Agro Ingreso Seguro (A.I.S.) es un programa del gobierno colombiano que busca otorgar subsidios a agricultores colombianos. El programa fue diseñado e implantado por el entonces ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Felipe Arias bajo la presidencia de Álvaro Uribe. Se han denunciado irregularidades en la ejecución del programa relacionados con actos de corrupción y beneficios a algunos terratenientes.1 En cifras de 2009 el gobierno reportó el beneficio por medio del programa a cerca de 300 mil agricultores.
Las cifras más conocidas corresponden a las entregadas por el Distrito de Riego, publicadas inicialmente en el portal de Agro Ingreso Seguro, actualmente fuera de servicio. La lista de quienes hasta esa fecha habían conciliado incluye: Andrés Felipe Vives Prieto, Orlandesca S.A., Jorge Franco Tribin Jassir, Biofrutos S.A., C.I La Samaria S.A., Luis Miguel Vergara Díaz Granados, Guillermo Barrios del Ducca, Ecobio Colombia Ltda., Jesús Carreño Granados, Inagros S.A., Nicolas Simón Solano Tribín y Gustavo Solano Tribín.
En proceso de conciliación: Alfredo Lacouture Dangond, C.I El Roble S.A., Juan Manuel Dávila Fernández de Soto, Juan Manuel Dávila Jimeno, Agroindustrias JMD y CIA S.C.A., María Clara Fernández de Soto, Ana María Dávila Fernández de Soto, José Joaquín Riveros Páez, Palmeras del Llano S.A., Construmundo S.A, Vicala S.A., Vizu S.A., Sanvi S.C.A., Mevicala S.C.A., Sovijilla S.A., Vicalavi S.A., Banavica S.A., Vibeych S.A. e Inmobiliaria Kasuma
El escándalo de Dragacol fue un caso de corrupción que se presentó por la contratación entre entidades del gobierno colombiano y la empresa Sociedad de Dragados y Construcciones de Colombia y del Caribe S.A. (Dragacol), en marzo de 1999.
En uno de los casos, el Ministerio de Transporte pagó cerca de 1.2 billones de pesos colombianos por la draga "Josefina" cuando dicha maquinaria estaba supuestamente embargada, pero en realidad estaba siendo operada para realizar otro contrato en la ciudad de Cartagena de Indias. Dragacol no cumplió con los contratos para la ejecución de dragados en el canal de acceso al puerto de Barranquilla, al río Magdalena y al canal de acceso al puerto de Buenaventura. Se descubrió también que existieron fallas en la conciliación laboral por cerca de 26 mil millones de pesos entre el Ministerio de Trabajo y Dragacol, firmada el 6 de noviembre de 1998. Fue denunciado en el Congreso de Colombia por el senador Javier Cáceres Leal y llamado a indagatoria el ex ministro Mauricio Cárdenas por el senado para explicar el caso.
Un fallo del Consejo de Estado ordena el embargo de las dragas y otras naves de Dragacol, para lo cual oficia al Director General Marítimo de la Armada de la República de Colombia (Dimar). De los 26 mil millones se debieron pedir según el Consejo de Estado, una suma que no excediera los 4.000 millones de pesos.
Se embargaron las cuentas corrientes y de ahorros en entidades financieras que figuren a nombre de Dragacol y declaró responsable al ex ministro Mauricio Cárdenas basándose en el inciso segundo del artículo 40 de la ley 472 de 1998
Escándalo de los falsos positivos es como se conoce a las revelaciones hechas a finales del año 2008 que involucran a miembros del Ejército de Colombia con el asesinato de civiles inocentes para hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate dentro del marco del conflicto armado que vive el país. Estos asesinatos tenían como objetivo presentar resultados por parte de las brigadas de combate.
A estos casos se les conoce en el Derecho Internacional Humanitario como ejecuciones extrajudiciales y en el Derecho Penal Colombiano como homicidios en persona protegida.
Si bien ya se venían conociendo denuncias y especulaciones sobre estos hechos, fue hasta cuando se conoció en los últimos meses de 2008 sobre la aparición de los cadáveres de 19 jóvenes que habían desaparecido en el municipio de Soacha, vecino a Bogotá y de la localidad de Ciudad Bolívar al sur occidente de la ciudad y que aparecían como bajas del ejército en Norte de Santander, cuando se destapó el escándalo. Desde entonces han aparecido otros casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Valle y Sucre.
Por dicho escándalo han sido destituidos varios oficiales y suboficiales del ejército y el comandante de dicha rama de las Fuerzas Armadas, el General Mario Montoya, renunció a su cargo y fue nombrado por el presidente Embajador en República Dominicana. Dichas revelaciones han puesto en tela de juicio algunos procedimientos de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez.
Para Octubre del 2009 la Fiscalía General de la Nación tenía bajo investigación 946 casos relacionados con posibles "falsos positivos" y la Procuraduría 1043.1
Sin embargo a pesar del escándalo suscitado, en febrero de 2010 por lo menos 40 de los militares involucrados en estos homicidios habían sido liberados por vencimientos de términos.
Otro de los casos de corrupción en la política es el del Proceso 8.000 (Proceso 8 mil) es el nombre con el que se conoce al proceso judicial que se emprendió contra el Presidente de la República de Colombia, Ernesto Samper, bajo la acusación de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Su origen fue el hallazgo de un expediente que tenía ese número en la fiscalía de Cali, que correspondía a un allanamiento hecho en las oficinas de un contador de nacionalidad chilena, Guillermo Pallomari, vinculado al Cartel de Cali; el material se encontraba inactivo, a pesar de contener datos que indicaban la posibilidad de que varias campañas políticas al congreso habrían recibido aportes económicos de origen ilícito. A pesar de que ese número se limita exclusivamente a este expediente, los medios lo convirtieron en eslogan y símbolo de todo el fenómeno posterior, cuando se investigó la campaña del Presidente Samper. Se investigó y condenó a prisión a congresistas, candidatos y ministros.
El Proceso 8.000 tuvo grandes consecuencias a nivel nacional e incluso inusitadas consecuencias a nivel internacional para el país. A nivel internacional se deterioraron las relaciones diplomáticas con los países andinos y con Estados Unidos, que no dudó en desertificar al país y retirar la visa al Presidente Samper y otros políticos de importancia; lo cual generó un interés del gobierno nacional para lograr acercamientos con la Unión Europea. Sin embargo las relaciones diplomáticas lograron restaurarse antes del final del mandato de Samper. A nivel nacional hubo un gran malestar general entre la población (el cual aumento ligeramente con la desertificación), la cual veía deslegitimada la autoridad del Estado y de las instituciones.
Ocurrieron grandes marchas tanto a favor de Samper como en su contra pidiendo su renuncia. Causa curiosidad una excéntrica marcha que se efectuó para pedir la renuncia del Presidente Samper y de sus más cercanos colaboradores el día 28 de mayo de 1996, efectuada por varias organizaciones estudiantiles, en donde se empleó una carroza con forma de elefante (en alusión a la declaración del cardenal colombiano Pedro Rubiano cuando sostuvo que el que el presidente Samper no se hubiera dado cuenta del ingreso de grandes cantidades de dinero del narcotráfico a su campaña presidencial de 1994 era como «si un elefante se mete en tu casa y no te enteras»), la cual cargaba 8.000 mogollas (un pan tradicional colombiano), como forma de burla del proceso y el juez del mismo, el Congresista Heyne Mogollón, las cuales fueron lanzadas al paso del congresista a su llegada al Capitolio Nacional.
En dicha marcha se acusaba a Mogollón de ser aliado de Samper e intentar arruinar la investigación.
Luego de atacar al congresista la marcha se enfrentó con un grupo de personas que apoyaba a Samper, quienes destruyeron parcialmente la carroza.
La parapolítica (o Para-política) es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia. En Colombia se les llama paramilitares a los grupos armados ilegales de extrema derecha que se autodenominan como autodefensas y que están generalmente ligados al narcotráfico.
Según las investigaciones varios dirigentes políticos y algunos funcionarios del Estado se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales. A su vez algunos de los políticos desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, desplazamiento forzado entre otras acciones criminales con el objetivo de extender su poder en el territorio nacional.
El escándalo se ha desatado en medio de revelaciones de medios de comunicación, sectores políticos e investigaciones judiciales que han terminado con la detención de varios congresistas y otros políticos en ejercicio dando lugar a fuertes debates y controversias que han polarizado la opinión pública. La vinculación al proceso de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de funcionarios y políticos cercanos al ex presidente de la República Álvaro Uribe han afectado las relaciones internacionales de este gobierno con el Congreso de los Estados Unidos y con diferentes organizaciones de Derechos Humanos,2 a la vez que se ha generado un fuerte enfrentamiento entre la Corte Suprema de Justicia y el presidente Uribe quienes se han acusado mutuamente de conspiración.3
Igualmente se ha cuestionado la legitimidad del Congreso de la República debido al creciente número de Congresistas implicados en el escándalo. Desde agosto de 2008 la Corte Penal Internacional está estudiando los procesos judiciales dentro del escándalo.12
En diferentes escenarios, algunas entidades de control del Estado han hecho una revelación escalofriante: el costo estimado del fraude en Colombia es de 4,2 billones de pesos al año. Esta cifra, de ser ajustada a la realidad, implica muchas cosas: que el costo del fraude, la corrupción, la mala administración, el despilfarro, La pérdida de economías de escala y toda la gama de atentados contra la eficiencia y la transparencia de la administración pública, le cuesta el equivalente de un salario mínimo mensual a una familia típica de 5 miembros. 4,2 billones de pesos equivalen a casi 2 veces el presupuesto total de Col- deportes, 2 veces el presupuesto del Sena y 1,8 veces el presupuesto del ICBF13.
Estas comparaciones nos permiten dimensionar el tamaño del problema que enfrentamos como sociedad, en un país como el nuestro en el que tantas necesidades se encuentran insatisfechas por falta de recursos económicos. Quisiéramos poder refrendar las cifras de los entes de control (Auditoria General de la República), pero en materia de cuantificación de un fenómeno como el del fraude y la corrupción los cálculos distan de ser confiables. Veamos por qué. Si se tiene en cuenta que los modelos de medición se basan en los fraudes conocidos, en las denuncias presentadas, en las encuestas de percepción y en otras variables imposibles de demostrar, es preciso admitir que los cálculos sobre el fraude tienen unos márgenes de error peligrosamente altos.
Además, considerando que las cifras aportadas solo corresponden a los fraudes descubiertos y divulgados, deberá considerarse que la porción de hechos fraudulentos cometidos en contra de los intereses de la Nación y que no han sido descubiertos, podría ser eventualmente tan grande o más que la que ha podido ser identificada y medida en términos económicos.
Otros dos factores deberían ser tenidos en cuenta: la "corrupción transparente", que consiste en hacerle trampa a la enmarañada fronda burocrática y procedimental, haciendo aparecer como si los pasos que se dan dentro de un proceso de contratación están en regla y, en consecuencia, que las adjudicaciones de contratos públicos se ciñen a la normativa vigente. En realidad, son muchas las oportunidades que existen para maquillar información o documentos en un proceso licitatorio, los cuales solo de vez en cuando son descubiertos de manera oportuna por los entes encargados de la vigilancia administrativa.
Lamentablemente nuestro sistema de control posterior no permite la detección temprana de este tipo de eventos, lo que seguramente mejoraría la capacidad de reacción para corregir situaciones de fraude.
El otro factor es el costo social del fraude. Cuántas horas laborales perdidas, cuánto se desmejora la calidad de vida de los miembros de una sociedad sometida al saqueo sistemático de sus recursos?
¿Cuánto más le cuesta al país conseguir empréstitos de la banca multilateral, debido a la calificación de riesgo de corrupción?
Por último, no debemos olvidar que para bailar un tango se necesitan dos. Aquellos que desde el sector privado alzan escandalizados sus voces para condenar al sistema por corrupto, deberían tener en cuenta que resulta muy difícil para un funcionario público cometer un fraude, si no cuenta con una contraparte en el sector privado que le falsifique la oferta, le facilite el presupuesto o Simplemente le pague comisiones al empleado estatal ávido mide dinero. La responsabilidad de este fenómeno es compartida14.
CIFRAS DEL FRAUDE Y CORRUPCIÓN
Cifras del fraude y la corrupción – Propiedades. De nuevo se agitan escándalos que vinculan a empresas de países europeos, acusadas de realizar prácticas corruptas.
Cuando se logra penetrar en la densa niebla que impide ver con claridad, resulta evidente que este tipo de actuaciones se presentan, se han presentado y muy probablemente se seguirán presentando en el mundo de los grandes negocios.
En primer lugar, porque no existe el adecuado tono moral entre quienes contratan. La perspectiva de hacerse con una enorme cantidad de dinero, cuidadosamente ubicada y disimulada en el extranjero por el mismo oferente, resulta irresistible para los que aprueban las grandes compras. Por otro lado, el pago del soborno otorga un ilimitado poder sobre el sobornado, ya que al primero ni lo cobijan ni le importan las leyes locales contra la corrupción. Además, siendo una práctica comercial normal en sus países de origen, ni siquiera consideran estar haciendo algo indebido.
Otro aspecto igual o más preocupante es que el sobornado no podrá exigir calidad ni cumplimiento en relación con el objeto del contrato, ya que por haber recibido el soborno queda automáticamente impedido para cuestionar. En un caso hecho público hace dos años, en relación con una empresa europea acusada de más de 4.000 casos de sobornos, el juez que conoció la causa en Estados Unidos anotaba que dichas empresas recurrían al soborno como práctica normal de negocios, ante su incapacidad de competir con otras empresas. En otras palabras, resulta más barato sobornar que invertir en investigar y desarrollar nuevos productos para mantener la competitividad.
En el caso concreto de esta semana, las empresas acusadas han esgrimido una patética defensa al manifestar que desde hace 10 años el gobierno de su país proscribió tales prácticas corruptoras y que en consecuencia ya no se están utilizando. Si ello fuese así, entonces bastaría legislar contra el secuestro y contra el narcotráfico para acabar con dichos delitos. Además, dicha respuesta es una maniobra de distracción para dejar sin resolver la inquietud planteada.
Hemos asistido impotentes al triste espectáculo de ver cómo las peticiones de extradición de empresarios y comerciantes de países desarrollados, para que respondan por delitos de corrupción contra las economías de las naciones del tercer mundo, nunca son resueltas a favor de los peticionarios. Al parecer este no es el camino. Se requiere entonces una política que resalte la dignidad nacional como valor superior al valor monetario de los negocios. Se requieren dirigentes que hablen menos de comercio y más de principios. Corrupción en Colombia ensucia cada vez más manos.
De acuerdo a planteado anteriormente, se da un ejemplo de cómo se manejaría una Auditoria Forense Aplicada a la Política, con el caso reciente y aun vigente en "investigación", en manos de la Fiscalía y la Justicia.
CARRUSEL DE LA CONTRATACIÓN
PLANTEAMIENTO
Cronología del 'Carrusel de contratación' en Bogotá El escándalo sobre el llamado "Carrusel de la Contratación" estalló el 25 de junio del año pasado, cuando Caracol Radio reveló en exclusiva una grabación que involucraba al Contralor de Bogotá con la presunta negociación de comisiones con contratistas. En ella se escucha la conversación que sostiene el ex congresista
Germán Olano, del Partido Liberal, con Miguel Nule, uno de los empresarios que para aquel entonces manejaba gran parte de la contratación en la ciudad.
A los pocos días, la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia anunciaron investigaciones para establecer la responsabilidad del Contralor Miguel Ángel Moralesrussi y del ex congresista Germán Olano en la presunta negociación de comisiones con contratistas. El contralor negó cualquier relación con la petición de dineros y denunció que estaban utilizando su nombre.
Sin embargo, el polémico empresario Miguel Nule, aseguró que tanto el contralor Moralesrussi como el senador Iván Moreno estaban exigiendo el 6 por ciento de comisiones sobre los contratos. El escándalo creció luego de las denuncias de una comisión del Polo Democrático, liderada por el ex candidato a la Presidencia, Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos y la presunta participación del senador Iván Moreno, hermano del alcalde Samuel Moreno Rojas.
TRABAJO DE CAMPO
El 21 de octubre del año 2010, el senador Moreno, le salió al paso a las acusaciones en su contra rechazándolas. Lo propio hizo al día siguiente, el 22 de octubre, el alcalde Samuel Moreno en un discurso ante los medios de comunicación. El mandatario se declaró cansado de "chismes y rumores" y atribuyó las denuncias sobre contratación a una campaña de desprestigio contra él y su familia.
El 22 de octubre se abre investigación preliminar en la Corte Suprema de Justicia, contra Iván Moreno. Entre tanto, días después el periodista Daniel Coronel, reveló que Iván Moreno tendría cuentas en las Islas Vírgenes Británicas, famosas por ser el mayor "paraíso" fiscal del Caribe.
Iniciando el mes de noviembre, Miguel Nule declaró desde los Estados Unidos ante una comisión de la Procuraduría, La Fiscalía y la Contraloría que investigan el carrusel en Bogotá. Entre tanto la Procuraduría abría pliego de cargos contra 18 funcionarios y ex funcionarios del IDU por estos hechos, entre ellos Liliana Pardo, ex directora de la entidad.
El 21 de diciembre, la Contraloría embarga bienes de los alcaldes Samuel Moreno y Luis Eduardo Garzón por el contrato de la calle 26 adjudicado al grupo Nule.
El 21 de enero del año 2011, respondió en interrogatorio el contralor Miguel Ángel Moralesrussi, el mismo al que se refieren Miguel Nule y Germán Olano como destinatario de una comisión en relación con la fase 3 de TransMilenio.
El 27 de enero, ante la sala penal de la Corte Suprema, declaró el ex senador Gustavo Petro, a raíz de la investigación contra el senador Iván Moreno por el escándalo de la contratación. Petro ha sido uno de los más fuertes denunciantes de las presuntas irregularidades.
El 30 de enero la Procuraduría formula pliego de cargos contra el contralor Moralesrussi y el representante Germán Olano.
El 7 de febrero, en la audiencia en la procuraduría donde se juzga a Moralesrussi y a Germán Olano, el jefe del Ministerio Público validó la grabación de una conversación entre Miguel Nule y Germán Olano, donde se habla de supuestos pagos al contralor de Bogotá y pidió que se les dé la categoría de víctimas a los Nule.
En el juicio disciplinario contra el contralor Moralesrussi y el congresista Germán Olano, declaró el ex representante de las empresas del grupo Nule, Mauricio Galofre, quien reveló que oyó al abogado Álvaro Dávila hablar de comisiones que serían repartidas al contralor, al alcalde Moreno y a su hermano Iván.
El 17 de febrero, la Fiscalía anunció que les imputará cargos por seis delitos al contralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi, a la ex directora del IDU, Liliana Pardo, y al ex representante Germán Olano, entre otros.
Según la fiscal general, Viviane Morales los delitos son contrato sin cumplimiento de requisitos legales esenciales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación, cohecho propio, concusión y prevaricato por omisión.
Las irregularidades van en 2.2 billones de pesos. La Fiscalía revelo cifras de carrusel de contratos. El descalabro por la contratación irregular en Bogotá supera los 2 billones de pesos. Así lo revelo la Fiscalía durante la audiencia de imputación de cargos al destituido ex contralor Miguel Ángel Moralesrussi, a la ex directora del IDU Liliana Pardo y a su ex director técnico Inocencio Meléndez.
Ante la jueza séptima de garantías, el fiscal delegado ante la Corte Suprema, aseguro que Inocencio Meléndez presuntamente les habría pedido a los Nule bienes valorados en 4.500 millones de pesos, a nombre de él y de la ex directora del IDU Liliana Pardo15
DIAGNOSTICO
Para marzo 30 de 2011, las penas que tendrían que pagar Moralesrussi, Pardo y Meléndez Concusión porque en calidad de servidor público le habría exigido dinero a particulares en este caso a los Nule para darles un trato favorable en los contratos adjudicados por el distrito.
Prevaricato por omisión por omitir actos y decisiones estando obligado a hacerlo Contrato sin cumplimiento. La fiscalía la encuentra responsable de haber celebrado y adjudicado contratos sin los requisitos establecidos por la ley, no hay que olvidar que muchos de los contratos de la fase tres de TM se adjudicaron sin estar listos los diseños y los predios.
Peculado por que con sus decisiones permitió que un tercero dispusiera de recursos de la nación. Inocencio Meléndez era la mano derecha de Liliana Pardo en los temas jurídicos. Según el fiscal Germán Pavón Gómez aseguro tener una grabación en donde se aseguraría que Meléndez habría recibido de los Nule un carro, un apartamento, 250 millones en efectivo y otros bienes que en total sumarian $ 450.000.000.oo.
RESUMEN
Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales han reconocido que una de las mayores vías para el apoderamiento de los recursos oficiales es la contratación pública. A través de esta, funcionarios y particulares han logrado importantes dividendos del erario con variadas formas que van desde la intervención fraudulenta en la selección de los contratistas, pasando por sobrecostos, adulteración de los contratos y hasta la simulación total de estos.
La existencia de este "modus vivendi" ha estado muy cercana a las elites del poder, que en forma aislada o de consuno ponen en funcionamiento el andamiaje de la administración para lograr grandes dividendos en la gestión de los recursos del Estado.
Aunque la autonomía de las ramas del poder público, que garantiza la existencia del régimen democrático y del Estado de Derecho, pareciera
2que hace inviable los pactos para sacar provecho personal a esas dignidades, el caso en estudio demuestra todo lo contrario, pues las ganancias obtenidas por importantes miembros del parlamento y más de un centenar de contratistas no habrían sido posibles sin la concertación con altos funcionarios del Gobierno, que autorizaron la adición extraordinaria al presupuesto del Congreso.
CONCLUSIÓN
Con el tiempo la política se volvió un ritual de confirmación de dirigentes y caciques locales y nacionales, que lograban el apoyo electoral con favores, becas, puestos para algún familiar, entre muchos otros favores, mientras el conflicto social no encuentra canales de organización y expresión, por lo tanto la Auditoria Forense puede ayudar a realizar las investigaciones forense, por los fraudes cometidos por ellos, determinando las evidencias y las pruebas necesarias, para la Administraciòn de Justicia.
Es necesario tener un control efectivo de la corrupción que implica abordar todos sus protagonistas y actores. Por esta razón, es tan importante que en las herramientas que el Estado implementa para enfrentar el fenómeno. no se deje atrás el rol del particular o de la empresa privada, que en pocos casos lidera la iniciativa de los actos de corrupción. Y aunque desde el punto de vista de la responsabilidad el reproche puede considerar menos lesiva la actitud del particular, lo cierto es que pocos casos de corrupción pública se realizan sin que los intereses privados estén de por medio, o que estos también participen de esa corrupción.
Es importante que las instituciones de justicia obren con el mismo rigor que se ejerce con los particulares, para que esa desigualdad en el tratamiento institucional contra la corrupción no termine convalidando la iniciativa de las organizaciones empresariales del sector privado en la venta de la función pública.
Es necesario tomar conciencia del cumplimiento de las normas, políticas y procedimientos establecidos para el sector Político y para los políticos actores del buen desempeño de sus funciones Públicas, donde con las investigaciones que realiza el Auditor Forense quien actúa como perito auxiliar de la justicia, determine quiénes son los delincuentes de cuello blanco en la política, con las suficientes evidencias y pruebas para enjuiciar a los defraudadores del Estado y quienes delinquen en contra de la sociedad, donde se pueda valorar los daños desde lo cuantitativo y cualitativo de los delitos cometidos.
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– Constitución Nacional de 1991.
NOTAS:
1 Juan Mauricio López
2 Esposito, Roberto, Arendt, Hannah.
3 Ibídem
4 wikipedia.org/wiki/Política
5 www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ge r1/gloecopro.htm
6 Steven Levitsky, Lucan A. Way y Traducción de Darío López López
7 Ibídem
8 Melo González Jorge Orlando, Revista Credencial
9 Melo González Jorge Orlando, Revista Credencial
10 http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica
11 Contraloría General de la Republica
12 Algunas de las cifras del fraude y la corrupción publicadas por Alejandro Morales Tobón | Publicado el
27 de marzo de 2010
13 Ibídem
14 Ibídem
15 Tomado del Diario ADN del jueves 24 de marzo del 2011
Autor:
MG CP Álvaro Fonseca Vivas
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