Pero, al mismo tiempo, se sancionó la Ley de Reforma del Código Militar, que establecía que los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por la justicia militar. Esta ley tenía como objetivo que las Fuerzas Armadas condenaran a sus propios miembros y se incorporaran, de esta forma, al proceso democrático. Por este motivo, como los militares se enjuiciaban por sus propias leyes, nunca se llegaba a sentencia (o se los declaraba inocentes. Los militares no tenían apelación fuera del contexto militar, lo que implicaba la inmunidad de cada miembro de las Fuerzas Armadas. No resulta ilógico entonces comprender que el 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las ordenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran "inobjetablemente legítimas". Teniendo en cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales civiles apelar la decisión de la justicia militar, con la llegada de la democracia se propuso habilitar una instancia judicial ordinaria que permitiera que la junta militar no fuera juzgada solamente por instancias militares. Esta cámara fue la Cámara Federal Penal, habilitada por una norma del Congreso Nacional. De esta forma, los militares serían juzgados con verdadera justicia y así el Juicio a las tres primeras juntas militares inició sus audiencias en abril de 1985 y finalizó el 9 de diciembre del mismo año.
Es difícil generalizar la opinión de un partido político respecto a un tema tan serio y conflictivo como el Juicio a las Juntas, aunque no imposible. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay dos momentos en los que se puede rescatar la opinión de estos. En primer lugar, se planteará la opinión del partido radical y el partido justicialista antes y durante la realización del mismo. El partido radical apoyaba, obviamente, la realización del Juicio, principalmente porque esta idea era impulsada por el presidente Alfonsín, quien también pertenecía a la UCR. Algunos sectores del peronismo, por el contrario, no creían que el Juicio a las Juntas era lo mejor que podía hacerse. De hecho, la oposición justicialista, que tenía mayoría en el Senado, cuestionó la creación de la CONADEP, proponiendo en cambio una Comisión Bicameral (de diputados y senadores) para centralizar las denuncias; por lo que se negó a designar tres legisladores para integrar la comisión.
Gracias a la conservación de diarios de la época se puede recopilar cierta información acerca de lo que pensaba cada partido. Un titular del diario La Razón dice: "El 92 por ciento de los porteños está de acuerdo con el proceso a las juntas" y agrega que "el sondeo arrojó que están a favor del juicio o lo quieren más severo el 92,3 por ciento de quienes votarán a la UCR, el 93 por ciento de quienes elegirán al PJ, el 97,8 de los futuros votantes del PI y el 69,2 de los de la UCD". Claro que hay que tener en cuenta que esta encuesta se realizó a tan solo 580 consultados de los millones de habitantes del país. Otro titular señala que "La JPU convoca al acto organizado por las madres" y dice: "… la Juventud Peronista levanta el reclamo mayoritario de juicio y castigo a los culpables del genocidio u la barbarie…" Esto demuestra que la Juventud Peronista sí estaba a favor del juicio.
Por otro lado, es necesario analizar la posición que tomaron los distintos partidos políticos respecto a la sentencia. Mientras que políticos radicales se mostraron satisfechos con el fallo de la Cámara y la sentencia en el juicio, las entidades vinculadas con este tema criticaron con dureza lo resuelto, al igual que las fuerzas de izquierda. En el peronismo existieron diversas opiniones, aunque en general se mostró disconforme. La disconformidad y crítica de los partidos políticos a la sentencia no se basó en que la misma había sido incorrecta, sino en que había sido muy leve e insuficiente. En una de las páginas seleccionadas del diario La Razón se citan diversos representantes de los distintos partidos que muestran claramente los pensamientos de cada sector. Así, Leopoldo Moreau (diputado nacional UCR) dice: "Lo que nos debe satisfacer no es la sentencia, sino el juicio…" y Ricardo Lafferiere agrega: "La sentencia es una demostración de generosidad de la democracia y también de la imparcialidad de los juicios que habían sido atacados como políticos y sentencias preconcebidas."
Por otro lado, el Partido Justicialista expresa: "Significa empezar a poner límites a la impunidad de la violencia y la represión. Sin embargo, vemos con preocupación que esa impunidad sigue presente en la falta de castigo a los ideólogos y culpables civiles de la destrucción del país." Cardozo (miembro del PJ) dice: " Creo que la cadena perpetua resulta insuficiente porque por un motivo de amnistía, indulto o comportamiento esta gente puede salir en libertad. En cambio, en la reclusión por tiempo indeterminado están en la cárcel hasta el fin de los días." Por otro lado, el Partido Intransigente también muestra su disconformidad: "El partido comparte la decepción que le fallo ha producido en vastos sectores de la ciudadanía (…) a la vez que no es posible omitir una referencia al hecho de que la Cámara no haya utilizado esta oportunidad para sentar tesis alguna sobre el concepto de la obediencia debida." El Partido del Trabajo y del pueblo también trata las sentencia de tibias y critica duramente la política de Alfonsín, diciendo que su política de derechos humanos conduce a la amnistía abierta o encubierta para los responsables de los crímenes cometidos. Por último, el Partido Humanista reconoció que fallo constituyó un avance, aunque insuficiente, en la consolidación del estado de derecho en la Argentina.
En conclusión, a excepción de la UCR la mayor parte de los partidos políticos se mostró insatisfecha con la sentencia. Para una mayor comprensión se adjuntan al final del trabajo notas periodísticas que refieren al tema. ("Fuerte impacto de la sentencia" y "Reacciones Opuestas luego de la sentencia" especialmente).
Una de las ideas que Alfonsín trató de alcanzar fue quitarle a la Confederación General del Trabajo (CGT) el monopolio en la representación de los derechos de los trabajadores. Alfonsín antes y en parte de su campaña política denunció un "pacto sindical militar", donde se garantizaba la obediencia por amnistía. Para tratar de quitarle esa importancia a la CGT, en febrero de 1984 la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley sobre Reordenamiento Sindical que permitía la creación de nuevas uniones gremiales. El rechazo a la ley de reordenamiento y democratización sindical agrandaría los ánimos de los líderes sindicalismo. Tanto a nivel de la Confederación General del Trabajo (CGT), como de las 62 Organizaciones Peronistas, la política sería de gran oposición. En ocho de los diez sindicatos donde se elegirían autoridades triunfarían expresiones propias del sindicalismo peronista. Las demandas y los conflictos se incrementarían en gran medida a través de diversas manifestaciones de un plan de lucha protagonizado por el Ubaldini y Miguel. Durante este gobierno hubo 13 paros generales organizados por la CGT en defensa de los intereses sectoriales que representaba. A pesar de los conflictos con el gobierno, sectores sindicalistas señalaron luego de dictada la sentencia: "las variedad de condenas demuestra la equidad con la que ha obrado el tribunal."
El elemento quizás mas importante para destacar del contexto político internacional de la época es la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que permitió la instauración de regímenes militares en casi toda América latina. Esta doctrina vinculaba los conflictos externos e internos, cambiando la concepción del enemigo que había imperado hasta entonces. Frente al objetivo inicial de las Fuerzas Armadas de defender las fronteras ante cualquier amenaza exterior, la Doctrina de Seguridad Nacional establecía que la amenaza no era solo externa, sino que podía encontrarse dentro de las mismas fronteras de la nación. Para esta doctrina, la infiltración de ideas diferentes a los intereses del gobierno de facto representaba un peligro aun mas grave que una amenaza externa, la DSN consideraba que el Estado se encontraba en guerra continua permanente.
Empleando esta doctrina los Estados Unidos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras genocidas latinoamericanas, instaladas por la CIA, como la de Augusto Pinochet (en Chile), Alfredo Stroessner en (Paraguay), Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri (en Argentina, 1976-1983, con 30.000 desaparecidos), el general Banzer (en Bolivia, 1971-1978), la dinastía de los Somozas (en Nicaragua), El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil. Para implementar la doctrina, los Estados Unidos instalaron la Escuela de las Américas en Panamá. La idea fue de impulsar el equilibrio político en América Latina. Allí, durante casi cuarenta años, las técnicas más salvajes de interrogación fueron enseñadas a militares sudamericanos.
Esta doctrina creó y sostuvo las dictaduras en América Latina, y es importantísimo mencionarla dentro de este tema. Que un país rodeado por dictaduras militares trate de alcanzar la democracia es un avance, que trate de alcanzar a justicia lo es más aún. Es por eso que fue tan importante el Juicio a las Juntas, porque fue el primero en América Latina y porque evitó que la impunidad siguiera siendo una regla.
Como se dijo anteriormente, con la llegada de la democracia se derogó en diciembre de 1983 la "Ley de Autoamnistía" y se dicto el decreto 158/83 que consintió en una Orden presidencial de procesar a las juntas militares. También, teniendo en cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales civiles apelar la decisión de la justicia militar, con habilitó una instancia judicial ordinaria que permitió que la junta militar no fuera juzgada solamente por instancias militares. Esta cámara fue la Cámara Federal Penal, habilitada por una norma del Congreso Nacional.
El fallo pronunciado por la Cámara Federal en el Juicio a las Juntas Militares permitió que en diversos tribunales de todo el país se abrieran nuevas causa por los secuestros, las torturas, y los homicidios cometidos por los militares que participaron en la última dictadura, independientemente de su lugar en la cadena de mandos. Se calcula que en 1986 se habían comenzado alrededor de seis mil juicios en los que estaban involucrados aproximadamente seiscientos militares.
El 24 de diciembre de 1986, el Congreso aprobó la Ley de Punto Final (Ley 23.492) en la que se determinaba un lapso de sesenta días corridos para presentar denuncias contra los militares y policías involucrados en la represión ilegal. Cualquier acción penal iniciada fuera de ese plazo quedaría inhabilitada. El gobierno justificó la Ley de Punto Final planteando la inquietud que había entre los militares por la cantidad y la demora en las causas ya abiertas.
Sin embargo, la Ley de Punto Final aceleró el inicio de acciones penales contra militares de todas las graduaciones. Hacia marzo de 1987, cuando diversos tribunales de todo el país debían citar a declarar una gran cantidad de miembros de las FFAA, se produjeron actos de rebeldía que derivaron en una sublevación militar. El primer alzamiento militar se produjo el 14 de abril de 1987 y ye encabezado por los tenientes coroneles Ernesto Barrerio y Aldo Rico. Este alzamiento movilizó a los militares que habían obedecido órdenes durante la dictadura militar y se resistían a presentarse en los juzgados.
Al poco tiempo, el Congreso aprobó la Ley 23.521 de Obediencia Debida en la que se establecía que todo el personal militar y policial que, por su graduación, hubiera actuado bajo ordenes no podía ser juzgado por los delitos cometidos durante la dictadura militar. Esta Ley consideraba que estas persona habían actuado bajo las órdenes de una autoridad superior y sin la posibilidad de cuestionar su legitimidad. De esta manera, la Ley de Obediencia Debida permitió anular los juicios y las penas de centenares de personas acusadas, y, en muchos casos ya condenadas, por crímenes que atentaron contra los derechos humanos.
Frente a estas leyes por supuesto también hubo distintas reacciones, pero estas fueron, en su mayoría, hostiles a las mismas. El Partido Comunista el Movimiento Socialista dijeron al respecto: "Si se quiere afianzar la democracia y ahuyentar definitivamente los riesgos de las campañas desestabilizantes y de golpes de estado, es imprescindible que ninguno de los crímenes quede impune". Y Zamora añadió luego: "el eventual punto final debería ser llamado en realidad el "premio final" que el Gobierno otorgaría a los miles genocidas del proceso." Y estas personas no estaban equivocadas. Por algo en el 2003 el Senado de la Nación dio sanción definitiva a la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Esta decisión no tendrá incidencia jurídica porque ninguna ley se puede aplicar a hechos ocurridos antes de su sanción. Es por esto que no podrán ser juzgados quienes se beneficiaron con estas leyes en la década pasada. Sin embargo, la derogación de las mismas tiene una fuerte repercusión política a partir del masivo respaldo del pueblo.
Una vez que las nuevas autoridades electas asumieron sus cargos, el gobierno comenzó a dictar normas vinculadas al juzgamiento de los hechos de la dictadura. Cabe destacar que el principal obstáculo jurídico para llevar a cabo los juicios estaba dado por la llamada "ley de Autoamnistía" dictada por el gobierno militar poco antes de la asunción del gobierno electo. Otra circunstancia a tener en cuenta, aunque tenía una incidencia menor en aquel momento, era la prescripción de las acciones penales. La Autoamnistía dictada por el gobierno de facto fue derogada por inconstitucional y declarada nula mediante la ley 23.040 sancionada el 22 de diciembre de 1983. También la Justicia Militar sancionó la Ley de Reforma del Código Militar, que establecía que los delitos cometidos por el personal militar entre 1976 y 1983 debían ser juzgados por la justicia militar. Como los militares se enjuiciaban por sus propias leyes, nunca se llegaba a sentencia (o se los declaraba inocentes) y cada miembro de las FFAA resultaba inmune ante la justicia. El 25 de septiembre de 1984, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, expresó en un documento que las ordenes de represión que habían dado las cúpulas militares eran "inobjetablemente legítimas". De esta forma resultaba necesario pasar por otra instancia en el Juicio Penal. Teniendo en cuenta la ley 23.049 que permitía a los tribunales civiles apelar la decisión de la justicia militar, con la llegada de la democracia se propuso habilitar una instancia judicial ordinaria que permitiera que la junta militar no fuera juzgada solamente por instancias militares. Esta cámara fue la Cámara Federal Penal, habilitada por una norma del Congreso Nacional.
"Con tristeza, con dolor hemos cumplido la misión que nos encomendó en su momento el Presidente Constitucional de la República. Esa labor fue muy ardua, porque debimos recomponer un tenebrosos rompecabezas, después de muchos años de producidos los hechos, cuando se han borrado liberadamente todos los rastros, se ha quemado toda documentación y hasta se han demolido edificios. Hemos tenido que basarnos, pues, en las denuncias de los familiares, en las declaraciones de aquellos que pudieron salir del infierno y aun en los testimonios de represores que por oscuras motivaciones se acercaron a nosotros para decir lo que sabían." (Fragmento extraído del libro NUNCA MAS).
Sin lugar a dudas la prueba testimonial fue fundamental y su valor es enorme, es esencial. El testimonio de las personas involucradas en los hechos es lo único que nos queda de una época en la que la eliminación física de personas y de elementos eran frecuentes, una época donde reinó la clandestinidad, la censura, la represión, las desapariciones. La memoria ha sido el deber de la Argentina posterior a la dictadura militar. El testimonio hizo posible la condena del terrorismo de estado: la idea del "nunca más" se sostiene en que sabemos a qué nos referimos cuando deseamos que eso no se repita. Como instrumento jurídico y como modo de reconstrucción del pasado, allí donde otras fuentes fueron destruidas por los responsables, los actos de memoria fueron una pieza central de la transición democrática, sostenidos a veces por el estado y de forma permanente por organizaciones de la sociedad. Ninguna condena hubiera sido posible si esos actos de memoria, manifestados en los relatos de testigos y víctimas, no hubieran existido.
Sin embargo, cabe destacar que en algunos casos estas pruebas no fueron suficientes. Los delitos juzgados e investigados fueron: tormentos, homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad y robos efectuados por los militares entre los años 1976 y 1982. La desaparición de personas, sin embargo, no pudo ser juzgada ya que no figura como delito penado por el Código Penal Argentino. La sentencia fue unánime y condenaba al general Jorge Rafael Videla y Almirante Emilio Massera a prisión perpetua; al general Roberto Viola a 17 años de prisión; al almirante Armando Lambruschini a 8 años y al brigadier Agosti a 8 años y 9 meses. El General Galtieri, el Almirante Anaya, el Brigadier Lami Dozo y el Brigadier Graffigna no fueron condenados porque la Cámara consideró que las pruebas en su contra eran insuficientes. Lamentablemente, los testimonios de las víctimas no bastaron para desencapuchar la violencia desatada durante la dictadura militar.
A pesar de que un juez debe ser imparcial y objetivo en el momento del juicio, es muy difícil serlo cuando se trata de juzgar torturadores y asesinos. Especialmente cuando el juicio se vuelve cíclico: los militares insisten en que ellos tan solo cumplieron órdenes, en que ellos tan solo "accionaron las armas". E incluso niegan recordar los hechos. Entonces es comprensible que el fiscal, siendo humano también, se altere y trate de hacer que estas personas confiesen, que digan la verdad. Nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y por eso no puede tratar de ilegal lo que el militar está haciendo. Pero la imparcialidad del juez, en ese momento, deja de existir.
Cabe agregar, además, que los fiscales a cargo del Juicio a las Juntas fueron testigos de miles de testimonios, de secretos, de confesiones, de relatos de torturas, robos, persecuciones… de las más terribles historias. ¿Y esto en qué influye? En realidad, habría que preguntarse en qué no influye…
La CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) fue creada por el presidente argentino Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983 para investigar las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Su investigación, plasmada en el libro Nunca Más (que fuera entregado a Alfonsín el 20 de septiembre de 1984), abrió las puertas para el juicio a las Juntas de la dictadura militar. Fueron sus miembros: Ernesto Sábato (Presidente), Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall T. Meyer, Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi y Magdalena Ruiz Guiñazú. Por la Cámara de Diputados de la Nación se nombraron integrantes también: Santiago Marcelino Lopez, Hugo Diogenes Piucill y Horacio Hugo Huarte. Se nombraron además cinco secretarios: Graciela Fernández Meijide (Recepción de Denuncias), Daniel Salvador (Documentación y Procesamiento de Datos), Raúl Aragón (Procedimientos), Alberto Mansur (Asuntos Legales) y Leopoldo Silgueira (Administrativo). En el libro "Nunca más" constan las pruebas de casi 9.000 casos de desaparición forzosa de personas instigados por el gobierno durante el Proceso, aunque aunque la Amnistia Internacional estimó que el número de victimas superó los 16.000 y organizaciones argentinas como Madres de Plaza de Mayo hablaron de 30.000 afectados entre muertos y desaparecidos. ¿Quiénes eran desaparecidos? Las personas víctimas de la represión y detenidas sin registro en dependencias del Estado, su paso por organismos bajo control gubernamental era "borrado" y sus presencias ocultadas totalmente, de modo que no pudieran ser rastreadas por quienes las quisieran encontrar.
La frase "Nunca más" sigue resultando emblemática. Expresa el sentimiento colectivo de una sociedad que no quería, y no quiere, que las violaciones sistemáticas de la Constitución Nacional y de los derechos más elementales de las personas vuelvan a ser posibles impunemente en el país.
"Nuestra Comisión no fue instituida para juzgar, pues para eso están los jueces constitucionales, sino para indagar la suerte de los desaparecidos en el curso de estos años aciagos de la vida nacional. Pero, después de haber recibido varios miles de declaraciones y testimonios, de haber verificado o determinado la existencia de cientos de lugares clandestinos de detención y de acumular más de cincuenta mil páginas documentales, tenemos la certidumbre de que la dictadura militar produjo la más grande tragedia de nuestra historia, y la más salvaje. Y, si bien debemos esperar de la justicia la palabra definitiva, no podemos callar ante lo que hemos oído, leído y registrado; todo lo cual va mucho más allá de lo que pueda considerarse como delictivo para alcanzar la tenebrosa categoría de los crímenes de lesa humanidad. Con la técnica de la desaparición y sus consecuencias, todos los principios éticos que las grandes religiones y las más elevadas filosofías erigieron a lo largo de milenios de sufrimientos y calamidades fueron pisoteados y bárbaramente desconocidos."
(Fragmento extraído del libro NUNCA MÁS)
Es importante destacar que numerosos organismos internacionales de Derechos Humanos intervinieron en gran medida en este proceso.
Por ejemplo, concurrieron a la CONADEP: Miembros del Partido Ecologista Alemán; Sr. Embajador de Holanda; Grupo de Legisladores italianos; Asociación Pro Derechos Humanos de España; los Sres. Embajadores de Suecia y Alemania; Sr. Antoine Blanca, Embajador de Francia; y hubo innumerables visitas de representantes de órganos de opinión pública internacional. Todos ellos, para ofrecer su adhesión y apoyo a las tareas de la Comisión, la cual auspició además, la visita al país de integrantes del Comité de Libertad y Responsabilidad Científica, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, cuyo aporte en materia de investigaciones en todo lo que hace a la inquietud de los Organismos de Derechos Humanos y en especial a los fines de esta Comisión fue de inestimable valor. La integraban los Dres. Lowell Levine, Lesli Lukash, Marie Claire King, Ciyde Snow, Luke Tedeschi, los que vinieron acompañados por el Dr. Cristian Orrego y el Sr. Eric Stover. También la Conadep mantuvo reuniones de trabajo con Organismos como: Cruz Roja Intemacional, Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, Vicaria de la Solidaridad de Chile, etc., y dispuso también, tomar contacto con Organismos Intemacionales tales como Naciones Unidas, Unesco, Amnesty Intemational, Clamor, Comisión Internacional de Juristas, Asociación Internacional de Juristas Democráticos y otras no menos significativas. Por último, también vale destacar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) redactó un informe acerca de la situación del país el 14 de diciembre de 1979.
Adjuntados a este trabajo se encuentran informes periodísticos del diario La Razón y Clarín. Mientras que este último se mantiene bastante objetivo, el primero trata con más subjetividad y ahondamiento el tema del Juicio a las Juntas. El Diario Clarín a pesar que informa acerca de lo que está sucediendo, en su mayor medida se limita a enunciar los hechos más importantes y (a pesar de su objetividad) critica en ciertos momentos el gobierno de Alfonsín. Por el otro lado, La Razón tiene un mayor número de artículos que datan de la época los cuales tienen diversidad de opiniones y noticias. Hay en este diario posiciones a favor y en contra del juicio, como así también de la sentencia, lo que lo hace más rico en cuanto a información.
Otro diario que puede agregarse a la comparación es "Crónica". Este directamente trata de no informar acerca de lo que sucede en el juicio: sus primeras planas priorizan otros temas, fundamentalmente policiales, y las sentencian quedan reducidas a una pequeña porción de la portada principal. Hacia el 13 de Diciembre, los titulares de dicho diario ya no informan absolutamente nada acerca del Juicio.
Cabe citar también un fragmento de un artículo publicado en la revista Humor en el momento en el que se llevó a cabo el Juicio a las Juntas:
"El informe de la Conadep llegó a muchos argentinos. Pero sólo a muchos. Este juicio inunda la República. Penetra en las casas, en los bares, en todas las instituciones. Nada se le resiste.
Los testimonios se suceden. Los testimonios están allí. No son una cifra, una estadística. Ocupan su lugar y hablan ante los jueces. Narran sucesos inenarrables. Pero los narran. Se les quiebra la voz. Algunos lloran. Son seres tangibles. Cotidianamente, la Argentina recibe estos testimonios (…) La Argentina, hoy, está juzgando a las fuerzas armadas (…). Al hacerlo se está juzgando a sí misma. Porque un país es responsable de los monstruos que engendra." Feinmann, José Pablo. El País de La Memoria (Publicado originalmente en la revista Humor, en octubre 1985).
Este fragmento muestra claramente que el Juicio, no importa cómo ni en qué medida, llegaba a todos y a cada ciudadano del país. Todos estaban enterados de qué era lo que pasaba.. Pero algunos lo callaban. Quizás porque seguían temiendo, quizás porque se oponían. La democracia renacía y la libertad de expresión también. La censura, al mismo tiempo, iba desapareciendo. Pero algunos miedos, inevitablemente, continuaban.
Si bien los medios oficiales norteamericanos mantuvieron un prudente silencio (debido a la necesidad de mantenerse neutrales sobre lo que se consideraba una cuestión interna argentina), la sentencia aplicada por la justicia mereció las primeras planas de los diarios y un constante flujo informativo de los medios de difusión de Estados Unidos. De esta forma, The Washing Times, The Washington Post, The Wall Street Journal y The New York Times, entre otros, dedicaron su primera plana a cubrir dicha sentencia.
También el Times elogió a Alfonsín y lo apoyó a lo largo de todo el juicio a las juntas.
Por otro lado, Francia en su diario "Le monde", Italia en "Il Gironale y "Il Manifiesto", y España en "El País" y "Diario 16", también hablaron de la sentencia y la finalización de dicho juicio. "El País" señaló en su primera página: " la levedad de las penas" y el "Diario 16" puso de relieve que "el tribunal civil condena a cadena perpetua solo a Videla y a Massera".
En Latinoamérica también tuvo mucha repercusión. La prensa brasileña divulgó en forma muy destacada las condenas a militares en la Argentina (diarios "O Estado de Sao Pablo", "O Globo", "Jornal do Brasil" y "Folha do Sao Pablo", entre otros). La prensa mexicana también elogió el fallo de la justicia argentina. El diario "Unomaxuno" calificó al hecho de "victoria civil" y subrayó que fue "la primera vez en nuestro continente que un tribunal civil no teme enjuiciar a militares que abusaron del poder". "La Jornada" señaló también que "unidos, los vivos y los muertos lograron, por primera vez en Latinoamérica, procesar y sancionar de manera justa, democrática e institucional, a dos ex presidentes de la República responsables de un régimen ilegal y criminal que, por desgracia, no fue excepcional en la región." Los fallos de la Justicia civil argentina contra los militares también merecieron primera plana en los diarios uruguayos, tales como "El Día", "El País" y "La Mañana".
Sin embargo, antes de esta difusión de la sentencia en toda la prensa internacional, esta última no siguió con entusiasmo el proceso del Juicio a las Juntas en General. Dice un artículo que date de Julio del diario "La Razón": "Jean Luc Melenchon, dirigente del Partido Socialista de Francia, estuvo en Buenos Aires, observó durante varios días el desarrollo del juicio y piensa que es éste "el acontecimiento internacional más importante del momento", pero que los medios de comunicación del mundo "aún no se han percatado de esto" por lo que a su regresó a Francia, trabajará para la formación de "un comité de apoyo a la democracia argentina" al que convocará a "a las figuras más importantes de todos los sectores de la sociedad francesa y europea."
Evidentemente Melenchon trabajó en lo que se propuso, ya que a partir de ese momento la prensa internacional comenzó a interesarse cada vez más en el caso.
Al final del trabajo se adjuntan artículos de diario que tratan acerca de la cobertura de la prensa internacional durante el proceso.
Durante la presidencia de Alfonsín se produjeron algunos levantamientos militares, ya que querían cambiar la conducción del Ejército y reivindicar la acción de las Fuerzas Armadas en la lucha antisubversiva. Si bien se manifestaron como constitucionalistas, la sociedad los identificó claramente como intentos golpistas y les respondió saliendo a la calle en defensa de la democracia. El 20 de abril de 1987, en Campo de Mayo, estalló en plena Semana Santa el levantamiento "carapintada" (en referencia a que los sublevados tenían sus rostros pintados con camuflaje de guerra), liderado por Aldo Rico y Ernesto Barreiro. Este alzamiento movilizó a los militares que habían obedecido órdenes durante la dictadura militar y se resistían a presentarse en los juzgados. El levantamiento de Semana Santa demostró que algunos militares seguían recurriendo a las armas para hacer oír sus reclamos. La rebelión concluyó luego de que el presidente Alfonsín hablara con el grupo insurrecto en Campo de Mayo. En enero de 1988, nuevamente, se levantaron en Monte Caseros. Y, finalmente, El 4 de diciembre de 1988 Mohamed Alí Seineldín encabezó el alzamiento de Villa Martelli. Nuevamente crearon el pánico en la sociedad recurriendo a las armas.
Respecto al juicio, los militares mantuvieron su postura: ellos se consideraban inocentes, "el fin justifica los medios", decían.
Consultado por un periodista acerca de la necesidad de la investigación profunda del problema de los desaparecidos, el General Viola responde:
"Me parece que lo que Ud. quiere decir es que investiguemos a las Fuerzas de Seguridad, y eso si que no. En esta guerra hay vencedores , y nosotros fuimos vencedores y tenga la plena seguridad que si en la última guerra mundial hubieran ganado las tropas del Reich, el juicio no se hubiera hecho en Nuremberg sino en Virginia" («Clarín», 18 de marzo de 1981).
La opinión de la Iglesia respecto al tema no puede ser considerada como unánime, ya que la misma estaba dividida en distintos sectores. El sector mayoritario y más conservador de la misma estaba en contra del Juicio y a favor del perdón. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, cardenal Raul Primateata, sostuvo que "todos necesitamos la conversión, para recibir y dar perdón" al opinar sobre la sentencia. Y luego repitió la posición de la Iglesia Católica respecto a ese tema: "todos necesitamos a Dios y quizás porque Dios estuvo lejos, nos equivocamos de tantas maneras en el país." Esto muestra claramente la posición de este sector de la Iglesia, que creía que lo mejor era empezar una democracia dejando a un lado lo sucedido y perdonar y olvidar lo pasado.
Por el contrario, un sector más minoritario de la Iglesia estaba a favor del Juicio a las Juntas y la condena a los militares. De hecho, varias personalidades religiosas ocuparon en la Conadep un lugar destacado, lo que refleja el compromiso de algunos sectores de sus instituciones con los Derechos Humanos. Y la causa principal de esto es que a partir de la década de 1970, las fuerzas armadas pusieron su mira también en los sectores progresistas de la Iglesia católica considerándolos subversivos. El presidente del Partido Demócrata Cristiano, Carlos Auyero, definió al proceso de los nueve ex comandantes como "un juicio ejemplar y ejemplarizador" y Eduardo Ginzalkez sostuvo que "la sentencia dictada contra los máximos responsables del genocidio producido en nuestro país durante la trágica dictadura militar, no guarda estricta relación con la magnitud de los crímenes cometidos" y que las profundas heridas infligidas al cuerpo social, solo comenzarán a cicatrizar cuando los responsables y ejecutores de tantos horrendos crímenes reciban el condigno castigo."
Conclusión
En conclusión, el Juicio a las Juntas constituyó un paso fundamental dentro de nuestra democracia. Y hoy en día sabemos que nos encontramos unos pasos bastante más adelante que en aquel entonces, y de esta forma, podemos sentarnos y reflexionar con una mente mucho más abierta y clara acerca de lo que pasó. Sin embargo, observamos el documental acerca del Juicio a las Juntas e inevitablemente nos recorre un escalofrío y hasta quizás nos caen algunas lágrimas. Lo que pasó no es pura historia, es también nuestro presente, porque hoy en día aún continúan las búsquedas de hijos, de nietos, de hermanos… La agrupación de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo lucha todavía por justicia. El interrogante de qué pasó con los desaparecidos aún sigue vigente.
"Las grandes calamidades son siempre aleccionadoras, y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que sólo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que NUNCA MÁS en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado." (Fragmento extraído del libro NUNCA MÁS).
Autor:
Agustín Garrido
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