Correlación de la atención de los padres de familia a sus hijos y la generación de violencia juvenil (página 2)

Resultados de la encuesta: Necesidades de trabajo de los padres

Edad

R= La edad se distribuye entre los 17 y 39 años de edad; el 72 por ciento se concentra entre los 18 y 23 años de edad.

Colonia

R= La muestra se dispersa en distintas colonias del municipio de Mexicali.

Encuesta dirigida a:

R= El 15.8 por ciento son Padre, el 7.9 por ciento son Madre y el 75.4 por ciento son hijos, es decir, la muestra fue respondida en su mayoría por hijos.

1.- ¿Usted trabaja?

Si ______ No _______

R= El 53.5 por ciento de los encuestados trabaja y el 45.6 por ciento no.

2a) ¿Cuántas horas labora al día?

a)0-4 b) 5-10 c) más de 10

R= El 25.4 por ciento no contesto a la pregunta, el 24.6 por ciento respondió de 0-4 horas, el 41.2 por ciento de 5-10 horas y el 8.8 por ciento más de 10 horas.

2b) ¿Cuántas horas trabaja su esposa (a)?

a)0-4 b) 5-10 c) más de 10

R= El 50.9 por ciento no contestó, el 22.8 por ciento del 0-4 horas, y el 23.7 por ciento de 5-10 horas y más de 10 el 2.6 por ciento.

3a)¿Cuántos días a la semana labora?

a) 0-3 b) 4-6 c) 7

R= El 25.4 por ciento no contestó, el 20.2 de 0-3 días, el 46.5 por ciento 4-6 días, el 7.9 por ciento 7 días.

3b) ¿Cuántos días a la semana labora su esposo(a)?

a) 0-3 b) 4-6 c) 7

R= El 50.9 por ciento no contestó, 27.2 por ciento de 0-3 días, el 15.8 de 4-6 días y 7 días el 6.1 por ciento.

4.- ¿Cuánto tiempo lleva laborando?

a) 0-1 año b) 1-5 años c) 7

R= El 24.6 por ciento no contestó, el 38.6 por ciento de 0-1 año, el 20.2 por ciento de 1-5 años y el 16.7 por ciento más de 5 años.

5.- ¿Cuántas horas convive al día con sus hijos?

a) 0-3 b) 4-7 c) más de 7

R= El 50 por ciento no contestó, el 36 por ciento de 0-3 horas, el 9.6 por ciento de 4-7 y el 4.4 más de 7 horas.

6.- Visita continuamente la escuela de su hijo (a) para observar su desarrollo personal

Si _______ No ______

R= El 45.6 por ciento no contestó, 15.8 por ciento fue Si y el 38.6 por ciento No.

7.- Si usted no cuida a sus hijos mientras labora, ¿Quién lo hace?

a) Familiar____ b) guardería (pública-privada) ____ c) Otro____

R=50.9 por ciento no contestó, el 30.7 por ciento con un Familiar, el 1.8 por ciento en Guardería y el 16.7 por ciento en Otro.

8.- ¿Ha sufrido alguna vez de algún tipo de violencia?

Si _______ No ______

a) Familiar b) escolar c) vandalismo

R= El 9.6 por ciento ha sufrido violencia familiar, 6.1 por ciento Escolar, el 21.9 por ciento Vandalismo y el 62.3 por ciento no ha sufrido violencia.

9.- ¿Considera que el descuido de los hijos puede conducirlos a generar violencia?

Si _______ No ______

R= El .9 por ciento no contesto, el 83.3 por ciento contestó que Si y el 15.8 por ciento que No.

10.- ¿En el área donde vive esta presente el vandalismo?

Si _______ No ______

R= El 53.5 por ciento contestó que Si y el 46.5 por ciento que No.

Preguntas

1.- ¿Cuánto tiempo trabaja el padre, la madre y el hijo?

HORAS * CÓNYUGE Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 23 no trabaja ninguno de los dos, de aquellos cuya pareja no trabaja, 6 trabajan de 0 a 4 horas, no 23 trabajan de 5 a 10 horas y 6 más de 10.

De aquellos cuya pareja trabaja de 0 a 4 horas, 1 no trabaja, 16 trabajan de 0 a 4 horas, 8 de 5 a 10 y 1 más de 10.

De los que la pareja trabaja de 5 a 10 horas, 4 no trabajan, 6 trabajan de 0 a 4 horas, 14 de 5 a 10 horas y 3 más de 10.

De los que la pareja trabaja más de 10 horas, 1 no trabaja y 2 trabajan de 5 a 10 horas.

Es decir, que el 23 por ciento trabaja de 5 a 10 horas y la pareja no, asimismo, 14 ambos trabajan de 5 a 10 horas.

DÍAS * PAREJA Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 24 trabajan de 4 a 6 días, mientras la pareja no; y 15 trabajan ambos de 4 a 6 dias.

2.- ¿Cuántos hijos trabajan?

DIRIGIDA * TRABAJA Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 45 hijos trabajan y 40 No.

3.- Tener un parámetro de conciencia de la situación de violencia que existe

DESCUIDO * VANDALIS Crosstabulation

Count

R= De los 114 encuestados 52 consideran que el descuido de los hijos y el vandalismo, si generan violencia; 43 consideran que el descuido si genera violencia y el vandalismo no; que en total son el 83.33 por ciento de la muestra.

Mientras que 8 considera que el vandalismo si genera violencia y el descuido de los hijos no; y, finalmente 10 consideran que ni el descuido de los hijos ni el vandalismo generan violencia.

Bibliografía:

www.wikipedia.com

www.lacronica.com

www.eluniversal.com

Método del estudio. Para la captura de datos se usó el programa SPSS versión 11, por ser un sistema de programación asceisble

Anexos

Anexo A. Resumen cronológico de la situación problemática de la violencia juvenil.

Antecedentes. Resumen de las noticias.

Noticias

En Milenio de México. 17/07/06

Estudio realizado en diez estados por el Instituto Estatal de la Mujer

1. Baja California, 2º lugar nacional en feminicidios

La mayoría de los crímenes son perpetrados por familiares.

En Baja California la violencia intrafamiliar tiene rostro: el de decenas de mujeres que han sido golpeadas, violadas y, en el peor de los casos, asesinadas.

Un estudio realizado en diez estados del país revela que de cuatro años a la fecha en ese estado se han cometido 194 asesinatos en contra de mujeres, donde el móvil principal es la violencia intrafamiliar.

Los números ubican a Baja California en el nada honroso segundo lugar nacional de crímenes contra mujeres, sólo por debajo de Chihuahua, donde las cifras se han incrementando por los feminicidios de Ciudad Juárez.

Apenas el pasado 28 de junio una jovencita de 16 años de edad, Melissa Sánchez, residente del fraccionamiento Nuevo Mexicali, fue asesinada de 13 puñaladas en el cuello, tórax y vagina.

En su momento el director del Servicio Médico Forense en el estado, Francisco Acuña Campa, reconoció que el crimen de la menor fue cometido con un alto grado de violencia.

Testigos declararon que el presunto responsable de los hechos era un amigo de la menor.

Cuatro días antes, en el fraccionamiento Villas del Rey, un escolta del gobernador Eugenio Elorduy asesinó de un balazo a su pareja sentimental y después de suicidó de un disparo en el mentón. La mujer tenía 27 años de edad y era madre de familia.

Al día siguiente de los hechos, el procurador de Justicia en Baja California, Antonio Martínez Luna, aseguró que el móvil del crimen fue "pasional", y se apresuró a cerrar el caso.

Esa misma semana, en Tijuana, tres mujeres fueron asesinadas al estilo de la mafia, pero hasta el momento se desconoce el móvil de los hechos.

Crímenes de género

En entrevista, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Gabriela Navarro Peraza, reconoció que los recientes asesinatos de mujeres demuestran que existe una marcada violencia de género en la entidad.

Incluso, comentó que de acuerdo con el estudio Baja California apareció en segundo lugar nacional, por debajo de Chihuahua, donde más se cometen asesinatos en contra de mujeres.

"En este estudio se determinó que la mayoría de los 194 asesinatos de mujeres ocurridos en el estado, de cuatro años a la fecha, están relacionados con la violencia interna que se vive en las familias".

No obstante, consideró que a diferencia de Ciudad Juárez, en donde no se ha hecho justicia por los feminicidios, en Baja California "sí se conoce el móvil" de la mayoría de los crímenes.

"Estamos hablando de que 60 por ciento de los casos registrados en BC han sido turnados ante un juez porque hay presuntos responsables de los hechos".

Por su parte, el director del Semefo en el estado, Francisco Acuña Campa, comentó que tan sólo en Mexicali 35 por ciento de los homicidios violentos registrados durante 2006 se han cometido en contra de mujeres.

El médico forense reconoció que la mayoría de estos crímenes son cometidos por miembros de la familia o personas allegadas a las víctimas, como se presume que ocurrió en el caso de la menor Melissa Sánchez.

Entrevistada por separado, la directora de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Rebeca González, reconoció que la violencia de género puede ser detectada a tiempo, por lo que lanzó una serie de recomendaciones para identificar los llamados "noviazgos destructivos".

"En el noviazgo la relación es muy sutil, por lo regular durante este lapso todo está muy bien, pero si la chica antes salía con sus amigas o amigos y se pintaba y se arreglaba para salir y ahora el novio o el esposo no la deja, eso es una mala señal", consideró.

Asesinatos, golpes y adicciones

A los altos índices de violencia contra la mujer se ha aunado la sombra de las adicciones en la mayoría de los asesinatos y agresiones.

Tan sólo en Mexicali, 70 por ciento de las agresiones físicas en contra de este sector las cometen hombres bajo los influjos de alguna droga o el alcohol, reveló Rebeca González.

El 8 de febrero de 2005, un sujeto de 36 años de edad, Jesús Muñoz Gómez, alías El Jessy, quien era adicto al cristal, asesinó a su esposa de 17 puñaladas.

En su declaración ministerial, El Jessy aceptó haber privado de la vida a su pareja bajos los influjos de la droga, debido a que con engaños lo quería internar en un centro de rehabilitación.

Cuestión de enfoques

Interrogada sobre el reciente informe, la subprocuradora Ibarra Leyva aseguró que ésta es una cuestión de "números".

"Ése es el contexto que a mí me quedaría de duda, si aquí —en el caso de Mexicali— son muchas o son pocas; en cuanto a números yo te diría que son pocas, pero lo importante es que esto no suceda".

Violencia y Feminicidios imparables

La Procuraduría General de Justicia de Baja California revela que desde enero de 2000 hasta abril de 2007, 317 mujeres perdieron la vida en la entidad por homicidios dolosos; de estas muertes, 186 ocurrieron en Tijuana, 94 en Mexicali, seis en Playas de Rosarito, cuatro en Tecate y 20 en Ensenada.

Elsa Jiménez Larios, presidenta de la organización civil Yeuani, e investigadora de la Comisión Especial de Feminicidios de la anterior legislatura federal, señaló que es preocupante que en la mayoría de los casos del 2000 al 2004, es decir, en 128, de los 191 homicidios realizados en ese lapso, se ignora el móvil y el arma con la que se perpetraron, lo cual se podría deber a deficiencias en las averiguaciones.

"Es difícil creer que en Tijuana se registraron 120 crímenes de mujeres en cuatro años, y en 76 de ellos, la Procuraduría General de Justicia del Estado desconozca el móvil del crimen. De seguir esa tendencia, se podría superar el número de homicidios en contra de mujeres que se han cometido en Ciudad Juárez, que en 10 años ha registrado más de 340. Este marco de abandono ha permitido una continuidad delictiva que coloca al estado de Baja California como una de las zonas de mayor inseguridad en el país".

Jiménez Larios, destacó la impunidad que prevalece en torno a esos crímenes por la falta de voluntad política para resolverlos: Autoridades incapaces de ejercer justicia, de brindar seguridad; la creación de estructuras burocráticas que no han llegado al fondo del asunto, saber quién o quiénes asesinaron a las mujeres, detenerlos y ponerlos en manos de la justicia, para que reciban el castigo correspondiente; se requiere un conocimiento de los derechos y tratados que impulsan estos derechos de la mujer.

Esto obligaría a todos los poderes, en sus tres niveles, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, a cerrar todos los espacios de impunidad, incluido el ámbito de los instrumentos jurídicos para sancionar casos de feminicidio que están afectando a Baja California.

Luis Corrales, se disponía a iniciar el riego de la parcela número uno del ejido Hechicera, cuando de pronto observó un cuerpo femenino ya descompuesto, en el interior del canal. Vestía una blusa con pantalón de mezclilla y una pantufla rosa en el pie derecho; además, tenía cinta cristalina atándole las manos, pies y cuello. Se estremeció al recordar que dos meses atrás, otra mujer, Anabel López Ochoa, también fue tirada en las inmediaciones del ejido Hechicera; atada de manos y pies, Anabel presentaba un embarazo gemelar de cuatro meses y dos impactos de arma de fuego en la cabeza.

María Elizeth Quiñones Martínez, de 22 años, salió por última vez de su casa, ubicada en la colonia División del Norte, el 19 de marzo muy temprano, en su propio auto después de recibir una llamada, dejando a sus dos hijos gemelos de dos años y a su hermano en el domicilio. María sostenía una relación con un hombre casado, con quien procreó a sus dos hijos, al que solamente conocen sus familiares por el nombre de Ramón, quien al parecer actualmente se encuentra desaparecido.

Su cuerpo fue encontrado en un canal de riego en el Valle de Mexicali, aunque no se localizó su carro ni el celular. El reporte del Servicio Médico Forense, indica que la joven murió de asfixia por ahorcamiento, atada con cinta cristalina en pies y manos, así como en el cuello y al parecer fue torturada.

Mientras María Elizeth trabajaba en una fábrica conoció a Ramón, quien era mayor que ella y tenía esposa, pero aun así tuvo una relación con él; sus vecinos siempre la apoyaron cuando su pareja la trataba mal, incluso cuando llegó a golpearla.

El párroco Germán Orozco, mencionó que en varias ocasiones acudieron a poner una denuncia en contra del hombre por la agresión, pero días después la mujer lo perdonaba y volvía con él. Relató que en un tiempo María daba clases de catecismo, pero al enamorarse de Ramón dejó de hacerlo y se separó un poco de la iglesia.

Diez días más tarde, en la colonia San Miguel, ubicada al Poniente de Mexicali, sobre un camino de terracería se localizó el cadáver de una mujer envuelta en una cobija, identificada como Claudia Lorena Favela Jiménez de 22 años, y se presume que la arrojaron desde un vehículo en movimiento.

La causa de su muerte fue asfixia por estrangulamiento manual, según la necropsia practicada en el Servicio Médico Forense. Claudia Lorena tenía dos hijos, un niño de 8 años y una niña de 4, quienes viven hoy con su abuela materna. En ambos casos las mujeres fueron estranguladas, abandonadas en un lugar en despoblado, contaban con 22 años y por coincidencia, las autoridades no tienen información sobre los responsables de cometer estos homicidios.

Atención a la mujer

Instalar una Subprocuraduría de Atención a la Violencia de Género y conseguir un Acuerdo del Tribunal para que los juzgados también sean especializados en la atención a la mujer, son las propuestas que impulsa el Instituto Estatal de la Mujer, en el marco de la creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en Baja California.

Gabriela Navarro Peraza, titular de Inmujer en la entidad, asegura que eso permitirá que la gente que trabaje en esa Subprocuraduría sea experta en los comportamientos de la mujer como víctima y victimario. 

Señaló que las mujeres en Baja California se sitúan cada vez más en situaciones de mayor peligrosidad porque han incursionado en el ámbito de las cosas no lícitas.

"Por primera vez estamos visibilizando que las mujeres están muriendo a manos de gente cercana a ellos, son cuestiones a veces pasionales, pero también hay otro tipo de mujeres como lo hemos visto en los últimos días que traen la marca del crimen organizado", expresó.

Informó que en este momento trabajan el sistema estatal que buscará adecuar la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia federal a Baja California.

"Esta ley te habla no sólo de la violencia en la familia, te habla de la violencia institucional, de la violencia laboral, de la violencia feminicida, cuando ya son grados extremos de violencia hacia la mujer por ser de este género, y vemos que hay una completa impunidad en estos actos".

En un Centro Naturista ubicado sobre la avenida Reforma en el centro de Mexicali, se encontró el cuerpo sin vida de Selma Isabel Rodríguez Verdugo, de 27 años, quien presentaba catorce heridas ocasionadas por un objeto punzo cortante. Al platicar con un cliente, y resaltar que las personas con poder económico no pisaban la cárcel si cometían delitos, firmó su sentencia de muerte.

"Selma se estaba burlando de mi antigua novia, quien murió atropellada por una persona que así como entró, salió de la cárcel y no le hicieron nada porque tenía mucho poder", dijo ante el Ministerio Público Jesús Israel Herrera Guzmán, su verdugo.

Declaró que había planeado el asesinato dos días antes tras burlarse Selma de su dolor. "Agarré la navaja y le di la primer puñalada, me preguntó por qué… Me dijo que me llevara el dinero, yo le dije que no era por dinero, la llevé para atrás y le di la segunda puñalada, y ya no recuerdo cuantas más".

El cuerpo sin vida de Acela Herrera Gurrola, una anciana de 78 años, fue encontrado en la parte posterior de su domicilio, en el conjunto residencial "La Escondida", un fraccionamiento de alto nivel económico de Tijuana, con huellas de violencia en el rostro, tenía las manos y pies atados con cinta adhesiva color gris y presentaba huellas de haber recibido golpes en la cabeza, los que al parecer ocasionaron su muerte.

Herrera Gurrola fue encontrada por sus familiares que acudieron en su búsqueda porque no había salido de su casa por varios días; el carro de la víctima no fue encontrado.

La Unidad Orgánica de Homicidios Dolosos de la Procuraduría General de Justicia del estado, dio inicio a la averiguación previa 72/ 07/ 2001 que permita esclarecer los hechos; en varios años, no se había presentado un homicidio que involucrara a una anciana encontrada con signos de tortura en su cuerpo.

La nueva Ley federal obliga al Estado y los municipios de la entidad a procurar los programas y el presupuesto necesario para lograr la legislación necesaria para terminar con los feminicidios y otros delitos asociados con la violencia de género, aseguró Elsa Jiménez, directora de la organización Yeuani.

La investigadora destacó que en el 2006 el Gobierno del estado sólo destinó 3.80 pesos por cada mujer bajacaliforniana a la creación de programas para garantizar el respeto a los derechos humanos del sexo femenino.

Esto equivale, dijo, a sólo un 0.09 por ciento del presupuesto total de Baja California. "La problemática se centra principalmente en los casos de violencia intrafamiliar, la falta de información confiable y los homicidios de mujeres que las autoridades estatales han tratado de omitir, aunque las cifras muestran el nivel alarmante de feminicidios en el Estado", afirmó Jiménez Larios.

Autoridades negligentes

Ana Isabel Ortega Rojas, de 29 años, murió el 22 de febrero a causa de golpes que le propinó su ex pareja sentimental, Manuel Hernández Cázarez, de 44, quien ya había sido detenido tras una denuncia.

La Policía lo arrestó el 20 de febrero, tras recibir una llamada de Ana Isabel, quien solicitó la presencia de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar al recibir una golpiza y amenazas de muerte.

Los agentes lo trasladaron a la Comandancia de Policía, mientras Ana Isabel acudió a la Agencia Receptora del Ministerio Público a poner su denuncia por amenazas y lesiones en contra de su ex pareja, de quien tenía más de dos años separada por temporadas.

Ana, era originaria del estado de México, con su marido, decidieron venir a vivir a Mexicali para buscar atención médica para su hijo mayor, quien padece un mal congénito que le impide caminar bien, pero iniciaron los problemas y los golpes, debido a que su pareja se hizo adicto al alcohol, aunque Ana, para evitar problemas, no lo denunciaba. Ana Isabel lavaba y planchaba ajeno, limpiaba casas y vendía ropa de segunda, pues Manuel no le daba dinero para la alimentación de sus dos hijos, José Manuel y Ernesto de 3 y 6 años.

Dos días después, por venganza, ya que ella lo había denunciado y metido a la cárcel, y por celos, al intuir que la madre de sus dos hijos, pudiera tener otra pareja, hicieron a Hernández Cázarez regresar a la casa de Ortega Rojas, con quien discutió de nuevo y cumplió sus amenazas al golpearla y dejarla mal herida.

En su declaración ante el agente del Ministerio Público del fuero común, ratificada en el Juzgado Sexto de lo Penal, reconoció que debido al enojo que llevaba se abalanzó sobre Ana Isabel, a quien tomó de los cabellos y tumbó al piso de cemento del patio de la casa, en el cual la estrelló en más de cinco ocasiones, además de golpearla con puños y puntapiés. En la misma declaración indica que al ver que su ex mujer sangraba demasiado optó por darse a la fuga.

Ana Isabel fue trasladada al hospital civil en donde murió víctima de las lesiones, mientras que él fue detenido el mismo día y fue consignado ante el Ministerio Público por homicidio calificado.

Arrepentido, Manuel asegura que fueron los celos y el odio los que lo llevaron al extremo de causarle la muerte a Ana ante el temor de que lo dejara definitivamente; aceptó que había acudido en varias ocasiones a amenazarla porque creía que tenía otra relación.

En el expediente se encuentra también la denuncia previa que Ana Isabel Ortega Rojas realizó el 21 de febrero, donde ratificaba ante el Ministerio Público las denuncias por amenazas de muerte por parte del padre de sus hijos. Las amenazas, finalmente, Hernández Cázarez las cumplió un día después.

Pero este crimen es justificado por las autoridades con el argumento de que el Código Penal señala que las amenazas no son un delito grave, por lo que el acusado tenía que ser dejado en libertad, ya que ella lo había denunciado únicamente por este delito.

Mientras, Rafael Ladrón de Guevara, director de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia, aseguró que la actuación de Fidel Torres, agente del Ministerio Público que liberó a Hernández Cázarez, fue la correcto, y mencionó que aún continúa el análisis del expediente sobre el actuar del agente en cuanto a la protección de la mujer tras presentar la denuncia por amenazas por segunda ocasión a la agencia receptora.

"El Agente del Ministerio Público trabaja normalmente, por eso es una investigación previa, de existir alguna irregularidad se removería y luego se suspendería", aseguró Ladrón de Guevara.

Indicó que el Artículo 171 del Código Penal establece que el que amenace a otro con causarle un daño en su persona, bienes o un tercero con quien el ofendido tenga vínculos, se le impondrá de seis meses a un año en prisión o trabajo a favor de la comunidad hasta por seis meses.

Aclaró que el Artículo 18 Constitucional establece que sólo por delito que permanezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva, lo cual no era el caso, al ser sólo las amenazas y los golpes sanaban antes de 15 días.

El mayor obstáculo para que las mujeres tengan justicia en el tema de violencia familiar, es el Artículo 242-bis del Código Penal del estado, que establece que para castigarlo, el maltrato debe ser reiterado.

La diputada Elvira Luna Pineda precisó que el término "reiterado", implica que las mujeres deben tener por lo menos dos constancias del Ministerio Público, donde comprueben que han acudido a denunciar a su agresor.

Esto es totalmente contradictorio a justicia y a derecho, consideró, pero así está en el Código, y así no proceden las denuncias, porque se atiende a la víctima, pero si el agresor no es ni siquiera llamado a declarar, lo demás se vuelve imposible de cumplir.

"Desafortunadamente ya que muere una mujer, todos se rasgan las vestiduras, se llaman a cuentas, se dicen sorprendidos, y todos están abatidos por la muerte de esta mujer, pero cuando hablamos de una reforma necesaria para que esta mujer tenga justicia y no la maten, ahí es cuando no pasa nada".

El Ministerio Público no actuó de manera correcta, pues pudo haber orientado y canalizado a Ana Isabel a una institución para protección y no lo hizo, aseguró Elvira Luna Pineda. La diputada panista mencionó que el Ministerio Público pudo haber aplicado el Artículo 8 fracción 7 del Reglamento de Atención y Protección a las Víctima o el Ofendido. 

Este Artículo establece "que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos…". 

Indicó que el Ministerio Público contaba con facultades para orientar a la mujer después de haber presentado su denuncia y canalizado a instituciones como el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar de Mexicali.

"Esta mujer fue por sus propios medios para poner la denuncia que en muchas ocasiones nos pide la Procuraduría de Justicia que haga el ciudadano, desafortunadamente no hubo orientación y ocurrió la muerte", señaló la diputada presidenta de la Comisión de Equidad del Congreso del Estado.

Pero Antonio Martínez Luna, procurador de Justicia del estado, opinó distinto; "La señora Ana Isabel no sé si pudo prever hasta dónde podía llegar su pareja, porque también se reciben muchas denuncias por amenazas, no solamente contra mujeres, sino con otras personas".

Aseguró que en el 2006 se reportaron un total de mil 242 denuncias por el delito de amenazas ante la Procuraduría de Justicia, mientras que el 2005 se presentaron mil 478 casos. 

"El actuar del Ministerio Público que liberó al hombre fue el correcto, al seguir lo que marca el Código Penal, sin embargo, se realizará una revisión al expediente de la mujer que integró el agente del Ministerio Público por parte de Asuntos Internos, pero si todo está conforme a derecho no puede haber sanción", aclaró.

Martínez Luna explicó que el Ministerio público dejó en libertad a Hernández Cázarez, debido a que la denuncia por amenazas no es delito grave, de acuerdo con el Código Penal, además de que la víctima no presentaba lesiones que tardaran más de quince días en sanar.

"En Baja California, donde las menores violadas deben comprobar que antes eran "castas y honestas" No se puede avanzar en el apoyo a la mujer mientras haya diputados encargados de la procuración de justicia, jueces y magistrados insensibles en el tema y crean que la violencia intrafamiliar es una cuestión doméstica, privada y normal; mientras haya cerrazón y machismo", manifestó la diputada local panista Elvira Luna Pineda.

Autoridades negligentes

Ana Isabel Ortega Rojas, de 29 años, murió el 22 de febrero a causa de golpes que le propinó su ex pareja sentimental, Manuel Hernández Cázarez, de 44, quien ya había sido detenido tras una denuncia.

La Policía lo arrestó el 20 de febrero, tras recibir una llamada de Ana Isabel, quien solicitó la presencia de la Unidad contra la Violencia Intrafamiliar al recibir una golpiza y amenazas de muerte.

Los agentes lo trasladaron a la Comandancia de Policía, mientras Ana Isabel acudió a la Agencia Receptora del Ministerio Público a poner su denuncia por amenazas y lesiones en contra de su ex pareja, de quien tenía más de dos años separada por temporadas.

Ana, era originaria del estado de México, con su marido, decidieron venir a vivir a Mexicali para buscar atención médica para su hijo mayor, quien padece un mal congénito que le impide caminar bien, pero iniciaron los problemas y los golpes, debido a que su pareja se hizo adicto al alcohol, aunque Ana, para evitar problemas, no lo denunciaba. Ana Isabel lavaba y planchaba ajeno, limpiaba casas y vendía ropa de segunda, pues Manuel no le daba dinero para la alimentación de sus dos hijos, José Manuel y Ernesto de 3 y 6 años.

Dos días después, por venganza, ya que ella lo había denunciado y metido a la cárcel, y por celos, al intuir que la madre de sus dos hijos, pudiera tener otra pareja, hicieron a Hernández Cázarez regresar a la casa de Ortega Rojas, con quien discutió de nuevo y cumplió sus amenazas al golpearla y dejarla mal herida.

En su declaración ante el agente del Ministerio Público del fuero común, ratificada en el Juzgado Sexto de lo Penal, reconoció que debido al enojo que llevaba se abalanzó sobre Ana Isabel, a quien tomó de los cabellos y tumbó al piso de cemento del patio de la casa, en el cual la estrelló en más de cinco ocasiones, además de golpearla con puños y puntapiés. En la misma declaración indica que al ver que su ex mujer sangraba demasiado optó por darse a la fuga.

Ana Isabel fue trasladada al hospital civil en donde murió víctima de las lesiones, mientras que él fue detenido el mismo día y fue consignado ante el Ministerio Público por homicidio calificado.

Arrepentido, Manuel asegura que fueron los celos y el odio los que lo llevaron al extremo de causarle la muerte a Ana ante el temor de que lo dejara definitivamente; aceptó que había acudido en varias ocasiones a amenazarla porque creía que tenía otra relación.

En el expediente se encuentra también la denuncia previa que Ana Isabel Ortega Rojas realizó el 21 de febrero, donde ratificaba ante el Ministerio Público las denuncias por amenazas de muerte por parte del padre de sus hijos. Las amenazas, finalmente, Hernández Cázarez las cumplió un día después.

Pero este crimen es justificado por las autoridades con el argumento de que el Código Penal señala que las amenazas no son un delito grave, por lo que el acusado tenía que ser dejado en libertad, ya que ella lo había denunciado únicamente por este delito.

Mientras, Rafael Ladrón de Guevara, director de Asuntos Internos de la Procuraduría de Justicia, aseguró que la actuación de Fidel Torres, agente del Ministerio Público que liberó a Hernández Cázarez, fue la correcto, y mencionó que aún continúa el análisis del expediente sobre el actuar del agente en cuanto a la protección de la mujer tras presentar la denuncia por amenazas por segunda ocasión a la agencia receptora.

"El Agente del Ministerio Público trabaja normalmente, por eso es una investigación previa, de existir alguna irregularidad se removería y luego se suspendería", aseguró Ladrón de Guevara.

Indicó que el Artículo 171 del Código Penal establece que el que amenace a otro con causarle un daño en su persona, bienes o un tercero con quien el ofendido tenga vínculos, se le impondrá de seis meses a un año en prisión o trabajo a favor de la comunidad hasta por seis meses.

Aclaró que el Artículo 18 Constitucional establece que sólo por delito que permanezca pena corporal, habrá lugar a prisión preventiva, lo cual no era el caso, al ser sólo las amenazas y los golpes sanaban antes de 15 días.

El mayor obstáculo para que las mujeres tengan justicia en el tema de violencia familiar, es el Artículo 242-bis del Código Penal del estado, que establece que para castigarlo, el maltrato debe ser reiterado.

La diputada Elvira Luna Pineda precisó que el término "reiterado", implica que las mujeres deben tener por lo menos dos constancias del Ministerio Público, donde comprueben que han acudido a denunciar a su agresor.

Esto es totalmente contradictorio a justicia y a derecho, consideró, pero así está en el Código, y así no proceden las denuncias, porque se atiende a la víctima, pero si el agresor no es ni siquiera llamado a declarar, lo demás se vuelve imposible de cumplir.

"Desafortunadamente ya que muere una mujer, todos se rasgan las vestiduras, se llaman a cuentas, se dicen sorprendidos, y todos están abatidos por la muerte de esta mujer, pero cuando hablamos de una reforma necesaria para que esta mujer tenga justicia y no la maten, ahí es cuando no pasa nada".

El Ministerio Público no actuó de manera correcta, pues pudo haber orientado y canalizado a Ana Isabel a una institución para protección y no lo hizo, aseguró Elvira Luna Pineda. La diputada panista mencionó que el Ministerio Público pudo haber aplicado el Artículo 8 fracción 7 del Reglamento de Atención y Protección a las Víctima o el Ofendido. 

Este Artículo establece "que la autoridad investigadora o jurisdiccional dicte las providencias legales y medidas de seguridad necesarias para proteger su vida, integridad física y moral, bienes, posesiones o derechos, incluyendo los de familiares directos…". 

Indicó que el Ministerio Público contaba con facultades para orientar a la mujer después de haber presentado su denuncia y canalizado a instituciones como el Centro de Atención a Violencia Intrafamiliar de Mexicali.

"Esta mujer fue por sus propios medios para poner la denuncia que en muchas ocasiones nos pide la Procuraduría de Justicia que haga el ciudadano, desafortunadamente no hubo orientación y ocurrió la muerte", señaló la diputada presidenta de la Comisión de Equidad del Congreso del Estado.

Pero Antonio Martínez Luna, procurador de Justicia del estado, opinó distinto; "La señora Ana Isabel no sé si pudo prever hasta dónde podía llegar su pareja, porque también se reciben muchas denuncias por amenazas, no solamente contra mujeres, sino con otras personas".

Aseguró que en el 2006 se reportaron un total de mil 242 denuncias por el delito de amenazas ante la Procuraduría de Justicia, mientras que el 2005 se presentaron mil 478 casos. 

"El actuar del Ministerio Público que liberó al hombre fue el correcto, al seguir lo que marca el Código Penal, sin embargo, se realizará una revisión al expediente de la mujer que integró el agente del Ministerio Público por parte de Asuntos Internos, pero si todo está conforme a derecho no puede haber sanción", aclaró.

Martínez Luna explicó que el Ministerio público dejó en libertad a Hernández Cázarez, debido a que la denuncia por amenazas no es delito grave, de acuerdo con el Código Penal, además de que la víctima no presentaba lesiones que tardaran más de quince días en sanar.

"En Baja California, donde las menores violadas deben comprobar que antes eran "castas y honestas" No se puede avanzar en el apoyo a la mujer mientras haya diputados encargados de la procuración de justicia, jueces y magistrados insensibles en el tema y crean que la violencia intrafamiliar es una cuestión doméstica, privada y normal; mientras haya cerrazón y machismo", manifestó la diputada local panista Elvira Luna Pineda.

  Desalentar la denuncia

Bertha Valdéz, de 34 años, separada de su marido tras años de insultos, palizas y relaciones sexuales forzadas, ya no está convencida de denunciar a su esposo, pues en el Ministerio Público le hicieron ver que podría empeorar su situación al presentar la denuncia y que si él la quisiera matar podría hacerlo, poniéndole de ejemplo el crimen de Ana Isabel, ahora no confía en que será protegida por las instituciones públicas.

En entrevista, aseguró vivir encerrada en su casa con llave y sin hacer ruido para hacerle creer a su marido que había abandonado la casa. La abogada que la atendió le preguntó en dos ocasiones: ¿Está segura de lo que va a hacer? ¿está conciente de que denunciar a su esposo le traerá represalias y podría agravar más la violencia que vive?

En el Ministerio Público habían logrado convencerla de no denunciar la violencia y que acudir a las autoridades empeoraría su situación de grave riesgo. Sin expectativas de que las autoridades le brinden protección efectiva, permanece escondida y atenida a su precaria estrategia. Acudió ante el grupo Comunicadoras de Mexicali, buscando apoyo, presa del miedo de que las amenazas de muerte de su marido se hagan realidad.

Su experiencia, como la de muchas mujeres, de por sí devastadora, ha estado tradicionalmente reforzada por la desprotección y trato discriminatorio e inapropiado que encuentran de parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y agentes responsables de asistirlas, cuando ellas ponen en su conocimiento tales abusos y solicitan auxilio.

Y si algo ha caracterizado al sistema penal mexicano, es la impunidad, muchos son los factores que han contribuido con ella: la ausencia de un marco normativo acorde a la realidad delictiva, falta de capacitación y profesionalización de los servidores públicos, corrupción, dilación en la aplicación de la justicia, ausencia de protección a victimas y testigos, abusos de poder, entre otros.

Esto sólo demuestra que a pesar de todo esfuerzo internacional y nacional, aun no se cuenta en el sistema de justicia con un trato humanitario y libre de prejuicios; las leyes y la práctica han permitido diversas formas de colaboración o de complicidad con quienes violan, maltratan, humillan o incluso asesinan a una mujer.

INEGI: las muertes de mujeres en México por violencia intrafamiliar son más que las causadas por delincuencia organizada: 2,159 fallecieron en 2005

De acuerdo con datos del INEGI, en el transcurso del 2005 se registraron dos mil 159 fallecimientos de mujeres por violencia intrafamiliar, cifra que supera a la de fallecimientos por el crimen organizado, que fue de mil 776. Las muertes de mujeres por violencia intrafamiliar se concentran principalmente en 10 entidades: Oaxaca, Quintara Roo, Puebla, Tlaxcala, Distrito Federal, Michoacán, estado de México, Colima, Nayarit y Baja California. Las lesiones que dejan las riñas en el hogar van desde una simple gastritis, hasta embolias, derrames cerebrales por la presión arterial por el estado nervioso, lesiones en el corazón, problemas renales y cáncer de mama, ya que los senos son uno de los puntos vulnerables hacia los cuales los hombres suelen dirigir sus ataques, señaló el Instrituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). El organismo indicó que cada 35 minutos se recibe una llamada al teléfono instalado para recabar denuncias por violencia doméstica y tan sólo en la ciudad de México, siete de cada 10 mujeres son agredidas por su pareja, o por su ex esposo en el hogar, según datos del instituto.

Los daños provocados, física y anímicamente en las víctimas de violencia intrafamiliar, en la mayoría de los casos son irreparables; muchos de ellos derivan en la muerte de las mujeres agredidas por las lesiones crónicas, o hasta suicidios.

Asimismo, de acuerdo con las cifras de la investigación realizada por la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, en nuestro país seis mil mujeres han sido asesinadas con violencia en diez estados del país en el periodo 1999-2005, un promedio de mil mujeres por año, sin contar las que pierden la vida por situaciones relacionadas con la violencia intrafamiliar, denominadas muerte natural.

"Uno de los aspectos graves del feminicidio, es que estos crímenes de odio contra las mujeres lo mismo se dan en la casa, el trabajo o en la calle, y son la expresión última de la violencia intrafamiliar". Aunque estos números parezcan alarmantes, las organizaciones feministas han asegurado que hay una "cifra negra" de decesos de mujeres a consecuencia de la violencia en los hogares. Muchas de ellas prefieren no denunciar las agresiones, ya que en la mayoría de los casos los cónyuges las tienen amenazadas con denunciarlas penalmente por adulterio, abandono de hogar o declararlas insanas mentalmente para quitarles a los hijos.

Al respecto, Alicia Elena Pérez Duarte, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra las Mujeres, de la Procuraduría General de la República (PGR), reconoció que las estadísticas no reflejan la magnitud del problema de las agresiones en contra de las mujeres, ya que hay una "cifra negra", de mujeres que no denuncia.

Marcela Legarde, quien fue presidenta de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, señaló: "el verdadero problema está en las causas de las muertes, los números hay que ubicarlos en contexto, además que para saber que efectivamente esas 10 o 20, 60 o mil mujeres murieron por causas de violencia intrafamiliar, ya que se debe tener una sentencia ejecutoriada, por eso no me gustan las cifras, porque cada quien las puede leer e inventar como quiera".

Agregó que los riesgos no se miden por las cifras, sino por el temor fundado que tienen todas las mujeres de terminar con la violencia, ese es el riesgo y esa es la gravedad, pero el problema es realmente más grave, ya que de acuerdo a los resultados de estudios, entrevistas, encuestas y denuncias, las víctimas de la violencia intrafamiliar fácilmente superan a los homicidios perpetrados por el crimen organizado. Mencionó que dos terceras partes del registro de mujeres asesinadas en un año, de acuerdo con los datos oficiales, murieron a consecuencia de agresiones en el hogar, pero no sólo a manos del marido, sino también por novios, padres, hermanos, amigos, familiares y otro tipo de parientes.

Aseveró que los homicidios cometidos entre 1993 y 2005, mejor conocidos como las "Muertas de Juárez" son la mejor muestra de la violencia intrafamiliar, ya que los asesinatos y violaciones no fueron autoría de un psicópata en serie, sino de algún pariente cercano o conocido familiar, "el verdadero psicópata o asesino en serie estaba dentro de la familia".

Refirió que la principal analogía entre las muertas de Ciudad Juárez y Chimalhuacán, en el estado de México, lugar donde han repuntado los homicidios en contra de mujeres, es que ambas son zonas fronterizas, una con los Estados Unidos, y otras entre el Distrito Federal y la entidad mexiquense.

"En los estados de la República donde las cifras son menores en contra de las mujeres puedo asegurar, no es porque haya un mejor trato o equidad de género, sino porque las mujeres no reconocen que están en una situación de violencia, y por eso no la comentan o no la denuncian, o porque simplemente tienen miedo", apuntó Pérez Duarte.

El estudio realizado por la Cámara de Diputados concluye que "hay violencia feminicida en el país, un problema nacional que va más allá de Ciudad Juárez", pues se han detectado alarmantes expresiones de violencia de género contra las mujeres en diversos estados del país, en los que tanto autoridades locales como federales han sido rebasadas ya que "la mayoría de los crímenes están en la impunidad", lo que se traduce en "violencia institucional" y es reflejo de la insuficiencia de políticas gubernamentales para solucionar el fenómeno.

El estado de Veracruz encabeza la lista de feminicidios con mil 494 víctimas en el periodo 2000-2005; mientras que el estado de México reporta mil 288 casos, entre los años 2000-2003, en Chiapas se contabilizaron mil 242 casos entre 2000-2004.

Otros puntos del país donde el índice de violencia de género es preocupante son Guerrero, Distrito Federal, Chihuahua, Oaxaca, Sonora, Baja California y Morelos.

M.C. Gustavo López Badilla1,

Mayela Ayala Flores2,

Brenda López Arambula1

Rubén Navarro Aviles2

1 Investigador-Académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, México.

2 Estudiantes de la la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Autónoma de Baja California, Mexicali, Baja California, México.