Los procesos de integración de Colombia

América Latina: En medio de las profundas turbulencias y transformaciones económicas mundiales, ¿Qué se espera de los TLCs, paralelos a los proyectos de integración económica regional?

Como bien se sabe, el período que abarca el último cuarto del siglo pasado es la época de una nueva economía mundial de carácter incontrolable. Es el fin del capitalismo fordista pero, así mismo, el fin de este modo de producción, es la consecuencia misna de una evidente revolución en los modos de producción y de la redistribución del ingreso que caracteriza el fin de los años 70.

Algunos de los hechos que caracterizan este período, tales como el desmoronamiento del sistema de Bretton Woods, los cambios en la escena energética ocasionada por el fortalecido cartel de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el surgimiento y desarrollo vertiginoso del mercado de los eurodólares y la competencia industrial creciente de las naciones periféricas, dejan ver un panorama caracterizado por el debilitamiento del poder hegemónico de la potencia norteamericana.

Todos estos fenómenos, como otros más que escapan por el momento a este análisis, son parte de un incuestionable proceso global de mundialización de la economía que goza de una dinámica propia que, por un lado, parece escapar al control de los Estados pero, por otro, manifiesta una dinámica de los propios Estados en cuanto se refiere a orientar el proceso económico hacia unas nuevas formas de actividades que alientan, así mismo, el proceso global y los nuevos aires que se observan en la dinámica integracionista y de las relaciones económicas entre los países. Tal parece ser este el marco general integracionista del caso latinoamericano y del Caribe.

No resulta difícil identificar de cómo, a escala nacional, los compromisos institucionales heredados de la era keynesiana son notoriamente afectados por la creciente interdependencia de las economías y la movilidad de los capitales, incrementado por la revolución científico-tecnológica de las telecomunicaciones y de otras ramas. En esta limitada descripción del inmenso panorama mundial vemos surgir, de la mano de un liberalismo revigorizado por las diversas crisis, una bien orquestada ofensiva política y teórica contra el pensamiento keynesiano y socialista, un continuo intento por socavar los fundamentos mismos del Estado-providencia. Lo que se ha dado por llamar en muchos círculos intelectuales como la regulación competitiva, es indudable que se viene imponiendo a toda costa en muchos lugares.

Los elementos ideológicos centrales de la dinámica de la globalización que se está desarrollando hoy día con todo su vigor son fundamentales y estratégicos en la vía de legitimar a los actores trasnacionales en la lógica de conquista y la ampliación de nuevos mercados para paliar la crisis de reproducción y acumulación del capital. Ha de recordarse que el denominado pensamiento único que se advierte en la globalización neoliberal y en todo el neo-liberalismo, en su totalidad se basa, de manera esencial, en la sistemática coordinación de las diferentes formas de poder: el político, el administrativo, el patronal, el de los intelectuales y el de los medios de comunicación– que se movilizan todos en torno a la dinámica del mercado global y a la lógica del rígido control social. El nuevo credo de la competitividad ensalza sin cuestionamiento alguno, y entre otras cosas, la disminución significativa del costo del trabajo; en particular, se viene en contra de las cargas sociales, el alza de los salarios y pone en cuestión el llamado salario mínimo. De igual modo, alienta la movilidad territorial de los trabajadores y una reevaluación sistemática de las legislaciones sociales en términos de costos-beneficios; Todo ello en favor de la competitividad abierta en los mercados.

Es evidente que la globalización en marcha no exige solamente un grado lo suficientemente amplio de apertura de las economías sino que también va de la mano de un grado amplio de regulaciones de todo tipo por cuenta del Estado-nación. En este escenario, lo internacional predomina sobre lo nacional, sin llegar a suprimirlo, y, aun cuando parezca, en muchos casos, que así lo sea, es claro de todos modos que las normas y las exigencias de funcionamiento de las empresas terminan por imponerse por encima de los Estados y el sector privado impone sus prioridades y su lógica al sector público. Lo que se observa es un fenómeno que se reclama "total" con evidentes repercusiones económicas, políticas, estratégicas, sociales y culturales, como bien lo señala varios autores, entre ellos, Carlos R.S. Milani en "Mondialisation".

En medio de este contexto general se ha visto desarrollar la política integracionista y la de las relaciones económicas de América Latina y de Colombia en particular. Resulta evidente que los procesos de integración subregional de los años 90, incluido el de Colombia, se vieron marcados por el paradigma del "Consenso de Washington", que estimularon, entre otros hechos, la liberación comercial, la inversión de capitales extranjeros en la región, el cumplimiento estricto de los pagos de los servicios de la deuda externa, la desregulación estatal, la privatización de las empresas públicas, etc. Aunque nada de esto ha cambiado y estos procesos continúan vigentes y regidos por el mismo esquema y los mismos postulados, es también evidente que la influencia que han tomado los actores más beneficiados de este proceso, parecen alentar nuevas aristas en las relaciones del proyecto integracionista no tan evidente a estas alturas. En este amplio marco se contemplan las nuevas líneas de las relaciones comerciales en los que sobresale la proliferación y firma de los Tratados de Libre Comercio (TLC)

Como se recordará los actores del poder en la nueva economía mundial se pueden fácilmente identificar en la nueva orientación de los Estados afines al proceso de globalización, a las organizaciones internacionales, las empresas transnacionales, la primacía del sector financiero, los poseedores de las nuevas tecnologías y a una renovada y vigorosa ola de comercio ilícito y de criminalidad que parecen escapar al control de las autoridades.

La puesta en marcha del proceso de integración latinoamericana en los años 90, además de lo ya anotado anteriormente, se encuentra inmersa en lo que algunos autores denominan "regionalismo abierto", profundo o de nuevo tipo" y coincide en momentos en que el déficit fiscal y comercial de Estados Unidos alcanza cifras record en esa economía que altera profundamente las relaciones financieras y comerciales de los principales economías del mundo. Coincide también, de igual modo, con el reforzamiento de la política exterior norteamericana en América Latina y el Caribe, en un momento en que surge el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la Iniciativa de las Américas materializada en al ALCA y el denominado Consenso de Washington, en 1989, como ya se anotó.

En medio de este complejo marco se llega a un nuevo consenso de estrategia de desarrollo y de acumulación de capital, fundamentada en el mercado, no como un elemento sustantivo e inherente del Estado.

Los problemas de desarrollo y del crecimiento han sido siempre para el común de los países latinoamericanos un asunto de singular complejidad y de resolución difícil. Muchas han sido las estrategias que se han intentado para lograr avances que permitan superar el atraso social, político y económico de la región.

Los años de las décadas de los ochenta y de los noventa fueron bastante densos en cuanto a iniciativas creadoras y de renovación integracionista en América Latina se refiere. Colombia no fue ajena a este proceso. Según la ALADI, fueron más de 15 los acuerdos de integración que se firmaron en el solo decenio de los años 90, mientras otros tantos proyectos se encontraban en alguna de las fases de negociación.

A título de recordar algunos de estos procesos, especialmente se pusieron se marcha la ALADI (1081), CAN (1989), MERCOSUR (1991), CARICOM (1991), el G-3 (1994) y el MCCA ( ) y múltiples acuerdos bilaterales se firmaron paralelamente a los procesos integracionistas.

Una somera caracterización de estos procesos de los años 90 nos lleva a identificar muchos y caracterizados elementos ligados a la globalización neoliberal y a las mayores exigencias de competitividad internacional y una mayor productividad nacional. Estas iniciativas se desarrollan con una mayor profundidad y en una nueva forma denominada "regionalismo abierto", caracterizado por una mayor interdependencia fundamentada en un libre mercado y estimulado por acuerdos de carácter preferencial.

Se reitera que estos proceso se dan en un cuadro de relaciones internacionales en el que predomina la libre movilidad de los capitales a escala mundial, una nueva división internacional del trabajo (DIT) y profundas transformaciones en los Estados para cumplir el nuevo papel que le corresponde en esta fase del capitalismo global y libre de las ataduras del Estado-nacional. Este tipo de integración responde a los criterios de una profunda apertura a la economía mundial, acompañada de la armonización de un conjunto de normas ligadas a adecuar las condiciones particulares de cada país y del conjunto de países comprometidos a las exigencias de la globalización

La visión actual de la economía mundial muestra una serie de hechos que dan cuenta de las profundas transformaciones que se viven. Estas transformaciones mundiales ocurridas después de la segunda guerra mundial y del derrumbe de los Acuerdos de Bretton Woods, y, más recientemente, después de las dos crisis petroleras de los años 70 y comienzos de los 80 y de los cambios ocurridos en el sistema financiero mundial, pasan por un gran número de situaciones políticas, económicas, sociales y culturales de todo orden pero, especialmente, pasan, por las sucesivas crisis financieras, energéticas y alimentarias de orden mundial que, correlativamente, desembocan en visibles estrategias remozadas de acuerdos entre los países, aunque no de los pueblos.

Ante el evidente fracaso en América Latina de las diferentes concepciones sobre el desarrollo económico y social, la industrialización y de las aperturas librecambistas en función de la globalización, se han visto proliferar los Tratados de Libre Comercio como una estrategia redentora de lo no alcanzado en la larga marcha económica de la región. (1).

En la misma perspectiva, las diferentes crisis del sistema económico vigente han golpeado con fuerza sus economías que ha ocasionado un cúmulo de problemas de todo tipo para los cuales los diferentes gobiernos se han mostrado impotentes tanto en el uso de viejas recetas como de las nuevas promulgadas al calor de la globalización y de la liberación total de la economía. Se observa, no obstante, que las consecuencias de la última crisis han sido de una extensión y un impacto tan fuerte que dan cuenta apropiada de un marco a la medida de los tratados de libre comercio.

Básicamente, un TLC es un acuerdo comercial regional o bilateral para ampliar el mercado de bienes y servicios entre los países que participan del proceso. Conlleva eliminar o rebajar sustancialmente los aranceles para los bienes entre las partes y acuerdos en materia de servicios. Este tipo de acuerdos se rige por las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) o por mutuos acuerdos entre los países.

La puesta en vigencia de un TLC no lleva necesariamente a un proceso de integración económica, política regional, como puede observarse un poco, quizás, en los casos de la Unión Europea, la CAN, MERCOSUR y la Comunidad Suramericana de Naciones. Si bien es cierto que estos proyectos se alentaron para fomentar el intercambio comercial, también lo es que incluyeron en los acuerdos cláusulas de políticas económicas y un conjunto de decisiones y acciones relativas al movimiento de personas y organismos políticos comunes y a la elección de medios y a la articulación de los recursos con miras a lograr los objetivos propuestos. Por lo general, una serie de características y de planes estratégicos identificaron o acompañaron estos procesos, elementos estos que se encuentran ausentes en un TLC.

Entre los objetivos centrales que se encuentran en los TLCs están, entre otros, el de eliminar barreras que afecten o mermen el comercio, promover las condiciones de una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual, fomentar la cooperación entre países amigos y ofrecer solución a las controversias presentadas. Otros objetivos, ya vistos en los procesos de integración parecen integrarse a estos TLCs. Entre ellos: aumentar y diversificar la oferta exportable e incentivar e incrementar la inversión extranjera, etc. Sin embargo, tras la aparente bondad de estos objetivos, numerosos estudios provenientes de diversas fuentes, dan cuenta que estos TLCs promovidos a ultranza por los Estados Unidos no son ni justos, ni equitativos.

La mayor parte de los críticos de los TLCs enfocan sus análisis, entre otros aspectos, para sostener que estos sólo benefician a grandes inversionistas y grandes consorcios industriales, comerciales y al sector financiero. Para el caso concreto de los Estados Unidos, este país se garantiza mercados para automóviles, tractores, aviones, productos agroindustriales subsidiados y toda la línea de productos electrónicos y farmacéuticos. Lejos están de estas negociaciones y de sus propósitos los asuntos relacionados con la distribución del ingreso nacional y la pobreza y miseria de los pueblos, la salud y la educación.

Sostiene Joseph Stiglitz que los TLCs que están firmando los países de América Latina con Estados Unidos, no son ni libre ni justo, ya que este país no ha eliminado los subsidios a los agricultores que sobrepasa la cifra de US$25 mil millones, lo que significa un subsidio de un poco más de US$50.000 a cada campesino en promedio. El mismo Stiglitz afirma que los TLCs con Estados Unidos carecen de reciprocidad, ya que imponen a las medianas y pequeñas empresas e industrias latinoamericanas el compromiso de abrirse a la competencia con las grandes multinacionales de ese país, lo que significa una desventaja real.

José Saramago, Premio Nobel de Literatura en 1998, afirma, por su parte, que los tratados de libre comercio son el instrumento máximo de los Estados Unidos para gobernar a los pueblos desde México hasta la Patagonia. "No tienen solo aspectos comerciales sino, también, temas políticos y sociales…No son libres, sino que tienen que ver con deseos de dominación estratégica, militar y política…La autonomía, la independencia y la soberanía de los países de América queda en entredicho, en el momento que los tratados entren en vigor. Estos tratados, dice Saramago, son una especie de campanada de advertencia. Si los pueblos no imponen a sus gobiernos la defensa de sus derechos, esto acabará mal", finaliza diciendo Saramago.

En el mismo sentido se han pronunciado otros autores, entre ellos, Jefrey Sachs y R. Glenn Hubbard, decano de Economía de la Universidad de Columbia, quien declaró que la posición de Estados Unidos en las negociaciones ha sido la de resistirse a reducir el proteccionismo que le exige a sus contrapartes.

Helena Villamizar García-Herreros, Economista de la Universidad de los Andes, en Razón pública-Economía y Sociedad, (Domingo, 13 de noviembre, 2010) ha señalado que en el TLC firmado con Estados Unidos, Colombia no solo ha entregado su mercado interno a los productores y a los trabajadores de ese país, sino que la firma del Tratado restringe la soberanía de Colombia en muchos campos, especialmente en el manejo y dirección de la economía, como se refiere a la cláusula de la balanza de pagos y la autonomía para regular la cuenta de capitales de la misma. Los colombianos, afirma esta autora, se obligan a indemnizar a la contraparte si alguna medida "interfiere en las expectativas inequívocas y razonables de la inversión".

Diferente a lo que establecían anteriores tratados, dice esta autora, que tan solo cobijaba a la inversión concreta establecida en Colombia, el TLC firmado con Estados Unidos obliga indemnizar incluso "…a un nacional o empresa que intenta realizar, a través de una acción concreta…", lo que constituye una limitación inadmisible al pleno ejericio de las políticas económicas y sociales. En estos casos, por ejemplo, Colombia podría verse inmersa en millonarias demandas al rechazar, por justificadas razones ambientalistas, la feria de licencias mineras entregadas en la administración del gobierno de Uribe Vélez. De igual manera, el TLC firmado no solo limita las políticas económicas y públicas, sino que desconoce la justicia nacional sustituyéndola por tribunales de arbitramento privados para el caso de las controversias Estado-Inversionista.

Con todo y en medio de estas agudas controversias relacionadas con los verdaderos objetivos de los tratados de libre comercio, en lo últimos años del siglo XX y durante el primer decenio de este siglo, se ha visto la firma y entrada en vigencia de numerosos de acuerdos de libre comercio en los que los países de América Latina se han visto comprometidos. Entre estos acuerdos se pueden destacar los relacionados en el siguiente cuadro:

Fuente: SICE. ( Sistema de Información sobre Comercio Exterior). OEA

En el cuadro anterior, vemos como tres países (Chile, Estados Unidos y México) han tenido un activismo notable alrededor de la firma de acuerdos comerciales, seguido de Canadá, Colombia. No obstante, este activismo concordatario, con excepción de Estados Unidos y Canadá, en los indicadores sociales de los países restantes no se refleja alguna situación de logros sociales que sea reflejo de esta situación. Al igual que Chile, Colombia presenta indicadores desalentadores en materia de igualdad social.

Aunado a lo anterior, a los viejos problemas de desigualdad social, pobreza y de inclusión social, han de sumarse los nuevos derivados de las nuevas tecnologías y de su aplicación en muchos campos especialmente en el de la agricultura. Cada proceso parece atravesar su propio viacrucis, tal como sucede en MERCOSUR, en el que Uruguay amenaza con un tratado bilateral con Estados Unidos, lo cual afectaría notablemente el proceso, pero especialmente a Brasil y Argentina. En este país, se extiende el cultivo de la soja transgénica, deteriorando la tierra para otros cultivos y pasturas para muchos años pero satisfaciendo los intereses de los exportadores de soja.

Los últimos cambios en materia de integración es el Tratado de Comercio de los Pueblos firmado entre Bolivia, Cuba y Venezuela. Este tratado es afín con el proyecto del ALBA ( Alternativa Bolivariana para las Américas). Propone mecanismos para compensar las pérdidas que pudieren ocasionar los TLCs. Suscritos por estados Unidos con los países de la región. Otorga a las empresas públicas un alto protagonismo en los convenios y privilegia a los pequeños productores.

En este amplio horizonte, los problemas que socavan la confianza en los TLCs siguen siendo el poder de las empresas transnacionales, el problema de los servicios públicos, el peligro evidente de la seguridad social y los Fondos de Pensiones y Cesantías, las amplias garantías otorgadas a la inversión extranjera y la lesión enorme que se viene causando a la autonomía de los países para regular los aspectos cambiarios, monetarios, crediticio y la autonomía económica. Todo esto, sin dejar de lado, lo relativo al recorte de la soberanía nacional y la situación maniatada en que quedan los Estados para emprender regulaciones en torno al manejo de la deuda externa y en la vida económica y social en el pleno ejercicio de la autonomía.

• 1. Para este momento, en América Latina se encuentran vigentes los siguientes TLCs: Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC entre Estados Unidos, Centro América y República Dominicana, TLC entre Perú y Estados Unidos, TLC entre Colombia y Estados Unidos, TLC entre Chile y Estados Unidos y TLC entre México y Japón. Sin embargo, se encuentran en estudio, próximas a entrar en vigencia o en algún grado de desarrollo de las respectivas rondas de negociación varios, entre los cuales se citan los TLCs entre Panamá y Canadá. Por otra parte, siguen los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) entre Australia, Brunei Darussalam, Chile, Estados Unidos, Malasia,, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Viet Nam. México ha expresado su interés en participar en el TPP, igual que Canadá y Japón.

Autor:

Leonardo Gutiérrez Berdejo