada golpe de estado incluyó entre sus postulados), en la ilusoria recuperación de la soberanía sobre las islas Malvinas por medio de su ocupación. Este delirio que imperaba en los jefes militares del momento, desembocó en una derrota que se negaba hasta las últimas consecuencias, producto de la censura informativa que ejercía el régimen militar. La derrota provocó una gran crisis en el gobierno, fue en este momento cuando se comenzó a negociar una salida electoral que venía empujada por crecientes ánimos sociales solicitando la vuelta de la democracia.
Los problemas subyacentes de la política militar del período 1976-1983, se verían mas adelante, siendo notorias en la actualidad sus consecuencias en el orden político y económico.
Lo que importaba en ese entonces era el renacimiento de la ilusión y la civilidad que implica la vida en democracia. El ganador de la elección presidencial fue el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín. Las aspiraciones del partido ganador y especialmente del electo presidente, eran dar los pasos para la emergencia de una sociedad moderna, laica, justa y colaborativa.
La vuelta de la democracia y la centralidad de la sociedad en el sostenimiento político del gobierno.
La llegada del Partido Radical al gobierno implicó desafíos y oportunidades para una sociedad que se encontraba sumida en profundos problemas económicos, sociales y políticos. Para tener un orden en lo que se refiere al desarrollo de los acontecimientos, se puede dividir el período 1983-1989 en político y económico respectivamente (sin desconocer las estrechas conexiones que existen entre ambos en lo que hace al acontecer histórico), para diferenciar como la conflictividad subyacente en la sociedad van influenciando el accionar del gobierno.
Reconstrucción del orden político
Las aspiraciones del gobierno radical para revitalizar a una sociedad llena de conflictos comenzaron en la dimensión política.
El régimen militar por medio del terrorismo de estado había generado una profunda separación entre el Estado y la sociedad civil. El nexo entre ambos, el sistema político, había sido sepultado. La dimensión política que supone la existencia de la forma democrática de gobierno, debía ser revitalizada. De esto se desprende el énfasis puesto en la campaña electoral en los valores y el espíritu democrático. La lucha contra el autoritarismo y por la democratización llevó al gobierno a enfrentar a los poderes corporativos representados en los militares, la iglesia, el sindicalismo y la cúpula empresaria con el objetivo de que sus conductas respeten la democratización social y las normas que rigen el Estado de Derecho. Alfonsín quería rescatar los valores y la esencia de la democracia, que supone una base de distintos intereses que por medio de la política como canalizadora de conflicto, permite el ordenamiento social a través de las normas del Estado. Este postulado se puede relacionar con la definición que Alain Touraine hace de la misma: "lo que define a la democracia no es solo un conjunto de garantías institucionales o el reino de la mayoría, sino ante todo el respeto a los proyectos individuales y colectivos, que combinen la afirmación de la libertad personal con el derecho a identificarse con una colectividad social, nacional o religiosa particular". De esta concepción la afirmación de la libertad personal y el concepto de colectividad social están íntimamente vinculados con los modos de representación de la voluntad popular. Para que estas formas de reproducción de conductas democráticas tengan lugar, el gobierno apeló a una política cultural y educativa destinada a remover el autoritarismo en el sistema escolar, universitario y científico estatal sustentado en la educación pública como promotora de la movilidad social. Un punto que le valió al gobierno el enfrentamiento con los sectores conservadores de la iglesia fue la promulgación de la ley de divorcio. A medida que el gobierno avanzaba en cuestiones religiosas, la institución eclesiástica comenzaba a hostigar a la democracia por ser portadora potencial de diversos males, desde la droga hasta la pornografía. Con respecto a la política internacional, el Estado argentino logró una progresiva reinserción a nivel mundial basado en principios derivados de los Derechos Humanos, la democracia, la paz y la independencia de los Estados.
Lucha de intereses
Si el Estado de Derecho limita el poder del Estado arbitrario y a su vez ayuda a enmarcar la vida social detrás de un proyecto cultural y democrático, siguiendo el pensamiento de Alfonsín en la campaña electoral, la lucha contra el poder sindical y militar iba a demarcar el límite de esa idea del Estado armonizador de intereses, lo cual iba a fragmentar la base del poder del gobierno radical: la civilidad.
La tensión entre la sociedad y la institución militar se profundizó luego del informe de la CONADEP, en el cual se registró la desaparición de 30.000 personas producto de la represión estatal. Sumando a esta situación la derrota en Malvinas, que estaba muy fresca en la memoria colectiva, el Poder Judicial preparaba el terreno para enjuiciar a los miembros de la junta militar. A pesar de esta condena social, el poder militar no estaba totalmente disminuido. Ellos reivindicaban su éxito en la "guerra contra la subversión" y basaron esto en el apoyo social que tuvo el golpe.
Para poder reordenar el Estado; y a las Fuerzas Armadas subordinarlas al poder civil, el juicio a las juntas tuvo que tener en cuenta algunas distinciones entre quienes dieron las órdenes que condujeron al genocidio, quienes se limitaron a cumplirlas y quienes se excedieron cometiendo atrocidades. Las instancias civiles también condenaron al Ejercito Republicano del Pueblo (ERP) y a grupos vinculados con Montoneros. El juicio duró aproximadamente ocho meses y la junta militar resultó condenada. Las leyes del Punto Final y Obediencia Debida que se dictaron estuvieron en consonancia con los preconceptos de las distinciones de culpabilidad antes del juicio.
Este período histórico del país que se basa en las condiciones cambiantes del esquema económico del Estado Benefactor, se deben a la influencia de las fuerzas centrípetas de los países capitalistas industrializados, lo que supone que la modernización económica puede ser una enemiga de la democracia si se la impone destruyendo el sistema político y silenciando a la sociedad civil.
Eso es lo que significó el papel cumplido por los militares en el período 1976-1983, porque la modernización económica implicaba la venida del liberalismo económico ortodoxo, asociado a los grupos económicos concentrados que tenían una gran decisión en el rumbo económico nacional, sobre un país cuyo Estado de Bienestar era promotor del desarrollo económico y social.
El otro frente de batalla se ubicaba en el sindicalismo que de a poco comenzaba a reconstruir su poder. El Estado Benefactor, la máxima expresión peronista de posguerra en la Argentina, posibilitó a los trabajadores luego de arduas luchas político-ideológicas ver con agrado el apoyo del aparato estatal para organizarse. En función de dicha organización, mediatizada por el dictado de leyes sociales, los trabajadores conformaron lo que alguna vez se dio en llamar la "columna vertebral de movimiento peronista". Las leyes laborales significaron de alguna manera la incorporación de los trabajadores al desarrollo político y económico de la nación. Dicha incorporación pudo corporizar la constitución de un sindicalismo de masas que se fundaba en los lazos solidarios en defensa de un interés (que con el tiempo se fue rodeando de prácticas espurias). La historia indica desde 1930 hasta 1983 períodos dictatoriales de gobierno con algunos imperios constitucionales. Este segmento de tiempo no permitió que la cultura democrática penetrara en la vida social y la disminución de la participación política se iba ensanchando en forma conjunta con la crisis de representatividad. El trabajo es un eje social que posibilita el reordenamiento de la sociedad en todos sus órdenes. Todo gira en torno al trabajo, de esta manera alcanzar la "felicidad de la ciudad" implica el mantenimiento y la ampliación de los espacios de negociación. De esta cuestión, el gobierno, al ver a un sindicalismo debilitado, producto de la represión, estático, en sus estructuras burocráticas y poco transparentes en sus prácticas, vio el momento para promover la democratización sindical. Pero la normalización trajo consigo la confirmación de las antiguas direcciones de las cúpulas. Al mismo tiempo los problemas económicos no encontraban el rumbo de la estabilidad, por consiguiente la lucha del sindicalismo contra el gobierno radical se basaba en la creciente inflación que disminuía el poder adquisitivo del salario real, en la no inclusión del sindicalismo en la discusión de la política económica y en las continuas tentativas de promover leyes que reorganizaran la actividad sindical. Este enfrentamiento "cívico-sindical", puso en evidencia las intenciones de Alfonsín de afirmar las libertades, que se comiencen a identificar con otras opciones políticas diferentes de las cúpulas sindicales, incluso hasta del mismo movimiento. La idea era respetar el interés que se defendía y provocar la identificación sindical con el Estado de Derecho. Otro elemento importante que suponía la democratización sindical era buscar una activa participación política del ciudadano y el dirigente político o sindical para que el espíritu democrático florezca allí donde el conflicto implique representantes de intereses distintos. Si se tiene en cuenta que la aspiración era formular un Estado de Derecho con reglas claras, permitir la identificación y la representación de los actores sociales y elaborar un proyecto cultural y democrático, los poderes concentrados y las jerarquías sociales que se habían establecido en forma parasitaria al lado del Estado, debían retroceder ante el imperio de la ley porque si no lo hacían la democracia se debilitaba.. Pero fue difícil, especialmente cuando el poder económico echó raíces muy fuertes en un Estado controlado por políticos "instrumentadores" de políticas cortoplacistas que ponían en práctica políticas de transferencias de ingresos hacia el extranjero y a los grupos parasitarios crecidos al amparo del aparato estatal.
Crisis económica, planes de ajuste y estabilización
Durante la campaña presidencial de 1983, Alfonsín selló un pacto explícito con la sociedad en el cual los valores y las instituciones democráticas permitirían solucionar muchos de los problemas económicos y políticos del país. Todo el contenido político que significó el discurso alfonsinista lo precipitó a la presidencia de la Nación con una base popular que constituyó su principal capital político en los primeros años de gobierno.
Con respecto a los problemas económicos profundizados por el régimen militar, la inflación constituyó uno de los más importantes, porque por medio de ella se institucionalizaron conductas y prácticas relacionadas con la incertidumbre y la especulación. Hacia el año 1981, el flujo de capitales hacia el país se había detenido, pero la deuda externa seguía creciendo producto de los intereses. A esta situación se añade la imposibilidad de pagar esos intereses producto del creciente deterioro del déficit fiscal, la caída de la recaudación impositiva, la pérdida del valor del dinero vía inflación y la puja distributiva resultante del control por parte del Estado de precios y salarios. Las medidas de política económica aplicadas por el Ministro de Economía, Bernardo Grispum, se orientaron a agilizar el mercado financiero para facilitar el acceso al crédito de pequeños y mediano empresarios y de esta forma comenzar un ciclo virtuoso que estimulara el mercado interno y la estructura industrial. Otros lineamientos de política económica incluían el control estatal del crédito, el mercado de cambios, precios, salarios y asistencia social. Estas medidas no tuvieron éxito en la lucha contra la inflación, situación que generó una creciente vulnerabilidad externa de la economía porque el déficit fiscal y la deuda, sumada a una estructura productiva paralizada, no paraba de profundizarse. Además, los sectores empresarios comenzaban a verse afectados por el control de ciertas variables económicas como los precios y los salarios. A su vez el sindicalismo basaba su combate en los continuos congelamientos salariales que según la teoría de la pugna por la distribución del ingreso son causantes, entre otras variables, de la inflación. La agudización de la crisis económica y las intenciones de Alfonsín de reconstruir un Estado de Derecho con reglas claras para todos los actores sociales ponía en tela de juicio el contenido de la campaña presidencial de que con la "democracia, la justicia social se fortalece y consolida" o que con "la democracia se come, se cura y se educa", esta situación pone de manifiesto la estrecha conexión entre la política y la economía. El vínculo entre el desarrollo económico y político hace referencia a que el desarrollo económico requerido por la modernización implica la existencia de un sistema de gestión democrática de las relaciones sociales. Dicha situación se tornaba difícil con un capital nacional acostumbrado a las prerrogativas estatales en detrimento del conjunto de la sociedad y un sindicalismo renuente al cambio y a la democratización.
En Marzo de 1985 se lanzó un plan de estabilización conocido como Plan Austral. Los logros iniciales en el control de la inflación y la disminución del déficit fiscal fueron aceptados socialmente. El congelamiento salarial y de precios generó algunos rechazos de los poderes corporativos, pero ese logro inicial se vio reflejado en el éxito eleccionario de 1985. A principios de 1986, sin embargo, el gobierno debió reconocer la vuelta de la inflación como consecuencia del renacimiento de las pujas distributivas entre sindicatos, empresarios y Estado y el debilitamiento de los precios de los productos agropecuarios en el mercado internacional. El plan fue perdiendo consistencia a medida que se incrementaba la inflación y los objetivos de construir una sociedad moderna, laica y colaborativa se evaporaban. Así el gobierno comenzaba a perder el apoyo social.
Los continuos fracasos estabilizadores del gobierno radical se originan en la crítica situación en la que se encontraba el Estado como agente promotor del desarrollo económico y social. El neoliberalismo se acercaba de la mano de la reforma estatal, las privatizaciones y de apertura comercial. A su vez el Partido Justicialista atravesó un período de renovación que le permitió alinear su discurso al respeto hacia las instituciones democráticas y a la defensa de la justicia social, bandera histórica del Peronismo. La hiperinflación y la deteriorada realidad social generó el triunfo del "Justicialismo Renovador" en las elecciones presidenciales y una transición caótica del poder, pero el camino hacia la sociedad de mercado ya estaba constituido.
Las diferentes etapas por las que atravesó el gobierno radical se relacionan con los cambios en las condiciones de la economía mundial y con los conceptos de desarrollo económico y democracia. El Estado como agente promotor del desarrollo económico había entrado en crisis con las reformas de mercado implementadas durante la dictadura militar. La insipiencia del neoliberalismo económico en una sociedad que había quebrado sus consensos básicos, generó la irrupción de regímenes autoritarios que suprimieron la institucionalidad democrática. El terrorismo de estado generó las condiciones para la ruptura del sistema político y el repliegue de la sociedad civil para estructurar sus demandas. Solo quedó un Estado en proceso de quiebra que ya no podía cumplir sus funciones dentro de la economía. De esta situación se desprende el hecho de que la sociedad entusiasmada con la vuelta de la democracia esperó todas las soluciones de un Estado salvador encabezado por personas que se consideraban garantes de las instituciones. Aquí se aprecia aún más el repliegue social en la participación política, y la esperanza en la aparición de líderes carismáticos que puedan resolver la crisis. El Proceso de Reorganización Nacional en su lucha contra la "subversión", silenció a una sociedad y enterró los mecanismos de acción política que definen a la sociedad como una construcción institucional en donde la política y el conflicto juegan un papel crucial, porque es el Estado de Derecho y su cuerpo jurídico los que ofrecen a la sociedad todas las garantías para la defensa de sus intereses. Además, la modernización que propiciaba el radicalismo estaba en consonancia con la afirmación y consolidación de la democracia y con la llegada del liberalismo económico. La reforma del Estado, las privatizaciones y la desregulación económica son los pilares de la oleada neoliberal que comenzaba a soplar en aquella época y que Menem cristalizó unos años después provocando la desestructuración de una sociedad con características culturales, políticas, sociales y económicas diferentes. La democracia y sus diferentes recursos integradores se debilitaban empujada por una economía que no podía despegarse de las prácticas inflacionarias y de los poderes corporativos que se beneficiaban de un Estado que permitió el avance del empresariado en sus esferas, generando una transferencia de recursos al capital extranjero provenientes de organismos de crédito internacional, situación que creó las bases del endeudamiento creciente que sufre el país. Estas condiciones tornaron inviables los intentos estabilizadores de Alfonsín y pusieron al descubierto la temática de la modernización económica y la democracia, porque la estructura económica comenzó a ser moldeada por las fuerzas de la economía mundial y las instituciones internacionales de crédito, generando un desarrollo económico proveniente del impulso económico externo y debilitando al Estado, el sistema político y la sociedad civil en la lucha por la construcción de una democracia con contenido real.
Romero, Luis Alberto, Breve Historia Contemporánea de la Argentina, 2° ed. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001
Cavarozzi, Marcelo, Autoritarismo y Democracia, La transición del Estado a la sociedad de Mercado en Argentina (1955-1996), Ariel, Buenos Aires, 1997.
Touraine, Alain ¿Qué es la Democracia?, Fondo de la Cultura Económica, Buenos Aires, 1995
Lic. Sergio Damián Vitella
Buenos Aires, Argentina.