Bolivia: un país de re?configuraciones por una cultura de pactos políticos y de conflictos

LOS MOVIMIENTOS CAMPESINOS E INDÍGENAS EN BOLIVIA.

La participación de las comunidades campesinas e indígenas en la política es asaz importante en un país con tan bajo desarrollo y tan alta proporción de población rural y nativa como Bolivia (1). Desde el siglo XIX, esta participación acusa una dinámica vigorosa de alianza y conflicto. Son conocidos los pactos establecidos por líderes indígenas con los grupos en el poder a lo largo del siglo, que buscaron el respeto de la tierra ante el avance del despojo y el establecimiento de relaciones serviles. Y son igualmente conocidas las revueltas indígenas y las acciones violentas de los gobiernos en su intento de reprimirlas.

Además de esta característica importante, que involucra a la vez la negación y la negociación, es importante señalar que la participación masiva de los indígenas fue un ingrediente indispensable en el cambio histórico a lo largo de la historia republicana en Bolivia. Así sucedió en la guerra civil de 1899, cuando los ejércitos aymaras definieron la victoria de sus aliados liberales. La Revolución Nacional de 1952 habría sido sin duda distinta sin las movilizaciones que concluyeron en la Reforma Agraria y en la formación de milicias campesinas armadas. De igual manera, los bloqueos campesinos de carreteras contribuyeron decisivamente a la recuperación de la democracia entre 1979 y 1982 (2).

Actualmente, luego de una serie de reformas y movilizaciones que condujeron a los resultados de las elecciones nacionales de 2002 –en las que el candidato de un partido campesino obtuvo el segundo lugar y llegó a disputar el acceso a la presidencia de la república–, los movimientos campesinos se encuentran ya no solamente en las calles o caminos sino también en el Parlamento y en los gobiernos municipales. En este trabajo se revisan los desafíos que entraña esta nueva presencia del campesinado indígena en la política boliviana institucionalizada. Haremos inicialmente una revisión somera de algunos movimientos importantes en la vida republicana. Ello nos permitirá establecer el lugar de las acciones desarrolladas por los indígenas en los distintos ciclos políticos de Bolivia. Posteriormente diseñaremos el escenario en el que actualmente se presentan los movimientos campesinos. Finalmente haremos un leve énfasis en tres temas: el movimiento de los productores de coca, las acciones de protesta llevadas a cabo en abril y septiembre del año 2000, y las elecciones de junio de 2002.

La participación de los ejércitos aymaras liderados por el célebre Zárate Willka en alianza con los liberales en la Guerra Civil Federal de 1899 modificó el destino del país durante el medio siglo siguiente. La guerra civil, signada por la multitudinaria revuelta aymara, dio a luz un país en el que la ciudad de La Paz se consolidó como la sede del gobierno, la plata y sus magnates fueron sustituidos por el estaño y sus barones, y, a pesar de las demandas indígenas, la propiedad terrateniente se extendió sin reparo sobre las tierras comunales (3). De igual manera, las movilizaciones realizadas por los colonos de hacienda contribuyeron notablemente a la consecución de la Reforma Agraria, que se decretó en 1953, y a la eliminación de la clase terrateniente. El principal objeto de las demandas campesinas durante esos dos períodos, y hasta la consolidación de la reforma, era la tierra. Luego de la Revolución Nacional que comandó el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y de la Reforma Agraria, el eje de la tierra se fue desplazando hacia la necesidad del establecimiento de organizaciones independientes. Los gobiernos del MNR (1952–1964), en su intento de apuntalar un proceso revolucionario controlado, impusieron la sindicalización del área rural siguiendo el modelo minero, y conformaron las milicias armadas campesinas, cuerpos firmemente vinculados con el MNR que fueron utilizados para enfrentarse con los poderosos sindicatos mineros (4). En éste período, y durante la vigencia del Pacto Militar–Campesino (1964–1978), que fue suscrito durante la presidencia del general Barrientos y ratificado por los distintos gobiernos militares, el área rural careció de una organización independiente.

El ascenso de la tendencia katarista a partir de inicios de la década del setenta es el principal esfuerzo realizado por el movimiento campesino aymara por lograr esa independencia, que se plasmó en la creación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979 (5). La característica del período inaugurado en 1952, que se extendió por más de tres décadas y en Bolivia suele denominarse Estado del ‘52, fue el enfrentamiento constante entre las Fuerzas Armadas y la Central Obrera Boliviana (COB). Los campesinos fueron tomados como aliados de los militares y como base social de las dictaduras (6).

La crisis de recuperación de la democracia entre 1978 y 1982, período en el que se produjo la más violenta represión militar, fue también escenario de la conformación de la CSUTCB y de las primeras protestas coordinadas entre la COB y los campesinos. La paralización del país a través de huelgas en los centros mineros y las ciudades, y bloqueos de carreteras en el área rural, en noviembre de 1979, logró la caída de un gobierno militar que había llegado cruentamente al poder pocos días antes. Movilizaciones posteriores aportaron significativamente a la instauración de la democracia, fase en la que las demandas de desarrollo rural se hicieron más sólidas.

EL ESTADO Y SUS REFORMAS

En 1982 se estableció uno de los dos rasgos principales que continúan delineando la dinámica política y económica en Bolivia: la democracia. El otro rasgo es la economía de mercado. Una vez recuperada la democracia, el gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP) no pudo lograr éxitos en términos de gobernabilidad. Durante su administración, que duró hasta 1985, se dieron una gran cantidad de protestas y conflictos, un bloqueo parlamentario de las iniciativas del ejecutivo, y la más alta de las inflaciones de la historia del país. El siguiente gobierno, liderado por Víctor Paz Estenssoro, decretó el inicio de una nueva política económica de fuertes tintes neoliberales, y empezó la dinámica de coaliciones parlamentarias que respaldan las propuestas del gobierno y le brindan estabilidad (7).

A partir de entonces los cambios propendieron, en política, a la descentralización (administrativa en el caso de los gobiernos departamentales, política y administrativa en el caso de los gobiernos municipales) y a la participación popular en la gestión local del desarrollo. Igualmente, en el nivel nacional, se realizaron con elección popular cinco cambios de administración sucesivos y los gobiernos se vieron obligados a conformar coaliciones, dando lugar a una democracia pactada, que respaldaran sus decisiones y propuestas desde el Poder Legislativo. Los partidos políticos asumieron el papel mediador que las leyes les reconocen y que antes ejercían los sindicatos encabezados por la hoy débil Central Obrera Boliviana.

Entre algunos de los aspectos centrales de la nueva política económica están la eliminación de subvenciones estatales, el despido masivo de trabajadores, en especial del sector minero, y la libre contratación, entre otras. Este proceso se acompañó con la proliferación de unidades económicas familiares "informales" en algunas ciudades. La promulgación del conocido Decreto Supremo 21060, en agosto de 1985, suele citarse como hito de la reforma económica. Ésta se profundizó posteriormente con la privatización de las principales empresas estatales y la reforma del sistema de pensiones (8).

A partir de este cambio, los campesinos se empobrecieron más. La mayoría de los centros mineros, que constituían una parte importante de su mercado, fueron cerrados, y sus trabajadores fueron despedidos. La liberalización del mercado facilitó la internación de algunos alimentos básicos más competitivos. A eso se sumó el incremento del contrabando y la caída de la productividad agrícola por causas naturales –inundaciones, heladas y sequías– y humanas –la "minifundización" excesiva. Tampoco es despreciable la ausencia de políticas estatales en beneficio del sector rural. Por otro lado, el movimiento obrero también sufrió un proceso de debilitamiento y pérdida de su capacidad de convocatoria y movilización.

Entre los hitos principales de los cambios en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas en este período está una marcha ejecutada por los indígenas de la zona amazónica del país hacia La Paz, en 1990, conducida por la Central Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) con la demanda de reconocimiento de su territorio, sus usos y costumbres, y sobre todo la propiedad colectiva de la tierra. Esta marcha indígena produjo un viraje en cuanto al objeto de las demandas campesinas, en tanto que incorporan un nuevo objeto, el "territorio", con sus determinaciones económicas, culturales y ambientales. Esa década, y sobre todo el período entre 1994 y 1996, será la de mayores cambios en el país.

Los años de 1994 a 1996 marcan con mayor fuerza los cambios producidos, esta vez con la intención deliberada de insertar el país en el concierto del mundo globalizado (9) y con la conciencia de las amplias desigualdades que existen en Bolivia. Durante la anterior administración de Gonzalo Sánchez de Lozada con el MNR (1993–1997), por primera vez en la historia del país el vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, tuvo un reconocido origen aymara: era líder de uno de los partidos kataristas, Movimiento Revolucionario Túpaj Katari de Liberación, MRTKL. En ese lapso, el país sufrió un sacudón, primero con la Reforma de la Constitución Política (CPE) y luego con un paquete de políticas como la Reforma Educativa, la Ley de Participación Popular, la Ley de Capitalización, la Ley de Descentralización Administrativa y la Ley del Servicio Nacional de la Reforma Agraria (INRA), y la reforma de la Ley Electoral, entre otras.

Los aspectos centrales de la Reforma de la Constitución que interesan para los fines del presente artículo están en el reconocimiento del país en su condición multicultural y multilingüe (algunos líderes campesinos sostuvieron que se debía utilizarse el término "plurinacional"). Un segundo aspecto es la incorporación del concepto de "tierras comunitarias de origen" (Art. 171), que tiene un sentido de inclusión puesto que reconoce los usos, recursos, costumbres y formas de gobierno interno de las comunidades originarias, garantizando su identidad, valores, lenguas e instituciones. Estos cambios introducen el reconocimiento de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los pueblos indígenas del país. Son parte de un proyecto tácito de construir ciudadanía activa de manera mixta.

La Ley de Reforma educativa es consonante con el reconocimiento a la heterogeneidad étnica, lingüística y regional, en tanto que establece que la enseñanza debe ser bilingüe e intercultural. Esto entraña el fortalecimiento en la construcción de identidades de los diversos grupos. Como expresó el ex vicepresidente, Víctor H. Cárdenas, "la concepción de la pluriculturalidad estaba inscrita en el marco de la educación democrática y de la equidad de género, generación e interculturalidad, al dar igualdad de oportunidades al conjunto de la población boliviana".

Las leyes de descentralización y de participación configuran un país con proceso de descentralización. De ambas leyes, la última es la que ha provocado modificaciones sustantivas en términos políticos, ya que incorpora a los campesinos como actores con posibilidad de ocupar cargos políticos en la administración pública local, y elimina la frontera entre asentamientos rurales y urbanos integrándolos en el ámbito de la jurisdicción municipal. Por tanto, amplía el espacio de la vida política y modifica las relaciones sociedad–Estado, al otorgar a las sociedades locales poder en la toma de decisiones y de vigilancia ciudadana a través del reconocimiento a las organizaciones territoriales, que en el caso de la organización indígena son las comunidades, capitanías, etc., y, en el caso urbano, las juntas vecinales.

La puesta en marcha de dicha ley abrió puertas para que nuevos partidos políticos ingresen en los gobiernos municipales. Así lo entendieron algunos líderes campesinos que llegaron a conformar el Instrumento Político de la CSUTCB en 1995. Este hecho resulta importante, al haber sido el inicio de los cambios actuales del sistema de representación política para el sector campesino e indígena del país que han dado la nueva cara que tiene hoy el Congreso Nacional. Como se señaló, los campesinos perdieron importancia efectiva para el modelo económico, en tanto que no contaron más con el apoyo y la protección estatal, que su productividad disminuyó por catástrofes de origen natural y también por causas humanas como la minifundización de la tierra y el uso de fertilizantes químicos, entre otras. Sin embargo, su presencia política es ahora más notable que en épocas o coyunturas anteriores. ¿Cuál es la razón de este fenómeno aparentemente contradictorio? ¿Cómo se han convertido los campesinos en el núcleo del movimiento popular, supliendo a los sindicatos mineros? Las respuestas tienen que ver, sin duda, con el hecho de que estos movimientos exceden ampliamente la denominación más bien económica de campesinos, e incluyen en sus demandas y acciones elementos políticos y culturales que convocan a otros segmentos de la población. Por otro lado, debe tomarse en cuenta su notable capacidad de movilización.

EL MOVIMIENTO COCALERO (10 )

El movimiento cocalero está conformado por campesinos que se trasladaron desde diversos puntos del país a la región tropical amazónica del departamento de Cochabamba, conocida como Chapare, en el centro de Bolivia, con la intención de establecer colonias y arraigar su modo de vida a los productos tropicales. Uno de sus motores, sin duda, es la presencia de algunos ex obreros de las minas y campesinos de otras zonas con experiencia en la organización sindical. Los colonizadores se organizaron en sindicatos que se hicieron cargo colectivamente de las principales decisiones que involucra la vida en comunidad: la distribución de la tierra y la instalación de servicios básicos.

A inicios de la década del ochenta, coincidiendo con la dictadura de militares vinculados con el narcotráfico, se dio el boom de la producción de coca en el Chapare. Entre 1980 y 1981 la hoja de coca aumentó su precio en una proporción muy considerable, cercana a las cien veces. El trópico de Cochabamba atrajo entonces a una multitud de nuevos campesinos provenientes de zonas en las que las condiciones de producción se habían deteriorado por problemas climáticos o por la caída de la productividad agrícola resultante de la minifundización en que acabó la Reforma Agraria. Desde entonces, la coca se convirtió en el cultivo más importante de la región.

La presencia de colonizadores de culturas y ambientes diversos, la dirección de ex mineros o campesinos con experiencia en labores sindicales, la común tarea de develar un difícil medio ambiente, y la adopción de la coca como cultivo básico a partir del boom del narcotráfico, no alcanzan a explicar la importancia de las organizaciones campesinas del Trópico de Cochabamba, que llegaron a conformar un movimiento social de repercusiones de escala nacional (11). En este punto es importante la noción de afuera o exterior constitutivo (12).

En 1988 se aprobó la ley del régimen de la coca y sustancias controladas (conocida como Ley 1008). En ella, el territorio boliviano se divide en tres grandes zonas: la zona de cultivo tradicional de coca, la zona en transición, y una tercera zona en la cual la producción es penalizada. La zona tradicional corresponde a una parte del territorio del departamento de La Paz, y en ella se acepta el cultivo con caracteres irrestrictos. El Chapare es reconocido como zona en transición, en la que el cultivo no está inicialmente penado pero debe erradicarse. La tercera zona corresponde al resto del país, en el que la producción de coca está penada.

En realidad, la Ley 1008 penaliza la condición de productor de coca. Desde su aplicación se ejecutaron programas de erradicación y sustitución de cultivos que no carecieron de rasgos represivos. Los intentos de "erradicación concertada y compensada" y "desarrollo alternativo" fueron siempre acompañados por operativos de "interdicción" en los que las víctimas eran los campesinos. Aparte de este aspecto perverso, la Ley 1008 contradice preceptos constitucionales en tanto que presupone la culpabilidad de los portadores de sustancias controladas. En ese caso, la prisión es inmediata sin juicio, y los presos deben demostrar su inocencia. La población carcelaria inocente se incrementó notablemente entre el año de promulgación de esa ley y el año de su reforma, en 1996. Los organismos represivos empezaron a mostrar estadísticas de operativos y cantidades de prisioneros que intentaban expresar que la lucha contra el narcotráfico era seria y eficiente (13).

Las organizaciones cocaleras se cohesionaron con el fin de resistir la represión y desarrollaron a partir de ello acciones de política de la identidad. Su discurso se centró en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de la coca como fuente de ingresos pero también como "hoja sagrada", y por último en la defensa de su propia condición de población pobre estigmatizada por las autoridades estadounidenses.

Este tipo de acción política, en el caso de los cocaleros, se desarrolla en primera instancia con los enemigos fácilmente identificables –policías, militares– pero siempre en referencia a los gobiernos de Bolivia y Estados Unidos, de modo tal que, aún bloqueando una carretera en el Trópico, el horizonte de la acción está en La Paz: ahí se debe concentrar el impacto. Por ello los cocaleros organizaron una serie de marchas a la ciudad de La Paz, con el fin de negociar con el gobierno el respeto de los derechos humanos y la finalización de la erradicación forzosa de cocales.

Sin embargo, a pesar de esta determinación de oposición y resistencia, los cocaleros decidieron adscribirse a la institucionalidad democrática vigente desde 1982 creando un partido político para intentar llegar a los gobiernos municipales en primera instancia, a representaciones nacionales en el Parlamento en segunda instancia, y al gobierno nacional. La iniciativa de crear un partido campesino surgió en el Trópico, y fue planteada en 1995 a las principales organizaciones campesinas e indígenas del país en un congreso de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). El congreso se llamó ‘Tierra, Territorio e Instrumento Político de la CSUTCB’. En él se creó el "instrumento político" denominado Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) y posteriormente Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos.

El instrumento adoptó las siglas de partidos registrados en la Corte Nacional Electoral, primero de la Izquierda Unida y luego del Movimiento al Socialismo (MAS), con la que continúan actualmente. Participó dos veces de elecciones nacionales y otras dos de elecciones municipales. En las nacionales obtuvieron varias diputaciones; en las municipales, el control de los tres municipios del Trópico y otros del departamento de Cochabamba.

A manera de hipótesis puede plantearse la siguiente regularidad que tiene que ver con el "éxito" político de las organizaciones de cocaleros en su relación con la opinión pública boliviana. El movimiento adquiere mayor vitalidad mientras más duras son las amenazas del afuera constitutivo. Cuanto más cerca estén los cocaleros del carácter de víctimas, sus movilizaciones serán tanto más vigorosas y contarán con tanto mayor apoyo de la población. Esto se da al menos en el combate al narcotráfico, en la política parlamentaria y en las contiendas electorales. Los operativos de represión del narcotráfico criminalizan la condición de campesino, y de hecho algunos se hacen solamente para amedrentar a los cocaleros, incrementar su inseguridad y desalentar la participación en las movilizaciones que llevan a cabo las organizaciones. Pese a los actos que acompañan estos operativos –detenciones injustas, muertes y otras violaciones de los derechos humanos– los campesinos continúan apoyándose en sus organizaciones. En el caso de la política parlamentaria, una alianza informal de los partidos más tradicionales expulsó a Evo Morales de la Cámara de Diputados en enero de 2002. Los diputados de estos partidos votaron su desafuero dando validez a una acusación de instigación al crimen. Morales salió del parlamento e inmediatamente se dedicó a promover su candidatura a la presidencia de la república. Al final de la campaña electoral, el embajador estadounidense en Bolivia sugirió públicamente no votar por Morales, ya que la ayuda económica que Estados Unidos presta a Bolivia se vería comprometida. La votación demostró que la población no hizo caso de esa sugerencia: Evo Morales obtuvo el segundo lugar en la elección nacional y estuvo en posición de disputar la presidencia de la República en la segunda vuelta en el Parlamento.

La característica principal de la coyuntura actual es la adopción de formas de acción enmarcadas en la normatividad democrática. Los movimientos indígenas y campesinos en Bolivia no plantean de entrada una vía al margen de las reglas de la democracia en la intención de satisfacer sus demandas. La lucha armada no es vista como el camino hacia la consecución de sus objetivos. En cambio, su presencia en los gobiernos municipales, en los Consejos Departamentales y en el Parlamento, expresa una adscripción al ordenamiento formal del Estado.

La creación de un instrumento político de expresión campesina subordina sin embargo la acción de los representantes a las decisiones asumidas por las organizaciones sindicales. Esta afirmación tiene sustento en las formas de toma de decisiones de los líderes sindicales que fueron elegidos como autoridades locales. Esto plantea el problema de la relación entre un mandato imperativo por parte en última instancia de las bases, y de la libertad de mandato que necesita la deliberación en los cuerpos legislativos.

Luego de estas breves referencias del movimiento cocalero, revisaremos dos momentos de su participación en los conflictos que tuvieron lugar en Bolivia durante el año 2000, en la administración del fallecido general Hugo Bánzer. En el primero, conocido como "la guerra del agua" de la ciudad de Cochabamba, tuvo una participación casi tangencial. En el segundo, denominado comúnmente "Septiembre negro", su papel fue algo más protagónico.

EL ABRIL Y EL SEPTIEMBRE: DOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En el caso de la guerra del agua, diversos sectores sociales urbanos y rurales conformaron esta acción colectiva con un alto contenido de solidaridad14. A instancias de varios segmentos sociales que advirtieron las dificultades que conllevaría la concesión del servicio de agua potable en una zona tan necesitada de este líquido como Cochabamba surgió la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida como el ente que aglutinaría a ese colectivo social compuesto por campesinos regantes, fabriles, maestros, profesionales, ambientalistas, universitarios, sectores pobres urbanos y algunos segmentos de la clase media. También se sumarían los campesinos productores de coca y transportistas. Las diversas acciones colectivas llevadas a cabo a lo largo de tres meses, marchas y bloqueos, no sólo llegaron a paralizar la ciudad sino que también lograron aislarla del resto del país, pues organizaciones campesinas bloquearon las carreteras de interconexión con otras regiones. El objetivo de tales acciones fue evitar la mercantilización del agua con un costo excesivo, en razón de su carácter de bien indispensable y escaso: "bajo esta premisa, luchó para eliminar la amenaza de un contrato y una ley retrógrada y atentatoria y para afirmar el carácter social del agua" (Kruse y Vargas, 2000).

Con esta base el movimiento social interpeló al Estado por una concesión oscura en favor de una empresa trasnacional y por la legislación "acomodada" que acompañó la concesión. Al margen de los resultados de más largo plazo –inicialmente la empresa se retiró y el servicio de dotación de agua volvió a la administración pública con control social– el movimiento logró que casi toda la ciudad protestara unánimemente: por alzas injustificadas de las tarifas, por la violencia de la represión. Esta represión torpe, sobre todo la que se dio en el mes de abril, encontró una cerrada resistencia y contribuyó a la agregación de los diversos segmentos de la sociedad local y regional y al establecimiento de lazos de solidaridad entre ellos.

Por otra parte, esta acción colectiva debilitó aún más al gobierno y se convirtió en un estímulo para otras acciones realizadas por fuerzas sociales. Incluso hubo quienes sostenían que había un acuerdo entre algunos políticos oportunistas para que Bánzer dejara la presidencia.

Así, mientras en Cochabamba crecía la protesta, el departamento de La Paz también fue escenario de otros movimientos. Un motín de los miembros de un grupo de seguridad de la policía, y el líder de la CSUTCB, Felipe Quispe, el "Mallku", también protagonizó movilizaciones con campesinos aymaras en una acción de bloqueo de carreteras como señal de apoyo al movimiento social de los cochabambinos.

De otro lado, esa debilidad de los gobernantes, el recuerdo de la dictadura de la década del setenta, y la acción de masas de Cochabamba, abrieron un escenario de confrontación potencial permanente en el que no sólo se buscaba la satisfacción de demandas sociales sino el ajuste de los liderazgos. Entre abril y septiembre de 2000, tomando como premisa el carácter endeble del gobierno, se dieron una serie de movilizaciones de varios sectores: indígenas de las llanuras amazónicas en reclamo del cumplimiento de ofertas gubernamentales en cuanto a la titulación de tierras; la Coordinadora de Defensa del Agua y la asociación de regantes de Cochabamba que amenazaban con reeditar la Guerra del Agua exigiendo la rescisión definitiva del contrato con la empresa concesionaria que había sido expulsada por la movilización; administrativos de la educación, maestros y padres de familia en contra de reformas administrativas.

Fueron precisamente los maestros quienes iniciaron una marcha desde la ciudad de Oruro hacia La Paz en defensa de sus salarios. La Federación de Maestros declaró entonces un paro nacional indefinido, instalando piquetes de huelga de hambre en las principales ciudades. La Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL), formada poco antes por la Coordinadora del Agua, las federaciones de colonizadores del departamento de Cochabamba y otras organizaciones, apoyó al magisterio y convocó al bloqueo de carreteras en todo el país, intentando agregar la mayor cantidad de sectores en movilización. También iniciaron protestas la Central Obrera Boliviana y la CSUTCB. Los dos núcleos duros del proceso fueron el trópico de Cochabamba, donde el liderazgo de Evo Morales es indiscutible, y la zona de Achacachi, en el altiplano paceño, donde el discurso de los dirigentes de la CSUTCB, sobre todo de Felipe Quispe, el "Mallku", alcanzó posiciones extremas (15). En ambos lugares el gobierno utilizó al ejército, que intentó restablecer el orden y la libre circulación de carreteras por la vía violenta.

Las movilizaciones lograron paralizar el país y afectaron su economía, al punto que incluso algunos empresarios privados realizaron acciones de protesta demandando del gobierno y del movimiento social el cese de las acciones de confrontación. Después de abril y septiembre, las organizaciones campesinas adquirieron conciencia de su fuerza y de sus posibilidades de acción política. Fue también en ese escenario que se planteó la necesidad de establecer el funcionamiento de una Asamblea Constituyente con participación de las distintas organizaciones sociales para "refundar el país". A partir de ese año el país ya no podría ser el mismo, lo cual se haría patente en el resultado de las elecciones generales de junio de 2002.

Ya se conoce el resto de la historia. El MNR ganó las elecciones con un margen muy escaso por encima del segundo. El segundo fue precisamente el instrumento político de las organizaciones cocaleras y campesinas. La bancada indígena y campesina es mayor que en ningún otro momento de la historia del poder legislativo boliviano. El momento plantea varias dudas y desafíos que el país no podrá soslayar: estabilizar un movimiento que no tiene garantías de continuar con el éxito del respaldo popular masivo; definir si éste es un paso hacia el cierre del ciclo histórico que se abrió con la recuperación de la democracia y la instauración de la nueva política económica. ¿Qué se puede esperar en los siguientes años? ¿Habrá mayor inestabilidad? ¿O será más bien que la representación de los sectores más amplios de la sociedad boliviana en el Parlamento compensará con legitimidad las dificultades que se planteen para la estabilidad? Los parlamentarios campesinos e indígenas tienen clara la idea de "refundar el país" a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente. Sin embargo, deben dar contenido a esta demanda, que fue manejada en muchos casos como un mito movilizador vacío con la intención de articular las intenciones de la sociedad. En todo caso, al margen de este contenido y de la manera en que se lleve la dinámica oficialismo–oposición en el próximo lustro, los cambios continúan dándose. Y, como sucedió en toda la historia republicana, la presencia de los campesinos e indígenas es indispensable en las grandes modificaciones del país.

Líneas arriba se señaló que el campesinado boliviano se había debilitado como consecuencia de la apertura del mercado y el incremento del contrabando de productos alimenticios. Sin embargo, la promulgación de la Ley 1008, que orienta la lucha contra el narcotráfico y penaliza la producción excedentaria de hoja de coca, constituyó un fuerte ingrediente para el crecimiento del movimiento de los campesinos productores de coca al que se adscribirán las organizaciones matrices propias como la CSUTCB, por ejemplo.

Sin duda, el valor que tiene la hoja de coca en la visión andina, pero sobre todo su importancia en la relación de Bolivia con Estados Unidos, es uno de los factores que aportó a la influencia de las organizaciones campesinas. Por otra parte, la inclusión del tema de la interculturalidad y otros relacionados con los pueblos indígenas, como la protección del medio ambiente, en la agenda de discusión internacional, ha dado vigencia a demandas de reconocimiento de las culturas originarias.

Estos factores exógenos, sin embargo, no alcanzan a explicar la importancia que hoy tienen en Bolivia los movimientos campesinos. Las causas de este fenómeno deben buscarse en las características mismas de la heterogeneidad del país, en problemas y conflictos no resueltos desde la época colonial, en las expectativas no cumplidas por la revolución nacional de 1952, y en la situación actual de pobreza y exclusión social que sufre la población rural. A esto deben sumarse la capacidad organizativa y el denso tejido social construido alrededor de la identidad étnica.

A MANERA DE CIERRE

A lo largo del trabajo se enfatizó la importancia de la presencia de los movimientos indígenas y campesinos en la política nacional. La heterogeneidad de estos movimientos impone cautela en esta generalización. En todo caso, el proceso que se está viviendo en el país constituye sin lugar a dudas un momento de incuestionable importancia en tanto que el acceso al poder político en un número significativo y a la vez representativo de la diversidad cultural es un desafío en términos de lograr las transformaciones estatales que posibiliten la inclusión de un sector que, a pesar de su importancia poblacional histórica, no logró el reconocimiento del resto de la sociedad.

Las demandas de los movimientos indígenas variaron con la historia boliviana. El respeto de las tierras ante la expansión de la hacienda y las relaciones serviles antes de 1952 cedió su lugar a la búsqueda de la independencia organizativa en los períodos posteriores, y a la recuperación de la democracia hacia finales de la década del setenta. Actualmente, el discurso de los líderes campesinos e indígenas se refiere a la autonomía, a la integración y al respeto de las diferencias. Expresa en algunos casos posturas milenaristas y fundamentalistas que intentan recuperar la situación precolonial, y en otros reclama el poder para los sectores mayoritarios de la población nacional.

Las formas de acción de los movimientos indígenas también cambiaron. La amenaza del cerco de la ciudad de La Paz, que sería una repetición del sitio realizado por los grupos aymaras liderados por Túpaj Katari en 1871, siempre presente en la memoria colectiva de los habitantes de la actual sede de gobierno, permanece como la expresión simbólica de la propiedad del espacio por parte de la multitud indígena y del poder que confiere esta condición. Actualmente, a la realización de bloqueos de carreteras, tan importante en los momentos de la recuperación de la democracia, y de las marchas hacia La Paz, que fueron características del actual ciclo histórico, se suma la lucha política dentro del Parlamento y en los gobiernos locales.

Esto sitúa al movimiento indígena y campesino –hoy representado por dos partidos políticos con líderes emergentes del sindicalismo y que manifiestan diferencias sustantivas en términos de convivencia intercultural, de visiones ideológicas y también de caminos recorridos, pero comulgan en ciertas formas de liderazgo– en una serie de desafíos en tanto que ambos proclaman la necesidad de transformar el país de manera que responda a visiones relativamente distintas. Mientras uno plantea la exclusión de la minoría blanca, el otro proclama cambios sin exclusión, con el poder en manos de la mayoría. El conjunto de las consideraciones anotadas a lo largo del trabajo permiten entender que la coincidencia de ambos partidos en la elección Presidencial en el Congreso (los diputados del MIP votaron por el candidato del MAS) puede ser algo apenas circunstancial, y no se sabe cuál será el comportamiento futuro de ambos partidos como fuerzas de oposición a la actual coalición gobernante. Ambos tienen un desafío común: o cruzar la frontera del sindicalismo a una política partidaria que no esté supeditada a los mandatos de la organización, o plantear otro desafío más profundo al sistema político del país, en la medida que los partidos políticos, y con ellos la democracia occidental, podrían modificarse y admitir otras maneras de acción.

BIBLIOGRAFÍA

AA.VV. 2000 Las reformas estructurales en Bolivia (La Paz: Fundación Milenio). Beck, Ulrich 1998 ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización (Barcelona: Paidos). Instituto Nacional de Estadística 2002 Mapa de pobreza 2001. Necesidades básicas insatisfechas (La Paz: INE) Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales.
Kruse, Tom y Humberto Vargas 2000 "Las victorias de abril: una historia que aún no concluye", en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 2, Septiembre.
Laserna, Roberto 2001 Los conflictos sociales en el año 2000 (Cochabamba: CERES).
Laserna, Roberto y Miguel Villarroel 1999 29 años de conflicto social (Cochabamba: CERES).
Melucci, Alberto 1991 "La acción colectiva como construcción social", en Estudios Sociales del Colegio de México (México) Vol. IX, mimeo.
PNUD 2001 Informe sobre desarrollo humano, 2001. Poner el adelanto tecnológico al servicio del desarrollo humano (Madrid: PNUD).
Staten, Henry 1984 Wittgenstein and Derrida (Lincoln: University of Nebraska Press).
Touraine, Alain 2002 "The Importance of Social Movements", en Social Movement Studies (Londres) Vol. 1: 89–95, mimeo.
Touraine, Alain 1995 Producción de la sociedad (México: IIS–UNAM). Wacquant, Loïc 2000 Las cárceles de la miseria (Buenos Aires: Manantial).

NOTAS

1. De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD (2001), Bolivia ocupa el último lugar entre los países sudamericanos en cuanto a desarrollo, con un Índice de Desarrollo Humano de 0,648. Según los resultados del censo de 2001, el 38% de los 8,3 millones de bolivianos empadronados viven en el área rural. Treinta y nueve de cada 100 habitantes del área urbana son afectados por la pobreza; en el área rural esta proporción asciende a 91 por cada 100 (véase Instituto Nacional de Estadística, 2002). La autoidentificación de los bolivianos como miembros de uno de los alrededor de cuarenta pueblos indígenas alcanza una proporción del 62%. A lo largo de la exposición no haremos énfasis en la distinción entre lo campesino y lo indígena. En Bolivia, ambos aspectos pueden considerarse, en la mayoría de los casos, como posiciones distintas de un mismo sujeto.

2. Estas afirmaciones no tienen el ánimo de hacer simplificaciones o generalizaciones excesivas. Se refieren sobre todo a los grupos quechuas y aymaras que en algún momento tuvieron importancia en la política y la economía de Bolivia. Históricamente los pueblos amazónicos y chaqueños influyeron menos en los centros de poder ubicados en la zona andina del país.

3. Ya en el poder, los liberales abandonaron sus iniciales intenciones federalistas y propugnaron más bien el centralismo de la ciudad de La Paz; afectados por visiones racistas, abandonaron también a sus anteriores aliados indígenas.

4. La importancia de las milicias armadas llegó a ser tal que algunos líderes campesinos las consideraban como uno de los dos elementos que definían la identidad del campesinado en el momento revolucionario. El dirigente cochabambino Miguel Veizaga pudo afirmar: "La tierra es la madre y el fusil es el padre".

5. El katarismo es una tendencia de revalorización cultural que recupera la herencia de Túpaj Katari, el líder aymara que sitió la ciudad de La Paz en 1781 y luego fue condenado a morir descuartizado por cuatro caballos.

6. El pacto no impidió que los gobiernos militares llevaran a cabo acciones represivas violentas en contra de los campesinos. Uno de los hitos de la ruptura del pacto, según se señala habitualmente, es una masacre ejecutada en 1974 en poblaciones rurales del valle de Cochabamba, cuando una protesta campesina motivada por un decreto que rebajaba los precios de los productos agrícolas fue develada con el ingreso del ejército nacional.

7. Un documento elaborado por R. Laserna y M. Villarroel (1999) precisa que durante el gobierno de la UDP el país vivió 1.820 situaciones de conflicto, y es el promedio por mes (53,99) más alto de conflictos durante el período de 1978 a 1998. Sin lugar a dudas la hiperinflación desatada, una de las más altas, fue uno de los detonantes de estos conflictos.

8. Para un examen de las transformaciones del Estado entre 1985 y 1997, cf. los dos volúmenes de AA. VV., 2000.

9. De acuerdo con Ulrich Beck (1998: 15), "el término ‘globalización’, actualmente omnipresente en toda manifestación pública, no apunta precisamente al final de la política, sino simplemente a una salida de lo político del marco categorial del Estado nacional y del sistema de roles al uso de eso que se ha dado en llamar el quehacer ‘político’ y ‘no–político’". Beck propone un esquema sencillo que distingue los caracteres económicos (globalismo), políticos (globalización) y sociales (globalidad) del fenómeno de la mundialización.

10. Entre los dos movimientos campesinos indígenas más importantes de la Bolivia actual preferimos dirigir las reflexiones hacia éste. El otro, liderado por el dirigente Felipe Quispe, apodado el "Mallku", tal como se denominan las principales autoridades de los pueblos aymaras, expresa posiciones menos pluralistas que el de los cocaleros y exige esfuerzos analíticos que, sumados al interés por el movimiento cocalero, exceden los márgenes estrechos de este trabajo. Su líder fundó un partido, el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), después de una trayectoria dirigencial que incluía la propuesta de retorno a la situación precolonial, la participación en un grupo armado (el Ejército Guerrillero Túpaj Katari) y la dirección de la CSUTCB.

11. Las definiciones de movimiento social son variadas. Las que aquí se adoptan se distinguen por su sencillez, ya que pueden hacerse operativas sin forzar analíticamente ni las categorías ni la realidad que se estudia. Según Touraine, se puede "definir los movimientos sociales, básicamente, como conflictos organizados o como conflictos entre actores organizados sobre el uso social de valores culturales comunes" (Touraine, 2002: 90).

12. De acuerdo con Henry Staten (1984: 16), hay elementos en el contexto que son indispensables para completar la identidad de un grupo. El principio de oposición que Touraine reconoce en los movimientos sociales se refiere a lo mismo, aunque asigna menor importancia a lo externo: "Un movimiento no se organiza más que si puede nombrar a su adversario, pero su acción no presupone esta identificación. El conflicto hace surgir al adversario, forma la conciencia de los actores en presencia" (Touraine, 1995: 251).

13. Los caracteres adoptados por la lucha contra la producción y el tráfico de drogas en Bolivia guardan similitud con las nuevas tendencias represivas del Estado penal del que habla Loïc Wacquant al referirse a la criminalización de la miseria en los "barrios sensibles" de las grandes ciudades de los países desarrollados, Nueva York en primer lugar (Wacquant, 2000).

14. Sobre la noción de solidaridad en vinculación con los movimientos sociales, cf. Melucci (1991).

15. Un comunicado emitido en julio de 2000 por los amautas y mallkus de Omasuyos, en Achacachi, señalaba: "Bolivia no es ninguna solución para nuestros problemas, su gobierno en vez de escuchar nuestras demandas, nos gasifica sin compasión en las calles y en las carreteras y ahora ha sacado todo su aparato bélico para amedrentarnos o matarnos". El mismo Mallku propició y rehuyó el diálogo con el gobierno y llegó a compararse con Túpaj Katari, al declarar que, al igual que al líder del siglo XVIII, él esperaba ser descuartizado, no con caballos, como en esa época, sino con tanques y helicópteros.

Este texto se encuentra bajo licencia Creative Commons .

Humberto Vargas R.* y Eduardo Córdova E.**

* Arquitecto. Investigador y ex director del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES). ** Sociólogo. Investigador del CERES.