A 20 años del juicio a las juntas militares

En 1985, cuando se desarrolló el Juicio a las Juntas, el mismo se televisó sin sonido. Hoy en día podemos acceder a él mediante un documental tan profundo y escalofriante  como sincero y necesario.

 Para realizar este trabajo práctico, sin embargo, la información necesaria fue tan específica que no alcanzó con la información contenida en los libros y en el video. Tuve que ir más allá de lo escrito por autores un tiempo después, y viajar a la época misma, a la década del 80. De esta forma, con un grupo de compañeros asistí a la Hemeroteca del Congreso de la Nación, donde pude acceder a numerosos artículos de los diarios La Razón, Clarín, y Crónica, del momento del Juicio a las Juntas. Además, basé muchas de mis respuestas en el libro Nunca Más, publicado por la Conadep, libro por demás importante e influyente en este tema.

Una vez que conseguí toda la información me vi preparada para realizar el trabajo, ya tenía cada pieza del rompecabezas, solo faltaba armarlo. Y armar este rompecabezas es armar, en mi opinión, parte de nuestro pasado, de nuestro presente y nuestro futuro. Y lo importante es no perder ninguna pieza, ningún testimonio, ninguna confesión, ningún secreto, porque cada uno de ellos lleva consigo todo el dolor y todo el sufrimiento de los que muchos fueron víctimas, porque cada uno es una persona y una vida.

Que los hechos que tuvieron lugar durante la época de la  dictadura no se repitan nunca más. Ni se olviden. Ni se perdonen.

Es imposible comprender el Juicio a las Juntas sin asomarse a aquel contexto histórico de 1983, momento en que Argentina tenía una incipiente democracia, pero aún existían dictaduras a su alrededor. El país venía de medio siglo de alternar gobiernos militares y civiles. Los militares no estaban dispuestos a recibir ninguna clase de revisión sobre los actos cometidos. Frente a ellos estaban las víctimas, la valentía de las Madres, de algunos grupos de derechos humanos, que reclamaban la aparición con vida de los detenidos y desaparecidos. Frente a ellos estaba la esperanza y el deseo de justicia.   

El 30 de octubre de 1983, luego de más de siete años de gobierno militar, los argentinos volvieron a elegir a sus representantes por medio del voto. El 10 de Diciembre de 1983 Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, asumió como presidente constitucional de la Argentina. Había ganado las elecciones con el 52 % de los votos.  En los primero años de la década del ochenta, la incapacidad para resolver los graves problemas económicos, el desprestigio internacional y los conflictos entre los propios militares de las distintas Fuerzas hicieron entrar en crisis a la dictadura militar que se había instalado en el gobierno con el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. En ese contexto, la derrota de la Guerra de Malvinas en junio de 1982, por un lado, y las movilizaciones de los organismos de derechos humanos y el pedido de los partidos políticos organizados en la Multipartidaria, por otro, contribuyeron a acelerar una transición hacia la democracia en la cual los militares no pudieron imponer condiciones para abandonar el gobierno.

La vuelta a la democracia trajo consigo la vigencia de la Constitución Nacional. Recuperaron, de esta forma, los argentinos, su derecho a la vida y a la integridad, el derecho a elegir a sus propios gobernantes y el derecho a opinar libremente, derechos estos que habían sido violados sistemáticamente por el régimen militar.

     El 22 de abril de 1985, cumpliendo con el plan de gobierno anunciado del presidente Raúl Alfonsín, comenzó el juicio público a los integrantes de las tres primeras Juntas Militares, acusados de violaciones a los Derechos Humanos; según los Decretos 158/83 y 159/83. Este hecho ahondó aún más el distanciamiento histórico de los militares con los gobiernos democráticos. La gravedad de los crímenes cometidos durante el "Proceso de Reorganización Nacional" y el reclamo popular de justicia, dejaban un estrecho margen al gobierno radical. El reclamo popular recorrió las calles encabezado por los Organismos de Derechos Humanos, principalmente por Las Madres de Plaza de Mayo con su ronda semanal desde los tiempos de la dictadura. Las Fuerzas Armadas, especialmente el ejército, respondieron corporativamente expresándose en levantamientos militares y amenazas al orden constitucional.

Poco antes de abandonar el Poder Ejecutivo, el gobierno militar sancionó la ley 22.924 que tenía como objetivo evitar que se juzgara y castigara su accionar durante los años que estuvo en el poder. Esta norma, la "Ley de Pacificación Nacional" o "Ley de Autoamnistía", otorgaba inmunidad a todos los miembros de las Fuerzas Armadas por crímenes cometidos entre el 25 de mayo de 1973 y el 17 de junio de 1982. Al mismo tiempo, el decreto N° 2726/83 establecía la destrucción de los documentos referidos a la represión militar.

Sin embargo, con la llegada de la democracia, muchas cosas cambiaron. El gobierno de Alfonsín derogó en diciembre de 1983 la "Ley de Autoamnistía" y se dictaron dos decretos ordenando el arresto y la investigación judicial de los miembros de las tres primeras Juntas Militares que gobernaron el  país entre 1976 y 1983 (entre ellos, Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Fortunato Galtieri), y de los líderes de los grupos armados que actuaron en la década del 70.